Consejo Quintanarroense: presupuesto y Seguridad Ciudadana

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1034. Febrero 29, 2024. Pág. 4)

 

Quintana Roo es la primera entidad en armonizar su ley de ciencia a lo que ahora dispone la ley general en la materia. Una armonización relativa en finalidades, organización, financiamiento e incluso en la integración de fuerzas de seguridad en su órgano de gobierno. Lo notable es que ese marco de referencia, la ley general, como lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia aún no resuelve el caso.

 

El jueves 21 de febrero de la semana pasada, en la sesión del Congreso de Quintana Roo, la diputada secretaria, Mildred Concepción Ávila, dio lectura al dictamen de proyecto de ley para expedir de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de la entidad (Versión estenográfica 21.02.2024). La iniciativa había sido enviada 15 días antes por la gobernadora María Elena Lezama Espinosa.

 

Seguramente es una estrategia política y deriva de una interpretación jurídica, los diputados y los abogados ya dirán lo que corresponde. Por lo pronto, los diputados de Quintana Roo, sin observación ninguna, con una votación de 23 a favor y cero en contra, aprobaron la citada ley.

 

Vale la pena recordar que la ley general de ciencia, la que debe orientar a las leyes estatales, entró en vigor el 8 de mayo del año pasado. Pero es un marco normativo impugnado e inestable. Al menos por ahora, no parece sensato tomarlo como marco de referencia.

 

Sin embargo, las entidades federativas tampoco pueden soslayar fácilmente lo que se indica en esa ley. El artículo ocho transitorio de la ley general dice que los estados tienen un año para armonizar las disposiciones legales y su respectiva ley de ciencia. El plazo comenzó a correr en mayo del 2023. O sea, su vencimiento ya está próximo.

 

No solamente es el factor tiempo, tal vez más importante es el contenido de la ley misma. Si la ley general de ciencia estableció lineamientos específicos sobre las finalidades del sector, un esquema de financiamiento o forma de integración de los órganos de gobierno de su Consejo, las entidades federativas deben seguir la misma pauta. La relevancia que tiene no es menor.

 

Por ejemplo, las disposiciones generales de la ley general de ciencia sobre fomento y financiamiento dicen que el Estado “proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión” (artículo 29). Además, en el presupuesto de egresos, indica que el monto anual que se le destine al rubro no será “inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables” (artículo 30).

 

La ley de ciencia de Quintana Roo, en referencia a esas disposiciones, dice casi exactamente lo mismo sobre la provisión de recursos y estímulos suficientes (artículo 18). Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto al monto previsto en el presupuesto. Ahí solamente señala que la cantidad se “sujetará a las disposiciones, directrices y requisitos que en la materia disponga la Secretaría de Finanzas y Planeación (Artículo 19). Es decir, la armonización respecto a la ley general es relativa, porque nada garantiza que el presupuesto sea estable o creciente.

 

Algo parecido ocurre con la composición de la Junta de Gobierno, tanto del Conahcyt como del Consejo Quintanarroense de Ciencia. La Junta, en ambos casos, es presidida por la persona titular de los organismos respectivos e integrada por funcionarios de primer nivel. En el Consejo Nacional, suman más de una veintena de personas, entre ellas una docena de secretarios de Estado, incluyendo el de Marina y de Defensa Nacional (artículos 68 y 69). En su momento, quedó registrada la polémica y el desacuerdo sobre la inclusión de fuerzas de seguridad en ese órgano de gobierno, pero así quedó en la ley general.

 

La norma de la entidad federativa recuperó el mismo sentido de inclusión: estableció que la Junta de Gobierno del Consejo Quintanarroense se integre por 17 personas, nueve personas titulares de secretarías y entre ellos está el de Seguridad Ciudadana. Tal vez la incorporación de esta última Secretaría se debe a que no existe un equivalente estatal de Marina y Defensa. Aunque no hubo una explicación de esa inclusión en la iniciativa de ley y nada se dijo en la sesión de Congreso. De hecho, sobre ese punto ningún legislador intervino; ni a favor ni en contra.

 

En fin, la ley estatal está aprobada por su Congreso, pero a la fecha todavía no se publica en el Diario Oficial de Quintana Roo. En estas circunstancias, antes de que avance más la armonización de las leyes estatales, conviene destacar la necesidad de que la corte resuelva lo conducente sobre las acciones de inconstitucionalidad de la ley general de ciencia. Y, como se podrá advertir, el marco de referencia para el conjunto de leyes estatales no es nada menor. 

