El examen de admisión, la Unisa y la política nacional

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1149, agosto 6 de 2026, pág. 4)

 

Una vez formulada la propuesta de la comisión técnica sobre el examen de la UNAM, conocida la renuncia de la secretaria general de la institución y sabido que el rector se siente agraviado, no hay mucho más. No es poco. Pero todavía falta lo esencial: qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo se vincula con la renuncia y el agravio.

 

Por ahora, la atención pública se ha concentrado, y con razón, en la UNAM y la empresa contratada. Sin embargo, tal vez no sea la dimensión más importante del problema. Hay otra dimensión y la puso sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

En Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, en referencia al examen de admisión, apuntó: “yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad” (01.08.2026).

 

Y prometió: “si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”. Y añadió que ya le solicitó al secretario de Educación y a la rectora de la institución que atendieran el caso. La política nacional en acción, nada menos.

 

Por si hiciera falta, el mismo lunes 3 de agosto la jefa de gobierno de la Cdmx, Clara Brugada, informó en redes sociales que su gobierno ya está trabajando para abrir espacios en la Rosario Castellanos para los jóvenes y precisó: “para que tengan una buena universidad, de calidad y gratuita para todas y todos” (https://x.com/ClaraBrugadaM).

 

¿Qué significa lo dicho por las mandatarias? Antes, dos precisiones. Una, el conflicto en la UNAM, con lo importante que es y la amplia resonancia mediática que tiene, para efectos de espacios educativos y opciones profesionales, está acotado principalmente a la Cdmx y zona metropolitana. Dos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) es un proyecto educativo en ciernes que se originó en la Ciudad de México y que esta administración, en diciembre de 2024, la llevó a nivel nacional.

 

Tal parece que la solución es abrir espacios en la UNRC. Lo notable de lo anunciado por la mandataria capitalina es que la UNRC ya no depende del gobierno de la Ciudad, tampoco de la SEP, está sectorizada en la secretaría de ciencia federal y, por cierto, esta no se ha pronunciado al respecto.

 

Sin embargo, el asunto sí muestra la relación entre lo local y lo nacional y la respuesta no tendría que limitarse a la UNRC. No solamente porque las decisiones del gobierno federal tienen eco en el nivel estatal. También porque el gobierno capitalino tiene bajo su responsabilidad a la Universidad de la Salud (Unisa) y ofrece una de las carreras más demandadas por los aspirantes en el examen de admisión de la UNAM.

 

En el concurso de selección de la Universidad Nacional, uno de cada 100 aspirantes a cursar Medicina logra un lugar. Tal vez a algunos de los 99 restantes les resultaría atractivo inclinarse por la Unisa si abriera más espacios.

 

Por cierto, la Ciudad de México es, por mucho, la entidad que tiene la mayor cobertura en educación superior en el país. Cubre a alrededor de 70 por ciento de su población residente y más del 100 por ciento si se considera el efecto de los estudiantes de otras entidades que están en la capital (SEP, 2023). A diferencia de Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Michoacán, que tienen, en porcentajes redondos, 20, 24, 25 y 30 por ciento, respectivamente.

 

El problema principal no es la cobertura en la entidad capitalina, sino la concentración de la demanda en pocas universidades y el tipo de opciones profesionales que buscan los jóvenes. Aunque las preferencias vocacionales e institucionales son otra dimensión del problema que dejaremos pendiente.

 

Sin embargo, las soluciones sobre el acceso a la educación superior se han extraviado: unas, en la improvisación; otras, en los números del presupuesto público; unas más en proyectos educativos impresentables o en los discursos ampulosos. Las menos han tenido logros parciales y graduales.

 

¿Esto es una novedad? No. Al menos llevamos tres décadas tratando de ampliar las oportunidades educativas de nivel superior. Pero las opciones ofrecidas no son las que buscan los jóvenes ni son alternativas de formación para quienes más la necesitan.

 

La reforma del artículo 3° constitucional de 2019 incluyó la gratuidad de la educación superior y estableció el derecho a la educación de todas las personas. La ley reglamentaria previó la creación del fondo federal correspondiente y se suponía que el fondo quedaría instaurado a partir del ciclo escolar 2022-2023. A la fecha, no se ha creado.

 

En fin, lo que ocurrió con el examen de admisión de la UNAM tiene relevancia por sus implicaciones institucionales, pero sobre todo porque es una ventana a la política sobre el sistema de educación superior. No se trata de un problema exclusivamente institucional, ni siquiera local; es un asunto de política nacional.

 

Pie de página: Sin mayor resistencia fueron desalojados los estudiantes del IPN que tenían tomadas las instalaciones de Canal Once. Pero el conflicto no está resuelto. // En marcha el Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Innovación entre la Secihti y el Banco Mundial. Atentos.

