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jueves, 19 de febrero de 2026

La ventana en el gabinete y el exconsejero

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1127. Febrero 19, 2026, pág. 4)

 

El reciente libro de Scherer y Fernández lo dice llanamente: el nombramiento de María Elena Álvarez Buylla (MEAB) como titular del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue un error y un gran problema para el sector y para el gabinete de López Obrador.

 

La apreciación sobre el desempeño de la exdirectora no es ninguna novedad: confirma lo que vimos en tiempo real y que la mayoría de balances ya lo reportaron. Sin embargo, sí es la primera ocasión que el juicio, público y por escrito, proviene del primer círculo de colaboradores de López Obrador.

 

La valoración está en el reciente y polémico libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. El primero, como se recordará, ocupó la posición clave de consejero jurídico de López Obrador y es quien relata los acontecimientos. El segundo es un periodista especializado en temas de política y de seguridad; él hace las preguntas y es la pluma del texto.

 

La intención de la publicación, anota Fernández en el prólogo, es “contar la historia para que persista en la memoria, para que no se impongan ni el olvido ni la mentira”. Las reacciones han sido controvertidas, algunas le restan credibilidad a las revelaciones del exconsejero y piensan que constituyen una deslealtad con el expresidente.

 

Otras apreciaciones se han centrado en los perfiles de los autores del libro -más que en el contenido-, sea para denostarlos o para alabarlos; otras más, festinan la divulgación de episodios delicados del gobierno lopezobradorista y confirman lo que reportaron en su momento algunas versiones periodísticas.

 

La mejor posición sobre el libro será la que se forme cada lector. Lo innegable es que se trata del testimonio de un personaje que participó y estuvo en la cocina de las decisiones sobre asuntos de interés público. Constituye una ventana a un lugar que generalmente escapa a la mirada de los gobernados y a la rendición de cuentas.

 

¿Qué dice sobre el desempeño de MEAB en el Conacyt? Las líneas corresponden al apartado que narra la integración del “equipo” de trabajo de López Obrador. Al respecto, vale la pena tener presente que, a diferencia de gobiernos anteriores, el gabinete se conoció con mucha antelación: al inicio de la campaña electoral, antes de conocer al ganador de las elecciones.

 

Ahí desfilan los nombres y detalles personales de lo que fue el equipo de gobierno. Por ejemplo, el episodio de César Yáñez y su salida del gabinete; la relación con Carlos Urzúa u Olga Sánchez Cordero. O bien, la posición de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad o los elogios a Esteban Moctezuma, entre muchos otros.

 

Sobre MEAB, Scherer, sin más, desde el comienzo destaca que la exdirectora metió al Conacyt en grandes problemas: “En problemas gratuitos y terribles. Álvarez-Buylla fue un desastre desde el principio. Había ganado un premio nacional, y Andrés Manuel dijo que iba a nombrar en el Conacyt a una persona muy importante porque acababa de recibir un reconocimiento relevante”.

 

Y sí, haber obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2017, fue la característica que López Obrador destacó en primer lugar cuando anunció que MEAB sería la directora del Conacyt, lo hizo en ocasión del tercer y último debate entre los candidatos presidenciales en junio de 2018 (Campus Milenio No. 759).

 

En el libro no se menciona quién le sugirió el nombre, pero es posible que los antecedentes familiares de MEAB y sus posiciones políticas fueran los ingredientes adicionales a considerar. En aquel entonces lo que se podía prever, y también quedó registrado en este Acelerador de Partículas, es que tal vez su nombramiento no había caído nada bien entre miembros del equipo de gobierno.

 

Justo porque Álvarez Buylla, además del reconocimiento como científica, era conocida por su activismo en contra de los transgénicos. Una posición contraria a la que sostenían otros miembros de lo que sería el gabinete legal, como Alfonso Romo y Víctor Villalobos. Las disputas no fueron estruendosas, pero sí trascendieron públicamente.

 

Ahora, Scherer lo confirma, al anotar que, precisamente, Víctor Villalobos le pidió que: “le dijera al presidente que nombrara a cualquier otra persona, pero no a Álvarez-Buylla porque era un desastre: «Esa señora no sabe lo que va a hacer con la ciencia, no sabe absolutamente nada»”.

