El sector: narrativa larga y cifras cortas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1010. Agosto 31, 2023. Pág. 4)

 

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) opera con un defícit anual cercano a los dos mil millones de pesos y el Conahcyt enfrenta casi 700 juicios de amparo en su contra. Primera noticia. Son datos divulgados a través del Sistema Público de Radiodifusión (SPR). O sea, se trata de datos oficiales.

 

La situación es paradójica: tenemos información desbordada sobre las decisiones en el campo cientifico y tecnológico, pero conocemos poco, muy poco, acerca de lo que realmente está ocurriendo. Al menos no lo sabemos de forma precisa ni sistemática. La información oficial sobre la política científica reitera una y otra vez una extensa narrativa sobre aquello que ha combatido a lo largo de casi cinco años.

 

Sin embargo, a la hora de fincar responsabilidades, precisar casos, definir montos, desagregar procesos y mostrar los datos duros, sus coordenadas se pierden en esa narrativa épica y repetitiva de hazañas y números grandes. Por la misma razón resulta aleccionadora la reciente información que apareció en una nota de Ricardo Balderas en el sitio electrónico del SPR (22.08.2023).

 

El Sistema Público de Radiodifusión es un organismo descentralizado de la Adminsitración Pública Federal, instaurado desde el sexenio anterior, en julio del 2014, con el fin de difundir “información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional” (DOF 14.07.2014). Ahora, la titularidad del organismo la ocupa el periodista Jenaro Villamil.

 

Según la nota de Balderas en SPR, con datos obtenidos “vía Acceso a la Información”, el Conahcyt, al suspender el pago del SNI a 2 mil 16 investigadores de instituciones privadas, se ahorra 503 millones de pesos (en cifras redondas). No obstante, dice la misma nota, “se estima que anualmente existe un déficit de $1,862,572,073 (mil ochocientos sesenta y dos millones quinientos setenta y dos mil setenta y tres pesos 00/100m.n.)”, aunque, aclara, el monto no es preciso.

 

Los datos reveladores son el número de investigadores del sector privado, los 503 millones de pesos que les destinaba el programa del SNI y el déficit que arrastra el programa La nota de SPR no precisa el año de las cifras, pero cabría suponer que son del 2022 o incluso de este mismo año.

 

El caso es que las últimas cifras oficiales que se conocieron de investigadores del sector privado, las mostró el propio Conacyt –todavía se llamaba así--, a mediados del año 2021, cuando justificó ante la Conamer la eliminación del incentivo para ese sector. ¿Lo recuerda?

 

En aquella justificación, el organismo precisó que en el año 2020 los investigadores de universidades privadas sumaban 1,632, o sea representaban el 4.9 por ciento del total del SNI. Además, en sus proyecciones de ese año, indicaba que los nuevos ingresos estaba entre 128 y 180 investigadores del sector privado; calculaba que el presupuesto para otorgarles incentivos era de 124 millones 954 mil pesos (Conamer 05.04.2021).

 

Las cifras, como se podrá advertir, no son las mismas. Es cierto que dos o tres años después los números no pueden ser idénticos; el número de investigadores y prespuesto va al alza. Sin embargo, no deja de sorprender que hace dos años el ahorro por suprimir el pago a investigadores del sector privado era de 125 millones y hoy es de 500 millones de pesos, o sea se cuadruplicó. Poco, muy poco creíble. La falla está en una u otra información.

 

El otro dato revelador de la nota de SPR es el déficit del SNI: 1,863 millones de pesos. La cantidad es casi una cuarta parte del presupuesto actual de ese programa. Si el dato es correcto, mostraría por qué la autoridad ha intentado contener la expansión del programa.

 

También sorprende el número de amparos en contra del Conahcyt. La nota señala que suman 683 juicios de amparo y de ese total, 442 fueron promovidos por 1 mil 256 personas en contra del reglamento del SNI del 2021 (DOF. 20.04.2021); los restantes 241 amparos son en contra del reglamento del SNI del año pasado (DOF. 10.08.2022). En este último se ratificó la eliminación de investigadores de universidades particualres y se alargó el plazo para alcanzar el máximo nivel en el programa. Cifras y números que tampoco se conocían.

