Ciencia y Tecnología: el encanto de la promesa y la desafiante realidad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1120. Diciembre 18, 2025)

 

La actual administración ha reiterado su propósito de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Fue una de las banderas de la campaña electoral que llevó a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), a Palacio Nacional. Lo reafirmó al elevar a rango de secretaría a la entidad rectora de la política sectorial y quedó como línea de acción en su Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente programa sectorial.

 

Pero, en realidad, ¿México podría ocupar una posición de liderazgo en el campo científico y tecnológico? Como intención suena bien, sobre todo tras el desencanto de la comunidad científica con la gestión del periodo inmediato anterior y el desastre sectorial que provocó su propensión ideológica y sus rencillas personales.

 

Si por un momento nos olvidamos de los indicadores internacionales en los que México siempre aparece en las posiciones más bajas –como los índices bibliométricos, las patentes, el nivel de inversión o los premios Nobel—, el objetivo tampoco es completamente irrealizable.

 

Tómese en cuenta el tamaño de la economía nacional. Según el Fondo Monetario Internacional, medida la economía por el tamaño del PIB a precios actuales, México ocupa la posición número 13 en el mundo; debajo de Brasil (11) y de España (12). (imf.org).

 

Sin embargo, la intención y una economía de tamaño respetable son insuficientes. Primero está el insumo básico: el nivel educativo de la población. Según el reciente informe de gobierno, la población mayor de 15 años tiene 10 grados de escolaridad en promedio, lo que equivale al primer año de bachillerato. No está mal, aunque algunas de las economías con las que México compite tienen de 12 a 14 grados.

 

Actualmente, la tasa neta de cobertura en media superior es de 62.7 por ciento para los jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, y la meta es llegar a 66 por ciento al final del sexenio. A pesar de que, constitucionalmente, se suponía que alcanzaríamos la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, estamos lejos de lograrlo. Y omitamos el tema de la calidad, que es problema aparte.

 

El panorama en educación superior, el nivel con mayor salida directa a la actividad científica y tecnológica, es todavía más complicado. De acuerdo con el programa sectorial, la tasa neta de cobertura en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 29.3 por ciento y se propuso como meta llegar a 33 por ciento para el ciclo 2030-2031. Es decir, en el mejor de los casos, al final de la década actual, apenas se alcanzará a una tercera parte del total de jóvenes del grupo de edad.

 

El último dato disponible sobre las personas que cuentan con educación superior y trabajan en ciencia y tecnología indica que suman 8.2 millones (IGECTI, 2021: 33). La cifra corresponde a 2021 y tómese en cuenta que, para ese año, representó el 14.5 por ciento de la población económicamente activa y ocupada. Un porcentaje relativamente modesto.

 

La misma fuente muestra que la licenciatura es el nivel con mayor participación relativa en el total de personas con educación superior ocupadas en actividades científicas y tecnológicas: 81 por ciento, de las cuales la mitad se concentra en el área de las ciencias sociales. Le sigue el posgrado, con 12 por ciento, y una proporción de ciencias sociales de 70 por ciento. Finalmente, la educación técnica, con 7 por ciento.

 

Desafortunadamente, aunque estaba obligada por ley, la administración anterior se marchó sin publicar los informes anuales del sector de los últimos cuatro años; las autoridades actuales tampoco se han ocupado de hacerlo. Tal vez los números se han incrementado y las proporciones se han modificado en fechas recientes, pero no lo suficiente para despuntar en el campo científico.

 

El otro componente imprescindible para imaginar un lugar sobresaliente es el nivel de inversión. El indicador utilizado a escala mundial es el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE); el dato permite valorar el esfuerzo nacional en la materia. El informe de gobierno más reciente muestra que México destina el equivalente a 0.27 por ciento de su PIB. Imposible descollar con esa proporción de gasto.

