Patria: vacuna (a la) mexicana

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 976. Diciembre 8, 2022. Pág. 4)

 

El presidente López Obrador cerró su conferencia de prensa en la Ciudad de Oaxaca, el 14 de febrero del 2021, con estas palabras: “Y, con todo respeto, en su momento, en su momento, porque son iniciativas de Conacyt, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria, ya apartamos el nombre” (versiónestenográfica 14.02.2021). Después de casi dos años de aquella sugerencia, seguimos solamente con el nombre.

 

Por aquellas fechas ecruzábamos la tercera ola de contagios y estaba en marcha el plan nacional de vacunación. La adquisición de vacunas en el mercado global estaba muy competida y países en desarrollo, como México, no estaban a la cabeza de la lista. El canciller Marcelo Ebrard tenía colgadas algunas medallas por sus logros en las negociaciones realizadas. El anuncio del presidente sobre el desarrollo de una vacuna nacional, sin duda, parecía una buena noticia, la confianza en la infraestructura científica del país y los grupos de expertos nacionales parecía retornar.

 

Un par de meses después de la conferencia de Oaxaca, el presidente invitó nuevamente a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para que explicará en qué situación estaban los trabajos del biológico y cuándo estaría listo. Ahí dijo que el grupo de trabajo comenzó desde el año 2019 y reunía a destacados expertos, tanto nacionales como internacionales. Una de las empresas más relevante en el grupo de trabajo era Avimex, así como instituciones del sector salud.

 

En realidad, lo que la mayoría de analistas de la salud comentaron en su momento fue que la base del trabajo era la “tecnología desarrollada por la Escuela de Medicina Icahan en Monte Sinaí, en Nueva York, y la proteína HexaPro, de la Universidad de Texas, Austin (Milenio 13.04.2021). O sea, el gobierno mexicano únicamente adquirió la licencia correspondiente que le permitiría producir la esperada vacuna. No es un invento ni un trabajo de científicos nacionales.

 

La directora del Conacyt, en su explicación del desarrollo de la vacuna, en abril del 2021, dijo algo muy esperanzador, el inicio la fase preclínica y el comienzo del reclutamiento de voluntarios para las siguientes tres fases. Parecía inminente la fabricación de la vacuna. De hecho, la doctora Álvarez Buylla dijo: “Ahí están las fechas aproximadas y, si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la Cofepris para su aprobación en uso de emergencia” (versión estenográfica del 13.04.2021). Es decir, tendríamos vacuna al concluir el año 2021.

 

Los tiempos parecían apretados, pero dado que el ejecutivo federal presionaba con la iniciativa y el esfuerzo estaba comandado por el Conacyt, su organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, no era imposible. Ahora vemos que no, desafortunadamente concluyó el año pasado y está a punto de terminar el actual y la vacuna no está lista.

 

Un banner en la página electrónica inicial del Conacyt hoy sigue llamando a voluntarios de la Cdmx, Morelia y Oaxaca para que participen en los ensayos de la fase tres y se requieren miles. Por cierto, según revelaron los documentos filtrados en los Guacamaya Leaks, Conacyt intentó que personal de las fuerzas armadas participaran como voluntarios en la fase dos, pero la Defensa Nacional se negó.

 

El plazo comprometido para tener lista la vacuna no fue lo más notable de la explicación de la directora del Conacyt. Lo sorpresa fue cuando la misma titular se refirio a los costos: “va a ser en promedio hasta 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita, esto les da una idea” (versión estenográfica del 13.04.2021). La desmesura y la imposibilidad del porcentaje fue lo que se quedó en los medios, pero no los plazos comprometidos.

 

Tal vez el error en el porcentaje de costos revela más de lo que parece, porque muestra que el tema de los recursos ha sido clave para que esté o no lista la vacuna. No es fortuito que el Conacyt haya clasificado como información reservada lo referente a la distribución del presupuesto y los ensayos de las pruebas.

