La obligatoriedad educativa y el futuro de los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1040. Abril 18, 2024. Pág. 4)

 

La reforma del artículo 3º constitucional de mayo del 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. No ha sido fácil ni rápido llevar ese propósito a los principios constitucionales. Pero, con todo, eso ha sido lo menos complicado, lo más difícil es llevarlo al terreno de los hechos. Poco se avanzó en este periodo de gobierno y podría ocurrir que tampoco se logre en el siguiente.

 

Desde la Constitución de 1917 quedó establecida la gratuidad de la enseñanza primaria impartida en establecimientos oficiales (Artículo 3º, último párrafo). Pasaron más de 70 años para que se alcanzara su universalización y entonces se añadió la obligatoriedad y gratuidad del siguiente nivel, la educación secundaria. El decreto de reforma apareció el 5 de marzo de 1993, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (DOF. 05.031993)

 

La educación primaria y la secundaria han sido y son la base más amplia del sistema educativo nacional. Sin embargo, la siguiente reforma no fue hacia el siguiente peldaño, fue hacia atrás: en el 2002, con Vicente Fox, se decretó la obligatoriedad del preescolar (DOF 12.11.2002). Sí había preocupación por la escolarización de la primera infancia, pero era mayor el interés por el volumen de plazas magisteriales que se necesitarían para cumplir el compromiso.

 

La reforma de ese 2002, en artículo transitorio, estableció los plazos para completar la obligatoriedad del preescolar: para los niños de 5 años en el ciclo 2004-2005; para los de cuatro años en el 2005-2006; y para los de tres años sería hasta el 2008-2009. No obstante, todavía hoy, no se alcanza la universalización del preescolar. La tasa neta de escolarización para ese nivel es de alrededor del 64%; la menor atención es para los niños de tres años.

 

Luego, casi al final del periodo de Calderón Hinojosa, se sumó la obligatoriedad de la educación media superior en la Constitución. El decreto de reforma indicó que el cumplimiento sería gradual, iniciaría en el ciclo 2012-2013 y se lograría la cobertura total una década después, en el 2022-2023 (DOF 09.02.2012). O sea que para esta fecha ya debería ser una realidad. No lo es.

 

Roberto Rodríguez, en estas mismas páginas, la semana pasada, anotó que el compromiso con la educación media superior no se ha cumplido ni se está cerca de lograrlo. En efecto, la tasa neta de escolarización para el grupo de edad es de alrededor del 61%.

 

Finalmente, en el actual periodo de gobierno se añadió la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior (DOF. 15.05.2019). La obligatoriedad de este nivel, precisó la misma reforma del artículo 3º en su fracción X, corresponde al Estado. Es decir, no es obligatoria para las familias de los jóvenes o para ellos mismos.

 

Además, la misma reforma previó que la federación y las entidades asignarían el presupuesto necesario para lograr la gratuidad y, además, aparte de los recursos ordinarios, dispuso la creación de un fondo federal especial para asegurar “a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad… así como la plurianualidad de la infraestructura” (Décimo Quinto transitorio).

 

Sin embargo, el presupuesto para la educación superior apenas se ha sostenido en términos reales en el periodo. Y no, nada de instauración de un fondo especial para la obligatoriedad; tampoco se destinaron recursos adicionales por otros medios.

 

Entonces, una expansión sustantiva de la cobertura en la educación superior ya no se logrará en este periodo. Ni siquiera se alcanzará la meta de 50 por ciento en la tasa bruta de cobertura al finalizar el periodo. Una meta que el mismo gobierno se planteó en su programa sectorial.

 

Tal vez por eso la reciente declaración de una de las aspirantes a la presidencia ha tenido tanta resonancia en la educación superior. La candidata Claudia Sheinbaum, hasta el momento con mayor ventaja en las preferencias electorales, declaró que “Con respeto a la autonomía de las universidades (…), el aumento a la inversión en las universidades públicas tiene que, desde mi punto de vista, ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana” (El Financiero 13.04.2024). ¿Un aumento con austeridad?

 

Habrá que esperar un mayor detalle de la propuesta, porque la austeridad republicana a menudo ha significado, lisa y llanamente, sostener los recursos en términos reales, cuando no una disminución indiscriminada en el presupuesto. Desde luego, las universidades están obligadas a cumplir cabalmente su función y deben rendir cuentas de los recursos públicos que reciben.