 

Tómese como referencia que el GIDE promedio de América Latina es de 0.60 por ciento y el de Brasil es de 1.2 por ciento. Es decir, invertimos menos de la mitad del promedio de la región y una cuarta parte de lo que destina el país latinoamericano con mayor inversión. Ni hablar del promedio de los países de la OCDE (2.7 por ciento) o de las naciones reconocidas como verdaderas potencias.

 

¿Qué se ha hecho? En el primer año del sexenio, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron, por una parte, a ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes. En este terreno, lo novedoso ha sido la puesta en marcha de las microcredenciales como política nacional (véase Campus Milenio, núm. 1116).

 

Las estadísticas seguramente registrarán el incremento de certificados al final del año próximo y será coincidente con la promesa de convertirnos en una potencia. Sin embargo, la formación altamente especializada, indispensable para despuntar en la competencia internacional, es una inversión de largo plazo: no se puede improvisar ni tampoco sustituir con cursos de 40 horas.

 

Por otra parte, el gobierno federal ha puesto en marcha proyectos deslumbrantes de corte tecnológico, como el diseño y la manufactura nacional del mini vehículo eléctrico Olinia, el centro de diseño de semiconductores o el Clúster Nacional de Supercómputo, entre otros.

 

Todavía falta que se muestren los resultados, pero son eso: iniciativas tecnológicas dispersas que, en el mejor de los casos, contribuyen a sostener el encanto de la narrativa, pero cuyos efectos prácticos serán limitados. ¿No sería mejor declarar explícitamente la inclinación tecnológica y seleccionar un sector prioritario? Sin duda.

 

La promesa de convertir a México en una potencia científica y tecnológica se diferirá al futuro, frente a la realidad de una baja escolaridad, una formación especializada que descansará en microcredenciales y una inversión que va a contrapelo de la intención manifiesta.

El Anexo 12 y la Secretaría de Ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1106. Septiembre 18, 2025)

 

A la nueva secretaría de ciencia le disminuyeron, respecto de lo que tuvo en este año, casi 500 millones de pesos en su presupuesto para el 2026. Tal vez es un simple error provocado por las prisas de entregarle al Congreso la propuesta de presupuesto. O quizá no, y la entidad se las tendrá que averiguar con lo que hay.

 

Seguramente el diseño del Proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación (PEF) para el año próximo no fue nada sencillo. La estimación de un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8 por ciento es optimista y, aun así, no es precisamente el mejor escenario. Son muchas las necesidades y las promesas que deben atender los recursos públicos. Además, el presupuesto debía conciliar la estabilidad macroeconómica, el déficit presupuestario y el nivel de deuda pública.

 

La fecha límite para la entrega del paquete económico al Congreso fue el pasado 8 de septiembre y la Secretaría de Hacienda había acordado un horario para la ceremonia protocolaria. Pero, de forma inusual, avisó que la posponía, literalmente, para el cuarto para las doce (Milenio Diario 08.09.2025).

 

Los recursos para el sector científico y tecnológico están muy lejos de alterar el diseño del presupuesto y, en todo caso, es la menor de las preocupaciones en la distribución presupuestal. Sin embargo, llevar la entrega al plazo límite y los cambios de horario, muestran el ritmo y apresuramiento con el que fue elaborado. Ahí podría estar la explicación del error del PEF para el año próximo. Veamos.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum (CS) había anticipado, desde que anunció la creación de la secretaria de ciencia (Secihti) que no cabía esperar mayor presupuesto para la nueva estructura administrativa. Y no lo hubo en el 2025. Los recursos para la secretaría, el ramo 38 en el PEF --el que controla centralmente la entidad-- fue de 33 mil 300 millones en cifras redondas.

 

Un incremento nominal de 0.4 por ciento, respecto del presupuesto que recibió en el año 2024 el anterior organismo. De hecho, la cantidad era menor en términos reales, si se considera el nivel de inflación de alrededor de 4 puntos porcentuales. La explicación posible es que ese presupuesto había sido una responsabilidad compartida en el periodo de transición e, incluso, al cambio de gobierno, permaneció el mismo secretario de Hacienda.

