Ciencia y tecnología. Las prioridades y la estructura administrativa

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canales99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1064. Octubre 17, 2024)

 

La expectativa era que desde el primer día del nuevo periodo de gobierno habría una nueva secretaría para el sector científico y tecnológico. No ocurrió así. La condición contrasta con la rapidez que le imprimió el expresidente López Obrador a la modificación de la estructura administrativa. Algunos cambios los puso en marcha antes de comenzar su gestión.

 

El 30 de noviembre de 2018, es decir, el día previo a la toma de posesión del entonces candidato López Obrador, el todavía presidente Peña Nieto emitió dos decretos de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). ¿Usted los recuerda?

 

Uno de los decretos reformó el breve artículo 21 y le añadió unos párrafos para ampliar las atribuciones del ejecutivo federal para constituir comisiones. El artículo original solamente preveía la constitución de comisiones intersecretariales, la reforma amplió a dos tipos más de comisiones: las consultivas y las presidenciales (DOF. 30.11.2018).

 

Los tres tipos de comisión podían ser creados por decreto y presididas por el presidente o por la persona que él designara. Al parecer, estaba en el horizonte atender el grave problema de la seguridad pública, ajustando funciones relacionadas entre unas y otras secretarías de Estado.

 

En la misma víspera de la toma de posesión, el otro decreto incluyó numerosos cambios a la estructura de la administración pública. La figura de Consejero Jurídico de Gobierno que está prevista en la Constitución, quedó como Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependiente del presidente, tanto como su nombramiento y remoción (DOF. 30.11.2024).

 

El mismo ejecutivo federal, según el decreto, también contaría con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo Social en todas las entidades federativas, que después serían llamados los súper delegados. Igualmente, quedó constituida la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la anterior Secretaría de Desarrollo Social fue renombrada como Secretaría del Bienestar, entre otras modificaciones.

 

Los principales cambios en la Administración Pública Federal, como se podrá advertir, fueron diseñados en el periodo de transición y firmados por el gobierno que concluía sus funciones. Al parecer, lo primordial eran las prioridades del ejecutivo federal: el problema de la seguridad, el manejo político y el desarrollo social.

 

Tal vez ahora las prioridades sean otras, hubo reformas, grandes reformas, en el último mes del periodo de la transición, pero no sobre el sector científico y tecnológico, tampoco en materia de educación.

 

¿Importa la demora en la instauración de la nueva secretaría? No mucho, la verdad. Sin embargo, hay dos componentes que son clave: su nivel de financiamiento y su diseño institucional. En ambos casos las perspectivas no son muy prometedoras.

 

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, en el periodo de transición, que elevaría el actual Conahcyt a rango de secretaría de Estado, también especificó que ese cambio no implicaría un monto mayor de financiamiento. El organismo logró poco con el nivel de financiamiento que tiene y así seguirá si opera con los mismos recursos.

 

Las limitaciones en la estructura administrativa y en los gastos de operación de las secretarías de Estado fueron reglamentados en el sexenio anterior y, de nueva cuenta, la presidenta también anticipó que se sostendrían de la misma forma. No se requiere una administración desbordada para dinamizar un sector, pero resulta difícil lograrlo con las restricciones que se han impuesto.

 

Seguramente la nueva secretaría de ciencia se definirá cuando se presente el paquete económico para el año próximo, porque ahí se detallan los ramos de gasto y la distribución de los recursos públicos. Quizás los recursos financieros que se destinen a los nuevos modelos universitarios que piensan implementar, nos mostrará la escala que adoptará la iniciativa.

 

Lo anotamos en este Acelerador de Partículas, la semana pasada, el paquete lo entregará el gobierno federal a más tardar el 15 de noviembre y luego el Congreso tomará su tiempo para aprobarlo. Así que posiblemente la nueva estructura administrativa sea una realidad hasta el final de este año o en el inicio del próximo.

