La ilusión del compromiso número siete: Universidades para el Bienestar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1023. Noviembre 30, 2023. Pág. 14)

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, el día que asumió el cargo, enlistó 100 compromisos. El número siete planteaba: “En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior”.

 

La pregunta en aquel entonces era: ¿un año para poner en marcha un centenar de universidades con carreras pertinentes y además con educación de calidad? La experiencia mostraba que la materialización de los proyectos universitarios, los verdaderos y consolidados, casi en cualquier tiempo y lugar, avanzan muy gradualmente. Ahí está el ejemplo de la ahora Universidad Autónoma de la Ciudad de México que apenas en este mes, luego de dos décadas de maduración, forma parte de las instituciones reconocidas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Anuies.

 

El caso es que el ejecutivo federal, desde el 1 de diciembre del año 2020, dio como resuelto el compromiso número siete. Aunque las evidencias del programa estaban sostenidas solamente con palabras, desde entonces quedó registrado: “Desde el año pasado, las 100 universidades operan en sedes provisionales en todas las entidades del país y, actualmente, están en construcción las sedes definitivas. En estas universidades ya se imparten 36 carreras profesionales con una matrícula de 15,105 estudiantes” (Aquí lo puede leer: t.ly/8I0ZN).

 

Así que lo relevante para saldar el compromiso fue el número de establecimientos, lo demás era lo de menos. Total, luego se verían las condiciones laborales de los profesores, los sitios donde podrían ubicarse las aulas, los 15 mil o 64 mil alumnos, la matrícula por plantel o la calidad educativa, asuntos que hoy siguen a la espera de ser resueltos. También se abandonó la tentación de llamar universidad a cada plantel del programa, se impuso el principio de realidad de las instalaciones donde se albergan, ahora ya son reconocidas como sedes, pero conserva el plural de Universidades del Bienestar.

 

Actualmente, cinco años después de anunciado el compromiso de las 100 universidades, en el informe de gobierno de este año, en el apartado correspondiente al servicio educativo, se dice que el programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG) ya tiene casi dos centenares de sedes y más de 62 mil alumnos. También dice que, al cierre del primer semestre de este año, se entregaron casi 2 mil 500 certificados y se titularon 663 alumnos (págs. 252 y 253).

 

Los números fríos de 197 sedes y 62 mil 775 estudiantes suman más establecimientos de los previstos, pero menos alumnos de los que se calculaban. Sin embargo, no dicen mucho sobre el programa, sobre todo si se toma en cuenta que es una iniciativa que corre por cuenta propia. No hay una explicación, al menos no es pública, pero las UBBJG van en su propio carril, no forman parte de los lineamientos programáticos ni de la estructura administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior.

 

El organismo coordinador de la UBBJG adquirió personalidad jurídica al emitirse el decreto correspondiente en el 2019 y ahí especificó que sería un organismo descentralizado y agrupado a la SEP. También se reiteró que impartiría educación superior de calidad y las sedes se instaurarían “con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país” (Artículo 1, DOF. 30.07.2019).

 

A la vista de las desigualdades en el país y las escasas oportunidades educativas para los jóvenes situados en las posiciones más bajas de la escala social, la posibilidad de mayores y mejores opciones para ingresar a los estudios superiores es necesaria e impostergable. No obstante, la ventana abierta de las nuevas universidades es más bien el espejo que nos regresa la imagen de la desigualdad y la segmentación educativa.

 

Todo es difícil de precisar y conocer sobre el programa de la UBBJG. Trozos de realidad se asoman en testimonios de profesores que se quejan de las condiciones de trabajo, alumnos que estudian lo que no querían y solamente tienen un maestro para todas las materias; sedes educativas improvisadas que no tienen la infraestructura mínima, programas de estudio que apenas consiguen un reconocimiento oficial o certificados y títulos que no llegan. No obstante, el decreto de creación dice que se impartirán estudios superiores de calidad.

 

Un estudio de González, Mejía y González-Callejas del 2022 sobre la distribución de los estudiantes en las nuevas universidades ha documentado que, hacia finales del año 2021, había sedes que tenían 27 estudiantes (Tlahualilo, Durango) y otras con 2 mil 54 (Juan R. Escudero, Guerrero) con una media de 259 (Aquí lo puede consultar: t.ly/7mM8a).

