¿Obligatoriedad del programa especial de ciencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1110. Octubre 10, 2025, pág. 4) 

 

La ley general de ciencia vigente establece que debe haber un programa especial para el sector científico y tecnológico. Sin embargo, la cabeza del sector ya no es el antiguo Conacyt o Conahcyt, como era el caso cuando se promulgó esa ley; ahora es una secretaría de Estado, y la norma de planeación indica que a las dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde la elaboración de un programa sectorial.

 

Entonces, ¿deben elaborarse ambos programas o no? La autoridad no se ha pronunciado al respecto, pero si nos atuviéramos a lo que establece el marco legal, la respuesta es afirmativa. Aunque, lo cierto es que las normas --lo hemos reiterado en este mismo lugar en ocasiones anteriores--, aunque sean vinculatorias, no se aplican o son sumamente laxas. Bien pueden marcar un procedimiento y las acciones seguir uno muy distinto.

 

Lo grave es que parece que nos tiene sin cuidado si se sigue o no las normas y, todavía peor, nos acostumbramos a que no se acaten. No importa si es un artículo constitucional o el reglamento escolar. Y no es un problema de la administración anterior o de la actual: ha estado presente en distintos gobiernos. Aunque, sí, cada vez más parece ir en aumento.

 

Pero, ¿por qué hay o había un programa especial de ciencia y tecnología? El primero fue publicado en el inicio del sexenio de Vicente Fox, en el contexto de la alternancia política, en la transición del siglo y de milenio, para enfatizar la competitividad internacional y la búsqueda de un vínculo entre el desarrollo económico y la actividad científica y tecnológica. Se denominó: Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt).

 

Los programas especiales estaban previstos en la Ley de Planeación, primero para referirse a las prioridades de desarrollo integral dispuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a las actividades que involucraban a dos más dependencias de la administración pública (Artículo 26). Después, como no estaba claro qué dependencia era la responsable del programa especial, una reforma precisó que el ejecutivo federal la designaría (DOF, 2018).

 

El entonces Conacyt, desde el inicio, fue la entidad responsable del Pecyt y así quedó establecido en las diferentes versiones de la normatividad. La primera ocasión fue en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de 1999 (artículo 2, DOF, 21.05.1999). También en la del 2002 y en la reforma del 2010, cuando se le añadió la “i” de innovación y el nombre del programa especial quedó como Peciti.

 

Todavía la administración anterior, aunque con retraso, elaboró el correspondiente Peciti. Incluso, en la polémica Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación quedó consignado que se debía elaborar un programa especial. Aunque, en esa ley, la abreviatura ya no fue Peciti, sino el nombre de la nueva ley. (Artículo 15, DOF 08.05.2023).

 

Además, el expresidente López Obrador, cuatro meses antes de concluir su periodo, emitió un decreto para adecuar la denominación de Peciti 2021-2024 a Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2021-2024. Quizás no se utilizaron siglas, porque la abreviatura era impronunciable, algo así como Pemhcti.

 

Además, en el mismo decreto quedó especificado que el programa especial era “de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Aquí lo puede consultar: t.ly/0MhYP).

 

En resumidas cuentas, aparte del decreto de hace un año, el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó siete programas especiales y uno de ellos es el de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (DOF 15.04.2025; disponible: t.ly/EEgj_).

 

También recordemos que el programa especial es una disposición la ley general vigente, la entidad responsable sería la Secretaría de Ciencia (Secihti) que, para efectos legales, asumió las actividades del anterior Conahcyt.

 

A su vez, la Ley de Planeación indica que las dependencias de la Administración Pública Federal, como lo es la Secihti, deben elaborar sus respectivos programas sectoriales (artículo 16, fracción III). La Secretaría, el mes pasado, en tiempo y forma, ya publicó el que le corresponde (DOF 17.09.2025). Lo examinaremos en próxima entrega.

 

Sin embargo, queda por resolver si la Secretaría se quedará solamente con el programa sectorial o también publicará un programa especial. Si opta por esto último, tal vez sería la oportunidad para precisar la prioridad y transversalidad del desarrollo tecnológico que tanto se menciona, así como los ámbitos de responsabilidad y competencia de las diferentes dependencias gubernamentales involucradas.

 

No está de más recordar que el plazo para presentar el programa especial vence a la mitad de este mes, dado que la misma Ley de Planeación indica que debe estar listo dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo. Pendientes.

 

Pie de página: Nueve de cada diez docentes de los países de la OCDE dicen que están satisfechos con su trabajo, según el reciente reporte del Estudio Internacional de la OCDE sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS). Una lástima que México no participó del estudio (Aquí puede consultarse: t.ly/yqa6z).

Primer año: borrado el presupuesto científico, pero con educación de adultos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1109. Octubre 2, 2025)

 

Esta semana se cumplió el primer año de ejercicio gubernamental de la primera presidenta de la República. La fecha es emblemática para cualquier gobierno y tal vez lo sea más para la actual gestión, tanto por la línea de continuidad y cambio con la administración anterior como por las dificultades del caso.

