Auditar el examen de admisión de la UNAM

  

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1163, noviembre 12 de 2026, pág. 4)

 

Al inicio del pasado mes de agosto, en las horas bajas de la Universidad Nacional por las anomalías en su examen de admisión, las autoridades institucionales anunciaron tres auditorías al respecto.

 

Lo que siguió después es más o menos conocido: se realizó a efecto un segundo examen de selección por recomendación de una comisión técnica, sus resultados no tuvieron mayores impugnaciones, la comisión entregó su informe con recomendaciones y la autoridad universitaria puso en marcha las sugerencias.

 

Hoy el semestre escolar está por concluir y, por aquí, como si nada hubiera pasado. ¿Y los resultados de las tres auditorías o el deslinde de responsabilidades? El titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, recientemente nos recordó que está en ciernes el resultado de una de las auditorías (30.10.2026).

 

En realidad, el expediente sobre el examen de admisión está inconcluso: todavía no se conoce bien a bien qué ocurrió, por qué ocurrió y quién o quiénes tienen responsabilidad. ¿La ASF nos dirá qué pasó? Tal vez no completamente, pues su trabajo es cotejar si el uso de recursos públicos se apegó a la normatividad. Pero su intervención será el movimiento de una pieza que podría modificar el tablero universitario.

 

Vayamos por partes. En agosto pasado, el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha, anunció que la institución estaba comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, así que llevaría a cabo tres auditorías sobre el examen.

 

El abogado mencionó que se efectuaría una auditoría tecnológica, acordada con la empresa contratada, que sería llevada a cabo por una firma especializada y examinaría en detalle el proceso y el sistema utilizado. Además, añadió, habría una “Auditoría Interna” sobre el proceso de contratación de la empresa, a cargo de la Contraloría de la propia UNAM (Boletín 454 05.08.2026).

 

Todavía más importante: el abogado Concha informó que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó la intervención de la ASF “para verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora”.

 

Tal vez las dos primeras auditorías se efectuaron, pero los resultados todavía no están listos o su circulación ha sido restringida. No hay información pública al respecto. Tampoco está concluido el informe encargado a la ASF, aunque el auditor, Aureliano Hernández, anunció la semana pasada que la auditoría sigue en marcha.

 

Vale la pena recordar que la ASF es un órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos públicos federales en cualquier entidad que reciba o maneje ese tipo de recursos. En general, sus auditorías culminan en informes que precisan si los recursos asignados a determinadas entidades se utilizaron conforme a la normatividad y para los fines que estaban previstos.

 

Los informes de la ASF son entregados a la Cámara de Diputados tres veces al año y, precisamente, el pasado 30 de octubre, el auditor Aureliano Hernández acudió a presentar 374 informes. Es la segunda entrega y el paquete no incluye el examen de la UNAM. Sin embargo, en la sesión de preguntas y respuestas con la comisión, fue revelador lo que indicó el fiscalizador.

 

Por ejemplo, respecto a las posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para el examen de admisión, señaló: “estamos procediendo en los términos legales contra las autoridades universitarias y particulares responsables del fracaso de la aplicación del examen” (Boletín No. 4847).

El auditor añadió otro dato notable: “se logró el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, mediante un mecanismo jurídico innovador, con el fin de conservar pruebas fundamentales para la investigación”.

 

No precisó el mecanismo jurídico, ni en qué etapa está la auditoría de la UNAM. No obstante, es posible que sus resultados se conozcan pronto o, a más tardar, en febrero de 2027, porque en esa fecha se realizará la tercera entrega de informes de la ASF y tal vez ahí estará incluida. ¿Será una sorpresa? Tal vez no.

 

La mayoría de las observaciones de la ASF son solventadas con relativa facilidad por las entidades responsables y ha habido casos en los que la misma Auditoría cambia su posición inicial. ¿Recuerda alguno? El más emblemático fue cuando modificó su cálculo de lo que habia costado la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; lo redujo a menos de la mitad.

