domingo, 8 de marzo de 2026

El escollo de la informalidad laboral: desafío educativo y de género

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

(Publicado en Campus Milenio No. 1129. Marzo 5, 2026, pág. 4)

 

La informalidad laboral es uno de los factores a resolver si México busca sentar las bases para un crecimiento sostenido y de largo aliento. No es la única condición, pero sí es indispensable para crecer. El problema está relacionado con el sistema educativo y también con el papel que tienen las mujeres.

 

Desde noviembre del año pasado, a propósito de las cifras mensuales del Inegi sobre ocupación y empleo, hicimos notar algunas de las dificultades que vienen aparejadas con un alto volumen de empleo informal. No es menor: en México, más de la mitad de los empleos están fuera del sector formal (Campus Milenio No. 1114).

 

El reciente estudio económico de la OCDE (Economic Surveys: Mexico 2026) también enfoca el problema de la informalidad laboral. Por una parte, prevé un crecimiento del PIB para este año de 1.4 por ciento y de 1.7 por ciento para el año próximo. Y sí, los números parecen prometedores, sobre todo porque venimos de un crecimiento de 0.7 por ciento en el 2025.

 

Por otra parte, las cifras de crecimiento son coincidentes con los reportes iniciales del Banco de México y los primeros indicadores del Inegi de este año. Sin embargo, el desarrollo no será automático ni se producirá pase lo que pase.

 

El mismo estudio económico del organismo internacional sugiere poner en marcha iniciativas fiscales para atender el déficit que arrastramos, también reducir la informalidad laboral y acelerar una transformación digital, entre otros aspectos contingentes.

 

La informalidad laboral a nivel nacional está profundamente arraigada. Las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo sobre el mercado laboral mexicano muestran que alcanza una proporción de 54.9 de la población ocupada; esto representa más de la mitad del total y suma casi 33 millones de personas (Inegi. Boletín 26.02.2026).

 

México tiene la segunda posición en tasa de informalidad laboral en los países de la OCDE y, a nivel de América Latina, está entre los de mayor volumen, solamente debajo de Colombia y Perú. La aparición del problema es multifactorial, pero, como se anota en el estudio, una estrategia para tratar de reducirla debe incluir diferentes áreas de política pública.

 

La educación es un área insoslayable. Los datos muestran que las tasas de informalidad laboral son arriba del 60 por ciento para las personas que solamente tienen secundaria y todavía mayores para las que no completaron su educación básica. También es notorio que la informalidad es mayor en las entidades federativas con los mayores rezagos.

 

Pero la informalidad laboral no es privativa de las personas con baja escolaridad; los jóvenes con estudios universitarios tampoco escapan a las dificultades. Según los cálculos del estudio: alrededor del 30 por ciento de los egresados de la educación superior se desempeña en el sector informal (pág. 57).

 

Así que el problema es más complejo de lo que parece; implica la calidad y pertinencia de la educación, lo mismo que las habilidades y competencias adquiridas por los jóvenes o las especialidades profesionales. No solamente. También está el desempeño de los profesores y el comportamiento del mercado laboral.

 

La publicación de la OCDE recomienda no solamente ampliar el número de egresados de nivel superior -dado que las personas entre los 25 y 34 años con ese nivel no llegan al 30 por ciento-, sino también una mejor alineación entre los programas educativos y las demandas del mercado laboral.

 

Sin embargo, como desde los años noventa se ha documentado de forma reiterada, no han sido suficientes los rediseños curriculares ni la instauración de instituciones educativas con orientaciones específicas. En buena medida porque las señales del mercado se demoran, son contradictorias y cambian rápidamente.

 

Además, a pesar de que se conoce la saturación existente en una decena de carreras profesionales, los jóvenes orientan ahí sus preferencias vocacionales. La persistencia de este comportamiento se ha explicado por la flexibilidad laboral que les permite tales profesiones y por su mayor capacidad de adaptación.

 

Por su parte, las mujeres, en comparación con los hombres, enfrentan mayores obstáculos para el empleo formal, en buena medida debido a las dificultades para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades no remuneradas que atienden, como el cuidado infantil o el de adultos mayores, o bien, por la ausencia de un respaldo sostenido para sortear la jornada laboral.

 

En fin, el problema no solamente está localizado en el terreno educativo, pero vale la pena trazar las coordenadas en las que se moviliza.

 

Pie de página: La Secihti negó un ciberataque a su sistema de pagos; pronto veremos si se confirma su versión o, por el contrario, la información que circula en redes sociales. // Por si hiciera falta, el gobierno estadounidense abrió otro frente de batalla, ahora con una compañía de IA.

viernes, 27 de febrero de 2026

La Corte y el desamparo de la ley de ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1128. Febrero 26, 2026)

 

Tal vez, estimada lectora, estimado lector, recordará que, al inicio de este mes, en este Acelerador de Partículas, comentamos las dificultades con la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación (Lgmhcti). Dificultades tanto por lo que prescribe como por lo que omite; grandes agujeros normativos (Campus Milenio No. 1125).

