Ciencia y Tecnología: el encanto de la promesa y la desafiante realidad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1120. Diciembre 18, 2025)

 

La actual administración ha reiterado su propósito de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Fue una de las banderas de la campaña electoral que llevó a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), a Palacio Nacional. Lo reafirmó al elevar a rango de secretaría a la entidad rectora de la política sectorial y quedó como línea de acción en su Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente programa sectorial.

 

Pero, en realidad, ¿México podría ocupar una posición de liderazgo en el campo científico y tecnológico? Como intención suena bien, sobre todo tras el desencanto de la comunidad científica con la gestión del periodo inmediato anterior y el desastre sectorial que provocó su propensión ideológica y sus rencillas personales.

 

Si por un momento nos olvidamos de los indicadores internacionales en los que México siempre aparece en las posiciones más bajas –como los índices bibliométricos, las patentes, el nivel de inversión o los premios Nobel—, el objetivo tampoco es completamente irrealizable.

 

Tómese en cuenta el tamaño de la economía nacional. Según el Fondo Monetario Internacional, medida la economía por el tamaño del PIB a precios actuales, México ocupa la posición número 13 en el mundo; debajo de Brasil (11) y de España (12). (imf.org).

 

Sin embargo, la intención y una economía de tamaño respetable son insuficientes. Primero está el insumo básico: el nivel educativo de la población. Según el reciente informe de gobierno, la población mayor de 15 años tiene 10 grados de escolaridad en promedio, lo que equivale al primer año de bachillerato. No está mal, aunque algunas de las economías con las que México compite tienen de 12 a 14 grados.

 

Actualmente, la tasa neta de cobertura en media superior es de 62.7 por ciento para los jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, y la meta es llegar a 66 por ciento al final del sexenio. A pesar de que, constitucionalmente, se suponía que alcanzaríamos la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, estamos lejos de lograrlo. Y omitamos el tema de la calidad, que es problema aparte.

 

El panorama en educación superior, el nivel con mayor salida directa a la actividad científica y tecnológica, es todavía más complicado. De acuerdo con el programa sectorial, la tasa neta de cobertura en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 29.3 por ciento y se propuso como meta llegar a 33 por ciento para el ciclo 2030-2031. Es decir, en el mejor de los casos, al final de la década actual, apenas se alcanzará a una tercera parte del total de jóvenes del grupo de edad.

 

El último dato disponible sobre las personas que cuentan con educación superior y trabajan en ciencia y tecnología indica que suman 8.2 millones (IGECTI, 2021: 33). La cifra corresponde a 2021 y tómese en cuenta que, para ese año, representó el 14.5 por ciento de la población económicamente activa y ocupada. Un porcentaje relativamente modesto.

 

La misma fuente muestra que la licenciatura es el nivel con mayor participación relativa en el total de personas con educación superior ocupadas en actividades científicas y tecnológicas: 81 por ciento, de las cuales la mitad se concentra en el área de las ciencias sociales. Le sigue el posgrado, con 12 por ciento, y una proporción de ciencias sociales de 70 por ciento. Finalmente, la educación técnica, con 7 por ciento.

 

Desafortunadamente, aunque estaba obligada por ley, la administración anterior se marchó sin publicar los informes anuales del sector de los últimos cuatro años; las autoridades actuales tampoco se han ocupado de hacerlo. Tal vez los números se han incrementado y las proporciones se han modificado en fechas recientes, pero no lo suficiente para despuntar en el campo científico.

 

El otro componente imprescindible para imaginar un lugar sobresaliente es el nivel de inversión. El indicador utilizado a escala mundial es el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE); el dato permite valorar el esfuerzo nacional en la materia. El informe de gobierno más reciente muestra que México destina el equivalente a 0.27 por ciento de su PIB. Imposible descollar con esa proporción de gasto.

 

Tómese como referencia que el GIDE promedio de América Latina es de 0.60 por ciento y el de Brasil es de 1.2 por ciento. Es decir, invertimos menos de la mitad del promedio de la región y una cuarta parte de lo que destina el país latinoamericano con mayor inversión. Ni hablar del promedio de los países de la OCDE (2.7 por ciento) o de las naciones reconocidas como verdaderas potencias.

 

¿Qué se ha hecho? En el primer año del sexenio, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron, por una parte, a ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes. En este terreno, lo novedoso ha sido la puesta en marcha de las microcredenciales como política nacional (véase Campus Milenio, núm. 1116).

 

Las estadísticas seguramente registrarán el incremento de certificados al final del año próximo y será coincidente con la promesa de convertirnos en una potencia. Sin embargo, la formación altamente especializada, indispensable para despuntar en la competencia internacional, es una inversión de largo plazo: no se puede improvisar ni tampoco sustituir con cursos de 40 horas.

 

Por otra parte, el gobierno federal ha puesto en marcha proyectos deslumbrantes de corte tecnológico, como el diseño y la manufactura nacional del mini vehículo eléctrico Olinia, el centro de diseño de semiconductores o el Clúster Nacional de Supercómputo, entre otros.

