El reglamento y las nuevas universidades

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1077. Enero 30, 2025, pág. 4)

 

La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) ya tiene su reglamento interior. Una norma que deben exhibir todas las dependencias gubernamentales para precisar su organización y funcionamiento.

 

Aunque en realidad esa norma, y casi cualquier otra similar, por su propia naturaleza, solamente está en la esfera de interés de los directamente involucrados y de lo propiamente burocrático. Para el resto, se entiende, carece de importancia.

 

Sin embargo, en este caso, había cierta expectativa sobre el reglamento. Por una parte, debía regular a una dependencia gubernamental que no existía. Por otra y, tal vez más relevante, delimitaría la responsabilidad entre secretarías acerca del modelo de universidades que pondrá en marcha la actual administración.

 

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado lo expide la persona titular de la presidencia de la República para determinar las atribuciones que tendrán y cómo se deben suplir las ausencias de sus titulares (artículo 18). Por cierto, aunque la Ley Orgánica fue reformada el pasado mes de noviembre, el artículo citado todavía se refiere a la persona como “Presidente de la República”.

 

El nuevo reglamento está publicado en el Diario Oficial de la Federación (24.01.2025) y establece que la Secihti tendrá dos subsecretarías: Ciencia y Humanidades, y Desarrollo Tecnológico e Innovación. A su vez, la primera cuenta con tres direcciones generales: Investigación Científica y Humanística; Becas y Apoyos; y Promoción e Incidencia. La segunda tiene cuatro: Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación; Centros Públicos y Laboratorios Nacionales; Programas Prioritarios; y Sistemas Nacionales de Información Científica.

 

Además, la Secihti tiene tres unidades: Políticas Transversales; Administración y Finanzas; y Asuntos Jurídicos. Y cada unidad tiene dos o tres direcciones generales. Por último, en la estructura de la dependencia también está la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), misma que no tiene direcciones generales.

 

En el tabulador de la administración pública, las unidades ocupan el nivel inmediato siguiente a las subsecretarías. En conjunto, la nueva secretaría tiene dos subsecretarías, tres unidades, una secretaría ejecutiva y 14 direcciones generales. Después le sigue toda la estructura de direcciones de área, subdirecciones, jefaturas de departamento y demás personal. Es decir, conserva las restricciones de crecimiento del servicio público instaurado en el sexenio anterior y, en especial, el esquema de dos subsecretarías por dependencia gubernamental.

 

Entonces, ¿cuál subsecretaría o quién tiene la responsabilidad sobre el nuevo modelo de universidades? El artículo 12 del reglamento, al establecer las funciones de la Unidad de Políticas transversales, especifica que a esa unidad le corresponde: “Colaborar, en acuerdo con la persona Titular de la Secretaría, en la coordinación con la Universidad Nacional Rosario Castellanos y con la Universidad de la Salud” (sic). No dice “administrar” como lo había establecido el decreto de creación de la Secihti (Artículo 38 Bis, Fracción X).

 

La redacción del reglamento sobre la responsabilidad no es la mejor, pero se entendería que la atribución correponde a la persona titular de la Secihti y a la Unidad de Políticas Transversales. Vale la pena recordar que la Secretaría había anticipado que las universidades se sumarían a los Centros Públicos de Investigación. Sin embargo, nótese que no estarán reguladas por la subsecretaría responsable de los Centros Públicos.

 

El caso es que el reglamento, al enumerar las facultades de la persona titular de la Secihti, no menciona ni sugiere nada concerniente a las dos universidades. Así que tal vez habría que esperar a la reforma del correspondiente reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la otra dependencia que también debe tener atribuciones al respecto, para conocer con mayor detalle la distribución de responsabilidades del nuevo modelo de universidades.

 

Por cierto, si fue eliminada la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y se supone que su función pasará a formar parte de la estructura administrativa de la SEP, esta última debe emitir un nuevo reglamento interior para precisar la jerarquía normativa que le asignará y las actividades a cumplir.

 

En fin, la iniciativa de llevar a escala nacional un nuevo modelo de universidades es de la Secihti, publicamente se desconocen los ragos generales del proyecto y, como se podrá advertir, normativamente tampoco están delimitadas las atribuciones y responsabilidades.