 

Pero también es verdad, y ya quedó constatado, que sin recursos financieros no es posible ampliar las oportunidades educativas, al menos las opciones verdaderas. Lo peor es que los más excluidos son los jóvenes más desfavorecidos.

 

Sería una lástima que una vez más el futuro de los jóvenes se difiera antes de iniciar el presente de un nuevo periodo de gobierno.

 

Pie de página: Las medidas del presidente argentino siguen causando una inconformidad creciente en el ámbito científico y académico. La Red Argentina de Carreras de Sociología emitió una declaración pública sobre lo que está ocurriendo, aquí se puede ver: t.ly/8ZjSF

La educación en el debate que queremos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1039. Abril 11, 2024)

 

Los temas del primer debate se conocían de antemano. El propósito era que los votantes contaran con una mejor información para definir su voto. A su vez, la autoridad electoral había dicho que el formato seleccionado era innovador y permitiría “garantizar la certeza, la transparencia y la autenticidad de los cuestionamientos”.

 

Sin embargo, irónicamente, una vez transcurrido el encuentro, es posible que una amplia proporción de la ciudadanía no tenga mejores elementos de información ni mayor certeza sobre las propuestas de quiénes aspiran a gobernar a México. Ahora, más bien, la zaga del debate trata de precisar qué propone quién en cada tema y por qué una opción electoral sería mejor que otra.

 

El formato del debate, una vez más, está en cuestionamiento. Aunque, en realidad, así ha sido desde que se realizan estos intercambios. Precisamente, en este año se cumplen tres décadas de aquel primer debate entre candidatos presidenciales en 1994. Los protagonistas de entonces eran solamente hombres: Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo. La novedad fue la exposición televisiva de los candidatos, pero fue tan rígido que no sirvió para mucho.

 

Ahora son dos mujeres y un hombre: Jorge Álvarez –aunque todos le dicen Máynez, por su apellido materno, incluyendo a los moderadores-, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Las circunstancias no son las mismas y otro es el contexto, pero las prácticas de los partidos políticos no cambian. Dicen que buscan equidad y transparencia en los comicios, aunque más bien quieren controlar el procedimiento y evitar el debate abierto; prefieren una confrontación entre algodones. Así era cuando la autoridad electoral formaba parte del mismo gobierno y persistió cuando alcanzó un carácter autónomo, aunque en menor medida.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que el reciente primer debate sería sobre la “Sociedad que queremos”. Pero la propuesta de formato, las fallas y cortes en el cronometro no fueron lo mejor para lograrlo. También informó que las preguntas de la ciudadanía serían sobre tres temas: educación y salud; transparencia y combate a la corrupción; y no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Tampoco se puede decir que hoy sabemos las respuesta.

 

Las preguntas fueron recabadas a través de redes sociales y medios digitales por Signa Lab, una entidad especializada en temas sociodigitales dirigida por Rossana Reguillo, perteneciente al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Esa entidad fue cuestionada por el equipo del partido en el gobierno porque su directora, tiempo atrás había expresado críticas al desempeño del gobierno actual. El mismo cuestionamiento recibió Manuel López San Martín, uno de los moderadores del debate. Al final, la primera se retiró del ejercicio y el segundo sí moderó el debate.

 

El caso es que Signa Lab recopiló 24 mil preguntas, de esas miles la autoridad electoral seleccionó poco más de un centenar, se las entregó a los moderadores y ellos fueron quienes decidieron qué preguntas hacer en el debate.

 

La primera interrogante, sobre el tema educativo, fue dirigida directamente a la candidata Claudia Sheinbaum y fue qué haría para revertir el rezago educativo después de la pandemia. La respuesta fue oblicua, no aludió al rezago, dijo que ha defendido la educación pública desde que era estudiante y ahora propone dar educación inicial, becas para todos los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, fortalecer la educación media superior e instaurar más universidades como las que hizo en la Ciudad de México. Hasta ahí.

 

La misma pregunta fue para Xóchitl Gálvez, tampoco la respondió, en su lugar dijo que a su contrincante se le olvidó hablar del Colegio Rébsamen y que por su indolencia habían muerto 19 niños y siete adultos. Por su parte, al candidato Álvarez Maynez le preguntaron su opnión sobre los planes educativos y los libros de texto gratuitos actuales. Su respuesta fue que pondría a niñas y niños en el centro, transitaría hacia una educación universal y habría un programa extraordinario de infraestructura educativa.

