La OCDE… en otras áreas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1043. Mayo 9, 2024)

 

La semana pasada, en la reunión de ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México incluido, quedó aprobado un documento sobre crecimiento sostenible e inclusivo. La declaración conjunta sobre el tema fue el motivo central de la reunión, pero también se abordaron otra decena de asuntos, entre ellos la hoja de ruta para la adhesión de Argentina e Indonesia, así como la iniciativa de datos sobre género y otro documento con recomendaciones sobre “Inteligencia Artificial” (AI).

 

Ninguno de los asuntos de aquella reunión ha recibido mayor atención pública. ¿Tienen relevancia? La OCDE, como su nombre lo indica, es una organización para la cooperación económica de sus países asociados, pero no solamente en ese ámbito, también incluye la educación, la ciencia, la salud y otros varios.

 

En general, la organización se dedica a analizar y recopilar datos, asesora en políticas públicas basada en evidencias y establece estándares. Por eso sus recomendaciones, documentos y evaluaciones son relevantes e influyentes. Actualmente la OCDE agrupa a 38 naciones y otra docena de candidatas y asociadas; tiene más de 60 años de existencia. Por cierto, el 18 de mayo de este año se cumplen 30 años del ingreso de México a esa agrupación. Esa es otra historia.

 

A nivel nacional, la OCDE genera interés cuando publica alguno de sus estudios sobre sectores clave del desarrollo y la comparación internacional es inevitable. Sin embargo, salvo las apreciaciones apresuradas para elogiar o denostar, generalmente es una organización que pasa desapercibida para la mayoría de la población, aunque puede ser relevante para la toma de decisiones.

 

La reciente reunión de ministros es contrastante con lo ocurrido en el reciente episodio sobre la ambivalente participación de México en la prueba PISA. Por una parte, México sigue como miembro activo de la organización, ingresó hace tres décadas –antes de que Corea lo hiciera--, ha presidido la reunión de ministros en dos ocasiones, un mexicano la ha presidido y los estudios de corte económico y tributario son su punto de referencia.

 

Por otra parte, al menos el pasado mes de diciembre, cuando se dieron a conocer los resultados más recientes de la prueba PISA, el presidente López Obrador dijo al respecto: “Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola… Y esas pruebas son parte de lo mismo, es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional" (Versiónestenográfica 06.12.2023).

Los estudios o las evaluaciones de la OCDE no son el único punto de referencia ni necesariamente se debe o se tienen que seguir sus recomendaciones. Sin embargo, no están a la vista las razones de por qué seguir unos estándares en unas áreas y no en otras.

 

Todavía se entiende menos para qué continuar en una organización que sostiene principios con los que se está en desacuerdo, pero al mismo tiempo acepta la vicepresidencia de la reunión. El encuentro reciente fue presidido por Japón, la vicepresidencia fue ocupada por Karien van Gennip, primera ministra de los Países Bajos y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda de México. Ahí quedó suscrita la “Declaración de la Reunión del Consejo Ministerial del 2024”.

 

La Declaración incluye una condena a la agresión de Rusia contra Ucrania por su “clara violación del derecho internacional y una grave amenaza al sistema basado en normas (punto 3), lo mismo que la adopción de las “Recomendaciones del Consejo sobre Inteligencia Artificial (IA)”.

 

Después de esa reunión, y de múltiples especulaciones sobre la continuidad de México en la prueba PISA, el presidente dijo: “Sí, participamos sin ningún problema. O sea, todo lo que tiene que ver con la educación se apoya. He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí. No sé en qué consiste” (Versión estenográfica 07.0524).

 

A pesar de que el mismo presidente había dicho lo contrario el pasado mes de diciembre e incluso de que Mejoredu --la instancia nacional encargada de coordinar la prueba PISA-- reconoció públicamente que no tenía facultades para esa tarea, ahora, irónicamente, resulta que el organismo sí tendrá facultades y México sí participará. Habrá que regresar la pasta de dientes al tubo del dentífrico, aunque no quedará igual.

 

En fin, son variados los temas que incluyen los estudios y recomendaciones de la OCDE, valdría la pena explicar públicamente por qué unas áreas o sectores sí son relevantes para las decisiones gubernamentales y otros no. El momento de la política es una de las claves para su comprensión.

 

Pie de página: Al parecer, en definitiva, quedó cerrado el expediente en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt; viene el cambio de narrativa. Lo veremos. // Hubo marcha atrás, porque el director general del IPN la desautorizó, pero fue real la circular de la institución para controlar las posibles entrevistas de su personal a los medios.

