Sexto Informe: la horadación en el presupuesto

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1059. Septiembre 12, 2024)

Tal vez el asunto de los fideicomisos y los recursos financieros son de las pocas novedades sobre el sector científico y tecnológico en el sexto y último informe de gobierno. El balance del pasado 1 de septiembre, como se sabe, cierra el ciclo gubernamental 2018-2024 y, muy importante, traza la línea base para el próximo sexenio.

 

Sobre el periodo, vale la pena resaltar que solo los primeros dos informes incluyeron los recursos financieros como parte de su reporte de logros. Los cuatro informes restantes ya no mencionaron el nivel de gasto federal, su proporción sobre el gasto programable o el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE). Todos ellos básicos para valorar los esfuerzos en la materia.

 

En general, lo común era que el tema de los recursos financieros encabezará el recuento de avances en la sección de ciencia y tecnología. No fue así a partir del informe del 2021. Las cifras desagregadas del presupuesto en los anexos estadísticos, donde se valora el avance de los objetivos prioritarios del programa sectorial, tampoco las incluyen. Los números en las casillas correspondientes llegan hasta el 2017, hacia adelante están marcadas como “no disponible” (p. 486 y ss. de los Anexos).

 

Los cuatro últimos informes, en lugar de exponer los indicadores de financiamiento, dieron cuenta del proceso seguido por los polémicos fideicomisos del sector. Primero destacó el decreto del ejecutivo federal del 2020 que ordenó su extinción. Después vinieron las cifras sobre los fideicomisos eliminados.

 

No se conocía con certeza cuántos fideicomisos estaban implicados. En los informes, unas veces se indicó que se detuvieron 91 fideicomisos y otras veces que 63. Algo similar ocurría con el monto de los recursos que estaban involucrados y la cantidad que se había reintegrado a la Tesorería de la Federación.

 

Por eso importan los datos del reciente informe de gobierno. Se supone que son cifras consolidadas y son las cuentas que entregará a la próxima administración. En el informe se anota: “el 30 de septiembre de 2023 se concluyó con la suscripción de los 65 Convenios de Extinción y Contratos de Sesión de Derechos a Título Gratuito referentes a cinco Fondos Institucionales, 25 Fondos Sectoriales y 35 Fondos Mixtos” (p. 512).

 

Ahí mismo se destaca que, con posterioridad al decreto de extinción, “los recursos de los 26 fideicomisos de los Centros Públicos se concentraron en sus tesorerías”. Al parecer, en este caso, ya no se utilizan los fideicomisos, pero los Centros conservaron los recursos. Si es el caso, no está nada mal, porque buena parte de la operación de estas instituciones dependía de los recursos autogenerados. El problema es qué ocurrirá cuando se agoten esos fondos.

El informe también precisa el monto de recursos devueltos: “al 30 de junio de 2024 los recursos que fueron dispersados a la Tesorería de la Federación ascienden a 21,977.8 millones de pesos, que corresponden al patrimonio de 65 Fondos Extintos”.

 

Seguramente los casi 22 mil millones de pesos que el Conahcyt devolvió a la Tesorería es una cantidad acumulada; no corresponden a este último año. Lo notable es que ese volumen de recursos probablemente no pintó mucho en el total de lo recaudado por la Tesorería, pero sí fue y es altamente signficativo en el presupuesto central del Conahcyt.

 

El presupuesto del Conahcyt en este año es de poco más de 33 mil millones de pesos. Esto es, lo que devolvió el organismo a la Tesorería representa alrededor de dos tercios de su presupuesto. Una horadación de ese tamaño es inocultable en el desarrollo de las actividades del sector. A precios constantes del 2024, al inicio del periodo tenía un presupuesto de casi 36 mil millones. Todavía no alcanza lo que antes tenía.

 

Más aún, la estimación de la proporción del GIDE sobre el PIB era de 0.47 por ciento al iniciar el sexenio (EPN, 2018, Sexto informe, p. 391). El cálculo de ese mismo indicador para el año 2022 es de 0.26 por ciento (AMLO, 2024, Sexto infomre, p. 850). La disminución es notable y tal vez para este año sea mayor. Es cierto que las autoridades actuales cambiaron la forma de cálculo y la última encuesta para estimarlo fue realizada en 2017. Sin embargo, la caída es insoslayable.