 

En fin, el caso es que al día siguiente de la nota de SPR, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió un largo comunicado titulado “Oligarquía académica y política quieren invalidar nueva ley Conahcyt para mantener privilegios” (22.08.2023). Nuevamente apareció la narrativa larga, el invernadero de cifras grandes y sucesos de hace más de una década para justificar la importancia de la nueva ley general de ciencia. Sin embargo, no estaba ninguna cifra precisa, actual y relevante.

 

La narrativa del sector está más que difundida, pero lo elemental y más importante sería la oportunidad, precisión y transparencia de las cifras. La ley vigente dice que cada año el Consejo Nacional debe emitir un informe general del estado del sector (Articulo 63 fracción XXVII), aunque el más reciente es del año 2020.

 

Pie de página. En avances deslumbrantes: India y Japón se van a la luna. // La sucesión en la UNAM sigue su marcha.// Ya está el 5to Informe de Gobierno, el penúltimo del periodo. Atentos.

 

Sector privado: ¿efectos colaterales o punto de inflexión?

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 901. 27.05.2021)

 

La semana pasada planteamos la interrogante de si la escasez de recursos financieros es el motor principal para acotar y desdeñar la participación del sector privado en el terreno científico y tecnológico o, más bien, la razón de la hostilidad habría que encontrarla en una impronta ideológica que busca separar lo público y limitar lo privado.

 

Algunas evidencias muestran que se trata principalmente de lo primero, porque fundamentalmente es el impacto de una política de austeridad que lleva al límite, mínimo, los recursos públicos en toda la administración, sacrificando lo que haya que sacrificar y, a contrapelo, los canaliza a los 30 programas y proyectos que tiene marcados como prioritarios. Los recursos quiebran su cauce por lo no prioritario.

 

Sin embargo, también es probable que la restricción de recursos financieros encuentre un punto de convergencia con las motivaciones ideológicas. El asunto es que, sea una o ambas, las medidas podrían alterar el funcionamiento del sistema en su conjunto y tener efectos colaterales más relevantes.

 

Tal vez lo que ocurrió con el programa de becas de Conacyt sea una buena ilustración del caso. El programa, entre fines de los años 80 e inicio de los 2000, se denominó becas-crédito porque, en realidad, era un crédito. O sea, los estudiantes firmaban un pagaré por el apoyo recibido, al finalizar sus estudios obtenían un porcentaje de condonación dependiendo de si obtuvieron o no el grado y del tiempo que se demoraban para obtenerlo.

 

La posibilidad de una bonificación parcial o total del crédito también dependía de si el joven maestro o doctor ingresaba a laborar como profesor o investigador en una institución pública nacional, al menos un tiempo equivalente al periodo en el que estuvo becado. Una especie de tasa de retorno y también para asegurar su incorporación en las instituciones públicas.

 

Posteriormente, las autoridades reconocieron que había una gran desorden en la base de datos de los becarios, en la devolución de créditos y en la efectividad para hacer válidos los pagarés. Al final, se argumentó, resultaba más costoso la cobranza del crédito que no hacerlo.

 

El programa cambió de ser beca-crédito a simplemente programa de becas y se modificó todo el reglamento. Sin embargo, aparte de las dificultades administrativas, seguramente una de las principales razones para la reforma del reglamento fue la posibilidad de que los jóvenes posgraduados de alto nivel también se pudieran incorporar a laborar en las instituciones particulares, no solamente en las de carácter público, ya fuera porque estas últimas no podían absorberlos o por alentar la participación del sector privado.

 

Las relaciones entre los sectores público y privado tiene raíces hondas y múltiples componentes. Desde luego, corresponde a una esfera más amplia de cambios en la intervención del Estado, en la política económica y en la planeación del desarrollo. Pero tiene una clara expresión en las diferentes áreas de la administración pública.

