Mujeres a las urnas y a la presidencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1045. Mayo 23, 2024)

 

Poco, muy poco se ha enfatizado en lo más evidente de este proceso electoral: el papel principal lo tienen las mujeres. La disputa por la narrativa de las próximas elecciones ha sido intensa y cesará, en el mejor de los casos, hasta que se conozca el resultado final, pero las mujeres no han sido el eje principal.

 

El perímetro de la discusión ha sido copado por las promesas, rostros y fallas de las contendientes, tanto como en los números de las preferencias electorales y la seriedad de las mediciones. Desde luego, se ha insistido en que son mujeres las principales candidatas a la presidencia de la República, imposible soslayarlo.

 

Y sí, lo más probable es que sea una mujer la que gobierne a México el próximo sexenio. Hasta ahora esa es una de las pocas certezas sobre el comportamiento de las variables de la contienda. Si se toma en cuenta que las mujeres en México sufragaron por primera vez a mediados del siglo pasado, pasaron años para que ocuparan un escaño y fue hasta 1979 cuando una mujer, Griselda Álvarez, fue electa como gobernadora del estado de Colima.

 

Hoy, 45 años después de la primera gobernadora, dos mujeres se disputan la silla presidencial y una de ellas será la mandataria. La lucha de las mujeres ha sido larga, difícil y pudieron ocupar la titularidad del poder ejecutivo federal desde hace tiempo. No es poco, pero no es todo en este proceso electoral.

 

También es posible que sean las mujeres las que definan la elección del próximo 2 de junio. Según los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), son 20 mil 708 cargos que se votarán en la jornada electoral y en su apreciación “el Proceso Electoral 2023-2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México” (INE, 2024).

 

La lista nominal del padrón electoral es de 98 millones 329 mil 591 personas. De ese total, en números redondos, 51 millones son mujeres, 47 millones son hombres y 105 son no binarias. No todas las personas de la lista votarán y eso también incluye a las mujeres. Sin embargo, nos podemos dar una idea de cuál podría ser la tendencia si vemos lo que ocurrió en las elecciones del 2018.

 

El estudio muestral del mismo INE, correspondiente a las elecciones del 2018, mostró que, del total de la lista nominal, votaron el 62.3 por ciento (INE, 2018). Algunos estudios sostienen que la participación en el 2024 será mayor, pero también hay otros que sostienen lo contrario, lo más probable es que la cifra sea de alrededor del 63 por ciento, cercana a la votación pasada.

 

Uno de los aspectos relevantes de las elecciones del 2018 fue la mayor participación de las mujeres en ese proceso. Según los datos del INE, una vez transcurridos los comicios, el 66.2 por ciento de las mujeres votaron, mientras que de hombres fue el 58.1 por ciento. Es decir, ocho puntos porcentuales arriba.

 

Además, del total de personas de la lista nominal que no votaron, el 20.2 por ciento fueron hombres y el 17.5 por ciento mujeres. La diferencia de tres puntos porcentuales es menor que la anterior, pero no deja de llamar la atención la mayor responsabilidad que asumen las mujeres. El Instituto dijo en aquel entonces: “Es evidente la mayor participación del sexo femenino en las edades jóvenes y adultas hasta los 64 años”.

 

Actualmente, el país y las condiciones son otras desde aquel julio del 2018. La diferencia no solamente se debe al transcurso de un periodo de gobierno y a la contingencia sanitaria a escala global que tuvimos, también vale la pena recordar que justo a raíz de la pandemia y el confinamiento, se abrió un compás de espera en el movimiento de las mujeres que estaba en plena efervescencia y expansión en aquellos meses. No es un movimiento que se haya frenado o desaparecido.

 

Un dato más sobre la relevancia de las mujeres en el proceso electoral de este 2024. En el reciente y último debate por la presidencia, las mujeres también fueron las que estuvieron más al pendiente de lo que dijeron los aspirantes. De acuerdo con los datos que difundió el INE, de un total de 11.6 millones de personas mayores de 18 años que vieron el debate por televisión, el 55 por ciento fueron mujeres (Comunicado No. 298).

