El primer presupuesto para la Secihti ¿una potencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1075. Enero 16, 2025, pág. 4)

 

Las expectativas sobre el presupuesto que le correspondería al sector científico y tecnológico, ahora con rango de secretaría de Estado, ya eran limitadas. El propio gobierno federal había anticipado que, respecto a lo que recibía la anterior entidad administrativa, no habría mayores recursos y, en efecto, en su proyecto de presupuesto para el 2025 apenas proponía un incremento de 0.4 por ciento (Campus Milenio No. 1069).

 

Todavía restaba que los legisladores modificaran o no el proyecto del gobierno federal. Pero tampoco hubo buenas noticias. Los diputados hicieron reasignaciones importantes, aunque no en el Ramo 38, el que ejercerá centralmente la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

 

El presupuesto para el sector, como se sabe, se compone de lo que cada dependencia gubernamental destina para actividades científicas y tecnológicas y, además, lo que ejerce centralmente la Secihti (ramo 38). El gobierno federal había previsto asignar poco más de 128 mil millones de pesos (mmdp) para todo el sector, y de ese total, 33.3 mmdp para el ramo 38.

 

Los diputados le añadieron 7.8 mmdp a lo propuesto por el gobierno federal (DOF. 24.12.2024). Sin embargo, ni un peso de esa cantidad fue para la Secihti. Los recursos adicionales fueron principalmente para la SEP, con 7.4 mmdp; luego para la Sagarpa, que recibió otros 366 millones de pesos; y para la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con 69 millones de pesos.

 

En resumidas cuentas, la Secihti ejercerá centralmente menos de una cuarta parte del total del presupuesto destinado a actividades científicas y tecnológicas, mientras que la SEP controlará más de la mitad. Además, como ya lo habíamos advertido, la nueva Secretaría operará con un presupuesto menor, en términos reales, al que ejerció el año pasado el ya desaparecido Conahcyt.

 

Lo sorprendente es que, aparte de los programas tradicionales que operan en el sector y que, cabría suponer, continuarán en el actual periodo, las autoridades le han sumado a la Secihti otras tareas y han dicho que convertirán a México en una potencia científica. A la gestión de las becas de posgrado, el Sistema Nacional de Investigadores, el financiamiento de proyectos de investigación y las Cátedras, le han añadido la administración de dos nuevos modelos de universidad.

 

Por cierto, el decreto de creación de la Secihti utiliza la palabra “administración” para referirse a su responsabilidad con la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la Universidad de la Salud (Unisa), mientras que la propia dependencia dice “coordinar”. Tal vez cuando esté disponible el reglamento interno de la dependencia, se precisarán las atribuciones que tendrá sobre las nuevas instituciones universitarias.

 

Por lo pronto, la Secihti ha dicho que los dos modelos de universidad se sumarán a los 25 Centros Públicos de Investigación que están bajo su responsabilidad y el reciente gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció que el próximo mes de marzo, en Comitán, iniciará actividades la primera unidad académica estatal de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

 

A su vez, aunque el presupuesto aprobado no lo muestra, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su informe sobre sus primeros 100 días de gobierno, mencionó que ya están trabajando “y se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos científicos de desarrollo tecnológico”. Anotó el auto eléctrico mexicano, el diseño de semiconductores, los aviones no tripulados, la extracción de litio y la fábrica de software libre.

 

Y la mandataria volvió a reiterar: “Como me comprometí: México será una potencia científica” (12.01.2025). Queda para el registro. Sin embargo, sea la administración de los nuevos modelos universitarios o los encomiables proyectos de desarrollo tecnológico, ambos seguirán localizados en el terreno de la narrativa, hasta que no se conozca la distribución de responsabilidades entre las dependencias gubernamentales, los detalles técnicos de las iniciativas y el insustituible presupuesto con el que contarán.

