Centros Públicos de Investigación: la zozobra del naufragio

15.05.2019

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1112. Octubre 23, 2025, pág. 4)

 

Los Centros Públicos de Investigación (CPI), la veintena de instituciones coordinadas por el anterior Conacyt y ahora por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se inconforman por el incumplimiento con el pago de los incrementos salariales y las prestaciones correspondientes.

 

Las dificultades de los CPI se agudizaron desde el sexenio anterior y tal parece que los problemas van en aumento. A la fecha, cuando faltan poco más de dos meses para que concluya el año, las autoridades de esos centros no han cubierto los pagos de incremento para el personal; un dinero que debió depositarse desde el pasado mes de enero.

 

Normativamente, a diferencia de las universidades autónomas y la mayoría de instituciones de educación superior, los centros son entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Por lo tanto, están sujetos a las disposiciones regulatorias que operan para cualquier oficina gubernamental.

 

Seguramente usted recordará que, al inicio del sexenio pasado, como parte de las medidas de austeridad, el presidente López Obrador instruyó poner en marcha, en todas las dependencias gubernamentales, el congelamiento de plazas, el recorte de 30 por ciento en gastos de operación y la reducción a la mitad de viáticos y pasajes aéreos internacionales, entre otras medidas.

 

Incluso, las solicitudes de viaje al extranjero debían ser dirigidas al propio titular del Poder Ejecutivo Federal (Memorándum presidencial del 03.05.2019). Las medidas entraron en vigor en los CPI, a pesar de que miembros de esa comunidad, en carta pública, le solicitaron al presidente López Obrador que los eximiera de esas regulaciones (15.05.2019).

 

El quebranto para los CPI fue notable. Sin embargo, todavía más grave fue la eliminación de los fideicomisos públicos: trastocó la operación cotidiana y la planeación de crecimiento de los centros. A través de los fideicomisos manejaban los recursos autogenerados –alrededor de una tercera parte del presupuesto total de los CPI--, también preveían el ejercicio presupuestal para proyectos y no estaban limitados por el calendario del año fiscal.

 

Los fideicomisos públicos, como lo anotamos en este Acelerador de Partículas (Campus Milenio No. 768), eran de dos tipos: los que pertenecían a entidades paraestatales y los que no tenían estructura orgánica. Los primeros eran fiscalizados y rendían cuentas; los segundos no y se prestaban al ejercicio discrecional.

 

Desde que el ejecutivo federal planteó su eliminación, las cifras sobre los fideicomisos fueron cambiantes. Al inicio se anotaba que estos instrumentos financieros sumaban más de 300 e involucraban alrededor 800 mil millones de pesos. Después, que eran menos y el gobierno federal, legalmente, no podía disponer del total de recursos.

 

El sector científico y tecnológico concentraba poco menos de un tercio del total de fideicomisos públicos existentes, pero apenas un tres por ciento de la cantidad de recursos. En el último informe de gobierno de López Obrador se precisó que, al 30 de septiembre de 2023, se dio por concluida la extinción de 65 fideicomisos en el sector y transfirió 21 mil 978 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (pág. 512).

 

Según el mismo informe de gobierno, los fideicomisos de los CPI fueron reintegrados a sus respectivas cuentas. Sin embargo, al final, fue un caos administrativo la gestión y ejecución de esos recursos. El daño para los CPI fue irreversible y las inconformidades manifiestas.

 

Las consecuencias persisten y seguramente continuarán. Hace dos semanas, la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt) publicó un pronunciamiento para expresar su preocupación porque la Secretaría de Hacienda no ha ministrado los recursos para cubrir las prestaciones pendientes, ni los incrementos salariales y su correspondiente retroactividad a enero de este año (08.10.2025).

 

La semana pasada, los trabajadores del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en Saltillo, Coahuila --institución perteneciente a los CPI y a la Fenasscyt--, se manifestaron públicamente para protestar por el mismo incumplimiento.

 

La representante gremial precisó que: “El incremento salarial pendiente es del 4 por ciento; en prestaciones, el adeudo alcanza el 10 por ciento; en estímulos, se debe el 50 por ciento, y en el caso del seguro de gastos médicos mayores, el adeudo es total” (Diario de Coahuila. 16.10.2025).

 

Los CPI eran un conjunto ejemplar de investigación científica y tecnológica. Los indicadores de su productividad e impacto iban al alza de forma sostenida. Sin embargo, ahora batallan con los gastos de operación y navegan en la zozobra del naufragio. Una verdadera lástima.

 

Pie de página: La tormenta tampoco amaina para la exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla. Ahora está a la intemperie, los vientos que sembró retornaron tempestuosos y se multiplican las evidencias sobre su fallida gestión. // Según la Dirección de Profesiones, alrededor de una cuarta del total de títulos y cédulas profesionales de los últimos siete años tiene inconsistencias (PubliMetro 14.10.2025).// Pendientes.

Bajan a los fideicomisos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus MilenioNo. 937. Febrero 24, 2022. Pág. 4)

 

Hace un año, al publicar su programa anual de trabajo de la cuenta pública del 2020, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tenía previsto realizar un estudio sobre los “Fideicomisos Públicos sin Estructura Orgánica” (DOF. 08.02.2021). Nada menos. El órgano fiscalizador examinaría esos instrumentos que operaban distintas dependencias de la administración pública y cuya eliminación quedó justificada por manejos corruptos, discrecionales y opacos. Eso dijo la autoridad.

 

Seguramente por la controversia que desató la desaparición de los fideicomisos, el trabajo de la ASF fue visto como una oportunidad para esclarecer, con información relativamente consolidada y confiable, cómo se había procedido y qué había ocurrido con los recursos financieros. Sin embargo, como recientemente lo anotó Nayeli Roldán, la ASF canceló el estudio correspondiente (Pájaro Político 17.02.2022).

