La ley y la profesionalización de los CPI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1031. Febrero 8, 2024)

 

Las leyes aprobadas por el Congreso en abril del año pasado todavía siguen a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia para determinar su legalidad o no. La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) está entre esas leyes, pero de todas formas sigue aplicándose.

 

Lo más reciente es la emisión de las bases para la profesionalización del personal de los Centros Públicos de Investigación. El documento fue publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación (06.02.2024). Otras modificaciones también se han puesto en marcha en el sector, como la reorganización de los posgrados o el programa de becas.

 

El asunto es qué ocurrirá si la Corte declara que la ley general de ciencia es inválida. Usted seguramente recordará que, desde junio del año pasado, un mes después de la entrada en vigor de la ley, fueron promovidas dos acciones de inconstitucionalidad sobre esa norma por partidos de oposición.

 

Los expedientes están en la mesa de la Suprema Corte de Justicia, pero no hay plazo para que resuelva lo conducente. El problema es la situación en la que hemos quedado: por un lado, la autoridad del sector estima que la ley general le permite tomar decisiones y modificar el sector conforme sus planes; por otro lado, los que impugnan esa misma ley, sostienen que la autoridad más bien está impedida de realizar cualquier proceso administrativo de ahí derivado.

 

Las posiciones han llegado a los tribunales y el litigio continúa, entre amparos, impugnaciones y suspensiones judiciales de la ley (provisionales y definitivas). Así seguiremos hasta que no resuelva de fondo la Suprema Corte y estamos ante un proceso legal complejo, sobre el que ya no se habla mucho, pero que está cada vez más abigarrado y no satisface a nadie.

 

Lo hemos reiterado en este mismo espacio: lo más probable es que la Corte resuelva la invalidez de la ley de ciencia y el Congreso tendrá que reponer el proceso. Sin embargo, es difícil anticipar cómo y cuándo ocurrirá. Por lo pronto, la Junta de Gobierno del Conahcyt, haciendo uso de las facultades que le confiere la ley, emitió las bases de profesionalización para el personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI).

 

La Junta de Gobierno es, ahora, la instancia máxima de gobierno y administración del sector. La preside la persona titular del Conahcyt y participan una veintena de personas con voz y voto: 14 subsecretarías de Estado como titulares de la representación (directores generales como suplentes) y ocho representantes de los sectores social y privado.

 

Las facultades de la Junta son amplias y variadas, entre ellas está la de aprobar las normas que sugiera la persona titular del Conahcyt. Además, la misma ley, expresamente, en su artículo 80, estableció que la misma instancia debía emitir, también a propuesta de la directora del Conahcyt, el Reglamento General del Sistema Nacional de Centros Públicos y las Bases Generales para la Profesionalización del Personal de los Centros Públicos.

 

El reglamento fue publicado el 7 de julio del año pasado (DOF 07.11.2023) y estableció los principios de regulación de los CPI, principalmente las funciones de su Consejo General de Articulación. Un órgano, para variar, también presidido por la persona titular del Conahcyt e integrado por todas las personas titulares de los CPI.

 

Las bases de profesionalización, las publicadas recientemente, fundamentalmente son lineamientos para regular la carrera académica tanto del personal de investigación como del personal técnico y administrativo, por lo que identifica figuras, categorías y niveles, así como los criterios de ingreso y promoción. Algo necesario ante la hetrogeneidad de los Centros Públicos

 

El documento define la profesionalización como: “Procesos institucionales destinados a garantizar la estabilidad laboral del personal de los Centros Públicos y dar certidumbre al desarrollo de su carrera dentro de la institución y el Sistema Nacional de Centros Públicos por medio de mecanismos claros de promoción laboral, renovación, movilidad y reconocimiento al desempeño” (Fracción XVI del artículo 3).

 

En fin, se podrá estar de acuerdo o, por el contrario, en franca oposición a la reglamentación derivada de la ley general o a la misma ley. Lo grave es la inestabilidad normativa provocada, la judicialización de un proceso sobre el que bien se pudo llegar a un consenso y el manto incertidumbre que se ha extendido en el sector.

