¿Sistema Público de Investigadores?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 871. Octubre 15, 2020. Pág. 4)

 

El estruendo levantado por la eliminación de los fideicomisos públicos no deja ver la vuelta de tuerca en uno de los programas emblemáticos en el campo científico y tecnológico: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tal vez no será la última vuelta, pero sí podría ser el paso más firme para una modificación significativa.

 

Antes de que comenzara el actual periodo gubernamental, cuando nada estaba decidido en las elecciones federales, el plan fue visto con escepticismo y solamente mereció algunos comentarios discretos. ¿Usted lo recuerda? Fue el “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por MORENA”.

 

El documento de poco menos de medio centenar de páginas lo firmó y difundió la doctora María Elena Álvarez Buylla, precisamente a los pocos días del último debate que sostuvo el entonces candidato López Obrador en junio de 2018 y en donde anunció que ella sería nombrada directora de Conacyt si él ganaba la presidencia.

 

Después, una vez celebradas las elecciones y designada titular del Conacyt, el plan de reestructuración del organismo ya fue examinado de forma distinta y el escrutinio fue más detallado. ¿Qué proponía para el SNI? Diagnosticaba que el sistema había tenido efectos positivos, pero también “prácticas de simulación al privilegiar la cantidad sobre la calidad en la producción del conocimiento científico” (p. 8). Así que, tanto para el programa como para muchos otros componentes, anunciaba un mayor énfasis en los criterios cualitativos.

 

Todavía más importante, también proponía revisar con “sumo cuidado” la provisión de recursos públicos a entidades privadas de formación de recursos humanos de alto nivel, “lo cual incluye tanto a becas a estudiantes como al Sistema Nacional de Investigadores, con la finalidad de eliminar gastos innecesarios” (p. 18).

 

Una vez iniciado el periodo de gobierno, algunas componentes del plan resultaron prescindibles y otros adquirieron mayor precisión. Entre los primeros estuvo el papel reservado a las humanidades que pasaron de la subestimación a una promesa de un lugar en el nombre del organismo –por cierto, ya no se insistió más al respecto-- y entre los segundos la tensión público-privado fue lo sobresaliente

 

La denuncia sobre la trasferencia de recursos públicos a empresas privadas fue uno de los primeros posicionamientos de la actual directora de Conacyt, lo hizo en enero de 2019. El volumen de recursos, dijo en ese momento, va de los 35 a los 50 mil millones de pesos. La presión porque aclarara si se trataba de algo indebido o ilegal fue creciendo. Sin embargo, ni entonces ni ahora, se han dado a conocer pruebas o denuncias. Pero la brecha entre uno y otro ámbito comenzó a ensancharse.

 

El asunto de la tensión público-privado en el SNI volvió a aparecer en los medios al inicio de este año. Tal vez usted recuerda que a investigadores de la Universidad La Salle y de la Universidad Iberoamericana (plantel León), instituciones particulares, les suspendieron el incentivo mensual que recibían.

 

Aparentemente todo se debió a una falla administrativa sin mucha importancia: las universidades no habían renovado el convenio de colaboración. Lo hicieron y todo quedó solucionado. No obstante, también quedó registrado que la actual administración estableció requisitos adicionales en los convenios.

 

En este mes, de nueva cuenta, se trata de los convenios. Las autoridades de la Universidad Iberoamericana informaron a su personal que, a su vez, la directora del Conacyt les comunicó que no se renovaría el convenio en los mismos términos, porque el organismo “no está en posibilidades de cubrir los incentivos a nuestras investigadoras e investigadores nacionales”.

 

El cambio que ahora se propone es más significativo y la misma situación ocurrió en el ITAM y en el Tec de Monterrey. Por lo pronto es difícil anticipar si, como ocurrió en enero, los convenios volverán a ajustarse y si Conacyt seguirá otorgando los incentivos correspondientes o solamente piensa conceder los nombramientos.

 

Desde 1988, cuando se reformó el acuerdo de creación del SNI, quedó reconocida la aportación de investigadores y recursos de las instituciones de educación superior particulares hacia el Sistema. También el beneficio que suponía para las propias personas dedicadas a la investigación científica. Ambos aspectos están incluidos en los considerandos del decreto de reforma.

 

El rasgo nacional del SNI --y el sistema científico y tecnológico mismo-- se nutre precisamente de investigadores de los sectores público, social y privado. Si las instituciones o las personas no están cumpliendo con sus responsabilidades deberían tomarse las medidas correspondientes.