 

No obstante, el presidente López Obrador, en el mensaje con motivo de su último informe dijo de forma escueta: “Se aumentó el presupuesto de Conahcyt, el número de becas de posgrado y de investigadores pasó de 113 mil 366 en 2018 a 139 mil 84 a la fecha” (01.09.2024).

 

Y el informe escrito, sin más, afirma que se logró lo que ahora dice la ley: “el Conahcyt ha contribuido a que toda persona tenga derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, derivados del apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, garantizando el acceso abierto a la información que derive de ella” (p.512).

 

La distancia entre los números y el balance es notable. El próximo periodo de gobierno precisa de una nueva línea base.

 

Pie de página: Sí, el Congreso es el teatro de nuestra República y las actuaciones dejan mucho que desear.

Becas: números faltantes y reglas por confirmar

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 979. Enero 12, 2023. Pág. 4)

 

La controversia sobre las becas de posgrado se ha centrado en si hoy se otorga un mayor volumen o, por el contrario, más bien han disminuido. La cantidad es relevante y vale la pena tener certeza, pero también está en marcha una nueva forma de distribución que podría representar un cambio de mayores proporciones. 

 

Tal vez usted recuerde que hace poco más de un mes, en este mismo espacio, dijimos que no cuadraban las cifras de becas para estudiantes de posgrado y para investigadores (Campus No. 975). Una cosa era lo que decía el presidente de la República, otra la que reportaban los anexos estadísticos de los informes de gobierno y otra más la que indicaba el propio Conacyt, aunque todas ellas podían considerarse como fuentes oficiales. 

 

El ejecutivo federal anunció que en el año 2022 se habían entregado, en cifras redondas, 129 mil becas para posgrado e investigadores; alrededor de tres mil becas más respecto del año previo. El problema es que los datos del mismo anexo estadístico del informe de ese año, no respaldaban ese volumen de apoyos. 

 

A su vez, el Conacyt reiteró, especialmente a partir del comienzo del año 2022, que de ninguna manera se entregaban menos becas de posgrado, pero sí habría un cambio relevante en su otorgamiento: se harían llegar directamente a los beneficiarios; no habría más intermediarios. 

 

El mismo Conacyt anunció que sustituiría el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por un Sistema Nacional de Posgrados, aunque no precisó cuáles serían sus características. Las coordinaciones de posgrado de las instituciones tampoco supieron bien a bien qué tanto debían intervenir con el cambio de reglas y en dónde terminaban sus responsabilidades. Eso ocurrió el año pasado y se supone que este año las cosas deben estar más claras. 

 

Veamos primero las cifras. Para efectos prácticos, la fuente con datos más desagregados y mayor exactitud debe ser el propio Conacyt, no solamente porque es el organismo rector de la política que concentra y distribuye los apoyos, principalmente porque, como lo dice la norma vigente, debe elaborar anualmente un informe general sobre el estado del sector.

 

El problema es que ese informe casi nunca está a tiempo. El mes pasado el Conacyt publicó el informe más reciente, aunque corresponde al año 2020 (Aquí lo puede ver: t.ly/nHLW). Ahí están los datos sobre las becas. Bueno, es un decir.

 

Porque algo sigue sin cuadrar con el número de becas: el informe reporta que los apoyos han disminuido por una estrategia deliberada (pág. 185), pero la información está incompleta. El apartado sobre becas del año 2020 muestra una clara disminución respecto del 2019, las becas al extranjero disminuyeron casi a la mitad (pasaron de 1,254 a 621) y muy ligera para las becas nacionales (de 22 mil 710 a 22 mil 481). 

 

El problema es que no está la serie histórica ni la desagregación de becas por tipo, nivel educativo (maestría y doctorado) ni entidad y país. La información debería estar en el anexo estadístico del informe general, aunque, si usted la busca, notará que las tablas correspondientes no están, la seriación de tablas simplemente se saltan esos números (tablas IV.6 y de la IV.9 a la IV.16). ¿El informe es una versión preliminar y luego será sustituirá o es un error deliberado? Mala señal. 

 

Sobre el cambio de reglas para el otorgamiento de becas, el mismo Conacyt ha expresado que el PNPC es un mecanismo que ha favorecido una distribución opaca de los apoyos y una privatización del posgrado. Así que, ha dicho, está en marcha un convenio de colaboración entre ese organismo y la Secretaría de Educación Pública para una transición hacia un nuevo Sistema Nacional de Posgrado.