 

El caso es que el presupuesto para el año próximo ahora sí es responsabilidad absoluta de la presente administración y se puede considerar como primera vez. Según el Anexo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la propuesta para ciencia y tecnología (ramo 38) para el año 2026 es de 32 mil 810 millones de pesos.

 

La cantidad que se propone representa 500 millones de pesos menos de los que recibió en este año. Así está registrada en el Anexo 12 del proyecto que recibió el Congreso y aquí puede ver las cifras: t.ly/F-0t8.

 

Conviene recordar que el presupuesto público para ciencia y tecnología se integra por los recursos asignados a la Secihti (el ramo 38), en este caso los 32 mil 810 millones de pesos, más lo asignado a otras secretarías que también realizan actividades científicas y tecnológicas, como sería el caso de las secretarías de Educación, Energía, Economía o Salud, entre otras. Para estas últimas, la cantidad propuesta suma poco más de 128 mil millones de pesos.

 

Es decir, el gobierno federal propone un presupuesto total para ciencia y tecnología en el año 2026 de 161 mil millones de pesos. En comparación, en este año, recibió 136 mil millones de pesos. Así que el incremento nominal sería de casi 25 mil millones de pesos.

 

Sin embargo, el incremento no es para la Secihti, porque ya vimos que más bien tiene una disminución y apenas concentra un 20 por ciento del presupuesto total. La Sep triplica esa participación relativa y es la dependencia que concentra el mayor volumen de recursos. En este año la Sep ejercerá 82 mil millones de pesos y la propuesta es que el año próximo reciba 106 mil millones. Así que los 25 mil millones de aumento del PEF serán para esa secretaría.

 

Por ahora, anotemos la concentración del aumento; en próxima entrega examinaremos la distribución de los recursos entre secretarías y funciones. Volvamos al Anexo 12 del presupuesto para el 2026 para hacer notar que, tal vez por la premura o por error, tampoco aparece el cálculo de recursos propios que aportarán las diferentes secretarías y que se suman al presupuesto total. A diferencia de presupuestos anteriores, solamente aparece la columna con los recursos fiscales que se les asignarán. La omisión es importante para el cálculo del gasto total.

 

Por último, es posible que la disminución de recursos para la Secihti para el próximo año sea un error en el Anexo 12. La misma Secretaría de Hacienda, en su página electrónica, en otros cálculos, al desglosar el PEF por ramos y sectores, sea por clasificación económica o por programas, muestra una cifra distinta para el ramo 38. Ahí aparece la cantidad de 34 mil 861 millones de pesos. Es decir, esa cantidad representaría 2 mil millones de pesos más, respecto de este año y el aumento nominal sería de 4.7 por ciento.

 

En fin, aunque tampoco es un incremento notable, cambia la situación. Ya no tenemos espacio para desagregar cómo quedarían las cifras para los programas de la Secihti; lo haremos después. Sin embargo, convendría aclarar si son erróneas o no las cifras del Anexo 12 y, si es el caso, si las corregirán los legisladores o las aprobarán tal cual. Pues sí: “No hay ventaja en darse prisa en la vida”.

 

Pie de página: Ya está publicado el “Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030”, aquí mismo lo veremos. // También el PNUD publicó su “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2025. Bajo presión. Recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”. Tiene datos interesantes. Pendientes.

Becas al extranjero y proyectos: ¿van bien y serán mejores?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1106. Septiembre 11, 2025, pág. 4)

 

“Vamos bien y vamos a ir mejor”, pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) casi al cierre de su mensaje, en ocasión de la entrega de su primer informe de gobierno. La mandataria levantó la vista y, para mayor contundencia, repitió y enfatizó la misma frase ante la audiencia.