 

Pie de página: En la página de la Conamer se publicó el pasado 2 de febrero el aviso del Código de Conducta del Conahcyt, un código para los servidores públicos del organismo, así que lo más seguro es que en breve se marque su entrada en vigor.// El programa Cátedras Conahcyt, ahora con otro nombre, cumple en este año su primera década y la firma de convenios está en suspenso.// Los científicos argentinos agrupados en el Conicet se movilizan en protesta por las medidas del nuevo gobierno.

El CIDE y la ¿fragilidad institucional?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 970. Octubre 27,  2022. Pág. 4.

 

Hemos presenciado casi en tiempo real el enrarecimiento del clima institucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como las arbitrariedades, el deterioro y los errores. Ahora, de forma diferida, nos enteramos de un cambio de régimen fiscal que no es reciente. El cúmulo de evidencias exhibe que las bases mismas de la institución están siendo socavadas, pero ¿será inexorable?

 

En realidad, en este periodo, el Centro es noticia constante y en ningún caso ha sido por los mejores motivos. El problema es doble. En primer lugar, todo parece contingente e improvisado, porque no se trata y no está a la vista un modelo institucional que intente reemplazar al existente, en cuyo caso se explicaría la resistencia a un cambio.

 

Lo evidente es que, en el CIDE, las iniciativas y las decisiones únicamente son comandadas por la grave restricción de recursos financieros. Y añadamos una dirección con escasa legitimidad y autoridad académica, inexperta e incapaz de comprender y encabezar a la comunidad que quiere gobernar.

 

Al comienzo, en mayo del 2019, cuando el presidente López obrador emitió su memorándum de medidas de austeridad, entre ellas la que más ruido causó fue la de justificar y solicitar por escrito al ejecutivo federal todo viaje al extranjero. Sin embargo, no fue la de mayores consecuencias.

 

Lo grave fueron las restricciones a la nómina y servicios personales, al igual que los recortes de 30 y 50 por ciento sobre el gasto operativo en diferentes partidas presupuestales. La aplicación de esas medidas en los Centros Públicos de Investigación (CPI) provocó que algunas de sus funciones se detuvieran, unos proyectos en marcha se truncaran y algo de incertidumbre para planear actividades.

 

Todavía en aquel momento, para el CIDE y para todo el subsistema de centros, la serie de restricciones parecía algo pasajero. Después de todo, los convenios de desempeño y los indicadores de su productividad ostentaban un blindaje institucional difícil de perforar.

 

La confianza, sin embargo, se disipó al poco tiempo. Un año después, en mayo del 2020, comenzó tomar forma el dilatado y accidentado proceso de extinción de los fideicomisos. Uno de instrumentos clave para la operación del CIDE, también de todos los CPI y el funcionamiento de los fondos sectoriales y mixtos de todo el sistema científico y tecnológico.

 

Luego vino la renuncia del anterior director del CIDE, un periodo de interinato, la irregular designación del titular actual, la huelga de estudiantes, los despidos y renuncias de personal del Centro, el quiebre de normas y un largo conflicto con los estudiantes y el personal que llega hasta hoy.

 

Ahora, por las notas de la revista Proceso y El Universal (23.10.2022) nos enteramos que, desde el pasado mes de abril, el CIDE cambió su régimen fiscal: de “persona moral con fines no lucrativos” a “régimen general de personas morales”. Al parecer es por asuntos contables, pero ahora tiene una deuda de 27 millones de pesos con el fisco y eso tendrá un impacto en la operación y futuro de la institución. La fortaleza de la institución ya no luce como hace tres años.

 

En segundo lugar, como es evidente, las dificultades no solamente las experimenta el CIDE, el problema es compartido por la veintena de centros públicos e incluso por otras instituciones de educación superior. Estas últimas tienen la presión de ampliar las oportunidades educativas en correspondencia con la gratuidad y obligatoriedad que ahora establece la Constitución, pero intentan hacerlo sin la existencia del fondo especial que se había previsto.

 

Los CPI, por su parte, son un conjunto de instituciones que comparte normas, identificados como entidades paraestatales, siempre han buscado un tratamiento diferente al de una dependencia de la administración pública, también a la defensa de su actividad académica y por impulsar un marco normativo que los ampare.