 

Pie de página: La doctora Carmen Rodríguez Armenta, precisa la página electrónica de la SEP: “Actualmente continúa como Titular de la DGESUI y también se desempeña como la encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP”.

Programas transexenales: “informarle en territorio”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1053. Julio 18, 2024. Pág. 4)

 

No constituyen, en sentido estricto, una evaluación de los programas del gobierno federal, aunque así los autodenominan. Son parte de las giras e intervenciones conjuntas, en las entidades federativas, del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

 

El ejercicio tampoco es una estimación precisa de los resultados de programas, pero sí expresa las líneas prioritarias del actual periodo de gobierno y lo que cabría esperar en el próximo sexenio. No obstante, para decidir cómo continuar, será necesario una mayor y mejor evaluación de programas.

 

A partir de este mes de julio, el presidente en funciones, la presidenta que lo sustituirá y funcionarios del gobierno federal, presentan algunos resultados de programas. El sábado 13 de julio en Tlaxcoapan, Hidalgo, fue la “Evaluación de proyectos prioritarios y de infraestructura, región Tula”.

 

También, el mismo sábado 13, fue la “Evaluación de Sembrando vida”, en San Salvador El Verde, en el estado de Puebla. A través de este programa de siembra de árboles, según se informó, se han plantado en estos seis años “más de mil 200 millones de árboles en un millón de hectáreas”.

 

Las cifras son grandes, su presupuesto también y los participantes en el encuentro de Puebla no escatimaron elogios. Sin embargo, también es cierto que distintas voces han señalado las grandes dificultades del programa. Por ejemplo, que no es visible su impacto en la reforestación del territorio nacional, la opacidad de sus datos, mínima supervivencia de plantas y, más grave, la deforestación de más de 70 mil hectáreas para cumplir con los requisitos del programa. Una evaluación tendría que ponderar los resultados del programa.

 

Al día siguiente, el domingo 13, tocó la “Evaluación de programas y proyectos de educación y deportes”. El encuentro fue en Yauhquemehcan, Tlaxcala. Al igual que en las dos entidades federativas anteriores, también participó la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, así como López Obrador, Claudia Sheinbaum y Leticia Ramírez, esta última secretaria de Educación Pública.

 

Además, intervinieron: el profesor Fernando Magro Sotero, director general del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED); la arquitecta Pamela López, titular del programa “La escuela es nuestra”; Abraham Vázquez, el coordinador del programa Becas para el bienestar Benito Juárez; Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos de la Sep; y Oscar Flores, el titular de la Unidad de administración y finanzas de la Sep.

 

A pesar de que fueron varios los funcionarios que intevinieron y el encuentro fue extenso, tampoco se puede decir que fue una evaluación de los sectores educativo y deportivo. La mención al deporte solamente se refirió al proyecto de bachillerato instaurado en 2021 que ahora cuenta con siete planteles y ofrece la opción de cuatro carreras técnicas (béisbol, box y atletismo de fondo y medio fondo). No es el sector deportivo.

 

Tampoco fue el caso con el conjunto de programas del sector educativo. Las referencias específicas solamente fueron para el programa “La escuela es nuestra”, las becas, los libros de texto gratuitos y las mejoras en el salario de los trabajadores de la educación. Lo notable fue que, a lo largo del sexenio, según lo dicho por los distintos funcionarios, los recursos financieros para estas iniciativas suman cerca de 800 mil millones de pesos.

 

No hubo representación para la educación superior. Pero la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, en su intervención sí mencionó la creación de más de 200 planteles de las Universidades Benito Juárez, las opciones profesionales en los institutos tecnológicos y el aumento de mujeres en la matrícula de educación superior.

 

Entonces, se entiende que la función de estos foros no es realizar una evaluación de programas. Buscan difundir logros en la plaza pública y marcar líneas transexenales. Tal vez, por la misma razón, la presidenta electa, en su turno a la palabra señaló que era histórico que el presidente en funciones acompañara a quien está por asumir el cargo, “a informarle en territorio de los avances que ha logrado”.