 

¿Es inusual que la ASF omita algunas auditorias? No, no lo es. La Auditoria es un órgano técnico de la cámara de diputados y su función básica es fiscalizar el uso de recursos públicos federales en los tres poderes y también en cualquier entidad o persona que haya recibido ese tipo de recursos.

 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le otorga facultades a la ASF para realizar las modificaciones que estime pertinentes a su programa anual de auditorias (Artículo 17). De hecho, cada año, al menos en tres o cuatro ocasiones, a través del Diario Oficial de la Federación, difunde cuántas añadió, cuáles otras dio de baja y qué otras modificó. Anualmente suman alrededor de un millar y medio de fiscalizaciones.

 

El pasado 11 de febrero, la ASF simplemente anunció que daba de baja el estudio sobre los fideicomisos públicos, otro más sobre el “Panorama del Agua en México” y una auditoria sobre la “Gestión financiera de Mex Gas Interancional” (DOF. 11.02.2022). También dio de baja una evaluación de la “Política educativa en el desarrollo económico de México”, especificó que ésta se recalendarizaba, o sea, la hará en otro momento. En cambio, sobre los fideicomisos, el agua y el gas, ni una palabra; solamente los dio de baja.

 

El asunto es relevante porque alrededor de una semana después de aquel anuncio, el 20 de febrero según la ley correspondiente, vencia el plazo para que la ASF entregara el informe general. Es decir, literalmente, al cuarto para las doce, ocurrieron las bajas. Todavía más sorprendente en el caso de los fideicomisos, dado que los informes preliminares de octubre del 2021 de la misma Auditoria, habían adelantado algunas dificultades del Conacyt a ese respecto (ASF. Segunda entrega) .

 

Por ejemplo, uno de los dictámenes hacia notar los problemas para concentrar los recursos financieros de los fideicomisos y canalizarlos a la Tesorería de la Federación, lo mismo que alteraciones en la operación de los fondos, especialmente en el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces) y en la continuidad de los proyectos derivados de los fondos sectoriales y mixtos (Campus No. 923).

 

La entrega de octubre del año pasado era preliminar y todavía restaba la definitiva, la del pasado 20 de febrero, cabía suponer que ahí estaría la información completa sobre los fideicomisos. Ahora resulta que no habrá tal estudio ni informe. ¿O sí existe? Solamente la ASF lo conoce. Lo que sí sabemos todos es la necesidad de indagar qué ocurrió con los fideicomisos.

 

No es un asunto irrelevante, todavía este mes, en su conferencia de prensa del 4 de febrero, el presidente López Obrador dijo que al eliminar los fideicomisos, incluidos los del Conacyt, su gobierno se ahorró 70 mil millones –aunque luego dijo que fueron 60 mil millones. Lo más importante es que insistió en el mismo diagnóstico: “era una robadera grande, en grande” y preguntó: con la eliminación de los fideicomisos “¿en qué se perjudicó al pueblo?” y el presidente mismo respondió: “en nada, porque son aparatos burocráticos, onerosos, costosísimos, y son como otros gobiernos” (04.02.2022)

 

Seguramente son otras las preguntas y otras las respuestas que tienen los que dependían de los fideicomisos, especialmente la comunidad del sector científico, deportivo y artístico, los responsables de las rutinas institucionales y los que tenían su cargo la operación de algunos proyectos de investigación.

 

El presidente prometió en octubre del 2020 que habría auditorias para exhibir la corrupción en los fideicomisos eliminados, a cargo del entonces consejero jurídico de la presidencia. Además, dijo López Obrador, se fincarán las responsabilidades penales del caso y toda la información estará “a más tardar en tres meses” (21.10.2020). No, ni unas ni otras.

 

Lo grave es que, a la fecha, después de casi dos años, no conocemos, en definitiva, cuál es el estatus de los fideicomisos eliminados, cuántos siguen en operación y qué ocurrió  con las actividades respectivas. Ni siquiera sabemos el volumen, destino y retorno de los recursos financieros de los fideicomisos.

 

Ahora el estudio prometido de la ASF solamente está dado de baja y ya. Pero la indagación y  fiscalización siguen haciendo falta.

 

Pie de página: La selección de excátedras y Pronaces sigue incompleta y sin transparencia. Pendientes.

Fideicomisos: corte y nuevas reglas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 924. Noviembre 11, 2021, pág. 4) 

 

El sindicato del personal académico del CIDE (Sipacide) hace pública su protesta por incumplimientos a su Contrato Colectivo de Trabajo. Y son problemas que derivan de la eliminación de los fideicomisos. Las consecuencias de la extinción de estos instrumentos financieros en el ámbito académico y científico son y serán una fuente de conflicto, larga y permanente, en algunas instituciones.

 

Si estuviera claramente documentada la corrupción, la opacidad o el uso discrecional de esos fondos, sería más sencillo aceptar que su desaparición es lo mejor que pudo ocurrir. Tampoco habría mayores dificultades si hubiera otro mecanismo financiero u otras estrategias que garantizarán la continuidad de las actividades. No es el caso o por lo menos no son del dominio público.

 

En cambio, cada vez se acumula un mayor número de expresiones de inconformidad asociadas a la desaparición de los fideicomisos. No es para menos, simplemente porque en muchos de los casos fue equivalente a un corte abrupto de recursos y no había forma de saber cuándo o cómo se resolverían las cosas.

 

Así ocurrió con los becarios del fondo Sener-Conacyt en el Reino Unido que se quedaron sin saber bien a bien si podrían concluir o no sus estudios, lo mismo pasó con la operación en distintos grados de algunos Centros Públicos de Investigación y con la continuidad de las ministraciones en curso de proyectos de investigación. Sobre estos últimos se trataba de los proyectos que dependían de los llamados fondos sectoriales, mixtos e institucionales.