 

El subsistema de los CPI tiene alrededor de 30 años de funcionamiento, en un principio con algunos Centros y una escasa articulación entre sí. Luego, con varias reformas a su normatividad y diferentes intentos, muchos de ellos truncos, para proyectarlos como subsistema, el más reciente fue convertirlos en consorcios.

 

Los CPI están dedicados a la enseñanza de alto nivel en diferentes áreas del conocimiento, son o eran altamente productivos en el terreno de la investigación científica y tecnológica, tanto que sus indicadores ocupaban las primeras posiciones en el subsistema científico y tecnológico.

 

En fin, parece inevitable contrastar el esfuerzo para la instauración institucional de un sistema que se puede medir en décadas, la relativa rapidez de meses o años con la que se pueden carcomer sus raíces y la dificultad para edificar nuevas instituciones, como las universidades del bienestar. Pero, como también se sabe, una vez enraizadas, las instituciones académicas tienen una base pesada, un núcleo operativo que domina la organización desde abajo y pueden alcanzar una duración intertemporal. Ya lo veremos.

 

Pie de página: Ya está la ley de Ingresos y ahí viene la de Egresos, pendientes.

CIDE: crispación y encono

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 933. Enero 27, 2022)

 

Todavía la semana anterior, luego de posponer la reunión de la Asamblea General de Asociados, máximo órgano del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), parecía que el prolongado conflicto en esa institución podría tener arreglo.

 

Sin embargo, el lunes de esta semana sesionó la Asamblea y quedó claro que las autoridades no estaban dispuestas a moverse un milímetro de su posición inicial: los nombramientos de director y secretario académico van porque van y sí o sí las facultades del órgano interno de la institución quedan acotadas.

 

La Asamblea General está integrada por ocho asociados: la persona titular del Conacyt (preside la asamblea y es considerada como representante del gobierno federal); las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía; el Colegio de México; el Fondo de Cultura Económica, y el Banco de México.

 

El acta de la reunión no está públicamente disponible, seguramente en algún punto habrá de conocerse, pero el sentido de los votos rápidamente se conocieron. A favor cinco: Conacyt, Educación, Hacienda, Energía y Fondo de Cultura Económica;  dos en contra: Economía y el Colmex; y una abstención: Banco de México.

 

Sin embargo, la solución probablemente se quedará en el papel, porque seguramente no será nada fácil recuperar la normalidad en la institución, tampoco será sencillo contener la inconformidad en la arena de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y su repercusión en el campo académico.

 

Los cambios que se aprobaron, lo anotamos aquí hace un par de semanas (Campus No. 931), con formas y tiempos de operación política debidos, si acaso solamente habrían levantado cejas, porque se refieren a aquellos artículos de procedimiento para la designación del titular del Cide, también sobre los requisitos a cumplir por la persona que aspire a la secretaría académica de la institución y aquellos que otros que regulan las funciones del órgano colegiado interno del CIDE.

 

O sea, en realidad, se trata de modificaciones que corresponden al funcionamiento y gobierno de la institución, usualmente sólo serían de interés para su propia comunidad. No obstante, la reforma cobró otra dimensión porque cambia las reglas de juego para que cuadren con hechos consumados, así que los acontecimientos rebasaron el perímetro institucional, encresparon a estudiantes y profesores y la protesta estuvo al día siguiente de la aprobación en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional.

 

El conflicto institucional ya forma parte de la agenda política nacional, porque no solamente incluye cerrar unas instalaciones académicas o bloquear una carretera, también se debe a que las decisiones en marcha parecen tocar el límite. Las medidas y el recorte presupuestal indiscriminado a los CPI del memorando de austeridad de mayo de 2019 están registrados y desde luego el Cide no fue la excepción. A pesar de que es una institución académica tampoco escapó a un injusto tratamiento como entidad paraestatal y menos a la eliminación de los fideicomisos que dejó en la incertidumbre la operación de múltiples proyectos.

 

O bien, la reciente oferta de becas para todos los alumnos de posgrado, incluyendo a los matriculados en los CPI. Ni hablar de la renuncia del anterior director del Cide en agosto del año pasado, el interinato que le siguió y lo que ocurrió en los meses siguientes hasta hoy. Pues sí, el tema está claramente en los pendientes del campo académico y en la lista de agravios.