¿Fuerza centrípeta en la descentralización?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1042. Mayo 2, 2024. Pág. 4)

 

Al inicio del actual periodo gubernamental parecía que la fuerza descentralizadora en la administración pública sería arrolladora. Sin embargo, paradójicamente, a unos meses de concluir la gestión, se advierte que fue el movimiento contrario: se reforzó la centralización y la jerarquía en las decisiones.

 

El 1 de diciembre del 2018, cuando tomó posesión el presidente López Obrador, anunció como compromiso número 54: “Se descentralizará el Gobierno Federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la república, porque todo el país es México” (El Economista. 01.12.2018).

 

La idea de descentralizar la administración pública ya la había anticipado el entonces candidato López Obrador desde noviembre de 2017, quedó en ese voluminoso documento que contenía el “Proyecto de Nación 2018-2024”. Ahí proponía poner en marcha un programa de descentralización de las dependencias federales (pág. 275 y ss).

 

En su diagnóstico reiteraba la densidad demográfica de la megalópolis y la alta concentración de la burocracia en la Ciudad de México. Según sus números, en el gobierno federal se desempeñaban casi tres millones de personas, 80 por ciento de ellos ubicados en la ciudad capital. Las posibilidades que ofrecen las “nuevas tecnologías de la comunicación”, decía el Proyecto, permiten que los trámites se puedan realizar a distancia.

 

El plan era realizar una desconcentración gradual del gobierno para que al finalizar el sexenio cada estado contara con una dependecia federal. Planteó, entre otros traslados, que Salud se fuera Chilpancingo; Energía a Villahernosa; Educación a Puebla; Sedesol a Oaxaca; y el Conacyt a La Paz, Baja California Sur. El cálculo era que todo el proceso costaría alrededor de 22 mil 805 millones de pesos, incluyendo estudios, mudanza e infraestructura.

 

Así que, con ese plan, unos meses después, en uno de sus cierres de campaña como candidato presidencial en el norte del país, López Obrador dijo que ya había decidido que el Conacyt estaría en La Paz (El Financiero 19.08.2018). Una vez iniciado el periodo de gobierno, parecía inminente la desconcentración administrativa.

 

La instrucción para las secretarías fue que hicieran sus previsiones e iniciaran los contactos pertinentes. Sin embargo, durante el primer año todo fueron declaraciones y visitas a las entidades federativas. Después, algunas secretarías dijeron que ya tenían instalaciones, otras incluso hablaron de personal administrativo en el nuevo territorio, como fue el caso de Cultura, Educación o Salud. Lo cierto es que no hubo ningún movimiento de proporciones respetables; el tema ni siquiera apareció en el primer informe de gobierno.

 

Después vino la contingencia sanitaria y todo se quedó en veremos. Luego, para el año 2021, se reactivaron las actividades presenciales y los esfuerzos descentralizadores. El mismo López Obrador dijo que la recomendación para sus subordinados fue que no pusieran “un departamento o que sea una especie de delegación en el estado y que se mantenga aquí toda la estructura, que sea pura faramalla, no. Queremos que funcione la secretaría, la institución desde el estado” (14.10.2021)

 

Todavía el año pasado el gobierno federal aceptaba que estaba en proceso la descentralización prometida. Sin embargo, este año ya se dieron por cumplidos los compromisos y el presidente López Obrador dijo que el 99 por ciento ya estaba resuelto, lo restante es el pendiente de Ayotzinapa. Ni una palabra sobre descentralización (Milenio Diario 19.03.2024).

 

El problema es que no solamente se esfumó la fuerza descentralizadora y dejó intacta la concentración de oficinas administrativas, también operó una fuerza centrípeta que reforzó las atribuciones y la jerarquía federal. Eso ocurrió con el ejecutivo federal y luego se desdobló en cada organismo gubernamental. Las conferencias de prensa cotidianas del presidente se transformaron en programas sectoriales paralelos y también en una tribuna de informes de gobierno.

 

El caso del terreno científico y tecnológico es ilustrativo. El nuevo marco normativo ha depositado en la junta de gobierno del Conahcyt prácticamente todas las atribuciones y responsabilidades. La junta es presidida por la persona titular del organismo y en esa instancia se decide la política nacional, la agenda y el curso de todos los programas del sector.

