Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 1020. Noviembre 10, 2023. Pág. 4)
Las notas periodísticas sobre el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han enfatizado las fallas que ha tenido el Conahcyt en la operación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), uno de sus programas emblemáticos. Sin embargo, es igual o más relevante lo que indica el mismo informe sobre el incumplimiento del organismo en materia de políticas para el sector.
La ASF es la instancia que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos por parte de los Poderes de la Unión y de todos los entes públicos. Los resultados de sus auditorías son uno de los pocos mecanismos que tienen tanto legisladores como ciudadanos para conocer el desempeño gubernamental y transparentar el ejercicio de los recursos. Además, la Constitución dice que sus informes deben ser públicos e incluir, como mínimo, el dictamen correspondiente y un apartado de observaciones.
Aunque, también es cierto, con relativa frecuencia los informes de la ASF son ininteligibles y no reflejan la complejidad de las tareas de la administración pública, porque se ciñen sin más a un rígido esquema de contraste entre indicadores y resultados. De todas formas, sus entregas individuales son esperadas al final de los meses de junio y octubre de cada año, para determinar cómo salieron las entidades en sus auditorías y, de ser el caso, qué tipo de observaciones les hicieron.
El reciente Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2022, publicado la semana pasada, incluye dos auditorías individuales para dos programas del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. Una de ellas es sobre el SNI y otra sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas. Este último es un programa que tenía aprobado un monto de casi 1 mil 800 millones de pesos para mejorar el desempeño del sector (programa P001). No obstante, el Conahcyt ejerció 6.5 por ciento menos de lo que tenía aprobado para ese programa y sus políticas no se corresponden con lo previsto.
Por ejemplo, se lee en el dictamen de la ASF que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Peciti, se publicó “con 23 meses de retraso respecto de lo señalado en la normativa” (pág. 119). O sea, fueron casi dos años después de cuando debió estar listo y al presentarse no hubo justificación alguna o explicación al respecto. Simple y llanamente apareció como si nada; tampoco hubo ninguna consecuencia. Y sí, en este mismo lugar insistimos una y otra vez sobre esa omisión.
Sigue el dictamen con otra falta del Conahcyt: “no publicó el Plan Nacional para la Innovación” (PNI). En efecto, también lo hicimos notar en febrero de este año (Campus Milenio No. 984) y de nueva cuenta en septiembre. Lo sorprendente es que una vez más tampoco hubo ni hay explicación, a pesar de que se trata de una de las dos únicas acciones que se estableció el sui géneris Plan Nacional de Desarrollo de esta administración. Al inicio de este año el organismo remitió un proyecto de PNI a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; no obstante, a la fecha no hay nada.
Por supuesto, si no hay un Plan Nacional para la Innovación, tampoco existen, como destaca el dictamen, los “comités intersectoriales y de vinculación para atender la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas” (pág. 120).
El organismo, continúa el dictamen, “no dispuso de información sobre la solicitud de asesorías para la mejora de la MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) de los programas presupuestarios solicitadas en el año; no acreditó la relación entre la detección de necesidades de diseño con las asesorías proporcionadas”. Mal por donde se le vea.
Otra omisión se refiere a la no publicación del “Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. El dictamen puntualiza que no acreditó la publicación para el año 2022, pero en realidad, como también lo hemos comentado en este Acelerador de Partículas, tampoco está el del año 2021. O sea, dos años de retraso y pronto serán tres.
Por último, el dictamen anota: “y no atendió con los indicadores de sus MIR todas las causas de sus programas, por lo que no se determinó en qué medida el Conahcyt contribuyó en mejorar el desempeño de sus programas presupuestarios”. Todavía peor.
Pie de página: Un Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó archivar las investigaciones en contra de científicos y exfuncionarios del entonces Conacyt porque los hechos no son constitutivos de delito, pero la FGR insiste en mantener abierta la carpeta de investigación. // Las instalaciones del CIDE de Aguascalientes estarán destinadas a otra causa. Pendientes.