 

Pie de página: Ya está en el Congreso la iniciativa de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Constitución y establecer la obligación del Estado de garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos. Un paso importante después de la resolución del Panel de Controversia del T-MEC. Luego vendrá lo complicado: cómo garantizarlo y ponerlo en marcha

Aspiraciones y oportunidades educativas para los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1068. Noviembre 14, 2024, pág. 4)

 

A la memoria de Humberto Muñoz, un universitario ejemplar.

 

La cobertura de la educación superior en México ha mejorado en las últimas décadas, pero todavía está abajo del promedio de la región. A nivel nacional más de la mitad de los jóvenes no tienen acceso a este nivel educativo y la proporción disminuye si se considera solo el grupo de edad correspondiente.

 

Las oportunidades de cursar estudios superiores se reducen aún más para los estratos más desfavorecidos; solamente tres de cada diez jóvenes de los primeros cuatro deciles de ingreso logran inscribirse, a diferencia de los que están en el extremo opuesto que tienen todas las posibilidades.

 

El sistema de educación superior no solamente se corta por la desigualdad en los ingresos económicos. A esa desigualdad se suman otras, como la de género o la institución en la que se estudia. Porque tanto uno como otra generan condiciones distintas; los puntos de partida son muy diferentes.

 

El sistema está altamente segmentado y no da lo mismo estar en una universidad particular de élite o en una que ni siquiera tiene reconocimiento oficial; tampoco si es una pública consolidada u otra en vías de consolidación. Las experiencias educativas son notablemente diferentes entre lo que ofrece una universidad federal, una estatal, una tecnológica o alguna sede de las nuevas universidades Benito Juárez.

 

La pertenencia a una determinada etnia y el lugar de residencia es otra variable de desigualdad, como lo saben las familias y los jóvenes que tienen como destino las instituciones educativas que tienen a tiro de piedra. Desde luego, si está en sus posibilidades, buscarán trasladarse de un estado o municipio a otro en busca de la institución o la profesión en la que desean matricularse.

 

Las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para llegar a la universidad se han documentado con relativa amplitud y también los obstáculos a sortear, una vez que están en las aulas universitarias. Sin embargo, poco se ha explorado cómo moldea sus aspiraciones y sus anhelos ese sistema de educación superior fuertemente segmentado y de desigualdades multidimensionales.

 

Un libro reciente, “El Caleidoscopio de las aspiraciones. Estudiantes universitarios en condiciones desiguales”, coordinado por Lorenza Villa Lever y publicado bajo el sello editorial de la UNAM, muestra los resultados de un grupo de investigación que se propuso indagar cómo intervienen las dimensiones de la desigualdad en la capacidad de aspiración de los jóvenes.

 

Según el antropólogo indio Arjun Appadurai, las aspiraciones son una especie de capacidad de navegación en el tempestuoso o apacible mar de la vida, una condición clave que desencadena una serie de acciones en busca de un mejor futuro. El asunto es que esa capacidad no está distribuida de forma equitativa ni homogénea; se experimenta de forma individual, pero se construye colectivamente.

 

Así que no es irrelevante el contexto en el que se vive, los recursos materiales y simbólicos con los que se cuenta, la institución a la que se asiste o la profesión que se estudia para los deseos o aspiraciones. El conjunto de variables tiene un efecto y pueden ampliar o reducir el horizonte de futuro.

 

El tema cobra mayor relevancia en un sistema de educación superior que no solamente está altamente segmentado y sus establecimientos son notoriamente asimétricos entre sí, también debe ampliar su cobertura y ser más inclusivo. Pero, ¿qué opciones educativas les ofrece u ofrecerá a los jóvenes? ¿Los nuevos lugares fortalecen la capacidad de navegación de los jóvenes?  ¿Los estudiantes vislumbran un futuro promisorio o más bien una profundización de las desigualdades?

 

El grupo de investigación del libro mencionado, a lo largo de nueve capítulos, de igual número de autores -entre los que me incluyo-, muestra los resultados sobre distintas variables de desigualdad y áreas de aspiración de una misma población de jóvenes universitarios. Algunos de éstos cursaban el primer año de licenciatura, otros estaban al final de la carrera y unos más habían optado por estudiar una maestría.

 

En términos estadísticos, los jóvenes de la investigación no constituyen una muestra representativa del sistema de educación superior, pero los resultados sí son ilustrativos del universo estudiado e incluye, relativamente, la diversidad institucional del sistema.