 

No está nada mal la intención de convertir a México en una potencia científica, lo que no se ve nada bien, ni fácil, es que pueda hacer más con menos. La nueva Secihti, la dependencia rectora de la política sectorial, tiene más tareas y responsabilidades, pero no controla la mayor proporción de recursos y, en términos reales, tendrá un presupuesto menor al organismo que sustituyó.

 

Tampoco se ve cómo México se podría convertir en una potencia científica y tecnológica si su Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) es de alrededor del 0.32 por ciento respecto al PIB. Tómese como referencia que ese indicador representa una cuarta parte de lo que destina Brasil, está por debajo del gasto promedio de América Latina (0.56) y es menos de lo que destina Argentina (0.55) o Chile (0.36).

 

Pie de página: El manejo de las redes sociales de la mayoría de los Centros Públicos de Investigación sobre la propaganda de los primeros 100 días de gobierno no parece una novedad, pero sí lo es. // El asunto sobre el maíz genéticamente modificado todavía no concluye y puede empeorar.

CyT: narrativa e inversión

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1036. Marzo 14, 2024. Pág. 4)

 

El estímulo fiscal y las transferencias directas son instrumentos para incentivar la inversión privada en investigación y desarrollo tecnológico. Una forma de alentar el gasto de empresarios en ese campo, dado que la mayoría busca ganancias inmediatas y no quiere correr riesgos en aventuras inciertas.

 

En México, desde mediados de los años noventa, se ha ensayado con estímulos fiscales y transferencias directas, con poca fortuna y múltiples controversias. Al inicio por el monto reducido y el farragoso laberinto para hacer efectivo el incentivo; luego la cantidad aumentó, cuando se pusieron en marcha las transferencias directas entre el 2009 y hasta el 2016, pero las empresas beneficiadas cayeron bajo sospecha. Después, en el 2017 se combinaron incentivos y transferencias, pero al año siguiente solamente se quedaron los primeros.

 

A pesar de todo, los incentivos fiscales han permanecido a lo largo del tiempo, aunque no ha mejorado la inversión privada, por el contrario, la brecha entre gasto público y privado se ha ensanchado. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en América Latina depende principalmente del presupuesto público. Más de la mitad de los recursos financieros son gubernamentales y alrededor de un 37 por ciento proviene de empresas; otras fuentes complementan el total.

 

Sin embargo, hay una alta variabilidad entre países. Por ejemplo, según los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), Colombia tiene 36 por ciento de gasto empresarial y 26 por ciento gubernamental; la participación de gasto privado más alta en la región. En Chile y Brasil es mayor el gasto del gobierno, pero en el primero es menos de la mitad del total y en el segundo son cifras casi equivalentes.

 

México, con una proporción de 77 por ciento de gasto gubernamental y 17 por ciento de empresas, tiene la mayor proporción de inversión pública. El dato es para el año 2021, proviene del informe de gobierno del año pasado (Anexos estadísticos, 2023: 799). No obstante, tal vez tendríamos que tomar el dato con cierta reserva.

 

La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (Esidet), el medio principal para captar la información sobre los recursos que destina el sector productivo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, desde hace siete años no se aplica. La última información disponible de esa encuesta es del 2017.

 

Además, uno de los lineamientos que cambió en el actual periodo de gobierno fue la relación con el sector privado. En el campo científico y tecnológico, desde el inicio, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, habló de transferencias líquidas, directas e indebidas, por un monto de alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas privadas.

 

A la fecha no hay certeza sobre cantidades precisas, tampoco si fue una acción ilegal; no se fincaron responsabilidades administrativas o penales. Sin embargo, sí cambió la narrativa con el sector privado. A los señalamientos negativos sobre las transferencias líquidas, le siguió la cancelación de incentivos a investigadores de universidades particulares y el cambio de reglas para el otorgamiento de becas de posgrado a estudiantes de esas mismas instituciones.

