La Corte y el desamparo de la ley de ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1128. Febrero 26, 2026)

 

Tal vez, estimada lectora, estimado lector, recordará que, al inicio de este mes, en este Acelerador de Partículas, comentamos las dificultades con la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación (Lgmhcti). Dificultades tanto por lo que prescribe como por lo que omite; grandes agujeros normativos (Campus Milenio No. 1125).

 

El caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn), después de casi tres años, se percata de que tiene en sus cajones el expediente sobre la controversia constitucional de la ley de ciencia -digámosle así a esta última para evitar las siglas y ese nombre tan largo como inútil- y los juicios de amparo no se resolverán mientras no se pronuncie al respecto.

 

Sin embargo, la Corte todavía no analiza la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la ley de ciencia y tampoco tiene previsto cuándo hacerlo: la Corte se tomará su tiempo, probablemente un largo tiempo, los tribunales no resolverán sobre los amparos que tienen en el escritorio y, por lo pronto, los tribunales y los quejosos seguirán esperando.

 

Porque el pleno de la Corte, a través de un acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación, les informa a los Tribunales Colegiados de Circuito que aplacen sus sentencias sobre los amparos en curso, hasta que el “Alto Tribunal establezca el o los criterios respectivos, y se emita el Acuerdo General Plenario que corresponda” (DOF. 16.02.2026). Es decir, hasta que resuelva lo concerniente a la ley de ciencia.

 

No es el primer aplazamiento que realiza, más bien lo hace por segunda ocasión. La primera vez fue en septiembre de 2023, a los tres meses de presentada la controversia de acción de inconstitucionalidad sobre la ley de ciencia y cuando la presidencia de la Corte estaba encabezada por la ministra Norma Lucía Piña (DOF. 18.09.2023).

 

Como se recordará, los legisladores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad por el procedimiento seguido en la aprobación de la ley de ciencia. Por su parte, investigadores y organizaciones de académicos se ampararon en contra de la aplicación de la ley de ciencia, principalmente por su exclusión del Sistema Nacional de Investigadores.

 

En julio del año pasado, seguramente por la presión de los afectados, la Corte levantó el aplazamiento que había acordado en 2023. Según su propia información, recibió un escrito de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), en el que se justificaba la importancia de resolver los juicios de amparo, lo valoró positivamente y determinó levantar el aplazamiento.

 

Sin embargo, medio año después, otra vez la Corte les indica a los tribunales que aplacen sus sentencias hasta que resuelva lo correspondiente (DOF01.08.2025). Esto a pesar de que la misma Corte, en agosto de 2023, recibió de parte del entonces presidente de la mesa directiva de los diputados, una “Solicitud de Atención Prioritaria” al tema. En resumen, no hay una fecha próxima para que la Corte atienda el asunto.

 

Además, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, la Corte tiene enlistados, antes del turno de la ley de ciencia, más de dos centenares de expedientes sobre controversias constitucionales.

 

Todavía más complicado es que la nueva Corte cambió la organización de su trabajo, ahora solamente opera con el pleno de nueve ministros -ya no existen las dos salas anteriores de revisión-, así que su productividad en 2025, en comparación con la integración anterior, disminuyó a menos de la mitad.

 

No hay precisión en el número de amparos en contra de la ley de ciencia. Al inicio, tres meses después de que la norma entró en vigor, se indicaba que sumaban 683 amparos (SPR 21.08.2023). Sin embargo, información más reciente señala que la cifra actual no alcanza el centenar.

 

En fin, el caso es que el fondo del asunto, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, sigue pendiente. El problema es que, aparte de la espera de los tribunales para darle trámite a los amparos, la actual ley de ciencia no es un marco de referencia para la organización y funcionamiento del sector.

 

Lo hemos dicho aquí mismo: la ley vigente se refiere al anterior Conahcyt, una entidad administrativa que ya no existe; la estructura que sigue no es la más apropiada para una ley de orden general; el modelo de organización que prevé tampoco es un referente para la operación de los principales programas del sector, ni para la relación con las entidades federativas.

