La internetización y los formatos de comunicación

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1142, junio 11 de 2026, pág. 4)

 

Una cierta percepción generalizada sobre los jóvenes destaca que leen poco, son frágiles emocionalmente, no les interesan los temas políticos y la mayor parte del tiempo se la pasan conectados a sus computadoras o pegados a sus teléfonos celulares.

 

La situación es paradójica: la población más joven y con altos niveles de escolaridad ha experimentado una inmersión tecnológica, una gran exposición a cúmulos de información y, al mismo tiempo, es la que parece menos encantada con los avatares cotidianos.

 

Lo cierto es que, en el actual contexto tecnológico, hay un desconocimiento e incomprensión sobre qué les interesa a los jóvenes y cómo ha cambiado su consumo cultural. El Instituto Reuters para el estudio del periodismo publicó, el pasado mes de marzo, un reporte sobre comportamientos y actitudes de los jóvenes en torno a las noticias y cómo se relacionan con ellas.

 

El informe se titula “Comprender a las audiencias jóvenes en una época de cambios veloces” y aquí se puede consultar: t.ly/kOd7g. La población a la que se refiere está entre los 18 y 24 años -precisamente el grupo de edad que corresponde a los estudios superiores- y reúne datos de encuestas en línea realizadas entre 2015 y 2025.

 

Aunque el rango de países es variable (nueve al inicio del periodo y 45 en el último año, México incluido), permite apreciar cambios generacionales. Por ejemplo, hace una década los jóvenes se informaban a través de las páginas web y las aplicaciones de los medios; ahora prioritariamente se dirigen a las redes sociales.

 

Pero no todas las redes sociales, Facebook ya no está entre las dominantes. Actualmente, las redes preferidas de los jóvenes son las plataformas audiovisuales, como TikTok, Instagram y YouTube. No obstante, las noticias y la política no están en su catálogo de preferencias; apenas el 35 por ciento de jóvenes muestra mucho interés en las noticias.

 

En cambio, dicen las encuestas, tienen una mayor preferencia por los contenidos divertidos y entretenidos. Además, los hombres tienden a inclinarse más por la ciencia y la tecnología; las mujeres, por la salud mental. También se confirma un mayor uso de la inteligencia artificial (IA) y los chatbots como medio de información.

 

La evolución en el uso de dispositivos tecnológicos, internet y redes sociales ha sido vertiginosa en todo el mundo. Algunas tendencias y patrones de comportamiento del reporte de Reuters son coincidentes con los datos de México.

 

Los resultados de la “Encuesta nacional de usos y percepciones sobre la inteligencia artificial generativa en la educación superior mexicana”, realizada el año pasado, indican que el 60 por ciento de docentes y el 66 por ciento de alumnos utilizan la IA de forma cotidiana.

 

También, el trabajo de Alejandro Moreno, titulado “La evolución cultural en México. Cuatro décadas de cambio de valores 1982-2023”, destaca que en las últimas dos décadas se expandió el uso del teléfono celular, hasta alcanzar el 86 por ciento de la población, y dos tercios utiliza smartphone. Lo mismo ocurrió con internet; pasó de 16 a 77 por ciento en el mismo periodo.

 

A pesar de las inocultables brechas digitales, sea por regiones geográficas, deciles de ingreso, niveles de escolaridad o grupos de edad, sin duda el crecimiento tecnológico ha sido muy veloz y en muy corto tiempo. Alejandro Moreno lo denomina como la “internetización” de la sociedad mexicana (p. 264).

 

Los centennials (o generación Z), jóvenes que nacieron entre 1997 y 2012, constituyen la primera cohorte que creció sumergida en internet, las redes sociales y los dispositivos tecnológicos; por eso se les refiere como nativos digitales. Tal vez las implicaciones para su consumo cultural o para los procesos de formación académica son más notorios, pero el impacto de la internetización no se limita a una generación ni a un ámbito.

 

Un editorial reciente de la prestigiada revista Nature, advierte que los investigadores y las editoriales científicas necesitan comprender mejor lo que está ocurriendo, porque el flujo de información se ha vuelto cada vez más rápido, más visual y más personal (Vol. 654. 02.06.2026).

 

Y sí, como lo anota la revista, lo que está en juego es el futuro de la comunicación basada en hechos, incluida la comunicación científica. Podemos atestiguar la dificultad cada vez más frecuente para distinguir cuándo estamos ante la realidad y cuándo ante una ficción. O bien, para trazar los límites entre una opinión, un hecho o un entretenimiento.

 

El cambio de formatos es inminente, pero tampoco hay que abrazar los nuevos modelos sin más. Lo grave sería que el rigor académico, la seriedad de la comunicación y los mínimos de calidad se vayan en el tren de la inmediatez tecnológica y el deslumbramiento de las redes sociales.

 

Pie de página:  No estaría nada mal que el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo hiciera notar los niveles de inversión de los países participantes. // El prototipo de Olinia, el vehículo eléctrico nacional, ya está. Seguramente no fue fácil. Pero falta lo más complicado: la producción y comercialización. Veremos si sobrepasa el carril de las intenciones. Atentos.

