jueves, 20 de agosto de 2026

Los jóvenes y la escuela

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1151, agosto 20 de 2026, pág. 4)

 

Lo sorprendente es que los jóvenes, los protagonistas sobresalientes en la crisis del examen de admisión de la UNAM, no están en el centro de la discusión pública. La polémica se ha concentrado en las dimensiones políticas, institucionales y técnicas del examen, mientras que las experiencias, aspiraciones y opiniones de los jóvenes han quedado opacadas, cuando no totalmente ignoradas.

 

Una vez acordado que la alternativa más aceptable para darle vuelta al fallido primer examen sería repetir la evaluación, algunos testimonios de los jóvenes y sus familias han circulado en la prensa y en las redes sociales.

 

Unos jóvenes, con la resignación de lo inevitable, aceptaron con desgano el examen de nueva cuenta. Otros, persistentes, confían en ratificar su desempeño exitoso en la segunda vuelta. También hay indignados que prefirieron explorar otras instituciones educativas o, peor aún, renunciar definitivamente a la escuela. Y los hay que, simplemente, pronunciaron el insondable “mmhh” para dar por concluida cualquier conversación.

 

Los atisbos y los fragmentos de lo que piensan y quieren los jóvenes han proliferado en los medios, a menudo con líneas o tonos exagerados. Pocas, muy pocas, aproximaciones ponderadas e informadas. Afortunadamente, existen estudios sistemáticos de diferentes grupos de investigación en distintas instituciones que han documentado el universo subjetivo de las juventudes, sus vidas cotidianas e itinerarios escolares.

 

La UNAM misma contaba con un activo Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) con un amplio reconocimiento de sus pares, espacios de interlocución y múltiples publicaciones especializadas. Pero, desde finales del año pasado, cuando cambió el equipo del Seminario, ni publicaciones en línea ni nada; su página electrónica tiene meses con la leyenda “sitio en transformación”.

 

Los jóvenes han sido un persistente desafío para la autoridad y también los primeros en registrar los grandes cambios sociales. Algunas veces con expresiones dispersas; otras, como lo atestiguan distintos gobiernos nacionales, con irrupciones masivas e incontenibles en el espacio público y demandas inaplazables.

 

La población de todas las edades, en cualquier lugar del mundo, ha experimentado el nuevo orden geopolítico, el confinamiento por la pandemia más reciente, las guerras o su eco en distintas regiones o el perturbador avance de la inteligencia artificial, entre muchos otros cambios recientes. Pero, según nuestro rango de edad, las experiencias son diferentes.

 

¿Qué piensan los jóvenes, ese grupo de la población que está entre los 15 y los 29 años? En 2025, Alejandro Moreno publicó los resultados de encuestas de valores, que incluyen comparaciones entre cinco generaciones distintas en dos momentos (“La evolución cultural en México. Cuatro décadas de cambio de valores 1982-2023”). Las generaciones van de la posrevolución hasta la generación centennial (o generación Z), los que nacieron entre 1997 y 2013.

 

Los resultados son relevantes porque muestran los contrastes generacionales. Por ejemplo, cómo cambia la percepción sobre el mérito según el grupo de edad o el nivel de escolaridad (p. 121). O bien, las grandes diferencias valorativas respecto a la libertad de elección y el respeto a la diversidad de los más jóvenes, en comparación con la población de mayor edad (p. 199).

 

El acercamiento analítico a las coordenadas en las que se movilizan los jóvenes resulta imprescindible para comprender su actuación. Porque desde el exterior, una cierta visión sostiene que ya no les interesa la escuela como lugar de estudio y, en todo caso, buscan lo que necesitan en internet.

 

No obstante, los resultados de una encuesta que se presentó la semana pasada muestran que los jóvenes tienen una perspectiva muy positiva sobre la escuela, los profesores y los contenidos. Sí, contrariamente a lo que algunos sostienen, los estudios ocupan un lugar sobresaliente en sus aspiraciones.

 

La encuesta es la fuente de información más reciente, tiene representación nacional y fue auspiciada por la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (Informe Jóvenes en México 2026). Sus autores son José Antonio Pérez Islas –precisamente el anterior director del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM—, Enrique Pérez Reséndiz y Mónica Valdez González.

 

Por supuesto, la alta valoración de la escuela registra variaciones según el estrato económico al que pertenecen los jóvenes, el sexo, la edad o la región en la que viven los entrevistados. Pero, en términos generales, ocho de cada diez jóvenes afirman que les gustaría continuar estudiando.

 

La discusión tampoco está concluida. La encuesta incluye resultados preocupantes, como las causas del abandono escolar o la precariedad e inestabilidad de los empleos para los jóvenes.

 

En fin, el lector puede consultar las publicaciones mencionadas para mayor detalle, pero vale la pena traer a los jóvenes al centro de la discusión y reconocer los esfuerzos de los estudios ya realizados. La línea base no está en ceros.

 

Pie de página: ¿Una nueva narrativa para los Centros Públicos de Investigación? Aquí lo veremos. Atentos.

jueves, 13 de agosto de 2026

La ley, las paraestatales y el sistema de publicaciones

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1150. Agosto 13, 2026)

 

El padrón incluye más de 500 revistas que forman parte del reciente Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (Snpcyh). No son pocas. Si lo comparamos con iniciativas anteriores, el actual padrón más que duplica los registros previos.