 

El vigoroso movimiento de las mujeres ha sido sostenido a lo largo del tiempo, no es fortuito que una de ellas sea la que tomará la responsabilidad de conducir el país, tampoco que con su mayoría inclinen la balanza de las preferencias electorales. Lo veremos en las elecciones del próximo 2 de junio.

 

Pie de página: El Comité Español de Ética de la Investigación, creado hace poco más de un año, tiene ante sí una de sus primeras pruebas: elaborar un informe sobre el polémico impacto científico de Juan Manuel Corchado, recientemente designado rector de la Universidad de Salamanca. Esta última es una de las universidades más antiguas de España y la indagación es porque al ahora rector se le ha acusado de prácticas fraudulenas de citas y autocitas para inflar su curriculum. Pendientes.

¿Fuerza centrípeta en la descentralización?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1042. Mayo 2, 2024. Pág. 4)

 

Al inicio del actual periodo gubernamental parecía que la fuerza descentralizadora en la administración pública sería arrolladora. Sin embargo, paradójicamente, a unos meses de concluir la gestión, se advierte que fue el movimiento contrario: se reforzó la centralización y la jerarquía en las decisiones.

 

El 1 de diciembre del 2018, cuando tomó posesión el presidente López Obrador, anunció como compromiso número 54: “Se descentralizará el Gobierno Federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la república, porque todo el país es México” (El Economista. 01.12.2018).

 

La idea de descentralizar la administración pública ya la había anticipado el entonces candidato López Obrador desde noviembre de 2017, quedó en ese voluminoso documento que contenía el “Proyecto de Nación 2018-2024”. Ahí proponía poner en marcha un programa de descentralización de las dependencias federales (pág. 275 y ss).

 

En su diagnóstico reiteraba la densidad demográfica de la megalópolis y la alta concentración de la burocracia en la Ciudad de México. Según sus números, en el gobierno federal se desempeñaban casi tres millones de personas, 80 por ciento de ellos ubicados en la ciudad capital. Las posibilidades que ofrecen las “nuevas tecnologías de la comunicación”, decía el Proyecto, permiten que los trámites se puedan realizar a distancia.

 

El plan era realizar una desconcentración gradual del gobierno para que al finalizar el sexenio cada estado contara con una dependecia federal. Planteó, entre otros traslados, que Salud se fuera Chilpancingo; Energía a Villahernosa; Educación a Puebla; Sedesol a Oaxaca; y el Conacyt a La Paz, Baja California Sur. El cálculo era que todo el proceso costaría alrededor de 22 mil 805 millones de pesos, incluyendo estudios, mudanza e infraestructura.

 

Así que, con ese plan, unos meses después, en uno de sus cierres de campaña como candidato presidencial en el norte del país, López Obrador dijo que ya había decidido que el Conacyt estaría en La Paz (El Financiero 19.08.2018). Una vez iniciado el periodo de gobierno, parecía inminente la desconcentración administrativa.

 

La instrucción para las secretarías fue que hicieran sus previsiones e iniciaran los contactos pertinentes. Sin embargo, durante el primer año todo fueron declaraciones y visitas a las entidades federativas. Después, algunas secretarías dijeron que ya tenían instalaciones, otras incluso hablaron de personal administrativo en el nuevo territorio, como fue el caso de Cultura, Educación o Salud. Lo cierto es que no hubo ningún movimiento de proporciones respetables; el tema ni siquiera apareció en el primer informe de gobierno.

 

Después vino la contingencia sanitaria y todo se quedó en veremos. Luego, para el año 2021, se reactivaron las actividades presenciales y los esfuerzos descentralizadores. El mismo López Obrador dijo que la recomendación para sus subordinados fue que no pusieran “un departamento o que sea una especie de delegación en el estado y que se mantenga aquí toda la estructura, que sea pura faramalla, no. Queremos que funcione la secretaría, la institución desde el estado” (14.10.2021)

 

Todavía el año pasado el gobierno federal aceptaba que estaba en proceso la descentralización prometida. Sin embargo, este año ya se dieron por cumplidos los compromisos y el presidente López Obrador dijo que el 99 por ciento ya estaba resuelto, lo restante es el pendiente de Ayotzinapa. Ni una palabra sobre descentralización (Milenio Diario 19.03.2024).

