Agenda legislativa: los agujeros en la ley de ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1125. Febrero 5, 2026, pág. 4)

 

No tiene mucho sentido detenerse en los estertores en tribunales de Romero Tellaeche, el anterior director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Por lo demás, como lo reportó Rubén Mosso en estas páginas de Milenio, un juzgado federal le rechazó un amparo provisional y este viernes 6 de febrero habrá una audiencia para una resolución definitiva (Milenio 29.01.2026). No habrá mucho más.

 

Tampoco vale la pena, como lo anotamos la semana pasada en este Acelerador de Partículas, detenerse en la filtración que ocurrió alrededor del cambio de titular del Cide. En todo caso, revela fallas en la operación política del sector. (Campus Milenio No. 1124).

 

Sin embargo, hay otro aspecto más notable en el episodio del Cide que sí conviene tener presente, no solamente para la conducción de los centros públicos, sino principalmente para la gestión del sector y para la rendición de cuentas. Se trata del marco normativo para regular el funcionamiento del sistema científico y tecnológico.

 

Por ejemplo, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) informó en comunicado público que la decisión de cambiar a la persona titular del Cide -sí, así, de forma impersonal- se sustentaba en el incumplimiento de sus responsabilidades administrativas.

 

Textualmente precisó que la decisión del “cambio” se debió a que, conforme a la ley general en la materia y el estatuto del Centro, el anterior director no presentó “el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno” (Comunicado 7/2026).

 

Desde luego, es grave que en el gobierno del Cide, y de cualquier otra institución, la persona titular sea la primera en quebrar sus normas. Sin embargo, con independencia del alcance de la falta, lo notable es que la justificación pública de la autoridad llegó dos días después de que el anterior director general publicara en redes sociales su inconformidad y puntualizara que normativamente la remoción excluye las decisiones informales o los acuerdos políticos (26.01.2026).

 

Ahora se entiende la demora de la autoridad del sector y por qué subrayó el incumplimiento de responsabilidades administrativas de Romero Tellaeche. Lo sorprendente es que no invocara el artículo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Lgmhcti) que la faculta para remover, sin más, a los directores de los centros públicos.

 

El capítulo III de la ley general de ciencia, referente a los órganos de los Centros Públicos y, en especial, el último párrafo de su artículo 95 establece las causales para remover a las personas titulares e indica: “Asimismo, las personas titulares de las Direcciones Generales o equivalentes podrán ser removidas por la persona titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda”.

 

Seguramente habrá una argumentación política y jurídica razonable para la omisión de este artículo en la justificación que dio la autoridad sobre la remoción en el Cide. Pero lo que conviene notar es que la ley general del sector sigue sumando dificultades, bien por lo que establece o por lo que omite. No se trata solamente de los centros públicos.

 

Aparte de que la ley general tiene fallas de origen y se refiere a un Conahcyt que ya no existe, la autoridad tiene dificultades para compaginar lo que prescribe con la orientación del sector. Por ejemplo, ahí está la operación del Sistema Nacional de Posgrados, lo mismo que la complicada relación con el sector privado, cuya participación en el financiamiento de las actividades es poco significativa. O bien, las instancias de contacto y colaboración con la comunidad sectorial y las entidades federativas.

 

La ley general tampoco es un referente para las obligaciones de la ahora secretaría de Estado. La norma indica que debe elaborar un Programa Especial en la materia, el denominado Peciti, pero la autoridad solamente presentó un programa sectorial (DOF.17.09.2025). También establece que la cabeza del sector debe emitir anualmente un “informe nacional sobre el estado general” del sector (fracción XXVII del artículo 63). Sin embargo, hace cuatro años que no lo publica.

 

En fin, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2023 tiene que pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la ley general de ciencia, pero todavía no resuelve. El detalle es que antes debe revisar dos centenares de expedientes sobre otras controversias (Expediente360/2023). Va para largo.

 

Tampoco hay ninguna iniciativa de reforma a la ley general de ciencia en el Congreso y los legisladores más bien están ocupados con la reforma electoral en marcha y sus altas responsabilidades. Por el momento, ni hablar de cosas menores.

 

Sin embargo, ya es hora de que la reforma a la ley general de ciencia esté en la agenda legislativa, en lugar de soslayar las fallas y de tapar los inocultables agujeros del marco normativo.

 

Pie de página: En Brasil, el Examen Nacional de Evaluación de la Formación Médica (Enamed) mostró que una parte significativa de los estudiantes de último año no posee los conocimientos mínimos necesarios. Tomemos nota.

 

CIDE: el largo invierno institucional

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1124. Enero 28, 2026)

 

La filtración del documento que designaba a la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) provocó reacciones en cadena en los medios. La mayoría para festinar la salida de Romero Tellaeche -director en funciones- y solo unas excepciones para lamentarlo. El oficio estaba fechado el 27 de enero del presente, pero apareció en redes sociales el día previo.