 

El actual auditor tiene medio año en el cargo y aclaró que, en materia penal, en este periodo se han presentado 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada. Incluso subrayó que, por primera vez, se presentaron tres denuncias penales antes de que concluyera el proceso de fiscalización.

 

En fin, esperemos el informe de la ASF sobre la UNAM y el efecto que tendrá en la estructura universitaria. No es lo único. También faltan los resultados de las dos auditorías internas.

 

Pie de página: El episodio con los autos Tesla de la UAM es indefendible y el conflicto con los estudiantes sigue en ascenso. // A propósito, se cumplen 40 años del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y hay mesas de análisis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM este 12 y 13 de noviembre.

Los hechos del Plan México

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1162. Noviembre 5, 2026)

 

Al inicio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México: una estrategia de desarrollo económico que intenta dinamizar el mercado interno, incentivar los productos nacionales y el empleo. La iniciativa continúa en el presente y la pregunta es si se trata de una narrativa gubernamental más o de un verdadero plan.

 

El Plan, como se sabe, tiene una docena de metas relativamente ambiciosas. Entre ellas figuran las siguientes: “estar en el top 10 de economías” o la de elevar la proporción de inversión respecto al PIB por arriba del 25 por ciento; crear 1.5 millones de “empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores estratégicos”.

 

O bien, en el terreno educativo, alcanzar: “150 mil profesionistas y técnicos anuales con formación continua alineada a sectores estratégicos y 100 por ciento de educación dual en media superior técnica”. Nada menos.

 

En junio de 2025, unos meses después de la presentación, ya se anunciaba el arranque de “15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobis) que se ubicarán en 14 estados”. Por cierto, la mayoría de entidades se quedaron en eso: en la foto de los y las gobernadoras en el arranque (26.06.2025).

 

Lo que se propone el Plan es, en realidad, una política industrial de largo plazo, pero será valorada por los resultados que ofrezca en el actual periodo de gobierno y, para efectos prácticos, ya transcurrió su primer tercio. Sus logros están por comprobarse.

 

En agosto pasado, cuando se conoció el reporte de Mariana Mazzucato y Lara Merling sobre el Plan (State Transformation for Plan México: A Mission-Oriented Approach to Delivering Shared Prosperity), advirtieron que difícilmente podría ponerse en marcha el Plan sin el diseño y la construcción de capacidades estatales de ejecución para articular el presupuesto, la estrategia de desarrollo y las instituciones.

 

El pasado mes de septiembre, cuando la presidenta presentó su segundo informe de gobierno, sobre la educación dual se anotó que el IPN, en colaboración con la Cámara

Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, “inició la primera generación del Programa de Educación Dual de tipo superior con la participación de 10 estudiantes” (pág. 225). Sí, es correcto, una decena de estudiantes.

 

Otro número un poco más alto, pero no mucho más, fue el de las opciones para la conclusión de estudios mediante el modelo de educación dual del nivel tecnólogo: “se incorporó a 42 estudiantes de las carreras de Electromecánica, Control Automático y Mecánica Automotriz, quienes realizaron su formación en vinculación con empresas del sector productivo, mediante el título de Tecnólogos” (pág. 226).

 

Después, en el mismo informe, estaban las cifras de la Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que sumaban más de 10 mil, o las del Tecnológico Nacional de México, que eran alrededor de 2 mil 500. Pero todavía muy lejos de los 150 mil que se proyectan para el 2030 y nada sobre el 100 por ciento de educación dual en media superior técnica.

 

Algo similar ocurrió con los 15 Podecobis anunciados en 2025. Según los datos oficiales, solamente 6 de los 15 que se declararon en fase de arranque, contaban con un desarrollador asignado (pág. 314). Tal vez, por la misma razón, con las cifras más recientes sobre el  crecimiento de la economía nacional y la reciente inauguración de un séptimo polo de desarrollo, ahora en el estado de Hidalgo, se produce un renovado impulso al Plan México.