 

Es cierto que la indagación científica tiene un componente azaroso que no siempre permite tener los resultados esperados en el tiempo calculado. Sin embargo, el proceso tampoco es de ahí se va, de una improvisación constante, esperando que sea producto de la casualidad. Dos años de retraso, en la escala de una investigación científica, cuando ya estaba la licencia de la tecnología base, parece indicar otro tipo de dificultades. La voluntad, la ideología y los discursos son insuficientes; se requiere de esfuerzos colectivos y de políticas para el sector.

 

La prestigiosa revista The Lancet publicó el pasado mes de septiembre los resultados de su comisión sobre el Covid-19, ahí en medio centenar de página hace una evaluación de la pandemia y expresa: “A pesar de muchos ejemplos de investigación de excelencia durante la pandemia, también ha habido investigación de baja calidad, sujeta a sesgos y con resultados engañosos” (TheLancet Comissions: 1258). Sí, no es solamente un tem de voluntad

 

Pie de página: Ahí viene el panel del T-MEC para resolver la controversia sobre el maíz transgénico.

Médicos: ¿qué profesionales necesitamos?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 887. Febrero 11, 2021. Pág. 4) 

 

La reciente atención pública sobre los médicos, su formación, condiciones laborales, becas e imprescindible labor, no llegó con la crisis de salud desatada por la pandemia en curso. El tema ya estaba en la arena pública desde la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Si acaso, el coronavirus atrajo reflectores más potentes sobre nuestro sistema de salud, eso sí.

 

Los médicos son uno de los engranes de mayor precisión en el complejo mecanismo de funcionamiento del sistema de salud. Un sistema en el que ejecutan el papel más relevante, pero cuyo desempeño dependerá de sus capacidades técnicas, la gestión correcta, la infraestructura hospitalaria, el personal de apoyo o los medicamentos necesarios. Lo sorprendente es que en menos de dos años pasamos de un énfasis en la necesidad de médicos generales a una imperiosa necesidad de médicos especialistas. ¿Qué profesionales de la medicina necesitamos?

 

Las crisis, como la  pandemia que hoy padecemos, son relativamente inciertas en su evolución, pero también son ventanas de oportunidad para tomar decisiones y poner en marcha iniciativas que de otro modo no tendrían lugar. El problema es si las decisiones que se toman son las correctas o no, sobre todo en escenarios inestables, con recursos escasos y horizontes temporales limitados.

 

Ningún político en su sano juicio prescinde de los datos más elementales del caso, aunque pueden no ser el criterio fundamental para decidir qué rumbo seguir, porque se suman en un amasijo en el cual pueden ser ponderados otros aspectos, como un ensayo anterior, prioridades de su agenda, compromisos por cumplir o intereses de grupo. No obstante, la información básica es uno de los principales insumos para decidir.

 

Tal vez por esa razón, antes de que apareciera la pandemia, despertó una alta expectativa la idea del presidente López Obrador de realizar un censo sobre el sistema de salud. ¿Usted lo recuerda? Fue en julio de 2019, cuando el entonces diputado Mario Delgado presentó la iniciativa de ley para cancelar el Seguro Popular y crear el Insabi. Por esas mismas fechas, López Obrador anunció que se haría un inventario del personal médico en el sistema de salud. “un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando” (13.07.2019).

 

Sin embargo, ni entonces ni después se conoció públicamente la información de ese censo, aunque rápidamente se extendió la conclusión de una escasez de médicos. Otras opiniones indicaban que más bien hacían falta plazas. Y se aventuraron cifras, no siempre coincidentes en las declaraciones de funcionarios, porque hablaban de un faltante de poco más de100 mil médicos, luego hablaron del doble y otro tanto de enfermeras.

 

Uno de los puntos sobresalientes es que antes de la pandemia, desde la parte gubernamental, se enfatizó la necesidad de médicos generales porque se requería un modelo de atención comunitaria. La misma jefa de gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Universidad de la Salud al inicio del año pasado, pero cuyo proceso de admisión fue trastocado por la pandemia.

 

Tampoco es que se descubra el hilo negro de la información cada vez que se intenta un solución, generalmente existen estudios y datos más o menos sistemáticos sobre cualquiera de los grandes problemas y el sistema de salud no es la excepción. No obstante, la pandemia puso al descubierto que otro de nuestros faltantes eran los médicos especialistas, así que cambió la instrucción presidencial y ahora se trataba de becar a residentes para una especialización en el extranjero.

