¿Evaluar las Becas para el Bienestar y de posgrado?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1159, octubre 15 de 2026, pág. 4)

 

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) presentó su Informe del Resultado de la Fiscalización 2025. Para el sector educativo y la prensa, lo relevante fue un monto de casi 600 millones de pesos cuyo destino no está claro en tres programas de becas. La cifra no es nada insignificante. Pero lo sobresaliente tendría que ser la evaluación integral de tales programas.

 

El Informe indica que auditó los siguientes programas de becas: en básica, las de Bienestar Benito Juárez (2024) y la Rita Cetina (2025); la Universal de Educación Media Superior Benito Juárez; y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro (30.09.2026). Por cierto, los nombres y años distintos en las becas de básica se deben al cambio de denominación a partir de la actual administración.

 

Los señalamientos de la auditoría precisan que: hay claves de centros de trabajo que no aparecen en los registros de la SEP; escuelas a las que otorgaron becas y no son prioritarias; y tarjetas bancarias que no se entregaron a sus destinatarios, pero que están activas e incluyen 8.6 millones de pesos.

 

Sin embargo, la mayor irregularidad es que: “Se identificaron 67,142 beneficiarios inscritos en escuelas de educación básica, media y superior que tenían dictamen negativo derivado de la confronta con el Registro Nacional de Población, con pago de beca por un monto de 592.3 mdp” (p.15).

 

Además, sobre las becas de posgrado, la auditoría identificó que se renovaron seis becas que no cumplían con los criterios de elegibilidad por un monto de 2.6 millones de pesos. También detectó posibles pagos en exceso a 484 beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores por más de 18 millones de pesos.

 

La prensa hizo notar las irregularidades, especialmente la entrega indebida y millonaria de becas, e incluso algunos medios cabecearon sus notas como fraude y corrupción en las instituciones implicadas. Y sí, es grave, la desviación indebida de recursos públicos, cuando se acredita, es un delito.

 

Los calificativos no pasaron desapercibidos en las redes sociales, amplificaron su resonancia e hicieron mella en las dependencias gubernamentales. La SEP que parece refractaria a las apreciaciones públicas, emitió un boletín para puntualizar que la auditoría estaba en proceso y que la institución continuaba “trabajando para proporcionar la información y realizar las aclaraciones necesarias que permitan solventar todas las observaciones” (Boletín 324).

 

No fue suficiente. La misma Secretaría de Anticorrupción tuvo que emitir un boletín adicional para explicar los alcances de las auditorías y cómo se determinan las responsabilidades administrativas. En el caso de las becas, puntualiza el boletín, el proceso apenas se encuentra en su primera etapa, la de visitas de inspección y auditorías. Falta la de investigación, antes de fincar responsabilidades.

 

Por si hubiera dudas, el boletín agrega: “del 100 por ciento de los hallazgos con los cuales inician las auditorías, el porcentaje que llega hasta que se acredita una responsabilidad es mínimo, además, cabe precisar que no todas las faltas administrativas derivan en daño patrimonial, o en afectaciones económicas para el Gobierno Federal”.

 

En fin, ciertamente las auditorías se centran en el detalle administrativo, en la vigilancia de las normas para la distribución de los recursos y la operación de los programas públicos. Un control necesario para detectar posibles actos de corrupción de los funcionarios, pero insuficiente para la valoración de los programas.

 

Las observaciones de la auditoría a los programas de becas seguramente serán solventadas por las dependencias implicadas y ahí se cerrará el tema. Sin embargo, al final, aunque las becas constituyen un pilar de la política social, no conoceremos sus dificultades ni el impacto que tienen.

 

Vale la pena ponderar de qué cantidad de recursos estamos hablando. Según las cifras del presupuesto de este año, el mayor volumen de recursos es para el programa Rita Cetina con poco más de 36 mil millones de pesos, después el de media superior con alrededor de 4 mil millones de pesos y el de Jóvenes Escribiendo el Futuro que sobrepasa los mil millones de pesos. En conjunto suman casi 42 mil millones de pesos.

