Los datos de la administración pública

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1098. Julio3, 2025, pág. 4)

 

Al final del sexenio anterior, la Administración Pública Federal (APF) ni se descentralizó ni se desconcentró, aunque fue un compromiso presidencial. Por el contrario, una fuerza centrípeta caracterizó a la gestión: prescindió de los organismos intermedios, concentró las capacidades en la estructura del gobierno federal y recortó de forma notable los gastos de operación.

 

Los lineamientos y las restricciones sobre la estructura administrativa se sostienen en el actual periodo de gobierno, sea por una continuidad de principios o por recursos escasos. De hecho, su reforma a la Ley Orgánica de la APF planteó una reingeniería, pero conservó el principio de austeridad y añadió el principio de gobernanza digital (Gaceta Parlamentaria 01.11.2024). La estructura, como lo anotamos la semana pasada, tuvo pocas modificaciones.

 

¿Cambiaron los datos de la APF? Según la información del Censo Nacional de Gobierno Federal 2019, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, la administración se integraba por 316 instituciones y laboraban un millón 476 mil 478 personas en total. De estas últimas, el 50.8 por ciento eran mujeres y el 49.2 por ciento hombres.

 

El 72 por ciento del total era personal de base o sindicalizado, el 22 por ciento de confianza, un seis por ciento era eventual y la proporción restante estaba por honorarios. Los sectores con mayor participación en el presupuesto de la APF fueron: 17.4 por ciento para Energía; 17.3 para Seguridad Social; y 5.3 por ciento para educación. El resto contaba con proporciones menores.

 

En aquel año, la mayoría de personas que laboraban en la APF tenían la licenciatura como máximo grado de estudios: 49.6 por ciento las mujeres; 39.5 por ciento los hombres. Proporciones muy menores estaban por encima de ese nivel escolar: tres por ciento con maestría y menos del uno por ciento con doctorado. La proporción restante contaba con bachillerato o educación básica.

 

Las diferencias más notables estaban en los tres centenares de personas titulares de las dependencias. Los datos para el 2018 indicaban que más de tres cuartas partes eran hombres y el resto eran mujeres. La diferencia más sobresaliente estaba en el grado de estudios de las personas titulares. Los hombres: 48 por ciento tenían licenciatura; 19 por ciento maestría y 33 por ciento doctorado; las mujeres: 39 por ciento, 23 por ciento; y 39 por ciento, respectivamente. Es decir, había un menor número de mujeres, pero contaban con mayor grado de escolaridad.

 

¿Cambió la APF en los últimos seis años? El censo más reciente, publicado en diciembre del año pasado, muestra que, en total, existen 304 instituciones de la APF, laboran un millón 620 828 personas y la proporción de hombres y mujeres prácticamente no tuvo variación. Es decir, lo significativo es que, respecto a 2018, son una docena de instituciones menos, pero 144 mil 350 personas más.

 

También, respecto a 2018, disminuyó dos puntos porcentuales el personal de base o sindicalizado y seis puntos el de confianza. Pero el régimen de eventuales duplicó su participación relativa y el de honorarios subió a dos por ciento.

 

Desafortunadamente, la presentación de los resultados generales del último censo no incluye el grado de estudios del total de personal de la APF, ni la participación de los sectores (la función principal) en el presupuesto, y combina los datos de las administraciones federal y estatal. Sí están los “tabulados” y los “datos abiertos”, pero… difícil, muy difícil encontrarlos.

 

¿Y las personas titulares de las dependencias?  Los datos del Censo 2024, respecto de los de 2018, muestran que la proporción de hombres solamente disminuyó dos puntos porcentuales: pasó de 76 a 74 por ciento. Los directivos tampoco variaron de forma notable por grado de estudios: 39 por ciento tiene licenciatura; 27 por ciento maestría; y 25 por ciento con doctorado. Es decir, aunque la información no está desagregada por sexo para el censo de 2024, el grado de licenciatura se mantuvo con la mayor proporción, la maestría se incrementó ligeramente y las personas con doctorado disminuyeron.

