Agenda: género y recursos financieros

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1060. Septiembre 19, 2024. Pág. 4)

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la semana pasada su informe anual sobre los principales indicadores educativos de los países miembros de esa organización. El reporte, denominado Education at a Glance 2024, es un panorama de indicadores armonizados internacionalmente que permite valorar el funcionamiento y desempeño de los sistemas educativos.

 

En cada informe anual se presenta un componente central, el correspondiente al año pasado fue la formación y educación vocacional, el de éste es sobre equidad en todos los niveles educativos y el mercado laboral. No obstante, todos los reportes incluyen distintas secciones con datos relevantes sobre los resultados de las instituciones educativas y el impacto del aprendizaje, así como sobre los recursos financieros que se invierten, las condiciones de los docentes y la organización de las escuelas.

 

Los datos que incluye el reporte son múltiples y variados, pero vale la pena destacar los que se refieren a las mujeres y a los recursos financieros. Por ejemplo, muestran lo que la literatura de la investigación educativa ha documentado desde hace décadas: las mujeres (niñas, adoscentes o adultas) obtienen mejores resultados educativos que los hombres y la brecha cada vez se ensancha más.

 

No obstante, el panorama de la OCDE le pone números a las diferencias de desempeño. Por ejemplo, anota que las mujeres obtienen puntajes más altos en las evaluaciones estandarizadas y, en comparación con los hombres, “tienen un 28 por ciento menos de probabilidades de repetir un curso en la primaria y secundaria” (p. 19).

 

A su vez, en el bachillerato y educación superior, las probabilidades de que las mujeres completen sus estudios supera a menudo por 10 puntos porcentuales las probabilidades de los hombres. Además, es mayor la proporción de los jóvenes que no están en el bachillerato respecto de las jóvenes; una diferencia que en México es de alrededor del 5 por ciento.

 

En general, en los países de la OCDE, las mujeres tienen mayores probabilidades de ingresar a la educación superior y la proporción de mujeres entre 25 y 34 años con estudios superiores supera por 13 puntos porcentuales a los hombres (54 por ciento y 41 por ciento, respectivamente). Sin embargo, en el caso de México, la participación relativa es significativamente menor: 28 por ciento para ambos sexos.

 

El problema es que las ventajas comparativas de las mujeres en su desempeño educativo no se corresponden con su inserción en el mercado laboral. Por ejemplo, en México, en promedio, únicamente el 47 por ciento de las mujeres jóvenes con grado inferior al bachillerato están empleadas, mientras que la proporción de sus pares hombres con el mismo nivel educativo es de 91 por ciento.

 

La situación del empleo se repite en los estudios superiores, aunque la diferencia es menor: 78 por ciento de mujeres con ese nivel educativo están empleadas; los hombres el 89 por ciento. Otro tanto ocurre con el salario, porque las mujeres ganan 81 por ciento del salario que obtienen los hombres con el mismo nivel superior.

 

Los recursos financieros es otro indicador relevante. Los datos del reporte muestran que el gasto anual promedio por alumno en los países de la OCDE, incluyendo todos los niveles educativos, es de 12 mil 812 dólares. Para el caso de México el mismo indicador muestra que es de 3 mil 349 dólares. Esto es, alrededor de una cuarta parte.

 

Podría pensarse que la comparación con países de mayores recursos financieros siempre resultará desfavorable (p. 267). Sin embargo, el gasto anual promedio por alumno de un país como Chile es de 7 mil 421 dólares, o sea, más del doble de lo que destina México. El de Turquía es de 4 mil 806 dólares. Una desagregación de los datos mostraría que el gasto se incrementa conforme más alto es el nivel educativo, pero el promedio ilustra la notable diferencia.

 

Tal vez lo más grave es que en México el gasto educativo como proporción del PIB ha descendido. Según los datos reportados, durante el periodo 2015 a 2021, ese indicador pasó de 5.1 a 4.2 por ciento (p. 275). Por el contrario, en el mismo periodo, en Chile aumentó de 5.2 a 5.9 por ciento. El promedio de la OCDE es de 4.9 por ciento.

 

Seguramente, los recursos financieros encabezan la larga lista de pendientes para el próximo gobierno. Además, los cálculos sobre el crecimiento económico de México para los próximos dos años no son promisorios, las presiones sobre el gasto social irán en aumento y el contexto político está crispado con la reforma del poder judicial.