 

Sin embargo, la Corte tiene otra organización, otros pendientes y un ritmo distinto, así que aplazó una vez más su resolución sobre la norma. Tampoco se advierte que el asunto sea una preocupación para los legisladores y que una eventual reforma esté en su agenda para el actual periodo, así que la solución tampoco saldrá por ese lado.

 

Total, lo más probable es que el problema no se resolverá en el corto plazo y tal vez ni siquiera en el mediano plazo. Los problemas seguirán filtrándose en los agujeros de la ley y los quejosos seguirán desamparados.

 

Pie de página: La información y las implicaciones siguen en curso sobre los recientes acontecimientos derivados de la muerte de uno de los principales narcotraficantes, pero sin duda ingresamos a una fase distinta en la estrategia de seguridad pública. Muy atentos. // También está en desarrollo la información de la Auditoría Superior de la Federación sobre las presuntas irregularidades de obra pública en la UAM. Pendientes.

 

La ventana en el gabinete y el exconsejero

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1127. Febrero 19, 2026, pág. 4)

 

El reciente libro de Scherer y Fernández lo dice llanamente: el nombramiento de María Elena Álvarez Buylla (MEAB) como titular del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue un error y un gran problema para el sector y para el gabinete de López Obrador.

 

La apreciación sobre el desempeño de la exdirectora no es ninguna novedad: confirma lo que vimos en tiempo real y que la mayoría de balances ya lo reportaron. Sin embargo, sí es la primera ocasión que el juicio, público y por escrito, proviene del primer círculo de colaboradores de López Obrador.

 

La valoración está en el reciente y polémico libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. El primero, como se recordará, ocupó la posición clave de consejero jurídico de López Obrador y es quien relata los acontecimientos. El segundo es un periodista especializado en temas de política y de seguridad; él hace las preguntas y es la pluma del texto.

 

La intención de la publicación, anota Fernández en el prólogo, es “contar la historia para que persista en la memoria, para que no se impongan ni el olvido ni la mentira”. Las reacciones han sido controvertidas, algunas le restan credibilidad a las revelaciones del exconsejero y piensan que constituyen una deslealtad con el expresidente.

 

Otras apreciaciones se han centrado en los perfiles de los autores del libro -más que en el contenido-, sea para denostarlos o para alabarlos; otras más, festinan la divulgación de episodios delicados del gobierno lopezobradorista y confirman lo que reportaron en su momento algunas versiones periodísticas.

 

La mejor posición sobre el libro será la que se forme cada lector. Lo innegable es que se trata del testimonio de un personaje que participó y estuvo en la cocina de las decisiones sobre asuntos de interés público. Constituye una ventana a un lugar que generalmente escapa a la mirada de los gobernados y a la rendición de cuentas.

 

¿Qué dice sobre el desempeño de MEAB en el Conacyt? Las líneas corresponden al apartado que narra la integración del “equipo” de trabajo de López Obrador. Al respecto, vale la pena tener presente que, a diferencia de gobiernos anteriores, el gabinete se conoció con mucha antelación: al inicio de la campaña electoral, antes de conocer al ganador de las elecciones.

 

Ahí desfilan los nombres y detalles personales de lo que fue el equipo de gobierno. Por ejemplo, el episodio de César Yáñez y su salida del gabinete; la relación con Carlos Urzúa u Olga Sánchez Cordero. O bien, la posición de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad o los elogios a Esteban Moctezuma, entre muchos otros.

 

Sobre MEAB, Scherer, sin más, desde el comienzo destaca que la exdirectora metió al Conacyt en grandes problemas: “En problemas gratuitos y terribles. Álvarez-Buylla fue un desastre desde el principio. Había ganado un premio nacional, y Andrés Manuel dijo que iba a nombrar en el Conacyt a una persona muy importante porque acababa de recibir un reconocimiento relevante”.

 

Y sí, haber obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2017, fue la característica que López Obrador destacó en primer lugar cuando anunció que MEAB sería la directora del Conacyt, lo hizo en ocasión del tercer y último debate entre los candidatos presidenciales en junio de 2018 (Campus Milenio No. 759).