 

El problema es que no solamente se esfumó la fuerza descentralizadora y dejó intacta la concentración de oficinas administrativas, también operó una fuerza centrípeta que reforzó las atribuciones y la jerarquía federal. Eso ocurrió con el ejecutivo federal y luego se desdobló en cada organismo gubernamental. Las conferencias de prensa cotidianas del presidente se transformaron en programas sectoriales paralelos y también en una tribuna de informes de gobierno.

 

El caso del terreno científico y tecnológico es ilustrativo. El nuevo marco normativo ha depositado en la junta de gobierno del Conahcyt prácticamente todas las atribuciones y responsabilidades. La junta es presidida por la persona titular del organismo y en esa instancia se decide la política nacional, la agenda y el curso de todos los programas del sector.

 

Ahora la cadena de mando inicia y termina en la junta de gobierno. No existen más los fondos mixtos para la distribución de recursos para investigación en las entidades federativas y tampoco está la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta última era una instancia de representación de todos los estados para la definición de la política nacional del sector.

 

Así que no solamente la descentralización quedó pendiente, ahora tenemos una mayor concentración de las decisiones y ninguna instancia intermedia tiene cabida. Veremos los resultados.

 

Pie de página: Los vientos universitarios siguen soplando fuerte. Atentos. // Los legisladores aprobaron que el nombre de la UNAM se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor del Senado, pero ya no será en este periodo… se quedará para el siguiente. // Falta el tercer y último debate. Pendientes.

La educación en el debate que queremos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1039. Abril 11, 2024)

 

Los temas del primer debate se conocían de antemano. El propósito era que los votantes contaran con una mejor información para definir su voto. A su vez, la autoridad electoral había dicho que el formato seleccionado era innovador y permitiría “garantizar la certeza, la transparencia y la autenticidad de los cuestionamientos”.

 

Sin embargo, irónicamente, una vez transcurrido el encuentro, es posible que una amplia proporción de la ciudadanía no tenga mejores elementos de información ni mayor certeza sobre las propuestas de quiénes aspiran a gobernar a México. Ahora, más bien, la zaga del debate trata de precisar qué propone quién en cada tema y por qué una opción electoral sería mejor que otra.

 

El formato del debate, una vez más, está en cuestionamiento. Aunque, en realidad, así ha sido desde que se realizan estos intercambios. Precisamente, en este año se cumplen tres décadas de aquel primer debate entre candidatos presidenciales en 1994. Los protagonistas de entonces eran solamente hombres: Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo. La novedad fue la exposición televisiva de los candidatos, pero fue tan rígido que no sirvió para mucho.

 

Ahora son dos mujeres y un hombre: Jorge Álvarez –aunque todos le dicen Máynez, por su apellido materno, incluyendo a los moderadores-, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Las circunstancias no son las mismas y otro es el contexto, pero las prácticas de los partidos políticos no cambian. Dicen que buscan equidad y transparencia en los comicios, aunque más bien quieren controlar el procedimiento y evitar el debate abierto; prefieren una confrontación entre algodones. Así era cuando la autoridad electoral formaba parte del mismo gobierno y persistió cuando alcanzó un carácter autónomo, aunque en menor medida.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que el reciente primer debate sería sobre la “Sociedad que queremos”. Pero la propuesta de formato, las fallas y cortes en el cronometro no fueron lo mejor para lograrlo. También informó que las preguntas de la ciudadanía serían sobre tres temas: educación y salud; transparencia y combate a la corrupción; y no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Tampoco se puede decir que hoy sabemos las respuesta.