 

Por ejemplo, abarca tres profesiones de alta demanda: Administración; Derecho; e Ingeniería en sistemas. Los jóvenes provienen de seis diferentes universidades, tanto de régimen público como de régimen privado; la mitad de ellas consideradas como instituciones consolidadas y la otra mitad más bien en vías de desarrollo.

 

En fin, no estaría nada mal conocer cómo ven los jóvenes universitarios su futuro, conforme distintas dimensiones de la desigualdad. El libro anotado ya está en circulación y la versión digital está disponible en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

 

Pie de página: El panel de expertos para resolver la controversia sobre la prohibición del maíz transgénico ya dio a conocer sus resultados preliminares y no son favorables para México, pero los resultados definitivos estarán en un mes más, aclaró Marcelo Ebrard. Atentos. // La Universidad Autónoma de Hidalgo acusa públicamente a una institución bancaria de generarle pérdidas por 430 millones de pesos.

La obligatoriedad educativa y el futuro de los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1040. Abril 18, 2024. Pág. 4)

 

La reforma del artículo 3º constitucional de mayo del 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. No ha sido fácil ni rápido llevar ese propósito a los principios constitucionales. Pero, con todo, eso ha sido lo menos complicado, lo más difícil es llevarlo al terreno de los hechos. Poco se avanzó en este periodo de gobierno y podría ocurrir que tampoco se logre en el siguiente.

 

Desde la Constitución de 1917 quedó establecida la gratuidad de la enseñanza primaria impartida en establecimientos oficiales (Artículo 3º, último párrafo). Pasaron más de 70 años para que se alcanzara su universalización y entonces se añadió la obligatoriedad y gratuidad del siguiente nivel, la educación secundaria. El decreto de reforma apareció el 5 de marzo de 1993, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (DOF. 05.031993)

 

La educación primaria y la secundaria han sido y son la base más amplia del sistema educativo nacional. Sin embargo, la siguiente reforma no fue hacia el siguiente peldaño, fue hacia atrás: en el 2002, con Vicente Fox, se decretó la obligatoriedad del preescolar (DOF 12.11.2002). Sí había preocupación por la escolarización de la primera infancia, pero era mayor el interés por el volumen de plazas magisteriales que se necesitarían para cumplir el compromiso.

 

La reforma de ese 2002, en artículo transitorio, estableció los plazos para completar la obligatoriedad del preescolar: para los niños de 5 años en el ciclo 2004-2005; para los de cuatro años en el 2005-2006; y para los de tres años sería hasta el 2008-2009. No obstante, todavía hoy, no se alcanza la universalización del preescolar. La tasa neta de escolarización para ese nivel es de alrededor del 64%; la menor atención es para los niños de tres años.

 

Luego, casi al final del periodo de Calderón Hinojosa, se sumó la obligatoriedad de la educación media superior en la Constitución. El decreto de reforma indicó que el cumplimiento sería gradual, iniciaría en el ciclo 2012-2013 y se lograría la cobertura total una década después, en el 2022-2023 (DOF 09.02.2012). O sea que para esta fecha ya debería ser una realidad. No lo es.

 

Roberto Rodríguez, en estas mismas páginas, la semana pasada, anotó que el compromiso con la educación media superior no se ha cumplido ni se está cerca de lograrlo. En efecto, la tasa neta de escolarización para el grupo de edad es de alrededor del 61%.

 

Finalmente, en el actual periodo de gobierno se añadió la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior (DOF. 15.05.2019). La obligatoriedad de este nivel, precisó la misma reforma del artículo 3º en su fracción X, corresponde al Estado. Es decir, no es obligatoria para las familias de los jóvenes o para ellos mismos.

 

Además, la misma reforma previó que la federación y las entidades asignarían el presupuesto necesario para lograr la gratuidad y, además, aparte de los recursos ordinarios, dispuso la creación de un fondo federal especial para asegurar “a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad… así como la plurianualidad de la infraestructura” (Décimo Quinto transitorio).

 

Sin embargo, el presupuesto para la educación superior apenas se ha sostenido en términos reales en el periodo. Y no, nada de instauración de un fondo especial para la obligatoriedad; tampoco se destinaron recursos adicionales por otros medios.