 

Además, la problemática ha mostrado una amplia resonancia internacional. Probablemente, el respaldo de organizaciones y personalidades de diferentes partes del mundo a la comunidad cideíta se debe al pujante trabajo y vínculos que ha realizado más allá de las fronteras nacionales, pero también porque la arbitrariedad de las decisiones son inocultables.

 

El acta de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del Cide no se conoce, pero la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, una de las instituciones asociadas, dio a conocer la posición que sostuvo en esa reunión (t.ly/6ySX). Los dos primeros puntos son impecables y suficientes para entender la injusticia del caso.

 

Por ejemplo sostuvo que no se podía aprobar una reforma al estatuto orgánico “dado que el procedimiento en sí mismo no cumple con lo que dicho Estatuto señala”. Lo hemos repetido en innumerables ocasiones: se ha configurado un patrón de cambio de reglas en el sector que quiebra o no respeta la jerarquía normativa.

 

La presidenta del Colmex también sostuvo que: “cualquier cambio a la normatividad requiere de la participación previa de los órganos colegiados, tal como está en el Estatuto actual”.  Un principio elemental de cualquier organización académica.

 

En fin, tal parece que era completamente innecesario tanto desatino, crispación y encono, solamente hacia falta algo de sensibilidad académica y política, así como respeto a reglas elementales de juego. El conflicto no está zanjado.

 

Pie de página: ¿La sección “Quién es Quién en las Mentiras”, dependiente de la presidencia de la República utiliza un correo de Gmail y fue hackeada? ¿Por qué no tiene una cuenta institucional? Todavía hace un año el presidente López Obrador, a propósito de la censura en redes sociales decía que solicitaría al Conacyt diseñar una red propia. Pero...

Cide: una raya más

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 931. Enero 13, 2022)

 

Un cambio en las reglas de juego para imponerse en un conflicto en ascenso parece un mal camino para buscar una solución. Sin embargo, eso es lo que intentarán las autoridades del Conacyt para contender con el paro de actividades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Los resultados los conoceremos en breve y seguramente no serán los esperados por la autoridad. ¿O sí?

 

Según la información que circula en redes sociales, se cita a reunión extraordinaria a la Asamblea General de Asociados del Cide para este viernes 14 de enero a las 9 hrs. El oficio tiene los sellos oficiales y la firma correspondiente, así que todo indica que el documento es auténtico. No será una reunión presencial, se llevará a efecto a través de videoconferencia.

 

La Asamblea General es el órgano supremo de la institución, la preside la titular del Conacyt (representante del gobierno federal) y están otras siete instituciones asociadas: las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Energía; también el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México.

 

El punto a tratar serán cambios en el Estatuto General del Cide, o sea, precisamente, la modificación al instrumento jurídico de creación de la institución. De hecho, uno de los motivos previstos para citar a reuniones extraordinarias. La intención es modificar aquellos artículos que hoy se contraponen a los hechos consumados.

 

Uno de los cambios a realizar es la forma de designación del titular del Cide. La norma vigente establece que el Consejo Directivo, órgano de gobierno de la institución, debe formalizar el nombramiento y también, llegado el caso, ratificarlo para un segundo periodo (fracción IV del artículo 29). La instancia está integrada por 14 personas, entre ellas seis representantes del gobierno federal, dos instituciones autónomas y cuatro consejeros.

 

Sin embargo, como seguramente usted lo recuerda, el nombramiento del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, no observó del todo esa norma, su designación fue impugnada y hoy es la fuente del conflicto. La modificación propone que el Consejo Directivo solamente debe “tomar conocimiento” del nombramiento. Es decir, la designación será enteramente prerrogativa de la autoridad del Conacyt.

 

Otro cambio son los requisitos que debe cubrir la persona para ocupar la Secretaría Académica del Cide. Actualmente está como restricción que debe ser personal académico activo de la institución, al menos durante los dos años anteriores al nombramiento. La modificación propone una equivalencia: “haber sido miembro activo de otra institución de amplio reconocimiento”.

 

Un asunto de gestión interna carece de relevancia, pero la propuesta de cambio se debe principalmente a que la persona que actualmente ocupa esa posición es personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, así que tampoco cumple la norma vigente. Así que si se aprobara la reforma, su nombramiento ya no estaría fuera del marco normativo.

