El primer presupuesto para la Secihti ¿una potencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1075. Enero 16, 2025, pág. 4)

 

Las expectativas sobre el presupuesto que le correspondería al sector científico y tecnológico, ahora con rango de secretaría de Estado, ya eran limitadas. El propio gobierno federal había anticipado que, respecto a lo que recibía la anterior entidad administrativa, no habría mayores recursos y, en efecto, en su proyecto de presupuesto para el 2025 apenas proponía un incremento de 0.4 por ciento (Campus Milenio No. 1069).

 

Todavía restaba que los legisladores modificaran o no el proyecto del gobierno federal. Pero tampoco hubo buenas noticias. Los diputados hicieron reasignaciones importantes, aunque no en el Ramo 38, el que ejercerá centralmente la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

 

El presupuesto para el sector, como se sabe, se compone de lo que cada dependencia gubernamental destina para actividades científicas y tecnológicas y, además, lo que ejerce centralmente la Secihti (ramo 38). El gobierno federal había previsto asignar poco más de 128 mil millones de pesos (mmdp) para todo el sector, y de ese total, 33.3 mmdp para el ramo 38.

 

Los diputados le añadieron 7.8 mmdp a lo propuesto por el gobierno federal (DOF. 24.12.2024). Sin embargo, ni un peso de esa cantidad fue para la Secihti. Los recursos adicionales fueron principalmente para la SEP, con 7.4 mmdp; luego para la Sagarpa, que recibió otros 366 millones de pesos; y para la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con 69 millones de pesos.

 

En resumidas cuentas, la Secihti ejercerá centralmente menos de una cuarta parte del total del presupuesto destinado a actividades científicas y tecnológicas, mientras que la SEP controlará más de la mitad. Además, como ya lo habíamos advertido, la nueva Secretaría operará con un presupuesto menor, en términos reales, al que ejerció el año pasado el ya desaparecido Conahcyt.

 

Lo sorprendente es que, aparte de los programas tradicionales que operan en el sector y que, cabría suponer, continuarán en el actual periodo, las autoridades le han sumado a la Secihti otras tareas y han dicho que convertirán a México en una potencia científica. A la gestión de las becas de posgrado, el Sistema Nacional de Investigadores, el financiamiento de proyectos de investigación y las Cátedras, le han añadido la administración de dos nuevos modelos de universidad.

 

Por cierto, el decreto de creación de la Secihti utiliza la palabra “administración” para referirse a su responsabilidad con la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la Universidad de la Salud (Unisa), mientras que la propia dependencia dice “coordinar”. Tal vez cuando esté disponible el reglamento interno de la dependencia, se precisarán las atribuciones que tendrá sobre las nuevas instituciones universitarias.

 

Por lo pronto, la Secihti ha dicho que los dos modelos de universidad se sumarán a los 25 Centros Públicos de Investigación que están bajo su responsabilidad y el reciente gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció que el próximo mes de marzo, en Comitán, iniciará actividades la primera unidad académica estatal de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

 

A su vez, aunque el presupuesto aprobado no lo muestra, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su informe sobre sus primeros 100 días de gobierno, mencionó que ya están trabajando “y se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos científicos de desarrollo tecnológico”. Anotó el auto eléctrico mexicano, el diseño de semiconductores, los aviones no tripulados, la extracción de litio y la fábrica de software libre.

 

Y la mandataria volvió a reiterar: “Como me comprometí: México será una potencia científica” (12.01.2025). Queda para el registro. Sin embargo, sea la administración de los nuevos modelos universitarios o los encomiables proyectos de desarrollo tecnológico, ambos seguirán localizados en el terreno de la narrativa, hasta que no se conozca la distribución de responsabilidades entre las dependencias gubernamentales, los detalles técnicos de las iniciativas y el insustituible presupuesto con el que contarán.