 

El exconsejero añade que MEAB “fue tremenda desde el inicio, con errores de todo tipo, confrontada con la comunidad científica. Le entabló un juicio al consejo del Conacyt con el tema del maíz originario, del glifosato y una cantidad de cosas aterradoras”. También refiere el acompañamiento de la directora y del exfiscal Gertz Manero en la persecución judicial a científicos o la supresión de todos los fideicomisos engañando al presidente.

 

En fin, en su momento, esos y otros acontecimientos, fueron públicos y notorios. Lo novedoso es que ahora una persona que estuvo en el cuarto de las decisiones los confirma y califica su nombramiento como un “error” y su desempeño como un “desastre” de principio a fin. Nada más. Esperemos la versión de la aludida, seguro la habrá.

 

Pie de página: También, ilustrativa, muy ilustrativa, la anécdota y rectificación de Scherer Ibarra sobre la integración de las mujeres en el equipo de López Obrador. Pendientes.

viernes, 13 de junio de 2025

La política científica y tecnológica en el periodo 2018-2024*

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1095. Junio 12, 2025)

 

Los párrafos siguientes forman parte de la introducción del libro: Canales Sánchez, A. (coord.) (2025) “La política científica y tecnológica en el periodo 2018-2024. Los saldos de la transformación”. PUEES-UNAM. 283 pp.

En la obra participan: Andrés Agoitia, Claudia Díaz, Alejandro Márquez, Tomás Maya, Rosalba Ramírez, David Ríos, Brenda Valderrama y Judith Zubieta. El libro fue presentado el pasado 6 de junio y participaron en la presentación Gabriela Dutrénit, Julia Tagüeña y Roberto Rodríguez.

 

Las expectativas que se generan en cada nuevo periodo de gobierno son heterogéneas. Qué se propone, cómo piensa ponerlo en marcha y, al final, cuánto se logró, son las interrogantes que aparecen cíclicamente en cada sexenio. Este libro, auspiciado por el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, se ocupa de examinar las políticas científicas y tecnológicas, como una de las áreas de actuación gubernamental en el periodo 2018-2024. Es un esfuerzo colectivo realizado por personas con preocupaciones académicas en común sobre el sector. Las diferentes lí­neas o programas más sobresalientes se documentan en los distintos ca­pítulos; la finalidad es mostrar los elementos analíticos necesarios, el desa­rrollo de cada política y ofrecer al eventual lector las evidencias de cada caso para integrar un balance ponderado. Sin embargo, es difícil enten­der algunos de los elementos clave del sector sin remitirse al marco polí­tico más amplio en el que se desenvolvieron los acontecimientos

 

Tal parece que el interés por conocer qué prometen los gobernantes y los resultados que obtienen se ha incrementado a partir de la alternancia política del año 2000. A partir de esa fecha, después de dos sexenios sucesivos de gobierno del Partido Acción Nacional (pan) y uno más de retorno del Partido Revolucionario Institucional (pri), una coalición de partidos encabezada por una nueva fuerza política ganó las elecciones federales en el 2018. La nueva agrupación política apenas había sido fundada como asociación civil en el 2011 como Movimiento de Regeneración Nacional (morena) por el político Andrés Manuel López Obrador (amlo). Tres años después obtuvo su registro como partido político, confirmando la postulación de amlo como su candidato presidencial obteniendo, a su vez, el mayor volumen de votos en comparación con el total de partidos participantes en los comicios. La fuerza política era novedosa, pero su candidato triunfador era la tercera ocasión que competía en unas elecciones presidenciales. Los factores asociados al proceso electoral y la trayectoria política de amlo no hicieron más que elevar las expectativas sobre su desempeño como presidente, después de todo ya había ocupado la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y había expresado sus posiciones en las contiendas electorales previas, pero estaba por comprobarse su ejercicio en la presidencia y cuáles propuestas de campaña se harían efectivas durante el periodo de gobierno.