 

El sector científico y tecnológico operaba el mayor número de fideicomisos públicos de todas las dependencias gubernamentales: alrededor de un tercio del total. No obstante, la cantidad de recursos financieros que involucraban no era tan significativa: alrededor de 3 por ciento del total. O sea, muchos fideicomisos para operar en el sector, pero un volumen de recursos relativamente pequeño.

 

¿De qué volumen estamos hablando? Los cálculos son relativamente similares e indican que los recursos implicados en los fideicomisos eliminados en el sector es de alrededor de 21 mil millones de pesos. Tómese como referencia que este año el Conacyt, el organismo cabeza de sector, recibió 26 mil 600 millones de pesos y para el año próximo se tiene previsto autorizarle 29 mil 600 millones de pesos.

 

La comparación de cifras nos puede dar una idea de la importancia que tenían los recursos de los fideicomisos en la operación de las instituciones académicas y actividades científicas y tecnológicas. Seguramente, por la misma razón, poco antes del decreto de extinción, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, según lo reveló el propio presidente López Obrador, le había solicitado que por lo menos le permitiera conservar un fideicomiso para que ahí pudiera concentrar y distribuir los recursos (Versión estenográfica. 06.04.2020). No fue el caso; todos los fideicomisos desaparecieron en el sector.

 

Sin embargo, no todos los fideicomisos públicos se integraban únicamente con aportaciones del gobierno federal. De hecho, los fondos mixtos eran recursos de los gobiernos estatales –y algunos municipales— y el gobierno federal. Otros incluían recursos provenientes del extranjero.

 

El caso de la protesta sindical del CIDE por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo es un ejemplo (04.11.2021). El manifiesto público del Sipacide incluye tres puntos. Uno de ellos se refiere a la remoción de Alejandro Madrazo, como titular del CIDE Región Centro, lo cual constituyó, en opinión del sindicato, una falta a una de las cláusulas de su CCT. Las otros dos puntos tienen que ver con la extinción de los fideicomisos. Por un lado, dice el sindicato, existe un retraso en el pago de estímulos a la publicación y desempeño docente que debió hacerse al final del mes pasado. Por otro lado, hace notar el retraso en el pago por “el trabajo realizado para proyectos con financiamiento externo”. Y sobre este último indica que el retraso es de un año.

 

El organismo sindical aclara que los retrasos e incumplimiento es consecuencia de la eliminación del fideicomiso del CIDE. Debido a que “la gran mayoría de recursos que había en ese fideicomiso eran propios o de terceros”, o sea, no eran del Estado mexicano, por lo cual fueron reintegrados al propio departamento de tesorería del CIDE. Sin embargo, precisa el Sipacide, el Centro “no puede ejercer esos recursos propios porque las nuevas reglas de operación están detenidas en Conacyt y falta la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

 

En fin, aunque el caso parece una minucia burocrática que pudiera autorizarse pronto, lo relevante para el sector es si retornará o no el mismo volumen de recursos que había en los fideicomisos. Otro asunto, igual o más importante, es qué mecanismo o nuevas reglas de juego sustituirán a los fondos competitivos. Lo veremos.

 

Pie de página: Sorpresa: a punto de rebasar la primera mitad del periodo de gobierno parece que siempre sí habrá un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 – 2024. Bueno, por lo menos este 9 de noviembre apareció un anteproyecto de decreto en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Atentos.

Promesas gubernamentales: financiamiento y fideicomisos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 923. Noviembre 4, 2021, pág. 6)

 

La agenda en el terreno científico y tecnológico tiene varios pendientes para la segunda mitad del actual periodo de gobierno. Todos son importantes, pero uno de los ineludibles en el corto y mediano plazo es el tema del dinero. A la fecha sigue sin aclararse la acusación de corrupción sobre los desaparecidos fideicomisos públicos del sector y son más las interrogantes que las respuestas sobre el destino y retorno de esos recursos.

 

El asunto tiene mayor relevancia por otras dos razones. En primer lugar, el presidente de la República, López Obrador, hace poco más de un año anunció que le había ordenado al entonces consejero jurídico que se hicieran las auditorias correspondientes y, frente a evidencias de corrupción en los fideicomisos extinguidos, habría denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Y prometió: “Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso” (21.10.2020).

 

La misma directora del Conacyt, participante en aquel anuncio del presidente López Obrador, mencionó casos de desvío de recursos y expresó: “tenemos ya un análisis bastante completo, lo iremos detallando y se irá haciendo del conocimiento público, como nos ha indicado el señor presidente”. Pues no, pasaron tres meses, un año completo y nada; seguimos sin conocer ningún informe ni análisis.

 

En segundo lugar, el ejecutivo federal también ha incumplido durante la primera mitad de su gobierno, uno de los compromisos que hizo antes de iniciar su periodo de gestión. ¿Usted lo recuerda? Fue el 22 de agosto de 2018, en el periodo de transición, en el Palacio de Minería, cuando la miel caía en las hojuelas y los desencuentros de hoy estaban lejos de aparecer en el horizonte.  

 

El presidente, en aquel largo foro, les dijo a miembros de la comunidad académica y científica ahí reunida que su “planteamiento muy concreto” era procurar un aumento presupuestal en términos reales pero, en el peor de los casos, nunca habría “un presupuesto por abajo de la inflación”. Tampoco fue el caso durante los tres años anteriores. ¿Las cosas serán diferentes en los tres años restantes? Tal vez, pero es difícil anticiparlo.

 

¿Alza atípica?

