Segundo informe: ¿avance en la cobertura de la educación superior?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1153, septiembre 3 de 2026, pág. 4)

 

A la memoria de Roberto Rodríguez

 

El primer día de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum enlistó un centenar de compromisos para su periodo de gobierno. Después alineó el Plan Nacional de Desarrollo y las metas de los programas sectoriales.

 

En materia de educación superior se comprometió a abrir: 300 mil nuevos espacios. La meta está al alcance y es perfectamente posible, salvo que ocurriera algo extraordinario. Incluso si se añaden los 30 mil lugares que luego distribuyó la presidenta.

 

Hace casi dos años mencionó: “Son 330 mil lugares nuevos para universitarios en todo el país, y se van a distribuir de esta manera: en la Universidad Nacional ‘Rosario Castellanos’ —así le vamos a nombrar—, son 150 mil espacios nuevos a lo largo del sexenio; en la Universidad de la Salud, 25 mil lugares nuevos; en las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez’, al menos 40 mil, aunque tiene posibilidad de más; el Tecnológico Nacional de México, 85 mil y en el Politécnico Nacional, 30 mil” (Comunicado 23.10.2024).

 

De hecho, si en lugar de restringirse a las instituciones mencionadas por la presidenta, se suman todas las instituciones públicas de educación superior (IES), lo más probable es que al finalizar el sexenio, el número de nuevos lugares será mayor al compromiso fijado. ¿Por qué?

 

Por una parte, considérese que el sistema de educación superior incorporó entre el ciclo escolar 2023-2024 y 2024-2025 a casi 130 mil estudiantes adicionales, tanto en instituciones públicas como privadas. La participación relativa de las primeras es de poco más de la mitad, así que, si se suma al conjunto de instituciones públicas, no solamente las mencionadas por la presidenta, una cifra de 65 mil o 70 lugares anuales sobrepasará los 350 mil al finalizar el sexenio.

 

Por otra parte, la presidenta en diferentes oportunidades y en distintos lugares, ha insistido en que las universidades públicas deben hacer un mayor esfuerzo para incrementar sus cupos de primer ingreso. Y al menos dos de las principales universidades federales han acusado recibo de la demanda.

 

Desde el año pasado la UAM estableció un mecanismo de admisión para los egresados del Bachilleres y recientemente declaró que atenderá la convocatoria gubernamental para ampliar la cobertura y “en pleno ejercicio de su autonomía” realizará un proceso extraordinario de admisión para el trimestre 27-1 (Comunicado 24.08.2026).

 

La UNAM, después de la grave falla con su examen de admisión en línea y casi a la par de la difusión de los resultados del examen de control –cuyas cifras de aceptados difieren de las anticipadas al inicio–, informó que “ofrecerá 2 mil 24 lugares en 66 distintos programas de licenciatura –de las cuatro áreas de conocimiento– a los 16 mil 543 aspirantes que, habiendo presentado el examen de control, no resultaron admitidos en la opción de su preferencia” (Boletín 516/30.08.2026).

 

Entonces, con un horizonte de cuatro años más, no habrá sorpresa si los nuevos lugares en la educación superior rebasan el compromiso de la presidenta. No obstante, la cobertura y las políticas públicas tienen su complejidad e implican documentos programáticos que cumplir.

 

El Programa Sectorial de Educación 2025-2030, en lo referente a la educación superior, planteó pasar de una tasa neta de escolarización de 29.3 por ciento en el ciclo escolar 2023-2024 a una de 33 por ciento para el ciclo 2030-2031 (DOF 05.09.2025, pág. 138). Nótese que son casi cuatro puntos porcentuales y se refiere a la “tasa neta”.

 

A su vez, el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 (Prones) propone como meta llevar la tasa bruta de cobertura de 45.1 que tenía en 2024 a 55 por ciento para el año 2030. Son casi 10 puntos porcentuales. A diferencia de lo que establece el programa anterior, aquí se trata de la tasa bruta.