 

Finalmente, un último cambio y tal vez el más espinoso, es el recorte de facultades al Consejo Académico del CIDE. Este último es el “órgano colegiado interno de análisis y consulta en lo referente a las actividades académicas”; instancia clave de operación y gobierno de la institución.

 

Básicamente, la propuesta es suprimir la facultad de aprobación que tiene el Consejo en lo referente al programa de trabajo del director general, sobre los programas docentes o unidades académicas e incluso del cambio de estatutos. Así que, de inicio, la presente reforma de los estatutos primero tendrían que pasar por el órgano interno. Seguramente, por la misma razón, la modificación propone eliminar sus facultades aprobatorias y que ahora el Consejo solamente opine al respecto.

 

Lo grave del caso es que los cambios propuestos están a la base de un conflicto en curso, lo que equivale a decir que un juego inicia con unas reglas y a la mitad del cotejo, una de las partes las cambia y exige aplicarlas como si nada. La no retroactividad y el principio de certeza jurídica quedan hechos añicos.

 

Todavía más grave es que, a estas alturas del periodo de gestión en el sector, ya configura un patrón de quiebre de normas al menor asomo de conflicto. Así ocurrió con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la ley del sector, entidades paraestatales de investigación, los fideicomisos públicos, el estatuto del personal Cátedras Conacyt, el estatuto orgánico de Conacyt o el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo.

 

Lo que ocurre en el Cide, lo dijimos en su momento, pudo ser atendido sin mayor complicación. No obstante, la autoridad parece especializarse en sumar un conflicto tras otro, crea problemas donde no los había y rápidamente escala aquellos que se presentan. Pronto no quedará espacio para más rayas.

 

Pie de página: Por fin salieron los resultados del SNI, felicidades si ingresó o fue ratificado. Pero, a propósito de cambio arbitrario de reglas, ni lo dude, ahora vendrá un cúmulo de impugnaciones de los que quedaron fuera, porque el reglamento del SNI cambió después de emitida la convocatoria correspondiente. Ni cómo ayudar.

CIDE: cadena de errores

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 928. Diciembre 9, 2021. Pág. 4)

 

Las dificultades en el sector científico y tecnológico comenzaron desde el periodo de transición; una escaramuza propia de un cambio en la administración pública parecía en ese entonces. Pero, total, pasada la transición o cuando más la curva de aprendizaje del primer año, cabía suponer, pasaría el vértigo del asiento en primera fila y por fin se cumplirían las expectativas de mejora en el sector.

 

Sin embargo, transcurridos los primeros tres años de gobierno, por el contrario, todo ha sido para peor y hoy incluye un conflicto estudiantil con epicentro en el CIDE. Los errores se han eslabonado uno tras otro, cada vez más graves y de mayor alcance. Hoy, los estudiantes del Centro tienen tomadas las instalaciones desde el 29 de noviembre, la mayor parte de la comunidad cideíta está involucrada e incluso las manifestaciones de respaldo de otras instituciones se han multiplicado.

 

Al inicio, el 19 de noviembre para ser exactos, unas pocas decenas de jóvenes llegaron a las puertas del Conacyt para que les recibieran un pliego petitorio, fueron subestimados e ignorados. La actuación de la autoridad muestra que mucha comprensión de cómo conducir el sector no existe, o bien, lo que hay es una franca insensibilidad que busca imponerse a toda costa. Mal por el lado que sea.

 

Los antecedentes del actual problema en el CIDE, como suele ocurrir, tienen raíces que llegan hasta su fundación y trayectoria misma; los conflictos relativamente recientes los hemos comentado en este Acelerador de Partículas en distintas oportunidades. Pero, ahora, habría que mirar qué ha hecho la autoridad para llegar al punto en el que está.

 

Las demandas iniciales de los estudiantes incluían: la convocatoria a un consejo extraordinario para la lectura de su pliego petitorio; el esclarecimiento de las acciones efectuadas por el entonces director interino; y la “destitución inmediata del dr. José Antonio Romero Tellaeche” como director interino y su remoción como candidato aspirante.

