El Foro en los tribunales

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 962. Septiembre 1, 2022. Pág. 4)

 

Todavía no es un hecho en la realidad real, pero es probable que el reciente amparo logrado por Patricia Zúñiga, primera secretaria técnica del desaparecido Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), pudiera resolver de una vez por todas las acusaciones desproporcionadas que pesan sobre científicos y ex funcionarios de la administración anterior.

 

Según la nota de Rubén Mosso de Milenio, un tribunal federal le concedió un amparo a la ex secretaria técnica y la sentencia “ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar el no ejercicio de la acción penal en su contra y archivar el asunto de manera definitiva por no existir delito que perseguir” (Milenio 24.08.2022: 6).

 

Sin embargo, no hay ninguna seguridad de que la FGR acate la sentencia. Por una parte, las decisiones del sistema de justicia penal son intrincadas, sinuosas e insondables, porque siempre hay una zona oscura del sistema que escapa a la comprensión y a la vigilancia del orden legal, pero cuyas consecuencias, para bien y para mal, siempre las padece el ciudadano común.

 

Por otra parte, y tal vez más decisivo, la FGR ha dado sobradas muestras de actuar al filo de la legalidad y la revancha en determinados casos. El rigor, la búsqueda de evidencias, la tenacidad y la persecución corre por las estructuras de cualquier entidad de procuración de justicia, el problema es que la FGR, a pesar de una evidente falta de pruebas, parece obstinarse en acusar y fincar responsabilidades sin sustento.

 

No hace falta citar la ambigüedad de los casos de alto relieve político que están en curso o el polémico episodio personal del fiscal y su familia política, el proceso mismo del Foro muestra el talante de la fiscalía y el tratamiento que dispensa. Hace casi un año, en septiembre del año pasado, cuando por segunda ocasión un juez rechazó las órdenes de aprehensión de los científicos acusados, todo parecía indicar que ahí concluía todo.

 

No obstante, la FGR hizo pública su posición y dijo que el criterio del juez para rechazar las acusaciones “no era aceptable” y añadió: “se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan” (Comunicado 377/21. 22.092021). El fiscal redobló su búsqueda de pruebas y amplió el número de personas investigadas

 

Un mes después, en octubre del 2021, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), emitió un pronunciamiento público para solicitar una media docena de medidas cautelares a la FGR a favor de miembros de la comunidad científica y en particular del grupo de personas acusadas.

 

La intervención de la CNDH se debía a una reiterada filtración de información de expedientes judiciales y nombres de personas acusadas. Algunas de las medidas cautelares que demandaba incluían: “evitar dar a conocer públicamente nombres de personas a quienes no se les impute ningún delito”, abstenerse de actuar o comprometer información que impida el debido proceso, así como, permitir a los acusados el acceso a las carpetas de investigación y no difundir “información que perjudique la dignidad y el honor de las personas quejosas” (Pronunciamiento 22.10.2021).

 

La CNDH tiene atribuciones para dirigirse a las autoridades responsables y exigirles respuestas, en este caso le dio a la FGR un plazo perentorio de 24 horas. Al día siguiente estuvo la respuesta de la fiscalía: “me permito manifestar a usted que se acepta dicha comunicación; pero no así su contenido" (Comunicado No. 432/21 23.10.2021).

 

La entidad procuradora de justicia expuso sus razones y negó que hubiera incurrido en actos indebidos. Finalizó señalando que las normas indican que no debe haber reserva alguna de información sobre posibles hechos de corrupción y, por si no fuera suficiente, como punto final agregó que las medidas de protección de derechos humanos también son para el personal de los ministerios públicos.

 

Así que no, ni el rechazo de jueces ni el pronunciamiento de la CNDH y menos la sanción social, han provocado la rectificación del fiscal general. ¿Ahora podría ser distinto? La nota de Milenio reporta que el ministro ponente, Juan José Olvera López, destacó que la decisión previa de un juez mostró que los hechos no eran constitutivos de delito y añadió: si esa es la conclusión y el asunto está en etapa de investigación inicial "el fiscal debe resolver el ejercicio y mandarla al archivo, es disposición legal expresa”.

 

En fin, por desgracia sabemos que el marco de las leyes puede decir una cosa y los hechos marchan por un lado distinto. Tampoco es mejor, nada mejor, la certeza sobre los procesos de investigación penal, el sistema de procuración de justicia y el vínculo que guarda con el poder político. Y todo puede convertirse en una auténtica pesadilla.

 

La disputa legal entre el FCCyT y las autoridades lleva casi tres años y lo único cierto es que no concluirá hasta que la FGR así lo decida.

 

Pie de página: España aprueba una nueva ley de ciencia y tiene sus novedades, acá las veremos. // ¿La Conabio formará parte del inventario de las instituciones que fueron? Atentos.