 

Además, Xóchitl Gálvez anunció que restauraría las estancias infantiles y las Escuelas de Teimpo Completo con Internet para que los estudiantes aprendan robótica, inteligencia aritifical e inglés. Álvarez Maynez recuperó su intervención sobre el modelo educativo y los libros de texto, dijo que estos últimos no deben ser adoctrinadores como lo fueron en el pasado y lo son en el presente; la educación púbica, enfatizó, debe ser igualadora de oportunidades.

 

Una nueva pregunta para Xóchitl Gálvez la interrogó acerca de su plan de trabajo para contender con el retraso educativo y las cargas administrativas excesivas de los profesores. Señaló la reducción de presupuesto para capacitación de los profesores y reiteró lo dicho sobre la Escuelas de Tiempo Completo. Algo similar ocurrió con la pregunta sobre qué hacer para mejorar la calidad educativa, una vez más reiteró que llevaría Internet a todas las localidades a través de satélites.

 

La respuesta de Claudia Sheinbaum, sobre el mismo tema de mejora la calidad educativa, fue que perisistiría en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana con los nuevos libros de texto. Sí, a pesar de la controversia que han generado.

 

Por último, al candidato Álvarez Maynez le hicieron la única pregunta directa sobre el tema científico y tecnológico: el porcentaje del PIB que se comprometería a invertir en ese terreno. Y sí, su respuesta fue lacónica: el uno por ciento del PIB. Un porcentaje que estaba en la ley anterior y que ya no está en la actual.

 

En fin, un debate por televisión no es el único medio para conocer las propuestas de quien aspira a gobernar, ahí están las plataformas electorales, los aturdidores discursos de campaña y faltan dos debates más. Sin embargo, sí es el medio que ofrece la mayor oportunidad, a nivel nacional, para exhibir el talante de las candidaturas y decir puntualmente qué propuestas tienen para convencer a los eventuales electores de que son la mejor opción frente a lo que dicen los oponentes.

 

Después del debate apenas tenemos girones de propuestas y una disputa que se prolonga entre simpatizantes de unas y otro. Pero nada o muy poco sobre la promesa de “Sociedad que queremos”. Sería tiempo de proponer el “Debate que queremos”: menos atribuciones a los partidos políticos, mayor intervención ciudadana, formato más simple y más abierto a la confrontación de perspectivas sobre los principales tópicos. No es mucho.

 

Pie de página: A propósito de la educación superior en la agenda de las campañas electorales, ahí está la asignatura pendiente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y a nadie parece importarle..

 

Trifulcas y pausa por el glifosato

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1038. Abril 4, 2024. Pág. 4)

 

El comunicado fue un tanto críptico porque en su primer párrafo decía: “en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país” (26.03.2024). No lo decía abiertamente, pero se entendía que continuará la utilización del glifosato en la producción agrícola nacional.

 

La sustancia química denominada glifosato es un herbicida para lograr mejores productos agrícolas y es muy utilizado a nivel mundial, principalmente en los cultivos transgénicos de soya, maíz, algodón o sorgo, entre otros. Sin embargo, su uso es polémico y controvertido, porque organizaciones como Greepeace y personas opuestas a los transgénicos sostienen que es un químico que daña a la salud y a la biodiversidad.

 

Pero, nada menos, el reciente comunicado era firmado por cuatro entidades gubernamentales: Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

 

Todas la dependencias firmantes están involucradas en la producción agrícola o en el control y uso de sustancias químicas. Lo sorprendente es que ahí no apareció el Conahcyt, el organismo que desde el año 2020, tenía la encomienda anunciada por el presidente López Obrador de abrir “una investigación para buscar opciones alternativas” a la utilización del glifosato (12.08.2020). Una pausa de cuatro años para encontrar soluciones.

 

Las diferencias entre dependencias gubernamentales, a propósito del glifosato o los transgénicos no son ninguna novedad. Actualmente, los primeros protagonistas de una disputa pública a ese respecto ya no forman parte del gabinete, pero seguramente usted recordará que sí la hubo, precisamente poco antes de que el presidente López Obrador le hiciera la encomienda al Conahcyt (Campus No. 880).

 

Víctor Toledo, entonces titular de la Semarnat, a través de redes sociales le exigió una disculpa pública al secretario de la Sader, Víctor Manuel Villalobos, porque este último había elaborado el anteproyecto de decreto para la regulación del glifosato, pero no incluyó la prohibición del maíz transgénico. Al final, Toledo borró de las redes su exigencia, se marchó del gabinete y el decreto no se publicó. Las trifulcas entre dependencias gubernamentales estuvieron a la vista.