 

Las palabras de la titular del Ejecutivo federal fueron recuperadas y reiteradas por algunos medios como síntesis de los primeros 11 meses de trabajo gubernamental. Sin embargo, otros medios señalaron que algunas cifras mencionadas por la presidenta no se correspondían con los hechos. ¿Y el sector científico y tecnológico en qué caso está?

 

Como se sabe, cada año, aparte de la entrega de un voluminoso documento de más de mil páginas con su anexo estadístico, la persona titular de la presidencia pronuncia un discurso para resaltar lo importante de su administración. El primero es el informe por escrito; el segundo lo llaman el mensaje a la nación o el mensaje político.

 

¿Qué mencionó la presidenta sobre el sector científico y tecnológico en su mensaje político? Señaló las acciones de innovación que están en marcha: “Nuestra visión también implica promover innovación soberana que se traduce en desarrollo para todas y para todos”, afirmó. Precisó que medio millar de investigadores trabajan en una decena de proyectos estratégicos de innovación.

 

Unos proyectos son los que en su oportunidad hemos mencionado en este Acelerador de Partículas, como el vehículo eléctrico Olinia o el diseño de semiconductores. Sin embargo, hay tres más que no han sido alentados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y que fueron mencionados por primera vez por la presidenta. 

 

Los tres proyectos son: los satélites de observación (Ixtli), el vehículo aéreo no tripulado (Quetzal) y un “Sistema Metaocéanico de Monitoreo Climático y Protección Civil”. De hecho, los dos primeros más bien están en los planes de la industria aeroespacial; el tercero, en realidad, no existe como tal, al menos no se ha presentado públicamente con ese nombre, ni tampoco quiénes participan o participarán de la iniciativa.

 

Los proyectos pueden ser respaldados por cualquier instancia gubernamental y con o sin participación del sector privado, lo relevante serán los resultados que muestren. Se entiende que apenas han transcurrido 11 meses de gobierno y los proyectos todavía están formulándose o en la etapa de arranque.

 

Aunque, por la misma razón, sorprendió lo que también añadió la presidenta en su mensaje. Anotó: “hemos incrementado en 193 por ciento los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70 por ciento las becas al extranjero y en 23 por ciento las estancias posdoctorales. Además, pusimos en marcha el programa de Movilidad Estudiantil para Posgrado, tanto a nivel nacional como internacional”.

 

Si los porcentajes de aumento son comprobables, los logros serían notables para una gestión que todavía no cumple un año. Sobre todo por el marcado contraste que habría con el ejercicio del polémico y rijoso Conahcyt anterior. Veamos.

 

Según la información del anexo estadístico del mismo primer informe de gobierno de CSP, en el año 2024 había 602 proyectos de investigación autorizados y para el 5 de agosto de este año sumaban 1,888 proyectos en esa misma condición (pág. 334). Es decir, no se incrementaron en 193 por ciento, como expresó la presidenta, sino en poco más de 300 por ciento. ¿Por qué no decirlo? Tal vez porque habría sonado todavía más desmesurado.

 

Pero más probable es porque ocurre lo contrario con el presupuesto que posibilitarían esos mismos proyectos: pasó de 14 mil millones de pesos a 11 mil 400 millones de pesos en el mismo lapso. Entonces, el caso es que menos dinero se distribuye entre más proyectos. Aunque, estos últimos siguen sin alcanzar a los más de 2 mil 600 autorizados en 2017.

 

El aumento de becas al extranjero simplemente no aparece en las estadísticas oficiales. Al revés, más bien, sigue la tendencia a disminuir: en el año 2024 se otorgaron 750 becas nuevas y para este año, al cierre de junio, solamente fueron 38 (pág. 330). Las cifras no cuadran con ningún aumento, sean becas al extranjero nuevas, vigentes o administradas, como las clasifica la autoridad. Y sí, los números están muy lejos de las más de mil 500 becas nuevas que se otorgaron en 2018.