 

En mayo del año pasado, el mismo ejecutivo federal anunció que habría becas para 20 mil o 30 mil estudiantes de especialidades y podrían ser en el extranjero. Tómese en consideración que, en el sistema de formación médica, significaba triplicar el volumen de médicos especialistas. Por cierto, nadie llamó la atención sobre ingeniería biotecnológica.

 

Al final del año pasado el Conacyt publicó la convocatoria, pero aunque se habían mencionado nueve países, las becas solamente fueron para Cuba, para seis especialidades y con una duración de tres y cuatro años. El proceso está en marcha, todavía no se conocen los números finales, pero seguramente por el tipo de especialidades y el país receptor la cantidad de becas será modesta.

 

No es la primera vez que se plantea la formación de profesionales en respuesta a planes contingentes. Nada menos, en el sexenio anterior, derivado de la reforma energética de “gran calado”, se propuso un “Programa Estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos”. Por supuesto, incluía becas para posgrado, pregrado y técnicos. Incluso distintas instituciones adecuaron programas, ofrecieron diplomados y especialidades. Todo fueron intenciones.

 

En fin, no es nada fácil orientar las preferencias de la matrícula ni articular el sistema de formación profesional a los requerimientos de la sociedad. Pero tal vez con menos improvisación, mayores elementos técnicos y un horizonte temporal de mediano plazo, podríamos planear más y mejores profesionales de la salud.

 

Pie de página: Todavía no está en la agenda legislativa la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero la vigente sigue reformándose. Pendientes.

El Consejo de Salubridad General o la centralización

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/firmas-alejandro-canales-1-060820/. Agosto 6, 2020)

¿Ha sido desmedido el número y volumen de organismos creados para contribuir a resolver problemas de interés público? Probablemente sí en algunos casos y en ciertas áreas. Pero de ninguna manera podemos generalizar o subestimar su contribución en las tareas de gobierno. La tendencia en curso a la jerarquización y centralización de las decisiones no solamente puede dejar irresueltos los problemas, también los podría agravar.

Ni siquiera pensemos en organismos autónomos de control horizontal que ya no están --como el ex Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación-- o aquellos otros que están en controversia o simplemente han dejado de ser convocados, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Nada de eso.

Tomemos como ejemplo el Consejo de Salubridad General (CSG) que viene muy al caso. Un organismo vigente, creado hace más de un siglo con el nombre que hoy tiene y cuyos rasgos principales quedaron asentados en la Constitución de 1917: “dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país” (artículo 73, fracción XVI).

La Constitución actual conservó la misma redacción sobre el Consejo. Nótese que desde aquellas fechas colocaba la fuerza de las decisiones en el ejecutivo federal y así hasta hoy. Sin embargo, el reglamento y la composición del CSG --recuérdese que es el Consejo; no son las iniciales de ningún expresidente-- es lo que ha cambiado a lo largo del tiempo. La última modificación importante fue en 2009, en el periodo de Felipe Calderón.

Según el reglamento vigente, al CSG se le reconoce como un organismo colegiado, presidido por el secretario de Salud e integrado por 13 vocales titulares: siete secretarios de Estado; tres directores de las instituciones de salud más importantes (IMSS, ISSSTE y DIF); los titulares de las academias Nacional de Medicina de México y Mexicana de Cirugía; y el rector de la UNAM. Todos ellos tienen voz y voto, su cargo es honorífico y son designados y removidos por el presidente de la República.

Además, el mismo Consejo cuenta con otros 23 vocales auxiliares de los sectores gubernamental, académico, social y empresarial, los cuales tienen voz, pero no tienen voto. Por ejemplo, están los directores de sanidad de la Defensa Nacional y de la Marina; representantes agrupados en cuatro regiones de la secretarías de Salud de las entidades federativas; las titulares del Conacyt y del Colmex; los directores del IPN y de Anuies; y representantes de la industria farmacéutica y de la Canacintra, entre otros.