 

No será sencillo decidir qué prioridades atenderá el próximo gobierno. Sin embargo, la educación y los temas de género serán insoslayables. La primera por el nivel de inversión y los resultados que se han obtenido hasta ahora. Los segundos no solamente porque siguen latentes en cualquier programa de gobierno, también porque el país, una docena de estados de la república, la mitad del Congreso y muchas otras posiciones en la administración pública estarán encabezadas por mujeres.

 

Pie de página: El equipo de transición para la próxima secretaría de ciencia va en aumento y también los perfiles para las posiciones.

A escrutinio el desempeño público

 

Alejandro Canales

UNAM/IISUE-PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1046. Mayo 30, 2024. Pág. 4)

 

Lo que hizo o dejó de hacer la actual administración gubernamental pronto estará en blanco y negro. Las votaciones serán este 2 de junio y en cuatro meses más iniciará una nueva gestión.

 

Durante los próximos meses, ahora el periodo de transición es más breve, la discusión pública estará en lo que continuará y lo que no, por lo que será inevitable trazar la línea base de la cual partir, tanto como reconocer en dónde se avanzó y en dónde ocurrió lo contrario. Vale la pena prestar atención a las fuentes, datos y responsabilidades.

 

La fuente oficial de datos más desagregada e importante en el sector científico y tecnológico son los informes generales que debe entregar el Conahcyt año con año. Una responsabilidad que no es nueva, lo indicaba la norma anterior y también lo dice la nueva ley.

 

El artículo 63 de la ley vigente establece que el organismo rector de la política debe emitir un informe sobre el estado general que guarda el sector y dar cuenta “del desempeño institucional, los resultados obtenidos y las áreas de oportunidad para el sector” (fracciónXXVII).

 

Sin embargo, a la fecha no hay información actualizada, el reporte más reciente publicado por el Conahcyt corresponde al año 2021 y sus datos se refieren al año previo. Tal vez en los próximos meses aparezca un informe más, pero no parece probable que publique todos los restantes. No obstante, al menos tendría que estar el informe general completo de cierre de ciclo.

 

Otra fuente de datos son los informes anuales del ejecutivo federal. Los voluminosos documentos, esos sí entregados puntualmente al Congreso, contienen información de todas las entidades de la administración pública. El problema es que se trata de datos relativamente agregados, el panorama sirve para los números grandes, pero ahí no aparece el detalle de programas.

 

La difusión de iniciativas y logros es usual en el ejercicio de gobierno, como lo publicado en los informes de gobierno. Sin embargo, no es suficiente para cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas. Por ejemplo, un comunicado reciente del órgano rector de la política científica y tecnológica informa sobre los múltiples avances en el sector. Dice, entre otros aspectos, que sobresale la entrega de casi 64 mil 734 becas “entregadas de forma directa y sin intermediarios en el primer trimestre del 2024” (529/2024).

 

Lo notable es que reporta lo ocurrido en la segunda reunión de la Junta de Gobierno del Conahcyt. Esa instancia, así lo establece la ley actual, es la máxima autoridad del sistema científico y tecnológico, la preside la persona titular del Conahcyt y participan una veintena de representantes, entre servidores públicos y de los sectores académico, social y privado.

 

Las responsabilidades y atribuciones de la Junta suman casi una veintena e incluyen todo o casi todo lo que tenga que ver con la gestión del sistema y la operación del organismo, como el presupuesto, el cambio de normas, desde luego las políticas y los programas sectoriales e incluso nombramientos del personal.

 

Los acuerdos de la Junta han sido motivo de interés público, antes lo eran y hoy todavía más porque se conviritió en la instancia de mayor jerarquía, así que existe cierta exigencia por conocer su desempeño. De hecho, en el año 2022, previo a la aprobación de la nueva ley general de ciencia, estaba la propuesta para que tanto el sentido de las votaciones de la Junta, como las actas de las sesiones se pudieran consultar libremente. La propuesta fue aprobada en comisiones, pero rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados.