 

Será necesario examinar con mayor detalle el conjunto de datos del informe para valorar qué tanto se avanza o no, lo haremos en próxima entrega. Por lo pronto, el mensaje de la presidenta, lo que resaltó sobre el sector, al menos los proyectos y las becas, no se corresponde con los datos de la propia autoridad. Ojalá, más adelante, sí podamos ir mejor.

 

Pie de página: Por cierto, en el mensaje político de la presidenta CSP no mencionó como logro la creación de la Secihti, tampoco el de la Agencia Digital, pero sí la instauración de la Secretaría de las Mujeres. // Ya está el Programa Sectorial de Educación 2025-2030, no hay muchas novedades, pero aquí lo veremos. // Sí hay novedades y están en la edición 2025 del informe anual Education at a Glance (Panorama de la Educación) de la OCDE. Pendientes.

Agenda: género y recursos financieros

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1060. Septiembre 19, 2024. Pág. 4)

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la semana pasada su informe anual sobre los principales indicadores educativos de los países miembros de esa organización. El reporte, denominado Education at a Glance 2024, es un panorama de indicadores armonizados internacionalmente que permite valorar el funcionamiento y desempeño de los sistemas educativos.

 

En cada informe anual se presenta un componente central, el correspondiente al año pasado fue la formación y educación vocacional, el de éste es sobre equidad en todos los niveles educativos y el mercado laboral. No obstante, todos los reportes incluyen distintas secciones con datos relevantes sobre los resultados de las instituciones educativas y el impacto del aprendizaje, así como sobre los recursos financieros que se invierten, las condiciones de los docentes y la organización de las escuelas.

 

Los datos que incluye el reporte son múltiples y variados, pero vale la pena destacar los que se refieren a las mujeres y a los recursos financieros. Por ejemplo, muestran lo que la literatura de la investigación educativa ha documentado desde hace décadas: las mujeres (niñas, adoscentes o adultas) obtienen mejores resultados educativos que los hombres y la brecha cada vez se ensancha más.

 

No obstante, el panorama de la OCDE le pone números a las diferencias de desempeño. Por ejemplo, anota que las mujeres obtienen puntajes más altos en las evaluaciones estandarizadas y, en comparación con los hombres, “tienen un 28 por ciento menos de probabilidades de repetir un curso en la primaria y secundaria” (p. 19).

 

A su vez, en el bachillerato y educación superior, las probabilidades de que las mujeres completen sus estudios supera a menudo por 10 puntos porcentuales las probabilidades de los hombres. Además, es mayor la proporción de los jóvenes que no están en el bachillerato respecto de las jóvenes; una diferencia que en México es de alrededor del 5 por ciento.

 

En general, en los países de la OCDE, las mujeres tienen mayores probabilidades de ingresar a la educación superior y la proporción de mujeres entre 25 y 34 años con estudios superiores supera por 13 puntos porcentuales a los hombres (54 por ciento y 41 por ciento, respectivamente). Sin embargo, en el caso de México, la participación relativa es significativamente menor: 28 por ciento para ambos sexos.

 

El problema es que las ventajas comparativas de las mujeres en su desempeño educativo no se corresponden con su inserción en el mercado laboral. Por ejemplo, en México, en promedio, únicamente el 47 por ciento de las mujeres jóvenes con grado inferior al bachillerato están empleadas, mientras que la proporción de sus pares hombres con el mismo nivel educativo es de 91 por ciento.

 

La situación del empleo se repite en los estudios superiores, aunque la diferencia es menor: 78 por ciento de mujeres con ese nivel educativo están empleadas; los hombres el 89 por ciento. Otro tanto ocurre con el salario, porque las mujeres ganan 81 por ciento del salario que obtienen los hombres con el mismo nivel superior.

 

Los recursos financieros es otro indicador relevante. Los datos del reporte muestran que el gasto anual promedio por alumno en los países de la OCDE, incluyendo todos los niveles educativos, es de 12 mil 812 dólares. Para el caso de México el mismo indicador muestra que es de 3 mil 349 dólares. Esto es, alrededor de una cuarta parte.