 

El caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn), después de casi tres años, se percata de que tiene en sus cajones el expediente sobre la controversia constitucional de la ley de ciencia -digámosle así a esta última para evitar las siglas y ese nombre tan largo como inútil- y los juicios de amparo no se resolverán mientras no se pronuncie al respecto.

 

Sin embargo, la Corte todavía no analiza la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la ley de ciencia y tampoco tiene previsto cuándo hacerlo: la Corte se tomará su tiempo, probablemente un largo tiempo, los tribunales no resolverán sobre los amparos que tienen en el escritorio y, por lo pronto, los tribunales y los quejosos seguirán esperando.

 

Porque el pleno de la Corte, a través de un acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación, les informa a los Tribunales Colegiados de Circuito que aplacen sus sentencias sobre los amparos en curso, hasta que el “Alto Tribunal establezca el o los criterios respectivos, y se emita el Acuerdo General Plenario que corresponda” (DOF. 16.02.2026). Es decir, hasta que resuelva lo concerniente a la ley de ciencia.

 

No es el primer aplazamiento que realiza, más bien lo hace por segunda ocasión. La primera vez fue en septiembre de 2023, a los tres meses de presentada la controversia de acción de inconstitucionalidad sobre la ley de ciencia y cuando la presidencia de la Corte estaba encabezada por la ministra Norma Lucía Piña (DOF. 18.09.2023).

 

Como se recordará, los legisladores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad por el procedimiento seguido en la aprobación de la ley de ciencia. Por su parte, investigadores y organizaciones de académicos se ampararon en contra de la aplicación de la ley de ciencia, principalmente por su exclusión del Sistema Nacional de Investigadores.

 

En julio del año pasado, seguramente por la presión de los afectados, la Corte levantó el aplazamiento que había acordado en 2023. Según su propia información, recibió un escrito de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), en el que se justificaba la importancia de resolver los juicios de amparo, lo valoró positivamente y determinó levantar el aplazamiento.

 

Sin embargo, medio año después, otra vez la Corte les indica a los tribunales que aplacen sus sentencias hasta que resuelva lo correspondiente (DOF01.08.2025). Esto a pesar de que la misma Corte, en agosto de 2023, recibió de parte del entonces presidente de la mesa directiva de los diputados, una “Solicitud de Atención Prioritaria” al tema. En resumen, no hay una fecha próxima para que la Corte atienda el asunto.

 

Además, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, la Corte tiene enlistados, antes del turno de la ley de ciencia, más de dos centenares de expedientes sobre controversias constitucionales.

 

Todavía más complicado es que la nueva Corte cambió la organización de su trabajo, ahora solamente opera con el pleno de nueve ministros -ya no existen las dos salas anteriores de revisión-, así que su productividad en 2025, en comparación con la integración anterior, disminuyó a menos de la mitad.

 

No hay precisión en el número de amparos en contra de la ley de ciencia. Al inicio, tres meses después de que la norma entró en vigor, se indicaba que sumaban 683 amparos (SPR 21.08.2023). Sin embargo, información más reciente señala que la cifra actual no alcanza el centenar.

 

En fin, el caso es que el fondo del asunto, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, sigue pendiente. El problema es que, aparte de la espera de los tribunales para darle trámite a los amparos, la actual ley de ciencia no es un marco de referencia para la organización y funcionamiento del sector.

 

Lo hemos dicho aquí mismo: la ley vigente se refiere al anterior Conahcyt, una entidad administrativa que ya no existe; la estructura que sigue no es la más apropiada para una ley de orden general; el modelo de organización que prevé tampoco es un referente para la operación de los principales programas del sector, ni para la relación con las entidades federativas.

 

Sin embargo, la Corte tiene otra organización, otros pendientes y un ritmo distinto, así que aplazó una vez más su resolución sobre la norma. Tampoco se advierte que el asunto sea una preocupación para los legisladores y que una eventual reforma esté en su agenda para el actual periodo, así que la solución tampoco saldrá por ese lado.

 

Total, lo más probable es que el problema no se resolverá en el corto plazo y tal vez ni siquiera en el mediano plazo. Los problemas seguirán filtrándose en los agujeros de la ley y los quejosos seguirán desamparados.

 

Pie de página: La información y las implicaciones siguen en curso sobre los recientes acontecimientos derivados de la muerte de uno de los principales narcotraficantes, pero sin duda ingresamos a una fase distinta en la estrategia de seguridad pública. Muy atentos. // También está en desarrollo la información de la Auditoría Superior de la Federación sobre las presuntas irregularidades de obra pública en la UAM. Pendientes.

 

jueves, 19 de febrero de 2026

La ventana en el gabinete y el exconsejero

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1127. Febrero 19, 2026, pág. 4)

 

El reciente libro de Scherer y Fernández lo dice llanamente: el nombramiento de María Elena Álvarez Buylla (MEAB) como titular del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue un error y un gran problema para el sector y para el gabinete de López Obrador.