El INHERM, los títulos y las oportunidades educativas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1147, julio 16 de 2026, pág. 4)

 

El reportero Carlos Navarro del periódico El Heraldo, le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum: “con este Instituto, ¿de qué forma se estudia, con qué corriente historiográfica se estaría estudiando el Humanismo Mexicano, la Cuarta Transformación?” (01.07.2026)

 

Si la presidenta Sheinbaum había anunciado que, para celebrar el triunfo de Morena del primero de julio de 2018, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) se convertiría en Centro Público de Investigación, y el director del Instituto había anticipado que una de sus licenciaturas sería en Humanismo Mexicano, la pregunta que seguía era cómo funcionaría.

 

Sin embargo, la presidenta acotó: “No solo es la Cuarta Transformación… (el Instituto) sigue teniendo de manera importante el estudio de la Independencia, de la Reforma, de la Revolución y de distintos procesos históricos que han ocurrido en nuestro país”. Y le pidió al director del Inehrm que respondiera lo correspondiente.

 

Felipe Ávila, titular del Instituto, añadió que el Instituto, en el sexenio anterior y en el actual, ha promovido la divulgación de la historia desde “una narrativa histórica que pone en el centro a los actores colectivos, a los sujetos sociales, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a las infancias, a las luchas campesinas, las luchas obreras, magisteriales, estudiantiles”.

 

Según el decreto de creación, el Instituto estará dedicado a múltiples y muy variadas temáticas: la historia; las ciencias sociales y humanidades; la memoria histórica de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; la historia de las mujeres; las relaciones de género y la diversidad; las infancias y juventudes; y el humanismo mexicano (DOF.06.07.2026).

 

Los CPI son entidades paraestatales, esto es, organismos que desempeñan funciones específicas del Estado -en este caso académicas- y son tratados como cualquier otra dependencia administrativa gubernamental.

 

La relevancia de este rasgo de dependencia quedó de manifiesto en el sexenio anterior. ¿Usted lo recuerda? Por ejemplo, sin más, los fuertes lineamientos de austeridad republicana que puso en vigor el expresidente López Obrador surtieron efecto inmediato en los CPI; o bien, la eliminación de los fideicomisos públicos, cuyas consecuencias siguen todavía presentes en los Centros.

 

El Inehrm, antes de que pasara a formar parte de los CPI, ya era parte de la administración pública federal como órgano desconcentrado de la SEP y realizaba investigación, pero no tenía las atribuciones para impartir docencia como la tendrá ahora, ni tampoco la diversidad de líneas de investigación que tiene previstas.

 

Por cierto, el director del Instituto anticipó que tiene previsto iniciar con las clases en el próximo ciclo escolar que inicia en septiembre. Si es el caso, es posible que los preparativos hayan iniciado hace meses, de otra forma no se ve cómo podría cumplir con la expectativa en un tiempo tan acotado.

 

Piénsese que el primer día de este mes se firmó el decreto de reforma y Ávila, en la ceremonia, adelantó que en este mismo mes aparecerá la convocatoria y también serán las inscripciones. Al mes siguiente, en agosto, habrá un curso propedéutico y las actividades formales iniciarán en septiembre. Toda una hazaña para un proyecto educativo de nivel superior. Por lo pronto, a la mitad del mes de julio, su página electrónica todavía no está disponible.

 

Además, planteó su director, el Inehrm impartirá formación a nivel de licenciatura y posgrado. Los títulos otorgados serán en las licenciaturas: Historia; Ciencias Sociales y Humanidades; y, nada menos, Administración Pública y Buen Gobierno.

 

El posgrado estará compuesto de tres maestrías, una en Humanismo Mexicano, otra en Estudios de Género y Feminismos, y una más en Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica; también tendrá dos especialidades: una en Comunicación Política y otra en Enseñanza de la Historia.

 

En fin, el Instituto está en su fase inicial y faltan piezas para completar su puesta en marcha, entre ellas los recursos financieros que, por lo pronto, no estaban considerados en el presupuesto de egresos de este año, pero que se pueden resolver con una partida especial de Hacienda.

 

Se entiende la coyuntura y la ventana de oportunidad para instaurar una nueva institución de educación superior. Sin embargo, vale la pena tener presente lo que muestra la experiencia: en el mejor de los casos, la improvisación de un proyecto educativo no tendrá buenos resultados o se demora en tenerlos; en el peor, será un presente de fantasía, pero de un futuro trunco para los jóvenes, sus familias y para el país. Una grave simulación educativa que ahondará las ya de por sí anchas brechas de la desigualdad. Atentos.

 

Pie de página: Ahí viene un nuevo Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas, veamos sus novedades; Omar Yaghi, premio Nobel de química el año pasado, abandona Estados Unidos y se va a China a dirigir un laboratorio de descubrimiento de materiales asistido por inteligencia artificial.