 

Lo que no parece nada sensato es suprimir o inhibir la participación del sector privado cuando precisamente se requiere lo opuesto: alentar su mayor participación relativa en todos los indicadores. Aunque, claro, si la idea es mudar a un sistema netamente público de investigadores, entonces la decisión es correcta.

 

Pie de página: Salvo una breve argumentación –y un ejemplo incorrecto- del secretario de Hacienda a favor de la eliminación de los fideicomisos, el consenso más bien es por conservarlos. Sin embargo, la actual administración está empeñada en suprimirlos.

La integración de los programas y el abandono de la planeación

En la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el pasado 20 de mayo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que los programas sectoriales y transversales estarán listos en este año, mientras que los regionales y especiales lo harán a más tardar antes del final del mes de abril del año próximo.

Entonces, si fuera el caso, el Programa Nacional de Educación se presentará antes de que concluya este año y el Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en abril del año siguiente. Sin embargo, es posible que no haya diferencia con los programas de las administraciones anteriores.

Se supone que el PND, los programas sectoriales, regionales y especiales, se enmarcan en una estrategia de planeación nacional del desarrollo, la derivada de Sistema Nacional de Planeación Democrática, aquella que es “conducida por el ejecutivo federal y con participación democrática de los grupos sociales”.

Una idea de participación y gobierno que se plasmó en la Ley de Planeación de 1983 y en la modificación del artículo 26 constitucional en el mismo año. Ahí se establecieron definiciones, procedimientos, delimitación de responsabilidades y atribuciones que desde entonces rige los tiempos y las formas de la planeación nacional. Aunque, como sobran las evidencias, no garantiza resultados satisfactorios.

Los planes y programas que desde fines de los años setenta se han elaborado, precisan grandes objetivos nacionales de crecimiento económico y bienestar social, plantean estrategias, prioridades, líneas de acción y cálculo de costos.

Sin embargo, invariablemente, al término del periodo para el que fueron diseñados los programas, sobreviene la frustración y el desencanto: los resultados quedan sumamente alejados de lo previsto. Las explicaciones pueden aludir a las imponderables contingencias internas o externas; el resultado es el mismo.

Tampoco han cambiado las formas para la integración de planes y programas. La ley mandata convocar a foros de consulta popular para la participación de los diversos grupos sociales (artículo 20) y sí, previo a la elaboración del Plan, cada administración los lleva a efecto. Nada más.

Las diferentes administraciones anuncian los cientos de miles de propuestas que reciben en los foros. Vicente Fox más de 150 mil, Felipe Calderón alrededor de 130 mil y el actual gobierno casi 229 mil participaciones, “el mayor registro de participación ciudadana en la historia de nuestro Sistema Nacional de Planeación Democrática”, dijo en su momento el secretario de Hacienda.

Los fastuosos e inoperantes foros de consulta, independientemente de su procesamiento y utilidad, constituyen el momento culminante y prácticamente único de participación social, pese a que la misma ley la prevé en la elaboración, actualización y ejecución de planes y programas.

El asunto es que cada vez se aprecia con mayor claridad que los planes y programas van por un lado y las principales acciones por otro, aunque desde la administración de Vicente Fox se han establecido indicadores para valorar el cumplimiento de los primeros.

La definición sobre las principales iniciativas a llevarse a cabo en las diferentes áreas de la administración pública se adelantan a la planeación prevista en la norma. Por ejemplo, la propuesta de reforma de los artículos 3ro y 73 constitucionales --la que podría ser el sello más sobresaliente de la actual administración--, no esperó al PND o al programa sectorial.

Tampoco la iniciativa de escuelas de tiempo completo, la idea de distribuir computadoras portátiles a los niños de quinto y sexto grado, menos la de fijar los límites de crecimiento de la cobertura para la educación media superior y superior (80 y 40 por ciento, respectivamente) o la de alcanzar el uno por ciento del PIB en inversión nacional en ciencia y tecnología.

Los programas sectoriales de las dos administraciones anteriores se han demorado en presentarse públicamente sin mayores consecuencias. En buena medida porque para la puesta en marcha de las iniciativas, más que un programa, como ahora también ocurre, lo más importante son los acuerdos, la interlocución con las principales fuerzas políticas, los grupos de interés y/o el control de los mecanismos que permiten la conducción del sistema.