 

Lo paradójico es que amlo, todavía como candidato, también anticipó los nombres de las personas que lo acompañarían en las tareas de gobierno si triunfaba en las elecciones […]López Obrador dio a conocer, medio año antes de las elecciones, los nombres de las 16 personas y las respectivas secretarías que ocuparían en su eventual gabinete legal. La persona que estaría al frente del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) no estuvo dentro de esos primeros nombramientos, seguramente porque el organismo no forma parte de la primera línea de gestión, es una entidad paraestatal y pertenece a lo que se conoce como gabinete ampliado en la administración pública. Sin embargo, antes de la jornada electoral, en ocasión de la temática del tercer y último debate por la presidencia, amlo anunció que María Elena Álvarez-Buylla sería la persona titular del organismo, si él ganaba las elecciones. Una científica del área de la biotecnología que había recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el año 2017. Así que la situación era peculiar: había elementos para prever cómo sería el periodo de gobierno y, al mismo tiempo, una relativa incertidumbre sobre el desenvolvimiento que mostrarían en el ejercicio de gobierno.

 

Una vez declarado presidente electo, López Obrador desplegó múltiples iniciativas antes de arrancar propiamente con su sexenio el 1 de diciembre del 2018.  […] De modo que la transición de gobierno del 2018 fue de julio al último día de noviembre y, ese periodo, que gobiernos anteriores habían utilizado para integrar su gabinete, AMLO lo destinó a reunirse con algunos de los actores sociales clave de la vida pública, trazar sus planes de gobierno y anticipar medidas. Por ejemplo, entre muchos otros, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para comunicarles que había confianza en el país, que se proponía realizar una transformación del país y la haría a través de la concordia. Incluso les expresó que si bien su gobierno había logrado mayoría en el Congreso, no habría prepotencia y añadió la frase que se reiteraría en el periodo: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. También sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad académica y científica encabezados por el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), Enrique Graue, en cuyo foro recibió un documento de propuestas y prometió que nunca tendrían un “presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto” (AMLO. 22.08.218).

 

Quizás el primer anuncio de López Obrador en el periodo de transición que generó mayor expectativa fue su intención de poner en marcha una política de combate a la corrupción y de austeridad en la administración pública. En su momento, su recepción se dio con cierto escepticismo y preocupación, porque parecía difícil que todos sus componentes se pudieran implementar en la intrincada y voluminosa estructura administrativa de las dependencias. Posteriormente se constataría que habría nuevas reglamentaciones y tendría un fuerte impacto en el servicio público. El presidente electo, 15 días después de los resultados electorales, presentó medio centenar de medidas dirigidas a frenar la corrupción y racionalizar el gasto público (AMLO. 14.08.2018). Algunas de las más destacadas incluían la suspensión de fueros y privilegios para los funcionarios públicos, como la reclasificación del tipo de delitos para ser juzgados, la disminución del sueldo del presidente a la mitad de lo que recibía el antecesor y de altos funcionarios, limitación de viáticos al mínimo, extinción de la partida presupuestal para gastos médicos privados, así como la destinada a la compra de vehículos nuevos o de equipos de cómputo en el primer año de gobierno, entre otras tantas medidas. También incluyó restricciones de viajes al extranjero, la cancelación de los fideicomisos, la reducción de 70 % del personal de confianza, la cancelación de pensiones a los expresidentes de la república, la reducción de 50 % en el gasto publicitario del gobierno o la exclusiva disposición de choferes para secretarios y subsecretarios. Tal vez, en previsión de la inquietud generada por el alcance de las medidas, el entonces presidente virtual solicitó comprensión y previno: “no engañé a nadie, en la campaña planteé todo esto, en las plazas públicas, no me estoy sacando nada debajo de la manga”. […]

 

Entonces, el titular del poder ejecutivo federal había anticipado cuál sería su equipo de gobierno, qué se proponía lograr y cuáles serían los principales ejes de su gestión, únicamente faltaba conocer cómo se desempeñaría en el ejercicio de gobierno y qué políticas adoptaría en el terreno de la actividad científica y tecnológica. […]

 

En el libro se da cuenta del desenvolvimiento puntual de las iniciativas más emblemáticas del sector y, a la par, se busca un balance equilibrado de lo que ocurrió en el periodo.

jueves, 12 de diciembre de 2024

CONACYT: fin de un ciclo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1073. Diciembre 19, 2024, pág. 4)

 

Al final de este mes, después de poco más de medio siglo de funcionamiento, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejará de existir y dará paso a la operación de la próxima Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

 

No se trata de la eliminación de las actividades que desempeña el Consejo, como fue el caso de algunos organismos autónomos, y de otros próximos a desaparecer, ya que, más o menos, las mismas funciones serán trasladadas ahora a una secretaría de Estado. De hecho, el supuesto es que la nueva estructura tendrá una mayor jerarquía administrativa.