INEHRM: la disputa por la narrativa de la transición política y la cuarta transformación

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE-PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1146, julio 9 de 2026, pág. 4)

 

La presidenta Claudia Sheinbaum, en la firma del decreto correspondiente, puntualizó: “decidimos hacerlo el día de hoy porque hace 8 años fue el triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, 1º de julio, y la manera de reconocerlo, el triunfo del pueblo, pues es este Instituto que se dedica a la historia, la investigación de las Revoluciones en nuestro país” (01.07.2026).

 

Sheinbaum se refiere a la reciente reforma del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm). Un organismo creado en los años 50 con el nombre de Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (DOF. 29.08.1953). La diferencia en la denominación parece menor y las siglas no cambian, pero muestran la disputa por la narrativa oficial y la trascendencia de los hechos históricos.

 

El Inehrm fue fundado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953 y su propósito original era concentrar toda la documentación e investigación sobre la revolución mexicana. La justificación parecía indiscutible, la clase política de entonces asumía la trascendencia del capítulo revolucionario en la historia nacional.

 

No era ninguna casualidad. Después de la revolución, Plutarco Elías Calles y otros caudillos fundaron en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. El nombre original y los que adoptó de forma sucesiva expresan la apropiación del hecho: Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y, finalmente, en 1946 como Partido Revolucionario Institucional (PRI), régimen de partido único que se extendería durante siete décadas.

 

Los años 50 fueron los años de consolidación del PRI, el inicio de los gobiernos civiles con Miguel Alemán (1946-1952) y enseguida con Ruiz Cortines (1952-1958). También una década de crecimiento económico, industrialización y corporativismo que después se conocería como el “milagro mexicano”.

 

En aquella época, tampoco pareció extraño que el decreto considerara al Inehrm como una dependencia gubernamental: “funcionará como órgano de la Secretaría de Gobernación” (DOF. 29.08.1953: 2). Después de todo, el presidente designaba, y lo sigue haciendo, a la persona titular del Instituto. Pero más importante: el gobierno y la identidad del partido en el poder se cifraban en la revolución institucionalizada.

 

Sin embargo, la disputa por la trascendencia y significado de los hechos históricos afloró cuando el PRI perdió la presidencia de la república. En el 2006, en el sexenio de Vicente Fox, mediante decreto, cambió la denominación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana por Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

 

¿Cuáles fueron las razones? La principal era que el Instituto debía ampliar sus fines porque “en el desarrollo histórico de la Nación mexicana han sido momentos fundamentales las revoluciones de Independencia de 1810, Liberal de 1857, Social de 1910, así como la transición democrática de finales del siglo XX”.

 

Así que ya no era “la revolución”, sino “las revoluciones” y sumaba la transición política del año 2000 como la Cuarta Revolución o la Cuarta Transformación. El Inehrm, sin embargo, no cambió su sectorización; continuó como órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación.

 

En el 2010, en las vísperas de la conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, otra vez mediante decreto, el expresidente Felipe Calderón separó al Inehrm de Gobernación y lo sectorizó a la Secretaría de Educación Pública.

 

Las circunstancias fueron otras con el cambio de gobierno de 2018 y el arribo de López Obrador a la presidencia postulado por el partido Morena. Desde su discurso de toma de posesión en el Congreso, mencionó a las primeras tres grandes transformaciones históricas ya referidas en la transición.

 

Solo que López Obrador no incluyó la transición del año 2000 como cuarto hecho notable. En su lugar, comenzaría la narrativa de lo que se conocería como la Cuarta Transformación: “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México” (Gaceta Parlamentaria 01.12.2018).

 

Un decreto posterior de López Obrador, en su penúltimo año de gobierno, trasladó al Inehrm a la Secretaría de Cultura (DOF. 11.09.2023). Y ahí se quedó hasta la semana pasada, cuando la presidenta Sheinbaum anunció que ahora, para celebrar el triunfo del 1º de julio del 2018, el Instituto será coordinado por la Secretaría de Ciencia y será parte de los Centros Públicos de Investigación.

 

Retornaremos a la nueva sectorización del Instituto, el complicado asunto del presupuesto y las funciones de docencia e investigación que tendrá asignadas. Por lo pronto, conviene tomar nota de su origen asociado a una narrativa oficial de la historia de las revoluciones, los objetos de estudio, el cambio de prioridades según el gobierno en turno y la soterrada disputa por la interpretación de los hechos históricos.

 

Pie de página: Al final de este mes cierra la convocatoria a la diáspora mexicana para pertenecer al SNII, ¿cuáles serán sus resultados? Pendientes.