El asunto es si se pueden obtener resultados diferentes en la planeación del desarrollo nacional siguiendo, e incluso profundizando, el mismo camino. No, no parece posible.


(Publicado en Campus Milenio No. 522. Agosto 15, 2013: p. 4)

La beca-salario para la formación dual

Al inicio de este gobierno, cuando se anunciaron las becas-salario como uno de los “compromisos” del Pacto por México no estaba clara la forma, los tiempos, ni las características que adoptarían. Hoy tampoco. Sin embargo, se perfila la educación media superior, particularmente el Conalep, como el primer destinatario de la medida.

El 2 de diciembre del año pasado, como parte del compromiso número 15, quedó asentado en el Pacto que “se impulsará un programa piloto de ‘beca-salario’ en tres estados de la República para evaluar su eficiencia, impacto en la deserción y el aprovechamiento escolar que permita determinar el modelo más adecuado para generalizarlo gradualmente al resto del país”.

La medida no tuvo la celeridad de la reforma constitucional, ni la enredada licitación de computadoras portátiles para los alumnos de quinto y sexto grado de primaria que hoy sigue en suspenso. Apenas el mes anterior, a propósito del alarmante dato proporcionado por el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, acerca de que cada año abandonan el nivel medio superior alrededor de 650 mil jóvenes –y dos de cada tres lo hace en el primer año—, el mismo subsecretario anunció que en este mes se otorgarían nuevas becas.

Y sí, en esta semana se anunció que a partir del ciclo escolar que iniciará se pondrá en marcha el proyecto piloto de “Modelo Mexicano de Formación Dual” (El Universal 05/0813: 15). Un programa en el que participarán 12 entidades federativas –como Coahuila, Sinaloa, Puebla, Nuevo León y el Estado de México, entre otras—, 150 empresas, 50 planteles de Conalep y alrededor de mil alumnos. A cada uno de los alumnos les otorgarán una beca-salario de 4 mil pesos mensuales.

El asunto es que apenas el pasado 18 de julio se realizó el seminario “Hacia una legislación para la formación de profesional técnica. Modelo Dual”, en donde el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dijo que la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Conalep trabajaban para desarrollar el modelo mexicano de educación dual, el cual retomaría las características del sistema alemán.

Incluso, el titular de educación precisó que en tal seminario se analizarían “los objetivos para una transformación legislativa que institucionalice y amplíe este modelo educativo  y servirá para elaborar una iniciativa de ley que se revisará mediante foros de consulta en todo el país, la cual –se comprometió- será enviada en febrero de 2014, durante el segundo periodo ordinario del Congreso de la Unión, con el fin de que entre en vigor y pueda aplicarse en el ciclo escolar 2014-2015” (Comunicado SEP No. 102).

La idea era que para el 2018, el Conalep incremente su matrícula en alrededor de 10 mil alumnos, más o menos 300 planteles participarían en el nuevo modelo y aproximadamente la mitad del total de sus carreras. Pero no, desde ya comenzará la aplicación del modelo, pese a que el tema de la regulación jurídica no está resuelto.

Actualmente, el Conalep tiene poco más de 500 planteles en todas las entidades federativas, sobrepasa los 300 mil alumnos y su oferta académica incluye casi medio centenar de carreras agrupadas en siete áreas de formación ocupacional.

Todavía no se sabe claramente cómo se tropicalizará la formación dual, solamente se ha indicado que de los tres años que comprende los estudios del Conalep, se consideran dos modalidades: una en la que el alumno estaría un año en la empresa y otra en la que más bien serían dos años.

El modelo de formación dual, como su nombre lo indica, implica dos espacios de formación: la empresa y la escuela; el modelo alemán es el más sobresaliente y de mayor experiencia, pero no es el único, otros países europeos también tienen han experimentado en el mismo sentido.

Quizás la mayor complicación con el modelo dual, y por ello la idea de una nueva regulación, es que trata de conciliar dos ámbitos que tienen principios, formas de organización, deberes y derechos muy diferentes: el educativo y el laboral. Un sistema de este tipo no podría tener la misma normatividad que el sistema educativo general ¿Bajo qué legislación estaría: laboral, económica y/o educativa?