 

No está claro si el cambio de términos en la relación se debe a motivaciones ideológicas o a una escasez de recursos financieros. No obstante, los incentivos fiscales han permanecido en el periodo. ¿Y cómo se han comportado? Este instrumento, como se sabe, es un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento del monto de gasto o inversión en ciencia y tecnología que realiza un empresario. El crédito es hasta por un monto máximo de 50 millones de pesos y se acredita contra el ISR.

 

En el 2017 fueron asignados 554.5 millones de pesos (al inicio se habían autorizado 658 millones de pesos, pero algunos participantes declinaron) para un total de 44 proyectos. Al año siguiente, las cantidades se redujeron a la mitad: 319 millones de pesos y fueron 20 proyectos.

 

Para los años siguientes, las cantidades disminuyeron todavía más: en 2020, alrededor de 100 millones de pesos y 20 proyectos; en el año 2021, fueron 144 millones de pesos y 14 proyectos. Finalmente, para el año 2023 todavía no está el informe de impactos y beneficios de los proyectos apoyados, pero estaba previsto que se distribuirían alrededor de 389 millones de pesos y serían 13 proyectos.

 

Así que, como se podrá notar, aunque se conservaron los incentivos fiscales en este periodo, su tendencia más bien ha sido a la baja y lo más seguro es que la inversión del sector privado también sea declinante. El problema es que no sabemos la magnitud que alcanza, simplemente porque la encuesta para medirla no ha tenido continuidad. El dato oficial que se reporta es que la participación relativa del gasto gubernamental pasó de 67 a 77 por ciento entre el 2016 y el 2021.

 

Si los recursos públicos tampoco han sido crecientes, entonces no es nada fortuito que hayamos pasado de una inversión de 0.45 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo experimental en el 2016, a una de 0.28 por ciento en el año 2021. Ni más ni menos.

 

Pie de página: ¿Recuerda que el Congreso de Quintana Roo aprobó su ley estatal de ciencia el mes pasado? Pues ya publicó el decreto correspondiente el pasado 5 de marzo, es la primera entidad en hacerlo.

La ley general de ciencia en la penumbra

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 992. Abril 20, 2023)

 

El diseño de la nueva ley general de ciencia ha sido muy accidentado y así continuará, sea aprobado o no en el Congreso. Todavía esta semana estaban por realizarse cinco foros de parlamento abierto, como acuerdo de los legisladores antes de que las respectivas comisiones emitan su dictamen. Grave será si perdemos la oportunidad para mejorar la norma que tenemos o, peor, si retrocedemos en lo ya alcanzado.

 

La intención de regular nuestro sistema científico y tecnológico, en la escala de un sistema, en realidad tiene poco tiempo. A mediados de la década los años ochenta, la promulgación de la “Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico” fue el primer intento para diferenciar y precisar las estructuras, las actividades y los componentes de lo que se denominó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

 

Después, en 1999 vino la “Ley para el Fomento de las Actividades Científicas y Tecnológicas”, una norma que delineó el sistema y le otorgó mayores capacidades al Conacyt, como la responsabilidad plena para elaborar el programa sectorial que denominó “especial”, información consolidada sobre sus recursos financieros, nuevas instancias e instrumentos para impulsar la actividad como los fondos competitivos y, sobre todo, la intención de poner en marcha políticas de Estado en la materia.

 

La ley vigente, sobre la base de la norma previa, ajustó los instrumentos en marcha, instauró un Consejo General como órgano máximo de politica, un ramo de gasto propio para el Conacyt en el Presupuesto de Egresos de la Federación, creó un órgano de coordinación con las entidades federativas para promover la descentralización y estableció una red para articular los grupos de investigadores de diferentes instituciones y de distintos sectores, entre otros aspectos.