En conjunto suman casi cuarenta integrantes en el Consejo. Seguramente no es nada fácil llegar a consensos o acuerdos satisfactorios con tal volumen de participantes. No obstante, cada integrante representa un sector, una visión distinta que puede alimentar el diseño global de soluciones satisfactorias.

Si el CSG estuviera en pleno funcionamiento ¿tendríamos mejores resultados en la gestión de la actual pandemia? ¿Habría un mayor involucramiento de los diferentes sectores y de los distintos niveles de gobierno? Seguramente. Porque reúne distintos perfiles técnicos y políticos. Las decisiones tendrían otro respaldo y otra fuerza.

Tampoco pensemos en lo que pudo ocurrir, veamos lo que ocurrió. La primera convocatoria al CSG no fue cuando apareció el coronavirus en China, ni cuando la amenaza de la pandemia creció en Europa, ni siquiera cuando quedó registrado el primer caso en México (fines de febrero de este año) o cuando los casos comenzaron a crecer en las semanas siguientes.

La primera convocatoria al CSG fue el 19 de marzo, cuando la presión pública creció y urgía convocarlo para tomar medidas extraordinarias. Un decreto presidencial de ese mismo mes daba cuenta de la sesión del Consejo y reconocía al Covid-19 como una “enfermedad grave de atención prioritaria”, pero dejó en manos de la Secretaría de Salud el establecimiento de las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia.

Tal vez es innecesario mantener al Consejo en sesión permanente o celebrar reuniones interminables, pero sí es importante su participación en momentos clave y en la definición de las líneas estratégicas. No ha ocurrido así. No lo fue para la selección del modelo de vigilancia epidemiológica ni para las acciones en marcha; tampoco para la elaboración de la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica” (¿Recuerda la discusión ocurrida en el mes de abril?).

Incluso el Consejo, a pesar de que cuenta con representantes de salud de las entidades federativas, no ha desempeñado ningún papel en las negociaciones y acuerdos con los gobernadores sobre el semáforo epidemiológico. No para las políticas. La política, la jerarquización y centralización de las decisiones ha sido la respuesta. Las disputas y los resultados los tenemos a la vista. Otros ejemplos se repiten en las estrategias de desarrollo económico y social, en las acciones desplegadas en el ámbito educativo o en las iniciativas en el campo científico y tecnológico.

En fin, tal vez es fundada la confianza depositada en la formación, sagacidad, honestidad, inteligencia, voluntad y sabiduría de los que llevan mano en las decisiones, pero no estaría nada mal reconocer el papel y colaboración que pueden ofrecer los organismos intermedios. Sí, los liderazgos unipersonales son falibles y efímeros.

Pie de página: El próximo ciclo escolar comienza el 24 de agosto y a partir de septiembre llega al Congreso la discusión sobre las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Y los números del personal de salud?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 855. Junio 25, 2020. Pág. 4)

Todo sería más transparente y comprensible si las iniciativas gubernamentales estuvieran acompañadas de la información y datos correspondientes, especialmente si sus efectos se extenderán a lo largo del tiempo.

El ruido mediático causado por la presencia de médicos cubanos en México no fue suficiente para disipar las dudas sobre carencias y retos del personal de salud. Solamente alcanzó, según las preferencias políticas del que respondiera, para reprobar o elogiar el apoyo médico de la Isla.

No fue un comunicado oficial, pero algo de información ofreció la titular de Salud del gobierno de la CDMX en declaraciones a la agencia Reuters. Por ejemplo, dijo que son 585 trabajadores de la salud provenientes de Cuba, el convenio es entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Ministerio de Salud del país caribeño, suma 135 millones de pesos y estará vigente hasta el 31 de julio de este año con posibilidad de prorroga (15.06.2020).

Los perfiles profesionales del personal no son conocidos, tampoco las funciones que realizan, solamente se sabe que es una de las delegaciones más numerosas de Cuba en el extranjero. Toda ayuda es importante, aunque por su volumen no pinta mucho en el sistema de salud capitalino. Este último cuenta con alrededor de 26 mil médicos y si contamos a enfermeras y personal técnico la cifra se eleva a más de 160 mil.