 

De acuerdo con el mismo estudio, el plantel Iztacalco en la Ciudad de México registraba un docente para 352 estudiantes y la sede de Santiago Sochiapan, Veracruz, donde había 170 estudiantes y ningún docente registrado. De hecho, el pasado 17 de noviembre, la organización denominada, “Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales de las UBBJG” sostuvo en conferencia de prensa las razones de su litigio con la autoridad y entre ellas estaban los despidos injustificados, violaciones a sus derechos laborales y salarios que nunca llegaron (Aquí la puede escuchar: t.ly/8_sCp)

 

El problema principal con las UBBJG es que solamente aparece esa narrativa épica de que se cumplió con el compromiso de 100 universidades y atiende a los excluidos de la educación superior, poco importa si ya son más sedes, cómo se distribuyen los alumnos, qué garantía tienen sus estudios o en qué condiciones operan los planteles. Por cierto, apenas en este 2023 el presupuesto del programa se incrementó a 1 mil 476 milllones de pesos, los cuatro años anteriores su presupuesto fue de 1 mil millones de pesos; para el año próximo sus recursos ascenderán a 1 mil 548 millones de pesos.

 

En fin, si las opciones de estudios superiores para los sectores más desfavorecidos no son oportunidades verdaderas, la segmentación del sistema educativo con calidades distintas se hará más profunda, la ilusión de bienestar y las aspiraciones educativas de los jóvenes se diferirán para una nueva promesa. El círculo de la reproducción de la desigualdad quedará cerrado.

 

Pie de página: Estamos de aniversario: ¡Campus Milenio cumple un año más! Lectoras lectores, gracias a ustedes.

Becas: la ilusión de 129 mil apoyos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 975. Diciembre 1, 2022)

 

El volumen de becas es uno de los avances que más destaca la actual administración y no fue la excepción en el reciente mensaje del presidente López Obrador este 27 de noviembre. A los pocos minutos de iniciar su discurso, en la lista del centenar de acciones que ha puesto en marcha su gobierno, el presidente soltó una breve frase de logro en el campo científico y tecnológico: “El Conacyt otorga 128 mil 950 becas a estudiantes de posgrado y a investigadores” (versión estenográfica 27.11.2022).

 

La cifra suena rotunda, pero ¿es correcta? Veamos. No es la primera vez que el ejecutivo federal habla de más 100 mil becas en el sector. Hace un año, el primero de septiembre del 2021, en su mensaje con motivo de su 3er informe de gobierno, señaló: “hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816”.

 

O sea que, desde hace un año, la cifra de apoyos rondaba las 126 mil becas. Lo sorprendente es que la cifra no coincidía con lo que reportaban los mismos anexos estadísticos de aquel informe de gobierno. Ahí se enlistaron 51 mil 637 becas de posgrado y 35 mil 178 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Si sumamos ambos apoyos la cantidad es de 86 mil 815 becas (pág.638 y ss). Es decir, 39 mil apoyos menos a los que anunció el presidente López Obrador.

 

Ahora, un año después, en números redondos, no solamente reitera el avance, reporta un aumento y dice que ya son 129 mil becas para posgrado e investigadores. En total, un incremento de tres mil becas, respecto del año pasado. ¿Y qué cifras reporta el 4to Informe de Gobierno? Otra vez las cantidades no coinciden.

 

Según los datos presentados en el más reciente informe, el total de becas de posgrado suman 51 mil 56 becas y el total de miembros del SNI son 36 mil 624. En total, serían 87 mil 680 apoyos. O sea, 41 mil becas menos de las que dijo el presidente López Obrador en su mensaje este 27 de noviembre.

 

¿Podría ser que la autoridad incluyera otro tipo de becas en su recuento de logros y por eso el volumen es tan alto? Quizás, pero las cifras tampoco coinciden del todo. Las becas se clasifican en: nuevas, vigentes y administradas. Las primeras, como su nombre lo indica, son las que se otorgan mediante convenio e inician en el periodo reportado y las segundas, con independencia de cuando iniciaron, siguen activas al momento de que se reportan en el periodo. En cambio, las administradas, es suficiente que se haya otorgado un apoyo por única vez en el periodo y contará como beca.

