Claraboyas en el Conahcyt

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1013. Septiembre 21, 2023)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, el Inai, resolvió que el Conahcyt debe entregar información relativa a los productos derivados de los estímulos fiscales a investigación y desarrollo tecnológico. Una resolución más ordena que también debe mostrar la información correspondiente a la afirmación de su titular, la doctora Elena Álvarez Buylla, sobre una presunta “red de intereses creados” alrededor del Cide. 

 

La información sobre el sector de ciencia y tecnología, lo hemos dicho aquí mismo en distintas oportunidades, es repetitiva y con frecuencia confunde a quién intenta explorarla. Lo peor es que buena parte del mismo sector permanece opaco y en la anonimidad. Los números grandes sí están, en los informes de gobierno y en las declaraciones públicas, pero eso es insuficiente.

 

Todo se complica o se vuelve imposible a la hora de precisar una iniciativa o tratar de desagregar la información. Por ejemplo, muchos jóvenes aspirantes a una beca de posgrado siguen con dudas sobre la forma, número y distribución de las becas. Lo mismo ocurre con la forma de clasificar y reclasificar los programas de posgrado o la asignación de incentivos en el Sistema Nacional de Investigadores.

 

También lo hemos repetido en múltiples ocasiones: el informe general del estado del sector más reciente es del 2020, a pesar de que por norma debe ser publicado año con año. El sitio electrónico del Conahcyt, la fuente primaria de información, es un laberinto con salida a páginas que no están actualizadas o con información tan poco amigable que lleva horas sistematizarla. O bien, las ligas de una página a la otra estás rotas o aparecen en blanco.  

 

Tal vez por eso el ejercicio del derecho de acceso a la información y el respaldo del Inai se han convertido en el mejor mecanismo para conocer la actividad del organismo rector de las políticas para el sector científico y para precisar el curso que tienen sus iniciativas.

 

Un caso: el Conahcyt respondió de forma extemporánea e incompleta la solicitud de información de un particular. Este último quería conocer los informes técnicos finales y los productos entregables de nueve proyectos derivados de estímulos fiscales que indagaron “el control y tratamiento de diversos padecimientos en la salud, tales como el síndrome metabólico, infartos agudos al miocardio, esclerosis múltiple, y enfermedades no transmisibles de mayor impacto a nivel nacional” (Nota informativa Inai 077/23).

 

El Conahcyt solamente entregó información sobre cuatro proyectos de los nueve solicitados y, como si no hubiera sido suficiente, clasificó como información confidencial los reportes y los productos entregables. Ante esta situación, el Inai le ordenó al Conahcyt que realizara una nueva búsqueda, exhaustiva, de reportes técnicos finales y proporcionara las versiones públicas de los mismos. El tema es relevante porque incluye los incentivos fiscales para los dos primeros años de esta administración y recuérdese que la distribución de estímulos fiscales ha sido otro de los cuestionamientos reiterados a administraciones anteriores.

 

Otro caso: Diego Micher hizo una solicitud al Conahcyt para que le proporcionara pruebas sobre las afirmaciones realizadas por la doctora Álvarez Buylla acerca de una presunta red de intereses creados por el Cide en la administración anterior, pero el organismo se negó. El Inai instruyó al Conahcyt para que responda y la información que se derive puede llevar a esclarecer de una vez por todas si el Cide incurrió o no en prácticas indebidas.

 

Las afirmaciones de la doctora Álvarez, como el mismo Micher lo explicó en “X”, antes Twitter (18.09.2023: t.ly/a0HGc), fueron pronunciadas en una conferencia de prensa del presidente López Obrador el pasado mes de mayo. Ahí, como parte de su exposición, ella proyectó en pantalla una lámina con el título “Redes de intereses creados”, la cual tenía colocado en el centro el logotipo del Cide y líneas que lo conectaban con diferentes nombres e instituciones.

 

La doctora Álvarez, frente a la lámina, afirmó en referencia al Cide: “Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos” (03.05.2023: t.ly/VrfoT).

 

Ahora, el Inai ha resuelto que el Conahcyt debe entregar el expediente con la información correspondiente y si no es el caso, dijo Micher, el Inai “procederá con medidas de apremio y sanción en su contra”.

 

Si las entidades de la administración pública cumplieran con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, no habria necesidad de recurrir a otros mecanismos para ejercer el derecho a la información. En las circunstancias presentes, sin embargo, se abren pequeñas ventanas, como claraboyas, para asomarse al desempeño administrativo y a datos elementales. Tal parece que el Inai resultará cada vez más necesario para ejercer el derecho a la información.

 

Pie de página: El hilo se rompe por la parte paraestatal: Un comunicado del Cinvestav, pero publicado en la página del Conachcyt, dice que ese Centro acordó “con el Conahcyt hacerse cargo de 20 por ciento de las becas otorgadas, a fin de garantizar que la totalidad de los estudiantes aceptados en alguno de los posgrados del Centro, incluido el colocado en la Categoría 3, cuente con ese apoyo” (11.09.2023: t.ly/c_9DP). Anotado. // El Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se manifestó en la reunión de la ANUIES y la inconformidad no amaina (12.09.2023). Pendientes.