Medio millar de personas en una situación crítica, desempeñando tareas de alta especialidad o localizados estratégicamente puede marcar una diferencia relevante. Sin embargo, a pesar de que se trata de un asunto de interés público, no hay ninguna explicación oficial de las funciones que realizan o cómo se distribuyen. Se entiende que la situación actual es de emergencia nacional y por la misma razón el gobierno está facultado para tomar medidas extraordinarias, como la adquisición de bienes y servicios, nacional o internacionalmente, sin los procedimientos habituales (DOF. 27.03.2020). Pero ¿todo será provisional?

Desde que comenzó a vislumbrarse la capacidad de daño del Covid-19 estaba claro el desafío que enfrentarían los sistemas de salud en el mundo y el de México no sería la excepción. Hasta el momento, nadie parece tener duda de la importante y ejemplar actuación del personal de salud, a pesar de hechos aislados de agresión, motivados por temor irracional o franca estupidez.

Las carencias y retos de personal de salud no es un tema que surgió con la epidemia en curso, ni tampoco es cosa de estar improvisando. Hace casi un año el gobierno federal, antes de la reforma a la Ley General de Salud, dijo que estaba haciendo un censo sobre el número de médicos (generales y especialistas) que existen en México y cómo están distribuidos.

Los datos del censo no se conocen públicamente, si es que tuvo lugar en el segmentado territorio de la salud nacional, pero desde hace un año se dio por supuesto que más bien hacían falta médicos generales y atención primaria a la salud; las acciones se encaminaron en esa dirección (Campus Milenio No. 849).

La versión se modificó con la aparición del Covid-19 y ahora resultaba que los indicadores mostraban un faltante de médicos especialistas. El mes pasado, incluso, el presidente López Obrador habló de becar a cerca de 20 mil o 30 médicos para que obtuvieran una especialización en el extranjero.

La planeación de recursos humanos conforme a coyunturas u ocurrencias no arrojan buenos resultados. ¿Recuerda usted el impulso a la sobre especialización técnica de la educación media o, nada menos, el ambicioso programa de la administración anterior sobre formación de técnicos e ingenieros en materia energética? Sí, cuando la reforma energética era la riqueza por venir. Ahí tiene.

Seguramente podría ser útil conocer la información del censo reciente, sobre todo porque permitiría hacer comparaciones y proyecciones con las distintas fuentes de información que ya existen (nacionales e internacionales) sobre el personal de salud en formación y en activo .

En otra entrega entraremos en el detalle de las cifras, pero consideremos que en México, en el ciclo escolar anterior, en el sistema de educación superior, había casi 140 mil estudiantes de medicina general y en ese año se graduaron poco más de 15 mil; a nivel de especialización estaban matriculados poco menos de 29 mil y los graduados sumaron menos de 8 mil. Las cifras para el personal de enfermería son relativamente similares: 142 mil y se graduaron 19 mil; en especialidad 2 mil 600 y graduadas un mil 700.

Los grandes números no son todo, porque están involucrados los gremios, el tipo de especialidades, la distribución territorial, los procesos de formación, el aseguramiento de la calidad, pero mayor información ayudaría a conocer qué tan respaldadas están las decisiones.

Pie de página: Esta semana la UNAM anunció que ya está listo su primer ventilador para atender la contingencia sanitaria y en alianza podría fabricar hasta un centenar. Fue desarrollado “de punta a punta”, por el Laboratorio de Instrumentación Espacial (Linx) del Instituto de Ciencias Nucleares. Notable.

¡Hablemos de médicos!

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 849. Mayo  14, 2020. Pág. 5)

Las declaraciones del presidente López Obrador calaron hondo en el gremio de los médicos. A pesar de que el ejecutivo federal posteriormente precisó su referencia al enriquecimiento indebido de algunos doctores y ofreció disculpas, otra grieta más se abrió en su accidentada relación con grupos profesionales.

En la conferencia de prensa del viernes 8 de mayo, en su descripción del mercantilismo del sistema de salud en el periodo neoliberal y a pregunta sobre lo que hoy señalan exsecretarios de salud, ahí dijo que los médicos sólo buscaban enriquecerse y no les interesaban los pacientes.