 

Podría pensarse que la comparación con países de mayores recursos financieros siempre resultará desfavorable (p. 267). Sin embargo, el gasto anual promedio por alumno de un país como Chile es de 7 mil 421 dólares, o sea, más del doble de lo que destina México. El de Turquía es de 4 mil 806 dólares. Una desagregación de los datos mostraría que el gasto se incrementa conforme más alto es el nivel educativo, pero el promedio ilustra la notable diferencia.

 

Tal vez lo más grave es que en México el gasto educativo como proporción del PIB ha descendido. Según los datos reportados, durante el periodo 2015 a 2021, ese indicador pasó de 5.1 a 4.2 por ciento (p. 275). Por el contrario, en el mismo periodo, en Chile aumentó de 5.2 a 5.9 por ciento. El promedio de la OCDE es de 4.9 por ciento.

 

Seguramente, los recursos financieros encabezan la larga lista de pendientes para el próximo gobierno. Además, los cálculos sobre el crecimiento económico de México para los próximos dos años no son promisorios, las presiones sobre el gasto social irán en aumento y el contexto político está crispado con la reforma del poder judicial.

 

No será sencillo decidir qué prioridades atenderá el próximo gobierno. Sin embargo, la educación y los temas de género serán insoslayables. La primera por el nivel de inversión y los resultados que se han obtenido hasta ahora. Los segundos no solamente porque siguen latentes en cualquier programa de gobierno, también porque el país, una docena de estados de la república, la mitad del Congreso y muchas otras posiciones en la administración pública estarán encabezadas por mujeres.

 

Pie de página: El equipo de transición para la próxima secretaría de ciencia va en aumento y también los perfiles para las posiciones.

A escrutinio el desempeño público

 

Alejandro Canales

UNAM/IISUE-PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1046. Mayo 30, 2024. Pág. 4)

 

Lo que hizo o dejó de hacer la actual administración gubernamental pronto estará en blanco y negro. Las votaciones serán este 2 de junio y en cuatro meses más iniciará una nueva gestión.

 

Durante los próximos meses, ahora el periodo de transición es más breve, la discusión pública estará en lo que continuará y lo que no, por lo que será inevitable trazar la línea base de la cual partir, tanto como reconocer en dónde se avanzó y en dónde ocurrió lo contrario. Vale la pena prestar atención a las fuentes, datos y responsabilidades.

 

La fuente oficial de datos más desagregada e importante en el sector científico y tecnológico son los informes generales que debe entregar el Conahcyt año con año. Una responsabilidad que no es nueva, lo indicaba la norma anterior y también lo dice la nueva ley.

 

El artículo 63 de la ley vigente establece que el organismo rector de la política debe emitir un informe sobre el estado general que guarda el sector y dar cuenta “del desempeño institucional, los resultados obtenidos y las áreas de oportunidad para el sector” (fracciónXXVII).

 

Sin embargo, a la fecha no hay información actualizada, el reporte más reciente publicado por el Conahcyt corresponde al año 2021 y sus datos se refieren al año previo. Tal vez en los próximos meses aparezca un informe más, pero no parece probable que publique todos los restantes. No obstante, al menos tendría que estar el informe general completo de cierre de ciclo.

 

Otra fuente de datos son los informes anuales del ejecutivo federal. Los voluminosos documentos, esos sí entregados puntualmente al Congreso, contienen información de todas las entidades de la administración pública. El problema es que se trata de datos relativamente agregados, el panorama sirve para los números grandes, pero ahí no aparece el detalle de programas.

 

La difusión de iniciativas y logros es usual en el ejercicio de gobierno, como lo publicado en los informes de gobierno. Sin embargo, no es suficiente para cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas. Por ejemplo, un comunicado reciente del órgano rector de la política científica y tecnológica informa sobre los múltiples avances en el sector. Dice, entre otros aspectos, que sobresale la entrega de casi 64 mil 734 becas “entregadas de forma directa y sin intermediarios en el primer trimestre del 2024” (529/2024).