 

Por cierto, originalmente se pensaba que el polo de desarrollo estaría alrededor del AIFA. Pero no, será en Tezontepec, Hidalgo. También vale la pena recordar que precisamente esa zona, hace más de 15 años, se propuso como el área con mayores posibilidades para la construcción del nuevo aeropuerto internacional e incluyó el proyecto Plataforma Logística Hidalgo (Plath).

 

Estaba previsto que en esa zona de Tezontepec convergiera un aeropuerto, un ferrocarril y una pujante actividad industrial. Pero no, solamente quedaron en pie y se desarrollaron las naves del proyecto que luego se convirtió en Platah. Ahora, va una segunda iniciativa: un polo de desarrollo en el marco del Plan México. Y está por comprobarse si los anuncios pasarán al terreno de los hechos o no.

 

Por lo pronto, el polo es inaugurado por un Centro de Distribución Robótico de la empresa “Mercado Libre” y la presidenta Sheinbaum anotó: “Es el primer Polo de Bienestar que tiene planteado, no solamente la inversión, sino también vivienda, una Unidad de Medicina Familiar y escuelas. De tal manera que, por primera vez, hay un esquema de planeación estratégica que nos permite pensar en el futuro, en el presente y en el futuro” (29.10.2026).

 

Además, en la misma zona Platah, una compañía farmacéutica, los laboratorios Carnot que, en marzo de 2024, cuando todavía no existía el Plan México, ni se mencionaban los polos de desarrollo, comenzó a construir su nueva planta (Milenio 04.03.2024). Ahora, el gobierno estatal y el federal han sumado esa planta al polo de desarrollo.

 

El estado de Hidalgo es la entidad con la mayor tasa de crecimiento económico en el país, pero no es un efecto del Plan. Todavía no se pueden contrastar con exactitud las metas del Plan México y sus resultados; la narrativa tiene mayor contundencia que los hechos y las cifras. Volveremos con los números de crecimiento económico, empleo y educación.

 

Pie de página: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del pasado 28 de octubre, concedió la protección constitucional a la Universidad Autónoma de Nayarit. Notable. // A propósito de las numerosas consultas de la SEP, esta dependencia publicó el 29 de octubre la convocatoria de “consulta institucional para la selección de los perfiles a ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional”. Sí, la participación es consultiva, cerrará el 1 de diciembre con dos listas, una con tres mujeres y otra con tres hombres. La presidenta elegirá a la persona que será titular del Poli. Pendientes.

La ley de ciencia, la igualdad, la gobernanza y la Corte

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1161, octubre 29 de 2026, pág. 4)

 

Tres años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGMHCTI) y reconoció que es una norma válida (19.10.2026).  

 

¿Tiene relevancia la decisión de la Corte? Sí. No solamente porque declara la constitucionalidad de la norma, sino también por la definición que asume sobre la distinción entre instituciones públicas y privadas para efectos del respaldo estatal, y por las implicaciones para la gobernanza del sistema científico y tecnológico.

 

La decisión de la Corte de la semana pasada no fue ninguna sorpresa. Desde marzo de este año, cuando se publicó el proyecto de resolución, a cargo de la ministra ponente Sara Irene Herrerías, se conocía el sentido de la propuesta. El 24 de marzo de 2026, lo anotamos en su momento en este Acelerador de Partículas: “lo más probable es que el proyecto de la ministra sea votado a favor” (Campus Milenio No. 1134).

 

El proyecto de la ministra Herrerías, de más de un centenar de páginas, responde a las impugnaciones a la ley y concluye que son infundadas las violaciones legislativas que se le señalaron. Otro tanto ocurre con los principios de igualdad y no discriminación: el proyecto distingue entre igualdad formal e igualdad sustantiva para finalizar indicando que estudiantes y académicos de los sectores público y privado tienen un estatus similar.

 

A este respecto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, argumenta que la idea subyacente en el criterio adoptado en la reciente resolución de la Corte es que: “lo público es bueno por definición y lo privado, desconfiable por el mismo motivo; que la educación, los estudiantes, los investigadores o el desarrollo científico y tecnológico deben tener diversas calidades por las bondades de lo primero y los ánimos de lucro de lo segundo” (El Universal 27.10.2026). Si este es un principio de actuación, el resultado podría ser muy preocupante.