 

La información disponible muestra que el número de instituciones de la APF disminuyó ligeramente, pero aumentó el número de servidores públicos. El régimen laboral cambió: un menor número de personal de confianza y mayor proporción de eventuales. Pocas, muy pocas variaciones por nivel de escolaridad o por sexo. Los datos del censo de 2024 no desagregan la información, así que no permiten conocer cómo se distribuyen los servidores por función principal, ni su participación en el presupuesto.

 

El actual contexto es desafiante para la administración gubernamental, y lo será aún más la relación con los ciudadanos. La percepción pública es que cambió la administración pública, pero no está claro en qué sentido lo hizo y cuál es su nivel de confianza que genera. Allá iremos y tal vez una aproximación a uno de los sectores --educativo o científico y tecnológico--, nos permita una mejor apreciación.

 

Pie de página: Muy ilustrativo lo que ocurrió con la renovación del Consejo Directivo del CIDE. Mal por el lado que sea: por la operación del nombramiento; por la desinvitación a Sergio Aguayo; por la imagen de autoridad de la secretaria de ciencia; y por la pluralidad del CIDE mismo.

Administración Pública Federal: ¿descentralizada o centralizada?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1097. Junio 26, 2025)

 

Tal vez la intención de descentralizar las secretarías de Estado ya no se recupere en el periodo actual. No forma parte de los planes anunciados, ni tampoco de los compromisos explícitos, como sí lo hizo el gobierno anterior. No obstante, la Administración Pública Federal (APF) sí se modificó de forma sustantiva en el periodo anterior y lo sigue haciendo ahora. Pero siguiendo el camino inverso: una mayor centralización de sus decisiones.

 

Seguramente usted recordará que el expresidente López Obrador se comprometió a trasladar las secretarías de Estado a diferentes entidades federativas. La Sep a Puebla, el Conacyt a Baja California, por ejemplo. Fue su compromiso número 54 de los cien que planteó.

 

Incluso se hicieron cálculos presupuestales, se presentaron planos y se localizaron zonas. Algunos funcionarios públicos hasta emitieron mensajes desde sus nuevos lugares de residencia. Sin embargo, al final del sexenio anterior, la descentralización no se llevó a efecto; el propio expresidente aceptó que se quedó como pendiente.

 

Desde el sexenio anterior cambiaron de nombre algunas secretarías y también lo volvieron a hacer en el actual, como la que se llamaba Secretaria de la Función Pública y ahora es Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque eso sería lo meramente nominal. Lo sustancial fueron las medidas de austeridad implantadas que persisten en toda la administración, los perfiles de los servidores públicos y la centralización de las decisiones.

 

Desde el decreto de austeridad y la Ley Federal de Austeridad Republicana del expresidente López Obrador, entre otros recortes, se redujeron al 75 por ciento las partidas de servicios generales y de materiales y suministros (DOF. 23.04.2020). Una medida que incluyó a las secretarías y a los organismos descentralizados. También se cancelaron una decena de subsecretarías. La disminución de presupuesto y de estructura fue notable en el servicio público y no se modificó en el presente.

 

El concepto de alto funcionario público quedó establecido en el decreto de austeridad, aplicaba de subdirector hasta presidente (fracción I). La precisión tenía sentido no solamente para efectos de una disminución voluntaria de 25 por ciento en los salarios de este tipo de funcionarios, sino también por los perfiles profesionales. El expresidente estableció que lo principal era: “99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad” (conferencia de prensa del 13.08.2020).

 

Al cambio de gobierno, como en este mismo lugar lo anotamos, la estructura de la administración pública continuó modificándose. Aparte del cambio de nombre de la Secretaría de la Función Pública, se instauró la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; el Conahcyt se transformó en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de las Mujeres que pasó a constituirse como la Secretaría de las Mujeres.