 

El comunicado actual del Conachyt sobre la Junta añade otra serie de logros, como que ya alcanzó el 95 por ciento de gratuidad en los programas de posgrado de las instituciones de educación superior, un porcentaje de crecimiento en el Sistema Nacional de Investigadores del 53.5 por ciento respecto a los números de 2018, o bien, el monto de financiamiento para proyectos de investigación.

 

El problema es que sin mayor información o puntos de referencia es difícil valorar la actuación de la Junta o las decisiones que ha tomado. Por ejemplo, el anuncio de casi 65 mil becas entregadas directamente, contrasta con lo reportado en el último informe de gobierno.

 

En los anexos estadísticos de último informe se indica que en 2018 el Conahcyt entregó 55 mil 962 becas y para el 2023 fueron 54 mil 928 (pág. 199). Se entiende que las cifras del 2023 del informe son preliminares por su fecha de corte y pueden ajustarse ligeramente al alza pero no de forma desproporcionada. Si no rebasaron las 56 mil becas en todo el periodo de gestión, ¿cómo fue que aumentaron en casi diez mil en el primer trimestre del último año de gestión? ¿Qué tipo de becas son?

 

Tal vez los informes que faltan o los libros blancos nos ofrezcan las respuestas correctas. Llegó la hora de ponderar los resultados y no se podrá evitar el escrutinio público sobre el desempeño.

 

Pie de página: Literalmente, las cartas de apoyo de las principales contendientes a la presidencia de la República están sobre la mesa. ¿Usted ya decidió su voto? Nos vemos el domingo.

La competencia y profesión de los altos mandos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1030. Febrero 1, 2024. Pág. 4)

 

El proceso electoral del próximo 2 de junio no solamente tendrá, por primera vez, como principales protagonistas a dos mujeres, también serán dos perfiles académicos relativamente distintos. Tal vez la profesión de las aspirantes no será la variable decisiva al momento de emitir el voto. Sin embargo, sí será uno de los factores clave a la hora de integrar el gabinete y de gobernar.

 

Las dos principales aspirantes a ocupar la presidencia de la República tienen estudios de licenciatura diferentes, pero comparten un cierto vínculo con la ingeniería. Una profesión inclinada a la eficacia, al pragmatismo y solución de problemas. Xóchitl Gálvez, candidata del bloque opositor, estudió ingeniería en computación en la UNAM. No cursó estudios de posgrado. Su trabajo profesional lo ha desarrollado en automatización de procesos y telecomunicaciones, así como en edificios inteligentes y ahorro de energía.

 

Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante y de dos partidos coaligados, también es egresada de la UNAM, pero ella obtuvo su licenciatura en Física. Por la misma institución tiene una maestría y un doctorado en ingeniería energética. De hecho, en la campaña del 2018 por el gobierno de la Cdmx, se identificó principalmente como científica que busca soluciones.

 

La trayectoria y especialidad profesional de las personas, incluidas las del servicio público, se asocian con determinadas habilidades o, por el contrario, con la incompetencia. La formación profesional, como lo reporta la literatura correspondiente, se compone de un cúmulo de conocimientos propios de la especialidad, pero también por los mecanismos de socialización de esa profesión, por eso las identidades son tan diferentes entre la abogacía, la ingeniería o la medicina.

 

Los abogados desde el inicio del siglo XX, lo hemos dicho ya hace dos semanas, ocuparon las primeras posiciones en el gobierno federal y tuvieron la mayor participación relativa. No obstante, desde la última década de ese mismo siglo, las cosas cambiaron en la burocracia federal, comenzaron a descollar los egresados de escuelas privadas, los economistas y los estudios de posgrado en el extranjero.

 

Luego, entre el 2006 y 2018 volvieron los abogados al poder ejecutivo federal con Felipe Calderón y Peña Nieto, ambos de escuelas privadas. Pero ¿la profesión de la persona titular del poder ejecutivo federal es representativa o se replica en el gabinete? No.

 

Actualmente, en total, suman casi 300 titulares de instituciones de la Administración Pública Federal, entre secretarías de Estado, organismos desconcentrados y otras dependencias. No siempre ocurre, pero se necesitan especialidades y competencias profesionales muy variadas. En conjunto, los servidores públicos suman alrededor de un millón y medio (Inegi,2022).