 

Efectivamente, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), ese nuevo espacio de encuentro de titulares y representantes de la educación superior, en su sesión de septiembre del año pasado presentó una propuesta de política nacional de evaluación y acreditación para el nivel.

 

Una de las acciones fue la creación de un comité técnico del Sistema de Evaluación y Acreditación Nacional, instancia responsable de elaborar los lineamientos para la operación del sistema, una de cuyas tareas será la formulación de “orientaciones e indicadores para la acreditación de los posgrados por parte de la SEP”. 

 

El planteamiento de mejora, han establecido, incluye la simplificación de procesos, indicadores cualitativos y protocolos de ética. Además, proponen, consolidar “los procesos de transformación de los posgrados que incorporen formas de colaboración con los diferentes sectores de la sociedad, la pluralidad epistémica y el diálogo de saberes”.

 

Según las fechas previstas, la transición de un sistema a otro todavía se llevará este año, así que, propiamente, una evaluación y acreditación tal vez la veremos hasta el año próximo. El cambio es de proporciones mayores y la responsabilidad se traslada de entidad administrativa. No está nada mal que siga un proceso terso y gradual.

 

Sin embargo, la mesura no es suficiente, también se necesita información completa y precisa, tanto como una discusión pública amplia sobre nuevas reglas. No es mucho.

 

Pie de página: la agenda del sector para este año estará centrada en la promulgación de su nueva ley general. Atentos.

Informe: la narrativa y los hechos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 963. Septiembre 8, 2022)

El voluminoso cuarto informe de gobierno, al menos las 14 páginas del apartado de ciencia y tecnología, es un relato épico de una profunda y fructífera transformación del sector. Lo que llama la atención es que ningún logro en la materia fue mencionado en el mensaje político que pronunció con ese propósito el presidente López Obrador el mismo 1 de septiembre.

 

Sin embargo, no es la narrativa del informe escrito y su ausencia en el mensaje político lo que nos debería sorprender, después de todo el sector es una menudencia en las graves e importantes tareas de gobierno, lo más relevante es que el relato del apartado no resiste las comparaciones ni la contundencia de los datos fríos.

 

¿Tiene importancia la omisión de logros del sector en el mensaje político? No mucha, la verdad. Por una parte, las conferencias de prensa matutinas del ejecutivo federal han sido un instrumento eficaz para repetir y amplificar una y otra vez los temas de una crónica epopéyica. Entonces, si alguna, pocas novedades quedaban por informar en el mensaje político.

 

Además, los mensajes políticos de los informes de gobierno, del actual y de los anteriores, solo le dan espacio y volumen a lo que quieren enfatizar ante los gobernados. Seguramente, por la misma razón, el discurso de López Obrador, con un cambio en marcha de contenidos para la educación básica, tendió puentes con los profesores. “Son, de verdad, apóstoles de la enseñanza... Esa propaganda vulgar, sucia, de que los maestros no trabajaban y eran rebeldes sin causa ha quedado en el basurero de la historia”, dijo.

 

En cambio, el informe por escrito de sector abre su presentación apuntando: “A casi cuatro años de iniciada la Cuarta Transformación del país, la reorientación de la política de ciencia y tecnología se ha traducido en hechos. Se eliminaron los mecanismos institucionales que se caracterizaban por su poca transparencia y que facilitaban el uso poco eficiente de los recursos públicos” (p.468).

 

¿Cómo cuáles? Una vez más se refiere a la eliminación de los fideicomisos ordenada por decreto presidencial y anota como logro: “Se recuperaron 21,853 millones de pesos para la Hacienda Pública que incluyeron recursos pasivos de la recuperación (sic) de más de 7 mil millones de pesos de proyectos técnica o administrativamente insolventes. Los recursos de los 26 fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación (CPI) se concentraron en sus tesorerías conforme a lo expuesto en el decreto publicado el 6 de noviembre de 2020” (p. 469).

 

El problema es que, en términos estrictos, la información nos dice que se retiraron casi 22 mil millones de pesos del sector y pasaron a manos de Hacienda. Tómese en cuenta que la cantidad es equivalente al presupuesto anual del Conacyt. Obviamente un retiro de ese tamaño tuvo consecuencias para las instituciones y para los proyectos de investigación, y no precisamente para volverlos más eficientes.