El Conalep y la educación tecnológica ya han experimentado la vinculación con el sector productivo, a nivel de estancias y pasantías de unos pocos meses con becas relativamente simbólicas. El próximo ciclo escolar iniciará un nuevo ciclo en la idea de becas: las becas-salarios y con el pendiente de la regulación jurídica.

(Publicado en Campus Milenio No. 521. Agosto 8, 2013. p. 4)

¿Nuevas iniciativas para el posgrado?

Las estimaciones oficiales dicen que la matrícula total del posgrado en el ciclo escolar 2012-2013 sumaba 243 mil estudiantes. ¿Es una cifra modesta o más bien alta? Si consideramos el lugar de la economía nacional, la población total, el volumen del sistema educativo o los casi tres millones de jóvenes matriculados a nivel licenciatura, sería el primer caso.

Sin embargo, si advertimos que hace dos décadas apenas sumaban 46 mil los estudiantes matriculados en el posgrado. De hecho, todavía en el año 2000 eran 129 mil; poquito más de la mitad de los que ahora están inscritos. Entonces, quizás la actual cifra de 243 mil ya no parece tan menor.

El nivel escolar de la población se ha incrementado significativamente en las últimas dos décadas: la población entre los 25 y 64 años pasó de 6 a 9.7 años de estudio. Y se incrementará más. Después de todo, también en los últimos 20 años pasamos de 6 a 12 años obligatorios de estudio (tres de secundaria en 1993 y otros tres de preescolar en el 2002) y serán 15 años en el 2022, cuando entren en vigor, plenamente, los tres años obligatorios de la educación media superior.

La obligatoriedad en la base del sistema educativo nacional y la ampliación paulatina de los niveles subsecuentes han tenido impactos sucesivos hasta llegar al último peldaño del sistema: el posgrado. Un fenómeno relativamente reciente y espoleado por las economías basadas en el conocimiento que han difundido la inescapable idea de la formación de alto nivel.

El problema en México es que, como ha ocurrido con casi todos los niveles, se deja a la inercia lo que no demanda una atención urgente. Solamente cuando parece estar controlado lo elemental, se atiende a lo siguiente. Las iniciativas sobre el posgrado han sido escasas, o bien, han sido poco consistentes y adoptadas al calor de los acontecimientos.

La medida más relevante y permanente del Estado mexicano ha sido su programa de becas de posgrado, prácticamente desde la creación de Conacyt. Ciertamente, y lo hemos repetido en múltiples ocasiones, ha sido una política verdaderamente generosa de formación de recursos humanos.

No obstante, como también lo hemos subrayado, la política de becas no ha estado exenta de dificultades: desorden en su base de datos histórica, modificaciones conforme los recursos fiscales más que orientaciones estratégicas, medidas de ensayo y error, o cambio de normas sin mayor explicación, entre otras.

La otra gran iniciativa para el posgrado, precisamente cuando los programas de posgrado comenzaron a proliferar y el tema de la evaluación comenzaba a instaurarse, fue la integración de padrones nacionales con programas reconocidos, previa evaluación. Primero, al comienzo de los años 90, fue el Padrón de Posgrados de Excelencia, vigente hasta el 2001 y concentrado exclusivamente en los programas orientados a la investigación.

Después, vino el actual Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), el cual incluye no solamente programas orientados a la investigación si no también a los profesionalizantes. Ambos padrones han diferenciado el cúmulo de programas que han proliferado recientemente (actualmente suman poco más de 7 mil y menos de la cuarta parte están en el padrón).

Sin embargo, es probable que la actual administración adopte otras iniciativas respecto al posgrado. El pasado 24 de julio Conacyt presentó dos reportes sobre este nivel. Uno es un “Estudio sobre las repercusiones de una política pública del posgrado en México”, a cargo de Lucía Bazán Levi del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), pero cuyo objetivo está centrado mas bien en “valorar el alcance del programa de becas y sus repercusiones en la sociedad y los sectores productivos”.

El otro reporte se denomina “Aporte de los recursos humanos altamente calificados a las capacidades locales de innovación”, bajo la responsabilidad de Elvia Martínez Viveros del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo (Centro Geo), el cual analiza fundamentalmente la distribución de los recursos humanos de “alto nivel y su convergencia con capacidades locales de innovación”.

Los dos reportes apenas son esbozos (poco creíbles sus datos sobre programas dentro y fuera del PNPC. Boletín 55/13), todavía están en proceso. Pero podrían ser un insumo para la elaboración del programa sectorial que deberá estar listo a más tardar en abril del año próximo.