 

Después ocurrieron diversas reformas a la ley vigente del 2002, pero conservando la intención de consolidar un verdadero sistema nacional y la idea de políticas de Estado en el sector. Una modificación importante fue en el 2004, cuando se añadió el artículo 9 Bis a la ley para establecer que el gasto nacional en el rubro no podría ser menor al 1 por ciento del PIB y que debía cumplirse en el 2006. Y pues no, ni en ese año ni después se cumplió.

 

Ahora, con la reforma al artículo 3ro constitucional de mayo del 2019 abrió la ventana para diseñar una nueva norma. A diferencia de las normas anteriores, y es un avance muy importante, debe ser de carácter “general”, o sea, tiene que regular un verdadero sistema nacional, al igual que las competencias y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno (federal y estatal).

 

Además, esa ley general debe hacer efectivo lo que ahora dispone el artículo 3ro constitucional sobre el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología; garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; y “proveer recursos y estímulos suficientes”.

 

El problema es que no hay un consenso sobre el diseño que debe tener la nueva ley y así llevamos más de dos años. Por un lado, no se ve la suma de los cinco proyectos de ley en el Congreso. Por otro, la iniciativa del gobierno federal, presentada el pasado 13 de diciembre y con mayor probabilidad de ser aprobada, prácticamente propone “tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera”, porque omite los avances de las normas anteriores --como la participación de los consejos de ciencia de las entidades federativas--, deposita la conducción exclusiva de la política nacional en el organismo federal cabeza de sector y lo equipara con el sistema nacional.

 

O sea, la iniciativa gubernamental no solamente sería un punto de inflexión en la edificación de un efectivo sistema nacional de ciencia y tecnología, también es el abandono a la idea de una política de Estado para el sector y el retorno a una concentración en un organismo federal. De hecho, a pesar de que se trata de un proyecto de ley general, se ocupa de inlcuir la personalidad jurídica de ese organismo, el Conacyt, tanto como sus funciones y atribuciones.

 

El financiamiento también podría ser otro punto de inflexión. Una larga búsqueda de respaldo para las actividades científicas y tecnológicas culminó, como ya lo mencionamos, con la meta de gasto en el artículo 9 Bis en la reforma del 2004. Ahora, el proyecto de ley del gobierno federal, no incluye ningún compromiso cuantificable de inversión, aunque suscribe que proveerá los recursos “conforme al principio constitucional de progresividad y no regresividad”.

 

Sin embargo, ese principio en materia de financiamiento no necesariamente garantiza que habrá una mayor inversión, porque sostener el mismo nivel de gasto resulta suficiente para cumplirlo. El problema es que el actual 0.31 por ciento respecto al PIB es un porcentaje muy bajo para cualquier sistema nacional, incluso en el estándar de América Latina es casi la mitad del promedio de la región. No es fortuito que el año pasado España y Argentina reformaran sus respectivas leyes y se comprometieran a duplicar y triplicar, respectivamente, su nivel actual de gasto en la materia.

 

El diseño de una nueva ley general, no federal, presagiaba un promisorio y mejor marco normativo para el sector, lo mismo que garantizar el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. No obstante, esa posibilidad ya no es inminente, se mueve en la penumbra de los intercambios en el Congreso, la indolencia y la impronta de la disciplina partidaria. Por lo pronto, esperemos los cinco foros restantes del parlamento abierto y la posibilidad de acuerdos mínimos, tanto como sensatez y mesura en las fracciones parlamentarias.

 

Pie de página: Las becas Elisa Acuña sin fondos gubernamentales y la omisión puede causar estragos. // En este periodo de gobierno fueron acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt, acaban de exonerar a nueve y otros tantos lo fueron desde el inicio del año. Sin embargo, la fiscalía general es impredecible. Pendientes.

Parlamento abierto: alta convocatoria y los derechos sin recursos financieros

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 990. Marzo 30, 2023)

 

Los diputados, como lo dijimos aquí en la entrega anterior, ya realizaron el primer foro de parlamento abierto sobre la eventual ley general de ciencia. También anticipamos que probablemente las opiniones en esos foros no harían diferencia alguna en el diseño de la nueva ley y que tal vez el proyecto del gobierno federal podría ser aprobado sin ninguna modificación.

