CyT: narrativa e inversión

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1036. Marzo 14, 2024. Pág. 4)

 

El estímulo fiscal y las transferencias directas son instrumentos para incentivar la inversión privada en investigación y desarrollo tecnológico. Una forma de alentar el gasto de empresarios en ese campo, dado que la mayoría busca ganancias inmediatas y no quiere correr riesgos en aventuras inciertas.

 

En México, desde mediados de los años noventa, se ha ensayado con estímulos fiscales y transferencias directas, con poca fortuna y múltiples controversias. Al inicio por el monto reducido y el farragoso laberinto para hacer efectivo el incentivo; luego la cantidad aumentó, cuando se pusieron en marcha las transferencias directas entre el 2009 y hasta el 2016, pero las empresas beneficiadas cayeron bajo sospecha. Después, en el 2017 se combinaron incentivos y transferencias, pero al año siguiente solamente se quedaron los primeros.

 

A pesar de todo, los incentivos fiscales han permanecido a lo largo del tiempo, aunque no ha mejorado la inversión privada, por el contrario, la brecha entre gasto público y privado se ha ensanchado. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en América Latina depende principalmente del presupuesto público. Más de la mitad de los recursos financieros son gubernamentales y alrededor de un 37 por ciento proviene de empresas; otras fuentes complementan el total.

 

Sin embargo, hay una alta variabilidad entre países. Por ejemplo, según los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), Colombia tiene 36 por ciento de gasto empresarial y 26 por ciento gubernamental; la participación de gasto privado más alta en la región. En Chile y Brasil es mayor el gasto del gobierno, pero en el primero es menos de la mitad del total y en el segundo son cifras casi equivalentes.

 

México, con una proporción de 77 por ciento de gasto gubernamental y 17 por ciento de empresas, tiene la mayor proporción de inversión pública. El dato es para el año 2021, proviene del informe de gobierno del año pasado (Anexos estadísticos, 2023: 799). No obstante, tal vez tendríamos que tomar el dato con cierta reserva.

 

La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (Esidet), el medio principal para captar la información sobre los recursos que destina el sector productivo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, desde hace siete años no se aplica. La última información disponible de esa encuesta es del 2017.

 

Además, uno de los lineamientos que cambió en el actual periodo de gobierno fue la relación con el sector privado. En el campo científico y tecnológico, desde el inicio, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, habló de transferencias líquidas, directas e indebidas, por un monto de alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas privadas.

 

A la fecha no hay certeza sobre cantidades precisas, tampoco si fue una acción ilegal; no se fincaron responsabilidades administrativas o penales. Sin embargo, sí cambió la narrativa con el sector privado. A los señalamientos negativos sobre las transferencias líquidas, le siguió la cancelación de incentivos a investigadores de universidades particulares y el cambio de reglas para el otorgamiento de becas de posgrado a estudiantes de esas mismas instituciones.

 

No está claro si el cambio de términos en la relación se debe a motivaciones ideológicas o a una escasez de recursos financieros. No obstante, los incentivos fiscales han permanecido en el periodo. ¿Y cómo se han comportado? Este instrumento, como se sabe, es un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento del monto de gasto o inversión en ciencia y tecnología que realiza un empresario. El crédito es hasta por un monto máximo de 50 millones de pesos y se acredita contra el ISR.

 

En el 2017 fueron asignados 554.5 millones de pesos (al inicio se habían autorizado 658 millones de pesos, pero algunos participantes declinaron) para un total de 44 proyectos. Al año siguiente, las cantidades se redujeron a la mitad: 319 millones de pesos y fueron 20 proyectos.

 

Para los años siguientes, las cantidades disminuyeron todavía más: en 2020, alrededor de 100 millones de pesos y 20 proyectos; en el año 2021, fueron 144 millones de pesos y 14 proyectos. Finalmente, para el año 2023 todavía no está el informe de impactos y beneficios de los proyectos apoyados, pero estaba previsto que se distribuirían alrededor de 389 millones de pesos y serían 13 proyectos.

 

Así que, como se podrá notar, aunque se conservaron los incentivos fiscales en este periodo, su tendencia más bien ha sido a la baja y lo más seguro es que la inversión del sector privado también sea declinante. El problema es que no sabemos la magnitud que alcanza, simplemente porque la encuesta para medirla no ha tenido continuidad. El dato oficial que se reporta es que la participación relativa del gasto gubernamental pasó de 67 a 77 por ciento entre el 2016 y el 2021.

 

Si los recursos públicos tampoco han sido crecientes, entonces no es nada fortuito que hayamos pasado de una inversión de 0.45 por ciento respecto al PIB en investigación científica y desarrollo experimental en el 2016, a una de 0.28 por ciento en el año 2021. Ni más ni menos.

 

Pie de página: ¿Recuerda que el Congreso de Quintana Roo aprobó su ley estatal de ciencia el mes pasado? Pues ya publicó el decreto correspondiente el pasado 5 de marzo, es la primera entidad en hacerlo.