 

Los programas gubernamentales y la coordinación intersectorial

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1140, mayo 28 de 2026, pág. 4)

 

El gobierno federal publicó recientemente los diferentes programas nacionales y especiales que serán la guía de sus acciones para lo que resta del sexenio. Entre ellos está el Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 (DOF, 18.05.2026). Sí, el título está en plural.

 

El programa se añade al Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 que presentó la ahora secretaría en septiembre del año pasado (sí, solamente una palabra está en plural) (DOF, 17.09.2025) y al Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 publicado en el mes anterior (DOF, 14.04.2026).

 

La situación es peculiar en los programas del sector científico y tecnológico. Por una parte, suma dos programas relativamente similares y, por otra, no precisa lo suficiente la relación con la Secretaría con la que tiene una mayor intersección y convergencia.

 

Pero vayamos por partes. ¿Por qué la actividad científica y tecnológica tiene dos programas? En primer lugar, porque cuando en 2025 el Conahcyt pasó de ser un organismo descentralizado a una secretaría de Estado, quedó obligada, como todas las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), a presentar un programa sectorial y así lo hizo.

 

En segundo lugar, la ley general de ciencia vigente establece que el organismo rector de la política científica y tecnológica, debe elaborar un Programa Especial en la materia. El asunto es que se refería al Conahcyt que ya no existe, pero como no se ha reformado la ley, y no parece que vaya a reformarse en el corto plazo, persiste la obligación de elaborarlo.

 

La ley de planeación indica que los programas sectoriales deben considerar las propuestas de las entidades del sector y, sobre todo, desdoblar lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por ejemplo, en este caso, el Plan propuso como objetivo: “convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad” (PND pág. 122)

 

Por su parte, según la misma ley de planeación, los programas especiales también toman como base lo que se indica en el PND, pero específicamente en lo refierente a las prioridades de desarrollo integral del país, o bien, a las actividades en las que están involucradas dos o más dependencias de la APF (Artículo 26).

 

El sector científico y tecnológico tiene relación con múltiples dependencias. Aunque, en realidad, la historia del programa especial viene desde la ley de fomento de ciencia de 1999, cuando se buscaba otorgarle al entonces Conacyt, una mayor autonomía y mejores capacidades de gestión.

 

En fin, el caso es que hasta antes del actual periodo de gobierno, se publicaba como única referencia el programa especial del sector (el Peciti) para establecer las coordenadas y acciones que se pondrían en marcha en la actividad científica y tecnológica. Ahora, además, también está el programa sectorial.

 

Cabría suponer que el programa sectorial se ajustaría mayormente a lo que debería realizar la actual secretaría de ciencia, mientras que el programa especial tendría un carácter más transversal y un mayor desplazamiento hacia la articulación intersectorial. Y sí, este último se plantea como uno de sus objetivos “Consolidar la coordinación intersectorial”.

 

Sin embargo, soslaya la relación con la SEP, y en especial con la Subsecretaría de Educación Superior, una de las dependencias de la APF con las que tiene mayores vínculos administrativos. Por ejemplo, sobre el posgrado sí indica un trabajo conjunto con diferentes entidades para diseñar nuevos programas de estudio de licenciatura y posgrado, así como para el otorgamiento de becas. Aunque no incluye ninguna meta o indicador.

 

Por el contrario, no hay ninguna mención sobre la coordinación de actividades en el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC). Una institución que está en proceso de expansión y que probablemente tendrá un papel relevante en el subsistema nacional de educación superior.

 

De hecho, la única referencia a la UNRC y al trabajo conjunto con otras dependencias se refiere a la “incorporación de inmuebles destinados a funcionar como nuevas sedes” de la institución. Pero las dependencias son: las secretarías de Hacienda y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La SEP, no.

 

Lo notable es que el Programa Nacional de Educación Superior (Prones) tampoco incluye a la UNRC en el trabajo intersectorial. Sí, una de sus estrategias es “Fortalecer la coordinación e integración intergubernamental e interinstitucional del Sistema Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación” (Estrategia 4.2).

 

Sin embargo, las líneas de acción únicamente se refieren a una coordinación para impulsar la investigación en la educación superior, o bien en los programas de posgrado o en las becas y cobertura para este mismo nivel educativo. Nada más.

 

En fin, en próxima entrega examinaremos los respectivos documentos programáticos; por lo pronto vale la pena notar que la coordinación intersectorial de la APF es y será parcial.

 

Pie de página: El Programa Nacional de Población 2026-2030 también tiene importantes implicaciones. Por ejemplo, las tendencias demográficas y su impacto en el Sistema Educativo Nacional. Pendientes.

La Corte: acreditar el grado escolar sin contar asistencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1138, Mayo 14 de 2026, pág. 4)

 

La semana pasada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que era correcto no incluir la asistencia escolar como criterio para acreditar los grados en la educación básica.