 

Ahora la cadena de mando inicia y termina en la junta de gobierno. No existen más los fondos mixtos para la distribución de recursos para investigación en las entidades federativas y tampoco está la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta última era una instancia de representación de todos los estados para la definición de la política nacional del sector.

 

Así que no solamente la descentralización quedó pendiente, ahora tenemos una mayor concentración de las decisiones y ninguna instancia intermedia tiene cabida. Veremos los resultados.

 

Pie de página: Los vientos universitarios siguen soplando fuerte. Atentos. // Los legisladores aprobaron que el nombre de la UNAM se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor del Senado, pero ya no será en este periodo… se quedará para el siguiente. // Falta el tercer y último debate. Pendientes.

Neurotecnología: ¿amenaza a la libertad de pensamiento?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canlesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1041. Abril 25, 2024)

 

Tal parece que las implicaciones de los avances tecnológicos van más rápido que nuestra capacidad para entenderlos y, más importante, para establecer los necesarios marcos de regulación. Todavía estamos por acordar globalmente la mejor forma de controlar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y sus herramientas, cuando ya debemos atender el tema de la ética de la neurotecnología.

 

La UNESCO, en esta semana, reúne a una veintena de expertos de diferentes partes del mundo para impulsar un primer marco global sobre la ética de la neurotecnología. Esta última no es un campo novedoso, se refiere a cualquier técnica o herramienta que puede medir, obtener y manipular datos sobre la actividad cerebral, como los registros de electroencefalogramas en humanos que se aplican desde hace más de un siglo.

 

Sin embargo, lo nuevo es la rápida expansión que ha experimentado la neurotecnología en las últimas dos o tres décadas. Campos limítrofes como la neurociencia, la ciencia de datos, la ingeniería, las TIC y la inteligencia artificial le han dado un renovado auge y han mostrado que puede tener un potencial sin precedente para la evaluación y manipulación de los sistemas cerebrales de humanos y animales.

 

El rápido desarrollo de la neurotecnología ha tenido beneficios innegables, como los que se han creado para el tratamiento médico de trastornos neurológicos, parálisis o enfermedades mentales. Pero también ha encendido las alarmas de gobiernos y la comunidad académica por la cantidad de información que produce y acumula sobre nuestra identidad, emociones y miedos.

 

Los datos podrían ser utilizados para amenazar la libertad de pensamiento, la dignidad la autonomía o el bienestar de las personas. Las principales dificultades se concentran en las intervenciones no invasivas de la neurotecnología, es decir, aquellas técnicas que permiten actuar sobre el cerebro desde el exterior. Las otras técnicas, las invasivas, requieren de cirugía, pero también son objeto de preocupación por los experimentos que están en marcha de realización de implantes en el córtex cerebral y que parecen un guion de películas de ciencia ficción.

 

Por una parte, como señala Unesco, “las empresas pueden utilizar datos neuronales obtenidos de dispositivos neuro-tecnológicos no invasivos con fines de marketing. Al detectar señales relacionadas con nuestras preferencias y disgustos, estas empresas pueden influir en el comportamiento del cliente para maximizar las ganancias” (t.ly/IOLU6).

 

La industria de la neurotecnología está altamente concentrada, actualmente existen alrededor de 1,400 empresas y de ese total la mitad tiene como sede a Estados Unidos y otro 35 por ciento se distribuye entre Europa y el Reino Unido. En conjunto representan inversiones de poco más de 33 mil millones de dólares.

 

Por otra parte, resulta perturbador que en algún punto solamente pensemos en una preferencia (sin verbalizarla) y un dispositivo tecnológico (sin conexión alámbrica con el cerebro) nos diga que sí o que lo mejor es tomar otra opción. Una especie de interfaz cerebro – dispositivo que traduce las sensaciones en señales digitales, o más todavía, una interfaz cerebro - cerebro.

 

El asunto es que podríamos ser incapaces de diferenciar quién toma la decisión sobre las preferencias personales. Porque, en esa relación de cerebros y computadoras, dice la Unesco, nuestra identidad personal se puede diluir, “en parte porque los algoritmos nos ayudarán a tomar decisiones. En consecuencia, esto puede difuminar la participación de nuestro yo individual”

 

Entonces, el punto es cómo preservar el control sobre la neurotecnología que induce la toma de decisiones. Los 24 expertos convocados por la Unesco se reunirán en París del 22 al 26 de este mes para elaborar un primer borrador de recomendaciones sobre la ética de la neurotecnología.