 

Tal vez la filtración fue lo de menos, lo más relevante es que la institución pública especializada en políticas públicas y desarrollo económico y social, parece salir de un prolongado invierno en el que la colocó la misma autoridad sectorial.

 

Ahora, cuando los desafíos de la geopolítica son mayúsculos, está en puerta una complicada negociación comercial con dos naciones y el crecimiento económico es uno de los problemas urgentes a resolver, la administración gubernamental advierte la necesidad del esfuerzo colectivo y se percata de que ese centro público no forma parte de su inventario de expertos. 

 

Las opiniones sobre lo que ocurrió en el Cide, en el periodo de gobierno anterior, han sido expresadas en múltiples ocasiones en este mismo lugar y en muchos otros. Lo sorprendente es que no había ninguna variación en el periodo actual: el Centro siguió invernando a la suerte de los humores de su director. Lo confirmó la operación de la titular de la secretaria de ciencia, Rosaura Ruiz, cuando intentó nombrar a un integrante del consejo directivo del mismo Cide y al final dio marcha atrás.

 

¿Lo recuerda? El nombrado era Sergio Aguayo Quezada y él mismo, antes de integrarse al consejo directivo, hizo pública en redes sociales la invitación que recibió de la titular Rosaura Ruiz (A100/206/20.06.2025). Aguayo es investigador del Colegio de México, misma institución de procedencia de Romero Tellaeche. Sin embargo, este último se opuso a la integración, argumentando alteración en los plazos del nombramiento.

 

Total, con la pena, una semana después de la invitación, el jurídico de la secretaría de ciencia envió un oficio a Aguayo para informarle que siempre no. El nombramiento quedaría sin efecto porque la normatividad no lo permitía. Romero 1-0. Un marcador que levantó cejas, exhibía la impericia de la gestión y el caso perdido del Centro. Después ya no se informó qué ocurrió con la sustitución del consejero.

 

Romero fue por más. En un artículo periodístico se refirió de forma explícita a la secretaría de la que depende el Cide. Como se recordará, al iniciar el actual periodo de gobierno, la presidenta Sheinbaum ajustó la estructura de la Administración Pública Federal, entre ellos creó la secretaría de ciencia en lugar del anterior Conahcyt.

 

El entonces director del Cide, en referencia al actual gobierno y en una evidente disonancia cognitiva de cómo llegó a convertirse en directivo, escribió: “Se reparten cargos, se reinventan dependencias, se cambian logos, papelería y nombres de programas como si el simple gesto de borrar lo anterior garantizara el futuro […] Los cargos se distribuyen como recompensa y la lealtad se mide por la cercanía, no por la competencia. Cada administración barre con los cuadros anteriores, desmantela equipos técnicos, desecha diagnósticos y rehace instituciones” (La Jornada 10.10.2025).

 

La coexistencia con la autoridad del sector iba de mal en peor, pero públicamente no trascendieron más episodios. Todo parecía indicar que el invierno para la institución continuaría, al menos, hasta el final del periodo de Romero Tellaeche. Según la norma del Cide los directivos duran en el cargo cinco años y pueden ser nombrados por un periodo más. Romero fue ratificado en su puesto en noviembre de 2021, así que debía concluir su primer periodo en ese mismo mes de este 2026.

 

Pero no. Algo ocurrió que llevó a la secretaria Ruiz a nombrar una directora interina para el Centro antes de cumplirse el periodo de Romero. Seguramente el marcador previo y la lista de agravios gravitaron en el ánimo. Sin embargo, quizás lo más decisivo fue que el gobierno no podía contar con la institución cuando más necesita de su expertise. 

 

El día 17 de este mes, la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete se reunieron con ocho especialistas en materia económica para escuchar sus opiniones y perspectivas sobre el crecimiento económico nacional. El grupo de académicos provienen de la UNAM, la UAM, el Colmex, el Cide -sí, del mismo centro público-, el Tec de Monterrey y el Consejo Mexicano de Negocios.

 

Los especialistas fueron invitados desde el pasado mes de diciembre (Reforma 25.01.2026) y es obvio que fueron convocados en su calidad de expertos, aunque no representan las opiniones de sus respectivas instituciones. Una reunión de este tipo es fundamental entre las medidas que puede adoptar el gobierno en turno. Aunque no ocurre por vez primera y no es excepcional, como se ha sugerido; en el pasado se han verificado otras.

 

No obstante, por la coyuntura presente, cuando se precisa hacerle un lugar al conocimiento técnico y sumar esfuerzos para hacer frente a los retos económicos, definir posiciones en la geopolítica y trazar escenarios, es el tiempo de revalorar el papel de las instituciones académicas. Y sí, ya es hora de que concluya el largo invierno del Cide; un centro altamente especializado. Ya veremos.

 

Pie de página: Los jóvenes que egresaron de las Universidades Benito Juárez siguen denunciando el retraso en la entrega de sus títulos universitarios y el problema crece. Otro síntoma más de lo que ocurre en el programa. Pero los planteles siguen expandiéndose.