 

El mismo 4to Informe de Gobierno, en el apartado escrito, otra vez reporta información un tanto diferente de la que aparece en sus anexos. Esto es, dice que se administraron 64 mil 26 becas (pág. 470). De ese total, dice la misma fuente, 56 mil 43 son becas nacionales; 2 mil 390 becas al extranjero; 3 mil 740 becas de inclusión; 1 mil 853 son becas de consolidación.

 

Vale la pena reiterar que las cifras de becas del párrafo previo son del 4to informe y son superiores a las que se anotan en sus mismos anexos estadísticos. En cambio, los datos de miembros del SNI sí corresponden con las que están en los anexos: 36 mil 624. Si sumamos estos últimos y las 64 mil 26 becas tenemos un total de 100 mil 650. O sea, alrededor de 28 mil becas menos de las dijo el presidente en su mensaje.

 

Además, con los propios datos de los anexos estadísticos, consideremos como punto de comparación los datos del 2018 y los del 2022. Al inicio del periodo había 28 mil 633 miembros del SNI y 55 mil 962 becas, de estas últimas 52 mil 649 fueron becas nacionales y 3 mil 313 para el extranjero. Para este año se reportaron 36 mil 624 investigadores en el SNI y 51 mil 56 becas (49 mil 406 nacionales y 1 mil 650 para el extranjero).

 

Es decir, en el periodo el SNI añadió casi 8 mil nuevos miembros, alrededor de dos mil por año, mayor al promedio que había mostrado en periodos anteriores; mientras que se entregaron casi 5 mil becas de posgrado menos. La reducción de becas fue de casi la mitad para el extranjero y de 3 mil becas nacionales menos.

 

En fin, es evidente que el SNI sí experimentó un crecimiento significativo en este periodo, pero también que las múltiples modificaciones al reglamento del programa, registradas en muy poco tiempo, como en este Acelerador de Partículas lo hemos documentado, estarían dirigidas a ponerle un freno a esa expansión. También es claro que para estudios de posgrado hoy existen menos becas de las que había al inicio de la gestión.

 

Entonces, la desagregación de datos permite ponderar el logro de que, en este periodo, Conacyt otorga 128 mil 950 becas a estudiantes de posgrado e investigadores. La cifra no cuadra con las estadísticas y expresa una ilusión que se desvanece en los datos del mismo gobierno.

 

Pie de página: Lo paradójico es que el presidente, casi al término de su discurso, añadió que se había liberado al Conacyt de empresas extranjeras… “ahora, el Conacyt orienta sus recursos a otorgar becas y a investigar lo que el país necesita en materia de salud y de bienestar”.

Ciencia y Tecnología: ¿celebración de realizaciones y pendientes?

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 974. Noviembre 24, 2022. Pág. 9)

 

Campus celebra un aniversario más y coincide con el final de los primeros dos tercios de la presente administración. A pesar de que todavía falta el tramo final, las mismas autoridades han hecho notar que lo realizado hasta ahora ya constituye una transformación y logros sin precedente. Vale la pena destacar un par de iniciativas sobresalientes en el sector de ciencia y tecnología y también algunos pendientes.

 

La transformación, lo ha reiterado la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, casi desde que tomó posesión del cargo en diciembre del 2018, fue detener las transferencias millonarias hacia empresas privadas. Según su apreciación, esas transferencias, muchas de ellas directas y para transnacionales, impedían el desarrollo científico y tecnológico. Lo predominante en administraciones anteriores, ha dicho, era una ciencia neoliberal y una tendencia favorecedora a la privatización de los posgrados. Ahora ya no.

 

¿Por qué no? Uno de los cambios, lo repite una y otra vez la titular del Conacyt, fue la eliminación de los 91 fideicomisos que operaban en el sector, unos desde el periodo del expresidente Vicente Fox y los más en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, en el sector estaba la mayor cantidad de esos instrumentos, aunque ni de lejos concentraban el volumen más grande de recursos.

 

El monto recuperado de los fideicomisos, dijo Álvarez Buylla en una reciente conferencia de prensa con el presidente, fue de más de 14 mil millones de pesos y añadió que también se encontró con una gran cantidad convenios insolventes que sumaban más siete mil millones de pesos. “Y en total, entonces, el retorno a la Tesofe fue de casi 22 mil millones de pesos” (versión estenográfica 09.08.2022). Así que ahora, completó la titular, hay mayor ahorro, eficiencia y resultados de innovación. 