 

El corte sobre el estado que guarda la administración pública fue presentado el pasado 1 de septiembre y, como lo anotamos en este Acelerador de Partículas, el contenido del mensaje político que pronunció la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), no se correspondía con los números de su propio informe de gobierno sobre el sector científico y tecnológico (Aquí lo puede consultar: Campus No. 1106).

 

Todavía es más sorprendente que en el balance del primer año, en la primera línea de acción de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), no está el financiamiento, los proyectos o las becas. La iniciativa que destaca es el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica para “favorecer la integración de los jóvenes a la actividad productiva desde el nivel medio superior y superior” (p. 206).

 

El objetivo de ofrecer alternativas educativas vinculadas al mundo del trabajo es importante y muy necesaria. Sin embargo, sorprende porque, por una parte, usualmente los informes de gobierno sectoriales, para comenzar, daban cuenta del estado de la administración pública en el orden financiero y avances de las acciones más sobresalientes. Así que el primer rubro a informar era el monto de presupuesto recibido y la forma en la que se distribuyó.

 

Pero no, desde la extinción de los fideicomisos públicos en el sector, a partir del ejercicio fiscal del año 2021, el apartado de ciencia y tecnología ya no inicia con las cifras de presupuesto ni la participación relativa de sus diferentes programas en ese presupuesto.

 

Todavía menos aparece el gasto en investigación y desarrollo experimental (Gide). Por cierto, los datos oficiales más recientes de ese tipo de gasto son del 2017. Porque en ese año se realizó la última encuesta para calcularlo y, desde entonces, los datos que tenemos seguramente son proyecciones o cifras sin mayor rigor. Así que ni hablar de la precisión de dicho indicador como proporción del PIB.

 

Por otra parte, también es notable que el rubro con el que inicia el informe del sector científico y tecnológico sea el de alternativas educativas relacionadas con la industria para el nivel medio superior y superior, dado que el antecesor de la Secihti no se había ocupado antes del rubro educativo. Salvo por las becas de posgrado y algunos programas de difusión de la ciencia.

 

Sin embargo, ahora, la Secihti comienza por informar sobre los programas de actualización y capacitación laboral. Por ejemplo, menciona el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que atiende a jóvenes de 18 a 29 años o el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores. Aunque, en sentido estricto solamente son mencionados; no aparecen beneficiarios, ni recursos. Tal vez porque esos datos están otro apartado del mismo informe.

 

En cambio, sí están los números de “Alternativas educativas” como la que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) o de “Educación Dual”. Datos que anteriormente estaban en la sección educativa del informe de gobierno, ahora están en el apartado científico y tecnológico.

 

Sobre la educación de adultos, destaca el apartado, 416 mil 617 personas concluyeron un nivel educativo: 12 por ciento fueron alfabetizados; 34 por ciento concluyeron la primaria y 54 la secundaria (pág. 207).

 

Respecto a la educación dual, la opción formativa que tiene lugar tanto en la escuela como en la empresa, se consignan acciones de diseño de planes, programas, modelos y lineamientos. Pero no hay cifras de alumnos participantes, ni en media superior ni en educación superior. Únicamente se anota que: el Tecnológico Nacional de México, en el ciclo escolar 2024-2025, participaron 105 institutos tecnológicos con 2 mil 21 estudiantes (pág. 208). Las cifras tampoco aparecen en la sección educativa del informe.

 

Al final del informe se destacan media docena de logros de la administración en este primer año: la transformación del anterior Conacyt en la Secihti; la instauración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; la implementación de un modelo de colaboración intersecretarial, interinstitucional e interdisciplinario; la puesta en marcha de proyectos de desarrollo tecnológico; impulso a proyectos con alto nivel de madurez tecnológica; y estimación de mejorar en 70 por ciento, al cierre del año, las becas al extranjero.

 

En este primer año continúa la ausencia de cifras de distribución presupuestal para el sector, seguramente porque las variaciones son pequeñas, pero añade la educación de adultos y las acciones de desarrollo tecnológico. El formato del informe cambió y la colaboración intersecretarial se distribuye los recursos escasos.

 

Pie de página: El 2 de octubre sigue vigente. // Los becarios posdoctorales se inconforman y tienen razón. // No amaina la protesta en la Universidad Veracruzana, también les asiste el derecho y la razón; la Junta de Gobierno se sigue desmoronando. // A propósito de Veracruz, el café de esa región llegará a Marte, según la intervención en tribuna de la diputada local Victoria Gutiérrez Pérez. Y lo planteó en serio// La presidenta CSP ya aseguró que fue un error y se corregirá el recorte de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. // Sin embargo, nada se ha mencionado del error en el Anexo 12 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. // Pendientes.

Presupuesto científico: transversalidad y error del Anexo 12

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1108. Septiembre 25, 2025, pág. 4) 

 

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) le disminuyeron su presupuesto para el año próximo. Este año recibió, en números redondos, 33 mil 296 millones de pesos, y el mismo gobierno propone que para el 2026 reciba 32 mil 810 millones. Es decir, casi 500 millones de pesos menos.