 

Todavía falta que se muestren los resultados, pero son eso: iniciativas tecnológicas dispersas que, en el mejor de los casos, contribuyen a sostener el encanto de la narrativa, pero cuyos efectos prácticos serán limitados. ¿No sería mejor declarar explícitamente la inclinación tecnológica y seleccionar un sector prioritario? Sin duda.

 

La promesa de convertir a México en una potencia científica y tecnológica se diferirá al futuro, frente a la realidad de una baja escolaridad, una formación especializada que descansará en microcredenciales y una inversión que va a contrapelo de la intención manifiesta.

La obligatoriedad educativa y el futuro de los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1040. Abril 18, 2024. Pág. 4)

 

La reforma del artículo 3º constitucional de mayo del 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. No ha sido fácil ni rápido llevar ese propósito a los principios constitucionales. Pero, con todo, eso ha sido lo menos complicado, lo más difícil es llevarlo al terreno de los hechos. Poco se avanzó en este periodo de gobierno y podría ocurrir que tampoco se logre en el siguiente.

 

Desde la Constitución de 1917 quedó establecida la gratuidad de la enseñanza primaria impartida en establecimientos oficiales (Artículo 3º, último párrafo). Pasaron más de 70 años para que se alcanzara su universalización y entonces se añadió la obligatoriedad y gratuidad del siguiente nivel, la educación secundaria. El decreto de reforma apareció el 5 de marzo de 1993, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (DOF. 05.031993)

 

La educación primaria y la secundaria han sido y son la base más amplia del sistema educativo nacional. Sin embargo, la siguiente reforma no fue hacia el siguiente peldaño, fue hacia atrás: en el 2002, con Vicente Fox, se decretó la obligatoriedad del preescolar (DOF 12.11.2002). Sí había preocupación por la escolarización de la primera infancia, pero era mayor el interés por el volumen de plazas magisteriales que se necesitarían para cumplir el compromiso.

 

La reforma de ese 2002, en artículo transitorio, estableció los plazos para completar la obligatoriedad del preescolar: para los niños de 5 años en el ciclo 2004-2005; para los de cuatro años en el 2005-2006; y para los de tres años sería hasta el 2008-2009. No obstante, todavía hoy, no se alcanza la universalización del preescolar. La tasa neta de escolarización para ese nivel es de alrededor del 64%; la menor atención es para los niños de tres años.

 

Luego, casi al final del periodo de Calderón Hinojosa, se sumó la obligatoriedad de la educación media superior en la Constitución. El decreto de reforma indicó que el cumplimiento sería gradual, iniciaría en el ciclo 2012-2013 y se lograría la cobertura total una década después, en el 2022-2023 (DOF 09.02.2012). O sea que para esta fecha ya debería ser una realidad. No lo es.

 

Roberto Rodríguez, en estas mismas páginas, la semana pasada, anotó que el compromiso con la educación media superior no se ha cumplido ni se está cerca de lograrlo. En efecto, la tasa neta de escolarización para el grupo de edad es de alrededor del 61%.

 

Finalmente, en el actual periodo de gobierno se añadió la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior (DOF. 15.05.2019). La obligatoriedad de este nivel, precisó la misma reforma del artículo 3º en su fracción X, corresponde al Estado. Es decir, no es obligatoria para las familias de los jóvenes o para ellos mismos.

 

Además, la misma reforma previó que la federación y las entidades asignarían el presupuesto necesario para lograr la gratuidad y, además, aparte de los recursos ordinarios, dispuso la creación de un fondo federal especial para asegurar “a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad… así como la plurianualidad de la infraestructura” (Décimo Quinto transitorio).

 

Sin embargo, el presupuesto para la educación superior apenas se ha sostenido en términos reales en el periodo. Y no, nada de instauración de un fondo especial para la obligatoriedad; tampoco se destinaron recursos adicionales por otros medios.

 

Entonces, una expansión sustantiva de la cobertura en la educación superior ya no se logrará en este periodo. Ni siquiera se alcanzará la meta de 50 por ciento en la tasa bruta de cobertura al finalizar el periodo. Una meta que el mismo gobierno se planteó en su programa sectorial.

 

Tal vez por eso la reciente declaración de una de las aspirantes a la presidencia ha tenido tanta resonancia en la educación superior. La candidata Claudia Sheinbaum, hasta el momento con mayor ventaja en las preferencias electorales, declaró que “Con respeto a la autonomía de las universidades (…), el aumento a la inversión en las universidades públicas tiene que, desde mi punto de vista, ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana” (El Financiero 13.04.2024). ¿Un aumento con austeridad?

 

Habrá que esperar un mayor detalle de la propuesta, porque la austeridad republicana a menudo ha significado, lisa y llanamente, sostener los recursos en términos reales, cuando no una disminución indiscriminada en el presupuesto. Desde luego, las universidades están obligadas a cumplir cabalmente su función y deben rendir cuentas de los recursos públicos que reciben.

 

Pero también es verdad, y ya quedó constatado, que sin recursos financieros no es posible ampliar las oportunidades educativas, al menos las opciones verdaderas. Lo peor es que los más excluidos son los jóvenes más desfavorecidos.

