La ventana en el gabinete y el exconsejero

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1127. Febrero 19, 2026, pág. 4)

 

El reciente libro de Scherer y Fernández lo dice llanamente: el nombramiento de María Elena Álvarez Buylla (MEAB) como titular del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue un error y un gran problema para el sector y para el gabinete de López Obrador.

 

La apreciación sobre el desempeño de la exdirectora no es ninguna novedad: confirma lo que vimos en tiempo real y que la mayoría de balances ya lo reportaron. Sin embargo, sí es la primera ocasión que el juicio, público y por escrito, proviene del primer círculo de colaboradores de López Obrador.

 

La valoración está en el reciente y polémico libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. El primero, como se recordará, ocupó la posición clave de consejero jurídico de López Obrador y es quien relata los acontecimientos. El segundo es un periodista especializado en temas de política y de seguridad; él hace las preguntas y es la pluma del texto.

 

La intención de la publicación, anota Fernández en el prólogo, es “contar la historia para que persista en la memoria, para que no se impongan ni el olvido ni la mentira”. Las reacciones han sido controvertidas, algunas le restan credibilidad a las revelaciones del exconsejero y piensan que constituyen una deslealtad con el expresidente.

 

Otras apreciaciones se han centrado en los perfiles de los autores del libro -más que en el contenido-, sea para denostarlos o para alabarlos; otras más, festinan la divulgación de episodios delicados del gobierno lopezobradorista y confirman lo que reportaron en su momento algunas versiones periodísticas.

 

La mejor posición sobre el libro será la que se forme cada lector. Lo innegable es que se trata del testimonio de un personaje que participó y estuvo en la cocina de las decisiones sobre asuntos de interés público. Constituye una ventana a un lugar que generalmente escapa a la mirada de los gobernados y a la rendición de cuentas.

 

¿Qué dice sobre el desempeño de MEAB en el Conacyt? Las líneas corresponden al apartado que narra la integración del “equipo” de trabajo de López Obrador. Al respecto, vale la pena tener presente que, a diferencia de gobiernos anteriores, el gabinete se conoció con mucha antelación: al inicio de la campaña electoral, antes de conocer al ganador de las elecciones.

 

Ahí desfilan los nombres y detalles personales de lo que fue el equipo de gobierno. Por ejemplo, el episodio de César Yáñez y su salida del gabinete; la relación con Carlos Urzúa u Olga Sánchez Cordero. O bien, la posición de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad o los elogios a Esteban Moctezuma, entre muchos otros.

 

Sobre MEAB, Scherer, sin más, desde el comienzo destaca que la exdirectora metió al Conacyt en grandes problemas: “En problemas gratuitos y terribles. Álvarez-Buylla fue un desastre desde el principio. Había ganado un premio nacional, y Andrés Manuel dijo que iba a nombrar en el Conacyt a una persona muy importante porque acababa de recibir un reconocimiento relevante”.

 

Y sí, haber obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2017, fue la característica que López Obrador destacó en primer lugar cuando anunció que MEAB sería la directora del Conacyt, lo hizo en ocasión del tercer y último debate entre los candidatos presidenciales en junio de 2018 (Campus Milenio No. 759).

 

En el libro no se menciona quién le sugirió el nombre, pero es posible que los antecedentes familiares de MEAB y sus posiciones políticas fueran los ingredientes adicionales a considerar. En aquel entonces lo que se podía prever, y también quedó registrado en este Acelerador de Partículas, es que tal vez su nombramiento no había caído nada bien entre miembros del equipo de gobierno.

 

Justo porque Álvarez Buylla, además del reconocimiento como científica, era conocida por su activismo en contra de los transgénicos. Una posición contraria a la que sostenían otros miembros de lo que sería el gabinete legal, como Alfonso Romo y Víctor Villalobos. Las disputas no fueron estruendosas, pero sí trascendieron públicamente.