 

Las preguntas fueron recabadas a través de redes sociales y medios digitales por Signa Lab, una entidad especializada en temas sociodigitales dirigida por Rossana Reguillo, perteneciente al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Esa entidad fue cuestionada por el equipo del partido en el gobierno porque su directora, tiempo atrás había expresado críticas al desempeño del gobierno actual. El mismo cuestionamiento recibió Manuel López San Martín, uno de los moderadores del debate. Al final, la primera se retiró del ejercicio y el segundo sí moderó el debate.

 

El caso es que Signa Lab recopiló 24 mil preguntas, de esas miles la autoridad electoral seleccionó poco más de un centenar, se las entregó a los moderadores y ellos fueron quienes decidieron qué preguntas hacer en el debate.

 

La primera interrogante, sobre el tema educativo, fue dirigida directamente a la candidata Claudia Sheinbaum y fue qué haría para revertir el rezago educativo después de la pandemia. La respuesta fue oblicua, no aludió al rezago, dijo que ha defendido la educación pública desde que era estudiante y ahora propone dar educación inicial, becas para todos los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, fortalecer la educación media superior e instaurar más universidades como las que hizo en la Ciudad de México. Hasta ahí.

 

La misma pregunta fue para Xóchitl Gálvez, tampoco la respondió, en su lugar dijo que a su contrincante se le olvidó hablar del Colegio Rébsamen y que por su indolencia habían muerto 19 niños y siete adultos. Por su parte, al candidato Álvarez Maynez le preguntaron su opnión sobre los planes educativos y los libros de texto gratuitos actuales. Su respuesta fue que pondría a niñas y niños en el centro, transitaría hacia una educación universal y habría un programa extraordinario de infraestructura educativa.

 

Además, Xóchitl Gálvez anunció que restauraría las estancias infantiles y las Escuelas de Teimpo Completo con Internet para que los estudiantes aprendan robótica, inteligencia aritifical e inglés. Álvarez Maynez recuperó su intervención sobre el modelo educativo y los libros de texto, dijo que estos últimos no deben ser adoctrinadores como lo fueron en el pasado y lo son en el presente; la educación púbica, enfatizó, debe ser igualadora de oportunidades.

 

Una nueva pregunta para Xóchitl Gálvez la interrogó acerca de su plan de trabajo para contender con el retraso educativo y las cargas administrativas excesivas de los profesores. Señaló la reducción de presupuesto para capacitación de los profesores y reiteró lo dicho sobre la Escuelas de Tiempo Completo. Algo similar ocurrió con la pregunta sobre qué hacer para mejorar la calidad educativa, una vez más reiteró que llevaría Internet a todas las localidades a través de satélites.

 

La respuesta de Claudia Sheinbaum, sobre el mismo tema de mejora la calidad educativa, fue que perisistiría en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana con los nuevos libros de texto. Sí, a pesar de la controversia que han generado.

 

Por último, al candidato Álvarez Maynez le hicieron la única pregunta directa sobre el tema científico y tecnológico: el porcentaje del PIB que se comprometería a invertir en ese terreno. Y sí, su respuesta fue lacónica: el uno por ciento del PIB. Un porcentaje que estaba en la ley anterior y que ya no está en la actual.

 

En fin, un debate por televisión no es el único medio para conocer las propuestas de quien aspira a gobernar, ahí están las plataformas electorales, los aturdidores discursos de campaña y faltan dos debates más. Sin embargo, sí es el medio que ofrece la mayor oportunidad, a nivel nacional, para exhibir el talante de las candidaturas y decir puntualmente qué propuestas tienen para convencer a los eventuales electores de que son la mejor opción frente a lo que dicen los oponentes.

 

Después del debate apenas tenemos girones de propuestas y una disputa que se prolonga entre simpatizantes de unas y otro. Pero nada o muy poco sobre la promesa de “Sociedad que queremos”. Sería tiempo de proponer el “Debate que queremos”: menos atribuciones a los partidos políticos, mayor intervención ciudadana, formato más simple y más abierto a la confrontación de perspectivas sobre los principales tópicos. No es mucho.

 

Pie de página: A propósito de la educación superior en la agenda de las campañas electorales, ahí está la asignatura pendiente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y a nadie parece importarle..