Pérdida de confianza en los organismos y el acuerdo ridículo sobre el fiscal

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 940. Marzo 17, 2022)

 

El acuerdo para desechar la acusación de plagio académico en contra del fiscal Gertz Manero y su polémico nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), exhibe las dificultades en la dirección del sector y, algo que parece más grave, un resquebrajamiento sistemático de instancias colegiadas que compartían o comparten buena parte de las responsabilidades en el funcionamiento del sector.

 

Porque, otra vez, aparecen lo tropiezos con las palabras y las normas, pero cada vez más la credibilidad y honorabilidad de los organismos o personas involucradas queda resentida, cuando no en abierto cuestionamiento. Si usted pensaba que los errores y agravios de los primeros tres años en el sector quedaban atrás, todo indica que continuarán en esta segunda mitad.

 

Todavía la semana pasada, lo dijimos aquí mismo, ninguna respuesta oficial había sobre la carta abierta que enviaron miembros del SNI en octubre del año pasado, una solicitud dirigida a las autoridades del Conacyt y miembros de la Junta de Honor del SNI para que revisaran posibles faltas del fiscal Gertz Manero. En especial, llamaron la atención a una posible “falta de ética” del fiscal porque exhibió “como documentos probatorios de su trabajo académico al menos dos libros con abundantes plagios”. Las autoridades no se dieron por enteradas y en todos estos meses no hicieron ningún pronunciamiento.

 

Sin embargo, la misma semana pasada, circuló el oficio de respuesta a la solicitud, firmada por el maestro Andrés Triana Moreno, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt y también secretario ejecutivo del SNI, en la que hacía saber el acuerdo de la Junta de Honor.

 

¿Qué dice la notificación oficial?  Pues que una vez revisadas todas las pruebas y aplicada la normatividad correspondiente, la Junta de Honor “acuerda por unanimidad, desechar la queja presentada en contra del Dr. Alejandro Gertz Manero”.

 

¿Y cuál era la razón? El acuerdo simplemente enunció: “En virtud que, ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas”.

 

Además, como los acuerdos y recomendaciones de la Junta de Honor no son de aplicación directa, sino que deben turnarse al Consejo General del SNI para lo conducente, el mismo oficio informa que el Consejo resolvió adoptar el mismo acuerdo, punto por punto. Y fin de la polémica. No.

 

La discusión pública se ha centrado en lo descabellado que parece el acuerdo tomado por la Junta de Honor porque, como está redactado, ocurre que si no está presente el autor afectado o no se demuestra que se poseen los derechos de propiedad de una obra plagiada, entonces no se puede denunciar o demandar el esclarecimiento de un caso.

 

El acuerdo de la Junta de Honor ha sido calificado como una tragedia y, ante la gravedad del caso, una buena parte de investigadores han solicitado reponer el proceso y otros lo han ridiculizado. Porque si la Junta de Honor sólo le concede importancia a los derechos de propiedad y una acusación de plagio solamente procede con la presencia de los autores plagiados, entonces algunos académicos han dicho que se anotarán como creadores de obras clásicas de autores ya fallecidos y las presentarán como propias para promoverse.

 

Sin duda el tema del plagio académico es un problema creciente, tiene muchas aristas, amerita un debate amplio y medidas para contenerlo, lo mismo que el problema ético involucrado. Sin embargo, el acuerdo de la Junta de Honor pone en tela de juicio su propio papel, tanto como su ámbito de competencia, responsabilidad y honorabilidad de las personas que lo integran. Porque al menos una de sus integrantes ha dicho que no fue convocada a la reunión. La Junta falta a la verdad. No solamente.

 

El acuerdo de la Junta de Honor alcanza al Consejo General del SNI, este último es la máxima autoridad del SNI, instancia que también ratificó el acuerdo y estaría validando algo incorrecto. Añadamos que ese órgano anteriormente se denominaba Consejo de Aprobación, tenía el mismo número de integrantes, pero una composición distinta. Las últimas reformas añadieron un representante de la ANUIES y la elección de tres investigadores de forma directa. El problema es que cambió sin respetar la todavía vigente ley del sector y sin dar a conocer públicamente procedimientos y resultados.

 

Algo similar ocurrió con los cambios en el otro Consejo General, el correspondiente a todo el Conacyt, el que preside el ejecutivo federal y participan varios secretarios de Estado, cuya composición también se modificó sin más. Y otra tanto pasó con la modificación e integración de las comisiones dictaminadoras del SNI o de sus comisiones especiales. O bien, con el impugnado reglamento de becas o el estatuto académico para el personal ex cátedras Conacyt.

 

En fin, los cambios arbitrarios en las normas, tanto como su libre interpretación, están causando estragos en las distintas instancias que permiten el funcionamiento del sistema científico y tecnológico. La pérdida de credibilidad no solamente se refleja o reflejará en los diferentes órganos, también alcanza al organismo rector y a la reputación de las personas que participan en una u otra posición. Pronto habrá vacantes en diversos organismos que nadie desea ocupar.