 

¿Qué representan estas revistas y por qué están en ese Sistema? La ley general de ciencia de 2023, como lo hemos reiterado en este Acelerador de Partículas, no se ha reformado y tiene múltiples problemas, comenzando porque todavía se refiere a las responsabilidades del Conahcyt, un organismo que ya no existe. Pero es la norma vigente y establece que se debe crear y operar un Sistema Nacional de Publicaciones.

 

Un sistema que, precisa la ley: “contemple la edición y publicación, en colaboración con las entidades paraestatales pertinentes, de colecciones de libros, revistas, boletines y otras obras que sirvan para la difusión del conocimiento, cumpliendo con los principios de transparencia y austeridad correspondientes” (artículo 53, fracción V).

 

Como se podrá advertir, la intención era editar y publicar colecciones con entidades paraestatales. Esto es, se planteaba un sistema alterno de publicaciones, en colaboración con organismos de la administración pública federal. Si se llevara a efecto habría que seleccionar las entidades pertinentes de las 182 entidades paraestatales que había el año pasado (DOF, 14.08.2025).

 

Por ejemplo, en la Sep hay una docena de paraestatales descentralizadas sectorizadas, incluyendo instituciones de educación media superior, como el Colegio de Bachilleres o el Conalep, pero también está el Fondo de Cultura Económica, el Inea o las Universidades Benito Juárez. O bien, en el sector de ciencia, está la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la mayoría de los Centros Públicos de Investigación o el fideicomiso del Infotec de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

 

¿Lo que prescribe la ley general de ciencia se llevará a cabo? No parece probable. Al menos, no todo; ni ahora ni después. Pero lo que sí está en marcha es una política que intenta ampliar la difusión del conocimiento e insistir en la austeridad y el acceso abierto a los resultados de investigación.

 

El rasgo principal de las más de 500 revistas que actualmente integran el Snpcyh es que son revistas académicas, de acceso abierto. Es decir, no tienen restricciones para consultar sus contenidos y, en principio, tampoco les cobran a los autores por procesar o publicar sus trabajos.

 

La Secretaría de Ciencia (Secihti) emitió los lineamientos para crear el Sistema al final del pasado mes de mayo y ese mismo día emitió la convocatoria correspondiente. No hacía falta, pero los lineamientos especificaron que se trata de un instrumento de política pública, que creará un padrón de revistas e intentará fortalecer un modelo de publicación no comercial (DOF. 27.05.2026).

 

Uno de los objetivos que se propone es articular el Sistema con las “políticas de evaluación de la ciencia mediante la valoración de la publicación en revistas nacionales de acceso abierto no comercial, dentro de los sistemas de evaluación de las trayectorias académicas” (artículo 7, fracción III).

 

La convergencia entre el Snpcyh, la valoración de las revistas nacionales y los procesos de evaluación de las trayectorias académicas sería muy positiva. Sin embargo, no se ve cómo podría modificar la estructura de incentivos del modelo actual: orientado por el reconocimiento y los indicadores bibliométricos internacionales, como lo muestra la operación misma del Sistema Nacional de Investigadores (Snii).

 

El padrón de revistas del Snpcyh muestra que México cuenta con una gran cantidad de publicaciones de acceso abierto no comerciales, bastantes más que muchos países de América Latina. El problema es que muy pocas de ese conjunto nacional alcanzan estándares de reconocimiento; la mayoría tiene dificultades técnicas para sostenerse o conservar niveles de calidad aceptables.

 

Además, otro problema es el tiempo que lleva publicar. La garantía de procesos editoriales rigurosos y profesionales, así como la concentración de la demanda en pocas revistas nacionales, a menudo provoca demoras muy prolongadas para difundir un texto. Un proceso que puede llevar uno o hasta dos años.

 

El notable incremento en los plazos para publicar ha favorecido la aparición de las denominadas revistas depredadoras, publicaciones que realizan cobros excesivos de edición y aparecen en cuestión de semanas. Sin embargo, sus procesos de dictaminación son inexistentes o muy laxos; otro tanto ocurre con sus consejos editoriales, que con frecuencia son ficticios. También la información que ofrecen sobre su origen y prestigio es engañosa.

 

Por otra parte, aunque el acceso abierto de las revistas puede prescindir del cobro a un eventual lector, es posible que traslade el costo al autor, como lo hacen muchas de las revistas de los grupos editoriales internacionales. Es el modelo de pago por publicar, mediante los denominados Article Processing Charges (APC).

 

En fin, ya está el padrón de más de medio millar de revistas de acceso abierto, el primer paso. Lo que todavía no se conoce es cómo se alinearán con la valoración de las trayectorias académicas, ni cómo se respaldarán a las revistas.

 

Hasta ahora, solamente se anota que estar en el padrón es un requisito “para subsecuentes convocatorias de fortalecimiento de revistas nacionales de acceso abierto, conforme a la disponibilidad presupuestaria”. Así que demos por descontado que habrá apoyos. ¿Y reforma de la ley general? Tampoco.