 

En el grupo de expertos están tres personalidades latinoamericanas: el argentino Roberto Andorno, profesor de bioética y de leyes biomédicas; la brasileña Monique Pyrrho de la Universidad de Brasilia; y el mexicano Patricio Javier Santillán Doherty, director del Comité Nacional de Bioética.

 

La idea es que a lo largo de este año, según ha expresado la directora de la Unesco, se recaben observaciones sobre el borrador, luego se discuta entre los 194 Estados Miembros de la Organización  y para noviembre del 2025 se adopte un marco ético mundial. Ya veremos.

 

 

Pie de página: No hay detalles, pero el Conahcyt y la Secretaría de Marina dicen que desarrollaron en conjunto “la Radio de comunicación mexicana Vírgula, desarrollo tecnológico soberano para el bienestar de las y los mexicanos”. Así lo anunciaron y aquí lo puede ver: t.ly/txUt8. // El rector de la UNAM presenta una primera versión de su Plan de Desarrollo Institucional para el periodo y dice que está a consulta de la comunidad, también acá lo puede ver: t.ly/4TP2o. // Los universitarios argentinos toman la calle para protestar por las políticas de Javier Milei. Fuertes vientos soplan desde el sur.

La obligatoriedad educativa y el futuro de los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1040. Abril 18, 2024. Pág. 4)

 

La reforma del artículo 3º constitucional de mayo del 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. No ha sido fácil ni rápido llevar ese propósito a los principios constitucionales. Pero, con todo, eso ha sido lo menos complicado, lo más difícil es llevarlo al terreno de los hechos. Poco se avanzó en este periodo de gobierno y podría ocurrir que tampoco se logre en el siguiente.

 

Desde la Constitución de 1917 quedó establecida la gratuidad de la enseñanza primaria impartida en establecimientos oficiales (Artículo 3º, último párrafo). Pasaron más de 70 años para que se alcanzara su universalización y entonces se añadió la obligatoriedad y gratuidad del siguiente nivel, la educación secundaria. El decreto de reforma apareció el 5 de marzo de 1993, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (DOF. 05.031993)

 

La educación primaria y la secundaria han sido y son la base más amplia del sistema educativo nacional. Sin embargo, la siguiente reforma no fue hacia el siguiente peldaño, fue hacia atrás: en el 2002, con Vicente Fox, se decretó la obligatoriedad del preescolar (DOF 12.11.2002). Sí había preocupación por la escolarización de la primera infancia, pero era mayor el interés por el volumen de plazas magisteriales que se necesitarían para cumplir el compromiso.

 

La reforma de ese 2002, en artículo transitorio, estableció los plazos para completar la obligatoriedad del preescolar: para los niños de 5 años en el ciclo 2004-2005; para los de cuatro años en el 2005-2006; y para los de tres años sería hasta el 2008-2009. No obstante, todavía hoy, no se alcanza la universalización del preescolar. La tasa neta de escolarización para ese nivel es de alrededor del 64%; la menor atención es para los niños de tres años.

 

Luego, casi al final del periodo de Calderón Hinojosa, se sumó la obligatoriedad de la educación media superior en la Constitución. El decreto de reforma indicó que el cumplimiento sería gradual, iniciaría en el ciclo 2012-2013 y se lograría la cobertura total una década después, en el 2022-2023 (DOF 09.02.2012). O sea que para esta fecha ya debería ser una realidad. No lo es.

 

Roberto Rodríguez, en estas mismas páginas, la semana pasada, anotó que el compromiso con la educación media superior no se ha cumplido ni se está cerca de lograrlo. En efecto, la tasa neta de escolarización para el grupo de edad es de alrededor del 61%.

 

Finalmente, en el actual periodo de gobierno se añadió la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior (DOF. 15.05.2019). La obligatoriedad de este nivel, precisó la misma reforma del artículo 3º en su fracción X, corresponde al Estado. Es decir, no es obligatoria para las familias de los jóvenes o para ellos mismos.

 

Además, la misma reforma previó que la federación y las entidades asignarían el presupuesto necesario para lograr la gratuidad y, además, aparte de los recursos ordinarios, dispuso la creación de un fondo federal especial para asegurar “a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad… así como la plurianualidad de la infraestructura” (Décimo Quinto transitorio).

 

Sin embargo, el presupuesto para la educación superior apenas se ha sostenido en términos reales en el periodo. Y no, nada de instauración de un fondo especial para la obligatoriedad; tampoco se destinaron recursos adicionales por otros medios.