 

Sin embargo, como decía Cosío Villegas, en el sistema político mexicano el presidente es pieza principal y sus facultades lo llevan a gobernar personalmente. Así que no carece de interés la composición profesional de los cuadros de primer nivel del gobierno federal.

 

Sebastián Garrido construyó una base de datos de titulares de la administración pública desde el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) hasta el de Peña Nieto. Incluye a 1,448 mandos de alto nivel, los llamó los mandarines mexicanos y el rango va desde presidentes hasta directores generales.

 

Los datos precisan qué disciplina estudiaron, cuál es su formación académica y en dónde estudiaron. El trabajo fue publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa y muestra que “66% o más de los funcionarios estudiaron tres disciplinas a nivel licenciatura (Derecho, Economía e Ingenierías), cinco de maestría (Economía, Políticas públicas, Administración de empresas, Ciencia política y Derecho) y tres de doctorado (Economía, Derecho y Ciencia política)” (Garrido,2017). O sea, derecho y economía son las profesiones mayoritarias.

 

También muestra que las instituciones públicas, a lo largo del periodo, han sido los principales lugares, a nivel licenciatura, de la formación profesional de los funcionarios (67 por ciento del total). Pero no es una tendencia sostenida y el papel de la UNAM ha venido declinando, con altibajos, desde la administración de Salinas de Gortari.

 

A su vez, la participación de las instituciones públicas disminuye notablemente en los estudios de posgrado (dos de cada diez que cursan maestría o doctorado). La estafeta la toman mayoritariamente las instituciones en el extranjero.

 

En fin, las relaciones no son directas entre la profesión y el desempeño como servidor público. Además, falta incluir los datos del periodo actual y asomarnos a las instituciones educativas, porque es tan relevante la disciplina que estudiaron los altos mandos de la burocracia como la institución formadora de sus identidades profesionales.

 

Seguramente presenciaremos un giro en el género y especialidad profesional de los funcionarios de primer nivel.

 

Pie de página: La vacuna Patria ya tiene el visto bueno de la Cofepris, pero sigue la controversia sobre su eficacia y resta por constatarla. // Probablemente las recientes resoluciones de la convocatoria 2023 del SNI volverán a ser impugnadas.

Ciencia y Tecnología: universos paralelos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1011. Septiembre 7, 2023)

 

El caso del sector de ciencia y tecnología, a propósito del reciente quinto informe de gobierno, muestra un marcado contraste entre lo que mencionó el presidente de la República en su discurso y las expresiones públicas de integrantes de la comunidad.

 

Las palabras del presidente López Obrador, su mensaje político le llaman, desgranaron un recuento de cifras, tanto sobre el año que corre como las acumuladas, destacó principios, avances y grandes logros. También, como es frecuente en estos mensajes, no hay mención a los errores y tampoco a lo que falta.

 

Según lo dicho por el ejecutivo federal y para efectos prácticos, la transformación marcha sobre rieles, literalmente. El año de gobierno que resta, como dijo el presidente, será cosa de seguir con la misma estrategia y seguir caminando “hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera…” (01.09.2023).

 

Al mandatario le llevó una hora y media pronunciar su mensaje y, casi a la mitad de ese tiempo, dijo sobre el sector: “Hemos reorientado los objetivos del Conacyt, el cual estaba al servicio de las grandes empresas y ahora de manera prioritaria promueve la investigación para vacunas y equipos médicos, busca opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos dañinos para la salud. Trabaja el Conacyt en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico y desarrolla nuevas tecnologías para explotar el litio, que ya es propiedad de la nación”.

  

No es todo lo que se ha hecho en el sector, pero la mención fue más extensa a lo dicho en años anteriores y se entiende que el mensaje político del presidente enfatiza lo más relevante de su periodo. Puede considerarse como una síntesis de lo más notable, cuando ya entregó el bastón de mando y comienza la hora de hacer corte de caja.

 

¿Los objetivos del organismo fueron reorientados? Sí, sin duda. En un universo, el ahora Conahcyt ha reiterado que gobiernos anteriores transfirieron cuantiosos recursos públicos a grandes empresas e instauró una narrativa que exalta lo público, la soberanía científica, la independencia tecnológica, los saberes ancestrales, la justicia epistémica, la equidad, el bienestar social, entre otros elementos.