 

Tal vez sea suficiente recordar la fuerte crítica que se desató hacia la calidad de la educación pública en los años ochenta --cuyos ecos todavía hoy resuenan—y su contención, lo mismo que el crecimiento exponencial de las instituciones de educación superior particulares que se produjo a pesar de la crisis de aquellos años.

 

En fin, no son nada irrelevantes las modificaciones a las normas, por pequeñas que sean, porque no solamente tienen un efecto evidente, directo, también tienen otros impactos colaterales y expresan tendencias.

 

Por la misma razón, algunas de las universidades privadas más destacadas a nivel nacional, como el Itam, la Ibero, la Salle, las Américas, la Panamericana, Anáhuac, el Tec, la del Valle de México, entre otras, la semana pasada, en desplegado público en diferentes medios, incluido Campus, llamaron a reconocer el “carácter público del conocimiento e innovación que se genera en las instituciones de educación superior privada por su personal académico adscrito al Sistema Nacional de Investigadores” (19.05.2021).

 

Las 29 universidades que se pronunciaron públicamente están agrupadas en el Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria). Este Consejo es el órgano colegiado de la ANUIES, responsable de coordinar el trabajo de las instituciones particulares asociadas.

 

Y sí, la principal la principal demanda de las instituciones firmantes es que se garantice la “inclusión e igualdad de trato a todos los investigadores de las instituciones públicas y privadas en todos los programas de Conacyt, incluyendo la restitución de los estímulos económicos a los investigadores de las instituciones particulares”.

 

El actual reglamento del SNI, el que se publicó el mes pasado, suprime el apoyo económico a investigadores de instituciones privadas, aunque les conserva el nombramiento correspondiente (Diario Oficial de la Federación 20.04.2021).

 

Actualmente, después de amagos y retractaciones, todavía están vigentes los convenios de colaboración entre instituciones particulares y el Conacyt, pero si el reglamento no cambia, la eliminación del apoyo será efectivo a partir del año próximo. Pronto veremos si la hostilidad es un efecto colateral o estamos ante un punto de inflexión de las relaciones público - privado.

 

Pie de página: La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó el 25 de mayo: “A nivel nacional, precisamente tenemos un 81.5 por ciento de los 3.1 millones de precisamente personal que trabaja en las instituciones, llevamos un promedio de dos millones 564 mil 406 personal precisamente vacunado”. Eso dijo.

Ciencia y Tecnología. Fisura entre lo público y privado

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en CampusNo. 900. Mayo 201, 2021. Pág. 14)

 

Todavía no transcurre del todo la primera mitad del periodo de la actual administración, pero está relativamente próxima. Al inicio, en el territorio de la actividad científica y tecnológica, parecía que todo sería mejor, pero hoy los saldos no son positivos y lo peor es que los trazos del futuro no son mejores, porque las actuales decisiones, espoleadas por la austeridad, se extenderán sin ver el conjunto ni el horizonte.

 

Una de estas decisiones ha sido la concerniente a la participación del sector privado en las actividades científicas y tecnológicas. Las implicaciones de las medidas seguramente se profundizarán en lo que resta del periodo y podrían cambiar la estructura de incentivos de todo el sistema.

 

Las relaciones entre el sector público y privado, desde el comienzo del periodo de gobierno, se anticipaba que podrían ser tirantes, cuando no de franca confrontación. Seguramente usted recuerda las declaraciones sobre transferencias de recursos líquidos a las empresas privadas que denunció la directora de Conacyt. Fue en enero de 2019 y en ese entonces mencionó que en la administración previa había realizado transferencias por alrededor de 50 mil millones de pesos. La misma directora del organismo dijo que estaba por consolidar las cifras con precisión, porque había un error de más menos 15 mil millones de pesos.

 

Las cantidades eran y sonaron muy fuerte. El asunto es que, además de la ambigüedad de los números, no estaba nada claro si habían sido indebidas o ilegales. La expectativa era que se aclararán los montos y de ser el caso que se procediera legalmente. Sin embargo, a la fecha no se conoce que haya denuncia oficial al respecto, pero lo que sí hay es una fisura entre la participación pública – privada para las actividades científicas y tecnológicas. Una fisura que parece ensancharse cada vez más.