 

El cambio tiene relevancia e implicaciones, porque el Consejo era una especie de organismo intermedio entre el Ejecutivo Federal y la comunidad del sector. Una instancia que, como en otras naciones, surgió para mediar el patronazgo del Estado y la comunidad de científicos. Ahora podrían cambiar los términos de la relación.

 

La próxima Secihti y el actual Conacyt forman parte de la Administración Pública Federal, pero la primera es parte de la administración centralizada, mientras que el segundo, como organismo público descentralizado, es parte de la administración paraestatal. No tienen la misma personalidad jurídica.

 

El Conacyt, al instaurarse, el 30 de diciembre de 1970, sustituyó al entonces Instituto Nacional de la Investigación Científica. Este último fue creado por el presidente Miguel Alemán en 1950, la principal finalidad era apoyar la investigación científica y respaldar a estudiantes e investigadores.

 

El Instituto tenía la encomienda de mantener un registro del personal científico especializado, así como de las investigaciones con apoyo del gobierno federal y de las respectivas patentes. Por cierto, el Instituto estaba integrado por vocales y estos eran nombrados por el ejecutivo federal.

 

Al reorganizarse el Instituto –cuando el presidente era Adolfo López Mateos y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet-- conservó sus finalidades y explícitamente estableció que concedería becas a estudiantes, otorgaría apoyo económico a las instituciones formadoras de investigadores y también a investigadores distinguidos para la realización de investigación dentro y fuera del país (Artículo 3.º, DOF. 30.12.1961)

 

A partir de la reorganización del entonces Instituto también se añadió como función la de ser un “órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en materia de investigación científica y para la concesión de los subsidios y otras ayudas de carácter económico” (Artículo 3º Fracción VIII).

 

La iniciativa de ley de creación del Conacyt consideró que el Instituto tendría dificultades para asumir la responsabilidad de coordinar los esfuerzos en materia científica y, por tanto, propuso reemplazarlo por un nuevo organismo.

 

El Conacyt recuperó los lineamientos de respaldo a la comunidad científica, pero sobre todo destacó el papel de organismo asesor y auxiliar del ejecutivo federal sobre la política nacional de ciencia y tecnología, así como de consulta obligatoria para todas las dependencias de la administración pública (DOF. 29.12.1970).

 

A lo largo de las últimas cinco décadas, el organismo experimentó múltiples modificaciones. Las más profundas fueron las derivadas de las reformas normativas de 1984, 1999, 2002 y 2023. Los cambios en las normas le permitieron desectorizarse de otras secretarías y asumir mayores atribuciones, tanto en el diseño de programas como en el manejo de los instrumentos para la orientación del sistema.

 

La última reforma, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, generó fuertes disputas en la comunidad y significó un punto de inflexión en aspectos clave del sector, como la dimensión nacional de las políticas, el financiamiento o la forma de gobierno del organismo.

 

El Conacyt será reemplazado por la nueva Secihti a partir del primer día del mes próximo. A la próxima secretaría le corresponderá la conducción de la política nacional en la materia y, a diferencia del resto de las secretarías de Estado que guardan distancia sobre el federalismo, explícitamente anota que tendrá la atribución de “articular, coordinar y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”.

 

La figura jurídica de la nueva instancia es distinta, se cerrará el ciclo del Conacyt y su papel como organismo intermedio entre el ejecutivo federal y la comunidad.

 

Pie de página: El 9 de febrero del 2004 la UNAM publicó su “Programa de racionalidad y austeridad presupuestaria”, incluía 15 medidas para optimizar su presupuesto. El pasado 9 de diciembre publica el nuevo “Programa de racionalidad presupuestaria 2025” y suma una veintena de medidas.