 

¿Da lo mismo una que otra? No. La tasa bruta, como se sabe, se refiere al porcentaje de la población matriculada en educación superior ­­­–con independencia de su edad–, con respecto a la población en edad típica de cursarla. Por el contrario, la tasa neta únicamente considera a los jóvenes matriculados que están entre los 18 y 22 años, respecto de ese mismo grupo de edad. Esta última es una medida más precisa de inclusión y por la misma razón tiende a ser menor que la tasa bruta.

 

Lo sorprendente es que el gobierno federal, para la misma meta, en un programa se refiere a la tasa neta de cobertura y en otro a la tasa bruta. Y todavía es más notable que el reciente informe de labores de la SEP muestra que, al concluir el primer tercio del periodo, no vamos bien. Para el ciclo escolar 2025-2026 la tasa bruta de cobertura es de 46.8 por ciento (SEP, 2026). El cálculo era que este año debía llegar a 48.4 por ciento.

 

Total, el rezago podría explicar la presión del gobierno federal hacia las instituciones públicas para la admisión de un mayor número de jóvenes y, al mismo tiempo, exhibir las inevitables consecuencias de la falta de recursos financieros para la educación superior.

 

Se puede persistir en el mismo camino y habrá más lugares. Pero el deterioro en la educación impartida será inevitable, poque los espacios no es lo único.

 

Pie de página: Aquí mismo examinaremos los otros dos compromisos presidenciales y las cifras del 2do informe de gobierno. Pendientes.

Los jóvenes y la escuela

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1151, agosto 20 de 2026, pág. 4)

 

Lo sorprendente es que los jóvenes, los protagonistas sobresalientes en la crisis del examen de admisión de la UNAM, no están en el centro de la discusión pública. La polémica se ha concentrado en las dimensiones políticas, institucionales y técnicas del examen, mientras que las experiencias, aspiraciones y opiniones de los jóvenes han quedado opacadas, cuando no totalmente ignoradas.

 

Una vez acordado que la alternativa más aceptable para darle vuelta al fallido primer examen sería repetir la evaluación, algunos testimonios de los jóvenes y sus familias han circulado en la prensa y en las redes sociales.

 

Unos jóvenes, con la resignación de lo inevitable, aceptaron con desgano el examen de nueva cuenta. Otros, persistentes, confían en ratificar su desempeño exitoso en la segunda vuelta. También hay indignados que prefirieron explorar otras instituciones educativas o, peor aún, renunciar definitivamente a la escuela. Y los hay que, simplemente, pronunciaron el insondable “mmhh” para dar por concluida cualquier conversación.

 

Los atisbos y los fragmentos de lo que piensan y quieren los jóvenes han proliferado en los medios, a menudo con líneas o tonos exagerados. Pocas, muy pocas, aproximaciones ponderadas e informadas. Afortunadamente, existen estudios sistemáticos de diferentes grupos de investigación en distintas instituciones que han documentado el universo subjetivo de las juventudes, sus vidas cotidianas e itinerarios escolares.

 

La UNAM misma contaba con un activo Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) con un amplio reconocimiento de sus pares, espacios de interlocución y múltiples publicaciones especializadas. Pero, desde finales del año pasado, cuando cambió el equipo del Seminario, ni publicaciones en línea ni nada; su página electrónica tiene meses con la leyenda “sitio en transformación”.

 

Los jóvenes han sido un persistente desafío para la autoridad y también los primeros en registrar los grandes cambios sociales. Algunas veces con expresiones dispersas; otras, como lo atestiguan distintos gobiernos nacionales, con irrupciones masivas e incontenibles en el espacio público y demandas inaplazables.

 

La población de todas las edades, en cualquier lugar del mundo, ha experimentado el nuevo orden geopolítico, el confinamiento por la pandemia más reciente, las guerras o su eco en distintas regiones o el perturbador avance de la inteligencia artificial, entre muchos otros cambios recientes. Pero, según nuestro rango de edad, las experiencias son diferentes.

