Agenda legislativa: los agujeros en la ley de ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1125. Febrero 5, 2026, pág. 4)

 

No tiene mucho sentido detenerse en los estertores en tribunales de Romero Tellaeche, el anterior director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Por lo demás, como lo reportó Rubén Mosso en estas páginas de Milenio, un juzgado federal le rechazó un amparo provisional y este viernes 6 de febrero habrá una audiencia para una resolución definitiva (Milenio 29.01.2026). No habrá mucho más.

 

Tampoco vale la pena, como lo anotamos la semana pasada en este Acelerador de Partículas, detenerse en la filtración que ocurrió alrededor del cambio de titular del Cide. En todo caso, revela fallas en la operación política del sector. (Campus Milenio No. 1124).

 

Sin embargo, hay otro aspecto más notable en el episodio del Cide que sí conviene tener presente, no solamente para la conducción de los centros públicos, sino principalmente para la gestión del sector y para la rendición de cuentas. Se trata del marco normativo para regular el funcionamiento del sistema científico y tecnológico.

 

Por ejemplo, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) informó en comunicado público que la decisión de cambiar a la persona titular del Cide -sí, así, de forma impersonal- se sustentaba en el incumplimiento de sus responsabilidades administrativas.

 

Textualmente precisó que la decisión del “cambio” se debió a que, conforme a la ley general en la materia y el estatuto del Centro, el anterior director no presentó “el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno” (Comunicado 7/2026).

 

Desde luego, es grave que en el gobierno del Cide, y de cualquier otra institución, la persona titular sea la primera en quebrar sus normas. Sin embargo, con independencia del alcance de la falta, lo notable es que la justificación pública de la autoridad llegó dos días después de que el anterior director general publicara en redes sociales su inconformidad y puntualizara que normativamente la remoción excluye las decisiones informales o los acuerdos políticos (26.01.2026).

 

Ahora se entiende la demora de la autoridad del sector y por qué subrayó el incumplimiento de responsabilidades administrativas de Romero Tellaeche. Lo sorprendente es que no invocara el artículo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Lgmhcti) que la faculta para remover, sin más, a los directores de los centros públicos.

 

El capítulo III de la ley general de ciencia, referente a los órganos de los Centros Públicos y, en especial, el último párrafo de su artículo 95 establece las causales para remover a las personas titulares e indica: “Asimismo, las personas titulares de las Direcciones Generales o equivalentes podrán ser removidas por la persona titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda”.

 

Seguramente habrá una argumentación política y jurídica razonable para la omisión de este artículo en la justificación que dio la autoridad sobre la remoción en el Cide. Pero lo que conviene notar es que la ley general del sector sigue sumando dificultades, bien por lo que establece o por lo que omite. No se trata solamente de los centros públicos.

 

Aparte de que la ley general tiene fallas de origen y se refiere a un Conahcyt que ya no existe, la autoridad tiene dificultades para compaginar lo que prescribe con la orientación del sector. Por ejemplo, ahí está la operación del Sistema Nacional de Posgrados, lo mismo que la complicada relación con el sector privado, cuya participación en el financiamiento de las actividades es poco significativa. O bien, las instancias de contacto y colaboración con la comunidad sectorial y las entidades federativas.

 

La ley general tampoco es un referente para las obligaciones de la ahora secretaría de Estado. La norma indica que debe elaborar un Programa Especial en la materia, el denominado Peciti, pero la autoridad solamente presentó un programa sectorial (DOF.17.09.2025). También establece que la cabeza del sector debe emitir anualmente un “informe nacional sobre el estado general” del sector (fracción XXVII del artículo 63). Sin embargo, hace cuatro años que no lo publica.

 

En fin, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2023 tiene que pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la ley general de ciencia, pero todavía no resuelve. El detalle es que antes debe revisar dos centenares de expedientes sobre otras controversias (Expediente360/2023). Va para largo.

 

Tampoco hay ninguna iniciativa de reforma a la ley general de ciencia en el Congreso y los legisladores más bien están ocupados con la reforma electoral en marcha y sus altas responsabilidades. Por el momento, ni hablar de cosas menores.

 

Sin embargo, ya es hora de que la reforma a la ley general de ciencia esté en la agenda legislativa, en lugar de soslayar las fallas y de tapar los inocultables agujeros del marco normativo.

 

Pie de página: En Brasil, el Examen Nacional de Evaluación de la Formación Médica (Enamed) mostró que una parte significativa de los estudiantes de último año no posee los conocimientos mínimos necesarios. Tomemos nota.

 

Ciencia y Tecnología: el encanto de la promesa y la desafiante realidad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1120. Diciembre 18, 2025)

 

La actual administración ha reiterado su propósito de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Fue una de las banderas de la campaña electoral que llevó a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), a Palacio Nacional. Lo reafirmó al elevar a rango de secretaría a la entidad rectora de la política sectorial y quedó como línea de acción en su Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente programa sectorial.