 

Entonces, una expansión sustantiva de la cobertura en la educación superior ya no se logrará en este periodo. Ni siquiera se alcanzará la meta de 50 por ciento en la tasa bruta de cobertura al finalizar el periodo. Una meta que el mismo gobierno se planteó en su programa sectorial.

 

Tal vez por eso la reciente declaración de una de las aspirantes a la presidencia ha tenido tanta resonancia en la educación superior. La candidata Claudia Sheinbaum, hasta el momento con mayor ventaja en las preferencias electorales, declaró que “Con respeto a la autonomía de las universidades (…), el aumento a la inversión en las universidades públicas tiene que, desde mi punto de vista, ir acompañado también de un proceso de austeridad republicana” (El Financiero 13.04.2024). ¿Un aumento con austeridad?

 

Habrá que esperar un mayor detalle de la propuesta, porque la austeridad republicana a menudo ha significado, lisa y llanamente, sostener los recursos en términos reales, cuando no una disminución indiscriminada en el presupuesto. Desde luego, las universidades están obligadas a cumplir cabalmente su función y deben rendir cuentas de los recursos públicos que reciben.

 

Pero también es verdad, y ya quedó constatado, que sin recursos financieros no es posible ampliar las oportunidades educativas, al menos las opciones verdaderas. Lo peor es que los más excluidos son los jóvenes más desfavorecidos.

 

Sería una lástima que una vez más el futuro de los jóvenes se difiera antes de iniciar el presente de un nuevo periodo de gobierno.

 

Pie de página: Las medidas del presidente argentino siguen causando una inconformidad creciente en el ámbito científico y académico. La Red Argentina de Carreras de Sociología emitió una declaración pública sobre lo que está ocurriendo, aquí se puede ver: t.ly/8ZjSF

La nueva Universidad de las Lenguas Indígenas de México, su implementación y el Coneval

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1017. Octubre 19, 2023)

 

El presidente López Obrador, cuando llevaba poco más de un año en funciones, en una visita a la alcaldía Milpa Alta, la segunda demarcación con mayor superficie territorial y con mayor presencia náhuatl, diagnosticó: “No hay una universidad que enseñe las lenguas originarias, la que más se habla en el país es el náhuatl y después el maya” (Comunicado 09.02.2020).

 

Así que el ejecutivo federal les dijo a las comunidades reunidas que lo escucharon: “Hago el compromiso, que se pongan de acuerdo aquí, en Milpa Alta, para ver en qué pueblo se pone la universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas de México.” Y ahí arrancó la idea del nombre y la instauración misma de una nueva universidad.

 

La responsabilidad no fue para la Subsecretaría de Educación Superior, tampoco formó parte del polémico proyecto de las Universidades Benito Juárez, cuyo organismo coordinador se había instaurado un año antes. De hecho, ninguna de las autoridades educativas estuvo presente en aquel acto. En cambio, sí estuvieron la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), Adelfo Regino.

 

El mandato para instaurar la nueva universidad fue para el Inpi. Seguramente usted recordará que hasta el 2003, en el periodo de Vicente Fox, estuvo en funciones el Instituto Nacional Indigenista, luego lo sustituyó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al inicio de este sexenio quedó instaurado el Inpi y abrogada la Comisión. O sea, 15 años después retornó la figura de instituto.

 

En fin, sin mayores explicaciones, el Inpi quedó como responsable de instaurar una nueva universidad. En febrero del 2022, dos años después del compromiso de López obrador, el director del Instituto informó que el nombre, como lo había sugerido el presidente, sería Universidad de las Lenguas Indígenas de México (Ulim) y el coordinador del proyecto sería Natalio Hernández. También dijo que la pandemia había retrasado los trabajos pero la institución comenzaría sus actividades el mismo 2022 con cuatro licenciaturas: Enseñanza de las Lenguas Indígenas; Interpretación y Traducción de las Lenguas Indígenas; Literatura en Lenguas Indígenas; y Comunicación Indígena Intercultural (Comunicado 08/22. 15.02.2022).

 

No fue el caso. Apenas, al final del 2022 el Inpi ingresó un primer proyecto de decreto de la nueva universidad en el portal electrónico de la Conamer, un mes después lo sustituyó por otro y solicitó exención de análisis de impacto regulatorio. El decreto estableció que la universidad estaría sectorizada a la SEP y sería un organismo público descentralizado. Aquí se puede ver el expediente completo: t.ly/cBDQ2. Sí recibió la exención pero hasta ahí llegaron los trámites. No se publicó ningún decreto en los meses siguientes y tampoco se consideraron recursos financieros para el proyecto.