 

Entonces, una expansión sustantiva de la cobertura en la educación superior ya no se logrará en este periodo. Ni siquiera se alcanzará la meta de 50 por ciento en la tasa bruta de cobertura al finalizar el periodo. Una meta que el mismo gobierno se planteó en su programa sectorial.

 

Tal vez por eso la reciente declaración de una de las aspirantes a la presidencia ha tenido tanta resonancia en la educación superior. La candidata Claudia Sheinbaum, hasta el momento con mayor ventaja en las preferencias electorales, declaró que “Con respeto a la autonomía de las universidades (…), el aumento a la inversión en las universidades públicas tiene que, desde mi punto de vista, ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana” (El Financiero 13.04.2024). ¿Un aumento con austeridad?

 

Habrá que esperar un mayor detalle de la propuesta, porque la austeridad republicana a menudo ha significado, lisa y llanamente, sostener los recursos en términos reales, cuando no una disminución indiscriminada en el presupuesto. Desde luego, las universidades están obligadas a cumplir cabalmente su función y deben rendir cuentas de los recursos públicos que reciben.

 

Pero también es verdad, y ya quedó constatado, que sin recursos financieros no es posible ampliar las oportunidades educativas, al menos las opciones verdaderas. Lo peor es que los más excluidos son los jóvenes más desfavorecidos.

 

Sería una lástima que una vez más el futuro de los jóvenes se difiera antes de iniciar el presente de un nuevo periodo de gobierno.

 

Pie de página: Las medidas del presidente argentino siguen causando una inconformidad creciente en el ámbito científico y académico. La Red Argentina de Carreras de Sociología emitió una declaración pública sobre lo que está ocurriendo, aquí se puede ver: t.ly/8ZjSF

La educación en el debate que queremos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1039. Abril 11, 2024)

 

Los temas del primer debate se conocían de antemano. El propósito era que los votantes contaran con una mejor información para definir su voto. A su vez, la autoridad electoral había dicho que el formato seleccionado era innovador y permitiría “garantizar la certeza, la transparencia y la autenticidad de los cuestionamientos”.

 

Sin embargo, irónicamente, una vez transcurrido el encuentro, es posible que una amplia proporción de la ciudadanía no tenga mejores elementos de información ni mayor certeza sobre las propuestas de quiénes aspiran a gobernar a México. Ahora, más bien, la zaga del debate trata de precisar qué propone quién en cada tema y por qué una opción electoral sería mejor que otra.

 

El formato del debate, una vez más, está en cuestionamiento. Aunque, en realidad, así ha sido desde que se realizan estos intercambios. Precisamente, en este año se cumplen tres décadas de aquel primer debate entre candidatos presidenciales en 1994. Los protagonistas de entonces eran solamente hombres: Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo. La novedad fue la exposición televisiva de los candidatos, pero fue tan rígido que no sirvió para mucho.

 

Ahora son dos mujeres y un hombre: Jorge Álvarez –aunque todos le dicen Máynez, por su apellido materno, incluyendo a los moderadores-, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Las circunstancias no son las mismas y otro es el contexto, pero las prácticas de los partidos políticos no cambian. Dicen que buscan equidad y transparencia en los comicios, aunque más bien quieren controlar el procedimiento y evitar el debate abierto; prefieren una confrontación entre algodones. Así era cuando la autoridad electoral formaba parte del mismo gobierno y persistió cuando alcanzó un carácter autónomo, aunque en menor medida.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que el reciente primer debate sería sobre la “Sociedad que queremos”. Pero la propuesta de formato, las fallas y cortes en el cronometro no fueron lo mejor para lograrlo. También informó que las preguntas de la ciudadanía serían sobre tres temas: educación y salud; transparencia y combate a la corrupción; y no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Tampoco se puede decir que hoy sabemos las respuesta.

 

Las preguntas fueron recabadas a través de redes sociales y medios digitales por Signa Lab, una entidad especializada en temas sociodigitales dirigida por Rossana Reguillo, perteneciente al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Esa entidad fue cuestionada por el equipo del partido en el gobierno porque su directora, tiempo atrás había expresado críticas al desempeño del gobierno actual. El mismo cuestionamiento recibió Manuel López San Martín, uno de los moderadores del debate. Al final, la primera se retiró del ejercicio y el segundo sí moderó el debate.