 

Ahora, Scherer lo confirma, al anotar que, precisamente, Víctor Villalobos le pidió que: “le dijera al presidente que nombrara a cualquier otra persona, pero no a Álvarez-Buylla porque era un desastre: «Esa señora no sabe lo que va a hacer con la ciencia, no sabe absolutamente nada»”.

 

El exconsejero añade que MEAB “fue tremenda desde el inicio, con errores de todo tipo, confrontada con la comunidad científica. Le entabló un juicio al consejo del Conacyt con el tema del maíz originario, del glifosato y una cantidad de cosas aterradoras”. También refiere el acompañamiento de la directora y del exfiscal Gertz Manero en la persecución judicial a científicos o la supresión de todos los fideicomisos engañando al presidente.

 

En fin, en su momento, esos y otros acontecimientos, fueron públicos y notorios. Lo novedoso es que ahora una persona que estuvo en el cuarto de las decisiones los confirma y califica su nombramiento como un “error” y su desempeño como un “desastre” de principio a fin. Nada más. Esperemos la versión de la aludida, seguro la habrá.

 

Pie de página: También, ilustrativa, muy ilustrativa, la anécdota y rectificación de Scherer Ibarra sobre la integración de las mujeres en el equipo de López Obrador. Pendientes.

Federalización de la Rosario Castellanos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1126. Febrero 12, 2026)

 

Abrir mayores oportunidades educativas para los jóvenes siempre es una buena noticia, sobre todo en lugares en donde las opciones son inexistentes o las que hay son limitadas. La actual administración gubernamental lleva a escala nacional el modelo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la iniciativa está en ascenso.

 

Pero ¿qué criterios comandan la expansión y cómo es la relación entre las entidades y la federación para instaurar los planteles?

 

El pasado 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador potosino, Ricardo Gallardo, inauguraron la primera etapa de una unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el estado.

 

San Luis Potosí será otra entidad que se suma a las cinco en las que ya está en marcha la iniciativa: Chiapas, estado de México, Baja California, Tlaxcala y Yucatán. Aunque, la Ciudad de México, en donde surgió el modelo, sigue concentrando el mayor número de planteles y alrededor de la mitad del total de la matrícula de la UNRC.

 

Pero ¿por qué en esas entidades y no en otras? Aparte de la Cdmx, la primera entidad en instaurar una sede fue Chiapas. De hecho, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, casi antes del decreto de creación de la UNRC y de que él tomara posesión del cargo, expresó su disposición a albergar la primera unidad.

 

Y sí, en Comitán de Domínguez, Chiapas, quedó el primer plantel. Un lugar emblemático para la UNRC, no solamente porque ahí vivió su infancia y adolescencia Rosario Castellanos, también porque Chiapas, con 21 por ciento de cobertura en educación superior, es la entidad con la tasa más baja (menos de la mitad de la media nacional). Sí, el mayor esfuerzo de atención educativa se debe localizar en donde más se requiere.

 

Sin embargo, la distribución de las unidades de la UNRC no sigue un patrón uniforme. Por ejemplo, Baja California no ocupa la posición más alta en cobertura a nivel nacional, como la Cdmx, pero sí está en las primeras posiciones y tiene un promedio de más del doble que Chiapas. ¿Por qué se creó ahí una unidad?

 

Aunque, debe anotarse, la cobertura a nivel de entidad federativa es muy gruesa, esconde grandes diferencias y no permite mayor discriminación para la atención educativa. Especialmente cuando hay datos disponibles sobre georreferenciación que permiten un acercamiento a nivel municipal para valorar tanto las carencias como la demanda y oferta educativa.

 

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García tenían el propósito de atender a los jóvenes localizados en zonas de alta y muy alta marginación. No obstante, las valoraciones del programa han mostrado tanto su falta de precisión en la población objetivo como la azarosa localización de sus planteles y las graves improvisaciones en las que ha incurrido. En efecto, no es irrelevante cómo y en dónde se localiza una institución.

 

Lo que ocurrió con la reciente inauguración del plantel de la UNRC en San Luis Potosí nos puede dar una idea de los elementos que entran en juego para la implantación de una sede. Por ejemplo, preguntó la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigiéndose a los asistentes: “¿Saben quién construyó la universidad, los edificios?”

