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jueves, 29 de enero de 2026

CIDE: el largo invierno institucional

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1124. Enero 28, 2026)

 

La filtración del documento que designaba a la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) provocó reacciones en cadena en los medios. La mayoría para festinar la salida de Romero Tellaeche -director en funciones- y solo unas excepciones para lamentarlo. El oficio estaba fechado el 27 de enero del presente, pero apareció en redes sociales el día previo.

 

Tal vez la filtración fue lo de menos, lo más relevante es que la institución pública especializada en políticas públicas y desarrollo económico y social, parece salir de un prolongado invierno en el que la colocó la misma autoridad sectorial.

 

Ahora, cuando los desafíos de la geopolítica son mayúsculos, está en puerta una complicada negociación comercial con dos naciones y el crecimiento económico es uno de los problemas urgentes a resolver, la administración gubernamental advierte la necesidad del esfuerzo colectivo y se percata de que ese centro público no forma parte de su inventario de expertos. 

 

Las opiniones sobre lo que ocurrió en el Cide, en el periodo de gobierno anterior, han sido expresadas en múltiples ocasiones en este mismo lugar y en muchos otros. Lo sorprendente es que no había ninguna variación en el periodo actual: el Centro siguió invernando a la suerte de los humores de su director. Lo confirmó la operación de la titular de la secretaria de ciencia, Rosaura Ruiz, cuando intentó nombrar a un integrante del consejo directivo del mismo Cide y al final dio marcha atrás.

 

¿Lo recuerda? El nombrado era Sergio Aguayo Quezada y él mismo, antes de integrarse al consejo directivo, hizo pública en redes sociales la invitación que recibió de la titular Rosaura Ruiz (A100/206/20.06.2025). Aguayo es investigador del Colegio de México, misma institución de procedencia de Romero Tellaeche. Sin embargo, este último se opuso a la integración, argumentando alteración en los plazos del nombramiento.

 

Total, con la pena, una semana después de la invitación, el jurídico de la secretaría de ciencia envió un oficio a Aguayo para informarle que siempre no. El nombramiento quedaría sin efecto porque la normatividad no lo permitía. Romero 1-0. Un marcador que levantó cejas, exhibía la impericia de la gestión y el caso perdido del Centro. Después ya no se informó qué ocurrió con la sustitución del consejero.

 

Romero fue por más. En un artículo periodístico se refirió de forma explícita a la secretaría de la que depende el Cide. Como se recordará, al iniciar el actual periodo de gobierno, la presidenta Sheinbaum ajustó la estructura de la Administración Pública Federal, entre ellos creó la secretaría de ciencia en lugar del anterior Conahcyt.

 

El entonces director del Cide, en referencia al actual gobierno y en una evidente disonancia cognitiva de cómo llegó a convertirse en directivo, escribió: “Se reparten cargos, se reinventan dependencias, se cambian logos, papelería y nombres de programas como si el simple gesto de borrar lo anterior garantizara el futuro […] Los cargos se distribuyen como recompensa y la lealtad se mide por la cercanía, no por la competencia. Cada administración barre con los cuadros anteriores, desmantela equipos técnicos, desecha diagnósticos y rehace instituciones” (La Jornada 10.10.2025).

 

La coexistencia con la autoridad del sector iba de mal en peor, pero públicamente no trascendieron más episodios. Todo parecía indicar que el invierno para la institución continuaría, al menos, hasta el final del periodo de Romero Tellaeche. Según la norma del Cide los directivos duran en el cargo cinco años y pueden ser nombrados por un periodo más. Romero fue ratificado en su puesto en noviembre de 2021, así que debía concluir su primer periodo en ese mismo mes de este 2026.

 

Pero no. Algo ocurrió que llevó a la secretaria Ruiz a nombrar una directora interina para el Centro antes de cumplirse el periodo de Romero. Seguramente el marcador previo y la lista de agravios gravitaron en el ánimo. Sin embargo, quizás lo más decisivo fue que el gobierno no podía contar con la institución cuando más necesita de su expertise. 

 

El día 17 de este mes, la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete se reunieron con ocho especialistas en materia económica para escuchar sus opiniones y perspectivas sobre el crecimiento económico nacional. El grupo de académicos provienen de la UNAM, la UAM, el Colmex, el Cide -sí, del mismo centro público-, el Tec de Monterrey y el Consejo Mexicano de Negocios.

 

Los especialistas fueron invitados desde el pasado mes de diciembre (Reforma 25.01.2026) y es obvio que fueron convocados en su calidad de expertos, aunque no representan las opiniones de sus respectivas instituciones. Una reunión de este tipo es fundamental entre las medidas que puede adoptar el gobierno en turno. Aunque no ocurre por vez primera y no es excepcional, como se ha sugerido; en el pasado se han verificado otras.

 

No obstante, por la coyuntura presente, cuando se precisa hacerle un lugar al conocimiento técnico y sumar esfuerzos para hacer frente a los retos económicos, definir posiciones en la geopolítica y trazar escenarios, es el tiempo de revalorar el papel de las instituciones académicas. Y sí, ya es hora de que concluya el largo invierno del Cide; un centro altamente especializado. Ya veremos.