 

Pero, en realidad, ¿México podría ocupar una posición de liderazgo en el campo científico y tecnológico? Como intención suena bien, sobre todo tras el desencanto de la comunidad científica con la gestión del periodo inmediato anterior y el desastre sectorial que provocó su propensión ideológica y sus rencillas personales.

 

Si por un momento nos olvidamos de los indicadores internacionales en los que México siempre aparece en las posiciones más bajas –como los índices bibliométricos, las patentes, el nivel de inversión o los premios Nobel—, el objetivo tampoco es completamente irrealizable.

 

Tómese en cuenta el tamaño de la economía nacional. Según el Fondo Monetario Internacional, medida la economía por el tamaño del PIB a precios actuales, México ocupa la posición número 13 en el mundo; debajo de Brasil (11) y de España (12). (imf.org).

 

Sin embargo, la intención y una economía de tamaño respetable son insuficientes. Primero está el insumo básico: el nivel educativo de la población. Según el reciente informe de gobierno, la población mayor de 15 años tiene 10 grados de escolaridad en promedio, lo que equivale al primer año de bachillerato. No está mal, aunque algunas de las economías con las que México compite tienen de 12 a 14 grados.

 

Actualmente, la tasa neta de cobertura en media superior es de 62.7 por ciento para los jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, y la meta es llegar a 66 por ciento al final del sexenio. A pesar de que, constitucionalmente, se suponía que alcanzaríamos la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, estamos lejos de lograrlo. Y omitamos el tema de la calidad, que es problema aparte.

 

El panorama en educación superior, el nivel con mayor salida directa a la actividad científica y tecnológica, es todavía más complicado. De acuerdo con el programa sectorial, la tasa neta de cobertura en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 29.3 por ciento y se propuso como meta llegar a 33 por ciento para el ciclo 2030-2031. Es decir, en el mejor de los casos, al final de la década actual, apenas se alcanzará a una tercera parte del total de jóvenes del grupo de edad.

 

El último dato disponible sobre las personas que cuentan con educación superior y trabajan en ciencia y tecnología indica que suman 8.2 millones (IGECTI, 2021: 33). La cifra corresponde a 2021 y tómese en cuenta que, para ese año, representó el 14.5 por ciento de la población económicamente activa y ocupada. Un porcentaje relativamente modesto.

 

La misma fuente muestra que la licenciatura es el nivel con mayor participación relativa en el total de personas con educación superior ocupadas en actividades científicas y tecnológicas: 81 por ciento, de las cuales la mitad se concentra en el área de las ciencias sociales. Le sigue el posgrado, con 12 por ciento, y una proporción de ciencias sociales de 70 por ciento. Finalmente, la educación técnica, con 7 por ciento.

 

Desafortunadamente, aunque estaba obligada por ley, la administración anterior se marchó sin publicar los informes anuales del sector de los últimos cuatro años; las autoridades actuales tampoco se han ocupado de hacerlo. Tal vez los números se han incrementado y las proporciones se han modificado en fechas recientes, pero no lo suficiente para despuntar en el campo científico.

 

El otro componente imprescindible para imaginar un lugar sobresaliente es el nivel de inversión. El indicador utilizado a escala mundial es el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE); el dato permite valorar el esfuerzo nacional en la materia. El informe de gobierno más reciente muestra que México destina el equivalente a 0.27 por ciento de su PIB. Imposible descollar con esa proporción de gasto.

 

Tómese como referencia que el GIDE promedio de América Latina es de 0.60 por ciento y el de Brasil es de 1.2 por ciento. Es decir, invertimos menos de la mitad del promedio de la región y una cuarta parte de lo que destina el país latinoamericano con mayor inversión. Ni hablar del promedio de los países de la OCDE (2.7 por ciento) o de las naciones reconocidas como verdaderas potencias.

 

¿Qué se ha hecho? En el primer año del sexenio, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron, por una parte, a ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes. En este terreno, lo novedoso ha sido la puesta en marcha de las microcredenciales como política nacional (véase Campus Milenio, núm. 1116).

 

Las estadísticas seguramente registrarán el incremento de certificados al final del año próximo y será coincidente con la promesa de convertirnos en una potencia. Sin embargo, la formación altamente especializada, indispensable para despuntar en la competencia internacional, es una inversión de largo plazo: no se puede improvisar ni tampoco sustituir con cursos de 40 horas.

 

Por otra parte, el gobierno federal ha puesto en marcha proyectos deslumbrantes de corte tecnológico, como el diseño y la manufactura nacional del mini vehículo eléctrico Olinia, el centro de diseño de semiconductores o el Clúster Nacional de Supercómputo, entre otros.

 

Todavía falta que se muestren los resultados, pero son eso: iniciativas tecnológicas dispersas que, en el mejor de los casos, contribuyen a sostener el encanto de la narrativa, pero cuyos efectos prácticos serán limitados. ¿No sería mejor declarar explícitamente la inclinación tecnológica y seleccionar un sector prioritario? Sin duda.