 

El decreto fue publicado al final del año 2020, para precisar que habría un periodo de transición para sustituir el glifosato por alternativas sostenibles y se extendería hasta el 31 de enero del 2024, también advirtió que las dependencias gubernamentales debían abstenerse de utilizar o promover el glifosato y reiteró que el Conahcyt respaldaría a las secretarías en la búsqueda de alternativas y haría recomendaciones anuales (DOF. 31.12.2020)

 

Luego, al inicio del año pasado, el gobierno federal emitió un nuevo decreto e  incluyó la prohibición del maíz genéticamente modificado, el tema que dividió al gabinete. Instruyó a  las dependencias de la administración pública para que se abstuvieran de “adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso” (DOF.13.02.23).

 

Además, alargó el periodo para realizar la sustitución del glifosato, la nueva fecha fue el 31 de marzo del 2024. Pero no, cinco días antes de que finalizara el plazo, la Secretaría de Economía difundió el comunicado ya mencionado. Nuevamente, no se cumplió lo que se había prometido

 

Ahí no quedaron las cosas. El Conahcyt tres días después de lo anunciado por la Secretaria de Economía, citó a conferencia de prensa para dar a conocer que sí había alternativas al glifosato y sí se podían producir alimentos sin agrotóxicos. A la conferencia asistió el vocero de la presidencia, tres subsecretarios y el titular de la Procuraduría Agraria y también emitieron un comunicado conjunto. Otro es el rango de estos funcionarios y otras sus especialidades profesionales, pero otra vez mostaron las diferencias en el gabinete.

 

El extenso comunicado del Conahcyt básicamente menciona que hay tres fomulaciones nuevas, “cien por ciento mexicanas” y otros “tres bioherbicidas mexicanos comercialmente disponibles y tres en el mundo (sic), todos ellos con eficacias de hasta más del 90 por ciento” (28.03.2024). Una narrativa similar a la que hemos escuchado en otros momentos y para otros fines.

 

En fin, lo inocultable son las diferencias en el gabinete y el hecho incontrovertible de que, una vez más, a pesar de las pausas se incumplió lo prometido. La tarea sobre el glifosato no era ni es sencilla y lo más probable es que no se cumpla. Las evidencias científicas sobre los efectos dañinos del agroquímico no son concluyentes y por ahora, a nivel mundial, tampoco hay sustitutos con la misma eficacia y en la misma escala del glifosato.

 

Pie de página: El proyecto de decreto para integrar la Conabio a la estructura de la Semarnat sigue en la Conamer, las expresiones públicas de rechazo también, incluida una carta de Leonardo Lomelí, el rector de la UNAM.

CyT: narrativa e inversión

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1036. Marzo 14, 2024. Pág. 4)

 

El estímulo fiscal y las transferencias directas son instrumentos para incentivar la inversión privada en investigación y desarrollo tecnológico. Una forma de alentar el gasto de empresarios en ese campo, dado que la mayoría busca ganancias inmediatas y no quiere correr riesgos en aventuras inciertas.

 

En México, desde mediados de los años noventa, se ha ensayado con estímulos fiscales y transferencias directas, con poca fortuna y múltiples controversias. Al inicio por el monto reducido y el farragoso laberinto para hacer efectivo el incentivo; luego la cantidad aumentó, cuando se pusieron en marcha las transferencias directas entre el 2009 y hasta el 2016, pero las empresas beneficiadas cayeron bajo sospecha. Después, en el 2017 se combinaron incentivos y transferencias, pero al año siguiente solamente se quedaron los primeros.

 

A pesar de todo, los incentivos fiscales han permanecido a lo largo del tiempo, aunque no ha mejorado la inversión privada, por el contrario, la brecha entre gasto público y privado se ha ensanchado. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en América Latina depende principalmente del presupuesto público. Más de la mitad de los recursos financieros son gubernamentales y alrededor de un 37 por ciento proviene de empresas; otras fuentes complementan el total.

 

Sin embargo, hay una alta variabilidad entre países. Por ejemplo, según los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), Colombia tiene 36 por ciento de gasto empresarial y 26 por ciento gubernamental; la participación de gasto privado más alta en la región. En Chile y Brasil es mayor el gasto del gobierno, pero en el primero es menos de la mitad del total y en el segundo son cifras casi equivalentes.