 

No está nada mal la intención de convertir a México en una potencia científica, lo que no se ve nada bien, ni fácil, es que pueda hacer más con menos. La nueva Secihti, la dependencia rectora de la política sectorial, tiene más tareas y responsabilidades, pero no controla la mayor proporción de recursos y, en términos reales, tendrá un presupuesto menor al organismo que sustituyó.

 

Tampoco se ve cómo México se podría convertir en una potencia científica y tecnológica si su Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) es de alrededor del 0.32 por ciento respecto al PIB. Tómese como referencia que ese indicador representa una cuarta parte de lo que destina Brasil, está por debajo del gasto promedio de América Latina (0.56) y es menos de lo que destina Argentina (0.55) o Chile (0.36).

 

Pie de página: El manejo de las redes sociales de la mayoría de los Centros Públicos de Investigación sobre la propaganda de los primeros 100 días de gobierno no parece una novedad, pero sí lo es. // El asunto sobre el maíz genéticamente modificado todavía no concluye y puede empeorar.

CyT: narrativa e inversión

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1036. Marzo 14, 2024. Pág. 4)

 

El estímulo fiscal y las transferencias directas son instrumentos para incentivar la inversión privada en investigación y desarrollo tecnológico. Una forma de alentar el gasto de empresarios en ese campo, dado que la mayoría busca ganancias inmediatas y no quiere correr riesgos en aventuras inciertas.

 

En México, desde mediados de los años noventa, se ha ensayado con estímulos fiscales y transferencias directas, con poca fortuna y múltiples controversias. Al inicio por el monto reducido y el farragoso laberinto para hacer efectivo el incentivo; luego la cantidad aumentó, cuando se pusieron en marcha las transferencias directas entre el 2009 y hasta el 2016, pero las empresas beneficiadas cayeron bajo sospecha. Después, en el 2017 se combinaron incentivos y transferencias, pero al año siguiente solamente se quedaron los primeros.

 

A pesar de todo, los incentivos fiscales han permanecido a lo largo del tiempo, aunque no ha mejorado la inversión privada, por el contrario, la brecha entre gasto público y privado se ha ensanchado. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en América Latina depende principalmente del presupuesto público. Más de la mitad de los recursos financieros son gubernamentales y alrededor de un 37 por ciento proviene de empresas; otras fuentes complementan el total.

 

Sin embargo, hay una alta variabilidad entre países. Por ejemplo, según los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), Colombia tiene 36 por ciento de gasto empresarial y 26 por ciento gubernamental; la participación de gasto privado más alta en la región. En Chile y Brasil es mayor el gasto del gobierno, pero en el primero es menos de la mitad del total y en el segundo son cifras casi equivalentes.

 

México, con una proporción de 77 por ciento de gasto gubernamental y 17 por ciento de empresas, tiene la mayor proporción de inversión pública. El dato es para el año 2021, proviene del informe de gobierno del año pasado (Anexos estadísticos, 2023: 799). No obstante, tal vez tendríamos que tomar el dato con cierta reserva.

 

La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (Esidet), el medio principal para captar la información sobre los recursos que destina el sector productivo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, desde hace siete años no se aplica. La última información disponible de esa encuesta es del 2017.

 

Además, uno de los lineamientos que cambió en el actual periodo de gobierno fue la relación con el sector privado. En el campo científico y tecnológico, desde el inicio, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, habló de transferencias líquidas, directas e indebidas, por un monto de alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas privadas.

 

A la fecha no hay certeza sobre cantidades precisas, tampoco si fue una acción ilegal; no se fincaron responsabilidades administrativas o penales. Sin embargo, sí cambió la narrativa con el sector privado. A los señalamientos negativos sobre las transferencias líquidas, le siguió la cancelación de incentivos a investigadores de universidades particulares y el cambio de reglas para el otorgamiento de becas de posgrado a estudiantes de esas mismas instituciones.