 

Ley de ciencia: tiempo, forma y números en el Congreso

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 995. Mayo 4, 2023)

 

La Ley General en Materia de Humanidades Ciencia, Tecnología e Innovación quedó aprobada el pasado fin de semana. Todavía no entra en vigor porque antes debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y también está en ciernes una posible impugnación a su proceso legislativo. Si se ratifica o se declara inválida será cuestión de tiempo; al final terminará aplicándose y será un punto de inflexión en la instauración de un marco normativo para el sector.

 

Porque, respecto de lo que hoy tenemos, como lo analizaremos en las siguientes entregas de este Acelerador de Partículas, no es un avance y ni siquiera una garantía para cumplir lo que ahora establece el artículo 3ro constitucional sobre el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, tampoco asegura un acceso completo a la información que se derive de la investigación e innovación y mucho menos los recursos financieros y estímulos suficientes para el sector.

 

Ahora, ante la posibilidad de una impugnación jurídica, vale la pena reparar en el papel del Congreso, dejemos para después el contenido de la ley. Y lo que resalta son los tiempos y formas de los legisladores. Porque el escenario menos probable fue el que ocurrió: una aprobación en tiempo récord de la nueva ley y en ambas cámaras. La rapidez hasta puede resultar un rasgo positivo de la actividad legislativa, frente a un acuerdo de contar con una ley imprescindible o ante la extendida imagen de diputados irresponsables, dispendiosos y ausentes.

 

Sin embargo, el perentorio cierre del periodo de sesiones el último día de abril fue la razón principal del apresuramiento. La cámara baja sorteó los trámites y no cumplió con los foros de parlamento abierto para le ley general. El lunes de la semana anterior, aquí mismo lo mencionamos, todavía restaban cinco foros, antes de emitir el dictamen correspondiente. Pero no hubo fechas para los encuentros ni seguridad sobre si se realizarían o no.

 

El martes 25 de abril, cuando las comisiones de Educación y de Ciencia fueron citadas, fue claro que no habría más foros de parlamento abierto y la aprobación era inminente. Así ocurrió. El pleno sesionó casi a la par de las comisiones y durante una larga jornada de trabajo que se prolongó hasta la madrugada, los diputados aprobaron, con prisas y dispensa de trámites, una veintena de reformas, entre ellas la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGMHCTI). 

 

El dato relevante fue la votación sobre la ley general de ciencia: 257 a favor, 209 en contra y dos abstenciones. Morena, el Verde Ecologista y Partido del Trabajo tuvieron y tienen los números para alcanzar la mayoría simple y aprobar cualquier ley secundaria. Los diputados del PAN, PRI, PRD y MC que asistieron a la sesión, todos votaron en contra, pero fueron insuficientes. El resultado puede gustar o no, pero así está la composición parlamentaria y la mayoría hizo valer sus votos. Lo que no estuvo nada bien fue incumplir con las sesiones de parlamento abierto y ese podría ser un elemento para impugnar la legalidad.

 

A la aprobación de los diputados le faltaba la ratificación de los senadores para completar la legalidad de la LGMHCTI. La cámara alta recibió el 26 de abril, a las pocas horas de que concluyó el proceso en la cámara baja, el proyecto de decreto de ley general de ciencia, y todo el paquete de reformas. Pero ahí las cosas fueron distintas.

 

Las imágenes e interpretaciones sobre los tiempos, formas, intercambios y coexistencia de poderes han sido abundantes en estos días. El hecho es que entre la noche del 28 de abril y parte de la madrugada del día siguiente, únicamente los senadores de Morena, Verde Ecologista y PT, en una sede alterna, sin discusión y sin la presencia del bloque opositor, ratificaron el paquete de reformas a razón de 10 a 15 minutos por cada una.

 

Morena y partidos aliados en el Senado, concentran los números para aprobar cualquier ley secundaria. Sin embargo, los procedimientos, quórum y desenvolvimiento de la sesión han sido ampliamente cuestionados. Las evidencias se han acumulado, tanto que el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, ha debido emitir un mensaje público para aclarar la situación.