Lo único cierto es que la propuesta de gasto de la actual administración para el año próximo, por primera vez  en el periodo, considera un incremento relativamente significativo para ciencia y tecnología. Si los diputados no disponen otra cosa, en términos nominales, el total de gasto pasaría de 84 mil 517 millones de pesos que recibió en este año a 93 mil 544 millones de pesos para el año 2022. De esta última cifra, Conacyt recibiría 29 mil 600 millones, o sea, casi tres mil millones de pesos más de los que ahora tiene.

 

Un incremento notable, pero más importante será constatar si se trata de un alza atípica o es el inicio de una tendencia sostenida o ascendente para los años restantes. No podemos soslayar que si se confirman los números para el año próximo, de todas formas no alcanzan a resarcir el rezago acumulado y tampoco supera el aumento que experimentó el sector, en términos reales, entre 2011 y 2013.

 

La otra punta de la madeja son las aclaraciones y destino de los fideicomisos. Al parecer solamente desaparecieron para algunas actividades, entre otras las de ciencia y tecnología, pero siguen funcionando para otros ramos administrativos y entidades. Según la organización Fundar, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo, se incluyen 30 mil 555 millones de pesos para fideicomisos de ocho ramos, como Salud, Pemex, Fiscalía General de la República, Turismo, entre otros (Fundar).

 

Si se aprueba el PEF como está, el Insabi recibiría el año próximo poco más de 17 mil millones de pesos de los recursos a fideicomisos (más de la mitad del total) y, según la organización Fundar, serían para atención a salud y medicamentos gratuitos. Pemex recibiría un mil millones de pesos para producción de energéticos y mantenimiento de instalaciones; la Fiscalía 750 millones de pesos para fortalecer la investigación de delitos.

 

La pregunta es por qué persisten los fideicomisos en unos ramos y en otros no. Por ejemplo, el mismo PPEF, todavía en el año 2020, consideró un mil 220 millones de pesos de fideicomisos para el Conacyt, pero a partir de este año ya no fueron incluidos. Los principales argumentos del gobierno federal para eliminar todos los fideicomisos era que no rendían cuentas, tenían un manejo discrecional de los recursos y eran una fuente de corrupción. Entonces ¿los argumentos solamente aplican para unos casos? ¿Qué criterios se utilizan o cómo se define a quiénes sí y a quiénes no?

 

El dictamen de la ASF

Por otra parte, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ese órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos públicos, al final del mes pasado entregó su informe preliminar e incluye dictámenes sobre el Conacyt que muestran las dificultades que ha tenido el organismo con la concentración de recursos derivados de los fideicomisos hacia la Tesorería de la Federación, el manejo de fondos y la continuidad de proyectos.

 

Por ejemplo, se indica que: el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces) comprometió recursos después del plazo que había establecido el decreto de extinción del 6 de noviembre de 2020. O bien, “autorizó el pago anticipado de la segunda y tercera etapas de 13 proyectos por 129 millones 604 mil de pesos, así como la ministración de la totalidad de los recursos aprobados para otro proyecto, en una sola exhibición en un caso, por 3 millones 177 mil pesos, sin sustentar los argumentos que justificaran su decisión” (pág. 80).

 

La ASF también dictamina que el Conacyt, en lo referente a la extinción de los fondos mixtos (esos fondos que se integraban con aportaciones del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales) ha cumplido al respecto, pero también señala que no proporcionó los estados financieros de los fondos del estado de México, ni de los municipios de Puebla y de La Paz, Baja California Sur.

 

Algo similar también dictaminó para el caso de los fondos sectoriales, indicando que el organismo ha cumplido con la extinción en términos generales, pero de un total de 76 millones de pesos pendientes de ministrar (en cifras redondas), no acreditó la documentación del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS) que justificara recibir 68 millones y tampoco una determinación del comité técnico del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social para recibir poco más de siete millones de pesos.

 

En fin, la ASF todavía deberá entregar un informe general para el próximo mes de febrero, sin embargo, está claro que la eliminación de los fideicomisos trastocó el funcionamiento del sector, la operación de algunos Centros Públicos de Investigación y la continuidad de diferentes proyectos de investigación. El problema es que a la fecha no existe un informe que muestre porqué la extinción fue la mejor medida y menos porqué no ocurre lo mismo en otros sectores.

 

Si el presidente destacó la opacidad en el manejo de los fideicomisos como argumento principal para eliminarlos, también cabría resaltar que el proceso mismo de su extinción está muy lejos de ser transparente y todavía menos porque el PEF sigue haciendo excepciones. La segunda mitad del actual periodo de gobierno no solamente puede ser la ocasión para mostrar y explicar toda la información al respecto, el ejecutivo federal también puede cumplir sus promesas.

Fondos mixtos y entidades federativas. “...a más tardar en tres meses”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus No. 906. Julio 1, 2021. Pág. 4)

 

El cambio en la titularidad de las entidades federativas no es poca cosa, sobre todo si se considera que, a lo largo del presente siglo, los gobiernos locales alcanzaron una alta capacidad de maniobra frente al ejecutivo federal. Tampoco es menor la nueva geografía política en el mapa de la República, la que queda como saldo de las recientes elecciones intermedias. Una descentralización, sin embargo, no transitará.

 

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será la fuerza política con el mayor número de entidades gobernadas: sumará 17 en total, 11 más a las seis que ya tenía; más de la mitad del total de estados. Luego estará el Partido Acción Nacional con el gobierno de ocho estados; después, el Partido Revolucionario Institucional con cuatro; Movimiento Ciudadano con otros dos; y el Partido Verde con uno. Una modificación importante, respecto de la división que prevalecía antes de las elecciones.