 

No está claro si el cambio de términos en la relación se debe a motivaciones ideológicas o a una escasez de recursos financieros. No obstante, los incentivos fiscales han permanecido en el periodo. ¿Y cómo se han comportado? Este instrumento, como se sabe, es un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento del monto de gasto o inversión en ciencia y tecnología que realiza un empresario. El crédito es hasta por un monto máximo de 50 millones de pesos y se acredita contra el ISR.

 

En el 2017 fueron asignados 554.5 millones de pesos (al inicio se habían autorizado 658 millones de pesos, pero algunos participantes declinaron) para un total de 44 proyectos. Al año siguiente, las cantidades se redujeron a la mitad: 319 millones de pesos y fueron 20 proyectos.

 

Para los años siguientes, las cantidades disminuyeron todavía más: en 2020, alrededor de 100 millones de pesos y 20 proyectos; en el año 2021, fueron 144 millones de pesos y 14 proyectos. Finalmente, para el año 2023 todavía no está el informe de impactos y beneficios de los proyectos apoyados, pero estaba previsto que se distribuirían alrededor de 389 millones de pesos y serían 13 proyectos.

 

Así que, como se podrá notar, aunque se conservaron los incentivos fiscales en este periodo, su tendencia más bien ha sido a la baja y lo más seguro es que la inversión del sector privado también sea declinante. El problema es que no sabemos la magnitud que alcanza, simplemente porque la encuesta para medirla no ha tenido continuidad. El dato oficial que se reporta es que la participación relativa del gasto gubernamental pasó de 67 a 77 por ciento entre el 2016 y el 2021.

 

Si los recursos públicos tampoco han sido crecientes, entonces no es nada fortuito que hayamos pasado de una inversión de 0.45 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo experimental en el 2016, a una de 0.28 por ciento en el año 2021. Ni más ni menos.

 

Pie de página: ¿Recuerda que el Congreso de Quintana Roo aprobó su ley estatal de ciencia el mes pasado? Pues ya publicó el decreto correspondiente el pasado 5 de marzo, es la primera entidad en hacerlo.

Presupuesto: el antes y el después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1025. Diciembre 14, 2023)

 

La asignación del presupuesto para el sector científico y tecnológico para el 2024, como ocurrió en los cinco años previos del actual periodo de gobierno, muestra lo difícil que es respaldar de forma sostenida los esfuerzos del sector y también que, una vez más, habrá que esperar mejores tiempos.

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el sábado 25 de noviembre. Sí, en sábado. La norma permite la publicación del DOF en fin de semana e incluso todos los días del año y varias ediciones en un mismo día, aunque lo común es que aparezca de lunes a viernes.

 

La publicación del PEF, como todo ordenamiento de los poderes de la federación, debe aparecer en el DOF para marcar su vigencia y aplicación. En realidad, no despertó mayor sorpresa la aparición del presupuesto, no solamente por la tendencia del periodo, también porque desde el 8 de septiembre, cuando el ejecutivo federal envió su proyecto de paquete económico, ya se conocía su monto y distribución. Luego, el 9 de noviembre, cuando los diputados aprobaron el presupuesto, sin grandes modificaciones, las cifras quedaron más que confirmadas.

 

Tal vez lo novedoso es el contraste entre la expectativa que había al inicio del periodo y lo que ocurre al final. ¿Usted recuerda cómo fueron las cosas en ese largo periodo de transición de cinco meses que había entre ganar las elecciones y asumir el cargo? Aparte de un movimiento de un millón y medio de servidores en la administración pública, el equipo gobernante se reúne con las más diversas agrupaciones.

 

Una de esas reuniones fue con la comunidad académica y científica. En agosto del 2018, en el Palacio de Minería, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador recibió un documento de propuestas de política para el sector científico y tecnológico. Una de las propuestas del documento y formulada de diversas formas era la de incrementar en 1 por ciento del PIB el gasto en investigación y desarrollo experimental.