 

Los 600 millones que tienen presuntas irregularidades son muchos pesos, pero representan alrededor del 1.4 por ciento del presupuesto conjunto de los tres programas mencionados. El manejo del presupuesto público tendría que ser pulcro; hasta el destino de un peso debería estar claro. No obstante, la fiscalización de los recursos, aunque indispensable, no basta para determinar si los programas cumplen sus finalidades ni qué efectos producen.

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coordinaba la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social. Era un Consejo que no era autónomo, sino un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, pero, de todas formas fue extinguido en 2025,

 

Ahí se perdió la posibilidad de valorar el funcionamiento y los resultados de los programas sociales. Una de las últimas publicaciones del Coneval fue, precisamente, una evaluación de impacto del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.

 

Hoy no tenemos, desde el ámbito gubernamental, una evaluación confiable de sus programas sociales. Deberíamos exigirla.

El papa en la UNESCO

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1157, octubre 1 de 2026, pág. 4)

 

El director de la Unesco, Khaled El-Enany, invitó al papa León XIV a la sede de la organización en París, Francia. El pontífice es un guía espiritual, pero su visita oficial de la semana pasada va más allá del sentido religioso, tanto por las características de la organización a la que acudió como por el discurso que pronunció.

 

El pontífice, además de ser un líder religioso, es jefe de Estado del Vaticano y una voz relevante en el mundo, pero no es frecuente su presencia en una organización como la Unesco. Esta última, como se sabe, es la agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas para promover la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

 

En 1980 Juan Pablo II visitó la Unesco; en ese entonces fue invitado por su activismo y su reconocida autoridad moral. De aquel discurso perdura la frase: “La educación consiste, en efecto, en que el hombre llegue a ser cada vez más hombre, que pueda ‘ser’ más y no sólo que pueda ‘tener’ más” (02.06.1980 y aquí se puede ver: t.ly/cez0h).

 

Ahora, la presencia del papa León XIV en la Unesco parece estar motivada por los riesgos que se advierten en el uso creciente e incierto de la tecnología y de los algoritmos, en especial por los efectos que puede tener en niños y jóvenes. Una preocupación compartida por los gobiernos nacionales y por las familias.

 

Las expresiones del papa León XIV fueron elocuentes e ilustrativas de los desafíos de la tecnología. Pero, en realidad, no es la primera vez que se pronuncia al respecto. Seguramente, lector, lectora, recordará que hace apenas cuatro meses presentó su primera carta encíclica Magnifica humanitas y cuyo subtítulo es “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial” (aquí la puede consultar: t.ly/7lCJ0)

 

Las encíclicas son documentos oficiales en los que un pontífice expresa su pensamiento sobre la fe, la moral y la vida social, no solamente dirigido a la comunidad católica, también a toda la sociedad. La Magnifica humanitas se integra por casi medio centenar de páginas, divididas en cinco capítulos y 245 párrafos.

 

Uno de los puntos más relevantes de la encíclica es el que se refiere a la tecnología. Por ejemplo, destaca que esta debe estar al servicio de la persona y no convertirla en un objeto. La inteligencia artificial, se anota en el documento, no es neutral: puede educar y aliviar sufrimientos, pero también puede producir exclusión, injusticia y concentración de poder. La orientación de la tecnología depende de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan.

 

Una concentración de poder que tiene sus peligros: “el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es prerrogativa de los Estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las mismas posibilidades de participación” (párrafo 95).

 

El pontífice, en su reciente discurso en la Unesco, reiteró las amenazas que se ciernen sobre el mundo y la importancia de poner la inteligencia artificial y el avance tecnológico al servicio de la humanidad. Pero su eje fue el papel de la educación, la ciencia y la cultura para la convivencia internacional.

 

León XIV destacó la situación paradójica en la que nos encontramos: las tareas que realizabamos se las hemos delegado a las máquinas, al punto de llamar inteligencia a sus actividades, pero “mientras se atribuye ‘inteligencia’ a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas” (25.09.2026).