El asunto es si llegamos al punto de inflexión o la inercia podrá estirarse un poco más.

(Publicado en Campus Milenio No. 520. Agosto 1, 2013, p. 4)

¿Cuándo la autonomía y la corrección del PND?

El  pasado 20 de mayo, cuando el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, causó relativa sorpresa la relevancia concedida a la prueba Enlace (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), como principal instrumento de evaluación, así como la meta autoimpuesta en materia de cobertura en educación media superior y superior.

La sorpresa por la continuidad de Enlace se debía, sobre todo, a las fuertes críticas que tal prueba recibió desde que se puso en marcha en el 2006 y donde lo más sensato parecía revisarla cuidadosamente. Pero no, en la parte de diagnóstico del PND, se destacó su avance de la última década.

El PND anotó como principal logro el esfuerzo realizado para “conocer los resultados del aprendizaje de los estudiantes de educación básica y media superior, a través de la aplicación periódica de pruebas nacionales de logro académico (por ejemplo ENLACE) en las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales” (p. 62).

Lo inquietante era que la actual administración inició con la idea de elevar a rango constitucional la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y conferirle el estatus de máxima autoridad en materia de evaluación. En tal sentido, se suponía que estaría a revisión todo el sistema de evaluación.

Entonces, conciliar, por un lado, una idea de autonomía plena a un ente regulador de la evaluación, y por otro, una prueba nacional específica como mecanismo a utilizarse, parecía más bien producto de una disonancia cognitiva a nivel de sistema o, una vez más, una franca simulación del papel de la evaluación.

Por otra parte, las metas sobre cobertura para la educación media superior (80 por ciento) y superior (40 por ciento) que se anunciaron en el PND para el fin de sexenio causaron más bien decepción. Los porcentajes eran inferiores a las que había prometido el ahora ejecutivo federal en su periodo de campaña. Además, como lo ha documentado Roberto Rodríguez en estas páginas, parecen relativamente inexplicables las razones de la disminución.

En el PND, según la Ley de Planeación y como lo hemos advertido aquí en otras ocasiones, deben precisarse los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo nacional, así como la previsión de recursos para tales fines, los instrumentos y los responsables de la ejecución.

La misma norma establece que una vez aprobados, el PND y los programas sectoriales, son obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias (artículo 32). Esto, simplemente, quiere decir que en la ejecución de los objetivos y estrategias, las dependencias no pueden ni deben desviarse de las coordenadas trazadas en el PND.

Todavía más, en la presentación del PND, tanto el ejecutivo federal como el secretario de Hacienda, destacaron una de las diferencias del actual Plan respecto de los anteriores: por primera vez contiene indicadores específicos para medir los avances de la administración pública. Una innovación la llamaron. Y sí, aunque las dos administraciones anteriores utilizaron indicadores por primera vez, lo hicieron en el programa sectorial.

El PND contiene dos indicadores para medir el progreso de la calidad de la educación: el puntaje de la prueba Enlace y la eficiencia terminal. El primero, en su momento dijimos que era persistir en el error (Campus No. 511), porque era una evaluación realizada directamente a los estudiantes en las aulas; el segundo porque valora el número de estudiantes que concluye sus estudios de forma oportuna.

Ahora resulta que se cambiará el puntaje de Enlace, dado que el secretario de Educación Pública anunció el pasado 18 de julio que la prueba ya no se aplicará a partir del próximo ciclo escolar.

Lo sorprendente es que el anunció no lo hizo el INEE, no solamente autónomo en materia de evaluación educativa, también un organismo que el pasado 13 de junio instaló un comité de especialistas para revisar Enlace y Excale, para “dar cuenta de la calidad técnica de ambas pruebas, en especial de su validez y confiabilidad” (Boletín No. 6). Pero no, hasta el momento no hubo resultados de la revisión. Primero llegó el anuncio del secretario del ramo.

La ley faculta la revisión periódica y posibles adecuaciones al PND y los programas sectoriales. Si desde ahora comienzan las rectificaciones con uno de los indicadores educativos, también se podría aprovechar para reconsiderar otros temas. ¿No?

(Publicado en Campus Milenio No. 519. Julio 25, 2013, p.4)

El volumen y retos del sistema educativo

Las vacaciones de verano llegaron y también, para muchos, una pausa para lo nuevo y las decisiones importantes. El inicio de la vida escolar, el cambio de grado, de escuela, de nivel educativo o el complicado paso de la escuela al mercado laboral.