El mismo fin de semana siguiente, la mayoría de colegios y asociaciones representativas de médicos, tanto generales como especialistas, consideraron muy ofensivas y desafortunadas las expresiones del presidente de la República.

Luego vinieron las aclaraciones y disculpas de López Obrador, pronunciadas ante las insistentes preguntas de una reportera en la conferencia de prensa al comienzo de esta semana. Aunque, como él mismo dijo: “Sí, pero no”. O sea, sí dijo que había médicos solamente interesados por el dinero, sin embargo, añadió, “no podemos generalizar” (11.05.2020). Primera vez que hace explícita la precisión.

La reportera le replicó: ellos dicen que “este tipo de declaraciones no abonan al ambiente que hay de…” El presidente le impide continuar y le dice: “No, sí abonan, ¿cómo no van a abonar?” Y la reportera le interroga: “¿a la violencia contra los médicos...?” López obrador la interrumpe de nueva cuenta y precisa: “no, abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso. Antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta, algunos hasta les daban medallas al mérito”.

El episodio con los profesionales de la salud es ilustrativo de lo que ha ocurrido con otros gremios y sectores. El gobierno federal plantea una apreciación gruesa y amplia de cierta situación que puede ser ilustrativa de una porción de la misma, pero que de ninguna manera puede ser tomada como válida para el todo y menos como un diagnóstico global para tomar medidas de aplicación generalizada.

Sin embargo, tal parece que en buena medida la actual administración así ha conducido sus iniciativas, tal y como ocurrió con las estancias infantiles, los albergues para mujeres violentadas, los científicos, las universidades, los centros de investigación, los fideicomisos públicos, las comunidades culturales, los periodistas, los funcionarios públicos, etcétera. Después, puede rectificar o no.

Pero hay otro aspecto sobre el que también valdría la pena reparar y es el motor que impulsa algunas de sus injustas generalizaciones pronunciadas en el megáfono nacional de todas las mañanas: que se hable públicamente del tema. Al menos eso es lo que expresó el ejecutivo federal al señalar que sus declaraciones “sí abonan” para que se hable del tema.

Hablemos. Vale la pena recordar que hace casi un año, cuando todavía no se asomaba el Covid-19 en las fronteras nacionales, el presidente López Obrador dijo que una de las acciones que se estaban realizando para mejorar el sistema de salud era “un inventario, un censo sobre los médicos generales, especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando” (13.07.2019).

Un mes después el mismo mandatario anunció que estaba en planes con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Cdmx, para crear una universidad dirigida a la formación de médicos y enfermeras (08.08.2020). Al parecer porque se necesitaban médicos generales y atención fuera de las metrópolis. No obstante, parte del gremio médico replicó que más bien se necesitan plazas laborales.

El censo o diagnóstico todavía no se conoce públicamente, menos el programa sectorial, aunque tal parece que de nueva cuenta conduce las acciones al respecto. En febrero de este año continuaban los planes para la creación de la “Universidad de la Salud”, la cual presuntamente hará énfasis en el primer nivel de atención y en la prevención. Según los datos del gobierno de la Cdmx, para la nueva universidad había 20 mil aspirantes, pero solamente se seleccionarían 500 estudiantes para medicina y otra cantidad igual para enfermería.

A los pocos días llegó el coronovirus al territorio nacional y ahora resultaba que lo que hacía falta eran especialistas y particularmente intensivistas. Al comienzo se habló de un faltante de alrededor de 120 mil médicos, ahora el secretario de Salud dice que el déficit es de 200 mil médicos (generales y especialistas) y 100 mil enfermeras. Vino la contratación de personal. El mismo presidente volvió decir que si fuera necesario se acudiría a médicos provenientes del extranjero y especialmente de Cuba. La cancillería anunció la llegada de médicos procedentes de Cuba.

En fin, no está nada mal hablar de los problemas de interés público. Sin embargo, lo mejor sería que los planes e información básica que guían las acciones fueran del dominio público. Hoy, solamente vemos la superficie de los temas, apreciaciones generalizadas y fragmentarias de la administración. Volveremos con algunas cifras del sector.

Pie de página: ¿Cómo quedaron los recursos financieros de los fideicomisos públicos? Todavía no se sabe.