 

Pie de página: El horno no está para bollos, pero el fiscal Gertz Manero adelantó que sí procederá de nueva cuenta en contra de los 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt. Al final de este mes vence el plazo para presentar la acusación. Atentos

Gertz, imperturbable fiscal

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusMilenioNo. 939. Marzo 10, 2022. Pág. 4)

 

La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo y el fiscal Alejandro Gertz Manero ejerce sobradamente esa autonomía. Nada parece afectar su responsabilidad ni su posición. No importa lo que sea, el ámbito de interés público al que se refiera o la dimensión que alcance, él permanece inmutable.

 

Si la reciente filtración de la conversación telefónica entre el fiscal general y uno de sus subordinados, Juan Ramos López, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en la que parece configurarse un grave quebranto a la ley, tampoco lo obliga a rendir cuentas, ya se podrá entender por qué los asuntos en el terreno de la actividad científica y tecnológica ni siquiera han merecido una explicación o rectificación.

 

No lo fue su nombramiento como investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. A pesar de que tiempos, méritos y procedimientos fueron ampliamente cuestionados, la autoridad del Conacyt simplemente se limitó a indicar que el caso había sido valorado por una comisión especial –un procedimiento excepcional— para corregir evaluaciones previas que habían infligido daño al fiscal.

 

El Conacyt simplemente informó que, después de un análisis, la comisión determinó que “el agraviado, con tres doctorados en Derecho y autor de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel SNI III” (Comunicado 12.06.2021).

 

Menos atención mereció la irregularidad de la obra académica presentada por el fiscal. Los méritos y libros de Gertz Manero, esos que le permitieron recibir la distinción de investigador nacional, fueron puestos en tela de juicio. Guillermo Sheridan documentó que el fiscal Gertz Manero había cometido plagio académico en dos de sus libros (El Universal 29.09.2021: 26). Un desapego a las normas éticas en la elaboración de textos que se considera una falta grave en la academia. Sin embargo, el nombramiento del fiscal siguió como si nada.

 

La autoridad del sector también ignoró la solicitud de centenares de miembros del SNI para revisar la presunta falta de ética del fiscal. La carta de octubre del año pasado, dirigida a las autoridades del Conacyt y a la presidenta de la Junta de Honor del SNI, no fue atendida, ni entonces ni ahora. Ni una palabra; la Junta no se dio por enterada.

 

El fiscal tampoco se inmutó cuando se desestimaron los cargos a una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt. Seguramente usted recuerda que un juez de distrito le negó la orden de aprehensión solicitada porque consideró que no se configuraba un hecho delictivo. La fiscalía se limitó a advertir que volvería “a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan” (Comunicado FGR 377/21). Otra vez quedó impasible.

 

El cargo de fiscal general, según la ley correspondiente, tiene una duración de nueve años (artículo 8). La responsabilidad sobre su designación y separarlo de sus funciones es compartida por el ejecutivo federal y el Senado de la República. No obstante, el presidente es el único con capacidad para removerlo por causas graves, el Senado puede objetar la remoción en los siguientes diez días hábiles y restituirlo sus funciones, solamente si no se pronuncia al respecto el fiscal puede ser removido (fracción IV del 102 constitucional).

 

¿Qué piensa el ejecutivo federal del desempeño del fiscal y lo indebido, como parte interesada, de que tuviera en sus manos un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia? Esa misma pregunta le hicieron al presidente López Obrador el lunes 7 de marzo y él se limitó a decir que el poder judicial resolverá el caso.

 

El presidente López Obrador añadió que si el fiscal hablaba mal de los ministros era su visión de las cosas y además dijo que  él tampoco les tiene confianza a los ministros ni a los jueces porque “no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo no han entendido que deben hacer justicia pensando en todos”. Volvieron a insistirle si mantenía su confianza en el fiscal y el presidente respondió lacónicamente: “Sí, sí tengo confianza en el fiscal” (Versiónestenográfica 07.03.2022).

 

A propósito del episodio más reciente protagonizado por el fiscal general, han aparecido evidencias y recuentos sobre las presuntas y diversas irregularidades que ha cometido, cada vez más graves, pero nada parece perturbar su posición ni su cargo. El ejercicio de sus funciones tiene un blindaje de máximo nivel, no está nada mal la amplitud de facultades que tiene, su régimen de autonomía y el sobrado respaldo presidencial.

 

Seguramente por eso el fiscal no se inquieta y permanece imperturbable, todavía menos le perturban los mundanos asuntos del ámbito académico. Así continuará hasta que deje de estarlo.

 

Pie de página: El acuerdo secretarial 03/02/22 reagrupó a entidades paraestatales del sector educativo en unidades administrativas de la SEP. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Educación Superior quedó el Cinvestav, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POI) y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Pronto advertiremos los efectos de esta reagrupación.