 

El 29 de noviembre era la fecha límite para el nombramiento del nuevo director y también el plazo que los estudiantes dieron para obtener una respuesta. En caso contrario, anotaron en su pliego petitorio, tomarían las instalaciones como última medida y añadirían dos exigencias más: el compromiso de las autoridades de no tomar represalias de ninguna índole y el respeto a “la toma de instalaciones física y virtual sin excepción hasta la resolución”.

 

La dirección del Conacyt siguió adelante con su procedimiento y, a pesar de la petición estudiantil, las irregularidades normativas y la oposición que había generado, designó a Romero Tellaeche como titular. Quizás el cálculo era que los estudiantes eran unos cuantos y no llevarían a efecto sus medidas. No se necesitaba mucha sagacidad para suponer que existía una alta probabilidad de que el conflicto podía escalar.

 

Todavía el 2 de diciembre, ya con las instalaciones tomadas, los estudiantes llamaron a un diálogo a la directora de Conacyt, un “dialogo abierto, respetuoso y horizontal” con la comunidad cideíta. Otra vez el silencio fue la respuesta. Al día siguiente, tal vez reconsiderando sus omisiones, pero de forma intempestiva e inexplicable se presentó en las instalaciones Romero Tellaeche, el director designado. El motivo, dijo, era entregar un listado completo con el nombre de las personas que pertenecen al Centro para resguardar su integridad. Todavía más incomprensible.

 

Por supuesto, la visita de Romero lo único que logró fue exacerbar los ánimos, generar simpatías y añadir razones a la toma de las instalaciones, porque los estudiantes le propusieron que si recibían la carta entonces él debía firmar un compromiso de no represalias. Los jóvenes comenzaron a leer el pliego petitorio en voz alta y el director se marchó entre gritos y consignas. Tarde y mal.

 

Finalmente, vino la marcha del pasado fin de semana, los manifestantes ya no fueron decenas, el cálculo es que los asistentes sumaron alrededor de dos mil personas. Además, los llamados a atender el problema van en aumento y también las expresiones de apoyo a la comunidad del CIDE. ¿Otra vez la autoridad hará como que no pasa nada y volteará para otro lado? Esperemos que no.

 

La gestión propiamente administrativa, a estas alturas, todavía no concluye con el aprendizaje de las rutinas institucionales, la aplicación de procedimientos y normas; acumula graves rezagos, fallas en el sistema y múltiples pendientes. La operación política del sistema tampoco es mejor, ahí está el saldo de la judicialización de los conflictos administrativos, asignaciones cuestionadas, acusaciones sin prueba y un sentido agravio a las comunidades.

 

Pie de página: Las convocatorias del Conacyt, tanto las de ciencia básica como las de formación en especialidad médica, cada vez con mayores restricciones. Plazos cortos para aplicar (alrededor de diez días). La beca de formación es solamente para Cuba y el apoyo para proyectos de investigación, respecto de convocatorias anteriores, tiene montos menores (750 mil pesos por proyecto y con duración de nueve meses).

CIDE: punto de quiebre

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 926. Noviembre 25, 2021, pág. 4) 

 

Todavía no conluye el plazo para la designación de titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), vence el próximo 29 de noviembre, pero se especula que Juan Antonio Romero Tellaeche, director interino y aspirante a quedarse como definitivo, ya tiene la aprobación del Grupo de Auscultación Externa y solamente aguarda su ratificación.

 

Usualmente un cambio de titular en una institución de educación superior es un paso rutinario en la vida académica. Sin embargo, hoy el nombramiento en el CIDE está fuera de los muros institucionales y puede ser el punto de quiebre en la gestión de todo el sector de ciencia y tecnología.

 

Poco se puede añadir a la crónica de hechos y disputas que han protagonizado Enrique Cabrero y María Elena Álvarez Buylla, titulares del Conacyt en la pasada y en la actual administración, respectivamente. En estas mismas páginas ha quedado registro de los desencuentros desde la transición de gobierno en 2018 y siguen hasta hoy. Nada menos, Cabrero, también exdirector del CIDE, esta misma semana compareció ante la Fiscalía General de la República para conocer las imputaciones en su contra.