 

¿Cambiará la relación entre entidades federativas y entre éstas y el gobierno federal? Tal vez serán otros los principios y otras las bases de coordinación. No solamente por el volumen de estados que conducirá el partido gobernante, también porque la actual administración ha expresado su reticencia a seguir los cauces de los diferentes organismos intermedios que estaban en operación.

 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) era un espacio sobresaliente. Un organismo instaurado en 2002 como foro de deliberación para buscar un equilibrio de competencias y responsabilidades en los diferentes órdenes de gobierno. Pero no es el único, también se crearon otros en distintas áreas de la administración pública.

 

En el terreno de la educación, por ejemplo, como lo estableció la anterior Ley General de Educación, en 2004 se puso en marcha el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). Un esquema para coordinar la planeación y los mecanismos de toma de decisión entre la Sep y las autoridades del sector de los estados.

 

También por disposición normativa del 2002 quedó fundada la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, un esquema análogo al del campo educativo, para impulsar una política de Estado en el sector y alentar la descentralización de las actividades. A la par, en la misma norma de ese año, estaba previsto la constitución de los denominados fondos mixtos.

 

Los fondos concursables, mixtos, se crearon con una aportación de la federación y otra de los estados e incluso de municipios. La idea era que los distintos órdenes de gobierno contribuyeran con recursos para fomentar la investigación científica y tecnológica, pero los temas y problemas a solucionar serían marcados por las propias entidades federativas.

 

Al inicio de la puesta en marcha de los fondos, solamente participaron unas cuantas entidades, pero una década después la totalidad de entidades tenían al menos un fondo en operación. Al amparo del instrumento algo avanzó la inversión en el sector y también algo se movió la descentralización de actividades.

 

No obstante, ahora que por decreto se eliminaron los fideicomisos, también quedaron bajo escrutinio y cancelados los fondos mixtos, porque dependían de fideicomisos. La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, en la conferencia de prensa del 21 de octubre de 2020 del presidente López Obrador, dijo que había un manejo discrecional y opaco de los fideicomisos, precisó que entonces existían 35 fondos mixtos, “32 con cada uno de los gobiernos de los estados y tres con municipios, aquí se gestionaron 14 mil 695.70 millones de pesos”.

 

En esa misma conferencia, el presidente López obrador informó que había instruido al consejero jurídico de la presidencia para que se hiciera una auditoria amplia a todos los fondos y fideicomisos, para que, “frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República”. Además, puso un plazo: “Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso”.

 

Sin embargo, casi se va a cumplir un año de aquella conferencia y públicamente no se conoce ningún informe al respecto. Aunque los proyectos de investigación bajo la figura de fondos mixtos sí están cancelados o en proceso de extinción.

 

Tal vez los fondos mixtos no caminaban en línea recta para profundizar la descentralización, quizás tampoco eran el instrumento más pulcro en el manejo de recursos públicos y probablemente, como algunas evidencias lo han sostenido, algunos fondos no alentaron propiamente la investigación científica y tecnológica, porque la inversión de recursos fue para una infraestructura subutilizada o que tenía otros propósitos.

 

El caso es que ahora nos quedamos sin funcionamiento de instancias de contacto entre federación y estados, sin los fondos que eran el principal instrumento descentralizador y, para colmo, sin conocer la información sobre la corrupción en manejo de los fideicomisos. Eso sí, tenemos nueva geografía política.

 

Pie de página: El Conacyt presentó un avance del Estatuto del Personal Académico al personal de Cátedras, pero el sindicato dice que sigue “invitando a Conacyt a un diálogo real, no a través de un chat de Youtube”. 

 

Eliminación de fideicomisos: Menos secciones en la LGCTI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus –No. 872. 22.10.2020--.

 https://suplementocampus.com/firmas-alejandrocanales-1-221020/)

 

La eliminación de los fideicomisos públicos no solamente es un error administrativo monumental, el gobierno federal y los legisladores aferrados a suprimirlos a toda costa también pagan y pagarán un enorme costo político.

 

Sin embargo, lo peor es la extensión del daño a la nueva ley general del sector científico y tecnológico que debe emitirse a más tardar el próximo mes de diciembre. Tal vez, en términos normativos, en lugar de avanzar podríamos retroceder dos o más décadas.

 

¿Por qué comenzaron a utilizarse fondos especiales en el sector científico y tecnológico? El cambio ocurrió en la reforma a la ley del sector de 1999; la normatividad anterior apenas había logrado apuntar mecanismos para coordinar el incipiente sistema nacional de ciencia y tecnología.

 

Sin embargo, en los albores de cambio de siglo y de milenio, aparte de la expectativa de cambio de época, había tres elementos más que empujaron la reforma del sector. Uno de ellos fue la modificación del artículo 3º realizado en 1993, en el que se incluyó: el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica (fracción V). Sin embargo, la ley secundaria no se había actualizado en correspondencia.

 

Un segundo aspecto fue la insuficiencia de la normatividad para impulsar el sistema científico y tecnológico de conformidad con la política de evaluación que por aquellos años ingresó en el territorio de las instituciones y de la vida pública. Nuevas reglas de juego asomaron en los marcos institucionales para regular la administración y actividades de centros de investigación.

 

En tercer lugar, en varias regiones del mundo, por aquellos años comenzaba a expandirse el principio de tomar el conocimiento como base para el progreso y el bienestar social. El tema cobró mayor fuerza con la idea de sociedad o sociedades del conocimiento. Los sistemas de educación superior y de ciencia y tecnología parecían una de las claves para alcanzar el propósito.

 

Así que la reforma de 1999 fue el primer ajuste normativo que respondería a esos imperativos. Los cambios fueron amplios y variados. Uno de los más importantes, en lo que concierne al asunto de los fideicomisos, fue designar Programa Especial de Ciencia y Tecnología –Pecit, la “i” de innovación vino después— al documento que debe planear y coordinar las actividades del sector.