Liderazgo en declive en tiempos convulsos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1123. Enero 22, 2026, pág. 4)

 

La combinación de medidas en marcha del gobierno estadounidense tendrá un efecto en la movilidad académica internacional y acelerará el declive de su liderazgo tanto en el terreno educativo como en el científico y tecnológico. No es un punto de quiebre repentino, es una tendencia de hace décadas.

 

Desde el año pasado, el gobierno estadounidense, en el ámbito doméstico, endureció su posición. Ahora, en la tesitura de establecer una nueva posición geopolítica y una distribución hemisférica, Trump ordenó el retiro de los Estados Unidos de más de medio centenar de organismos internacionales (memorando del 07.01.2026: t.ly/iD6t3) y desplegó una agresiva política migratoria.

 

Las 66 organizaciones internacionales de las que Estados Unidos se separó no son, en sentido estricto, instituciones de investigación científica y tecnológica (Campus Milenio No. 1122). Son 35 organizaciones que no pertenecen a la ONU y otras 31 que sí lo son, pero todas ellas son de interés colectivo y de cooperación. Los efectos del aislamiento no serán inmediatos, pero acelerarán la pendiente del descenso científico estadounidense.

 

Un análisis reciente de la producción de artículos científicos de alta calidad muestra que, desde el 2024, por primera vez, Estados Unidos ya no encabeza la lista de naciones sobresalientes (“China’s Historic Rise to the Top of the Scientific Ladder”. 10.24.2025). No es, como apunta la autora del estudio, Caroline Wagner, un dato más que se puede tomar a la ligera o que sea solamente pura cantidad.

 

Se trata del Nature Index, un indicador que mide la colaboración en investigación a nivel mundial y el número de artículos publicados en 145 revistas con los estándares más altos en las áreas de biología, química, física y ciencias de la salud. Incluye revistas como Cell, Nature, Science o Physical Review Letters.

 

Según los datos que reporta Wagner, Estados Unidos, todavía en el 2020, tenía el mayor número de publicaciones en el Nature Index: 29 mil 172; le seguía China, en segundo lugar, con 19 mil 97. Una ventaja sobresaliente. No obstante, señala la autora, desde entonces la producción China creció a tasas de 18 por ciento anual, mientras que la tasa del puntero fue de 2.3 por ciento.

 

En 2023, la diferencia entre las dos naciones ya era mínima y en 2024 el país asiático “tomó una ventaja decisiva, en parte gracias a los repatriados que ahora publican en China”. No solamente es el volumen de artículos, es investigación reconocida internacionalmente de alta calidad, en especial en ciencia de materiales, computación cuántica o energías renovables. Cierto, Estados Unidos todavía conserva ventaja en ciencias biológicas y de la salud.

 

Al mismo tiempo, las estadísticas de la UNESCO -sí, el organismo del que Estados Unidos se retiró- permiten ver la tendencia de la movilidad internacional de estudiantes. Entre el año 2000 y el 2022 el número de estudiantes internacionales de nivel superior se triplicó: pasó de 2.1 millones a 6.9 millones (“Higher education: figures at a glance”, 2025).

 

Más de la mitad del total de estudiantes internacionales estaban matriculados en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá, Francia y China. Pero los estadounidenses concentraban la cifra más alta de estudiantes (casi un millón) y su capacidad para atraer estudiantes talentosos no tenía competencia.

 

¿La tendencia se modificará? Desde el 2005, cuando el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) registró poco más de 590 mil estudiantes internacionales en Estados Unidos, la tendencia fue creciente, con una sostenida ventaja sobre el resto de los países. Sin embargo, a partir del 2017 la curva se aplanó -precisamente en el primer periodo del presidente Trump-, luego registró un descenso en 2021 y nuevamente repuntó en el año 2022 y 2023.

 

Seguramente, como ocurrió con la producción científica, las tendencias cambiarán. El Reino Unido muestra, desde el 2020, un ascenso en las preferencias de los estudiantes internacionales y en el 2023 registró una matrícula de 748 mil de este tipo de estudiantes. Una cifra cada vez más cercana a la que presenta Estados Unidos.

 

Además, si añadimos los cambios en la política migratoria de la administración Trump y las impactantes imágenes que circulan en los medios sobre los atropellos y la arbitrariedad del personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la detención de inmigrantes, lo más probable es que no se vea ya como el mejor país para estancias académicas. El liderazgo va en caída libre.

 

Pie de página: A propósito del desplegado de Anuies sobre el insuficiente presupuesto de 2026 para las universidades, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum si era cierto que les habían reducido el presupuesto. Y ella respondió: “No hay reducción… no hay disminución”. El problema, como lo apuntó Roberto Rodríguez aquí, en Campus, es que el gasto público por alumno en educación superior pasó de “78 mil 700 pesos anuales en 2018 a 46 mil pesos en 2024, una reducción cercana al 42 por ciento”. Nada más.