@canalesa99.bsky.social
(Publicado en Campus Milenio No. 1112. Octubre 23, 2025, pág. 4)
Los Centros Públicos de Investigación (CPI), la veintena de instituciones coordinadas por el anterior Conacyt y ahora por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se inconforman por el incumplimiento con el pago de los incrementos salariales y las prestaciones correspondientes.
Las dificultades de los CPI se agudizaron desde el sexenio anterior y tal parece que los problemas van en aumento. A la fecha, cuando faltan poco más de dos meses para que concluya el año, las autoridades de esos centros no han cubierto los pagos de incremento para el personal; un dinero que debió depositarse desde el pasado mes de enero.
Normativamente, a diferencia de las universidades autónomas y la mayoría de instituciones de educación superior, los centros son entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Por lo tanto, están sujetos a las disposiciones regulatorias que operan para cualquier oficina gubernamental.
Seguramente usted recordará que, al inicio del sexenio pasado, como parte de las medidas de austeridad, el presidente López Obrador instruyó poner en marcha, en todas las dependencias gubernamentales, el congelamiento de plazas, el recorte de 30 por ciento en gastos de operación y la reducción a la mitad de viáticos y pasajes aéreos internacionales, entre otras medidas.
Incluso, las solicitudes de viaje al extranjero debían ser dirigidas al propio titular del Poder Ejecutivo Federal (Memorándum presidencial del 03.05.2019). Las medidas entraron en vigor en los CPI, a pesar de que miembros de esa comunidad, en carta pública, le solicitaron al presidente López Obrador que los eximiera de esas regulaciones (15.05.2019).
El quebranto para los CPI fue notable. Sin embargo, todavía más grave fue la eliminación de los fideicomisos públicos: trastocó la operación cotidiana y la planeación de crecimiento de los centros. A través de los fideicomisos manejaban los recursos autogenerados –alrededor de una tercera parte del presupuesto total de los CPI--, también preveían el ejercicio presupuestal para proyectos y no estaban limitados por el calendario del año fiscal.
Los fideicomisos públicos, como lo anotamos en este Acelerador de Partículas (Campus Milenio No. 768), eran de dos tipos: los que pertenecían a entidades paraestatales y los que no tenían estructura orgánica. Los primeros eran fiscalizados y rendían cuentas; los segundos no y se prestaban al ejercicio discrecional.
Desde que el ejecutivo federal planteó su eliminación, las cifras sobre los fideicomisos fueron cambiantes. Al inicio se anotaba que estos instrumentos financieros sumaban más de 300 e involucraban alrededor 800 mil millones de pesos. Después, que eran menos y el gobierno federal, legalmente, no podía disponer del total de recursos.
El sector científico y tecnológico concentraba poco menos de un tercio del total de fideicomisos públicos existentes, pero apenas un tres por ciento de la cantidad de recursos. En el último informe de gobierno de López Obrador se precisó que, al 30 de septiembre de 2023, se dio por concluida la extinción de 65 fideicomisos en el sector y transfirió 21 mil 978 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (pág. 512).
Según el mismo informe de gobierno, los fideicomisos de los CPI fueron reintegrados a sus respectivas cuentas. Sin embargo, al final, fue un caos administrativo la gestión y ejecución de esos recursos. El daño para los CPI fue irreversible y las inconformidades manifiestas.
Las consecuencias persisten y seguramente continuarán. Hace dos semanas, la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt) publicó un pronunciamiento para expresar su preocupación porque la Secretaría de Hacienda no ha ministrado los recursos para cubrir las prestaciones pendientes, ni los incrementos salariales y su correspondiente retroactividad a enero de este año (08.10.2025).
La semana pasada, los trabajadores del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en Saltillo, Coahuila --institución perteneciente a los CPI y a la Fenasscyt--, se manifestaron públicamente para protestar por el mismo incumplimiento.
La representante gremial precisó que: “El incremento salarial pendiente es del 4 por ciento; en prestaciones, el adeudo alcanza el 10 por ciento; en estímulos, se debe el 50 por ciento, y en el caso del seguro de gastos médicos mayores, el adeudo es total” (Diario de Coahuila. 16.10.2025).
Los CPI eran un conjunto ejemplar de investigación científica y tecnológica. Los indicadores de su productividad e impacto iban al alza de forma sostenida. Sin embargo, ahora batallan con los gastos de operación y navegan en la zozobra del naufragio. Una verdadera lástima.
Pie de página: La tormenta tampoco amaina para la exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla. Ahora está a la intemperie, los vientos que sembró retornaron tempestuosos y se multiplican las evidencias sobre su fallida gestión. // Según la Dirección de Profesiones, alrededor de una cuarta del total de títulos y cédulas profesionales de los últimos siete años tiene inconsistencias (PubliMetro 14.10.2025).// Pendientes.