 

Pie de página: No se le ve fin a la crisis del examen de admisión de la UNAM y se puede complicar todavía más. // El amplio grupo de expertos sobre el fracking ya emitió una decena de recomendaciones. Acá las veremos. Atentos.

 

jueves, 6 de agosto de 2026

El examen de admisión, la Unisa y la política nacional

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1149, agosto 6 de 2026, pág. 4)

 

Una vez formulada la propuesta de la comisión técnica sobre el examen de la UNAM, conocida la renuncia de la secretaria general de la institución y sabido que el rector se siente agraviado, no hay mucho más. No es poco. Pero todavía falta lo esencial: qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo se vincula con la renuncia y el agravio.

 

Por ahora, la atención pública se ha concentrado, y con razón, en la UNAM y la empresa contratada. Sin embargo, tal vez no sea la dimensión más importante del problema. Hay otra dimensión y la puso sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

En Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, en referencia al examen de admisión, apuntó: “yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad(01.08.2026).

 

Y prometió: “si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”. Y añadió que ya le solicitó al secretario de Educación y a la rectora de la institución que atendieran el caso. La política nacional en acción, nada menos.

 

Por si hiciera falta, el mismo lunes 3 de agosto la jefa de gobierno de la Cdmx, Clara Brugada, informó en redes sociales que su gobierno ya está trabajando para abrir espacios en la Rosario Castellanos para los jóvenes y precisó: “para que tengan una buena universidad, de calidad y gratuita para todas y todos” (https://x.com/ClaraBrugadaM).

 

¿Qué significa lo dicho por las mandatarias? Antes, dos precisiones. Una, el conflicto en la UNAM, con lo importante que es y la amplia resonancia mediática que tiene, para efectos de espacios educativos y opciones profesionales, está acotado principalmente a la Cdmx y zona metropolitana. Dos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) es un proyecto educativo en ciernes que se originó en la Ciudad de México y que esta administración, en diciembre de 2024, la llevó a nivel nacional.

 

Tal parece que la solución es abrir espacios en la UNRC. Lo notable de lo anunciado por la mandataria capitalina es que la UNRC ya no depende del gobierno de la Ciudad, tampoco de la SEP, está sectorizada en la secretaría de ciencia federal y, por cierto, esta no se ha pronunciado al respecto.

 

Sin embargo, el asunto sí muestra la relación entre lo local y lo nacional y la respuesta no tendría que limitarse a la UNRC. No solamente porque las decisiones del gobierno federal tienen eco en el nivel estatal. También porque el gobierno capitalino tiene bajo su responsabilidad a la Universidad de la Salud (Unisa) y ofrece una de las carreras más demandadas por los aspirantes en el examen de admisión de la UNAM.

 

En el concurso de selección de la Universidad Nacional, uno de cada 100 aspirantes a cursar Medicina logra un lugar. Tal vez a algunos de los 99 restantes les resultaría atractivo inclinarse por la Unisa si abriera más espacios.

 

Por cierto, la Ciudad de México es, por mucho, la entidad que tiene la mayor cobertura en educación superior en el país. Cubre a alrededor de 70 por ciento de su población residente y más del 100 por ciento si se considera el efecto de los estudiantes de otras entidades que están en la capital (SEP, 2023). A diferencia de Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Michoacán, que tienen, en porcentajes redondos, 20, 24, 25 y 30 por ciento, respectivamente.

 

El problema principal no es la cobertura en la entidad capitalina, sino la concentración de la demanda en pocas universidades y el tipo de opciones profesionales que buscan los jóvenes. Aunque las preferencias vocacionales e institucionales son otra dimensión del problema que dejaremos pendiente.

 

Sin embargo, las soluciones sobre el acceso a la educación superior se han extraviado: unas, en la improvisación; otras, en los números del presupuesto público; unas más en proyectos educativos impresentables o en los discursos ampulosos. Las menos han tenido logros parciales y graduales.

 

¿Esto es una novedad? No. Al menos llevamos tres décadas tratando de ampliar las oportunidades educativas de nivel superior. Pero las opciones ofrecidas no son las que buscan los jóvenes ni son alternativas de formación para quienes más la necesitan.

 

La reforma del artículo 3° constitucional de 2019 incluyó la gratuidad de la educación superior y estableció el derecho a la educación de todas las personas. La ley reglamentaria previó la creación del fondo federal correspondiente y se suponía que el fondo quedaría instaurado a partir del ciclo escolar 2022-2023. A la fecha, no se ha creado.

 

En fin, lo que ocurrió con el examen de admisión de la UNAM tiene relevancia por sus implicaciones institucionales, pero sobre todo porque es una ventana a la política sobre el sistema de educación superior. No se trata de un problema exclusivamente institucional, ni siquiera local; es un asunto de política nacional.

 

Pie de página: Sin mayor resistencia fueron desalojados los estudiantes del IPN que tenían tomadas las instalaciones de Canal Once. Pero el conflicto no está resuelto. // En marcha el Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Innovación entre la Secihti y el Banco Mundial. Atentos.