Conacyt: retorno de comités para una contraloría social

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 972. Noviembre 10,  2022. Pág. 4)

 

El gobierno actual ha dejado en claro que no le gustan y no quiere a los órganos intermedios, esos que se interponen entre él y los ciudadanos en la tarea de gobernar, todavía menos si tienen o tenían una cierta autonomía.

 

La entrega directa de beneficios a los gobernados, una interlocución sin mediaciones con los ciudadanos y ningún otro agente en el proceso de toma de decisiones, han marcado las líneas generales de la actuación gubernamental en el periodo. La eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también la del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, a pesar de que ambos tenían actividades muy especializadas, exhiben las preferencias.

 

Las cosas no han sido distintas en el terreno de la actividad científica y tecnológica. Y no solamente es la eliminación del Foro Consultivo, ese controvertido organismo diseñado para que diferentes actores participaran en la política sectorial, porque la misma suerte corrió la Conferencia Nacional, esa instancia de coordinación entre titulares del ramo en las entidades federativas y el Conacyt. O bien, los fondos sectoriales y mixtos o las múltiples redes, asociaciones y comités que operaban distintos programas.

 

Pero si la actuación gubernamental está animada vigorosamente por una fuerza centrípeta, ¿por qué la autoridad, en el ámbito científico y tecnológico, ahora trata de colocar una válvula de escape que le reste fuerza de atracción? Veamos.

 

Desde hace dos semanas el Conacyt convocó a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) --aunque no a todos-- y a los becarios de posgrado a integrarse a unos Comités de Contraloría Social (CCS). El plazo para registrar los datos en línea venció este 4 de noviembre.

 

En el caso del SNI se integrarán cuatro CCS: uno para candidatos a investigador; otro para los investigadores nivel I; otro para los niveles II; y uno más para los niveles III y eméritos. La participación es voluntaria, aunque todavía no se sabe cuántas personas se registraron de los casi 36 mil miembros del SNI y menos cómo serán seleccionadas las 40 personas que integrarán los comités (10 por cada uno).

 

Lo único que se ha dicho es que los comités tendrán una integración equitativa de hombres y mujeres, habrá representación de todas las regiones y la participación de la Ciudad de México estará limitada a una persona.

 

Las funciones que desempeñarán los comités sí están previstas y se refieren a las indicadas por la Secretaría de la Función Pública, mismas que están descritas en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales” (DOF. 28.10.2016). La responsabilidad más relevante es la de vigilar la operación del programa, tanto en lo referente al ejercicio de los recursos y cumplimiento de normas por parte de los beneficiarios como a la entrega de apoyos y registro de quejas.

 

Sin embargo, cabe aclarar, la iniciativa de una contraloría social no es reciente y tampoco es de este periodo. De hecho, en México, el germen quedó sembrado en los comités (presidente, secretario y tres vocales) que se pusieron en marcha al comienzo de los años noventa en el macro Programa de Solidaridad del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los vocales de aquellos comités tenían la responsabilidad de controlar y vigilar la operación del programa, en especial la transparencia y el uso adecuado de los recursos.

 

A nivel de la administración pública, la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), antes se denominó Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en aquellos años noventa y antes, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se llamaba Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Fiscalizaban normas y el ejercicio de los recursos.

 

Los lineamientos de contraloría social a los programas federales tampoco son de este periodo, el establecimiento de la primera regulación fue en el 2008 –en el periodo de Felipe Calderón-- y la actualización más reciente a la norma fue realizada en el 2016, en la administración de Peña Nieto.

 

O sea, la regulación de una contraloría social está prevista en las leyes desde hace tiempo, la Secretaría de la Función Pública ha promovido la instauración de comités y Órganos Internos de Control a nivel estatal y federal, están en operación múltiples instancias y, sin embargo, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos sigue siendo opaca porque ha escapado al escrutinio de beneficiarios y ciudadanos.

 

Los comités podrán retornar, pero si la contraloría social no tiene dientes para inhibir los actos indebidos o para ejercer un verdadero control sobre los recursos públicos, no es una válvula ni una ventana a la actuación de la administración gubernamental. Además, si la instauración de los CCS en el sector sigue la norma, deberían estar todos los programas sujetos a reglas de operación, como el de fortalecimiento sectorial de capacidades científicas y el de fomento regional, no solamente los controvertidos.

 

Pie de página: La agenda está larga: vienen los recursos de revisión en el SNI y la definición sobre la entrega de incentivos; los senadores tienen en sus curules la iniciativa sobre multas a los partidos políticos; y los diputados discuten el presupuesto para el año próximo.