 

Pie de página: Los jóvenes que egresaron de las Universidades Benito Juárez siguen denunciando el retraso en la entrega de sus títulos universitarios y el problema crece. Otro síntoma más de lo que ocurre en el programa. Pero los planteles siguen expandiéndose.

jueves, 16 de octubre de 2025

CIDE: El consejero y las disputas institucionales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1111. Octubre 16, 2025)

 

El nombramiento del actual director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), José Romero Tellaeche, desde el inicio, en noviembre del 2021, fue polémico y cuestionado por la comunidad de ese Centro.

 

Los conflictos no han cesado y tal parece que el Cide llegará, el próximo mes de noviembre, a su aniversario de medio siglo sumido en las disputas entre autoridades y personal académico. Una cara pública que ya no parece sorprender a nadie, pero que no deberíamos acostumbrarnos a ella.

 

En el sector científico y tecnológico, al cambio de gobierno, aparentemente, las relaciones entre comunidad y autoridad se distendieron. Después de un sexenio de agravios y cuentas pendientes con la anterior titular del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, parecía que investigadores, becarios, directivos, personal de los centros públicos de investigación y academias, entre otros, ingresaban a una nueva fase de entendimiento con la autoridad.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hemos indicado en este Acelerador de Partículas, antes de iniciar su periodo, sorprendió a la comunidad académica y científica con su propuesta de elevar a rango de secretaría al anterior Conahcyt. Una decisión que reforzó su imagen de política preocupada por los asuntos científicos.

 

Además, la presidenta Sheinbaum designó como titular de la nueva secretaría a Rosaura Ruiz Gutiérrez (RRG), una persona identificada como científica y funcionaria universitaria de alto nivel. También contaba con el antecedente de haberse desempeñado como secretaria de educación y ciencia local cuando la ahora presidenta ocupó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

 

Y sí, en el periodo de transición, lo mismo que en los primeros meses de gobierno, los puentes de entendimiento entre la autoridad y la comunidad del sector se restablecieron. Sin embargo, en la realidad de los hechos, las restricciones presupuestales no se modificaron en este año, tampoco cambiarán para el siguiente y lo más probable es que continúen de la misma forma todo el sexenio.

 

Habrá voluntad política, pero lo que no hay son recursos. Las fisuras en los puentes de entendimiento ya son visibles en el programa Investigadoras e Investigadores por México (un tema del que nos ocuparemos en próxima entrega) y en otras iniciativas. Pero no es solamente un asunto de escasez de recursos financieros y el caso del Cide lo ilustra con claridad.

 

En junio de este año, seguramente usted recuerda el episodio, la titular de la secretaría de ciencia, RRG, le expidió el nombramiento oficial de consejero a título personal —uno de los cuatro que puede designar—, con firma autógrafa, a Sergio Aguayo Quezada para integrarse al Consejo Directivo del Cide (Oficio A100/206/2025). Se trata del órgano de gobierno del Centro y se integra por 14 personas.

 

Sin embargo, las autoridades del Cide se inconformaron con ese nombramiento y argumentaron que todavía no concluía el plazo del consejero que se pretendía sustituir. En efecto, era el mes de junio y el encargo vencía el 26 de octubre. En otras circunstancias, la cadena administrativa de mando habría seguido su curso y la orden se habría acatado. Pero no, nada más y nada menos, la directora RRG tuvo que dar marcha atrás y cancelar el nombramiento de Sergio Aguayo.

 

El caso es que “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, en unos días más deberá operarse la sustitución del consejero a título personal en el Consejo Directivo del Cide. Seguramente serán otros los términos de la designación y otros los protagonistas, pero su desenlace nos mostrará qué cabría esperar sobre el rumbo que tomará en el corto plazo la dirección del Centro.

 

En este contexto, vale la pena notar la creciente inconformidad de la comunidad del Cide con sus autoridades. Una de ellas es la acusación pública de miembros del personal académico por “las actitudes de misoginia y desdén” mostradas por Romero Tellaeche en la reunión con integrantes del sindicato de trabajadores y del sindicato del personal académico (09.10.2025)

 

Otra es la reciente inconformidad por la negativa de los directivos del Centro a respaldar institucionalmente la solicitud de cinco jóvenes que trataban de postularse a becas de estancia posdoctoral de la secretaría de ciencia (10.10.2025).

 

Según el estatuto general del Cide, el cargo de director general tiene una duración de cinco años y puede ser ratificado por otro periodo igual. El 29 de noviembre del año próximo vence el primer periodo y será el punto de inflexión para definir el futuro del Centro.

 

Por lo pronto, este 25 de noviembre el Cide cumplirá 50 años de su fundación y no llega en su mejor momento.

 

Pie de página: Una nota de Arturo Ángel, en Milenio Diario del pasado 7 de octubre, dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por “posibles malos manejos de recursos que habrían ocasionado un daño al erario superior a los 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla” (Milenio 07.10.2025). Pero tal parece que el monto es bastante mayor y las acusaciones crecerán. Pendientes.

jueves, 28 de septiembre de 2023

Claraboyas en el Conahcyt

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1013. Septiembre 21, 2023)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, el Inai, resolvió que el Conahcyt debe entregar información relativa a los productos derivados de los estímulos fiscales a investigación y desarrollo tecnológico. Una resolución más ordena que también debe mostrar la información correspondiente a la afirmación de su titular, la doctora Elena Álvarez Buylla, sobre una presunta “red de intereses creados” alrededor del Cide. 

