Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99.bsky.social
(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1126. Febrero 12, 2026)
Abrir mayores oportunidades educativas para los jóvenes siempre es una buena noticia, sobre todo en lugares en donde las opciones son inexistentes o las que hay son limitadas. La actual administración gubernamental lleva a escala nacional el modelo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la iniciativa está en ascenso.
Pero ¿qué criterios comandan la expansión y cómo es la relación entre las entidades y la federación para instaurar los planteles?
El pasado 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador potosino, Ricardo Gallardo, inauguraron la primera etapa de una unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el estado.
San Luis Potosí será otra entidad que se suma a las cinco en las que ya está en marcha la iniciativa: Chiapas, estado de México, Baja California, Tlaxcala y Yucatán. Aunque, la Ciudad de México, en donde surgió el modelo, sigue concentrando el mayor número de planteles y alrededor de la mitad del total de la matrícula de la UNRC.
Pero ¿por qué en esas entidades y no en otras? Aparte de la Cdmx, la primera entidad en instaurar una sede fue Chiapas. De hecho, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, casi antes del decreto de creación de la UNRC y de que él tomara posesión del cargo, expresó su disposición a albergar la primera unidad.
Y sí, en Comitán de Domínguez, Chiapas, quedó el primer plantel. Un lugar emblemático para la UNRC, no solamente porque ahí vivió su infancia y adolescencia Rosario Castellanos, también porque Chiapas, con 21 por ciento de cobertura en educación superior, es la entidad con la tasa más baja (menos de la mitad de la media nacional). Sí, el mayor esfuerzo de atención educativa se debe localizar en donde más se requiere.
Sin embargo, la distribución de las unidades de la UNRC no sigue un patrón uniforme. Por ejemplo, Baja California no ocupa la posición más alta en cobertura a nivel nacional, como la Cdmx, pero sí está en las primeras posiciones y tiene un promedio de más del doble que Chiapas. ¿Por qué se creó ahí una unidad?
Aunque, debe anotarse, la cobertura a nivel de entidad federativa es muy gruesa, esconde grandes diferencias y no permite mayor discriminación para la atención educativa. Especialmente cuando hay datos disponibles sobre georreferenciación que permiten un acercamiento a nivel municipal para valorar tanto las carencias como la demanda y oferta educativa.
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García tenían el propósito de atender a los jóvenes localizados en zonas de alta y muy alta marginación. No obstante, las valoraciones del programa han mostrado tanto su falta de precisión en la población objetivo como la azarosa localización de sus planteles y las graves improvisaciones en las que ha incurrido. En efecto, no es irrelevante cómo y en dónde se localiza una institución.
Lo que ocurrió con la reciente inauguración del plantel de la UNRC en San Luis Potosí nos puede dar una idea de los elementos que entran en juego para la implantación de una sede. Por ejemplo, preguntó la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigiéndose a los asistentes: “¿Saben quién construyó la universidad, los edificios?”
La mandataria no espera respuesta, voltea a ver al ejecutivo estatal y añade: “Ricardo, el gobernador, él los construyó. Se dieron recursos federales al gobierno del estado y se construyó la Universidad. Ahora faltan otros edificios, porque ya está un edificio, ¿no?, falta otro, que es de laboratorios. Y como ya dijo Rosaura, este año vamos a dar
más recursos para que se construyan más edificios aquí, en la Rosario de Soledad de Graciano” (07.02.2026).
Entonces, pareciera que el gobierno federal otorga los recursos financieros y el estado lleva a cabo la obra. ¿El ejecutivo estatal no suma más recursos? Seguramente sí y los detalles, como en todo acuerdo entre diferentes niveles de gobierno, deben estar en los convenios oficiales firmados, no en los actos de inauguración. El asunto es si son o no acuerdos variables entre filiaciones partidistas o entre entidades federativas.
Además, los recursos y las negociaciones no son lo único para la creación de unidades. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en su intervención les platicó a los asistentes a la inauguración: “En una gira que tuve con nuestra presidenta, íbamos viajando en la camioneta, y le platicaba todo lo que estaban ocupando las plantas que ya están llegando a San Luis Potosí, japonesas, americanas, alemanas”.
El gobernador entrecierra los ojos, sigue y enfatiza: “Y traen a los ingenieros de sus países, bien pagados, porque aquí en San Luis Potosí no teníamos una universidad en Robótica, Electrónica e Inteligencia Artificial. Ahí fue donde la presidenta me dijo: ‘Te voy a hacer una Rosario Castellanos que incluya todas esas carreras para que a los jóvenes potosinos les vaya mejor’. ¡Arriba nuestra presidenta!”
Las risas y los aplausos estallaron. Sin embargo, con independencia de la arenga propia de este tipo de foros, el gobernador confirma la disposición del gobierno federal para canalizar los recursos y también para el tipo de especialidades profesionales que serán impartidas.
El tema de las opciones profesionales, las aspiraciones de los jóvenes y el mercado de trabajo amerita un tratamiento aparte. Por ahora, vale la pena destacar que la expansión de la UNRC a escala nacional está en un proceso de federalización en el que pronto se advertirá si es para una mayor descentralización o, más bien, para el camino inverso.
Pie de página: La corrupción es una de las heridas más profundas de la vida pública, y cuando invade una institución educativa, su impacto es aún más devastador. En el Instituto Politécnico Nacional, la crisis permanente en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía —con cerca de diez paros en menos de tres años— ya no puede explicarse únicamente como inconformidad estudiantil, sino como la expresión de una disputa de poder alentada por un grupo con protección sindical y respaldo en distintas áreas del IPN.
Dentro de la propia comunidad se le conoce como “el cártel”: una red de profesores y operadores que actúa como grupo de presión, se presenta como interlocutor ante las autoridades y utiliza los paros como mecanismo de negociación. Existen denuncias de cobros indebidos, manipulación de calificaciones, tráfico de influencias para plazas y permisos, así como cuotas informales exigidas a directivos a cambio de gobernabilidad.
Ante la posibilidad de nuevos paros, corresponde a la Secretaría de Educación Pública y a los órganos internos de control revisar con rigor estas denuncias, garantizar procesos transparentes y proteger a la comunidad académica para que la vida institucional del IPN se rija por la legalidad y el interés público.