 

El llamado del papa es a la cooperación, sin desconocer la diversidad de perspectivas, pero sí a la búsqueda de una convergencia de visiones y armonía para la acción. El pontífice utilizó dos imágenes bíblicas para ilustrar el dilema: la Torre de Babel y la plaza pública de Pentecostés.

 

En la primera, donde la humanidad busca construir unidad a través de la imposición y termina dividida; en la segunda, donde la diversidad de lenguas no desaparece, pero puede convertirse en comprensión y encuentro. “No es la dominación de Babel, sino la paz de Pentecostés, la que hace posible esta comunión entre todos los pueblos”, puntualizó el papa.

 

La idea, precisó el pontífice, no es eliminar las diferencias culturales, lingüísticas o nacionales, sino lograr la cooperación en vez del conflicto. Tampoco se trata de un optimismo ingenuo que ignora las dificultades, sino de perseverar en la búsqueda del bien común.  Palabras dirigidas especialmente a los jóvenes.

 

El actual desafío de la tecnología, como se podrá advertir, convoca al mundo entero a  pronunciarse y el papel de la educación, de los sistemas educativos, es insoslayable.

 

Pie de página: Este 29 de septiembre se cumplieron 20 años de que el Consejo Universitario de la UNAM aprobó el cambio de denominación de Centro de Estudios sobre la Universidad a Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Las primeras dos décadas de mi Instituto. 

 

Secihti: marco normativo desactualizado y programas diferentes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1156. Septiembre 24, 2026)

 

La situación de la Secretaría de Ciencia (Secihti) es peculiar: sigue operando con la misma ley general diseñada para el anterior Conacyt –cuando era un organismo descentralizado–, con una asignación presupuestal relativamente similar y con dos programas diferentes.

 

Desde el punto de vista normativo, no es lo mismo una secretaría de Estado que un organismo público descentralizado. La primera forma parte de la administración central; el segundo de la administración paraestatal. Tienen una personalidad jurídica diferente. Una secretaría tiene una dependencia y relación directa con la persona titular del poder ejecutivo federal, mientras que un organismo descentralizado es tutelado por una secretaría.

 

Tal vez ese antecedente como organismo descentralizado de la actual Secihti explica su escaso control del presupuesto del sector y la dispersión del presupuesto en distintas secretarías. Ocurría antes y sigue ocurriendo ahora. Lo anotamos en este Acelerador de Partículas la semana pasada: actualmente, la Secihti concentra alrededor del 22 por ciento del total del presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas (Campus Milenio No. 1155).

 

Si el anterior Conacyt ahora es una secretaría de Estado, lo indicado sería que se apegara a las normas de su nuevo estatus administrativo. ¿O parece adecuado que la Secihti, la de Educación, o cualquier otra, delegue su presupuesto y responsabilidad primordial en otras secretarías? No. Sin embargo, eso pasa en la Secihti.

 

El asunto es que ajustar el marco normativo implicaría un cambio mayor en la orientación de todo el sector y, muy importante, una nueva ley general. La norma vigente se refiere todavía al Conacyt; fue aprobada casi al final del gobierno anterior, en mayo de 2023. En este mismo espacio, en su oportunidad, dimos cuenta de sus fallas, las impugnaciones que hubo y la acción de inconstitucionalidad que todavía persiste. Sin embargo, pese a todo, sigue vigente.

 

Al elevar a rango de secretaría de Estado al Conacyt, al inicio del actual periodo de gobierno, era obvio que no podía conservarse el mismo marco normativo y menos la misma ley general. Pero no. No estuvo en la agenda del Congreso en el primer año legislativo, ni en los subsecuentes.

 

Incluso la Suprema Corte de Justicia, en su actual composición, agendó en una ocasión el tema de la controversia constitucional sobre la ley general de ciencia y, al final, no lo abordó. No volvió a aparecer en el orden del día. Todo permanece de la misma forma.

 

¿Por qué debería ser relevante cambiar el marco normativo? Porque se refiere a un organismo que es cabeza de sector, pero ya no tiene la misma personalidad jurídica. Y, sobre todo, porque la ley general vigente arrastra múltiples problemas que se anotaron desde su diseño mismo. La denominación de Consejo o secretaría es lo de menos, lo más relevante son las atribuciones y responsabilidades.