 

Sería una lástima que una vez más el futuro de los jóvenes se difiera antes de iniciar el presente de un nuevo periodo de gobierno.

 

Pie de página: Las medidas del presidente argentino siguen causando una inconformidad creciente en el ámbito científico y académico. La Red Argentina de Carreras de Sociología emitió una declaración pública sobre lo que está ocurriendo, aquí se puede ver: t.ly/8ZjSF

¿Y la media superior?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 949. Mayo 26, 2022. Pág. 4)

 

La educación media superior, según la reforma constitucional del 2012, debería alcanzar una cobertura total al concluir el presente ciclo escolar. No la tendrá. Las dificultades persisten y se suman en este nivel.

 

La atención mediática y el debate público, a lo largo del actual periodo gubernamental, se han centrado fundamentalmente en los extremos del sistema educativo nacional: la educación elemental y los estudios superiores. En la primera, con la cancelación de la reforma educativa del gobierno anterior, la discusión sigue hasta hoy sobre el modelo educativo, los polémicos materiales que se conocen y la inacabada propuesta de marco curricular.

 

A la par, con la reforma del artículo 3º constitucional de este periodo, la educación superior saltó al primer plano, porque se volvió obligatoria y gratuita. Desde entonces está en discusión permanente, tanto en lo que concierne a los cálculos financieros, como a la puesta en marcha de instancias de coordinación y el controvertido programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

 

Sin embargo, en la serie de iniciativas en curso y en la vorágine de declaraciones de casi todos los días, la educación media superior no pinta. Aunque ya no es claro si es preferible o peor. Salvo algunos datos escuálidos de promoción docente y el amplio programa de becas, el nivel no parece recibir mayor atención gubernamental ni generar preocupación en la opinión pública.

 

El programa de becas es de grandes dimensiones: 4.1 millones de alumnos recibieron la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (Bueems) en el pasado ciclo escolar y el volumen de recursos financieros que implicó fue de poco más de 30 mil millones de pesos.

 

La Bueems, ha dicho la autoridad educativa, es para alumnos de las instituciones públicas en la modalidad escolarizada. Será universal pero solamente para ese sector y especialmente, advierten sus lineamientos, para aquellos alumnos que se localizan en zonas indígenas o de alta marginación.

 

Sin embargo, lo cierto es que las becas casi son para cualquier alumno de institución pública, independientemente de su desempeño, condición o lugar de residencia. Tómese en consideración que la matrícula de la media superior en el ciclo escolar 2020-2021, en la modalidad escolarizada, sumó 4 millones 985 alumnos y de esa cantidad, 4 millones 200 mil estaban en planteles públicos. O sea que los 4.1 millones de becas distribuidas casi cubren el universo completo, no hay selectividad.

 

La Sep dice que las becas en la media superior tienen como principal objetivo que los jóvenes permanezcan y concluyan sus estudios, para disminuir los índices de abandono escolar. Un problema persistente en este nivel educativo. Sin duda los 840 pesos mensuales que los estudiantes reciben (en realidad reciben bimestralmente 1,680 pesos) debe ser un apoyo altamente valorado, independientemente del uso que tengan.

 

Sin embargo, el abandono escolar, como se sabe, ni única ni principalmente obedece a razones económicas, los estudios han mostrado que son muchos los factores que intervienen, entre ellos el tipo y calidad de los estudios que se les ofrece a los jóvenes, así como los problemas del grupo de edad. Las becas no son suficientes para resolver el abandono.

 

Las cifras oficiales de la Sep han precisado que entre los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, los de la contingencia sanitaria en su fase aguda, 847 mil alumnos abandonaron el sistema escolarizado: 656 mil en educación básica, 160 mil en media superior y 31 mil en educación superior.

 

Si los números absolutos reflejan la dimensión real de lo ocurrido, el problema mayor, en términos relativos, no fue para la educación básica, sino para la media superior. La disminución en educación básica fue de 2.6 por ciento y para superior de 0.8 por ciento, en cambio para la media superior fue de 3.1 por ciento. Aunque la autoridad dice que la disminución fue principalmente en instituciones particulares.

 

La tasa de abandono escolar entre el ciclo escolar 1990-1991 y 2020-2021, dos décadas después, solamente disminuyó ocho puntos porcentuales: pasó de 19 a 11 por ciento. La cobertura en el pasado ciclo escolar fue de 75 por ciento, si se considera la tasa neta (solamente el grupo de edad) la proporción es de 62 por ciento.

 

Según la reforma del artículo 3º constitucional del 2012, cuando la media superior se volvió obligatoria, se especificó que se procedería de forma gradual “hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022” (DOF 09.02.2012).

 

En julio próximo, cuando concluya el presente ciclo escolar, se cumplirá el plazo previsto y pues no, otra vez los propósitos de la reforma integral de hace más de una década y la aspiración de cobertura total permanecerán en el papel, pero no terminan de llegar al marco de los planteles escolares ni a los jóvenes. Tenemos otro punto de inflexión.

 

Pie de página: La semana pasada se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO en Barcelona.// La consecuencia de la extinción de los fideicomisos: El CIDE, y la mayoría de los Centros Públicos de Investigación, tienen serias dificultades financieras.