 

No obstante, como sabemos, la dinámica en el Congreso es impredecible y mientras el proyecto no se vote en el pleno, no sabremos qué curso podría seguir una iniciativa. Por lo pronto, tal vez las probabilidades de que le muevan algo más que las comas al proyecto del gobierno federal, van en aumento. La maratónica sesión de parlamento abierto de este miércoles 29 de marzo exhibió una alta y diversa participación, pero también levantó expectativas sobre los próximos foros, lo mismo que una reiteración de temas y la responsabilidad que tienen los legisladores.

 

Según la metodología acordada por las juntas directivas de Comisiones Unidas (Educación y de Ciencia y Tecnología), los diputados tienen previsto tener listo el dictamen el próximo 12 de abril. No obstante, también acordaron realizar siete foros de parlamento abierto, esta semana apenas fue el primero. No habrá más la próxima semana porque es Semana Santa.

 

El diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, informó que recibieron y aceptaron alrededor de 300 solicitudes de participación. El foro inició por la mañana, poco después de las 11 horas, concluyó alrededor de las 21:30 horas, o sea más de 10 horas de duración.

 

Lo sobresaliente es que las intervenciones de los participantes fueron de máximo cinco minutos de duración y solo poco más de un centenar lograron ser escuchados. O sea que otra cantidad similar estaba aceptada y quedó pendiente, así fue tanto por el abultado número de personas como por la forma de organización del parlamento abierto

 

En realidad, el foro fue organizado de forma rápida, pero muy laxa e improvisadamente. El 14 de marzo los diputados acordaron que realizarían los siete foros, pero la convocatoria para el primer foro apareció hasta el jueves 23 de marzo. El problema es que los teléfonos y las direcciones electrónicas fueron habilitadas con un retraso de tres o cuatro días, el registro propiamente fue uno o dos días antes del foro y la confirmación fue en la víspera.

 

El desarrollo mismo del foro siguió dos programas distintos: uno en la sala presencial y otro enviado a un buen número de participantes. Al final, aunque había muchas personas por hablar, ya era evidente que el foro no podía extenderse más. Pero no hubo ninguna explicación, ni mención al caso; el encuentro simplemente se dio por concluido y ya.

 

Sin embargo, la alta convocatoria del parlamento abierto mostró no solamente que el tema es de amplio interés, también reveló que está lejos el consenso sobre los ejes principales de una nueva ley. A pesar de que se ha mencionado una y otra vez el volumen de consultas, así como los foros y encuentros para elaborar el proyecto de ley del gobierno federal, lo cierto es que los participantes en el parlamento, en la misma dimensión, han hecho notar lo contrario.

 

Un par de participaciones en el parlamento también mostraron una ausencia notable en el proyecto de ley: los jóvenes investigadores. Por ejemplo, Edgar Guerra, miembro del sindicato de investigadores del programa Cátedras del Conacyt –programa que ahora es Investigadoras e investigadores por México--, planteó que no estaban mencionados en la ley a pesar de que suman más de un millar de jóvenes y también señaló que el proyecto de ley incluye el loable derecho humano a la ciencia, pero pone en peligro los derechos laborales del personal del propio Conacyt.

 

Las condiciones adversas que enfrentan los jóvenes investigadores para realizar su trabajo, contar con una beca o becas sucesivas, o bien, encontrar una posición académica, también fueron expuestas por un integrante del colectivo “Científicos precarios”. Y es verdad, no solamente su presente es incierto, el futuro tampoco parece ser mejor y la iniciativa de ley no lo proyecta.

 

Sobre los componentes que fueron reiterados están los que se han mencionado una y otra vez en todas las versiones de iniciativas de ley: la necesidad de una mejor gobernanza del sistema; una auténtica distribución de competencias en los diferentes órdenes de gobierno; la no discriminación como principio básico; la instauración de verdaderos órganos de representación, de gobierno y de participación; así como el tema del financiamiento.