 

La mandataria no espera respuesta, voltea a ver al ejecutivo estatal y añade: “Ricardo, el gobernador, él los construyó. Se dieron recursos federales al gobierno del estado y se construyó la Universidad. Ahora faltan otros edificios, porque ya está un edificio, ¿no?, falta otro, que es de laboratorios. Y como ya dijo Rosaura, este año vamos a dar

más recursos para que se construyan más edificios aquí, en la Rosario de Soledad de Graciano” (07.02.2026).

 

Entonces, pareciera que el gobierno federal otorga los recursos financieros y el estado lleva a cabo la obra. ¿El ejecutivo estatal no suma más recursos? Seguramente sí y los detalles, como en todo acuerdo entre diferentes niveles de gobierno, deben estar en los convenios oficiales firmados, no en los actos de inauguración. El asunto es si son o no acuerdos variables entre filiaciones partidistas o entre entidades federativas.

 

Además, los recursos y las negociaciones no son lo único para la creación de unidades. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en su intervención les platicó a los asistentes a la inauguración: “En una gira que tuve con nuestra presidenta, íbamos viajando en la camioneta, y le platicaba todo lo que estaban ocupando las plantas que ya están llegando a San Luis Potosí, japonesas, americanas, alemanas”.

 

El gobernador entrecierra los ojos, sigue y enfatiza: “Y traen a los ingenieros de sus países, bien pagados, porque aquí en San Luis Potosí no teníamos una universidad en Robótica, Electrónica e Inteligencia Artificial. Ahí fue donde la presidenta me dijo: ‘Te voy a hacer una Rosario Castellanos que incluya todas esas carreras para que a los jóvenes potosinos les vaya mejor’. ¡Arriba nuestra presidenta!”

 

Las risas y los aplausos estallaron. Sin embargo, con independencia de la arenga propia de este tipo de foros, el gobernador confirma la disposición del gobierno federal para canalizar los recursos y también para el tipo de especialidades profesionales que serán impartidas.

 

El tema de las opciones profesionales, las aspiraciones de los jóvenes y el mercado de trabajo amerita un tratamiento aparte. Por ahora, vale la pena destacar que la expansión de la UNRC a escala nacional está en un proceso de federalización en el que pronto se advertirá si es para una mayor descentralización o, más bien, para el camino inverso.

 

Pie de página: La corrupción es una de las heridas más profundas de la vida pública, y cuando invade una institución educativa, su impacto es aún más devastador. En el Instituto Politécnico Nacional, la crisis permanente en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía —con cerca de diez paros en menos de tres años— ya no puede explicarse únicamente como inconformidad estudiantil, sino como la expresión de una disputa de poder alentada por un grupo con protección sindical y respaldo en distintas áreas del IPN.

 

Dentro de la propia comunidad se le conoce como “el cártel”: una red de profesores y operadores que actúa como grupo de presión, se presenta como interlocutor ante las autoridades y utiliza los paros como mecanismo de negociación. Existen denuncias de cobros indebidos, manipulación de calificaciones, tráfico de influencias para plazas y permisos, así como cuotas informales exigidas a directivos a cambio de gobernabilidad.

 

Ante la posibilidad de nuevos paros, corresponde a la Secretaría de Educación Pública y a los órganos internos de control revisar con rigor estas denuncias, garantizar procesos transparentes y proteger a la comunidad académica para que la vida institucional del IPN se rija por la legalidad y el interés público.

Agenda legislativa: los agujeros en la ley de ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1125. Febrero 5, 2026, pág. 4)

 

No tiene mucho sentido detenerse en los estertores en tribunales de Romero Tellaeche, el anterior director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Por lo demás, como lo reportó Rubén Mosso en estas páginas de Milenio, un juzgado federal le rechazó un amparo provisional y este viernes 6 de febrero habrá una audiencia para una resolución definitiva (Milenio 29.01.2026). No habrá mucho más.