Conacyt: ¿Paridad, transparencia… y la nueva ley general?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 966. Septiembre 29, 2022. Pág. 4)

 

Las modificaciones a la Ley Orgánica del Conacyt en materia de transparencia y paridad de género aprobadas por los diputados son relevantes, aunque una de ellas no fue aprobada por consenso y tampoco es la que originalmente se proponía. Todavía falta que los senadores las ratifiquen y, si fuera el caso, sus efectos prácticos no serán inmediatos, pero sí harán una diferencia.

 

El organismo es la cabeza del sector, pero él y su ley orgánica deben supeditarse a lo que establezca la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta última, a su vez, sigue a la espera de ser sustituida por una ley general y cuyo plazo de aprobación venció en diciembre del 2020.

 

Un principio elemental de jerarquía normativa diría que primero debe ser acordada la ley general y después adecuar los diversos ordenamientos dependientes, como es el caso de las recientes modificaciones a la ley orgánica. Sin embargo, ante las disputas políticas y el evidente retraso de dos años de la nueva ley, algunas modificaciones se han impulsado sí o sí. Unas a contracorriente de la jerarquía legal, como los cambios en los órganos de gobierno del sector y las reformas al reglamento del SNI; otras siguiendo el proceso en el Congreso

 

Las dos modificaciones aprobadas son acuerdos de los diputados y seguramente no habría dificultad en recuperarlas en una nueva ley general. La primera fue añadir, en el artículo 5, un párrafo para precisar obligaciones de su máximo órgano de gobierno: “El sentido de las votaciones de las sesiones de la Junta de Gobierno, así como las actas de las sesiones serán publicadas en el sitio de Internet del Conacyt, en los términos que para ello establezca la ley de la materia” (versión estenográfica 22.09.2022).

 

La publicación de las actas de la Junta es una buena medida. No obstante, lo aprobado no fue por consenso y no era la propuesta original. La diputada Ana María Balderas Trejo del Partido Acción Nacional la presentó en comisiones y planteaba modificar la composición de la junta, también los requisitos para ocupar la dirección general del Conacyt y un periodo de cinco días para dar a conocer las actas de la Junta de Gobierno. El dictamen de la comisión de ciencia la rechazó y la modificó en los términos ya referidos.

 

Además, ya en el pleno, por la argumentación de la autora de la iniciativa, la diputada Lidia Pérez Barcenas de Morena replicó: “yo creo que es lamentable que la iniciativa que se acaba de poner a discusión y la propia proponente, no haya cuidado un dictamen que estaba en consenso y haya utilizado la tribuna para criticar y golpear la política del gobierno federal. Por eso, nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa, aun a pesar que habíamos estado en consenso” (versión estenográfica 22.09.2022).

 

Así fue, la aprobación tuvo 299 votos a favor, 173 en contra y cuatro abstenciones (tres del Partido del Trabajo y una de un legislador de Morena). La negociación no se sostuvo, la disputa afloró y esas disputas tal vez expliquen por qué sigue sin acordarse los términos de una nueva ley general.

 

Por el contrario, la propuesta de añadir una fracción IV al artículo 13 de la misma ley orgánica, presentada por la diputada Gabriela Sodi Miranda del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fue aprobada por consenso: 467 a favor, tres abstenciones (de legisladoras de Acción Nacional) y ninguno en contra.

 

El actual artículo 13 precisa las condiciones a cumplir para la distribución de recursos del Conacyt sobre programas, proyectos, estudios, investigaciones, becas y cualquier otro apoyo económico. Las primeras tres fracciones se refieren a su correcta aplicación, la celebración de convenios y los derechos de propiedad intelectual, respectivamente. La propuesta fue añadir una cuarta condición que dice: "La distribución de estos apoyos deberá ajustarse al principio de paridad entre géneros, favoreciendo las condiciones para la participación equitativa de las mujeres en la ciencia".

 

Un avance importante en materia de paridad de género que está en la misma línea de lo que ya señala el artículo 4° constitucional y la normatividad del sector. Por ejemplo, la propia Ley Orgánica del Conacyt ya incluye que su Junta de Gobierno se “conformará garantizando el principio de paridad de género por trece integrantes”. O bien, el artículo 2 de la ley de ciencia vigente, el que se refiere a las bases para una política de Estado, en su fracción VIII precisa que una de ellas debe promover “la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal”.

 

Seguramente no será sencillo alcanzar un principio paritario de género en todos los apoyos del Conacyt, en especial cuando exista un marcado desequilibrio en las solicitudes, por lo que tal vez, primero, deba allanarse el camino de las solicitudes de unas y otros para que se expresen sin obstáculos. Debe tenerse presente que no significa un mayor volumen de recursos, porque el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara ha valorado que lo aprobado no tiene un impacto presupuestario porque no requiere recursos adicionales.

 

En fin, seguimos con ligeros avances en normas subsidiarias, esperemos la ratificación del Senado y tal vez una complicada negociación en la próxima discusión de la ley general.

 

Pie de página: Ya salieron los resultados de los proyectos beneficiados con estímulos fiscales de este año: una docena de proyectos y apenas suman 380 millones de pesos.