 

El informe dice: “En contraste con la administración neoliberal del sexenio anterior que demeritó el financiamiento a la ciencia básica y de frontera hasta llegar al extremo de no destinar ni un solo peso a estos rubros fundamentales en 2017 y 2018, a partir de 2019 y hasta junio de 2022 se han aprobado más de mil proyectos de ciencia básica o de frontera”.

 

No obstante, en el informe no aparece el porcentaje de inversión “en ciencia de frontera como porcentaje del Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE)” para este periodo. El hecho incontrovertible es que en 2016 el GIDE representaba un 0.39 por ciento respecto al PIB y hoy está alrededor del 0.30 por ciento. Las consecuencias no pueden pasar desapercibidas.

 

¿Los recursos de los fideicomisos fueron reintegrados posteriormente? No en su totalidad, solamente para los 26 CPI y muchos todavía no pueden utilizarlos. Aparte, el Conacyt en 2018, en pesos corrientes, tenía un presupuesto anual de 21 mil 512 millones de pesos, un año después tenía dos mil millones de pesos menos y conservó una cantidad similar para 2020 y 2021, apenas en este año contó con un presupuesto corriente similar al del inicio de periodo, pero que sigue siendo menor por el efecto de la inflación.

 

Lo grave es que a la fecha no se ha mostrado ningún informe oficial ni evidencia de corrupción en el manejo de los fideicomisos en el sector, en cambio sí constituían el principal instrumento para la operación cotidiana de muchos de los CPI y proyectos en marcha. La eliminación dejó en el limbo a unos y otros; ni más eficientes ni mejores.

 

Una situación parecida ocurre con las becas de posgrado, el número de proyectos apoyados y la cooperación internacional. El informe dice que ahora se pondera de manera honesta la pertinencia, el rigor académico y la entrega directa, pero los indicadores muestran que al inicio del periodo Conacyt administraba 53 mil becas nacionales y hoy apenas suman 49 mil; las becas al extranjero eran 3 mil 313 y en este año son la mitad. Los proyectos apoyados sumaban en el 2018 más de un millar y en el presente apenas sobrepasan el centenar.

 

En fin, puede prevalecer la narrativa épica de una reorientación de la política en el sector, pero los datos no se corresponden, muestran que el impulso no es mayor, tampoco hay más ni mejores apoyos. Vale la pena examinar otros componentes del informe, pronto los veremos.

 

Pie de página: Este jueves 8 de septiembre el gobierno federal entrega el paquete económico para el año próximo y no trae buenas noticias.// La oposición en el Congreso hace pública su iniciativa de ley general de ciencia, así que pronto comenzará la discusión sobre la nueva ley del sector. Pendientes.

Ciencia y Tecnología. ¿Información oportuna y transparente?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 960. Agosto 18, 2022. Pág. 4)

 

Algo de ironía tiene lo que ocurre con los datos y los informes oficiales en el sector científico y tecnológico. Porque cuanto más se reiteran unos y se presentan otros, menos claro es el verdadero estado que guarda el sector.

 

Una y otra vez, desde el inicio del actual periodo de gobierno hasta hoy en día, las autoridades han hablado de acciones indebidas de las administraciones anteriores y en especial en el sexenio previo. Quién no recuerda esa tronante primera declaración de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en enero de 2019, afirmando que en la administración de Peña Nieto se habían hecho transferencias directas, “muchas de ellas líquidas”, de recursos públicos a empresas por alrededor de 50 mil millones de pesos (17.01.2019).

 

Luego, en el primer informe de gobierno, la cantidad varió a poco más de 38 mil millones de pesos en el periodo 2013-2018. Ahora, tanto en el encuentro que sostuvo la directora del Conacyt con legisladores el pasado 4 de agosto como en la presentación que hizo en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador la semana pasada, resulta que las transferencias son más bien de poco más de 45 mil millones de pesos, pero el periodo se extendió de 2001 a 2018.

 

Si los números han sido cambiantes en todo este tiempo, lo menos que cabría esperar es un informe detallado y preciso de cómo fueron esas operaciones, el volumen exacto, fechas consistentes y los delitos que se cometieron. Pero no, no tenemos nada de eso y lo único que sí hay son acusaciones fallidas ante la Fiscalía General de la República que ni avanzan ni se desehechan.