 

El caso es que Signa Lab recopiló 24 mil preguntas, de esas miles la autoridad electoral seleccionó poco más de un centenar, se las entregó a los moderadores y ellos fueron quienes decidieron qué preguntas hacer en el debate.

 

La primera interrogante, sobre el tema educativo, fue dirigida directamente a la candidata Claudia Sheinbaum y fue qué haría para revertir el rezago educativo después de la pandemia. La respuesta fue oblicua, no aludió al rezago, dijo que ha defendido la educación pública desde que era estudiante y ahora propone dar educación inicial, becas para todos los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, fortalecer la educación media superior e instaurar más universidades como las que hizo en la Ciudad de México. Hasta ahí.

 

La misma pregunta fue para Xóchitl Gálvez, tampoco la respondió, en su lugar dijo que a su contrincante se le olvidó hablar del Colegio Rébsamen y que por su indolencia habían muerto 19 niños y siete adultos. Por su parte, al candidato Álvarez Maynez le preguntaron su opnión sobre los planes educativos y los libros de texto gratuitos actuales. Su respuesta fue que pondría a niñas y niños en el centro, transitaría hacia una educación universal y habría un programa extraordinario de infraestructura educativa.

 

Además, Xóchitl Gálvez anunció que restauraría las estancias infantiles y las Escuelas de Teimpo Completo con Internet para que los estudiantes aprendan robótica, inteligencia aritifical e inglés. Álvarez Maynez recuperó su intervención sobre el modelo educativo y los libros de texto, dijo que estos últimos no deben ser adoctrinadores como lo fueron en el pasado y lo son en el presente; la educación púbica, enfatizó, debe ser igualadora de oportunidades.

 

Una nueva pregunta para Xóchitl Gálvez la interrogó acerca de su plan de trabajo para contender con el retraso educativo y las cargas administrativas excesivas de los profesores. Señaló la reducción de presupuesto para capacitación de los profesores y reiteró lo dicho sobre la Escuelas de Tiempo Completo. Algo similar ocurrió con la pregunta sobre qué hacer para mejorar la calidad educativa, una vez más reiteró que llevaría Internet a todas las localidades a través de satélites.

 

La respuesta de Claudia Sheinbaum, sobre el mismo tema de mejora la calidad educativa, fue que perisistiría en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana con los nuevos libros de texto. Sí, a pesar de la controversia que han generado.

 

Por último, al candidato Álvarez Maynez le hicieron la única pregunta directa sobre el tema científico y tecnológico: el porcentaje del PIB que se comprometería a invertir en ese terreno. Y sí, su respuesta fue lacónica: el uno por ciento del PIB. Un porcentaje que estaba en la ley anterior y que ya no está en la actual.

 

En fin, un debate por televisión no es el único medio para conocer las propuestas de quien aspira a gobernar, ahí están las plataformas electorales, los aturdidores discursos de campaña y faltan dos debates más. Sin embargo, sí es el medio que ofrece la mayor oportunidad, a nivel nacional, para exhibir el talante de las candidaturas y decir puntualmente qué propuestas tienen para convencer a los eventuales electores de que son la mejor opción frente a lo que dicen los oponentes.

 

Después del debate apenas tenemos girones de propuestas y una disputa que se prolonga entre simpatizantes de unas y otro. Pero nada o muy poco sobre la promesa de “Sociedad que queremos”. Sería tiempo de proponer el “Debate que queremos”: menos atribuciones a los partidos políticos, mayor intervención ciudadana, formato más simple y más abierto a la confrontación de perspectivas sobre los principales tópicos. No es mucho.

 

Pie de página: A propósito de la educación superior en la agenda de las campañas electorales, ahí está la asignatura pendiente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y a nadie parece importarle..

 

Trifulcas y pausa por el glifosato

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1038. Abril 4, 2024. Pág. 4)

 

El comunicado fue un tanto críptico porque en su primer párrafo decía: “en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país” (26.03.2024). No lo decía abiertamente, pero se entendía que continuará la utilización del glifosato en la producción agrícola nacional.

 

La sustancia química denominada glifosato es un herbicida para lograr mejores productos agrícolas y es muy utilizado a nivel mundial, principalmente en los cultivos transgénicos de soya, maíz, algodón o sorgo, entre otros. Sin embargo, su uso es polémico y controvertido, porque organizaciones como Greepeace y personas opuestas a los transgénicos sostienen que es un químico que daña a la salud y a la biodiversidad.