 

Lo distintivo de los programas especiales, a diferencia de los programas sectoriales, es que integran y orientan el presupuesto de varias secretarías de Estado hacia objetivos especiales. En el caso de las actividades científicas y tecnológicas tenía particular relevancia porque el gasto federal en la materia se dispersaba en distintas dependencias y el Conacyt solamente controlaba una proporción menor. Al establecer un programa especial intentaba obtener una mayor capacidad de regulación y control del ejercicio presupuestal.

 

El otro cambio importante fueron los instrumentos para distribuir los recursos financieros. Una sección de la norma de ese entonces quedó dedicada a la institucionalización de los fondos y precisó que serían de cuatro tipos: institucionales Conacyt; sectoriales; mixtos; e internacionales. La misma ley de 1999 puntualizó que el fideicomitente en los fondos del primer tipo sería Conacyt, pero también dispuso que para todos los fondos el fiduciario sería la institución de crédito elegida por el fideicomitente (arts. 16 y 18).

 

Los cambios de aquella ley también permitieron mayor disponibilidad y flexibilidad presupuestal para la continuidad de proyectos en las instituciones de investigación. No obstante, sí debían rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos públicos asignados. Además, para los centros públicos de investigación significó la capacidad de aprovechar los recursos autogenerados de conformidad con sus órganos de gobierno.

 

Después vinieron más cambios y ajustes a la norma, pero la ley todavía vigente conserva las secciones sobre el programa especial y los fondos. Ahora, sin embargo, ante el imperativo de emitir una nueva ley general derivada de la más reciente reforma del artículo 3º constitucional, las cosas pueden ser muy distintas.

 

Por un lado, en el actual periodo, por primera vez, después de casi dos años de ejercicio gubernamental, no hay un programa especial para el sector y probablemente ya no lo habrá. Entonces, seguramente esa sección ya no formará parte de la nueva ley, ni tampoco habrá coordinación intersecretarial y menos integración de recursos.

 

Por otro lado, como ha sido evidente, el gobierno federal y el partido Morena, la fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso, han estado por eliminar la mayoría de fideicomisos públicos y conservar algunos. Los de ciencia y tecnología no están entre los que serán preservados, así que la sección de fondos probablemente no aparecerá más en la eventual nueva ley.

 

En este escenario, lo paradójico es que permanecerán los principios de funcionamiento del sistema, pero no estarán los instrumentos que posibilitan su operación. Un desfase y la peor decisión posible. Añadamos que a la fecha, cuando falta un par de meses para que venza el plazo para emitir la nueva ley general, no hay ningún proyecto de ley públicamente conocido ni registro en el Congreso.

 

Pie de página: El proceso de extinción de fideicomisos ha sido un escaparate nacional de la actuación del gobierno federal y de los legisladores.

Energía y biotecnología. ¿Ni fideicomisos ni recursos?

Alejandro Canales 

UNAM-IISUE/PUEES 

Twitter: @canalesa99 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus No. 867 17.09.2020) 

En el sector científico y tecnológico había casi un centenar de fideicomisos en operación, pero después del ajuste que realizó la actual administración quedaron solamente 27: los 26 que corresponden a los Centros Públicos de Investigación y el fondo institucional que maneja Conacyt. 

Sin embargo, había tres fideicomisos más que estaban en suspenso: dos fondos sectoriales con la Secretaría de Energía (Sener) y otro fondo institucional del propio Conacyt sobre bioseguridad y biotecnología. Ahora, una nueva iniciativa en la agenda legislativa propone suprimir los tres fideicomisos. 

El sector científico y tecnológico manejaba el mayor número de fideicomisos de toda la administración pública (el 29 por ciento de los existentes). Aunque el monto de recursos que operaban no era, ni de lejos, el mayor volumen del total (apenas representaba el 3 por ciento). Tales instrumentos financieros eran clave para sortear los altibajos y demoras presupuestales, así como para agilizar la operación de las dependencias. No eran opacos o al menos no hubo denuncias públicas al respecto. 

La extinción de todos los fideicomisos públicos estaba prevista en el decreto presidencial del 2 de abril, aunque ahí mismo quedó facultada la Secretaría de Hacienda para hacer algunas excepciones. Los 27 fideicomisos del sector que se conservaron fue por la movilización y presión de sus beneficiarios. 

El presidente López Obrador no quedó conforme con las excepciones realizadas y menos que a la fecha existan todavía fideicomisos públicos. Lo manifestó directamente en una de sus conferencias de prensa matutinas, la del 22 de julio, en presencia de los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras. 

Dirigiéndose a Mario Delgado y Ricardo Monreal les dijo: “Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE, y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta”. 

 El ejecutivo federal recordó que la extinción de los fideicomisos era un compromiso desde el primer día que tomó posesión como presidente y más que quitar derechos o recursos, lo que buscaba era evitar discrecionalidad en el manejo del presupuesto y una mayor transparencia de esos instrumentos. 

Ahora, una vez iniciado el actual periodo ordinario de sesiones, el diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, ingresó una iniciativa para suprimir y ordenar una decena más de fideicomisos (Gaceta Parlamentaria 09.09.2020). 

El diputado propone suprimir dos fondos sectoriales de Conacyt con la Sener (hidrocarburos y sustentabilidad energética) que involucran poco más de 5 mil millones de pesos y dejar solamente el fondo para investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) que tiene alrededor 900 millones de pesos. 

Los cálculos provienen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 88). El monto resulta de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065. De ese total, el 65 por ciento es para investigación en hidrocarburos en diferentes institutos, el 20 por ciento para investigación en sustentabilidad energética (fuentes renovables de energía, tecnologías limpias, p.e.) y 15 por ciento para investigación en hidrocarburos en el IMP. La iniciativa propone conservar solamente este último y retornar el 85 por ciento de recursos sobrantes a la Tesorería de la Federación. 