 

La información sobre el sector de ciencia y tecnología, lo hemos dicho aquí mismo en distintas oportunidades, es repetitiva y con frecuencia confunde a quién intenta explorarla. Lo peor es que buena parte del mismo sector permanece opaco y en la anonimidad. Los números grandes sí están, en los informes de gobierno y en las declaraciones públicas, pero eso es insuficiente.

 

Todo se complica o se vuelve imposible a la hora de precisar una iniciativa o tratar de desagregar la información. Por ejemplo, muchos jóvenes aspirantes a una beca de posgrado siguen con dudas sobre la forma, número y distribución de las becas. Lo mismo ocurre con la forma de clasificar y reclasificar los programas de posgrado o la asignación de incentivos en el Sistema Nacional de Investigadores.

 

También lo hemos repetido en múltiples ocasiones: el informe general del estado del sector más reciente es del 2020, a pesar de que por norma debe ser publicado año con año. El sitio electrónico del Conahcyt, la fuente primaria de información, es un laberinto con salida a páginas que no están actualizadas o con información tan poco amigable que lleva horas sistematizarla. O bien, las ligas de una página a la otra estás rotas o aparecen en blanco.  

 

Tal vez por eso el ejercicio del derecho de acceso a la información y el respaldo del Inai se han convertido en el mejor mecanismo para conocer la actividad del organismo rector de las políticas para el sector científico y para precisar el curso que tienen sus iniciativas.

 

Un caso: el Conahcyt respondió de forma extemporánea e incompleta la solicitud de información de un particular. Este último quería conocer los informes técnicos finales y los productos entregables de nueve proyectos derivados de estímulos fiscales que indagaron “el control y tratamiento de diversos padecimientos en la salud, tales como el síndrome metabólico, infartos agudos al miocardio, esclerosis múltiple, y enfermedades no transmisibles de mayor impacto a nivel nacional” (Nota informativa Inai 077/23).

 

El Conahcyt solamente entregó información sobre cuatro proyectos de los nueve solicitados y, como si no hubiera sido suficiente, clasificó como información confidencial los reportes y los productos entregables. Ante esta situación, el Inai le ordenó al Conahcyt que realizara una nueva búsqueda, exhaustiva, de reportes técnicos finales y proporcionara las versiones públicas de los mismos. El tema es relevante porque incluye los incentivos fiscales para los dos primeros años de esta administración y recuérdese que la distribución de estímulos fiscales ha sido otro de los cuestionamientos reiterados a administraciones anteriores.

 

Otro caso: Diego Micher hizo una solicitud al Conahcyt para que le proporcionara pruebas sobre las afirmaciones realizadas por la doctora Álvarez Buylla acerca de una presunta red de intereses creados por el Cide en la administración anterior, pero el organismo se negó. El Inai instruyó al Conahcyt para que responda y la información que se derive puede llevar a esclarecer de una vez por todas si el Cide incurrió o no en prácticas indebidas.

 

Las afirmaciones de la doctora Álvarez, como el mismo Micher lo explicó en “X”, antes Twitter (18.09.2023: t.ly/a0HGc), fueron pronunciadas en una conferencia de prensa del presidente López Obrador el pasado mes de mayo. Ahí, como parte de su exposición, ella proyectó en pantalla una lámina con el título “Redes de intereses creados”, la cual tenía colocado en el centro el logotipo del Cide y líneas que lo conectaban con diferentes nombres e instituciones.

 

La doctora Álvarez, frente a la lámina, afirmó en referencia al Cide: “Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos” (03.05.2023: t.ly/VrfoT).

 

Ahora, el Inai ha resuelto que el Conahcyt debe entregar el expediente con la información correspondiente y si no es el caso, dijo Micher, el Inai “procederá con medidas de apremio y sanción en su contra”.

 

Si las entidades de la administración pública cumplieran con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, no habria necesidad de recurrir a otros mecanismos para ejercer el derecho a la información. En las circunstancias presentes, sin embargo, se abren pequeñas ventanas, como claraboyas, para asomarse al desempeño administrativo y a datos elementales. Tal parece que el Inai resultará cada vez más necesario para ejercer el derecho a la información.

 

Pie de página: El hilo se rompe por la parte paraestatal: Un comunicado del Cinvestav, pero publicado en la página del Conachcyt, dice que ese Centro acordó “con el Conahcyt hacerse cargo de 20 por ciento de las becas otorgadas, a fin de garantizar que la totalidad de los estudiantes aceptados en alguno de los posgrados del Centro, incluido el colocado en la Categoría 3, cuente con ese apoyo” (11.09.2023: t.ly/c_9DP). Anotado. // El Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se manifestó en la reunión de la ANUIES y la inconformidad no amaina (12.09.2023). Pendientes.