 

El resultado es que no hay ninguna certeza sobre las cantidades y manejo de esas transferencias, lo mismo con los fideicomisos o el número de becas. Pero no obsta para reiterar que antes se abandonó a la ciencia y poco se respaldó al sector público. La sorpresa es que, comparado con el 2018, durante los tres años anteriores, en términos corrientes, el presupuesto del Conacyt disminuyó. Apenas en este año, respecto del inicio del periodo, tuvo un ligero incremento (pasó de 27 a 29 mil millones de pesos).

 

El panorama es peor si consideramos el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. El GIDE es el principal indicador internacional para medir el esfuerzo presupuestal que realiza una nación para generar nuevo conocimiento y con ese parámetro, pasamos de 0.47 por ciento en el 2018 a 0.31 por ciento en el año pasado.

 

Además, los datos o los informes llegan fuera de tiempo. El ejecutivo federal debe presentar su 4to informe de gobierno en dos semanas más, pero apenas conocimos algunos detalles del informe previo porque solo recientemente la titular del Conacyt, acudió con legisladores e intervino en una de las conferencias matutinas del ejecutivo federal para los pormenores de los avances de mitad del periodo. Precisamente cuando ya está por concluir el segundo tercio.

 

Otro tanto ocurre con el reporte que año con año debe presentar el Conacyt. Aquí, en este Acelerador de Partículas, lo recordamos cada tanto, el organismo está obligado por la ley a emitir anualmente un informe general del sector (artículo 6 fracciónV). No obstante, el más reciente es del 2019. El documento es básico porque contiene toda la información del sector, permite la comparación a lo largo del tiempo y constituye el punto de referencia para constatar los avances y los retrocesos.  

 

Ni hablar de los dos años de retraso que tuvo el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Se supone que ese programa es el documento rector de la política sectorial, pero apenas fue publicado al final del año pasado. Aunque, la verdad, como si fuera inexistente.

 

La gestión tampoco se distingue por su rapidez y oportunidad. Lo saben bien los aspirantes a obtener una beca al extranjero que nunca llega o aquellos que ya tienen asignado el apoyo pero tarda meses en materializarse. Lo mismo ocurre con los investigadores que esperaban y siguen esperando la siguiente ministración del proyecto, la oficina jurídica que se declaró en moratoria o el trámite que tiene meses en la oficilia de partes. O bien, el retraso de más de medio año para publicar la actual convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores.

 

El problema es que a estas alturas, cuando ya transcurrieron dos tercios del periodo gubernamental, ya no es la curva de aprendizaje la explicación de la ineficiencia y las dificultades. Seguramente no solo gravita el personal estilo de dirigir, también pesa, y mucho, la austeridad republicana que ya está dejando ver las costuras en el quehacer de la administración pública, lo mismo que la alta rotación de personal en los mandos medios y superiores.

 

Pero, sobre todo, pasa que políticamente da lo mismo lo que ocurra o no en el sector. Y pues sí, ni certeza ni transparencia.

 

Pie de página: Nada sorpresivo el nuevo reglamento del SNI y la marcha atrás de algunos de sus inaceptables criterios específicos de evaluación. Y esto apenas comienza.

CIDH: ¿una ventana a la política interior?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 951. Junio 9, 2022. Pág. 4)

 

La relatoría puntualiza que: “comparte la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil ante la insistencia en las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de los investigadores por parte de la FGR, tomando en cuenta que las mismas han sido rechazadas en dos oportunidades por los tribunales y que los investigadores afirman haber cumplido con todos los requisitos de control económico ante el Conacyt” (CIDH-1179, 2021).

 

El párrafo previo es parte de la reciente publicación del “V Informe anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2021”. Y, como se podrá notar, se refiere al caso de México y la pertinaz demanda de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt.

 

La CIDH es parte de la compleja estructura administrativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, con base en las normas suscritas por los países miembros, se dedica a promover la defensa de los derechos humanos en la región. La Comisión realiza visitas a los países --algunas veces a solicitud expresa--, monitorea el estado que guardan los derechos humanos y publica un voluminoso informe anual de varios tomos y anexos. El párrafo citado al inicio forma parte de uno de los anexos, elaborado por la Redesca, esta última es un órgano de apoyo de la Comisión.