 

Pie de página: La Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos planea, para el próximo mes de mayo, sugerir un cambio en uno de sus criterios para otorgar subvenciones a proyectos de investigación. Tal vez adopte como un criterio el de “beneficios sociales”. Atentos.

La ley general de ciencia, con clavos y alfileres

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1000. Junio 8, 2023, pág. 4)

 

Si hay un nuevo marco normativo y ahí dice que los nombres son otros, resulta razonable actuar en consecuencia y operar con las denominaciones que correspondan. El problema es cuando ese marco es cuestionado e inestable. A pesar de que ya está en vigor, legisladores y ciudadanos están por impugnar su validez y legalidad.

 

La modificación de los nombres no es nada irrelevante y es tan sencillo de entender como cuando a uno el cambian el nombre o se refieren a algo o alguien de forma equivocada. En el actual periodo de gobierno se han instaurado nuevas formas de referencia y construido una narrativa. Ahí está la reiterada “4T” o la palabra “bienestar” utilizadas machaconamente por los funcionarios públicos en sus discursos y en toda acción realizada.

 

Algunos ciudadanos están convencidos de la exactitud de esas palabras, otros no ocultan la ironía de los términos y tal vez a los más les tiene sin cuidado. El paso del tiempo mostrará si la narrativa se sostiene y si se corresponde o no con los hechos. No será la primera vez que un gobierno quiere ser identificado por sus acciones, como en los años ochenta aquel que quería la renovación moral, el de los noventa con su modernización, solidaridad y su liberalismo social, el de los 2000 con el cambio inexorable o el anterior que quería mover a México. Al final, solo quedó el eco de las palabras.

 

Ahora, en el sector, antes de que el nuevo marco normativo fuera aprobado, la autoridad ya se refería al organismo rector de la política científica como el Conacyt de la 4T, también cambió el nombre de algunos programas, como el de las Cátedras Conacyt o el Padrón Nacional de Posgrados o más recientemente el SNI.

 

Al día siguiente de publicada la nueva ley general de ciencia, comenzó el cambio de nombre del organismo rector de la política científica en sus cuentas de redes sociales, luego en el dominio asignado en internet y más recientemente en el arco de la puerta principal de su edificio de Insurgentes sur. Ahora luce su nueva denominación: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; logotipo y siglas incluidas (Conahcyt).

 

Sin embargo, el nuevo marco normativo del sector no solamente incluye cambios nominales, también prevé nuevas instancias, estructuras y formas de regulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que el asunto ya no parece tan sencillo y tampoco se pueden soslayar las consecuencias en una eventual impugnación de su legalidad.

 

Por ejemplo, en la nueva ley general está prevista la instauración de una Junta de Gobierno como máxima autoridad de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología --no solamente del Conahcyt— y como tal tiene casi una veintena de atribuciones, entre ellas la de regular el SNI, la integración del Sistema Nacional de Posgrados, normar el programa de becas y decidir qué temas son respaldados y quiénes pueden recibir becas nacionales o al extranjero.

 

A la Junta también le corresponde la distribución del presupuesto anual del Conahcyt, los criterios de racionalización del gasto administrativo, la aprobación de las políticas y el programa sectorial y reconocer o desincorporar a los Centros Públicos de Investigación, entre otras responsabilidades.

 

La nueva Junta de Gobierno ya debe estar instalada, porque la directora del Conahcyt, Elena Álvarez Buylla dijo que este miércoles 7 de junio les presentaría los nuevos reglamentos que “los teníamos ya muy trabajados, porque no es que ahora estemos iniciando la transformación del Consejo” (La Jornada 05.06.2023).

 

Así que el órgano establecerá ordenamientos secundarios y cursos de acción con efectos diferidos para todo el sistema. Sin embargo, desde el mes pasado, organizaciones como Ciencia Plural MX, Uniendo Caminos México y otras agrupaciones científicas han interpuesto amparos en contra del decreto de la nueva ley general de ciencia. De hecho, al final de la semana pasada informaron que ya se había admitido un primer amparo en Ensenada, Baja California.

 

A su vez, legisladores de oposición informaron que el pasado 2 de junio presentaron las primeras acciones de inconstitucionalidad, las cuales incluyen a seis de las 19 reformas aprobadas el mes pasado y este 7 de junio presentarían otro bloque en el que se incluye la  ley general de ciencia (El Universal 02.06.2023). El grupo plural de cuatro senadores notificó en su cuenta oficial de Twitter que también se sumaría a la misma acción.

 

En fin, como se podrá advertir, la nueva ley exhibe una fragilidad legal que podría equipararse a estar sostenida con alfileres y, al mismo tiempo, fija atribuciones que serán difíciles de revertir.