El papel y respaldo de la familia es fundamental, como lo muestran las evidencias, para el futuro escolar de niños y jóvenes. Y no solamente se debe a la dependencia económica de la mayoría de estudiantes, también lo es por el ambiente de impulso o inhibición de las inquietudes escolares en el hogar o por la búsqueda de opciones ante un reiterado fracaso o rechazo de instituciones educativas. Pero no todo es la esfera familiar; la responsabilidad también está del lado de la autoridad educativa.

A pesar de los esfuerzos de las últimas dos o tres décadas en materia de equidad, el Sistema Educativo Nacional (SEN) se ha mostrado relativamente refractario a las oportunidades educativas para niños y jóvenes de menores ingresos. La forma del sistema todavía es sumamente piramidal y amerita mayor atención la educación media superior y superior.

Unas cuantas cifras ilustran la morfología del SEN. En total, según las estimaciones para el reciente ciclo escolar que acaba de concluir, de preescolar a posgrado estaban matriculados casi 36 millones de niños y jóvenes. Esto es, un tercio del total de la población en el país.

De los 36 millones de estudiantes inscritos, el 73 por ciento corresponde a la educación básica. Es la base de la pirámide (y principalmente la enseñanza primaria con 14.7 millones). En educación media superior están matriculados el 13 por ciento del total, 4 por ciento en capacitación para el trabajo y 9 por ciento en educación superior.

Los estudiantes matriculados en educación superior, en números absolutos, suman 3.3 millones. En números redondos, la licenciatura ocupa la mayor parte con 3.1 millones; luego el nivel de maestría con 169 mil, las especializaciones con 46 mil y, en la cúspide, el doctorado con apenas 28 mil estudiantes.

Entonces, el mayor avance lo hemos registrado en la educación básica y no completamente. Vale la pena recordar que desde 1993 la educación secundaria se volvió obligatoria y apenas al finalizar la administración anterior se logró alcanzar su cobertura universal. Desde el 2002, pese a lo polémico de la iniciativa, tres años de preescolar son obligatorios y la cobertura debió alcanzarse completamente en el 2008. Pero no, la cobertura para los niños de tres años todavía está en 49 por ciento.

Ahora también ya es obligatoria la educación media superior y deberá alcanzar la cobertura universal para el año 2022. Actualmente, las estimaciones señalan que la cobertura para este nivel está alrededor del 69 por ciento del grupo de edad (la OCDE dice que es de 63 por ciento), de forma que deberá sumar más de 30 puntos porcentuales en la próxima década (añadir poco más de un millón de estudiantes a los actuales).

Ciertamente, se ha registrado un avance importante en la cobertura de la educación media superior en la última década. Sin embargo, de acuerdo al más reciente reporte estadístico de la OCDE, la cobertura educativa entre jóvenes de 15 a 19 años es de 56 por ciento, muy alejada de la media de los países de la OCDE (84 por ciento) e incluso menor a países como Brasil (77 por ciento), Chile (76 por ciento) o Argentina (72 por ciento).

Tal vez lo más preocupante, como lo indicó la OCDE, es que alrededor de una cuarta parte del total de jóvenes mexicanos entre los 15 y 29 años de edad no estudian ni trabajan, los llamados NiNis (Education at a Glance 2013: 330). Es la tercera proporción de jóvenes más grande dentro de los países de la organización; el primer lugar lo ocupa Turquía  (35 por ciento) y le sigue Israel (28 por ciento). Además, el problema es que la proporción relativa de NiNis en México prácticamente no se ha movido en la última década.

Queda todavía el enorme reto de expandir las oportunidades educativas para el nivel superior, el cual necesariamente reflejará la presión creciente de la obligatoriedad del nivel previo. Sin duda hará falta mayor atención e imaginación de la autoridad educativa para la licenciatura y el posgrado. Hasta hoy, en lo que va de esta administración, las medidas públicas se han concentrado solamente en la educación básica, desde el inicio de la reforma hasta las fallidas computadoras para primaria.

El verano también podría ser una pausa para pensar en el resto de niveles educativos y principalmente en los contenidos del programa sectorial.

(Publicado en Campus Milenio. No.  518. Julio 18, 2013: p. 4)