 

Lo notable es que reporta lo ocurrido en la segunda reunión de la Junta de Gobierno del Conahcyt. Esa instancia, así lo establece la ley actual, es la máxima autoridad del sistema científico y tecnológico, la preside la persona titular del Conahcyt y participan una veintena de representantes, entre servidores públicos y de los sectores académico, social y privado.

 

Las responsabilidades y atribuciones de la Junta suman casi una veintena e incluyen todo o casi todo lo que tenga que ver con la gestión del sistema y la operación del organismo, como el presupuesto, el cambio de normas, desde luego las políticas y los programas sectoriales e incluso nombramientos del personal.

 

Los acuerdos de la Junta han sido motivo de interés público, antes lo eran y hoy todavía más porque se conviritió en la instancia de mayor jerarquía, así que existe cierta exigencia por conocer su desempeño. De hecho, en el año 2022, previo a la aprobación de la nueva ley general de ciencia, estaba la propuesta para que tanto el sentido de las votaciones de la Junta, como las actas de las sesiones se pudieran consultar libremente. La propuesta fue aprobada en comisiones, pero rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados.

 

El comunicado actual del Conachyt sobre la Junta añade otra serie de logros, como que ya alcanzó el 95 por ciento de gratuidad en los programas de posgrado de las instituciones de educación superior, un porcentaje de crecimiento en el Sistema Nacional de Investigadores del 53.5 por ciento respecto a los números de 2018, o bien, el monto de financiamiento para proyectos de investigación.

 

El problema es que sin mayor información o puntos de referencia es difícil valorar la actuación de la Junta o las decisiones que ha tomado. Por ejemplo, el anuncio de casi 65 mil becas entregadas directamente, contrasta con lo reportado en el último informe de gobierno.

 

En los anexos estadísticos de último informe se indica que en 2018 el Conahcyt entregó 55 mil 962 becas y para el 2023 fueron 54 mil 928 (pág. 199). Se entiende que las cifras del 2023 del informe son preliminares por su fecha de corte y pueden ajustarse ligeramente al alza pero no de forma desproporcionada. Si no rebasaron las 56 mil becas en todo el periodo de gestión, ¿cómo fue que aumentaron en casi diez mil en el primer trimestre del último año de gestión? ¿Qué tipo de becas son?

 

Tal vez los informes que faltan o los libros blancos nos ofrezcan las respuestas correctas. Llegó la hora de ponderar los resultados y no se podrá evitar el escrutinio público sobre el desempeño.

 

Pie de página: Literalmente, las cartas de apoyo de las principales contendientes a la presidencia de la República están sobre la mesa. ¿Usted ya decidió su voto? Nos vemos el domingo.

La competencia y profesión de los altos mandos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1030. Febrero 1, 2024. Pág. 4)

 

El proceso electoral del próximo 2 de junio no solamente tendrá, por primera vez, como principales protagonistas a dos mujeres, también serán dos perfiles académicos relativamente distintos. Tal vez la profesión de las aspirantes no será la variable decisiva al momento de emitir el voto. Sin embargo, sí será uno de los factores clave a la hora de integrar el gabinete y de gobernar.

 

Las dos principales aspirantes a ocupar la presidencia de la República tienen estudios de licenciatura diferentes, pero comparten un cierto vínculo con la ingeniería. Una profesión inclinada a la eficacia, al pragmatismo y solución de problemas. Xóchitl Gálvez, candidata del bloque opositor, estudió ingeniería en computación en la UNAM. No cursó estudios de posgrado. Su trabajo profesional lo ha desarrollado en automatización de procesos y telecomunicaciones, así como en edificios inteligentes y ahorro de energía.