 

La promesa de convertir a México en una potencia científica y tecnológica se diferirá al futuro, frente a la realidad de una baja escolaridad, una formación especializada que descansará en microcredenciales y una inversión que va a contrapelo de la intención manifiesta.

La versión 2.0 del Sistema y del Registro

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1119. Diciembre 11, 2025, pág. 4)

 

La secretaría de ciencia (Secihti) publicó el acuerdo para instaurar el Registro Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Renacihti). Un asunto administrativo que no tendría mayor relevancia, si no fuera porque cambia de nombre lo que se ensayó anteriormente y nos recuerda la reforma pendiente del marco normativo del sector.

 

La ley general de ciencia, vigente a partir de mayo de 2023, dispuso la creación de un Sistema Nacional de Información. El sistema, indicó la misma ley, debía ser administrado y operado por el entonces Conahcyt, y se entiende que ahora la responsabilidad recae en la secretaría de ciencia.

 

El sistema tiene la encomienda de permitir el acceso abierto a todos los resultados de investigación de instituciones que reciban apoyo público, así como a los trabajos que realizan las personas becarias (DOF, 19.11.2025). Según lo previsto, el sistema debe posibilitar la valoración del impacto de las políticas y los programas del sector, para lo cual debe diferenciar la información por género, origen étnico, edad, clase y sector social.

 

Además, un artículo transitorio de la misma ley general indicó que el Sistema Nacional de Información solamente reconocería, a partir de mayo del 2024, a las instituciones que se dieron de alta. Es decir, a partir de esa fecha ya estaría en operación y ya no tendría validez el registro anterior

 

La puesta en marcha del sistema todavía le correspondía al anterior Conahcyt, a la administración de Álvarez Buylla. Sin embargo, lo cierto es que, ni entonces ni ahora, entró en funciones ese sistema. Tal vez en el periodo anterior la demora se debió a las fuertes disputas que protagonizó la titular del organismo con diferentes sectores de la comunidad; en el periodo actual, el retraso posiblemente se debió a la reforma pendiente de la ley general.

 

El reciente acuerdo de creación del Renacihti es el primer paso para implementar el sistema. Aunque, en realidad, tanto uno como otro, son otra versión de lo que la ley de ciencia del 2002 dispuso con propósitos similares.

 

Una de las diferencias es que antes uno se denominaba Sistema Integrado de Información y, el otro era el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Otra diferencia es que el actual registro será un repositorio del Sistema Nacional de Información y estará alojado en la plataforma Rizoma.

 

La finalidad principal del registro será: “Registrar, reconocer, organizar, actualizar y sistematizar la información de personas morales, sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro, así como Centros Públicos de Investigación sectorizados a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que realicen preponderantemente actividades en materia de ciencia, humanidades, tecnología o innovación en el país, autorizadas para recibir donativos”.

 

La operación del registro no será inmediata. Todavía hay un plazo de cuatro meses para que la Secihti defina qué normas regularán su organización y funcionamiento, así como las características de las constancias que otorgará.

 

En fin, el Sistema Nacional de Información y el Renacihti pronto estarán disponibles. Lo notable es que ésta y otras iniciativas corresponden a una ley general que ha sido impugnada prácticamente desde que entró en vigor. Pero ni se ha resuelto la controversia constitucional que enfrenta la norma, ni tampoco se han hecho las adecuaciones necesarias para referir a la Secihti como la entidad rectora de la política científica y tecnológica.

 

Al parecer, dado que la reforma a la ley de ciencia no es una prioridad, ni el Congreso la tiene agendada, las autoridades del sector ya se resignaron a trabajar con la norma que hay y a cumplir con lo que establece.

 

Pie de página: En la conferencia de prensa del pasado 2 de diciembre, el reportero Jorge Chaparro de Meganoticias, le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum: “hay preocupación de estudiantes de las Universidades del Bienestar ‘Benito Juárez’, porque desde hace un año, año y medio, 2 años y en algunos casos hasta 3 años, no les han entregado la documentación que acredita que concluyeron sus estudios en estas Universidades. La respuesta que han obtenido a través de… o de parte de la maestra Raquel Sosa, pues es simplemente ignorar sus peticiones y dejar que el tiempo pase”.

El reportero refiere que las dificultades son en la Ciudad de México, en las carreras de Derecho y Medicina.

La presidenta responde: “Sí, son dos de la Ciudad de México que tienen algunos problemas desde hace tiempo, pero son 200 Universidades que no han tenido problemas. Y ahí en donde hay problemas, pues hay que atenderlos”.

Después de 3 años, lo que cabría notar es que esos problemas más bien no han sido atendidos. Y si eso ocurre en instituciones localizadas en la ciudad capital, ya nos podremos imaginar lo que tal vez ocurre en las entidades y municipios más apartados.