 

Sin embargo, como anotamos en este Acelerador de Partículas la semana pasada, es posible que se trate de un error. Por una parte, porque en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Pef), el que Hacienda entregó al Congreso, y específicamente en el Anexo 12, el que concentra las cantidades a distribuir para las actividades científicas y tecnológicas, señala clara e inequívocamente que son 32 mil 810 millones de pesos.

 

Todavía más, la misma Secretaría de Hacienda, en sus anexos metodológicos de distribución del presupuesto para las acciones transversales de las actividades científicas y tecnológicas, las que se refieren en el Anexo 12, de nueva cuenta señala que suman 32 mil 810 millones de pesos. ¿Quiere decir que todas las acciones que realiza la Secihti son transversales? Así parece, según lo que está en el anexo metodológico y aquí lo puede constatar: t.ly/LpPy v3

 

Por ejemplo, señala cinco rubros de acciones transversales: 1) promoción de esquemas de colaboración y cofinanciamiento con los sectores privado, financiero y social con 692 millones de pesos; 2) desarrollo de la investigación básica y aplicada a través de estrategias de colaboración interinstitucional e interdisciplinaria con 6 mil 449 millones de pesos; 3) mecanismos de transferencia tecnológica con diferentes sectores con 1 mil 619 millones de pesos; 4) becas de posgrado y apoyos con 14 mil 879 millones; y 5) Sistema Nacional de Investigadores (Sni) con 9 mil 170 millones de pesos.

 

Si el presupuesto para las acciones transversales suma 32 mil 810 millones de pesos y, a su vez, esa es la cantidad de presupuesto total para la Secihti, en consecuencia sí, todo lo que hace es transversal. No obstante, no parece muy transversal la distribución de las becas de posgrado, la operación del Sni o incluso el financiamiento de proyectos de investigación.

 

Incluso, es posible que parte de algunos programas sí sean transversales, sea por los distintos sectores involucrados o por las instituciones participantes. Pero no puede ser que toda la operación, remuneraciones, gestión o gobierno de la Secihti sea transversal. ¿O sí?

 

De hecho, en el Pef de este año, el anexo metodológico de presupuesto para acciones transversales precisa que la cantidad para esos propósitos suma poco más de 3 mil millones de pesos. Es decir, poco menos del 10 por ciento del total asignado. Una cantidad que sí parece razonable. Por lo tanto, la cantidad indicada para ciencia y tecnología en el Anexo 12 sí podría ser un error y se volvió a replicar en la metodología de presupuesto para acciones transversales.

 

Por otra parte, en la desagregación de las cifras de la misma Secretaría de Hacienda, la dependencia encargada de diseñar el presupuesto para el año próximo, cuando presenta los cuadros que contienen las cifras por capítulo de gasto y programa para la Secihti, ahí anota otra cantidad: 34 mil 861 millones de pesos.

 

O sea, respecto de este año, habría un incremento de alrededor del 6 por ciento; aproximadamente 2 mil millones de pesos más. También acá lo puede constatar: t.ly/_4DwA. El aumento parece significativo, no solamente porque sería lo opuesto a la disminución que se propone para varias secretarías, como la de Cultura, Desarrollo Agrario o Salud, también porque, si fuera el caso, el porcentaje estaría por arriba del nivel de la inflación.

 

Sin embargo, las cifras tampoco son lo que aparentan. El incremento, no es, en estricto sentido, para las actividades tradicionales de la Secihti y tampoco resulta tan significativo. La mitad de los 2 mil millones de pesos de incremento es para impulsar la Universidad Nacional Rosario Castellanos (URC); el nuevo programa de la actual administración radicado en la secretaría. Una iniciativa que merece un tratamiento aparte.

 

Aunque, a propósito de transversalidad, es posible que la confusión del respectivo anexo metodológico se derive de las fronteras porosas que ahora se trazan entre las secretarías. ¿La URC es transversal a cuál o cuántas secretarías? Tal vez deberían precisarse los criterios de asignación, tanto como los ámbitos de responsabilidad y competencia de las secretarías en proyectos como el de la URC.

 

Si al resto de programas que tiene en marcha la Secihti les corresponde la mitad de la cantidad total proyectada, el porcentaje de aumento, respecto de lo que hoy tiene la secretaría, terminaría en 3 por ciento. Una proporción que con muchas dificultades alcanzará el nivel de inflación esperado y que no dista mayormente de lo asignado a otras dependencias.

 

En fin, lo primero será que la autoridad precise si las cifras del Anexo 12 y de su anexo metodológico son correctas o más bien, las verdaderas, son las que están en sus cuadros de capítulo de gasto. Sin embargo, si es un error, serán los diputados los que ahora tienen la facultad para enmendarlo. ¿Lo harán? Tal vez sí, pero son impredecibles.