 

Pero, nada menos, el reciente comunicado era firmado por cuatro entidades gubernamentales: Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

 

Todas la dependencias firmantes están involucradas en la producción agrícola o en el control y uso de sustancias químicas. Lo sorprendente es que ahí no apareció el Conahcyt, el organismo que desde el año 2020, tenía la encomienda anunciada por el presidente López Obrador de abrir “una investigación para buscar opciones alternativas” a la utilización del glifosato (12.08.2020). Una pausa de cuatro años para encontrar soluciones.

 

Las diferencias entre dependencias gubernamentales, a propósito del glifosato o los transgénicos no son ninguna novedad. Actualmente, los primeros protagonistas de una disputa pública a ese respecto ya no forman parte del gabinete, pero seguramente usted recordará que sí la hubo, precisamente poco antes de que el presidente López Obrador le hiciera la encomienda al Conahcyt (Campus No. 880).

 

Víctor Toledo, entonces titular de la Semarnat, a través de redes sociales le exigió una disculpa pública al secretario de la Sader, Víctor Manuel Villalobos, porque este último había elaborado el anteproyecto de decreto para la regulación del glifosato, pero no incluyó la prohibición del maíz transgénico. Al final, Toledo borró de las redes su exigencia, se marchó del gabinete y el decreto no se publicó. Las trifulcas entre dependencias gubernamentales estuvieron a la vista.

 

El decreto fue publicado al final del año 2020, para precisar que habría un periodo de transición para sustituir el glifosato por alternativas sostenibles y se extendería hasta el 31 de enero del 2024, también advirtió que las dependencias gubernamentales debían abstenerse de utilizar o promover el glifosato y reiteró que el Conahcyt respaldaría a las secretarías en la búsqueda de alternativas y haría recomendaciones anuales (DOF. 31.12.2020)

 

Luego, al inicio del año pasado, el gobierno federal emitió un nuevo decreto e  incluyó la prohibición del maíz genéticamente modificado, el tema que dividió al gabinete. Instruyó a  las dependencias de la administración pública para que se abstuvieran de “adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso” (DOF.13.02.23).

 

Además, alargó el periodo para realizar la sustitución del glifosato, la nueva fecha fue el 31 de marzo del 2024. Pero no, cinco días antes de que finalizara el plazo, la Secretaría de Economía difundió el comunicado ya mencionado. Nuevamente, no se cumplió lo que se había prometido

 

Ahí no quedaron las cosas. El Conahcyt tres días después de lo anunciado por la Secretaria de Economía, citó a conferencia de prensa para dar a conocer que sí había alternativas al glifosato y sí se podían producir alimentos sin agrotóxicos. A la conferencia asistió el vocero de la presidencia, tres subsecretarios y el titular de la Procuraduría Agraria y también emitieron un comunicado conjunto. Otro es el rango de estos funcionarios y otras sus especialidades profesionales, pero otra vez mostaron las diferencias en el gabinete.

 

El extenso comunicado del Conahcyt básicamente menciona que hay tres fomulaciones nuevas, “cien por ciento mexicanas” y otros “tres bioherbicidas mexicanos comercialmente disponibles y tres en el mundo (sic), todos ellos con eficacias de hasta más del 90 por ciento” (28.03.2024). Una narrativa similar a la que hemos escuchado en otros momentos y para otros fines.

 

En fin, lo inocultable son las diferencias en el gabinete y el hecho incontrovertible de que, una vez más, a pesar de las pausas se incumplió lo prometido. La tarea sobre el glifosato no era ni es sencilla y lo más probable es que no se cumpla. Las evidencias científicas sobre los efectos dañinos del agroquímico no son concluyentes y por ahora, a nivel mundial, tampoco hay sustitutos con la misma eficacia y en la misma escala del glifosato.

 

Pie de página: El proyecto de decreto para integrar la Conabio a la estructura de la Semarnat sigue en la Conamer, las expresiones públicas de rechazo también, incluida una carta de Leonardo Lomelí, el rector de la UNAM.

CyT: narrativa e inversión

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1036. Marzo 14, 2024. Pág. 4)

 

El estímulo fiscal y las transferencias directas son instrumentos para incentivar la inversión privada en investigación y desarrollo tecnológico. Una forma de alentar el gasto de empresarios en ese campo, dado que la mayoría busca ganancias inmediatas y no quiere correr riesgos en aventuras inciertas.