 

Lo sorprendente es que en marzo de este año se publicó un acuerdo presidencial para instruir la realización de acciones para la creación y funcionamiento de la Ulim (DOF. 15.02.2023). O sea, un acuerdo para indicar que el Inpi primero debía crear la “Dirección de Implementación de la Universidad de las lenguas Indígenas de México”, pero sin incrementar plazas ni presupuesto. 

 

La citada Dirección, según el acuerdo, debe promover la “creación e implementación de educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta y dual; realizar investigación, promoción y vinculación” (Artículo Tercero). Es decir, hará las veces de universidad hasta que se cree la institución. Así que el asunto va para largo.

 

Sin embargo, el director del Inpi anunció que la Ulim ya inició actividades este 12 de octubre. ¿En octubre? Seguramente tendrá su propio calendario escolar ¿Y tiene instalaciones la institución? No, pero el mismo titular dijo que, por lo pronto, estarán en el edificio del Coneval y ahí tienen comedor, aulas, cubículos y biblioteca, hasta que se construyan sus instalaciones definitivas en Milpa Alta. La primera generación es de 64 alumnos que estudiarán la licenciatura en “Enseñanza de las Lenguas Indígenas” y para el año próximo prevé poner en marcha las tres licenciaturas restantes.

 

Diferentes instituciones de nivel superior hoy muy reconocidas, en sus inicios, comenzaron a operar en instalaciones provisionales y luego se ampliaron o mudaron a las propias. Sin embargo, improvisar el proyecto educativo no conducirá a buenos resultados y si el proyecto se arma con una base sólida debe tener los recursos financieros necesarios. Ahí tenemos como contraejemplo el programa de las Universidades Benito Juárez.

 

Los primeros pasos de la Ulim no son firmes ni claros, ojalá el proyecto no naufrague. En próxima entrega retornaremos con algunas cifras sobre el presupuesto del Inpi y los poco más de 65 mil hablantes de lengua indígena en educación superior.

 

Pie de página: Los resultados de algunos aspirantes a ingresar o ratificar su pertenencia al SNI, tanto como el nivel de prelación y sus evaluadores, quedaron expuestos públicamente en la plataforma del Conahcyt, al parecer por un error y fue muy breve. Es que de verdad… // Argentina, sin mucho ruido ni anuncios fallidos, ya tiene lista y aprobada su vacuna contra el Covid, se llama “ARVAC Cecilia Grierson”. Patriencia, digo.

La Universidad Rosario Castellanos y su promesa

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1016. Octubre 12, 2023. Pág. 4)

Las autoridades seguían sin darse por enteradas del paro de labores de una de las carreras de la Universidad Rosario Castellanos, al menos dos días después de que inició. Tal parece que le restaron importancia. Sin embargo, las causas del malestar no son menores y pueden truncar el proyecto educativo.

 

Según comunicado público, se trata de los profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación y se declararon en paro de labores porque no recibieron el pago completo de sus salarios. (08.10.2023: t.ly/6g5o7). También dijeron que la Dirección de Administración y Finanzas de la institución no les explica las razones de la demora ni se conduce con transparencia.

 

La URC es una institución joven, su antecedente fue el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”. Este último creado por decreto el 23 de mayo del 2019 (t.ly/RbcdI) como un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, pero con

autonomía técnica, académica y de gestión.

 

El Instituto reportaba cifras importantes casi dos años después de su creación. De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno de la CDMX, hacia el final del primer semestre del año 2021, el Instituto ya contaba con unidades en las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Atendía poco más de 17 mil alumnos y ofrecía 18 licenciaturas (pág.95).

 

En este año, cuando el Instituto apenas cumple su cuarto aniversario, a la par de las modificaciones a la Ley de educación de la Cdmx, fue renombrado como Universidad Rosario Castellanos. La personalidad jurídica cambió a organismo público descentralizado de la administración pública de la Cdmx, sectorizado a la Secretaría de Educación de la Ciudad y dotado de autonomía técnica y académica.