 

La comunicación directa del senador Monreal, difundida este 2 de mayo, precisa que él, entre otros compromisos, cumplió con lo que le prometió al bloque opositor: intentó el nombramiento de un comisionado del Inai pero no lo respaldó la mayoría; no se dispensaron trámites a ninguna iniciativa; las reformas fueron enviadas a comisiones antes de pasar al pleno; y todos los legisladores sabían y estuvieron convocados a la sede alterna donde se desarrolló la sesión (@RicardoMonrealA).

 

Seguramente la disputa política entre los grupos parlamentarios aumentará y la polémica sobre la legalidad de la sesión llegará a los tribunales. Las pruebas en el caso de la ley general de ciencia muestran que la convocatoria en comisiones no observó el reglamento y el número de votos de aprobación son variables en las fuentes oficiales.

 

Como la ha indicado la reportera Leticia Robles de la Rosa del periódico Excélsior, la senadora Alejandra Lagunes, como secretaría de la Comisión de Ciencia, firmó la convocatoria para citar a la comisión, pero es inválida si ella estuvo ausente en la sesión (01.05.2023). Otro elemento de impugnación.

 

También existen dudas sobre el total de votos que tuvo la ley general de ciencia. El comunicado del Senado informó que fueron 58 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones (No. 1318). Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter del Senado que estuvo informando casi en tiempo real sobre el desarrollo de la sesión publicó: 48 a favor, 12 en contra y seis abstenciones (@senadomexicano). Juan Ortiz, un analista del parlamento también hizo el seguimiento de la sesión y precisó que fueron: 48 a favor, dos en contra y seis abstenciones; un total de 56 votos, lo que indicaba que no había quórum.

 

Habría mayor certeza sobre el desarrollo de la sesión si se hubiera realizado conforme las normas y si estuviera disponible la versión estenográfica, pero ni una ni otra. Lo sorprendente es que el grupo parlamentario de Morena tiene los números para ejercer sin problema su mayoría y, aun así, no respetó formas ni tiempos, mucho menos buscó el consenso o acuerdos mínimos para aprobar las reformas, simplemente impuso su voluntad. No fue la hora del Congreso.

Que “no quede ni una coma”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 982. Febrero2, 2023)

La semana inició con una nueva agrupación en el campo de la política, sonaba fuerte en los pasillos desde tiempo atrás, se especulaba sobre los nombres que la cobijaban y se decía que traía propuestas novedosas. Sin embargo, hoy parece estar en vilo, la perspectiva está trunca y no están todos los que iban a acompañarla; lo más tangible es su documento de arranque.

 

Todavía no se sabe bien a bien qué nombre tiene el grupo, se autonombra “Méxicolectivo”, se entiende la intención, pero no está fácil que las audiencias retengan la denominación. Tal vez por eso muchos lo refieren como “Colectivo México” e incluso hay quien lo llama “Punto de Partida”, como el título del documento de su presentación pública.

 

Mal comienzo si no está claro cómo se llama la agrupación y peor si tampoco se sabe cuántos y quiénes la integran. Al parecer suman más de medio millar las personas que participan en la iniciativa, pero aspiran a convertirse en un movimiento masivo, aunque hasta ahora los nombres más mencionados son una docena de personalidades públicas.

 

Además, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los personajes más populares asociado al impulso de la iniciativa, no asistió a la presentación pública del lanzamiento y al día siguiente emitió un comunicado público para explicar su ausencia. Por cierto, él la denomina asamblea y reunión “Punto de partida”.

 

El ingeniero acepta que conoció el “desenvolvimiento” del documento con el que se dio a conocer la agrupación, pero aclaró que él no convocó a nada ni a nadie. Y su comunicado finaliza lacónicamente diciendo que les había hecho saber, a quienes lo invitaron, que: “a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”. Solamente el ingeniero sabrá cuáles fueron esas consideraciones, especulaciones puede haber muchas, pero las razones no están en su comunicado.