 

En el libro no se menciona quién le sugirió el nombre, pero es posible que los antecedentes familiares de MEAB y sus posiciones políticas fueran los ingredientes adicionales a considerar. En aquel entonces lo que se podía prever, y también quedó registrado en este Acelerador de Partículas, es que tal vez su nombramiento no había caído nada bien entre miembros del equipo de gobierno.

 

Justo porque Álvarez Buylla, además del reconocimiento como científica, era conocida por su activismo en contra de los transgénicos. Una posición contraria a la que sostenían otros miembros de lo que sería el gabinete legal, como Alfonso Romo y Víctor Villalobos. Las disputas no fueron estruendosas, pero sí trascendieron públicamente.

 

Ahora, Scherer lo confirma, al anotar que, precisamente, Víctor Villalobos le pidió que: “le dijera al presidente que nombrara a cualquier otra persona, pero no a Álvarez-Buylla porque era un desastre: «Esa señora no sabe lo que va a hacer con la ciencia, no sabe absolutamente nada»”.

 

El exconsejero añade que MEAB “fue tremenda desde el inicio, con errores de todo tipo, confrontada con la comunidad científica. Le entabló un juicio al consejo del Conacyt con el tema del maíz originario, del glifosato y una cantidad de cosas aterradoras”. También refiere el acompañamiento de la directora y del exfiscal Gertz Manero en la persecución judicial a científicos o la supresión de todos los fideicomisos engañando al presidente.

 

En fin, en su momento, esos y otros acontecimientos, fueron públicos y notorios. Lo novedoso es que ahora una persona que estuvo en el cuarto de las decisiones los confirma y califica su nombramiento como un “error” y su desempeño como un “desastre” de principio a fin. Nada más. Esperemos la versión de la aludida, seguro la habrá.

 

Pie de página: También, ilustrativa, muy ilustrativa, la anécdota y rectificación de Scherer Ibarra sobre la integración de las mujeres en el equipo de López Obrador. Pendientes.

Federalización de la Rosario Castellanos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1126. Febrero 12, 2026)

 

Abrir mayores oportunidades educativas para los jóvenes siempre es una buena noticia, sobre todo en lugares en donde las opciones son inexistentes o las que hay son limitadas. La actual administración gubernamental lleva a escala nacional el modelo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la iniciativa está en ascenso.

 

Pero ¿qué criterios comandan la expansión y cómo es la relación entre las entidades y la federación para instaurar los planteles?

 

El pasado 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador potosino, Ricardo Gallardo, inauguraron la primera etapa de una unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el estado.

 

San Luis Potosí será otra entidad que se suma a las cinco en las que ya está en marcha la iniciativa: Chiapas, estado de México, Baja California, Tlaxcala y Yucatán. Aunque, la Ciudad de México, en donde surgió el modelo, sigue concentrando el mayor número de planteles y alrededor de la mitad del total de la matrícula de la UNRC.

 

Pero ¿por qué en esas entidades y no en otras? Aparte de la Cdmx, la primera entidad en instaurar una sede fue Chiapas. De hecho, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, casi antes del decreto de creación de la UNRC y de que él tomara posesión del cargo, expresó su disposición a albergar la primera unidad.

 

Y sí, en Comitán de Domínguez, Chiapas, quedó el primer plantel. Un lugar emblemático para la UNRC, no solamente porque ahí vivió su infancia y adolescencia Rosario Castellanos, también porque Chiapas, con 21 por ciento de cobertura en educación superior, es la entidad con la tasa más baja (menos de la mitad de la media nacional). Sí, el mayor esfuerzo de atención educativa se debe localizar en donde más se requiere.

 

Sin embargo, la distribución de las unidades de la UNRC no sigue un patrón uniforme. Por ejemplo, Baja California no ocupa la posición más alta en cobertura a nivel nacional, como la Cdmx, pero sí está en las primeras posiciones y tiene un promedio de más del doble que Chiapas. ¿Por qué se creó ahí una unidad?

 

Aunque, debe anotarse, la cobertura a nivel de entidad federativa es muy gruesa, esconde grandes diferencias y no permite mayor discriminación para la atención educativa. Especialmente cuando hay datos disponibles sobre georreferenciación que permiten un acercamiento a nivel municipal para valorar tanto las carencias como la demanda y oferta educativa.