 

La autoridad emitió un nuevo decreto para establecer que la URC debe realizar las tres funciones sustantivas de toda universidad: investigación, docencia y difusión (GOCdmx. 15.06.2023). También conserva dos figuras de autoridad: dirección general --no rectoría-- para la titularidad de la institución; y un Consejo de Administración.

 

El Consejo de Administración es presidido por la persona titular de la secretaria de educación local y la dirección general funge como secretaria técnica. A diferencia de la Junta de Gobierno que estaba en operación cuando era Instituto, ahora el Consejo es más reducido e incluye solamente a funcionarios del gobierno local. En total, con derecho a voz y voto son las personas responsables de cinco secretarias: Educación, Gobierno, Administración, Trabajo y Economía.

 

Según el más reciente informe del gobierno local, la URC ya suma cinco unidades en igual número de alcaldías y otra unidad más de licenciaturas a distancia. En total, atiende a 38 mil 305 estudiantes; el 61 por ciento en la modalidad a distancia. La matrícula se distribuye en “14 licenciaturas en modalidad presencial-híbrida, tres más en modalidad a distancia-híbrida y cinco en ambas modalidades” (pág.91). 

 

Desde el año 2022, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, anunció la creación de la nómina educativa para darle mayor seguridad y prestaciones laborales al personal académico en las instituciones del gobierno local. El más reciente informe señala que se benefició a alrededor de 1,000 plazas de la UCR (pág. 92), aunque no da más detalles.

 

Y sí, uno de los problemas de las instituciones educativas es la regularización de su personal. No es un asunto sencillo de resolver porque compromete recursos financieros y la proyección de un presupuesto creciente. Sin embargo, es casi imposible realizar un proyecto educativo exitoso, y cualquier otro proyecto, sin garantías para quienes tomaran la responsabilidad de llevarlo a efecto, en este caso la certeza laboral para su personal académico. El ejemplo de las Universidades Benito Juárez es elocuente.

 

Las estadísticas sobre la planta de profesores de la URC no están disponibles públicamente, menos cómo se distribuyen ni qué categorías tienen. Una tarjeta informativa de la autoridad de este lunes 9 de octubre solamente indicó que ya se habían pagado en su totalidad las quincenas correspondientes a 543 profesores de la modalidad presencial y a 571 de la modalidad virtual (09.10.2023).

 

No está claro si el problema de falta de pago ya está resuelto en definitiva y tampoco qué proporción del total representan estos 1,114 profesores a los que se les adeudaban salarios. Tampoco si todos fueron beneficiarios de la nómina educativa que se reporta en el informe del gobierno local.

 

Tiene muy poco que se formalizó como universidad la URC y es comprensible que esté en marcha un ajuste en la nómina. Sin embargo, sería lamentable que un proyecto prometedor como la URC naufragara por errores de gestión, o peor, por la limitación de recursos financieros.

 

Pie de página: La protesta de los jóvenes que se quedan sin beca de posgrado llegó a las puertas del Palacio Nacional este 10 de octubre. // No se puede ocultar el problema de las becas con una narrativa… O sí se puede, pero a la vista de todos no se corresponde con la realidad.

Las UBBJG: vine a Armería porque me dijeron que estaba el presidente

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 959. Agosto 11, 2022)

 

 

El programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) ha sido polémico desde que inició. Hace cuatro años, el entonces presidente electo, López Obrador, anunciaba así el programa: “La rectora de este programa de universidades es la maestra Raquel Sosa. Es un plan de 100 universidades del país” (29.09.2018).

 

La cifra resultaba desmesurada frente a la complejidad de instaurar un solo proyecto universitario. El problema no solamente está en los recursos financieros para conseguir la ubicación apropiada, edificar el plantel y dotarlo de la infraestructura necesaria; no es lo de menos, pero tampoco es lo único.

 

Multiplicado por cien había que planear las opciones formativas, diseñar planes y programas, definir las líneas de gestión y organización académica, precisar la identidad institucional, el perfil de egreso de los estudiantes, las demandas del mercado laboral, entre otros asuntos a resolver. Además, el componente imprescindible: una sólida y estable planta de personal académico para garantizar su viabilidad.