 

AMLO, después de escuchar largos posicionamientos, dijo: “Vamos a apoyar mucho la investigación, de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto” (22.08.2018). Pero también aclaró que el sector privado debía tener una mayor participación y precisó que, “hablando con objetividad”, es muy poca la aportación del sector privado. Efectivamente, lo es.

 

Según la información oficial más reciente, correspondiente al Informe del estado general del sector del año 2020 –no se han publicado los de años recientes--, el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) para ese año era del orden de 0.30 por ciento respecto al PIB. Y de ese total, la participación relativa del sector empresarial era del 18 por ciento, mientras que la del gobierno es del 77 por ciento; proporciones que más o menos se han mantenido en ese orden en la última década.

 

El tema del GIDE, las modificaciones de cálculo que se han realizado en este periodo, la encuesta con la que se estima y la ausencia de información, ameritan un tratamiento aparte y a ello le dedicaremos una próxima entrega, por ahora solamente anotemos que, en el 2018, cuando se realizó la reunión con la comunidad científica, el GIDE tenía una proporción de 0.45 por ciento respecto al PIB.

 

A eso se refería, López Obrador, en aquel entonces, cuando señaló que mucho se mencionaba que la inversión no alcanzaba ni la mitad del 1 por ciento del PIB, pero poco se decía sobre la escasa participación del sector privado. El caso es que, en la reunión de agosto del 2018, López Obrador hizo un compromiso más.

 

Dijo: “vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, en el peor de los casos que no se reduzca, que, en términos reales se mantenga. Es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”.

 

Pero no, los años que siguieron mostraron lo difícil que resultó sostener, en términos reales, el nivel de inversión. En una siguiente colaboración veremos los números, por lo pronto señalemos que el presupuesto del sector apenas tuvo un incremento relevante en este año y aunque el ramo 38, el que ejerce centralmente el Conahcyt, tuvo un incremento desde el año pasado, no alcanza a compensar. El PEF para el año próximo se propone un gasto para todo el sector de 126 mil 475 millones de pesos y de ese total, le corresponden al Conahcyt 33 mil 171 millones de pesos, pero es poco esperanzador cuando se resta el efecto de la inflación, se desagregan las cifras y se ve la distribución del presupuesto.

 

El presupuesto para el año próximo es el último que está bajo la responsabilidad del gobierno actual. Solamente queda el contraste entre las expectativas y lo que ocurrió. El dato contundente es que ahora el gasto en investigación y desarrollo experimental ronda el 0.32 por ciento respecto al PIB. No solamente no se incrementó respecto de lo que había al inicio del periodo, hoy estamos casi a la mitad del promedio que destina América Latina.

 

Pie de página: eramos muchos y lo vienen a confirmar los resultados de PISA 2022.

Claraboyas en el Conahcyt

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1013. Septiembre 21, 2023)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, el Inai, resolvió que el Conahcyt debe entregar información relativa a los productos derivados de los estímulos fiscales a investigación y desarrollo tecnológico. Una resolución más ordena que también debe mostrar la información correspondiente a la afirmación de su titular, la doctora Elena Álvarez Buylla, sobre una presunta “red de intereses creados” alrededor del Cide. 

 

La información sobre el sector de ciencia y tecnología, lo hemos dicho aquí mismo en distintas oportunidades, es repetitiva y con frecuencia confunde a quién intenta explorarla. Lo peor es que buena parte del mismo sector permanece opaco y en la anonimidad. Los números grandes sí están, en los informes de gobierno y en las declaraciones públicas, pero eso es insuficiente.

 

Todo se complica o se vuelve imposible a la hora de precisar una iniciativa o tratar de desagregar la información. Por ejemplo, muchos jóvenes aspirantes a una beca de posgrado siguen con dudas sobre la forma, número y distribución de las becas. Lo mismo ocurre con la forma de clasificar y reclasificar los programas de posgrado o la asignación de incentivos en el Sistema Nacional de Investigadores.