 

Al mismo tiempo, el organismo se limita a apoyar algunas iniciativas del sector público, a recortar programas y a eliminar el respaldo a programas dirigidos a instituciones o investigadores del sector privado. El problema es que, como lo hemos advertido aquí mismo (Campus Milenio No. 900 y 901), la reorientación parece más forzada por la escasez de recursos financieros que no alcanzan para impulsar a todo el sector, más que por motivaciones ideológicas o un plan de desarrollo estratégico.

 

Tampoco hace falta mucha documentación para precisar si el Conahcyt se ha dirigido prioritariamente a promover la investigación para las vacunas o para sustituir el glifosato. Tal vez sería suficiente recordar que la titular del organismo había dicho que la vacuna Patria estaría lista al final del año 2021, pero concluyó ese año, el siguiente, casi estamos por terminar el actual y todavía no hay ninguna vacuna.

 

La fabricación de vacunas no se puede improvisar y no es un asunto sencillo de resolver. Sin embargo, en un universo paralelo a la retórica oficial, cabe hacer notar que la vacuna Patria no es propiamente un esfuerzo público, en todo caso es una alianza público – privada; tampoco es resultado de una tecnología nacional, el gobierno mexicano adquirió la licencia correspondiente para producirla, la tecnología fue desarrollada por la Escuela de Medicina de Icahan en Monte Sinaí (Nueva York) y la proteína HexaPro de la Universidad de Texas.

 

Sobre el glifosato y los transgénicos, como también lo hemos mencionado en estas páginas, son temas controvertidos y no hay evidencias duras al respecto. El caso es que por la posición del organismo rector de la política científica ahora tenemos en marcha un panel de resolución de controversias en el marco de Tratado de Libre Comercio (T-mec), el panorama no es alentador y los resultados los conoceremos al inicio del año próximo.

 

Por otra parte, los reclamos de miembros de la comunidad científica aparecen un día sí y otro también. Ahí están las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley general, los casi 700 amparos en contra de las decisiones del Conahcyt o las inconformidades por las decisiones de la Junta de Gobierno del mismo organismo.

 

También están las protestas de miembros del SNI por los criterios de evaluación, las fallas en la operación de la plataforma informática o la supresión de incentivos para investigadores del sector privado. Y todavía no aparecen los resultados de la convocatoria más reciente. Igualmente, está la inconformidad de los jóvenes del ex programa Cátedras Conacyt por el cambio de lineamientos o el reclamo creciente por la nueva clasificación del total de programas de posgrado, la cual dejará como no elegibles a casi la mitad de los programas y un volumen de casi 10 mil estudiantes sin beca.

 

En fin, todo indica que en el sector científico y tecnológico coexisten dos universos paralelos. No, no los crea un dispositivo tecnológico o una fantasía. Ahí están las evidencias.

 

Pie de página: El descontento crece por la nueva clasificación de los programas de posgrado y el volumen de los estudiantes de posgrado que se quedaron sin beca del Conahcyt. Puede ser el punto de inflexión de las decisiones en el sector. // El diputado Romero Hicks, en sucuenta personal de “X”, antes Twitter, informó que será el ministro Arturo Zaldívar quien resolverá si procede o no atender de forma prioritaria la acción de inconstitucionalidad sobre la ley general de ciencia. Pendientes.

El sector: narrativa larga y cifras cortas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1010. Agosto 31, 2023. Pág. 4)

 

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) opera con un defícit anual cercano a los dos mil millones de pesos y el Conahcyt enfrenta casi 700 juicios de amparo en su contra. Primera noticia. Son datos divulgados a través del Sistema Público de Radiodifusión (SPR). O sea, se trata de datos oficiales.

 

La situación es paradójica: tenemos información desbordada sobre las decisiones en el campo cientifico y tecnológico, pero conocemos poco, muy poco, acerca de lo que realmente está ocurriendo. Al menos no lo sabemos de forma precisa ni sistemática. La información oficial sobre la política científica reitera una y otra vez una extensa narrativa sobre aquello que ha combatido a lo largo de casi cinco años.