 

Los informes de la Comisión ponen en el escaparate internacional el amplio inventario de problemas de la región, como la pobreza, las dificultades para el acceso a la justicia o la constante violación de los derechos económicos, sociales y culturales. O bien, la grave vulneración de derechos humanos en algunas naciones que ameritan investigaciones especiales. Por ejemplo, en México, como olvidar el papel de la CIDH en el ominoso y triste caso de los 43 estudiantes normalista desaparecidos, mismo que derivó en la integración de un grupo interdisciplinario de personas expertas para indagar lo ocurrido.

 

El documento sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al que aquí nos referimos, es apenas un anexo de casi medio millar de páginas del extenso y complejo informe del 2021 de la Comisión. El apartado sobre México, de ese anexo, en particular el que se refiere al derecho a la educación, hace eco de la preocupación expresada en su momento a nivel nacional: la falta de acceso a internet de los estudiantes en el contexto de la pandemia y el efecto que tuvo, aún por determinarse, en el abandono y aprovechamiento escolar.

 

También, en el mismo apartado, el reporte expresa su preocupación por las acusaciones de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado que formuló la FGR en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt y hace notar que esa investigación es desproporcionada y de carácter político.

 

A ese respecto, en el reporte se anota: “la Relatoría Especial observa que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones que se realizaron, y presentaron balances positivos en su gestión” (1178).

 

En realidad, la relatoría sintetiza lo que ciudadanos, la prensa y diversos expresiones de organizaciones nacionales e internacionales han reiterado sobre la actuación de la FGR: desproporción y discrecionalidad en sus acusaciones. Pero la relatoría de la CIDH tiene un peso relativo mayor, no solo porque se trata de un organismo internacional de defensa de los derechos humanos, también porque la Fiscalía, a pesar de todo, persiste en sus mismos afanes.

 

La FGR, después de que los tribunales le han negado en dos ocasiones las órdenes de aprehensión solicitadas, la última ocasión en septiembre del año pasado, lejos de abandonar el caso, duplicó su apuesta. Amplió la indagatoria sobre los 31 acusados a cualquier posible irregularidad del tipo que sea y añadió a la lista de indiciados a otras cinco personas más. Ahora suman 36.

 

Lo reprochable no es el temperamento del fiscal. Tampoco que la Fiscalía investigue y, si es el caso, sancione sea a quién sea. El problema es la opacidad de sus procedimientos, la selectividad de la justicia que imparte, las dudas sobre la utilización de las instituciones para fines personales, los arreglos en las filtraciones de las conversaciones privadas del fiscal, entre otras irregularidades.

 

La ventana que abre el informe de la CIDH muestra que hay razones para preocuparse por la política interior. Además de lo que ocurre con los investigadores, el reporte incluye el monitoreo general sobre los efectos de la pandemia en el derecho a la salud, las muertes del personal de salud, el porcentaje de muertes atribuidas a la mala calidad del aire, la vulnerabilidad del derecho a la educación en el periodo de contingencia sanitaria, la migración y la creciente violencia.

 

Pie de página: La inconformidad de la comunidad del CIDE es abierta y creciente, como lo expresó en su manifestación pública este sábado 4 de junio.// Mañana concluyen las jornadas del CLACSO: “Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Saberes Luchas y transformaciones”. Sí, en la UNAM.

Tres años después

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 926 Noviembre 18, 2021)

 

El recuento de lo realizado en materia científica y tecnológica no ha sido ni es parte de la narrativa de logros en los resonantes informes de gobierno. Sí, ahí están las repetidas menciones sobre la entrega de becas y... nada más. Pero ni eso se sostiene. El panorama en el sector muestra que, en realidad, hoy tenemos menos de lo que habíamos alcanzado y problemas donde no los había.

 

Al cumplir su primer año de gobierno, el 1 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en apoyar con recursos a universidades y centros públicos de investigación. Este año el Conacyt ha destinado 2 mil 253 millones de pesos a ciencia básica o de frontera; además, se otorgaron 24 mil 453 becas nuevas a estudiantes de posgrado”.

 

El mensaje de AMLO, en este año, en su reciente 3er informe de gobierno, a la mitad de su gobierno, volvió a repetir: “hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores para llegar a un total de 125 mil 816 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero...”.

 

Sin embargo, ni para la educación superior ni para ciencia y tecnología tenemos más recursos financieros. A pesar de que el presidente, antes de comenzar su periodo de gobierno, se comprometió a incrementar los recursos a las instituciones de educación superior o que, en el peor de los casos, conservarían su nivel porque nunca tendrían un presupuesto por abajo de la inflación, lo cierto es que ha incumplido su promesa.