 

La apreciación sobre el desempeño de la exdirectora no es ninguna novedad: confirma lo que vimos en tiempo real y que la mayoría de balances ya lo reportaron. Sin embargo, sí es la primera ocasión que el juicio, público y por escrito, proviene del primer círculo de colaboradores de López Obrador.

 

La valoración está en el reciente y polémico libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. El primero, como se recordará, ocupó la posición clave de consejero jurídico de López Obrador y es quien relata los acontecimientos. El segundo es un periodista especializado en temas de política y de seguridad; él hace las preguntas y es la pluma del texto.

 

La intención de la publicación, anota Fernández en el prólogo, es “contar la historia para que persista en la memoria, para que no se impongan ni el olvido ni la mentira”. Las reacciones han sido controvertidas, algunas le restan credibilidad a las revelaciones del exconsejero y piensan que constituyen una deslealtad con el expresidente.

 

Otras apreciaciones se han centrado en los perfiles de los autores del libro -más que en el contenido-, sea para denostarlos o para alabarlos; otras más, festinan la divulgación de episodios delicados del gobierno lopezobradorista y confirman lo que reportaron en su momento algunas versiones periodísticas.

 

La mejor posición sobre el libro será la que se forme cada lector. Lo innegable es que se trata del testimonio de un personaje que participó y estuvo en la cocina de las decisiones sobre asuntos de interés público. Constituye una ventana a un lugar que generalmente escapa a la mirada de los gobernados y a la rendición de cuentas.

 

¿Qué dice sobre el desempeño de MEAB en el Conacyt? Las líneas corresponden al apartado que narra la integración del “equipo” de trabajo de López Obrador. Al respecto, vale la pena tener presente que, a diferencia de gobiernos anteriores, el gabinete se conoció con mucha antelación: al inicio de la campaña electoral, antes de conocer al ganador de las elecciones.

 

Ahí desfilan los nombres y detalles personales de lo que fue el equipo de gobierno. Por ejemplo, el episodio de César Yáñez y su salida del gabinete; la relación con Carlos Urzúa u Olga Sánchez Cordero. O bien, la posición de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad o los elogios a Esteban Moctezuma, entre muchos otros.

 

Sobre MEAB, Scherer, sin más, desde el comienzo destaca que la exdirectora metió al Conacyt en grandes problemas: “En problemas gratuitos y terribles. Álvarez-Buylla fue un desastre desde el principio. Había ganado un premio nacional, y Andrés Manuel dijo que iba a nombrar en el Conacyt a una persona muy importante porque acababa de recibir un reconocimiento relevante”.

 

Y sí, haber obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2017, fue la característica que López Obrador destacó en primer lugar cuando anunció que MEAB sería la directora del Conacyt, lo hizo en ocasión del tercer y último debate entre los candidatos presidenciales en junio de 2018 (Campus Milenio No. 759).

 

En el libro no se menciona quién le sugirió el nombre, pero es posible que los antecedentes familiares de MEAB y sus posiciones políticas fueran los ingredientes adicionales a considerar. En aquel entonces lo que se podía prever, y también quedó registrado en este Acelerador de Partículas, es que tal vez su nombramiento no había caído nada bien entre miembros del equipo de gobierno.

 

Justo porque Álvarez Buylla, además del reconocimiento como científica, era conocida por su activismo en contra de los transgénicos. Una posición contraria a la que sostenían otros miembros de lo que sería el gabinete legal, como Alfonso Romo y Víctor Villalobos. Las disputas no fueron estruendosas, pero sí trascendieron públicamente.

 

Ahora, Scherer lo confirma, al anotar que, precisamente, Víctor Villalobos le pidió que: “le dijera al presidente que nombrara a cualquier otra persona, pero no a Álvarez-Buylla porque era un desastre: «Esa señora no sabe lo que va a hacer con la ciencia, no sabe absolutamente nada»”.

 

El exconsejero añade que MEAB “fue tremenda desde el inicio, con errores de todo tipo, confrontada con la comunidad científica. Le entabló un juicio al consejo del Conacyt con el tema del maíz originario, del glifosato y una cantidad de cosas aterradoras”. También refiere el acompañamiento de la directora y del exfiscal Gertz Manero en la persecución judicial a científicos o la supresión de todos los fideicomisos engañando al presidente.

 

En fin, en su momento, esos y otros acontecimientos, fueron públicos y notorios. Lo novedoso es que ahora una persona que estuvo en el cuarto de las decisiones los confirma y califica su nombramiento como un “error” y su desempeño como un “desastre” de principio a fin. Nada más. Esperemos la versión de la aludida, seguro la habrá.

 

Pie de página: También, ilustrativa, muy ilustrativa, la anécdota y rectificación de Scherer Ibarra sobre la integración de las mujeres en el equipo de López Obrador. Pendientes.