 

¿Qué prevalecerá al final? El conflicto se dirimirá en la Suprema Corte de Justicia y por los elementos de prueba que se han mostrado es probable que la nueva ley sea invalidada. Sin embargo, eso tal vez solo retrasará la vigencia de la nueva ley porque el proceso en algún punto se repondrá y los números ahí están.

 

Pie de página: Estamos de manteles largos: Campus llega hoy a sus primeros mil números ininterrumpidos y vamos por más.

Ley de ciencia: tiempo, forma y números en el Congreso

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 995. Mayo 4, 2023)

 

La Ley General en Materia de Humanidades Ciencia, Tecnología e Innovación quedó aprobada el pasado fin de semana. Todavía no entra en vigor porque antes debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y también está en ciernes una posible impugnación a su proceso legislativo. Si se ratifica o se declara inválida será cuestión de tiempo; al final terminará aplicándose y será un punto de inflexión en la instauración de un marco normativo para el sector.

 

Porque, respecto de lo que hoy tenemos, como lo analizaremos en las siguientes entregas de este Acelerador de Partículas, no es un avance y ni siquiera una garantía para cumplir lo que ahora establece el artículo 3ro constitucional sobre el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, tampoco asegura un acceso completo a la información que se derive de la investigación e innovación y mucho menos los recursos financieros y estímulos suficientes para el sector.

 

Ahora, ante la posibilidad de una impugnación jurídica, vale la pena reparar en el papel del Congreso, dejemos para después el contenido de la ley. Y lo que resalta son los tiempos y formas de los legisladores. Porque el escenario menos probable fue el que ocurrió: una aprobación en tiempo récord de la nueva ley y en ambas cámaras. La rapidez hasta puede resultar un rasgo positivo de la actividad legislativa, frente a un acuerdo de contar con una ley imprescindible o ante la extendida imagen de diputados irresponsables, dispendiosos y ausentes.

 

Sin embargo, el perentorio cierre del periodo de sesiones el último día de abril fue la razón principal del apresuramiento. La cámara baja sorteó los trámites y no cumplió con los foros de parlamento abierto para le ley general. El lunes de la semana anterior, aquí mismo lo mencionamos, todavía restaban cinco foros, antes de emitir el dictamen correspondiente. Pero no hubo fechas para los encuentros ni seguridad sobre si se realizarían o no.

 

El martes 25 de abril, cuando las comisiones de Educación y de Ciencia fueron citadas, fue claro que no habría más foros de parlamento abierto y la aprobación era inminente. Así ocurrió. El pleno sesionó casi a la par de las comisiones y durante una larga jornada de trabajo que se prolongó hasta la madrugada, los diputados aprobaron, con prisas y dispensa de trámites, una veintena de reformas, entre ellas la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGMHCTI). 

 

El dato relevante fue la votación sobre la ley general de ciencia: 257 a favor, 209 en contra y dos abstenciones. Morena, el Verde Ecologista y Partido del Trabajo tuvieron y tienen los números para alcanzar la mayoría simple y aprobar cualquier ley secundaria. Los diputados del PAN, PRI, PRD y MC que asistieron a la sesión, todos votaron en contra, pero fueron insuficientes. El resultado puede gustar o no, pero así está la composición parlamentaria y la mayoría hizo valer sus votos. Lo que no estuvo nada bien fue incumplir con las sesiones de parlamento abierto y ese podría ser un elemento para impugnar la legalidad.

 

A la aprobación de los diputados le faltaba la ratificación de los senadores para completar la legalidad de la LGMHCTI. La cámara alta recibió el 26 de abril, a las pocas horas de que concluyó el proceso en la cámara baja, el proyecto de decreto de ley general de ciencia, y todo el paquete de reformas. Pero ahí las cosas fueron distintas.

 

Las imágenes e interpretaciones sobre los tiempos, formas, intercambios y coexistencia de poderes han sido abundantes en estos días. El hecho es que entre la noche del 28 de abril y parte de la madrugada del día siguiente, únicamente los senadores de Morena, Verde Ecologista y PT, en una sede alterna, sin discusión y sin la presencia del bloque opositor, ratificaron el paquete de reformas a razón de 10 a 15 minutos por cada una.

 

Morena y partidos aliados en el Senado, concentran los números para aprobar cualquier ley secundaria. Sin embargo, los procedimientos, quórum y desenvolvimiento de la sesión han sido ampliamente cuestionados. Las evidencias se han acumulado, tanto que el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, ha debido emitir un mensaje público para aclarar la situación.