 

También poco cabe especular sobre la renuncia del anterior director del CIDE, Sergio López Ayllón, en agosto pasado; le restaban dos años para concluir su periodo cuando dedició separarse del cargo. Nada hay que agregar a los conocidos errores de José Antonio Romero Tellaeche, en poco más de dos meses. Los medios han reseñado de sobra la tensa relación con los estudiantes, los malos e injustificados modos de destitución de Alejandro Madrazo, director de la Sede Región Centro del CIDE, lo mismo que de Catherine Andrews, hasta hace poco secretaria académica del Centro.

 

Lo que ocurre entre el CIDE y autoridades del Conacyt repite un patrón que recientemente hemos presenciado en instituciones, programas y agrupaciones: comienza con descalificaciones o acusaciones graves, prolongadas en el tiempo y sin evidencia de respaldo; sigue una etapa de inestabilidad e incertidumbre; y concluye con cambio de reglas y fuertes restricciones presupuestales.

 

Las cosas pintaban mal para el CIDE y para todos los Centros Públicos de Investigación (CPI) desde mayo del 2019, cuando el gobierno federal emitió su memorándum de austeridad. El privilegio y el dispendio fueron componentes de la narrativa.

 

A pesar de que los CPI no son, en sentido estricto, una dependencia de la administración pública, también les aplicaron la norma que limitó gastos de operación y recortó su presupuesto para el año 2020, en el rubro de viáticos y pasajes aéreos (nacionales y al extranjero), así como en congresos, estudios e investigaciones. La pandemia evitó la salidas para todos, pero a los CPI les redujo el gasto.

 

Posteriormente, en el año 2020, vino la extinción de los fideicomisos, uno de los instrumentos financieros que más importancia tenían para el sector y especialmente para la operación de los CPI. Otra vez, primero, aparecieron las acusaciones de corrupción, opacidad y malversación de fondos como justificación.

 

Lo notable es que después de múltipes reuniones y sesiones de parlamento abierto, secretarios de Estado y legisladores quedaron convencidos de que, al menos, debían conservar los fideicomisos de los CPI y otros dos o tres que resultaban indispensables para el funcionamiento del sector.

 

Luego resultó que siempre no, el presidente López Obrador recriminó públicamente a los legisladores, ellos rápidamente se desconvencieron y de un plumazo desaparecieron todos los fideicomisos de ciencia y tecnología. Aunque siguen los de Salud, Pemex, Sedena y la Fiscalía General de la República, entre otros. Nuevamente, el sector se quedó sin recursos y con reglas de juego diferentes.

 

Algo parecido ocurrio con otras iniciativas: la transferencia directa de recursos públicos a las empresas; el funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; el reglamento del SNI y la participación de miembros de instituciones de educación superior privadas; o el Programa Cátedras Conacyt (ahora investigadoras e investigadores por México). Elminación, limitación de recursos o reglas distintas

 

El cambio de normas no tendría nada de raro en un nuevo periodo, casi todas las administraciones buscan la trascendencia y diferenciarse de las anteriores. El mayor problema es que ahora los cambios se sostienen en una narrativa que no ofrece evidencia y, peor, en ausencia de un marco normativo  (la ley general del sector tiene un año de retraso y el programa especial es la hora que no se publica).

 

No obstante, a diferencia de los conflictos anteriores, ahora hay un pliego de exigencias de estudiantes del CIDE a las autoridades del Conacyt y del Centro, cuyo emplazamiento es para este 29 de noviembre. Y sí, tal vez podría ser un punto de quiebre en el recurrente patrón de la actual administración del sector.

 

Pie de página: Ya están los resultados del programa “Investigadoras e investigadores por México” (antes Cátedras Conacyt), lo malo es que solamente salieron 39 plazas (10 para instituciones de educación y 29 para la administración pública). Lo grave es que hay dudas sobre los resultados y el mecanismo de asignación.

CPI: Normas en el naufragio

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 889. Febrero 25, 2021. Pág. 4) 

 

Hace ya casi dos años, poco mas de tres mil integrantes de los Centros Públicos de Investigación (CPI) solicitaban públicamente que no se les aplicara la normatividad como si fueran una entidad más de la Administración Pública Federal, “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta” (15.05.2019).

 

La solicitud no solamente fue ignorada, tampoco fue tuvo eco la propuesta de diseñarles un marco jurídico propicio para el desarrollo de sus actividades. Ahora, una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los CPI y añadir otro elemento más a la inestabilidad de esos mismos centros.