Las disputas en el sector: AMC y Conahcyt

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1035. Marzo 7, 2024)

La directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, a través de un extenso pronunciamiento público hizo saber su renuncia a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Desde la primera línea aclara que suscribe el texto en su carácter de científica (subrayado en el original) y expone cuáles fueron sus razones. O sea, cabría suponer que el hecho nada tiene que ver con su desempeño como titular del organismo rector de la política científica y tecnológica en México.

Sin embargo, no solamente es imposible disociar el texto de renuncia y la disputa que ha sostenido con miembros de la comunidad académica y científica en los pasados cinco años, los adjetivos utilizados y las líneas de argumentación de la carta llevan más bien a las decisiones controvertidas sobre el sector. Además, el propio Conahcyt publicó un comunicado oficial con la información del caso.

Los desencuentros no son nuevos. Seguramente usted recuerda que iniciaron desde antes de que comenzara el actual periodo de gobierno y, como es evidente, siguen en el presente. Los meses de julio a noviembre de 2018 fueron los meses de la transición y ahí comenzó la fricción entre el equipo que se iba y el que llegaba.

El pleito se hizo publicó cuando en las redes sociales apareció un oficio firmado por Álvarez Buylla, entonces integrante del equipo de transición y futura directora del Conacyt. El oficio estaba fechado el 24 de septiembre del 2018 y ahí le solicitaba a Enrique Cabrero, titular de la dependencia, que suspendiera “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de junio”.

La solicitud enumeró once convocatorias y programas en marcha, entre ellos los Fondos Mixtos, Cibiogem y contratos de Cátedras Conacyt sin firmar. El hecho causó malestar e inquietud. Álvarez Buylla confirmó que el texto era verdadero, pero que había sido “filtrado por alguien de adentro del Conacyt que actualmente está en funciones” y le solicitó a Enrique Cabrero una investigación interna  (El Universal 02.10.2018).

A su vez, en comunicado oficial, el Conacyt informó que continuaría trabajando en una transición ordenada, transparente y apegada a las normas. Aclaró que las convocatorias en proceso seguirían adelante y sobre la filtración del oficio señaló: “con la finalidad de determinar si el oficio efectivamente fue dado a conocer por personal de esta Dependencia, se revisa el proceso desde que el documento se entregó en la Oficialía de Partes” (Comunicado 74/18. 03.10.2018)  

Públicamente ahí quedó la disputa sobre ese tema, pero las relaciones ya no se recompusieron más durante todo el periodo. Por el contrario, posteriormente el conflicto escaló hasta llegar a los tribunales y a acusaciones penales para una treintena de científicos y exfuncionarios. La brecha se abrió entre miembros de la comunidad y las nuevas autoridades del organismo rector de la política científica y tecnológica. Las denuncias fueron desestimadas, pero el camino no tuvo retorno.

Ahora, en la carta pública de renuncia a la AMC, con tinta cargada de adjetivos, Álvarez Buylla señala que su separación se debe al “uso reiterado, que minorías de esta asociación privada, hacen de la misma para fines políticos e intereses particulares, disfrazados de legitimidad académica” (Pronunciamiento público 29.02.2024). El mismo día, Conahcyt emitió un comunicado más o menos con la misma argumentación de la carta, sin mencionar la renuncia, pero refiriéndose a la AMC (Comunicado 492/2024)

El pronunciamiento público de renuncia, aunque indicaba que estaba suscrito por Álvarez Buylla en su carácter de científica, enumera más bien logros de la actual administración y desestima lo que había en el pasado. Por ejemplo, destaca ocho resultados positivos de la presente gestión, tales como la recuperación de un posgrado público, porque progresivamente se había privatizado en el “periodo neoliberal, aún en el seno de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas”, un aumento de becas o la democratización del SNI.

Tal vez no hace falta detenerse en examinar los resultados dichos, en este mismo lugar hemos indicado algunos de sus rasgos y volveremos en una entrega siguiente con un conjunto de indicadores, por ahora solamente reparemos en la dificultad de separar la gestión y el carácter científico de la renuncia.

Sobre el segundo aspecto, la apreciación que hace de la AMC y de integrantes de la comunidad científica, resultan ilustrativas estas palabras del tenor de la carta: “El uso reiterado, que minorías de esta asociación privada, hacen de la misma para fines políticos e intereses particulares, disfrazados de legitimidad académica, me lleva a esta decisión”.

En particular, señala que la AMC ha sido una “caja de resonancia de posicionamientos políticos de adversarios” y ha llegado “a extremos vergonzosos con posicionamientos públicos y recientes auspiciados por recursos públicos en colaboración con el Instituto de investigación en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara”.

La alusión y el motivo principal se refiere al libro que apareció recientemente titulado “Propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México”, coordinado precisamente por Enrique Cabrero y José Antonio Seade, el actual presidente de la AMC. Un libro que incluye un balance crítico del periodo y sobre el cual volveremos.

En fin, como se podrá advertir, los desencuentros han sido reiterados a lo largo del periodo y no culminarán en este año, más bien ahora marcan el comienzo del fin de un ciclo. En los meses próximos se multiplicarán las opiniones y los cortes de caja. Allá iremos.

Pie de página: Ya está abierta la convocatoria para ingreso y reingreso al Sistema Nacional de Investigadores, cierra pronto, el próximo 22 de marzo. Es la última de este periodo de gobierno. Atentos.