 

La reforma del artículo 3º de mayo de 2019 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, pero no hay recursos para garantizarlas. El gasto federal por alumno en educación superior sigue cayendo: hace una década era de poco más de 70 mil pesos, actualmente es de alrededor de 50 mil pesos.

 

El panorama no es mejor en el sector de ciencia y tecnología, el ramo 38 el que ejerce centralmente el Conacyt disminuyó sistemáticamente en los tres años anteriores y apenas parece repuntar. En 2018, en términos nominales, tenía 32 mil millones de pesos, este año alcanzó 30 mil millones y para el año 2022 se tienen previsto 34 mil millones de pesos. Obviamente si se considera el efecto de la inflación no hay tal aumento.

 

Las cifras con las becas de posgrado tampoco están para festejar. Hoy, ni forzando los datos, tenemos un mayor volumen. Los datos más recientes muestran que en 2018 el Conacyt administraba 55 mil 962 becas para estudios de posgrado (52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero). Para 2021 administra 54 mil 227 (51 mil 706 nacionales y 2 mil 521 para el extranjero). No solamente se otorgan menos becas, también debemos considerar que cada año aumenta el número de jóvenes que buscan cursar un posgrado.

 

Ni hablar de los aplazamientos en las convocatorias de becas regionales o para el extranjero. O bien, de los retrasos en la entrega de los apoyos para becas de movilidad, para los becarios de fondos especiales o para algunos de los grupos vulnerables que se han inconformado públicamente al respecto.

 

Solamente los miembros del Sistema Nacional de Investigadores aumentaron: se añadieron 6 mil 500 investigadores más, respecto de los que había en 2018. Una tendencia que es similar a la observada en la última década. Sin embargo, como ha sido público, los cambios en el reglamento de ese sistema, la integración de sus comisiones dictaminadoras y la ambivalencia con los investigadores de instituciones particulares, han sido lo sobresaliente.

 

A la fecha, aunque normativamente debió ser publicado en enero del año 2020, tampoco existe el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que debe regir las acciones en el sector. Una situación similar ha ocurrido con la Ley General del sector, la cual debió promulgarse hace casi un año y pues todavía no hay nada.

 

Los estragos que causó y sigue causando la desaparición de fideicomisos públicos en el sector han sido inocultables. La gestión en Centros Públicos de investigación se ha visto trastocada y los proyectos de investigación que dependían de fondos mixtos, sectoriales e institucionales simplemente quedaron en el aire. Las ministraciones se suspendieron sin mayor miramiento ni consideración.

 

En estas circunstancias no son de extrañar los problemas en el sector ni los desencuentros entre autoridades, académicos, estudiantes y científicos en los pasados tres años. La reactivación de sindicatos en los Centros Públicos de Investigación, la formación de nuevas organizaciones gremiales (como Siintracateras), la intervención de la Fiscalía General de la República, los amparos, los pleitos en los tribunales o el movimiento estudiantil en el CIDE, forman un inventario de problemas donde no los había. ¿Continuará lo mismo en la siguiente mitad? Todo parece indicar que sí.

 

Pie de página: La directora del Conacyt anunció que a partir del año próximo se cancelarán las colegiaturas y cuotas que pagan los estudiantes de todos los Centros Públicos de Investigación (CPI). Nada mal para atemperar el conflicto con el movimiento estudiantil. El problema es que no aumentarán los recursos de los CPI que compense lo que dejarán de percibir, así que el presupuesto por alumno seguirá cayendo y ya sabemos el deterioro que producirá.

Más becas en el mensaje, menos en el papel

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 915. 09.09.2021)

 

Difícil, muy difícil ha sido encontrar coherencia, precisión y transparencia en la información sobre las decisiones y acciones de la administración gubernamental. Las becas de posgrado ejemplifican el caso.

 

El mensaje del presidente López Obrador, en ocasión de su reciente informe de gobierno, destacó: “Hemos aumentado en nueve mil 370 las becas de posgrado e investigadores, para llegar a un total de 125 mil 816 y recientemente se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país o en el extranjero” (versión estenográfica 01.09.2021).