 

Por ejemplo, a propósito de la distribución y dispersión del presupuesto para el sector, la ley general vigente establece que se debe emitir un Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (artículos15 yss). Una responsabilidad que se le adjudicó al entonces Conacyt desde el año 1999 y que heredó la Secihti.

 

La denominación de programa especial, según la Ley de Planeación, se reserva a aquellos  programas que son prioridad para el desarrollo del país y que incluyen actividades en las que están involucradas dos o más dependencias de la administración pública federal (artículo 26). Un caso que parecía apropiado cuando la cabeza del sector era un organismo descentralizado, con menor estatus normativo.

 

Además, la misma norma de Planeación, establece que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento base de la administración gubernamental, se debe indicar qué programas especiales se deben elaborar. Y sí, en el PND de la actual administración hay siete programas especiales y entre ellos está el de ciencia y tecnología.

 

La actual Secihti publicó hace un año el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 (DOF, 17.09.2025) y el pasado mes de mayo el Programa Especial correspondiente (DOF, 18.05.2026). Dos documentos programáticos y, sin embargo, en la distribución presupuestal para las actividades principales, no controla el mayor volumen de recursos financieros.

 

La semana anterior, en este mismo lugar, anotamos que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para las actividades científicas y tecnológicas del año próximo incluía, por primera vez, objetivos que no eran los del programa sectorial ni los del PND. En efecto, no son coincidentes con los planteados en esos documentos.

 

Sin embargo, sí corresponden a los objetivos del Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030. Como podrá notarse, la nueva Secihti tiene dos programas con distinta lógica: uno como secretaría de Estado y otro como si fuera un organismo transversal de la administración pública.

 

Lo paradójico es que la Secretaría no controla ni ejerce la mayor proporción de los recursos financieros del sector que está bajo su responsabilidad. La distribución de su presupuesto conforme a los objetivos de un programa especial permitirá valorar el ejercicio de esos recursos, pero no tiene la palanca del presupuesto ni modifica los montos asignados.

 

Pie de página: El principio de realidad se le impone a la anterior directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla: retiró su candidatura para el emeritazgo. // Depués de la crisis del examen de admisión, la UNAM realiza cambios a su estructura administrativa. ¿son importantes o suficientes? Aquí los revisaremos. Atentos.

Presupuesto científico y tecnológico: ¿nuevos objetivos y estructura diferente?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1155, septiembre 17 de 2026, pág. 4)

 

Una de las novedades del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2027 es que, por primera vez, añade una especie de objetivos para clasificar la distribución de los recursos en aquellos programas y secretarías que involucran la participación de más de una dependencia gubernamental.

 

Lo sorprendente es que esos objetivos no corresponden, en estricto sentido, a los que se incluyen en los programas sectoriales correspondientes, ni a los indicadores o estrategias que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

 

Tal vez, aunque no se indica en el PPEF, la intención es experimentar en una escala más acotada con el conocido Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación (PPBS, por sus siglas en inglés) que el gobierno estadounidense utilizó en los años sesenta y que pocos años después canceló por su complejidad e inoperancia.

 

Otra posibilidad es que se busque alinear con mayor precisión el presupuesto público con las acciones que permitirían mostrar el cumplimiento de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Pero veamos cómo clasifica el gasto en ciencia y tecnología en el PPEF. El presupuesto previsto para estas actividades en el año próximo, en cifras redondas, suma poco más de 193 mil millones de pesos, mientras que en este año tiene asignados 164 mil millones. Es decir, le añadirán casi 29 mil millones más, en términos reales el incremento representaría 14 por ciento.

 

A su vez, de los 193 mil millones de pesos, la Secretaría de Ciencia (Secihti), el ramo 38, la cabeza del sector, tendría poco más de 42 mil millones. Una cantidad que representa, en términos nominales, casi 5 mil millones más de los obtenidos en este año. En términos reales, descontando el efecto de la inflación, significa un aumento de 9.5 por ciento.