 

Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante y de dos partidos coaligados, también es egresada de la UNAM, pero ella obtuvo su licenciatura en Física. Por la misma institución tiene una maestría y un doctorado en ingeniería energética. De hecho, en la campaña del 2018 por el gobierno de la Cdmx, se identificó principalmente como científica que busca soluciones.

 

La trayectoria y especialidad profesional de las personas, incluidas las del servicio público, se asocian con determinadas habilidades o, por el contrario, con la incompetencia. La formación profesional, como lo reporta la literatura correspondiente, se compone de un cúmulo de conocimientos propios de la especialidad, pero también por los mecanismos de socialización de esa profesión, por eso las identidades son tan diferentes entre la abogacía, la ingeniería o la medicina.

 

Los abogados desde el inicio del siglo XX, lo hemos dicho ya hace dos semanas, ocuparon las primeras posiciones en el gobierno federal y tuvieron la mayor participación relativa. No obstante, desde la última década de ese mismo siglo, las cosas cambiaron en la burocracia federal, comenzaron a descollar los egresados de escuelas privadas, los economistas y los estudios de posgrado en el extranjero.

 

Luego, entre el 2006 y 2018 volvieron los abogados al poder ejecutivo federal con Felipe Calderón y Peña Nieto, ambos de escuelas privadas. Pero ¿la profesión de la persona titular del poder ejecutivo federal es representativa o se replica en el gabinete? No.

 

Actualmente, en total, suman casi 300 titulares de instituciones de la Administración Pública Federal, entre secretarías de Estado, organismos desconcentrados y otras dependencias. No siempre ocurre, pero se necesitan especialidades y competencias profesionales muy variadas. En conjunto, los servidores públicos suman alrededor de un millón y medio (Inegi,2022).

 

Sin embargo, como decía Cosío Villegas, en el sistema político mexicano el presidente es pieza principal y sus facultades lo llevan a gobernar personalmente. Así que no carece de interés la composición profesional de los cuadros de primer nivel del gobierno federal.

 

Sebastián Garrido construyó una base de datos de titulares de la administración pública desde el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) hasta el de Peña Nieto. Incluye a 1,448 mandos de alto nivel, los llamó los mandarines mexicanos y el rango va desde presidentes hasta directores generales.

 

Los datos precisan qué disciplina estudiaron, cuál es su formación académica y en dónde estudiaron. El trabajo fue publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa y muestra que “66% o más de los funcionarios estudiaron tres disciplinas a nivel licenciatura (Derecho, Economía e Ingenierías), cinco de maestría (Economía, Políticas públicas, Administración de empresas, Ciencia política y Derecho) y tres de doctorado (Economía, Derecho y Ciencia política)” (Garrido,2017). O sea, derecho y economía son las profesiones mayoritarias.

 

También muestra que las instituciones públicas, a lo largo del periodo, han sido los principales lugares, a nivel licenciatura, de la formación profesional de los funcionarios (67 por ciento del total). Pero no es una tendencia sostenida y el papel de la UNAM ha venido declinando, con altibajos, desde la administración de Salinas de Gortari.

 

A su vez, la participación de las instituciones públicas disminuye notablemente en los estudios de posgrado (dos de cada diez que cursan maestría o doctorado). La estafeta la toman mayoritariamente las instituciones en el extranjero.

 

En fin, las relaciones no son directas entre la profesión y el desempeño como servidor público. Además, falta incluir los datos del periodo actual y asomarnos a las instituciones educativas, porque es tan relevante la disciplina que estudiaron los altos mandos de la burocracia como la institución formadora de sus identidades profesionales.

 

Seguramente presenciaremos un giro en el género y especialidad profesional de los funcionarios de primer nivel.

 

Pie de página: La vacuna Patria ya tiene el visto bueno de la Cofepris, pero sigue la controversia sobre su eficacia y resta por constatarla. // Probablemente las recientes resoluciones de la convocatoria 2023 del SNI volverán a ser impugnadas.