 

Así que la iniciativa de crear 100 universidades, aunque necesaria para ampliar las oportunidades educativas para un mayor número de jóvenes de los sectores menos favorecidos, no parecía realista. Después quedó claro que, más bien, era una sola universidad, pero tendría un centenar de sedes. La profesora Raquel Sosa tenía experiencia en el asunto, porque había ocupado la secretaria de Desarrollo Social de la Cdmx del año 2000 al 2005, cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno.

 

Después, en el 2015, la misma profesora Sosa se encargó de poner en funcionamiento media docena de escuelas de educación superior de Morena. El proyecto estaba financiado con recursos de militantes de Morena que desempeñaban una responsabilidad pública. Aunque los planteles no solamente tenían instalaciones precarias e improvisadas, los estudios que ofrecían pendían de alfileres y no tenían reconocimiento de validez oficial.

 

Pero el panorama fue otro al inicio del actual sexenio: Morena se convirtió en el partido en el poder y obtuvo mayoría calificada en el Congreso. AMLO anunció la iniciativa de la UBBJG, le asignó un presupuesto de mil millones de pesos para el primer año y le cedió las instalaciones del Centro de Cooperación Regional de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), en Pátzcuaro, Michoacán. A mediados del 2019 el presidente emitió el decreto de creación del organismo coordinador.

 

Sin embargo, el dinero y la administración no apagaron la polémica. La controversia sobre el proyecto ha continuado, tanto por la improvisación material de algunos planteles, como por la arbitrariedad para decidir la localización de las sedes, la accidentada gestión en los planteles, la precariedad de las condiciones laborales de los profesores, el número de docentes por carrera y plantel, los trámites de validez oficial de los estudios o la opaca información sobre el estado del programa.

 

La reciente visita del presidente López Obrador a una de las sedes de la UBBJG, en el estado de Colima, retrata el proyecto mismo. Veamos. La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, abrió la ceremonia y solamente tuvo palabras de agradecimientos para el ejecutivo federal, principalmente por cumplir, por edificar la sede y por las becas. Luego siguió la profesora Raquel Sosa, la coordinadora del programa, e inició su discurso repitiendo las palabras con las que comienza la primera novela de Juan Rulfo de 1955: “Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo” (06.08.2022).

 

No era Comala, pero sí Armería, Colima, y estaba el presidente. La profesora Sosa desgranó unas líneas de la historia del municipio y dio algunos datos que, a su juicio, expresan logros del programa. Por ejemplo, dijo que la población había demandado el plantel y la carrera de “ingeniería en acuacultura y piscicultura”. Tiene 180 estudiantes.

 

Sobre el programa, en general, puntualizó que, en todo el país, ya suman 145 planteles y hay “cerca de 600 estudiantes esperando que el presidente los visite para entregar sus títulos profesionales”. También añadió que suman 64 mil estudiantes en todos los planteles, una planta de profesores de mil 733 y llegarán a 2 mil 300 en este ciclo escolar.

 

Sobre el presupuesto dijo que de los 13 millones que costó la sede de Armería, “63 por ciento del presupuesto del programa se le entrega a los padres y madres de familia organizados en comisiones de administración y de supervisión para que sean ellos mismos los que administren el recurso de las escuelas”.

 

El otro trazo del programa fueron los dos anuncios del presidente López Obrador en su turno a la palabra. Primero, dijo que se edificarán 55 sedes más, habrá presupuesto para ello, y se llegarán a 200 universidades, pero las nuevas, “que se procure que sean de Medicina y de Enfermería, porque nos faltan médicos en el país”. Segundo, el título profesional de los egresados lo firmará el presidente y además les firmará una plaza en el gobierno. Los asistentes batieron palmas y estallaron en júbilo

 

Entonces, lo de menos es la complicada relación entre educación superior y mercado laboral, la proporción de las UBBJG frente al sistema de educación superior, la calidad de los estudios, los criterios para edificar nuevas sedes, las sumas y restas del presupuesto global, el RVOE, los contratos del personal académico, como tantos otros aspectos de una nueva universidad.  

 

Lo importante es que estuvo y esté el presidente. Él mismo lo dijo: “porque mientras nosotros estemos no va a haber ningún problema”.

 

Pie de página: Ahora resulta que el dictamen de la Conamer sobre el nuevo reglamento del SNI estaba desde el 25 de julio y apenas, mágicamente, apareció este 8 de agosto. Un verdadero quiebre de las normas. // Ahí viene la convocatoria del SNI.