 

Sin embargo, a la hora de fincar responsabilidades, precisar casos, definir montos, desagregar procesos y mostrar los datos duros, sus coordenadas se pierden en esa narrativa épica y repetitiva de hazañas y números grandes. Por la misma razón resulta aleccionadora la reciente información que apareció en una nota de Ricardo Balderas en el sitio electrónico del SPR (22.08.2023).

 

El Sistema Público de Radiodifusión es un organismo descentralizado de la Adminsitración Pública Federal, instaurado desde el sexenio anterior, en julio del 2014, con el fin de difundir “información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional” (DOF 14.07.2014). Ahora, la titularidad del organismo la ocupa el periodista Jenaro Villamil.

 

Según la nota de Balderas en SPR, con datos obtenidos “vía Acceso a la Información”, el Conahcyt, al suspender el pago del SNI a 2 mil 16 investigadores de instituciones privadas, se ahorra 503 millones de pesos (en cifras redondas). No obstante, dice la misma nota, “se estima que anualmente existe un déficit de $1,862,572,073 (mil ochocientos sesenta y dos millones quinientos setenta y dos mil setenta y tres pesos 00/100m.n.)”, aunque, aclara, el monto no es preciso.

 

Los datos reveladores son el número de investigadores del sector privado, los 503 millones de pesos que les destinaba el programa del SNI y el déficit que arrastra el programa La nota de SPR no precisa el año de las cifras, pero cabría suponer que son del 2022 o incluso de este mismo año.

 

El caso es que las últimas cifras oficiales que se conocieron de investigadores del sector privado, las mostró el propio Conacyt –todavía se llamaba así--, a mediados del año 2021, cuando justificó ante la Conamer la eliminación del incentivo para ese sector. ¿Lo recuerda?

 

En aquella justificación, el organismo precisó que en el año 2020 los investigadores de universidades privadas sumaban 1,632, o sea representaban el 4.9 por ciento del total del SNI. Además, en sus proyecciones de ese año, indicaba que los nuevos ingresos estaba entre 128 y 180 investigadores del sector privado; calculaba que el presupuesto para otorgarles incentivos era de 124 millones 954 mil pesos (Conamer 05.04.2021).

 

Las cifras, como se podrá advertir, no son las mismas. Es cierto que dos o tres años después los números no pueden ser idénticos; el número de investigadores y prespuesto va al alza. Sin embargo, no deja de sorprender que hace dos años el ahorro por suprimir el pago a investigadores del sector privado era de 125 millones y hoy es de 500 millones de pesos, o sea se cuadruplicó. Poco, muy poco creíble. La falla está en una u otra información.

 

El otro dato revelador de la nota de SPR es el déficit del SNI: 1,863 millones de pesos. La cantidad es casi una cuarta parte del presupuesto actual de ese programa. Si el dato es correcto, mostraría por qué la autoridad ha intentado contener la expansión del programa.

 

También sorprende el número de amparos en contra del Conahcyt. La nota señala que suman 683 juicios de amparo y de ese total, 442 fueron promovidos por 1 mil 256 personas en contra del reglamento del SNI del 2021 (DOF. 20.04.2021); los restantes 241 amparos son en contra del reglamento del SNI del año pasado (DOF. 10.08.2022). En este último se ratificó la eliminación de investigadores de universidades particualres y se alargó el plazo para alcanzar el máximo nivel en el programa. Cifras y números que tampoco se conocían.

 

En fin, el caso es que al día siguiente de la nota de SPR, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió un largo comunicado titulado “Oligarquía académica y política quieren invalidar nueva ley Conahcyt para mantener privilegios” (22.08.2023). Nuevamente apareció la narrativa larga, el invernadero de cifras grandes y sucesos de hace más de una década para justificar la importancia de la nueva ley general de ciencia. Sin embargo, no estaba ninguna cifra precisa, actual y relevante.

 

La narrativa del sector está más que difundida, pero lo elemental y más importante sería la oportunidad, precisión y transparencia de las cifras. La ley vigente dice que cada año el Consejo Nacional debe emitir un informe general del estado del sector (Articulo 63 fracción XXVII), aunque el más reciente es del año 2020.

 

Pie de página. En avances deslumbrantes: India y Japón se van a la luna. // La sucesión en la UNAM sigue su marcha.// Ya está el 5to Informe de Gobierno, el penúltimo del periodo. Atentos.