Educación: ¿echar de las aulas los dispositivos tecnológicos?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

(Publicado en Campus Milenio No. 1144, junio 25 de 2026, pág. 4) 

 

La situación es paradójica, hace dos décadas, en todo el mundo, se buscaba mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas con el respaldo de dispositivos digitales y las tecnologías de la información. Ahora, cuando han proliferado las herramientas tecnológicas y la conectividad en las aulas, se busca sacarlos.

 

El desarrollo tecnológico va más rápido que nuestra capacidad para valorar su potencialidad, comprender sus implicaciones y regular su uso. No es fortuito que los países nórdicos, que durante años promovieron una potente política de digitalización educativa, ahora busquen restringir el uso de teléfonos celulares y tabletas.

 

Por ejemplo, Suecia, a partir del próximo ciclo escolar prohibirá los teléfonos celulares y las pantallas en las escuelas (Associated Press News 06.09.2026). Este país, desde 2023, luego de los resultados de los jóvenes en Pisa 2022 y de insatisfacciones con los dispositivos, le da mayor importancia a los libros y a las guías para profesores. Algo similar ocurre en Noruega.

 

Dinamarca integró hace dos años una comisión gubernamental para valorar la digitalización en las aulas y la insatisfacción que esta había generado. La comisión entregó su informe el año pasado y una de sus 35 recomendaciones es modificar la legislación para prohibir que todos los estudiantes de entre los siete y los 17 años lleven sus teléfonos celulares a las escuelas (The Guardian 25.02.2025).

 

Los países nórdicos están a la cabeza de la conectividad y las habilidades digitales, pero no son represntativos de lo que ocurre en el mundo, y menos de las regiones con amplias brechas digitales, como México.

 

Sin embargo, las consecuencias negativas que tiene el uso de los aparatos tecnológicos en las escuelas, y en especial de celulares y tabletas, sobre el aprendizaje parecen similares en todos los países. Sea por la interferencia que provocan en la concentración de los estudiantes, por el interés en las redes sociales más que en los contenidos de la clase o por la renuncia al esfuerzo cognitivo, entre otros aspectos.

 

El uso de teléfonos celulares o tabletas varía según la edad escolar y también son distintos los problemas en cada nivel educativo. No obstante, hay un relativo consenso acerca de sus mayores efectos negativos en las edades tempranas y de la necesidad de limitarlos o prohibirlos en la educación básica.

 

Aunque el problema es más amplio y no se soluciona con la sola prohibición, pues incluye el sentido de la tecnología en las rutinas escolares y la utilidad de los distintos aparatos. El teléfono celular, como es obvio, ya no es solamente para hablarle a otra persona o intercambiar mensajes. Estos dispositivos, cada vez más potentes e “inteligentes”, se han convertido en el principal intermediario para casi cualquier actividad cotidiana.

 

La dependencia tecnológica afecta a toda la población, pero es todavía mayor para los adolescentes y los jóvenes que resuelven casi todo a través de sus dispositivos móviles. El uso del celular en México llega al 86 por ciento de la población, dos tercios de ella utiliza un smartphone y una cantidad similar se conecta a internet (Campus Milenio No. 1142).

 

Además, lo que ahora se puede hacer con la inteligencia artificial (IA) es asombroso y es otro ángulo de la tecnología en las aulas que conecta con los dispositivos móviles. Aunque vale la pena hacer notar que todavía no terminamos de decidir lo más básico sobre los aparatos y ya enfrentamos el problema de qué hacer con las herramientas de la IA en la educación.

 

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitó al secretario de Educación que: “hiciera una consulta con padres y madres de familia, por lo que significa en términos del uso de la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales, para ver qué opinan los padres y madres de familia a este respecto” (02.06.2026). Todavía no se sabe cuándo, ni cómo se realizará la consulta.

 

Por lo pronto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a su ley de educación que facultará a la secretaría de Educación local para establecer protocolos en la educación básica “a fin de prohibir la portación y el uso de equipos de telefonía celular por parte de las y los alumnos durante su estancia en los planteles” (Gaceta Parlamentaria. 21.05.2026).

 

Tal vez los resultados de la consulta que realizará la Sep se asemejen a las restricciones que aprobó la Cdmx y otras entidades como Aguascalientes, el estado de México, Guerrero y Querétaro. Lo grave será que, sin más trámite ni consideración, expulsemos la tecnología de las aulas, junto con los efectos negativos de los teléfonos celulares.

 

Conviene que pensemos dos veces en la alfabetización digital, en su complementariedad con las formas tradicionales de enseñanza—aprendizaje y en cómo se desdoblaría una eventual prohibición del gobierno federal de dispositivos tecnológicos en el complejo sistema educativo nacional.

 

Pie de página: A propósito de resultados y decisiones gubernamentales, todavía no están, y ya deberían estar, las conclusiones del comité de expertos para plantear opciones sobre qué hacer con el fracking. ¿Alguna duda de cuál será la orientación?