La propuesta para el caso del fondo Conacyt para investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología es, sin más, suprimirlo. Este fondo está previsto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (artículo 31) y tenía como finalidad, aparte de investigación en esa área, el respaldo para la formación de recursos especializados, fortalecimiento de grupos y apoyo para infraestructura. El monto de recursos que tenía al cierre del año pasado era de poco más de 48 millones de pesos, cantidad más modesta en comparación con los fideicomisos de energía, pero también retornaría a la federación. 

Los fondos que podrían ser eliminados se refieren a áreas de conocimiento sobre los que la actual administración ha expresado sobradas reticencias y una firme oposición. Por ejemplo, las fuentes renovables de energía, las energías limpias o los transgénicos. En estos temas, sin mayor discusión pública, la decisión es aplicada de facto por la palanca de los recursos. 

En fin, el proyecto de decreto de ley todavía no se dictamina ni se aprueba, así que la extinción de los tres fideicomisos mencionados no es un hecho, pero seguramente en breve se discutirá. Lo que está claro es que no solamente es un asunto de regular la operación de estos instrumentos, también lo es la disminución de recursos que involucran.  

Pie de página: La propuesta de Ley General de Educación Superior que se discute en el Senado incluye un capítulo sobre el fortalecimiento a la ciencia, tecnología e innovación en las IES. La pregunta es qué planteará la Ley General de Ciencia Tecnología e Innovación para coordinarse y complementarse. No hay ninguna propuesta.

Fideicomisos: ¿instituciones científicas a salvo?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No 848. Mayo 7 de 2020. Pág. 4)

Hace poco más de un mes, cuando apareció firmado el decreto de extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, todo indicaba que el dinero que ahí circulaba pasaría a manos de Hacienda y de tajo desaparecerían las actividades que funcionaban al amparo de esos instrumentos jurídicos. Sin embargo, como el mismo decreto lo preveía, estaba la rendija de apelar la medida en los días siguientes y quedar a salvo del corte.

La incertidumbre se prolongó durante todo el mes de abril, porque los recursos financieros de los fideicomisos públicos sí pasaron a Hacienda, pero a pesar de que algunas dependencias de la Administración Pública Federal (APF) interpusieron recursos de excepción, no había respuesta de cuáles fideicomisos conservarían. El asunto parecía más grave porque el decreto de extinción estableció que si Hacienda no daba su visto bueno en un plazo no mayor a diez días hábiles “se entenderá como no  autorizada”.

Las expresiones de inquietud de los sectores cultural y científico fueron patentes y de alta resonancia. Como la de directores de Centros Públicos de Investigación (CPI) y la carta pública de diferentes agrupaciones académicas y científicas para solicitar aclaración sobre los fondos. Tanto que los titulares de las dependencias correspondientes tuvieron que manifestar públicamente su preocupación y colocarse del lado de los afectados. Un tuit del pasado 17 de abril del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, daba cuenta de una reunión con la secretaria de Cultura y la directora del Conacyt.

Ni siquiera el tuit del mismo secretario de Hacienda tranquilizó a las comunidades científica y cultural. A pesar de que ahí aclaraba que “Independientemente del mecanismo que se determine, bajo ninguna circunstancia se disminuirán ni se pondrán en riesgo los recursos destinados a la #investigación y la #cultura”.

Tampoco ayudó el decreto del presidente López Obrador del 23 de abril en el que mandataba: “No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido” . Una medida que expresamente incluía a los fideicomisos públicos. Los casos de becarios que dejaron de recibir el apoyo correspondiente y de CPI que tenían dificultades para realizar sus actividades comenzaron a multiplicarse.

El último día del mes pasado, el gobierno federal remitió la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 a la Cámara de Diputados. Ahí está integrada la información correspondiente a la evolución de los recursos públicos de todo el año pasado y, desde luego, también incluye lo concerniente a los fideicomisos sin estructura orgánica.

Según información de la Cuenta Pública, al 31 de diciembre de 2019, existían 338 fideicomisos (330 estaban en operación) e implicaban un total de 740 mil 629.3 millones de pesos de recursos presupuestarios federales. Alrededor de la mitad de esos recursos (52 por ciento) corresponden a apoyos financieros y de estabilización presupuestaria; otro 16 por ciento a infraestructura pública y la parte restante es de pensiones y prestaciones laborales. Cifras todas ellas muy importantes.

El Conacyt con 99 fideicomisos es la entidad que tiene la mayor cantidad de esos instrumentos jurídicos en el conjunto de la administración pública (29.3 por ciento del total) e involucran 22 mil 547 millones de pesos (3 por ciento del monto total). Es decir, tiene casi un tercio de los fideicomisos existentes, aunque no concentra el volumen más alto de recursos. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, le sigue con 83 fideicomisos. Sin embargo, el monto de recursos que alcanza es de 487 mil 722 millones de pesos. Esto es el 66 por ciento del total de recursos. Luego vienen el resto de todas las dependencias con cantidades muy menores.

Y cuando el panorama parecía de lo más catastrófico para las instituciones científicas, llegó la comunicación de Hacienda para notificar que estarán exentos de la eliminación: 1) el fondo Fordecyt-Pronaces y que desde ahí Conacyt ejercerá los recursos de un fondo institucional (poco más de mil 100 millones de pesos para proyectos y formación de científicos), así como los recursos de los fondos sectoriales y mixtos; y 2) tampoco serán eliminados los fondos que tienen a su cargo los CPI.