 

¿Qué piensan los jóvenes, ese grupo de la población que está entre los 15 y los 29 años? En 2025, Alejandro Moreno publicó los resultados de encuestas de valores, que incluyen comparaciones entre cinco generaciones distintas en dos momentos (“La evolución cultural en México. Cuatro décadas de cambio de valores 1982-2023”). Las generaciones van de la posrevolución hasta la generación centennial (o generación Z), los que nacieron entre 1997 y 2013.

 

Los resultados son relevantes porque muestran los contrastes generacionales. Por ejemplo, cómo cambia la percepción sobre el mérito según el grupo de edad o el nivel de escolaridad (p. 121). O bien, las grandes diferencias valorativas respecto a la libertad de elección y el respeto a la diversidad de los más jóvenes, en comparación con la población de mayor edad (p. 199).

 

El acercamiento analítico a las coordenadas en las que se movilizan los jóvenes resulta imprescindible para comprender su actuación. Porque desde el exterior, una cierta visión sostiene que ya no les interesa la escuela como lugar de estudio y, en todo caso, buscan lo que necesitan en internet.

 

No obstante, los resultados de una encuesta que se presentó la semana pasada muestran que los jóvenes tienen una perspectiva muy positiva sobre la escuela, los profesores y los contenidos. Sí, contrariamente a lo que algunos sostienen, los estudios ocupan un lugar sobresaliente en sus aspiraciones.

 

La encuesta es la fuente de información más reciente, tiene representación nacional y fue auspiciada por la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (Informe Jóvenes en México 2026). Sus autores son José Antonio Pérez Islas –precisamente el anterior director del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM—, Enrique Pérez Reséndiz y Mónica Valdez González.

 

Por supuesto, la alta valoración de la escuela registra variaciones según el estrato económico al que pertenecen los jóvenes, el sexo, la edad o la región en la que viven los entrevistados. Pero, en términos generales, ocho de cada diez jóvenes afirman que les gustaría continuar estudiando.

 

La discusión tampoco está concluida. La encuesta incluye resultados preocupantes, como las causas del abandono escolar o la precariedad e inestabilidad de los empleos para los jóvenes.

 

En fin, el lector puede consultar las publicaciones mencionadas para mayor detalle, pero vale la pena traer a los jóvenes al centro de la discusión y reconocer los esfuerzos de los estudios ya realizados. La línea base no está en ceros.

 

Pie de página: ¿Una nueva narrativa para los Centros Públicos de Investigación? Aquí lo veremos. Atentos.

La ley, las paraestatales y el sistema de publicaciones

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1150. Agosto 13, 2026)

 

El padrón incluye más de 500 revistas que forman parte del reciente Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (Snpcyh). No son pocas. Si lo comparamos con iniciativas anteriores, el actual padrón más que duplica los registros previos.

 

¿Qué representan estas revistas y por qué están en ese Sistema? La ley general de ciencia de 2023, como lo hemos reiterado en este Acelerador de Partículas, no se ha reformado y tiene múltiples problemas, comenzando porque todavía se refiere a las responsabilidades del Conahcyt, un organismo que ya no existe. Pero es la norma vigente y establece que se debe crear y operar un Sistema Nacional de Publicaciones.

 

Un sistema que, precisa la ley: “contemple la edición y publicación, en colaboración con las entidades paraestatales pertinentes, de colecciones de libros, revistas, boletines y otras obras que sirvan para la difusión del conocimiento, cumpliendo con los principios de transparencia y austeridad correspondientes” (artículo 53, fracción V).

 

Como se podrá advertir, la intención era editar y publicar colecciones con entidades paraestatales. Esto es, se planteaba un sistema alterno de publicaciones, en colaboración con organismos de la administración pública federal. Si se llevara a efecto habría que seleccionar las entidades pertinentes de las 182 entidades paraestatales que había el año pasado (DOF, 14.08.2025).