 

En México, desde mediados de los años noventa, se ha ensayado con estímulos fiscales y transferencias directas, con poca fortuna y múltiples controversias. Al inicio por el monto reducido y el farragoso laberinto para hacer efectivo el incentivo; luego la cantidad aumentó, cuando se pusieron en marcha las transferencias directas entre el 2009 y hasta el 2016, pero las empresas beneficiadas cayeron bajo sospecha. Después, en el 2017 se combinaron incentivos y transferencias, pero al año siguiente solamente se quedaron los primeros.

 

A pesar de todo, los incentivos fiscales han permanecido a lo largo del tiempo, aunque no ha mejorado la inversión privada, por el contrario, la brecha entre gasto público y privado se ha ensanchado. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en América Latina depende principalmente del presupuesto público. Más de la mitad de los recursos financieros son gubernamentales y alrededor de un 37 por ciento proviene de empresas; otras fuentes complementan el total.

 

Sin embargo, hay una alta variabilidad entre países. Por ejemplo, según los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), Colombia tiene 36 por ciento de gasto empresarial y 26 por ciento gubernamental; la participación de gasto privado más alta en la región. En Chile y Brasil es mayor el gasto del gobierno, pero en el primero es menos de la mitad del total y en el segundo son cifras casi equivalentes.

 

México, con una proporción de 77 por ciento de gasto gubernamental y 17 por ciento de empresas, tiene la mayor proporción de inversión pública. El dato es para el año 2021, proviene del informe de gobierno del año pasado (Anexos estadísticos, 2023: 799). No obstante, tal vez tendríamos que tomar el dato con cierta reserva.

 

La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (Esidet), el medio principal para captar la información sobre los recursos que destina el sector productivo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, desde hace siete años no se aplica. La última información disponible de esa encuesta es del 2017.

 

Además, uno de los lineamientos que cambió en el actual periodo de gobierno fue la relación con el sector privado. En el campo científico y tecnológico, desde el inicio, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, habló de transferencias líquidas, directas e indebidas, por un monto de alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas privadas.

 

A la fecha no hay certeza sobre cantidades precisas, tampoco si fue una acción ilegal; no se fincaron responsabilidades administrativas o penales. Sin embargo, sí cambió la narrativa con el sector privado. A los señalamientos negativos sobre las transferencias líquidas, le siguió la cancelación de incentivos a investigadores de universidades particulares y el cambio de reglas para el otorgamiento de becas de posgrado a estudiantes de esas mismas instituciones.

 

No está claro si el cambio de términos en la relación se debe a motivaciones ideológicas o a una escasez de recursos financieros. No obstante, los incentivos fiscales han permanecido en el periodo. ¿Y cómo se han comportado? Este instrumento, como se sabe, es un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento del monto de gasto o inversión en ciencia y tecnología que realiza un empresario. El crédito es hasta por un monto máximo de 50 millones de pesos y se acredita contra el ISR.

 

En el 2017 fueron asignados 554.5 millones de pesos (al inicio se habían autorizado 658 millones de pesos, pero algunos participantes declinaron) para un total de 44 proyectos. Al año siguiente, las cantidades se redujeron a la mitad: 319 millones de pesos y fueron 20 proyectos.

 

Para los años siguientes, las cantidades disminuyeron todavía más: en 2020, alrededor de 100 millones de pesos y 20 proyectos; en el año 2021, fueron 144 millones de pesos y 14 proyectos. Finalmente, para el año 2023 todavía no está el informe de impactos y beneficios de los proyectos apoyados, pero estaba previsto que se distribuirían alrededor de 389 millones de pesos y serían 13 proyectos.

 

Así que, como se podrá notar, aunque se conservaron los incentivos fiscales en este periodo, su tendencia más bien ha sido a la baja y lo más seguro es que la inversión del sector privado también sea declinante. El problema es que no sabemos la magnitud que alcanza, simplemente porque la encuesta para medirla no ha tenido continuidad. El dato oficial que se reporta es que la participación relativa del gasto gubernamental pasó de 67 a 77 por ciento entre el 2016 y el 2021.

 

Si los recursos públicos tampoco han sido crecientes, entonces no es nada fortuito que hayamos pasado de una inversión de 0.45 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo experimental en el 2016, a una de 0.28 por ciento en el año 2021. Ni más ni menos.

 

Pie de página: ¿Recuerda que el Congreso de Quintana Roo aprobó su ley estatal de ciencia el mes pasado? Pues ya publicó el decreto correspondiente el pasado 5 de marzo, es la primera entidad en hacerlo.