 

Las posiciones de los ministros también son ilustrativas de las tensiones en torno a lo público y su signficado. Por ejemplo, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía se excusó de participar en el debate y emitir su voto porque, argumentó, su juicio podría ser parcial, debido a que se desempeñó en el ámbito académico en una institución particular, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y, como muchos investigadores, interpuso un juicio de amparo cuando se vio afectado.

 

La ministra Loretta Ortiz Ahlf sí participó en el debate. También es integrante del SNII e imparte clases en una institución particular. Fue la única que votó en contra de una parte del proyecto de resolución. Anotó: “obviamente, sí se viola el derecho, el derecho a la igualdad, porque tenemos los mismos derechos los que trabajamos en instituciones públicas como privadas” (19.102026).

 

El resto de los ministros y las ministras, con diferentes argumentos, se pronunciaron a favor de la resolución. Por ejemplo, la ministra Estela Ríos apuntó: “En los hechos, lo que sucede es que las universidades privadas compensan los malos salarios y las bajas prestaciones que otorgan a quienes les sirven con los estímulos del SNII”.

 

Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz resumió que el debate se refería a optimizar y priorizar la inversión pública en el sector. Y añadió que, desde una determinada interpretración, sí se contraviene el principio de igualdad, al excluir a las instituciones privadas. No obstante, consideró que el proyecto de la ministra Herrerías ofrecía una alternativa adecuada al “resolver este tema mediante una interpretación conforme”.

 

En el ámbito jurídico, una “interpretación conforme” se refiere a la posibilidad de que si una ley se puede entender de formas diversas, se adopte la que sea compatible con la Constitución y los derechos en ella reconocidos, siempre que sea jurídicamente válida.

 

Además, el ministro presidente recordó que el anterior Conacyt fu sustituido por una Secretaría de Estado, por lo cual ya no tienen sentido las impugnaciones sobre la participación de representantes de las fuerzas armadas en su Junta de Gobierno, porque esa Junta ya no existe. Es un asunto que vale la pena tener presente.

 

La ministra ponente, sin embargo, indicó que no se deberían mezclar disposiciones de la norma constitucional con reglamentos secundarios. Y concluyó, respecto a la integración de la Junta de Gobierno: “en este momento, no sería conveniente sobreseer ese artículo que habla sobre este Consejo”. Así que el asunto parece más complejo de lo que parece.

 

La Corte ya decidió que la ley sí es constitucional, pero el problema no está resuelto. Por una parte, habrá que ver si el máximo tribunal y, en general, el sistema jurídico, al dirimir controversias sobre igualdad, terminarán inclinándose sistemáticamente por lo público.

 

Por otra parte, está claro que la ley de ciencia debe reformarse cuanto antes, aunque no se advierte es que eso vaya a ocurrir. La reforma no está en las preocupaciones del gobierno federal y todavía menos entre las de los legisladores.

 

El asunto de fondo es cómo gobernar el sistema científico y tecnológico actualmente, y cómo conciliar la indispensable coparticipación de los sectores público y privado. Aunque, tal parece que, para nuestras instituciones, eso es lo de menos.

¿Evaluar las Becas para el Bienestar y de posgrado?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1159, octubre 15 de 2026, pág. 4)

 

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) presentó su Informe del Resultado de la Fiscalización 2025. Para el sector educativo y la prensa, lo relevante fue un monto de casi 600 millones de pesos cuyo destino no está claro en tres programas de becas. La cifra no es nada insignificante. Pero lo sobresaliente tendría que ser la evaluación integral de tales programas.

 

El Informe indica que auditó los siguientes programas de becas: en básica, las de Bienestar Benito Juárez (2024) y la Rita Cetina (2025); la Universal de Educación Media Superior Benito Juárez; y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro (30.09.2026). Por cierto, los nombres y años distintos en las becas de básica se deben al cambio de denominación a partir de la actual administración.