 

La comunicación directa del senador Monreal, difundida este 2 de mayo, precisa que él, entre otros compromisos, cumplió con lo que le prometió al bloque opositor: intentó el nombramiento de un comisionado del Inai pero no lo respaldó la mayoría; no se dispensaron trámites a ninguna iniciativa; las reformas fueron enviadas a comisiones antes de pasar al pleno; y todos los legisladores sabían y estuvieron convocados a la sede alterna donde se desarrolló la sesión (@RicardoMonrealA).

 

Seguramente la disputa política entre los grupos parlamentarios aumentará y la polémica sobre la legalidad de la sesión llegará a los tribunales. Las pruebas en el caso de la ley general de ciencia muestran que la convocatoria en comisiones no observó el reglamento y el número de votos de aprobación son variables en las fuentes oficiales.

 

Como la ha indicado la reportera Leticia Robles de la Rosa del periódico Excélsior, la senadora Alejandra Lagunes, como secretaría de la Comisión de Ciencia, firmó la convocatoria para citar a la comisión, pero es inválida si ella estuvo ausente en la sesión (01.05.2023). Otro elemento de impugnación.

 

También existen dudas sobre el total de votos que tuvo la ley general de ciencia. El comunicado del Senado informó que fueron 58 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones (No. 1318). Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter del Senado que estuvo informando casi en tiempo real sobre el desarrollo de la sesión publicó: 48 a favor, 12 en contra y seis abstenciones (@senadomexicano). Juan Ortiz, un analista del parlamento también hizo el seguimiento de la sesión y precisó que fueron: 48 a favor, dos en contra y seis abstenciones; un total de 56 votos, lo que indicaba que no había quórum.

 

Habría mayor certeza sobre el desarrollo de la sesión si se hubiera realizado conforme las normas y si estuviera disponible la versión estenográfica, pero ni una ni otra. Lo sorprendente es que el grupo parlamentario de Morena tiene los números para ejercer sin problema su mayoría y, aun así, no respetó formas ni tiempos, mucho menos buscó el consenso o acuerdos mínimos para aprobar las reformas, simplemente impuso su voluntad. No fue la hora del Congreso.

Ley de ciencia: ¿la hora de los legisladores?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 994. Abril 27, 2023, pág. 4)

 

La intención de las autoridades del sector de aprobar la nueva ley general de ciencia creció conforme transcurrieron los días de este mes de abril. Todavía este lunes 24 de abril, cuando este texto fue escrito, no era un hecho la aprobación del proyecto, pero el rumor era que lo estaría el martes de esta semana y el Colectivo por la Ciencia se preparaba para una protesta pública en la Cámara de Diputados.

 

Lo anotamos aquí la semana pasada: los legisladores podrán aprobar o no un proyecto de ley, pero los desencuentros continuarán si no tiene un consenso mínimo de los directamente implicados. Si una ley no cuenta con el respaldo de la comunidad que quiere regular será impugnada a la menor provocación, o bien, revertida a la primera oportunidad. Lo peor es que, y también lo dijimos, podríamos desaprovechar la oportunidad de mejorar lo que tenemos y lo malo se puede ir junto con lo bueno.

 

Tal vez las autoridades confían de más en su mayoría en el Congreso para decidir qué se aprueba y qué no. Juzgarán que no es necesario convencer a nadie ni discutir y mucho menos negociar la nueva ley. O incluso desestiman las opiniones de miembros de la comunidad que se han manifestado de forma crítica sobre la organización y función del proyecto de ley gubernamental. Planteamientos que han insistido, una y otra vez, en construir sobre la base del marco normativo vigente, para corregir o eliminar lo que no funciona, instaurar un verdadero sistema y añadirle una perspectiva de futuro.

 

El proyecto de ley general de ciencia del gobierno federal sí puede ser aprobado sin más en el Congreso. Aunque los 202 diputados de la fracción parlamentaria de Morena no alcanzan la mayoría simple, sin grandes dificultades la sobrepasa si suma los votos de sus partidos aliados, como el Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Recuérdese que en total son 500 legisladores y solo se necesitan la mitad más uno.

 

Lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores y en las respectivas comisiones de Ciencia y de Educación de ambas cámaras. Morena fácilmente logra mayoría de votos si suma los votos de las fracciones parlamentarias afines (Campus Milenio No. 978). Así que el partido en el gobierno, con relativa facilidad, puede aprobar cualquier ley secundaria, como la ley general de ciencia. No es el mismo caso con las reformas a la Constitución, porque ahí necesita mayoría calificada –dos terceras partes de los votos-- y en esta legislatura ya no la alcanza ni con partidos afines.