 

Los promotores de la iniciativa han dicho que tienen más de un año trabajando en la organización y en el documento. De hecho, diversas filtraciones desde hace meses habían llamado la atención sobre el movimento en ciernes y levantado muchas expectativas. Después de todo, en la actual gestión, los tiempos de la contienda por la presidencia de la República se anticiparon por el propio presidente de la República desde la mitad de su periodo, así que lo raro era que no hubiera aparecido antes un movimiento organizado en el escaparate político.

 

En fin, el caso es que aunque los integrantes de la nueva iniciativa dicen que tienen más de un año de trabajo, a juzgar por los primeros resultados, tal parece que el tiempo invertido no ha sido suficiente. Muchos son los cabos sin atar y los que estaban atados se están soltando.

 

Así las cosas, a menos que en las siguientes semanas la agrupación muestre algo novedoso, por ahora lo que hay es un documento inicial: “Punto de Partida”. Un texto de carácter preliminar de medio centenar de cuartillas en el que, en siete rubros, plantea un diagnóstico en trazos muy generales y aventura unas 50 propuestas. Algunos de los rubros son, por ejemplo, “Un México en paz y con desarrollo”, “Igualdad y calidad de vida” o “Pobreza y desigualdad”. Por cierto, el documento estaba disponible en la página web del colectivo, pero al día siguiente fue retirado, seguramente porque es un documento provisional que todavía tiene errores.

 

El documento invita al eventual lector a sumarse a un “espacio ciudadano, a un nuevo tiempo ciudadano”, plural, a concurrir a pesar de las divergencias, en un texto que, dice, es un punto de partida. Y previene: “Puede que, de él, al final, no quede ni una coma, porque lo importante es pensar y conversar en colectivo un México posible y diferente, unido en un propósito superior a toda parcialidad: demostrar que México no tiene una sola voz y que su representatividad es plural e inabarcable” (pág. 6).  

 

En particular, en el rubro “Igualdad y calidad de vida”, en un par de páginas diagnóstica los males. El rubro incluye la problemática más aguda de los sectores de salud, educación y cultura, Por ejemplo, sobre el ámbito educativo anota: “La educación en México hoy es de mala calidad y no facilita la movilidad social. La instrucción y las estancias infantiles han sido desatendidas, y la escuela de tiempo completo ha sido cancelada. Hoy se pasa de año escolar por inercia, no por conocimientos” (p. 22).

 

Finaliza ese mismo rubro indicando que “son sectores lastimados y en el olvido, con pocos recursos públicos y disminuidas perspectivas” (pág. 23). Una afirmación con la que se puede o no estar de acuerdo, pero que claramente precisa de un mayor y mejor diagnóstico.

 

En consecuencia, como propuestas, o “temáticas a ponderar” para la eduación, plantea que se podrían: Transformar  todas las escuelas básicas en escuela de tiempo completo; Revisar a fondo planes de estudio y libros de texto, con un enfoque de conocimientos y habilidades; Impartir capacitación permanente a los maestros y establecer estímulos por desempeño y antigüedad;  Diseñar políticas públicas para cultura, ciencia y tecnología, con presupuesto consecuente y voluntad política

 

La estrategia que ha seguido la nueva agrupación no ha sido nada afortunada y, como lo han anticipado, tal vez de su diagnóstico y propuestas no quedará ni una coma. Elementos de diagnóstico hay muchos y muy diversos, pero lo que más se necesita son propuestas y espacios de deliberación e interlocución.

 

Pie de página: Inició el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y aunque la discusión de la nueva ley general de ciencia no encabeza la agenda legislativa, se había dicho que los legisladores trabajarían en conferencia. La iniciativa seguramente pronto pasará al pleno. Pendientes.

Nuevo consenso para la ley

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 980. Enero 19, 2023)

 

 

Tal parece que una demora de tres años no ha sido suficiente para aprender las lecciones de cómo no proceder y qué sí hacer para diseñar una nueva ley para el sector. Los ánimos de los sectores interesados siguen encrespados, poca o ninguna variación se registra en las posiciones y los errores se vuelven a repetir. Estamos en el pemúltimo año del sexenio, el mes próximo iniciará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y ya sería hora de contar con una ley.