 

Los señalamientos de la auditoría precisan que: hay claves de centros de trabajo que no aparecen en los registros de la SEP; escuelas a las que otorgaron becas y no son prioritarias; y tarjetas bancarias que no se entregaron a sus destinatarios, pero que están activas e incluyen 8.6 millones de pesos.

 

Sin embargo, la mayor irregularidad es que: “Se identificaron 67,142 beneficiarios inscritos en escuelas de educación básica, media y superior que tenían dictamen negativo derivado de la confronta con el Registro Nacional de Población, con pago de beca por un monto de 592.3 mdp” (p.15).

 

Además, sobre las becas de posgrado, la auditoría identificó que se renovaron seis becas que no cumplían con los criterios de elegibilidad por un monto de 2.6 millones de pesos. También detectó posibles pagos en exceso a 484 beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores por más de 18 millones de pesos.

 

La prensa hizo notar las irregularidades, especialmente la entrega indebida y millonaria de becas, e incluso algunos medios cabecearon sus notas como fraude y corrupción en las instituciones implicadas. Y sí, es grave, la desviación indebida de recursos públicos, cuando se acredita, es un delito.

 

Los calificativos no pasaron desapercibidos en las redes sociales, amplificaron su resonancia e hicieron mella en las dependencias gubernamentales. La SEP que parece refractaria a las apreciaciones públicas, emitió un boletín para puntualizar que la auditoría estaba en proceso y que la institución continuaba “trabajando para proporcionar la información y realizar las aclaraciones necesarias que permitan solventar todas las observaciones” (Boletín 324).

 

No fue suficiente. La misma Secretaría de Anticorrupción tuvo que emitir un boletín adicional para explicar los alcances de las auditorías y cómo se determinan las responsabilidades administrativas. En el caso de las becas, puntualiza el boletín, el proceso apenas se encuentra en su primera etapa, la de visitas de inspección y auditorías. Falta la de investigación, antes de fincar responsabilidades.

 

Por si hubiera dudas, el boletín agrega: “del 100 por ciento de los hallazgos con los cuales inician las auditorías, el porcentaje que llega hasta que se acredita una responsabilidad es mínimo, además, cabe precisar que no todas las faltas administrativas derivan en daño patrimonial, o en afectaciones económicas para el Gobierno Federal”.

 

En fin, ciertamente las auditorías se centran en el detalle administrativo, en la vigilancia de las normas para la distribución de los recursos y la operación de los programas públicos. Un control necesario para detectar posibles actos de corrupción de los funcionarios, pero insuficiente para la valoración de los programas.

 

Las observaciones de la auditoría a los programas de becas seguramente serán solventadas por las dependencias implicadas y ahí se cerrará el tema. Sin embargo, al final, aunque las becas constituyen un pilar de la política social, no conoceremos sus dificultades ni el impacto que tienen.

 

Vale la pena ponderar de qué cantidad de recursos estamos hablando. Según las cifras del presupuesto de este año, el mayor volumen de recursos es para el programa Rita Cetina con poco más de 36 mil millones de pesos, después el de media superior con alrededor de 4 mil millones de pesos y el de Jóvenes Escribiendo el Futuro que sobrepasa los mil millones de pesos. En conjunto suman casi 42 mil millones de pesos.

 

Los 600 millones que tienen presuntas irregularidades son muchos pesos, pero representan alrededor del 1.4 por ciento del presupuesto conjunto de los tres programas mencionados. El manejo del presupuesto público tendría que ser pulcro; hasta el destino de un peso debería estar claro. No obstante, la fiscalización de los recursos, aunque indispensable, no basta para determinar si los programas cumplen sus finalidades ni qué efectos producen.

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coordinaba la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social. Era un Consejo que no era autónomo, sino un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, pero, de todas formas fue extinguido en 2025,

 

Ahí se perdió la posibilidad de valorar el funcionamiento y los resultados de los programas sociales. Una de las últimas publicaciones del Coneval fue, precisamente, una evaluación de impacto del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.

 

Hoy no tenemos, desde el ámbito gubernamental, una evaluación confiable de sus programas sociales. Deberíamos exigirla.