 

También lo hemos repetido en múltiples ocasiones: el informe general del estado del sector más reciente es del 2020, a pesar de que por norma debe ser publicado año con año. El sitio electrónico del Conahcyt, la fuente primaria de información, es un laberinto con salida a páginas que no están actualizadas o con información tan poco amigable que lleva horas sistematizarla. O bien, las ligas de una página a la otra estás rotas o aparecen en blanco.  

 

Tal vez por eso el ejercicio del derecho de acceso a la información y el respaldo del Inai se han convertido en el mejor mecanismo para conocer la actividad del organismo rector de las políticas para el sector científico y para precisar el curso que tienen sus iniciativas.

 

Un caso: el Conahcyt respondió de forma extemporánea e incompleta la solicitud de información de un particular. Este último quería conocer los informes técnicos finales y los productos entregables de nueve proyectos derivados de estímulos fiscales que indagaron “el control y tratamiento de diversos padecimientos en la salud, tales como el síndrome metabólico, infartos agudos al miocardio, esclerosis múltiple, y enfermedades no transmisibles de mayor impacto a nivel nacional” (Nota informativa Inai 077/23).

 

El Conahcyt solamente entregó información sobre cuatro proyectos de los nueve solicitados y, como si no hubiera sido suficiente, clasificó como información confidencial los reportes y los productos entregables. Ante esta situación, el Inai le ordenó al Conahcyt que realizara una nueva búsqueda, exhaustiva, de reportes técnicos finales y proporcionara las versiones públicas de los mismos. El tema es relevante porque incluye los incentivos fiscales para los dos primeros años de esta administración y recuérdese que la distribución de estímulos fiscales ha sido otro de los cuestionamientos reiterados a administraciones anteriores.

 

Otro caso: Diego Micher hizo una solicitud al Conahcyt para que le proporcionara pruebas sobre las afirmaciones realizadas por la doctora Álvarez Buylla acerca de una presunta red de intereses creados por el Cide en la administración anterior, pero el organismo se negó. El Inai instruyó al Conahcyt para que responda y la información que se derive puede llevar a esclarecer de una vez por todas si el Cide incurrió o no en prácticas indebidas.

 

Las afirmaciones de la doctora Álvarez, como el mismo Micher lo explicó en “X”, antes Twitter (18.09.2023: t.ly/a0HGc), fueron pronunciadas en una conferencia de prensa del presidente López Obrador el pasado mes de mayo. Ahí, como parte de su exposición, ella proyectó en pantalla una lámina con el título “Redes de intereses creados”, la cual tenía colocado en el centro el logotipo del Cide y líneas que lo conectaban con diferentes nombres e instituciones.

 

La doctora Álvarez, frente a la lámina, afirmó en referencia al Cide: “Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos” (03.05.2023: t.ly/VrfoT).

 

Ahora, el Inai ha resuelto que el Conahcyt debe entregar el expediente con la información correspondiente y si no es el caso, dijo Micher, el Inai “procederá con medidas de apremio y sanción en su contra”.

 

Si las entidades de la administración pública cumplieran con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, no habria necesidad de recurrir a otros mecanismos para ejercer el derecho a la información. En las circunstancias presentes, sin embargo, se abren pequeñas ventanas, como claraboyas, para asomarse al desempeño administrativo y a datos elementales. Tal parece que el Inai resultará cada vez más necesario para ejercer el derecho a la información.

 

Pie de página: El hilo se rompe por la parte paraestatal: Un comunicado del Cinvestav, pero publicado en la página del Conachcyt, dice que ese Centro acordó “con el Conahcyt hacerse cargo de 20 por ciento de las becas otorgadas, a fin de garantizar que la totalidad de los estudiantes aceptados en alguno de los posgrados del Centro, incluido el colocado en la Categoría 3, cuente con ese apoyo” (11.09.2023: t.ly/c_9DP). Anotado. // El Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se manifestó en la reunión de la ANUIES y la inconformidad no amaina (12.09.2023). Pendientes.