 

A pesar de la composición parlamentaria, las comisiones de Ciencia y de Educación, en ambas cámaras, reconocieron la importancia de discutir y acordar una iniciativa de ley que fuera satisfactoria para todas las partes. Recuérdese que el proyecto de ley del ejecutivo federal fue ingresado en la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre, turnado a esas dos comisiones, y desde entonces se aceleraron los rumores de una aprobación sin discusión. A la fecha se han filtrado dos dictámenes.

 

Desde el pasado 14 de marzo las juntas directivas de las dos comisiones acordaron la metodología para dictaminar el proyecto de ley del ejecutivo federal. Los acuerdos los comentamos en su momento aquí mismo, pero vale la pena recordar que se referían a dos acciones: una reunión de trabajo con la directora del Conacyt y siete foros de parlamento abierto.

 

La sesión de trabajo con la titular del Conacyt no se realizó el 15 de marzo, como lo tenían previsto, pero sí tuvo lugar al día siguiente. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los foros de parlamento abierto. El acuerdo era que realizarían “por lo menos siete foros de parlamento abierto” e incluso se puntualizaron las temáticas que se abordarían en cada uno.

 

No obstante, solo tuvieron lugar los dos primeros foros, uno el 29 de marzo y otro el 14 de abril. Las sesiones, en ambas fechas, se alargaron por las numerosas intervenciones y hubo quien se quedó esperando. Todavía en el segundo foro, la diputada Flora Tania Cruz del partido Morena y titular de la Comisión de Educación y el diputado Javier López Casarín del Verde Ecologista de la Comisión de Ciencia, dieron por hecho la realización de los restantes cinco foros; destacaron la importancia del parlamento abierto para fortalecer los procesos democráticos y la construcción de un nuevo paradigma para la ciencia y la tecnología (Boletín No. 4166).

 

Algo ocurrió en la semana siguiente porque no hubo más convocatorias para los siguientes cinco foros ni tampoco explicación pública. Mal por el incumplimiento y pésimo por la desconfianza que habrá en futuras sesiones de parlamento abierto. Todavía peor para la frágil credibilidad de los diputados.

 

En estas condiciones, los legisladores pueden afirmarse como poder o evadir su responsabilidad en esta su hora. Si esta semana los diputados aprueban la ley y muchos otros proyectos, seguirán los senadores, pero en cualquier caso están obligados a rendir cuentas de su actuación.

 

Pie de página: Apareció una nueva organización para impulsar una candidatura presidencial y dice que es de académicos. Hasta ahora no es más que un anuncio. Ya veremos. // En España sigue en ascenso la discusión sobre la doble adscripción laboral y ahí viene el laberinto del mundo de las publicaciones y sus revistas.

Parlamento abierto: alta convocatoria y los derechos sin recursos financieros

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 990. Marzo 30, 2023)

 

Los diputados, como lo dijimos aquí en la entrega anterior, ya realizaron el primer foro de parlamento abierto sobre la eventual ley general de ciencia. También anticipamos que probablemente las opiniones en esos foros no harían diferencia alguna en el diseño de la nueva ley y que tal vez el proyecto del gobierno federal podría ser aprobado sin ninguna modificación.

 

No obstante, como sabemos, la dinámica en el Congreso es impredecible y mientras el proyecto no se vote en el pleno, no sabremos qué curso podría seguir una iniciativa. Por lo pronto, tal vez las probabilidades de que le muevan algo más que las comas al proyecto del gobierno federal, van en aumento. La maratónica sesión de parlamento abierto de este miércoles 29 de marzo exhibió una alta y diversa participación, pero también levantó expectativas sobre los próximos foros, lo mismo que una reiteración de temas y la responsabilidad que tienen los legisladores.

 

Según la metodología acordada por las juntas directivas de Comisiones Unidas (Educación y de Ciencia y Tecnología), los diputados tienen previsto tener listo el dictamen el próximo 12 de abril. No obstante, también acordaron realizar siete foros de parlamento abierto, esta semana apenas fue el primero. No habrá más la próxima semana porque es Semana Santa.

 

El diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, informó que recibieron y aceptaron alrededor de 300 solicitudes de participación. El foro inició por la mañana, poco después de las 11 horas, concluyó alrededor de las 21:30 horas, o sea más de 10 horas de duración.