 

El primer informe de gobierno del presidente López Obrador reportó como hallazgo que en la administración de Enrique Peña Nieto, el sector privado contribuyó con alrededor del 19 por ciento en el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico (GIDE) y, no obstante, “cerca del 50 por ciento de los recursos de los fideicomisos del Conacyt (es decir, 35 mil 175 millones de pesos) fueron transferidos al sector privado” (pág. 300). Y a esa cantidad también le añadía otros 3 mil 600 millones en transferencias indirectas.

 

O sea, según los datos del informe, además de que el sector privado exhibía una contribución sumamente modesta en el financiamiento, encima recibió casi 39 mil millones de pesos a través de transferencias directas e indirectas. Aunque los informes de gobierno generalmente se concentran en el estado de la administración pública, no lo que se planea hacer, en el mismo documento quedó anotado que si el periodo 2013-2018 se había “caracterizado por un evidente abandono de la ciencia básica en favor de transferencias privadas”, la actual enfatizaría la ciencia básica.

 

Después del primer informe de gobierno llegó el Programa Institucional 2020-2024 del Conacyt. Porque, como lo hemos reiterado aquí mismo, no hubo y no habrá un programa para todo el sistema, como debía ser el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (Peciti) que india la normatividad vigente.

 

El Programa Institucional abundó en el diagnóstico que se había adelantado en el primer informe de gobierno. Por ejemplo, reiteró que el gobierno neoliberal descuido a la ciencia de frontera o ciencia básica. Apuntó: “Del total de los recursos asignados a los fideicomisos del Conacyt en el periodo de 2013 a 2018, el 48 por ciento fue transferido al sector privado a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), los cuales anteponen las ganancias económicas al interés del conocimiento, sin beneficio social y ambiental” (Diario ficial de la Federación. 23/06/2020, pág. 19).

 

Entonces, ¿la administración prescindirá de la participación del sector privado? En el mismo programa se anotó que el tradicional modelo de triple hélice (academia, gobierno e industria) evolucionaría hacia uno de pentahélice porque se le añadirían la sociedad y el ambiente. “Se implementarán estrategias para apoyar a entidades públicas o privadas que desarrollen proyectos de innovación abierta con impacto social en el país” (pág. 28).

 

No se conoce el detalle de cómo se pondrán o están en marcha esas estrategias y menos todavía los resultados que arrojarán. No obstante, a la par de la fisura formal entre los sectores público y privado, lo evidente ha sido la aplicación de amplias y profundas medidas de austeridad que han comprometido la operación y funciones de diferentes entidades y programas del sector, como ha sido el caso de los Centros Públicos de Investigación, el desarrollo tecnológico, el programa de Cátedras o los becarios en el extranjero.

 

Una restricción de recursos financieros que ha puesto en entredicho el mismo compromiso del presidente López Obrador formulado en el periodo de transición. En agosto de 2018 anticipó que el financiamiento para el sector crecería y, en el peor de los casos, se mantendría en términos reales, o sea, nunca habría un presupuesto por abajo de la inflación para las actividades científicas y tecnológicas. Pero no, no ocurrió en esta primera mitad del periodo.

 

¿El contexto de recursos escasos es el principal acicate para acotar la participación del sector privado o, más bien, la distancia está activada por resortes ideológicos? Tal vez es una mezcla, pero el peso relativo de lo primero parece mayor, porque comenzó con la eliminación de los fideicomisos, luego con el programa de innovación y, más recientemente, suprimiendo el incentivo económico a los investigadores del sector privado.

 

El problema es que la fisura entre lo público y lo privado puede convertirse en una grieta insalvable del sistema científico y tecnológico. Sin duda se puede y debe discutir el papel del sector privado en el desarrollo científico nacional, lo que no se puede hacer es ignorar o soslayar su intervención.