 

Además, aunque la Secihti realiza las principales actividades científicas y tecnológicas, no concentra la mayor proporción del presupuesto para esos propósitos. Su monto representa el 22 por ciento de los 193 mil millones, mientras que los recursos destinados a la SEP para objetivos similares suman 119 mil millones y representan el 62 por ciento de la cantidad total.

 

En resumidas cuentas, la Secihti no ejerce el mayor volumen del presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas. Si se aprueba el proyecto del gobierno federal tal y como está habrá un incremento de recursos en términos reales, pero es menor para la Secihti y mayor para otras dependencias que realizan actividades con propósitos similares.

 

Veamos ahora cómo se propone distribuir el presupuesto del sector. El PPEF plantea cuatro objetivos y asigna montos en cada uno. El primero busca promover la generación de conocimiento y contribuir a su producción en contextos locales y globales; le asigna 137 mil millones. El segundo señala la necesidad de consolidar la coordinación intersectorial para impulsar el desarrollo científico y tecnológico, y tiene 2 mil 706 millones de pesos.

 

El tercer objetivo se refiere a la reducción de la dependencia tecnológica y le destina 9 mil 706 millones. Por último, el cuarto, indica la articulación, coordinación y cooperación del sistema científico y tecnológico con dependencias, entidades federativas y los sectores público y privado, para ese propósito suma 44 mil millones de pesos.

 

Como se podrá notar, el primero y el cuarto objetivo concentran la mayor cantidad de recursos: 71 y 32 por ciento, respectivamente. ¿Qué dependencias y qué programas incluyen?

 

El primer objetivo considera la participación de una docena de secretarías; la SEP es la que tiene el papel más relevante en servicios de educación superior y de posgrado, así como en actividades relacionadas con investigación científica y tecnológica. La Secihti también participa en la oferta de espacios de educación superior, pero principalmente en la asignación de becas de posgrado y en los incentivos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

 

Vale la pena hacer notar que los objetivos son nuevos, están relacionados con los documentos programáticos, pero no son lo mismo. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en un eje transversal para el sector se precisa: “Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana” (DOF 15.04.2025). Un propósito muy distinto.

 

Los nuevos objetivos tampoco son iguales a los que aparecen en el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 (DOF 17.09.2025). Ni son una síntesis de los mismos, estos últimos destacan la formación altamente especializada, los principios de igualdad, el impulso a la investigación básica y aplicada, o el desarrollo tecnológico, por ejemplo.

 

En la siguiente entrega veremos las cifras en detalle del PPEF, por lo pronto registremos los nuevos objetivos, el cambio en la clasificación del presupuesto y el bajo volumen del presupuesto sectorial que controla directamente la Secihti. Los diputados tendrán la última palabra el próximo mes de noviembre.

 

Pie de página: Ilustrativo, muy ilustrativo lo que le ocurrie a Elena Álvarez-Buylla, anterior titular del Conacyt, busca el emeritazgo en la UNAM y encuentra lo que sembró: un rechazo casi unánime de sus pares más cercanos.

México: ¿potencia científica y de innovación?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99@gmail.com

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1154. Septiembre 10, 2026)

 

A diferencia de lo que ocurre en el campo educativo, el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el sector científico y tecnológico no parece estar al alcance durante su periodo de gobierno y tal vez ni siquiera en el mediano plazo.

 

El 1 de octubre de 2024, en el Zócalo capitalino, la presidenta leyó sus 100 compromisos y el número 33 prometía: “Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales y las humanidades” (01.10.2024). No era un discurso improvisado, ni una promesa de campaña, sino un compromiso que forma  parte del inventario de acciones de gobierno a la espera del corte de caja.

 

En aquel entonces Sheinbaum añadió que ya estaban en marcha los trabajos para fabricar el auto eléctrico Olinia, un automóvil pequeño, de acceso popular, “100 por ciento diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas, y ensamblado totalmente en nuestro país”.

 

Además, la presidenta sumó otros proyectos: el Programa Espacial Mexicano; el desarrollo de semiconductores; la producción de litio con tecnología propia; la instauración de una fábrica de software público y un centro de ciberseguridad.