 

La idea de un nuevo marco normativo para el sector comenzó con el actual periodo de gobierno y, luego, con la reforma aprobada del artículo 3ro constitucional de mayo de 2019, quedó establecida la necesidad de una nueva ley general de ciencia. El artículo sexto transitorio de aquella reforma expresamente señaló que se deberían promulgar, a más tardar en diciembre del 2020, dos leyes generales: una de Educación Superior y otra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Sin embargo, como lo hemos dicho una y otra vez, solamente quedó lista la Ley General de Educación Superior. Una ley que fue aprobada por consenso, tras un trabajo sistemático con las agrupaciones del sector, la discusión colectiva sobre el diseño técnico, el convencimiento de las autoridades sobre las orientaciones básicas, la inclusión de los rectores y la labor de los legisladores, entre otros ingredientes. El caso mostró que sí es posible el entendimiento y la negociación en la elaboración de una ley general.

 

El sector de la educación superior y el de la ciencia y la tecnología no son iguales, aunque comparten áreas de interés y tienen puntos de convergencia, difieren en propósitos, organización, dinámica y regulación. También es verdad que el trabajo para elaborar una nueva norma para la educación superior venía de tiempo atrás, porque la ley a sustituir tenía un rezago de cuatro décadas, lo cual aceitó los acuerdos y facilitó el diseño.

 

En cambio, la ley de ciencia no solamente experimentó una reforma mayor hace dos décadas y multiples modificaciones en los años siguientes sobre los que hay controversia, en este periodo se han acentuado las discrepancias entre la autoridad y comunidades del sector. Así que a la fecha todavía no hay una discusión en el Congreso y mucho menos un acuerdo sobre cómo debe ser esa ley.

 

El pasado 13 de diciembre el gobierno federal ingresó, por fin, su proyecto de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LHCTI) en la Cámara de Diputados. La iniciativa difiere, relativamente, de las versiones que se habían filtrado con anterioridad, pero conserva las bases y principios de lo que el gobierno ha expresado que busca para el sector.

 

La polémica y el desacuerdo con el proyecto de ley gubernamental ha sido visible en los medios. Las expresiones públicas de inconformidad de las comunidades y de diferentes academias y asociaciones han hecho patente que no cambió significativamente el contenido de ese proyecto, tampoco el procedimiento y los mecanismos de consulta de la autoridad. Imposible pensar que su aprobación es inminente.

 

La nueva ley debe regular las competencias y responsabilidades entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas porque es una ley general. También, entre otros aspectos, debe hacer efectivo lo que ahora dice el artículo 3ro constitucional sobre el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología; garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; y “proveer recursos y estímulos suficientes”.

 

A la fecha, junto con el proyecto de ley del gobierno federal, en el Congreso hay otros cuatro proyectos más, con diferencias sustantivas en la definición de competencias y responsabilidades entre la federación, los gobiernos estatales y las comunidades. También con otras bases de cómo integrar el sistema científico y tecnológico, quiénes y cómo deben participar en las decisiones del sector, así como cuánta inversión debe destinarse a la materia, entre muchos otros temas. Podrían incluirse aspectos relevantes de todas las iniciativas.

 

El próximo mes de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y seguramente será el turno de discutir la nueva ley general. Lo hemos dicho en estas mismas páginas: los legisladores podrían no moverle ni una coma a la ley del gobierno federal y aprobar la iniciativa así como está (Campus No. 978). El partido gobernante tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar cualquier ley secundaria.

 

Sin embargo, probablemente provocaría un encono mayor en el sector, con largas disputas a resolverse en los tribunales y casi nadie quedará conforme. No solamente. Lo más grave es que, nuevamente, diferiremos la oportunidad de conservar los avances que se han logrado en el sector y modificar lo que no ha funcionado. No será sencillo, pero todavía es posible construir un consenso para la nueva ley.

 

Pie de página: A pesar de que se han resuelto favorablemente cuatro de las 36 causas penales en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt, la mayoría de acusaciones sigue en pie.