 

El tema de los recursos financieros es inocultable. Actualmente tenemos un gasto en investigación y desarrollo experimental de 0.31 respecto al PIB, un porcentaje que representa casi la mitad del promedio de América Latina y alrededor de una cuarta parte de lo que destina Brasil, España o Portugal. Un monto claramente insuficiente para garatizar el derecho a gozar de la ciencia, porque simplemente no se puede otorgar, gozar o distribuir lo que no existe.

 

La responsabilidad de los legisladores también es insoslayable. Los números y las participaciones en el primer foro les depositaron toda la confianza y crecieron las expectativas sobre los siguientes seis foros de parlamento abierto. Pendientes con el proyecto, dictamen y votos del legislativo.

 

Pie de página: Becarios posdoctorales (@POSDOCsinSNI) se inconforman por las irregularidades y retraso de meses en recibir el incentivo del Sistema Nacional de Investigadores.

Las claves de la nueva ley... en España

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 965. Septiembre 22, 2022)

 

Al final del mes pasado, cuando el Congreso español aprobó la nueva ley de ciencia, el comunicado oficial destacó en primer lugar el nivel de financiamiento público que establece la nueva norma para la Investigación y el Desarrollo Experimental (GIDE): un indicador creciente que alcanzará 1.25 por ciento del PIB para el año 2030 y llegará en ese mismo año a 3 por ciento si se añade la inversión privada (La Moncloa 25.08.2022).

 

No está mal, nada mal. Tómese en cuenta que actualmente España destina 1.40 por ciento del PIB para el GIDE y de ese total, casi la mitad son recursos privados, otro 38 por ciento son recursos públicos y la parte restante proviene de otras fuentes de financiamiento (OCDE, 2020). O sea, si se cumple lo que dice la ley, España más que duplicará su nivel de financiamiento para el sector en los próximos ocho años y la participación relativa gubernamental casi se triplicará.

 

También considérese, como punto de referencia, que México actualmente gasta alrededor del 0.30 por ciento del PIB para el mismo fin. Es decir, apenas una quinta parte de lo que destina España. Además, del total gasto, y según la misma fuente de información, el gobierno mexicano, con un 77 por ciento, tiene la mayor aportación relativa; el gasto privado apenas alcanza un 18 por ciento.

 

La ley mexicana estableció desde el 2002 que el nivel de gasto debería ser de 1 por ciento respecto al PIB, pero dos décadas han sido insuficientes para lograrlo y ahora estamos más lejos de la meta que hace una década. Incluso, en el próximo debate sobre la eventual nueva ley general para el sector, el proyecto gubernamental omite el indicador. ¿Lo verá inalcanzable? Probablemente.

 

Tal vez no deberíamos resignarnos en el tema del financiamiento y tampoco pensar que es el único. El caso de España, ahora que su ley ya está publicada y entró en vigor, ofrece puntos de referencia que valdría la pena considerar (BOE14581-06.07.2022). Por ejemplo, indica que la nueva ley española se concentró en tres debilidades detectadas de su sistema científico y tecnológico.

 

En primer lugar, en las carencias relativas a la carrera y desarrollo profesional del personal de investigación. No es un asunto menor. Un personal altamente calificado y estable es crucial para cualquier aparato científico en el mundo, porque constituye la base de su funcionamiento, pero también porque no se puede improvisar y por el tiempo y costo implicado en su formación. Los jóvenes posdoc en México lo testifican.

 

España, como muchas otras naciones, también ha experimentado las dificultades de un mercado académico saturado, una alta movilidad internacional de sus jóvenes investigadores y una accidentada inserción laboral para sus egresados. Por la misma razón, la nueva ley establece dos medidas de apoyo a la carrera académica que permitirían impulsar y retener a sus investigadores talentosos.

