Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99.bsky.social
(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1150. Agosto 13, 2026)
El padrón incluye más de 500 revistas que forman parte del reciente Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (Snpcyh). No son pocas. Si lo comparamos con iniciativas anteriores, el actual padrón más que duplica los registros previos.
¿Qué representan estas revistas y por qué están en ese Sistema? La ley general de ciencia de 2023, como lo hemos reiterado en este Acelerador de Partículas, no se ha reformado y tiene múltiples problemas, comenzando porque todavía se refiere a las responsabilidades del Conahcyt, un organismo que ya no existe. Pero es la norma vigente y establece que se debe crear y operar un Sistema Nacional de Publicaciones.
Un sistema que, precisa la ley: “contemple la edición y publicación, en colaboración con las entidades paraestatales pertinentes, de colecciones de libros, revistas, boletines y otras obras que sirvan para la difusión del conocimiento, cumpliendo con los principios de transparencia y austeridad correspondientes” (artículo 53, fracción V).
Como se podrá advertir, la intención era editar y publicar colecciones con entidades paraestatales. Esto es, se planteaba un sistema alterno de publicaciones, en colaboración con organismos de la administración pública federal. Si se llevara a efecto habría que seleccionar las entidades pertinentes de las 182 entidades paraestatales que había el año pasado (DOF, 14.08.2025).
Por ejemplo, en la Sep hay una docena de paraestatales descentralizadas sectorizadas, incluyendo instituciones de educación media superior, como el Colegio de Bachilleres o el Conalep, pero también está el Fondo de Cultura Económica, el Inea o las Universidades Benito Juárez. O bien, en el sector de ciencia, está la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la mayoría de los Centros Públicos de Investigación o el fideicomiso del Infotec de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
¿Lo que prescribe la ley general de ciencia se llevará a cabo? No parece probable. Al menos, no todo; ni ahora ni después. Pero lo que sí está en marcha es una política que intenta ampliar la difusión del conocimiento e insistir en la austeridad y el acceso abierto a los resultados de investigación.
El rasgo principal de las más de 500 revistas que actualmente integran el Snpcyh es que son revistas académicas, de acceso abierto. Es decir, no tienen restricciones para consultar sus contenidos y, en principio, tampoco les cobran a los autores por procesar o publicar sus trabajos.
La Secretaría de Ciencia (Secihti) emitió los lineamientos para crear el Sistema al final del pasado mes de mayo y ese mismo día emitió la convocatoria correspondiente. No hacía falta, pero los lineamientos especificaron que se trata de un instrumento de política pública, que creará un padrón de revistas e intentará fortalecer un modelo de publicación no comercial (DOF. 27.05.2026).
Uno de los objetivos que se propone es articular el Sistema con las “políticas de evaluación de la ciencia mediante la valoración de la publicación en revistas nacionales de acceso abierto no comercial, dentro de los sistemas de evaluación de las trayectorias académicas” (artículo 7, fracción III).
La convergencia entre el Snpcyh, la valoración de las revistas nacionales y los procesos de evaluación de las trayectorias académicas sería muy positiva. Sin embargo, no se ve cómo podría modificar la estructura de incentivos del modelo actual: orientado por el reconocimiento y los indicadores bibliométricos internacionales, como lo muestra la operación misma del Sistema Nacional de Investigadores (Snii).
El padrón de revistas del Snpcyh muestra que México cuenta con una gran cantidad de publicaciones de acceso abierto no comerciales, bastantes más que muchos países de América Latina. El problema es que muy pocas de ese conjunto nacional alcanzan estándares de reconocimiento; la mayoría tiene dificultades técnicas para sostenerse o conservar niveles de calidad aceptables.
Además, otro problema es el tiempo que lleva publicar. La garantía de procesos editoriales rigurosos y profesionales, así como la concentración de la demanda en pocas revistas nacionales, a menudo provoca demoras muy prolongadas para difundir un texto. Un proceso que puede llevar uno o hasta dos años.
El notable incremento en los plazos para publicar ha favorecido la aparición de las denominadas revistas depredadoras, publicaciones que realizan cobros excesivos de edición y aparecen en cuestión de semanas. Sin embargo, sus procesos de dictaminación son inexistentes o muy laxos; otro tanto ocurre con sus consejos editoriales, que con frecuencia son ficticios. También la información que ofrecen sobre su origen y prestigio es engañosa.
Por otra parte, aunque el acceso abierto de las revistas puede prescindir del cobro a un eventual lector, es posible que traslade el costo al autor, como lo hacen muchas de las revistas de los grupos editoriales internacionales. Es el modelo de pago por publicar, mediante los denominados Article Processing Charges (APC).
En fin, ya está el padrón de más de medio millar de revistas de acceso abierto, el primer paso. Lo que todavía no se conoce es cómo se alinearán con la valoración de las trayectorias académicas, ni cómo se respaldarán a las revistas.
Hasta ahora, solamente se anota que estar en el padrón es un requisito “para subsecuentes convocatorias de fortalecimiento de revistas nacionales de acceso abierto, conforme a la disponibilidad presupuestaria”. Así que demos por descontado que habrá apoyos. ¿Y reforma de la ley general? Tampoco.
Pie de página: No se le ve fin a la crisis del examen de admisión de la UNAM y se puede complicar todavía más. // El amplio grupo de expertos sobre el fracking ya emitió una decena de recomendaciones. Acá las veremos. Atentos.