 

La extinción de los fideicomisos, sin embargo, no fue una decisión del sector, fue una política el gobierno federal que eliminó esos instrumentos de toda la administración pública, excepto algunos para Salud, Energía y la Secretaría de la Defensa. Aunque a la fecha no se ha presentado el informe público que mostraría la corrupción y el manejo opaco de los fideicomisos, a pesar de que el presidente López Obrador prometió que esa información estaría a los tres meses, o sea, en enero del año 2021. Ni entonces ni ahora.

 

En cambio, la eliminación de los fideicomisos provocó dificultades y parálisis en el sector, especialmente en los Centros Públicos de Investigación, porque la administración y operación de esas instituciones, y de múltiples proyectos en marcha, dependían de esos instrumentos. 

 

El ahorro de recursos ha sido notorio, los lineamientos de austeridad se aplicaron sí o sí a las instituciones y también está el registro del presupuesto anual para el sector. En términos nominales, apenas este año y el próximo, el Conacyt recibió una cantidad superior a la asignada al inicio del periodo: en 2018 recibió poco más de 27 mil millones de pesos y este año tuvo 29.5 mil millones de pesos y para el próximo tendrá 31.6 mil millones de pesos. Un incremento de poco más de 4 mil millones de pesos que, como se podrá entender, no compensa la inflación acumulada.

 

Sobre la privatización del posgrado. Álvarez Buylla ha dicho que al inicio del actual periodo encontraron que 64 por ciento de la matrícula de posgrado estaba privatizada y 36 por ciento no. O sea, la mayoría de alumnos de ese nivel estaban inscritos en instituciones particulares. ¿Qué hizo el Conacyt? Eliminó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), un programa que otorgaba becas solamente a los alumnos matriculados en instituciones pertenecientes a ese padrón, fueran públicas o privadas.

 

¿Cómo estaban los números del PNPC? De los más de 11 mil programas de posgrado a nivel nacional, poco más del 20 por ciento pertenecían a ese padrón y, de este último porcentaje, el 75 por ciento estaban orientados a la investigación y el 90 por ciento correspondían a instituciones públicas. Sin embargo, la autoridad dejó en claro que entregará las becas de posgrado directamente y, según sus cálculos, habrá para todos los alumnos matriculados en instituciones públicas. 

 

No obstante, las cifras del 4to informe de este gobierno, de septiembre de este año, muestran que al inicio del sexenio se entregaban 52 mil 649 becas de posgrado nacionales y la estimación para este año es de 49 mil 406. O sea, casi tres mil becas menos. Las becas de posgrado al extranjero, para el mismo periodo, pasaron de 3 mil 313 a 1 mil 650 (pág. 638). Estas últimas se redujeron a la mitad. 

 

Tal vez al cierre del año las cifras de becas mejoren, pero tampoco serán sobresalientes. El único programa que se ha expandido a tasas crecientes es el Sistema Nacional de Investigadores (SIN): en el 2018 tenía 28 mil 633 integrantes y la estimación para este año es de 36 mil 624. Es decir, se han agregado casi ocho mil nuevos miembros en los últimos cuatro años; casi dos mil por año. 

 

Un crecimiento importante del SNI pero no todo es miel sobre hojuelas. Como también se sabe, la presión financiera ha sido mucha, así que cambió su reglamento para retrasar el ascenso en el programa de los jóvenes investigadores y concentrarse en IES públicas. Ahora, en la convocatoria más reciente, está por resolverse si todos los que recibieron el nombramiento de investigador, también recibirán el incentivo económico correspondiente.

 

En fin, en este panorama, quedan al menos tres pendientes insoslayables. Uno de los más sobresalientes es la expedición de la ley general para el sector que debió hacerse desde diciembre del 2020. No menos importante es una asignación presupuestal creciente, los recursos han sumamente limitados y ahora estamos más lejos de cumplir con un piso básico de 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología (pasamos del 0.45 al 0.33). Y, finalmente, la descentralización de la actividad, porque al eliminarse los fondos mixtos y la operación de la instancia de encuentro entre el Conacyt y las autoridades de las entidades federativas, el fomento del sector en los estados ya no se ve como un objetivo. 

 

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