 

El debate sobre la asistencia de niños y adolescentes a la escuela no es estrictamente jurídico. Pero tampoco es únicamente pedagógico o disciplinario. Lo muestra la reciente y bizarra polémica desatada por el secretario de Educación, Mario Delgado, cuando anunció la conclusión anticipada del ciclo escolar.

 

Soslayemos el episodio anticlimático -nunca mejor dicho- del enredo con el calendario escolar. Lo notable es por qué intervino la Corte para decidir si debe considerarse la asistencia a la escuela para efectos de evaluación.

 

El antecedente es que, en septiembre de 2023, la SEP publicó el acuerdo en el que se dieron a conocer las normas para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción y certificación de la educación básica (DOF 27.09.2023). En ese entonces, estaba en ciernes la puesta en marcha de lo que se llama la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

 

El acuerdo, en correspondencia con las modificaciones de planes y programas, estableció nuevos criterios para evaluar el aprendizaje y la acreditación de los niveles de educación básica. Esto incluyó un estándar distinto de las materias que niños y adolescentes deben aprobar para pasar de grado y, como principal diferencia, la eliminación de la asistencia escolar como criterio para acreditar el grado (artículo 7, inciso “d”).

 

En los lineamientos anteriores, los estudiantes de tercer grado de primaria en adelante y de secundaria, necesitaban un mínimo de 80 por ciento de asistencia en el ciclo escolar. Ese criterio desapareció para toda la educación básica.

 

El cambio de criterios causó controversia e inconformidad en algunos directivos e instituciones. Una escuela particular, el Colegio El Roble, promovió un amparo indirecto en contra de los lineamientos vigentes porque, sostuvo, atentan contra la excelencia académica de los alumnos.

 

El amparo fue rechazado en primera instancia y el quejoso interpuso un recurso de revisión. Esto último porque, argumentó, se vulnera el principio de educación de excelencia que establece el artículo 3º constitucional. Así, la Corte atrajo el caso; el proyecto de resolución fue asignado a la ministra Lenia Batres y el pleno lo discutió la semana pasada (Sesión 07.05.2026).

 

La Corte, de conformidad con el proyecto presentado por Batres, declaró infundados los argumentos de la parte quejosa, rechazó el amparo y los criterios de evaluación quedaron en firme. Es decir, señaló que la educación de excelencia no se agota en el registro de la asistencia escolar. En consecuencia, los lineamientos publicados en 2023 seguirán vigentes.

 

Lo sorprendente, aunque ya configura un patrón de actuación, es que todo el pleno votó a favor del proyecto. Pero los argumentos fueron variables. Por ejemplo, el ministro Giovanni Figueroa precisó que la excelencia educativa es un concepto de política educativa, no plenamente jurídico; reconoció que la Corte no tiene elementos para afirmar que los registros numéricos son el mejor método para valorar a los alumnos.

 

A pesar del voto a favor, el ministro Figueroa consideró que, si no hay un requisito mínimo de asistencia escolar, eso sí es contrario a los principios constitucionales de fomento a la escolaridad. Una posición también compartida por la ministra María Estela Ríos. Ambos mantuvieron sus reservas.

 

En cambio, el ministro presidente, Hugo Aguilar, argumentó en torno a la no regresividad de los nuevos lineamientos. En primer lugar, enfatizó, según jurisprudencia del principio de progresividad, porque metodológicamente omitir un porcentaje de asistencia no se puede considerar regresivo; también porque asistir a la escuela no es equivalente a excelencia. A esta posición se sumó la ministra Lenia Batres.

 

Al final, con salvedades y votos concurrentes, el pleno se pronunció de forma unánime a favor. El amparo del colegio particular fue sobreseído y, en definitiva, no habrá un mínimo de asistencia para acreditar un grado escolar.

 

Entonces, desde el punto de vista pedagógico y como política educativa, ¿conviene considerar la asistencia escolar en la educación básica? Una reacción intuitiva diría que sí: parece un indicador elemental. Sin embargo, el asunto es más complejo. Asistir es una condición para el aprendizaje, pero no es el aprendizaje mismo.

 

Además, si se califica la asistencia, es probable que se penalice a niños o adolescentes por causas que están fuera de su alcance o no son su responsabilidad. Pensemos en un complicado contexto familiar, el trabajo infantil o la pobreza. En estos casos, más que evaluar el aprendizaje, se calificaría la desigualdad educativa.

 

Una tendencia que ha cobrado relevancia es no considerar la asistencia como indicador académico directo, pero sí registrarla de forma sistemática. Sobre todo, para trasladar la responsabilidad al sistema, a la escuela, para anticipar el abandono escolar e intervenir en las fases tempranas.

 

En suma, la Corte debe pronunciarse por la compatibilidad de los lineamientos de evaluación con los principios constitucionales, pero no sobre la política educativa. Valorar la asistencia escolar es muy importante; sin embargo, no habría que penalizar a los niños y adolescentes, la responsabilidad es institucional.