Posteriormente veremos el detalle de los fondos y las cifras, pero lo claro es que los CPI conservarán buena parte de los recursos que tenían y Conacyt solamente manejará un fideicomiso y ahí concentrará los recursos financieros que estaban dispersos en múltiples fondos.

Todavía falta conocer cómo quedará el volumen de recursos. Sin embargo, en la comunidad científica y cultural no hay una sensación de alivio, porque abril fue un mes de zozobra gratuita, de rudeza innecesaria y de “modos” poco prudentes que primero extinguieron y luego averiguaron, precisamente cuando la crisis desatada por la epidemia nos exige y exigirá mayores esfuerzos.

Pie de página: Y por la epidemia en curso, el cierre de la convocatoria becas Conacyt para estudios de doctorado en el extranjero se extiende al 31 de julio. Jóvenes, todavía están a tiempo.

Fideicomisos: ¿con uno es suficiente?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 845. Abril 16, 2020. Pág. 4)

Un año y nueve meses después se convirtió en decreto presidencial la idea de cancelar fideicomisos en la administración pública federal porque hoy apremia sacar recursos de donde sea. No podría decirse que es una medida inesperada, el ahora presidente de la República la anunció dos semanas después de su triunfo en las elecciones. Pero sí es anticlimática, paradójica y pega en la línea de flotación de la actividad científica y tecnológica.

López Obrador la enlistó el 15 de julio de 2018 como parte del medio centenar de lineamientos para el combate a la corrupción y la austeridad republicana. Había motivos. Unos meses antes, la asociación civil Fundar dio a conocer un informe que detallaba cifras y operación de los fideicomisos: los que no pasaban por la estructura administrativa de las dependencias (sin estructura orgánica o no paraestatatales) incluían alrededor de 772 mil millones de pesos y habían sido uno de los instrumentos preferidos para evitar la rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos.

No obstante, desde entonces, estaba claro que no todos los fideicomisos públicos eran opacos e irrelevantes. La preocupación era que algunos fideicomisos útiles se tiraran junto con el agua sucia de la corrupción. Ahora mismo, con el decreto de extinción, los propios titulares de las oficinas gubernamentales no saben bien a bien cuántos de los recursos financieros que sirven a sus respectivos sectores quedarán a salvo y acaso esa misma incertidumbre muestra la sorpresa y discrecionalidad de la aplicación.

Un atisbo de esa perplejidad la reveló el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa del pasado lunes 6 de abril. El periodista Miguel Reyes Razo le preguntó si era una de sus preocupaciones el financiamiento para las actividades científicas y tecnológicas. El ejecutivo federal, entre otras cosas, dijo:

Les quiero aclarar, qué bien que tratamos este tema, ahora que se tomó la decisión de recoger los recursos de los fideicomisos y de los fondos, en el caso de Conacyt había 64 fideicomisos y como el decreto es que se concentren en Hacienda todos los recursos, pues preocupada la directora del Conacyt me escribió para decirme que ellos estaban ya haciendo un esfuerzo para concentrar y eliminar fideicomisos, que no tenían ninguna utilidad pública, pero que le preocupaba que se quedaran sin recursos, más ahora que están necesitando estos fondos para la elaboración del ventilador, que va muy avanzado.

El presidente se refería a los recursos financieros para el trabajo que están realizando algunas instituciones y algunos de los centros públicos de investigación (el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y otros centros) para el diseño y producción de un prototipo de respirador.

Además, el ejecutivo federal describió la nota que le hizo llegar la directora del Conacyt y precisó que de los 64 fideicomisos existentes, la misma titular del organismo le aclaró: “Es más, creo que con uno (con un fideicomiso nos conformamos)”.

O sea, si alguien pensaba en la posibilidad de convencer al ejecutivo federal o al secretario de Hacienda sobre la conveniencia de conservar todos o la mayoría de fideicomisos, de una buena vez cabría anticipar que eso no ocurrirá.

El artículo 3 del decreto de extinción indica que Hacienda --en consulta con Función Pública-- es la secretaría facultada para resolver las excepciones de terminación de fideicomisos. El plazo perentorio para saber cuáles sí y cuáles no se conservan venció ayer mismo, aunque todavía no hay información pública de cómo quedaron.

¿Qué fideicomisos son en el sector y qué volumen de recursos financieros implican? Se refieren principalmente a los llamados fondos sectoriales, fondos mixtos y a fondos que operan los Centros Públicos de Investigación (CPI). Los primeros son esos montos que el Conacyt en coordinación con otra secretaría de Estado instauran para impulsar la investigación de problemas relacionados con sus respectivos sectores (educación, energía, economía, medio ambiente, etcétera); los segundos tienen una función similar, pero la parte corresponsable es una entidad federativa o un municipio; y los últimos son los que están bajo administración de los CPI.

Un cálculo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dice que el ramo del Conacyt concentra 22 mil 631 millones de pesos en fideicomisos sujetos a extinción (el volumen total en todos los sectores es de 181 mi 472 mdp). Otra estimación de Leonardo Núñez González señala un volumen relativamente similar para Conacyt: 21 mil 844 millones de pesos (educación.nexos.com.mx). En cualquier caso, el monto es casi equivalente al presupuesto autorizado para este año a Conacyt: 25 mil 659 mdp.

En el volumen de recaudación de la Tesorería de la Federación no pesarán mucho, pero para el sector serán una baja demoledora, justo cuando más se les necesita. El problema no es que desaparezcan todos o la mayoría de fideicomisos, el problema es que quedarán en ceros. Adicionalmente, Función Pública instruyó a reducir en 50 por ciento del presupuesto asignado a las dependencias para servicios generales y gastos de operación. Tiempo nublado.

Pie de página: El Consejo Europeo de Investigación también se desasosiega con la variable Covid-19.