 

Por ejemplo, en la Sep hay una docena de paraestatales descentralizadas sectorizadas, incluyendo instituciones de educación media superior, como el Colegio de Bachilleres o el Conalep, pero también está el Fondo de Cultura Económica, el Inea o las Universidades Benito Juárez. O bien, en el sector de ciencia, está la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la mayoría de los Centros Públicos de Investigación o el fideicomiso del Infotec de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

 

¿Lo que prescribe la ley general de ciencia se llevará a cabo? No parece probable. Al menos, no todo; ni ahora ni después. Pero lo que sí está en marcha es una política que intenta ampliar la difusión del conocimiento e insistir en la austeridad y el acceso abierto a los resultados de investigación.

 

El rasgo principal de las más de 500 revistas que actualmente integran el Snpcyh es que son revistas académicas, de acceso abierto. Es decir, no tienen restricciones para consultar sus contenidos y, en principio, tampoco les cobran a los autores por procesar o publicar sus trabajos.

 

La Secretaría de Ciencia (Secihti) emitió los lineamientos para crear el Sistema al final del pasado mes de mayo y ese mismo día emitió la convocatoria correspondiente. No hacía falta, pero los lineamientos especificaron que se trata de un instrumento de política pública, que creará un padrón de revistas e intentará fortalecer un modelo de publicación no comercial (DOF. 27.05.2026).

 

Uno de los objetivos que se propone es articular el Sistema con las “políticas de evaluación de la ciencia mediante la valoración de la publicación en revistas nacionales de acceso abierto no comercial, dentro de los sistemas de evaluación de las trayectorias académicas” (artículo 7, fracción III).

 

La convergencia entre el Snpcyh, la valoración de las revistas nacionales y los procesos de evaluación de las trayectorias académicas sería muy positiva. Sin embargo, no se ve cómo podría modificar la estructura de incentivos del modelo actual: orientado por el reconocimiento y los indicadores bibliométricos internacionales, como lo muestra la operación misma del Sistema Nacional de Investigadores (Snii).

 

El padrón de revistas del Snpcyh muestra que México cuenta con una gran cantidad de publicaciones de acceso abierto no comerciales, bastantes más que muchos países de América Latina. El problema es que muy pocas de ese conjunto nacional alcanzan estándares de reconocimiento; la mayoría tiene dificultades técnicas para sostenerse o conservar niveles de calidad aceptables.

 

Además, otro problema es el tiempo que lleva publicar. La garantía de procesos editoriales rigurosos y profesionales, así como la concentración de la demanda en pocas revistas nacionales, a menudo provoca demoras muy prolongadas para difundir un texto. Un proceso que puede llevar uno o hasta dos años.

 

El notable incremento en los plazos para publicar ha favorecido la aparición de las denominadas revistas depredadoras, publicaciones que realizan cobros excesivos de edición y aparecen en cuestión de semanas. Sin embargo, sus procesos de dictaminación son inexistentes o muy laxos; otro tanto ocurre con sus consejos editoriales, que con frecuencia son ficticios. También la información que ofrecen sobre su origen y prestigio es engañosa.

 

Por otra parte, aunque el acceso abierto de las revistas puede prescindir del cobro a un eventual lector, es posible que traslade el costo al autor, como lo hacen muchas de las revistas de los grupos editoriales internacionales. Es el modelo de pago por publicar, mediante los denominados Article Processing Charges (APC).

 

En fin, ya está el padrón de más de medio millar de revistas de acceso abierto, el primer paso. Lo que todavía no se conoce es cómo se alinearán con la valoración de las trayectorias académicas, ni cómo se respaldarán a las revistas.

 

Hasta ahora, solamente se anota que estar en el padrón es un requisito “para subsecuentes convocatorias de fortalecimiento de revistas nacionales de acceso abierto, conforme a la disponibilidad presupuestaria”. Así que demos por descontado que habrá apoyos. ¿Y reforma de la ley general? Tampoco.

 

Pie de página: No se le ve fin a la crisis del examen de admisión de la UNAM y se puede complicar todavía más. // El amplio grupo de expertos sobre el fracking ya emitió una decena de recomendaciones. Acá las veremos. Atentos.