 

Por una parte, para fomentar una atractiva carrera profesional pública: “el diseño de un itinerario postdoctoral que conduzca a la incorporación estable de investigadores e investigadoras al sistema y su desarrollo profesional posterior”.  Una iniciativa que, dice la exposición de motivos, está inspirada en el modelo “tenure track” anglosajón y facilitará reducir la edad de incorporación al sistema y la endogamia, así como mejorar la predictibilidad y estabilidad de su carrera.

 

Por otra parte, “la introducción de una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas”. Esta segunda medida fue la que provocó mayor oposición y discusión entre los partidos políticos españoles representados en el Congreso porque, argumentaron algunos, los contratos indefinidos comprometen la sostenibilidad de las instituciones y las indemnizaciones presionarán las finanzas. Sin embargo, muchos otros celebraron la aprobación.

 

En segundo lugar, la nueva ley actualiza las reglas para la transferencia de conocimiento y resultados de investigación. A este respecto, propone que el personal de investigación reciba incentivos para que publique sus resultados de investigación en “acceso abierto” y transfiera el conocimiento. También, entre otros aspectos, propone incorporar y valorar la transferencia de conocimiento al mismo nivel que la investigación y la docencia.

 

Finalmente, en tercer lugar, la reciente ley propone mejorar los mecanismos de gobernanza y funcionamiento del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. No solamente incluye llegar a un financiamiento público de GIDE de 1.25 del PIB para el año 2030, también considera unificar la política de innovación y la política científica y técnica, facilitar el procedimiento de subvenciones públicas, o bien, la simplificación administrativa de contribuciones y aportaciones internacionales, así como de las evaluaciones y acreditaciones.

 

Además, reconoce el valor de la ciencia como bien común, el libre acceso a datos de investigaciones, el fomento a la participación de la sociedad, utiliza y promueve un enfoque transversal de género.

 

En fin, hay otros detalles de la ley española, aunque también vale la pena notar que no todo es nuevo para la legislación mexicana. Sin embargo, no hay duda de que frente al diseño de una nueva ley general nacional conviene tomar nota de la experiencia internacional, las limitaciones más punzantes del sistema científico mexicano, la ponderación de elementos clave y, muy en especial, no retroceder en lo ya alcanzado.

 

Pie de página: Y pues sí, muy difícilmente podría ser de otro modo, el Comité Externo de Evaluación calificó el desempeño del CIDE durante el año 2021 como “poco satisfactorio”.

La ESIDET y los recursos privados para investigación

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 948. Mayo 19, 2022)

 

La presente administración, como aquí mismo lo hemos dicho en las dos entregas anteriores, recalculó el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). Retrocedimos como país porque en el periodo anterior estábamos cerca de la mitad del 1 por ciento respecto al PIB y actualmente las cifras oficiales dicen que el indicador está alrededor del 0.29 por ciento, una proporción que es casi la mitad del promedio que registra la región de América Latina (0.56 por ciento).

 

También dijimos que, en números absolutos y cálculos muy gruesos, la diferencia sería de más de 30 mil millones de pesos. La variación, suponemos, tiene que ver con el sector de ejecución del gasto, la procedencia de los recursos del GIDE y su distribución. El gobierno actual dijo que antes, al amparo de los cambios que permitió el Manual de Frascati en 2015, se añadió incorrectamente al GIDE todo el presupuesto de becas y una proporción de gasto en posgrado por parte de empresarios e instituciones de educación superior.

 

Según el primer informe general de este periodo, ahora solamente suman al GIDE “un proxi del pago a estudiantes de posgrado por su participación en proyectos de investigación” (pág. 29), el pago de becas nacionales a estudiantes de doctorado en programas de calidad y el pago a investigadoras e investigadores del ex programa Cátedras Conacyt.