 

También es histórico, dijo la presidenta electa, porque “no es que se va un proyecto y entra otro, un nuevo proyecto; hay continuidad… y continuidad significa seguir con los programas que inició el presidente”.

 

Y sí, reiteró los programas reportados y otros más. De hecho, los primeros ya están marcados como prioritarios en los “Precriterios Generales de Política Económica 2025”. El documento entregado al Congreso el pasado 27 de marzo y con el que inicia la estimación del presupuesto para el año próximo.

 

En la próxima entrega veremos el volumen de recursos financieros que implican, la presión sobre las finanzas públicas y las preocupantes estimaciones de crecimiento que ya tocan a la puerta.

 

Por ahora, es suficiente con indicar que vale la pena pensar dos veces en una verdadera evaluación del conjunto de programas y estimar las modificaciones correspondientes.

 

Pie de página: ¿Habrá foro para el sector científico y tecnológico? Ya veremos. // El gobierno federal anuncia la nueva contratación de casi tres mil médicos cubanos.

La ilusión del compromiso número siete: Universidades para el Bienestar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1023. Noviembre 30, 2023. Pág. 14)

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, el día que asumió el cargo, enlistó 100 compromisos. El número siete planteaba: “En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes del nivel superior”.

 

La pregunta en aquel entonces era: ¿un año para poner en marcha un centenar de universidades con carreras pertinentes y además con educación de calidad? La experiencia mostraba que la materialización de los proyectos universitarios, los verdaderos y consolidados, casi en cualquier tiempo y lugar, avanzan muy gradualmente. Ahí está el ejemplo de la ahora Universidad Autónoma de la Ciudad de México que apenas en este mes, luego de dos décadas de maduración, forma parte de las instituciones reconocidas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Anuies.

 

El caso es que el ejecutivo federal, desde el 1 de diciembre del año 2020, dio como resuelto el compromiso número siete. Aunque las evidencias del programa estaban sostenidas solamente con palabras, desde entonces quedó registrado: “Desde el año pasado, las 100 universidades operan en sedes provisionales en todas las entidades del país y, actualmente, están en construcción las sedes definitivas. En estas universidades ya se imparten 36 carreras profesionales con una matrícula de 15,105 estudiantes” (Aquí lo puede leer: t.ly/8I0ZN).

 

Así que lo relevante para saldar el compromiso fue el número de establecimientos, lo demás era lo de menos. Total, luego se verían las condiciones laborales de los profesores, los sitios donde podrían ubicarse las aulas, los 15 mil o 64 mil alumnos, la matrícula por plantel o la calidad educativa, asuntos que hoy siguen a la espera de ser resueltos. También se abandonó la tentación de llamar universidad a cada plantel del programa, se impuso el principio de realidad de las instalaciones donde se albergan, ahora ya son reconocidas como sedes, pero conserva el plural de Universidades del Bienestar.

 

Actualmente, cinco años después de anunciado el compromiso de las 100 universidades, en el informe de gobierno de este año, en el apartado correspondiente al servicio educativo, se dice que el programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG) ya tiene casi dos centenares de sedes y más de 62 mil alumnos. También dice que, al cierre del primer semestre de este año, se entregaron casi 2 mil 500 certificados y se titularon 663 alumnos (págs. 252 y 253).

 

Los números fríos de 197 sedes y 62 mil 775 estudiantes suman más establecimientos de los previstos, pero menos alumnos de los que se calculaban. Sin embargo, no dicen mucho sobre el programa, sobre todo si se toma en cuenta que es una iniciativa que corre por cuenta propia. No hay una explicación, al menos no es pública, pero las UBBJG van en su propio carril, no forman parte de los lineamientos programáticos ni de la estructura administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior.