 

El conjunto de proyectos estaba centrado más bien sobre el desarrollo tecnológico –no en el desarrollo científico–, pero sonaba bien y parecía prometedor. Sobre todo, después del catastrófico periodo del gobierno anterior, que no solamente retrocedió en casi todos los indicadores de desempeño, sino que también provocó un desastre en las relaciones entre autoridad y comunidad, lo mismo que en la cooperación público-privada.

 

Dos años después, ¿qué ha ocurrido con las intenciones? La misma presidenta, en su mensaje con motivo del segundo informe de gobierno, sintetiza logros de una veintena de proyectos de “innovación soberana” (01.09.2026). Por ejemplo, puntualizó que el vehículo eléctrico Olinia ya ingresó a la fase de producción.

 

Tal vez las etapas previas de Olinia no han sido fáciles, incluso con la cooperación del sector privado que en este periodo ya fue reincorporado. Pero lo cierto es que falta lo más complicado: trasladar el diseño a una industria automotriz altamente competitiva, con un modelo que sea económicamente viable, y asegurar su producción nacional.

 

Uno de los problemas es que no todos los componentes se fabrican en el país, así que la cadena de suministro será el mayor obstáculo, y lo reconoce la industria nacional de autopartes (Expansión 05.09.2026).

 

También reportó la presidenta que los otros proyectos siguen avanzando; se refería al diseño de semiconductores, los satélites de observación, el Sistema Metaocéanico  de Monitoreo Climático y Protección Civil, la producción de un dron o los de tecnología informática. Cada proyecto tiene sus matices, pero aceptemos que todavía estamos en el primer tercio del periodo de gobierno y es relativamente pronto para mostrar resultados contundentes.

 

¿Y sobre México como potencia científica? La presidenta indicó: “hemos incrementado en 193 por ciento los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70 por ciento las becas al extranjero y en 23 por ciento las estancias posdoctorales”.

 

La comparación es favorable con el periodo anterior: los proyectos de investigación respaldados con fondos gubernamentales en el último año de la gestión anterior sumaron 602 y en este año pasaron a poco más de 2 mil. Sin embargo, a precios corrientes, el monto de recursos para proyectos prácticamente es el mismo: en el 2024 fue de 28 mil 259 millones de pesos y en este año es de 28 mil 701 millones de pesos (Anexos estadísticos del Segundo Informe de gobierno). Si consideramos el efecto de la inflación, hoy son menos recursos.

 

Una comparación similar se puede hacer en el caso de las becas al extranjero. La presidenta indicó que crecieron en 70 por ciento, pero en realidad aumentaron todavía más. El último año del sexenio anterior el gobierno federal otorgó 750 becas nuevas para estudios de posgrado en el extranjero y en el primer año de este periodo otorgó mil 672, o sea, más que duplicó la cifra.

 

Lo notable es que no destacó la cifra de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNII), uno de los indicadores que experimentó un crecimiento notable en el sexenio anterior y continúa aumentando en el actual. En 2018 sumaban 28 mil 633 integrantes y en 2024 llegaron a 43 mil 923; este año la cifra llega a casi 48 mil.

 

Sin embargo, ni los proyectos en marcha ni los indicadores permiten anticipar que México podría ser una potencia científica y de innovación. Los proyectos podrán ser emblemáticos en los medios, pero no van a remolcar ni a proyectar un sector que representa un gasto en investigación científica y desarrollo experimental (Gide) de 0.26 por ciento respecto al PIB, y una participación relativa de la industria de apenas 13 por ciento. Considérese solamente que ese mismo indicador alcanza un promedio de 0.60 por ciento en los países de América Latina.

 

Pie de página: Voy a extrañar, vamos a extrañar, y mucho, a Roberto Rodríguez, el brillante y muy apreciado vecino de estas páginas de Campus. Un académico de alto nivel que siempre tenía algo novedoso que decir, pero, sobre todo un amigo muy querido y entrañable. Una lágrima por su partida.