 

El problema se localiza en la forma de contabilizar el trabajo realizado por estudiantes que participan en proyectos de investigación. Porque, efectivamente, el Manual de Frascati, el documento base para definir y recopilar las estadísticas a nivel internacional, planteó que a los montos directos para investigación, también se debería sumar ese trabajo de los estudiantes.

 

Sin embargo, la frontera se diluye entre becarios y estudiantes que reciben una remuneración por participar en proyectos de investigación. No es imposible, pero tampoco resulta nada sencillo desagregar actividades, sueldos y salarios de los estudiantes que realizan investigación y menos si lo hacen fuera del territorio nacional. Por la misma razón, el gobierno anterior prefirió sumar a todos los becarios y, por el contrario, el actual utilizó un “proxi” y se ajustó al gasto ejercido en el país.

 

El asunto es que los números no están claros y las explicaciones no parecen satisfactorias. El GIDE, como se sabe, se compone principalmente de financiamiento gubernamental y empresarial. La investigación científica en México --y en buena parte de América Latina-- está financiada fundamentalmente por el gobierno.

 

El supuesto es que al sector privado no le interesa aportar recursos para ciencia porque es una inversión de alto riesgo, por la incertidumbre del proceso de descubrimiento, por los obstáculos para apropiarse de los beneficios de manera individual y porque, eventualmente, podría no tener ganancias e incluso perder lo invertido. Entonces, se justificaría una mayor  intervención gubernamental en las actividades científicas. No obstante, en los países altamente industrializados, ocurre lo contrario, el sector privado tiene una mayor participación relativa en el GIDE.

 

En el caso de México, dice el informe presidencial más reciente, el gobierno aporta el 77 por ciento del financiamiento del GIDE y la industria solamente el 18 por ciento (el 5 por ciento faltante sería de instituciones de educación superior y fondos del exterior). La participación relativa de la industria ha sido variable a lo largo de la última década y cuando más ha alcanzado una tercera parte.

 

La recopilación de los datos sobre personal y aportaciones del sector empresarial al GIDE en México es relativamente reciente, comenzó a mediados de los años noventa a través de encuestas bienales, impulsada por el Conacyt y el Inegi.

 

Desde el año 2000 se denomina Encuesta sobre Investigación y Desarrollo de Tecnología (Esidet) y, aunque se le han señalado algunas críticas, sistemáticamente ha ampliado el rango de información que capta, tanto de empresas como de instituciones de educación superior, dependencias gubernamentales y componentes clave, a partir de la década pasada, como la biotecnología o nanotecnología.  También sigue las recomendaciones del Manual de Frascati.

 

El problema es que la Esidet más reciente es del año 2017, a pesar de que debió aplicarse de nueva cuenta en 2019 y otra vez el año pasado. No hay información y menos explicación de por qué se interrumpió la medición. Y tal vez lo más grave es que ocurre cuando más importante resulta el registro de posibles variaciones en la participación de los sectores público y privado, por la confrontación que han protagonizado en los medios y porque han sido reiteradas las acusaciones sobre malversación de fondos o transferencias indebidas de recursos públicos a las empresas.

 

En fin, todo parece indicar que si ya era reducida la participación relativa de las empresas en el financiamiento del GIDE, tal vez ahora podría reducirse todavía más y ahí estaría parte de la respuesta a la baja del indicador. Sin embargo, la Esidet ha perdido continuidad y es el principal instrumento que permitiría precisar la dimensión que alcanza la inversión del sector privado.

 

Tampoco tenemos certeza sobre si los números de la administración anterior eran los correctos o, más bien, los de ahora son los buenos. Lo único claro es que hoy el gobierno se ha propuesto llevar el gasto en investigación al 0.33 por ciento, respecto al PIB, para el final del sexenio. La meta de las últimas dos décadas había sido llegar al 1 por ciento y no se logró.

 

Pie de página: El encono y el desencanto entre los profesionales de la medicina sigue en aumento.