 

Tampoco vale la pena, como lo anotamos la semana pasada en este Acelerador de Partículas, detenerse en la filtración que ocurrió alrededor del cambio de titular del Cide. En todo caso, revela fallas en la operación política del sector. (Campus Milenio No. 1124).

 

Sin embargo, hay otro aspecto más notable en el episodio del Cide que sí conviene tener presente, no solamente para la conducción de los centros públicos, sino principalmente para la gestión del sector y para la rendición de cuentas. Se trata del marco normativo para regular el funcionamiento del sistema científico y tecnológico.

 

Por ejemplo, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) informó en comunicado público que la decisión de cambiar a la persona titular del Cide -sí, así, de forma impersonal- se sustentaba en el incumplimiento de sus responsabilidades administrativas.

 

Textualmente precisó que la decisión del “cambio” se debió a que, conforme a la ley general en la materia y el estatuto del Centro, el anterior director no presentó “el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno” (Comunicado 7/2026).

 

Desde luego, es grave que en el gobierno del Cide, y de cualquier otra institución, la persona titular sea la primera en quebrar sus normas. Sin embargo, con independencia del alcance de la falta, lo notable es que la justificación pública de la autoridad llegó dos días después de que el anterior director general publicara en redes sociales su inconformidad y puntualizara que normativamente la remoción excluye las decisiones informales o los acuerdos políticos (26.01.2026).

 

Ahora se entiende la demora de la autoridad del sector y por qué subrayó el incumplimiento de responsabilidades administrativas de Romero Tellaeche. Lo sorprendente es que no invocara el artículo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Lgmhcti) que la faculta para remover, sin más, a los directores de los centros públicos.

 

El capítulo III de la ley general de ciencia, referente a los órganos de los Centros Públicos y, en especial, el último párrafo de su artículo 95 establece las causales para remover a las personas titulares e indica: “Asimismo, las personas titulares de las Direcciones Generales o equivalentes podrán ser removidas por la persona titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda”.

 

Seguramente habrá una argumentación política y jurídica razonable para la omisión de este artículo en la justificación que dio la autoridad sobre la remoción en el Cide. Pero lo que conviene notar es que la ley general del sector sigue sumando dificultades, bien por lo que establece o por lo que omite. No se trata solamente de los centros públicos.

 

Aparte de que la ley general tiene fallas de origen y se refiere a un Conahcyt que ya no existe, la autoridad tiene dificultades para compaginar lo que prescribe con la orientación del sector. Por ejemplo, ahí está la operación del Sistema Nacional de Posgrados, lo mismo que la complicada relación con el sector privado, cuya participación en el financiamiento de las actividades es poco significativa. O bien, las instancias de contacto y colaboración con la comunidad sectorial y las entidades federativas.

 

La ley general tampoco es un referente para las obligaciones de la ahora secretaría de Estado. La norma indica que debe elaborar un Programa Especial en la materia, el denominado Peciti, pero la autoridad solamente presentó un programa sectorial (DOF.17.09.2025). También establece que la cabeza del sector debe emitir anualmente un “informe nacional sobre el estado general” del sector (fracción XXVII del artículo 63). Sin embargo, hace cuatro años que no lo publica.

 

En fin, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2023 tiene que pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la ley general de ciencia, pero todavía no resuelve. El detalle es que antes debe revisar dos centenares de expedientes sobre otras controversias (Expediente360/2023). Va para largo.

 

Tampoco hay ninguna iniciativa de reforma a la ley general de ciencia en el Congreso y los legisladores más bien están ocupados con la reforma electoral en marcha y sus altas responsabilidades. Por el momento, ni hablar de cosas menores.

 

Sin embargo, ya es hora de que la reforma a la ley general de ciencia esté en la agenda legislativa, en lugar de soslayar las fallas y de tapar los inocultables agujeros del marco normativo.

 

Pie de página: En Brasil, el Examen Nacional de Evaluación de la Formación Médica (Enamed) mostró que una parte significativa de los estudiantes de último año no posee los conocimientos mínimos necesarios. Tomemos nota.