 

México, con una proporción de 77 por ciento de gasto gubernamental y 17 por ciento de empresas, tiene la mayor proporción de inversión pública. El dato es para el año 2021, proviene del informe de gobierno del año pasado (Anexos estadísticos, 2023: 799). No obstante, tal vez tendríamos que tomar el dato con cierta reserva.

 

La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (Esidet), el medio principal para captar la información sobre los recursos que destina el sector productivo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, desde hace siete años no se aplica. La última información disponible de esa encuesta es del 2017.

 

Además, uno de los lineamientos que cambió en el actual periodo de gobierno fue la relación con el sector privado. En el campo científico y tecnológico, desde el inicio, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, habló de transferencias líquidas, directas e indebidas, por un monto de alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas privadas.

 

A la fecha no hay certeza sobre cantidades precisas, tampoco si fue una acción ilegal; no se fincaron responsabilidades administrativas o penales. Sin embargo, sí cambió la narrativa con el sector privado. A los señalamientos negativos sobre las transferencias líquidas, le siguió la cancelación de incentivos a investigadores de universidades particulares y el cambio de reglas para el otorgamiento de becas de posgrado a estudiantes de esas mismas instituciones.

 

No está claro si el cambio de términos en la relación se debe a motivaciones ideológicas o a una escasez de recursos financieros. No obstante, los incentivos fiscales han permanecido en el periodo. ¿Y cómo se han comportado? Este instrumento, como se sabe, es un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento del monto de gasto o inversión en ciencia y tecnología que realiza un empresario. El crédito es hasta por un monto máximo de 50 millones de pesos y se acredita contra el ISR.

 

En el 2017 fueron asignados 554.5 millones de pesos (al inicio se habían autorizado 658 millones de pesos, pero algunos participantes declinaron) para un total de 44 proyectos. Al año siguiente, las cantidades se redujeron a la mitad: 319 millones de pesos y fueron 20 proyectos.

 

Para los años siguientes, las cantidades disminuyeron todavía más: en 2020, alrededor de 100 millones de pesos y 20 proyectos; en el año 2021, fueron 144 millones de pesos y 14 proyectos. Finalmente, para el año 2023 todavía no está el informe de impactos y beneficios de los proyectos apoyados, pero estaba previsto que se distribuirían alrededor de 389 millones de pesos y serían 13 proyectos.

 

Así que, como se podrá notar, aunque se conservaron los incentivos fiscales en este periodo, su tendencia más bien ha sido a la baja y lo más seguro es que la inversión del sector privado también sea declinante. El problema es que no sabemos la magnitud que alcanza, simplemente porque la encuesta para medirla no ha tenido continuidad. El dato oficial que se reporta es que la participación relativa del gasto gubernamental pasó de 67 a 77 por ciento entre el 2016 y el 2021.

 

Si los recursos públicos tampoco han sido crecientes, entonces no es nada fortuito que hayamos pasado de una inversión de 0.45 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo experimental en el 2016, a una de 0.28 por ciento en el año 2021. Ni más ni menos.

 

Pie de página: ¿Recuerda que el Congreso de Quintana Roo aprobó su ley estatal de ciencia el mes pasado? Pues ya publicó el decreto correspondiente el pasado 5 de marzo, es la primera entidad en hacerlo.

Las disputas en el sector: AMC y Conahcyt

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1035. Marzo 7, 2024)

La directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, a través de un extenso pronunciamiento público hizo saber su renuncia a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Desde la primera línea aclara que suscribe el texto en su carácter de científica (subrayado en el original) y expone cuáles fueron sus razones. O sea, cabría suponer que el hecho nada tiene que ver con su desempeño como titular del organismo rector de la política científica y tecnológica en México.

Sin embargo, no solamente es imposible disociar el texto de renuncia y la disputa que ha sostenido con miembros de la comunidad académica y científica en los pasados cinco años, los adjetivos utilizados y las líneas de argumentación de la carta llevan más bien a las decisiones controvertidas sobre el sector. Además, el propio Conahcyt publicó un comunicado oficial con la información del caso.

Los desencuentros no son nuevos. Seguramente usted recuerda que iniciaron desde antes de que comenzara el actual periodo de gobierno y, como es evidente, siguen en el presente. Los meses de julio a noviembre de 2018 fueron los meses de la transición y ahí comenzó la fricción entre el equipo que se iba y el que llegaba.