 

Sin embargo, lo más importante es que en este mes inició el proceso de ajuste de los organismos intermedios -autónomos o no-, algunas de sus funciones serán integradas o absorbidas en la estructura del gobierno federal y otras simplemente han sido canceladas. En este último caso están las finalidades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyo personal de más de medio millar, simplemente fue liquidado y sus capacidades desaparecerán.

 

Otro caso polémico es la absorción de las funciones que realizaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y que ahora desempeñará la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. O la reciente aprobación de los diputados para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transferir sus funciones de evaluación y medición de la pobreza al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (Milenio Diario 23.06.2025).

 

La transformación de la estructura de la administración pública y la centralización de las decisiones son notables, lo que convendría precisar es si será un gobierno más eficiente y eficaz. En entregas posteriores examinaremos en detalle algunos de informes sobre desempeño gubernamental y los principales indicadores de la gestión pública.

 

Por lo pronto, anotemos que el más reciente Censo Nacional de Gobierno Federal y Estatal 2024, reporta que al cierre del año 2023, precisamente cuando inicia el actual sexenio, la APF se integraba por 304 instituciones y laboraban en toda la administración pública un millón 621 mil personas. A su vez, en el año 2019, sumaban 312 instituciones y el número de personas era de un millón 575 mil. Es decir, después de un sexenio, en la APF hay ocho instituciones menos y 46 mil personas más.

 

Pie de página: La Secihti, como parte de su agenda científica-tecnológica con Cuba, informó en redes sociales que conversó “sobre el impulso de una agenda bilateral farmacobiológica” (t.ly/kfvLK). // El exrector de la UNAM José Sarukhán, fue condecorado con el grado de Caballero en la Legión de Honor por el gobierno francés en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio de la ciencia y de la protección de la biodiversidad y de la naturaleza como bien común del planeta. // La polémica por la reelección de rector en la Universidad Veracruzana está en ascenso.

El error, la nueva secretaría y los votos en particular

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 (Publicado en Campus Milenio No. 1070. Noviembre 28, pág. 4)

 

El Senado seguramente aprobará sin mayores contratiempos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que incluye la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Al momento de escribir este texto, aún no se había realizado la sesión, pero estaba programada para esta misma semana.

 

Sin embargo, es posible que por un error de origen en la iniciativa --como lo señaló Javier Tejado Dondé (19.11.2024)--, y que no corrigieron ni los diputados ni las comisiones unidas de los senadores, el proyecto sea enmendado en el pleno del Senado. Así que retornará a la cámara baja y se demorará un poco más de lo previsto.

 

El error en el proyecto original está en el artículo 26, que enumera las entidades del poder ejecutivo federal encargadas de despachar los asuntos de orden administrativo --antes las refería como dependencias y ahora como secretarías--, y omite añadir a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como parte de esas entidades (pág.52-53). Lo grave es que la exclusión es atribuible a la propia Consejería, la instancia revisora y autorizada para enviar las iniciativas de ley de la presidencia.

 

Es probable que el error se subsane y la reforma quede lista antes de que concluya el año. De hecho, la senadora Cynthia López Castro, la legisladora que se pasó de las filas del PRI a las de Morena hace unas semanas, presentó un voto en particular para que el pleno del Senado corrija “la omisión realizada en la dictaminación y aprobación de las citadas comisiones” (Gaceta26.11.2024).

 

No obstante, el incidente, además de mostrar improvisación e indolencia en la elaboración de los proyectos de ley, también puede resultar útil para ilustrar las posiciones de los legisladores sobre la creación de la próxima secretaría de ciencia. Por ejemplo, el pasado 13 de noviembre, cuando los diputados aprobaron el proyecto, claramente se expresó una opinión favorable a la instauración de la nueva entidad, tanto del bloque gobernante como de los partidos opositores.

 

Si acaso, los legisladores de oposición expresaron reservas sobre el tema presupuestal y los posibles sesgos de la nueva secretaría. Por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera de Movimiento Ciudadano anotó que “crear una secretaría sin un respaldo sólido de presupuesto y planificación puede dejarnos únicamente con buenas intenciones.