 

Los mensajes de todos los gobiernos, sea cual sea el partido político que representen, hacen una apología de lo que realizaron en el periodo, por eso se dice que son mensajes políticos. Por cierto, desde el 2006, el último año del gobierno de Vicente Fox, los presidentes ya no van al Congreso de la Unión a emitir ese discurso; representantes del legislativo acuden al sitio del presidente.

 

Ahora los mensajes tampoco son interminables como aquellos de los años ochenta e incluso de los noventa. Hoy son cada vez más cortos y resaltan lo que más les interesa a los mandatarios. Hay que prestarles atención, porque en una nuez dicen lo que el voluminoso Informe de Gobierno entrega por escrito al Congreso de la Unión. El documento tiene más de 600 páginas y otras 700 de anexos estadísticos.

 

¿La cifra que pronunció AMLO refleja lo que está en el documento entregado al Congreso? No, definitivamente. El informe escrito dice que, respecto al año 2020, se entregaron 3,992 nuevas becas más de posgrado (pág. 484). El número es menor a las más de nueve mil que dijo el presidente.

 

Sin embargo, dado que el presidente refirió en su cifra a los investigadores, incluyámoslos en la contabilización. El mismo informe escrito dice que, en el periodo, el incremento de miembros del Sistema Nacional de Investigadores fue de 1,995 (pág. 485). O sea, si sumamos los apoyos para posgrado y para investigadores, la cifra llega a 5,987 becas. Incluso si añadiéramos las 1,237 personas del Programa Cátedras Conacyt, la cantidad llegaría 7,224. Un número claramente inferior a los 9,370 que indicó el presidente.

 

El problema todavía es más notable si se consultan los anexos estadísticos del mismo informe. Los datos que ahí aparecen no distinguen entre becas nuevas y becas vigentes. Como se sabe, las primeras se refieren a todas aquellas que en el año de referencia son formalizadas y en ese periodo el becario comienza sus estudios, en cambio las vigentes son todas las becas que están activas, sean nuevas o que iniciaron con anterioridad.

 

Según la información de los anexos, el total de becas de posgrado del gobierno federal (incluye Conacyt y todo el sector público) sumaron en 2020 un total de 73,937 apoyos y en este año reporta 64,097 becas. O sea, son 9,840 menos becas. Una cifra relativamente parecida a la señalada por el presidente, pero en sentido completamente inverso y únicamente referida al posgrado.

 

Si en lugar de considerar las becas de todo la administración, solamente contabilizamos las de Conacyt, serían un total de 54,805 en el año 2020 y en el año actual 54,227. La disminución no es tan fuerte como las del párrafo anterior, pero claramente hay una disminución de 578 becas.

 

Los miembros del SNI en el año 2020, según los mismos anexos, sumaron 33,165 investigadores y en 2021 suman 35,160. Las cifras sí son coincidentes con las que se indicaban en el informe escrito, pero solamente son 1,995 investigadores más en el periodo que se informa. La cifra está lejos de los más de nueve mil que señaló López Obrador, aunque también se incluyeran un millar más de catedráticos Conacyt.

 

Lo más grave es que en el caso de las becas de posgrado, sean de todo el sector público o solamente las de Conacyt, son menos que las otorgadas en el último año de la administración anterior. Así que, además de disminuir, siguen entre un 22 y un cuatro por ciento, por abajo de las entregadas en 2018.

 

También resulta muy difícil saber de dónde proviene el gran total de becas de posgrado e investigadores que mencionó el presidente: 125 mil 816. La cantidad es impresionante. Sin embargo, ¿qué se está sumando para llegar a esa cifra? Aunque se acumulará todo el periodo, las cifras no se sostienen.

 

En primer lugar, las cifras de becas e investigadores no son de acumulación simple; ni el número de apoyos ni el número de personas se pueden sumar sin más. Las becas de posgrado, en su mayoría, son para estudios que tienen una duración mayor a un año (de ahí la diferencia entre becas vigentes y nuevas becas) y para los investigadores opera una diferencia similar, porque se suman alrededor de dos mil personas más en cada convocatoria (considerando ingreso, reingreso y salida del sistema)

 

En fin, no hay duda, las frases y las cifras del mensaje del Informe son más elocuentes de lo que pueden sostener los propios datos agregados del gobierno federal. Las becas son el caso, pero la situación parece replicarse en distintos indicadores. Los examinaremos.

 

Pie de página: ¿Qué funcionarios comparecerán ante los legisladores para la glosa del Informe de Gobierno? Atentos.