 

Al comienzo, en mayo del 2019, los CPI buscaban que el memorándum presidencial de austeridad republicana no los incluyera. El documento del ejecutivo federal no era un decreto de ley –esa vendría después--, pero tenía la capacidad de instaurar obligatoriamente en todos los organismos descentralizados y paraestatales una serie de restricciones sobre el presupuesto asignado.

 

Los CPI no forman parte de la administración pública centralizada, como las diferentes secretarías de Estado, pero sí los incluye porque normativamente están definidos como entidades paraestatales que apoyan al ejecutivo federal (Campus No. 806). En este caso el objetivo estratégico de los centros es realizar actividades de investigación científica y tecnológica.

 

Por la misma razón, el personal de los CPI no estaba de acuerdo en una reducción, respecto a los montos aprobados para 2019, del 30 por ciento en el gasto de operación o de 50 por ciento en partidas destinadas a congresos, pasajes y viáticos al extranjero, entre otros aspectos. Sin embargo, no escaparon a los recortes.

 

Al año siguiente, otra vez en mayo, pero del 2020, vino de nuevo un clima de incertidumbre por la iniciativa de ley para eliminar los fideicomisos públicos. Estos últimos representaban uno de los principales instrumentos de financiamiento y operación en el terreno de las instituciones científicas y tecnológicas.

 

Lo más perturbador fue que la primera iniciativa de ley eliminó diversos fideicomisos pero dejó a salvo poco más de un centenar. Ahí quedaron preservados los fondos que ejercía centralmente el Conacyt, también los 26 fideicomisos de los CPI y otros más de destinados a migrantes, cine, deporte y periodismo, entre otros.

 

Poco duró la tranquilidad porque meses después, en octubre del 2020, el Senado, en una ríspida sesión, ratificó la eliminación de todos los fideicomisos públicos, incluyendo los que operaban los CPI y que habían causado tantas protestas meses antes.

 

Según la más reciente relación de entidades paraestatales de la administración pública (DOF. 14.08.2020), los CPI suman 27 entidades: 25 centros y dos fideicomisos. Aunque estos dos últimos (Infotec y Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos) ya no debiéramos contabilizarlos porque seguramente quedaron eliminados.

 

La creación de los CPI comienza principalmente en los años de 1970 (el Inaoe primero y luego siguieron el Ciesas, el Cicese, el Cide, entre otros) y el último es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, establecido en el año 2000. Todos son entidades paraestatales pero tienen diferentes figuras jurídicas, como asociaciones y sociedades civiles, organismos descentralizados e incluso una sociedad anónima (Corporación Mexicana de Investigación en Materiales).

 

Actualmente, alguna sede o subsede de los centros está presente en casi todo el territorio nacional, la excepción son los estados de Morelos y Colima. En general, han representado un respaldo al desarrollo regional y algunas veces la única presencia de investigación (“Sistema de CPI Conacyt”).

 

El sistema de CPI ha sido altamente competitivo y dinámico. Realizan una importante labor en investigación: publican más de tres mil artículos anuales, llevan a efecto una cantidad similar de proyectos y tienen casi dos mil integrantes del SNI. Por eso se dice que representan la segunda fuerza nacional en investigación y desarrollo tecnológico. También atienden a cerca de diez mil alumnos de posgrado y la mayor parte de sus programas están acreditados en el Padrón de Posgrados.

 

Los CPI son un sistema consolidado; edificado paulatinamente en los últimos 50 años. No obstante, las restricciones presupuestales que se le han impuesto, la pérdida de su principal instrumento de operación y la persistente ambigüedad normativa de su conducción, minarán la base de su institucionalización.

 

Además, ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una revisión de jurisprudencia podría modificar el régimen laboral del personal de los centros: trasladarlos del Apartado A al Apartado B del artículo 123 constitucional. Así, en adelante, serían  considerados como personal de confianza y expuestos a una mayor vulnerabilidad laboral.

 

El fallo todavía está pendiente, pero la incertidumbre e inestabilidad institucional son ingredientes perfectos para naufragar en la tormenta.

 

Pie de página: Pendientes de las aclaraciones del Conacyt a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.