 

Lo sobresaliente es que las intervenciones de los participantes fueron de máximo cinco minutos de duración y solo poco más de un centenar lograron ser escuchados. O sea que otra cantidad similar estaba aceptada y quedó pendiente, así fue tanto por el abultado número de personas como por la forma de organización del parlamento abierto

 

En realidad, el foro fue organizado de forma rápida, pero muy laxa e improvisadamente. El 14 de marzo los diputados acordaron que realizarían los siete foros, pero la convocatoria para el primer foro apareció hasta el jueves 23 de marzo. El problema es que los teléfonos y las direcciones electrónicas fueron habilitadas con un retraso de tres o cuatro días, el registro propiamente fue uno o dos días antes del foro y la confirmación fue en la víspera.

 

El desarrollo mismo del foro siguió dos programas distintos: uno en la sala presencial y otro enviado a un buen número de participantes. Al final, aunque había muchas personas por hablar, ya era evidente que el foro no podía extenderse más. Pero no hubo ninguna explicación, ni mención al caso; el encuentro simplemente se dio por concluido y ya.

 

Sin embargo, la alta convocatoria del parlamento abierto mostró no solamente que el tema es de amplio interés, también reveló que está lejos el consenso sobre los ejes principales de una nueva ley. A pesar de que se ha mencionado una y otra vez el volumen de consultas, así como los foros y encuentros para elaborar el proyecto de ley del gobierno federal, lo cierto es que los participantes en el parlamento, en la misma dimensión, han hecho notar lo contrario.

 

Un par de participaciones en el parlamento también mostraron una ausencia notable en el proyecto de ley: los jóvenes investigadores. Por ejemplo, Edgar Guerra, miembro del sindicato de investigadores del programa Cátedras del Conacyt –programa que ahora es Investigadoras e investigadores por México--, planteó que no estaban mencionados en la ley a pesar de que suman más de un millar de jóvenes y también señaló que el proyecto de ley incluye el loable derecho humano a la ciencia, pero pone en peligro los derechos laborales del personal del propio Conacyt.

 

Las condiciones adversas que enfrentan los jóvenes investigadores para realizar su trabajo, contar con una beca o becas sucesivas, o bien, encontrar una posición académica, también fueron expuestas por un integrante del colectivo “Científicos precarios”. Y es verdad, no solamente su presente es incierto, el futuro tampoco parece ser mejor y la iniciativa de ley no lo proyecta.

 

Sobre los componentes que fueron reiterados están los que se han mencionado una y otra vez en todas las versiones de iniciativas de ley: la necesidad de una mejor gobernanza del sistema; una auténtica distribución de competencias en los diferentes órdenes de gobierno; la no discriminación como principio básico; la instauración de verdaderos órganos de representación, de gobierno y de participación; así como el tema del financiamiento.

 

El tema de los recursos financieros es inocultable. Actualmente tenemos un gasto en investigación y desarrollo experimental de 0.31 respecto al PIB, un porcentaje que representa casi la mitad del promedio de América Latina y alrededor de una cuarta parte de lo que destina Brasil, España o Portugal. Un monto claramente insuficiente para garatizar el derecho a gozar de la ciencia, porque simplemente no se puede otorgar, gozar o distribuir lo que no existe.

 

La responsabilidad de los legisladores también es insoslayable. Los números y las participaciones en el primer foro les depositaron toda la confianza y crecieron las expectativas sobre los siguientes seis foros de parlamento abierto. Pendientes con el proyecto, dictamen y votos del legislativo.

 

Pie de página: Becarios posdoctorales (@POSDOCsinSNI) se inconforman por las irregularidades y retraso de meses en recibir el incentivo del Sistema Nacional de Investigadores.

Reasignaciones de bienestar en el presupuesto 2023

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 973. Octubre 20, 2022)

 

La tarde del pasado 8 de noviembre, la diputada Saraí Núñez Cerón, secretaria de la sesión, informaba: “Ciérrese la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 273 votos en pro, 222 en contra y 0 abstenciones” (versión estenográfica). La propuesta del Prespuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF) estaba aprobada en lo general.

 

Sin embargo, en lo particular, con alredor de dos mil reservas por exponerse, quedaban largas horas y días para desahogarlas. Al final, con excepción de cuatro reservas, todas fueron desechadas. El viernes 11, el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva, concluía la sesión indicando sobre el PEF: “Aprobado por 270 votos lo reservado, en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del año 2023. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales”. Listo.

 

El volumen total de recursos del PEF suma 8.29 billones de pesos, la misma cantidad que había propuesto el gobierno federal en septiembre pasado, pero con algunas reasignaciones presupuestales importantes que fueron aprobadas. El caso más ilustrativo es el ramo de los autónomos, al que le fueron recortados poco más de 6 mil millones de pesos. En este ramo están el poder legislativo, el judicial y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Inai, la Fiscalia General de la República y el Instituto Nacional Electoral (Ine).