En el pasado, vimos como el Conacyt perdió fuerza y recursos y no podemos repetir los mismos errores” (13.11.2024).

 

Los diputados del PAN también expresaron su respaldo a la iniciativa, pero llamaron la atención sobre el descuido del sector y la centralización. Así lo manifestaron Fernando Torres Graciano y las diputadas Eva María Vásquez y Nancy Aracely Olguín Díaz, quienes exigieron que los apoyos se entreguen sin favoritismos. Por su parte, Asael Hernández Cerón afirmó que no tolerarían cualquier intento de centralización. Finalmente, la nueva secretaría quedó aprobada sin mayores dificultades.

 

En el Senado, previo a la sesión plenaria, el dictamen de las comisiones unidas fue favorable a la reforma a la LOAPF, pero 15 legisladores presentaron votos particulares. Más de la mitad de esos votos son de Morena y, como era previsible, son de respaldo a la iniciativa. Entre ellos están los votos de dos senadoras del mismo partido, Laura Itzel Castillo y María Martín Kantún que avalan la creación de la próxima secretaría.

 

Lo notable es que los votos de ambas senadoras comparten antecedentes idénticos, con seis consideraciones similares y el mismo número de páginas de voto razonado. Todo igual y aquí se pueden leer: t.ly/crvvN.

 

Por ejemplo, una de las consideraciones señala: “Los gobiernos neoliberales con la implementación de la estrategia de privatizar para mejorar las condiciones del país, generaron un retroceso en el avance tecnológico y científico del país, ya que los recursos públicos eran destinados para las investigaciones privadas, privilegiando a unos cuantos de poder tener acceso a la investigación tecnológica y científica”. Así está redactado.

 

En consecuencia, se anota en el voto, la creación de la secretaría garantiza el acceso a los conocimientos tecnológicos y científicos, así como la independencia en la materia y permitirá “llegar a ser una potencia mundial en el desarrollo científico y tecnológico”. Eso está anotado. Por lo tanto, finalizan, el voto particular resalta la necesidad de elevar la agenda del sector a nivel de secretaría “con la finalidad de lograr una coordinación efectiva con otras dependencias del gobierno”.

 

En fin, así los legisladores. Esperemos la aprobación final de la próxima entidad administrativa, su presupuesto y el reglamento interno que establecerá sus bases de funcionamiento.

 

Pie de página: Rosaura Ruiz, próxima titular de la nueva secretaría, dijo en la red social X: “Acudí en nombre de la Presidenta @claudiashein a recibir el premio de la Sustainability Nobel Trust, que le otorgan por su gran trabajo como ambientalista. Gran orgullo para mí, recibirlo en nombre de la primera Presidenta de nuestro país y la primera persona científica que dirige nuestro adorado México” (22.11.2024).

Nueva secretaría de ciencia con 0.4 por ciento

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1069. Noviembre 21, 2024)

 

El gobierno federal ya entregó el paquete económico para el año próximo y, como aquí mismo lo comentamos, ese era uno de los factores que faltaba por conocer para tener una mejor idea del alcance que puede tener la próxima secretaría de ciencia. A pesar de los desatinos y graves errores reconocidos por la misma Secretaría de Hacienda en el diseño del presupuesto, el proyecto entregado es lo que hay.

 

Ahora está claro que la nueva entidad administrativa, en comparación con lo que recibía el Conahcyt, no tendrá más recursos. De hecho, es posible que la operación de la próxima secretaría sea todavía más complicada, porque la propuesta del gobierno federal es que ni siquiera reciba la misma cantidad, en términos reales, respecto a lo que tenía asignado el Conahcyt.

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) no incluye nominalmente a la nueva secretaría porque jurídicamente todavía no existe. Los diputados apenas aprobaron la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el pasado 13 de noviembre, iniciativa que dará paso a la creación de la dependencia, pero todavía debe ser ratificada por los senadores. Lo más probable es que el asunto se postergue hasta el mes próximo.