 

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García tenían el propósito de atender a los jóvenes localizados en zonas de alta y muy alta marginación. No obstante, las valoraciones del programa han mostrado tanto su falta de precisión en la población objetivo como la azarosa localización de sus planteles y las graves improvisaciones en las que ha incurrido. En efecto, no es irrelevante cómo y en dónde se localiza una institución.

 

Lo que ocurrió con la reciente inauguración del plantel de la UNRC en San Luis Potosí nos puede dar una idea de los elementos que entran en juego para la implantación de una sede. Por ejemplo, preguntó la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigiéndose a los asistentes: “¿Saben quién construyó la universidad, los edificios?”

 

La mandataria no espera respuesta, voltea a ver al ejecutivo estatal y añade: “Ricardo, el gobernador, él los construyó. Se dieron recursos federales al gobierno del estado y se construyó la Universidad. Ahora faltan otros edificios, porque ya está un edificio, ¿no?, falta otro, que es de laboratorios. Y como ya dijo Rosaura, este año vamos a dar

más recursos para que se construyan más edificios aquí, en la Rosario de Soledad de Graciano” (07.02.2026).

 

Entonces, pareciera que el gobierno federal otorga los recursos financieros y el estado lleva a cabo la obra. ¿El ejecutivo estatal no suma más recursos? Seguramente sí y los detalles, como en todo acuerdo entre diferentes niveles de gobierno, deben estar en los convenios oficiales firmados, no en los actos de inauguración. El asunto es si son o no acuerdos variables entre filiaciones partidistas o entre entidades federativas.

 

Además, los recursos y las negociaciones no son lo único para la creación de unidades. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en su intervención les platicó a los asistentes a la inauguración: “En una gira que tuve con nuestra presidenta, íbamos viajando en la camioneta, y le platicaba todo lo que estaban ocupando las plantas que ya están llegando a San Luis Potosí, japonesas, americanas, alemanas”.

 

El gobernador entrecierra los ojos, sigue y enfatiza: “Y traen a los ingenieros de sus países, bien pagados, porque aquí en San Luis Potosí no teníamos una universidad en Robótica, Electrónica e Inteligencia Artificial. Ahí fue donde la presidenta me dijo: ‘Te voy a hacer una Rosario Castellanos que incluya todas esas carreras para que a los jóvenes potosinos les vaya mejor’. ¡Arriba nuestra presidenta!”

 

Las risas y los aplausos estallaron. Sin embargo, con independencia de la arenga propia de este tipo de foros, el gobernador confirma la disposición del gobierno federal para canalizar los recursos y también para el tipo de especialidades profesionales que serán impartidas.

 

El tema de las opciones profesionales, las aspiraciones de los jóvenes y el mercado de trabajo amerita un tratamiento aparte. Por ahora, vale la pena destacar que la expansión de la UNRC a escala nacional está en un proceso de federalización en el que pronto se advertirá si es para una mayor descentralización o, más bien, para el camino inverso.

 

Pie de página: La corrupción es una de las heridas más profundas de la vida pública, y cuando invade una institución educativa, su impacto es aún más devastador. En el Instituto Politécnico Nacional, la crisis permanente en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía —con cerca de diez paros en menos de tres años— ya no puede explicarse únicamente como inconformidad estudiantil, sino como la expresión de una disputa de poder alentada por un grupo con protección sindical y respaldo en distintas áreas del IPN.

 

Dentro de la propia comunidad se le conoce como “el cártel”: una red de profesores y operadores que actúa como grupo de presión, se presenta como interlocutor ante las autoridades y utiliza los paros como mecanismo de negociación. Existen denuncias de cobros indebidos, manipulación de calificaciones, tráfico de influencias para plazas y permisos, así como cuotas informales exigidas a directivos a cambio de gobernabilidad.

 

Ante la posibilidad de nuevos paros, corresponde a la Secretaría de Educación Pública y a los órganos internos de control revisar con rigor estas denuncias, garantizar procesos transparentes y proteger a la comunidad académica para que la vida institucional del IPN se rija por la legalidad y el interés público.