 

La reducción más significativa fue para el Ine con poco más de 4 mil millones de pesos (de 24, 696 millones de pesos pasó a 20 mil 221 millones de pesos). Aunque también al Consejo de la Judicatura Federal le restaron una cantidad significativa: 1,286 millones de pesos. Esta última reducción fue una de las cuatro reservas que prosperaron, de las más de 2 mil que se expusieron; el argumento fue que la disminución al Consejo sería para la reforma constitucional de la Guardia Nacional.

 

A su vez, la cantidad restada al ramo de las entidades autónomas, fue reasignado al ramo administrativo, donde están las secretarías de Estado y otras entidades federales. Pero, en realidad, fue para la Secretaría del Bienestar, los diputados le incrementaron 6 mil 340 millones de pesos: pasó de 408 mil 290 millones de pesos a 414 mil 632 millones de pesos.

 

Otra reserva, también aprobada en la sesión final, fue sobre el procedimiento para el ejercicio del gasto en el programa la “Escuela es Nuestra”. La presentó la diputada Tania Cruz Santos del Partido Morena y planteó que los recursos para ese programa eran de más de 13 mil millones de pesos, lo cual constituía un incremento de 84.5 por ciento, respecto del año anterior.

 

El problema, dijo Cruz Santos, era que se habían sumado, en las reglas de operación del programa, distintos tipos de recursos: para mejora de infraestructura escolar, alimentación y jornada extendida que pertenecía al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, pero no estaban definidos los montos de recursos para cada componente. Propuso que se añadiera un transitorio para que se definieran las asignaciones para cada componente. La reserva fue aprobada.

 

En resumidas cuentas, con las salvedades anotadas, la propuesta de PEF que conocimos al inicio del pasado mes de septiembre, fue lo que se aprobó la semanana pasada. O sea, fueron los mismos 8.29 billones de prespuesto total y tampoco varió la cantidad para educación ni para ciencia y tecnología, será porque no forman parte del “bienestar”.

 

Seguramente usted recordará que para el caso de ciencia y tecnología se proponía para el año 2023 un monto total de 108 mil millones de pesos, la misma cantidad fue aprobada por los diputados. Tómese en cuenta que el monto incluye a todo el sector: el presupuesto en la materia de todas las secretarias de Estado y el que ejerce directamente el Conacyt. El monto representa, en términos nominales, 15 mil millones de pesos más de lo asignado en este año.

 

El incremento principal, sin embargo, no es para el Conacyt. El orgnismo pasará de 30 a 32 mil millones de pesos, similar al incremento que tendrá Salud. El aumento más significativo, respecto de lo que recibió este año, será para la Secretaría de Energía que tendrá un incremento de 7 mil millones de pesos. O bien, los 3 mil millones más que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

En fin, a pesar de que el incremento para Conacyt de 7 por ciento ni siquiera compensará el efecto de la inflación, por lo menos su presupuesto no tendrá un crecimiento negativo como ocurrió en los primeros tres años del actual periodo. De cualquier forma, siguen pendiente la operación de programas emblemáticos del Conacyt.

 

Los resultados de la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores ya están publicados, pero no se ha informado si todos los que recibieron un nombramiento de investigador también alcanzarán o no el incentivo correspondiente. Algo similar ocurre con las becas de posgrado para el extranjero, después de un incomprensible retraso en la convocatoria, también fueron anunciados los resultados, pero falta precisar el volumen general y las asignaciones. Los dos programas representan alrededor de dos tercios del prespuesto que ejerce centralmente el Conacyt. Esperemos la información oficial.

 

Pie de página. A propósito del PEF 2023, relevante la expresión pública de la Asociación Nacionald e Universidades e Instituciones de Educación Superior sobre “el deterioro sistemático del presupuesto destinado a la educación superior”. El problema es que apareció cuando el presupuesto ya estaba aprobado, aunque una mayor anticipación quizás tampoco habría tenido efecto.

Conacyt: ¿Paridad, transparencia… y la nueva ley general?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 966. Septiembre 29, 2022. Pág. 4)

 

Las modificaciones a la Ley Orgánica del Conacyt en materia de transparencia y paridad de género aprobadas por los diputados son relevantes, aunque una de ellas no fue aprobada por consenso y tampoco es la que originalmente se proponía. Todavía falta que los senadores las ratifiquen y, si fuera el caso, sus efectos prácticos no serán inmediatos, pero sí harán una diferencia.