 

Sin embargo, el PPEF sí incluye el ramo 38, un rubro destinado al gasto para “humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”. La propuesta planteada por Hacienda es que ese ramo reciba para el año próximo 33,296 millones de pesos. Debe recordarse que este año recibió 33,171 millones de pesos.

 

En términos nominales, si se comparan ambas cantidades, se notará que el incremento es de poco más de 125 millones de pesos. En términos porcentuales, el aumento de este año para el siguiente es de apenas 0.4 por ciento. El problema es que la misma Secretaría de Hacienda había estimado en abril que la inflación esperada para el cierre de este año sería de 3.8 por ciento (SHCP. 01.04.2024)

 

Después, el pasado 15 de noviembre, cuando el gobierno federal entregó el paquete económico para el año próximo, recalculó la inflación esperada. Ahora prevé que se ubique en 4.3 por ciento al cierre del 2024 (SHCP. 15.11.2024: 18). Incluso este cálculo oficial podría estar subestimando la inflación. Las cifras más recientes de instituciones independientes prevén que al cierre del año la inflación será de 4.68 por ciento (Statista).

 

En fin, el caso es que el presupuesto para la nueva secretaría, al menos para conservar su mismo valor, debería tener un aumento en correspondencia con la inflación esperada, es decir, de 4.3 o 4.7 por ciento. Sin embargo, la propuesta de Hacienda no llega ni siquiera a un punto porcentual.

 

La próxima secretaría no solamente tendrá menos recursos en términos reales, también deberá continuar con los programas comprometidos por el actual Conahcyt y sumar como nuevo proyecto la coordinación de dos modelos de universidad a escala nacional. No se ve cómo lo logrará.

 

El tema del presupuesto tiene un par de implicaciones más y pueden ser de mayor alcance. Por una parte, a raíz de los supuestos errores de Hacienda sobre la disminución del presupuesto, ante la inconformidad pública de la UNAM y el IPN, la misma secretaría informó que ya estaba trabajando con los diputados para “asegurar que ambas instituciones educativas tengan un aumento respecto al año anterior de 3.5 por ciento” (ComunicadoSHCP. No. 69).

 

Lo notable es que no indica que tomará como base su último cálculo de inflación de 4.3 por ciento, tampoco su cálculo inicial de 3.8 por ciento. Ahora señala que el incremento será de 3.5 por ciento y no se sabe cómo o por qué ese porcenaje. Lo grave es que la medida no solamente será aplicada a las dos instituciones federales, si no que lo más probable es que haga extensiva a buena parte de las instituciones de educación superior. El deterioro en el servicio será inocultable.

 

Por otra parte, el gobierno federal puede otorgar la misma cantidad de presupuesto tanto para educación superior como para ciencia y tecnología, sin considerar la inflación y no infringir lo que establecen las leyes generales de ambos sectores. Esto es posible simplemente porque la normatividad no especifica que recibirán un aumento en términos reales.

 

Las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia, como mencionamos en su momento en este Acelerador de Partículas, únicamente señalan que el presupuesto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior (artículos 62 y 30, respectivamente), pero no indican que será en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

 

Ahora se ve la importancia de establecer una meta numérica en la normatividad y también lo que se perdió en el articulado de las nuevas leyes secundarias. Falta que los diputados aprueben el presupuesto 2025, pero, por lo pronto, la próxima secretaría de ciencia y el sistema de educación superior no cuentan con los recursos indispensables para cumplir lo que prometen. La narrativa del bienestar podrá ser muy elocuente, pero sin el sostén de un presupuesto se desvanece en el viento.

 

Pie de página: El comunicado más reciente del Conahcyt manifiesta que: “Mediante la Red Espacio Común Nacional de Educación, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Red Ecoes Nacional), se coordinará el Sistema Nacional humanístico, científico, tecnológico y de innovación del país. El jefe de oficina designado de la próxima Secihti, Arturo Chávez López, presentó que en Querétaro se constituirá la segunda de las 32 coordinaciones interinstitucionales que habrá en México” (Com.No. 16). Eso dice. Atentos.