El pleito se hizo publicó cuando en las redes sociales apareció un oficio firmado por Álvarez Buylla, entonces integrante del equipo de transición y futura directora del Conacyt. El oficio estaba fechado el 24 de septiembre del 2018 y ahí le solicitaba a Enrique Cabrero, titular de la dependencia, que suspendiera “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de junio”.

La solicitud enumeró once convocatorias y programas en marcha, entre ellos los Fondos Mixtos, Cibiogem y contratos de Cátedras Conacyt sin firmar. El hecho causó malestar e inquietud. Álvarez Buylla confirmó que el texto era verdadero, pero que había sido “filtrado por alguien de adentro del Conacyt que actualmente está en funciones” y le solicitó a Enrique Cabrero una investigación interna  (El Universal 02.10.2018).

A su vez, en comunicado oficial, el Conacyt informó que continuaría trabajando en una transición ordenada, transparente y apegada a las normas. Aclaró que las convocatorias en proceso seguirían adelante y sobre la filtración del oficio señaló: “con la finalidad de determinar si el oficio efectivamente fue dado a conocer por personal de esta Dependencia, se revisa el proceso desde que el documento se entregó en la Oficialía de Partes” (Comunicado 74/18. 03.10.2018)  

Públicamente ahí quedó la disputa sobre ese tema, pero las relaciones ya no se recompusieron más durante todo el periodo. Por el contrario, posteriormente el conflicto escaló hasta llegar a los tribunales y a acusaciones penales para una treintena de científicos y exfuncionarios. La brecha se abrió entre miembros de la comunidad y las nuevas autoridades del organismo rector de la política científica y tecnológica. Las denuncias fueron desestimadas, pero el camino no tuvo retorno.

Ahora, en la carta pública de renuncia a la AMC, con tinta cargada de adjetivos, Álvarez Buylla señala que su separación se debe al “uso reiterado, que minorías de esta asociación privada, hacen de la misma para fines políticos e intereses particulares, disfrazados de legitimidad académica” (Pronunciamiento público 29.02.2024). El mismo día, Conahcyt emitió un comunicado más o menos con la misma argumentación de la carta, sin mencionar la renuncia, pero refiriéndose a la AMC (Comunicado 492/2024)

El pronunciamiento público de renuncia, aunque indicaba que estaba suscrito por Álvarez Buylla en su carácter de científica, enumera más bien logros de la actual administración y desestima lo que había en el pasado. Por ejemplo, destaca ocho resultados positivos de la presente gestión, tales como la recuperación de un posgrado público, porque progresivamente se había privatizado en el “periodo neoliberal, aún en el seno de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas”, un aumento de becas o la democratización del SNI.

Tal vez no hace falta detenerse en examinar los resultados dichos, en este mismo lugar hemos indicado algunos de sus rasgos y volveremos en una entrega siguiente con un conjunto de indicadores, por ahora solamente reparemos en la dificultad de separar la gestión y el carácter científico de la renuncia.

Sobre el segundo aspecto, la apreciación que hace de la AMC y de integrantes de la comunidad científica, resultan ilustrativas estas palabras del tenor de la carta: “El uso reiterado, que minorías de esta asociación privada, hacen de la misma para fines políticos e intereses particulares, disfrazados de legitimidad académica, me lleva a esta decisión”.

En particular, señala que la AMC ha sido una “caja de resonancia de posicionamientos políticos de adversarios” y ha llegado “a extremos vergonzosos con posicionamientos públicos y recientes auspiciados por recursos públicos en colaboración con el Instituto de investigación en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara”.

La alusión y el motivo principal se refiere al libro que apareció recientemente titulado “Propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México”, coordinado precisamente por Enrique Cabrero y José Antonio Seade, el actual presidente de la AMC. Un libro que incluye un balance crítico del periodo y sobre el cual volveremos.

En fin, como se podrá advertir, los desencuentros han sido reiterados a lo largo del periodo y no culminarán en este año, más bien ahora marcan el comienzo del fin de un ciclo. En los meses próximos se multiplicarán las opiniones y los cortes de caja. Allá iremos.

Pie de página: Ya está abierta la convocatoria para ingreso y reingreso al Sistema Nacional de Investigadores, cierra pronto, el próximo 22 de marzo. Es la última de este periodo de gobierno. Atentos.