 

El organismo es la cabeza del sector, pero él y su ley orgánica deben supeditarse a lo que establezca la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta última, a su vez, sigue a la espera de ser sustituida por una ley general y cuyo plazo de aprobación venció en diciembre del 2020.

 

Un principio elemental de jerarquía normativa diría que primero debe ser acordada la ley general y después adecuar los diversos ordenamientos dependientes, como es el caso de las recientes modificaciones a la ley orgánica. Sin embargo, ante las disputas políticas y el evidente retraso de dos años de la nueva ley, algunas modificaciones se han impulsado sí o sí. Unas a contracorriente de la jerarquía legal, como los cambios en los órganos de gobierno del sector y las reformas al reglamento del SNI; otras siguiendo el proceso en el Congreso

 

Las dos modificaciones aprobadas son acuerdos de los diputados y seguramente no habría dificultad en recuperarlas en una nueva ley general. La primera fue añadir, en el artículo 5, un párrafo para precisar obligaciones de su máximo órgano de gobierno: “El sentido de las votaciones de las sesiones de la Junta de Gobierno, así como las actas de las sesiones serán publicadas en el sitio de Internet del Conacyt, en los términos que para ello establezca la ley de la materia” (versión estenográfica 22.09.2022).

 

La publicación de las actas de la Junta es una buena medida. No obstante, lo aprobado no fue por consenso y no era la propuesta original. La diputada Ana María Balderas Trejo del Partido Acción Nacional la presentó en comisiones y planteaba modificar la composición de la junta, también los requisitos para ocupar la dirección general del Conacyt y un periodo de cinco días para dar a conocer las actas de la Junta de Gobierno. El dictamen de la comisión de ciencia la rechazó y la modificó en los términos ya referidos.

 

Además, ya en el pleno, por la argumentación de la autora de la iniciativa, la diputada Lidia Pérez Barcenas de Morena replicó: “yo creo que es lamentable que la iniciativa que se acaba de poner a discusión y la propia proponente, no haya cuidado un dictamen que estaba en consenso y haya utilizado la tribuna para criticar y golpear la política del gobierno federal. Por eso, nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa, aun a pesar que habíamos estado en consenso” (versión estenográfica 22.09.2022).

 

Así fue, la aprobación tuvo 299 votos a favor, 173 en contra y cuatro abstenciones (tres del Partido del Trabajo y una de un legislador de Morena). La negociación no se sostuvo, la disputa afloró y esas disputas tal vez expliquen por qué sigue sin acordarse los términos de una nueva ley general.

 

Por el contrario, la propuesta de añadir una fracción IV al artículo 13 de la misma ley orgánica, presentada por la diputada Gabriela Sodi Miranda del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fue aprobada por consenso: 467 a favor, tres abstenciones (de legisladoras de Acción Nacional) y ninguno en contra.

 

El actual artículo 13 precisa las condiciones a cumplir para la distribución de recursos del Conacyt sobre programas, proyectos, estudios, investigaciones, becas y cualquier otro apoyo económico. Las primeras tres fracciones se refieren a su correcta aplicación, la celebración de convenios y los derechos de propiedad intelectual, respectivamente. La propuesta fue añadir una cuarta condición que dice: "La distribución de estos apoyos deberá ajustarse al principio de paridad entre géneros, favoreciendo las condiciones para la participación equitativa de las mujeres en la ciencia".

 

Un avance importante en materia de paridad de género que está en la misma línea de lo que ya señala el artículo 4° constitucional y la normatividad del sector. Por ejemplo, la propia Ley Orgánica del Conacyt ya incluye que su Junta de Gobierno se “conformará garantizando el principio de paridad de género por trece integrantes”. O bien, el artículo 2 de la ley de ciencia vigente, el que se refiere a las bases para una política de Estado, en su fracción VIII precisa que una de ellas debe promover “la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal”.

 

Seguramente no será sencillo alcanzar un principio paritario de género en todos los apoyos del Conacyt, en especial cuando exista un marcado desequilibrio en las solicitudes, por lo que tal vez, primero, deba allanarse el camino de las solicitudes de unas y otros para que se expresen sin obstáculos. Debe tenerse presente que no significa un mayor volumen de recursos, porque el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara ha valorado que lo aprobado no tiene un impacto presupuestario porque no requiere recursos adicionales.

 

En fin, seguimos con ligeros avances en normas subsidiarias, esperemos la ratificación del Senado y tal vez una complicada negociación en la próxima discusión de la ley general.

 

Pie de página: Ya salieron los resultados de los proyectos beneficiados con estímulos fiscales de este año: una docena de proyectos y apenas suman 380 millones de pesos.