 

El organismo coordinador de la UBBJG adquirió personalidad jurídica al emitirse el decreto correspondiente en el 2019 y ahí especificó que sería un organismo descentralizado y agrupado a la SEP. También se reiteró que impartiría educación superior de calidad y las sedes se instaurarían “con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país” (Artículo 1, DOF. 30.07.2019).

 

A la vista de las desigualdades en el país y las escasas oportunidades educativas para los jóvenes situados en las posiciones más bajas de la escala social, la posibilidad de mayores y mejores opciones para ingresar a los estudios superiores es necesaria e impostergable. No obstante, la ventana abierta de las nuevas universidades es más bien el espejo que nos regresa la imagen de la desigualdad y la segmentación educativa.

 

Todo es difícil de precisar y conocer sobre el programa de la UBBJG. Trozos de realidad se asoman en testimonios de profesores que se quejan de las condiciones de trabajo, alumnos que estudian lo que no querían y solamente tienen un maestro para todas las materias; sedes educativas improvisadas que no tienen la infraestructura mínima, programas de estudio que apenas consiguen un reconocimiento oficial o certificados y títulos que no llegan. No obstante, el decreto de creación dice que se impartirán estudios superiores de calidad.

 

Un estudio de González, Mejía y González-Callejas del 2022 sobre la distribución de los estudiantes en las nuevas universidades ha documentado que, hacia finales del año 2021, había sedes que tenían 27 estudiantes (Tlahualilo, Durango) y otras con 2 mil 54 (Juan R. Escudero, Guerrero) con una media de 259 (Aquí lo puede consultar: t.ly/7mM8a).

 

De acuerdo con el mismo estudio, el plantel Iztacalco en la Ciudad de México registraba un docente para 352 estudiantes y la sede de Santiago Sochiapan, Veracruz, donde había 170 estudiantes y ningún docente registrado. De hecho, el pasado 17 de noviembre, la organización denominada, “Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales de las UBBJG” sostuvo en conferencia de prensa las razones de su litigio con la autoridad y entre ellas estaban los despidos injustificados, violaciones a sus derechos laborales y salarios que nunca llegaron (Aquí la puede escuchar: t.ly/8_sCp)

 

El problema principal con las UBBJG es que solamente aparece esa narrativa épica de que se cumplió con el compromiso de 100 universidades y atiende a los excluidos de la educación superior, poco importa si ya son más sedes, cómo se distribuyen los alumnos, qué garantía tienen sus estudios o en qué condiciones operan los planteles. Por cierto, apenas en este 2023 el presupuesto del programa se incrementó a 1 mil 476 milllones de pesos, los cuatro años anteriores su presupuesto fue de 1 mil millones de pesos; para el año próximo sus recursos ascenderán a 1 mil 548 millones de pesos.

 

En fin, si las opciones de estudios superiores para los sectores más desfavorecidos no son oportunidades verdaderas, la segmentación del sistema educativo con calidades distintas se hará más profunda, la ilusión de bienestar y las aspiraciones educativas de los jóvenes se diferirán para una nueva promesa. El círculo de la reproducción de la desigualdad quedará cerrado.

 

Pie de página: Estamos de aniversario: ¡Campus Milenio cumple un año más! Lectoras lectores, gracias a ustedes.

Las instrucciones del presidente: la agenda e Innova Bienestar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1018. Octubre 26, 2023. Pág. 4)

 

Las conferencias de prensa del presidente López Obrador sacuden a las dependencias de la administración y ponen en marcha iniciativas. En una de las recientes apareció el tema de la discapacidad, el asunto parece una casualidad, pero no lo es, exhibe más bien el estilo de gobierno y cómo se decide la agenda.

 

El joven Daniel Robles Haro asistió a la conferencia de prensa del pasado 19 de octubre, tiene parálisis cerebral severa, lo cual le impide la movilidad y el habla, pero eso no lo ha frenado para realizar una importante labor como activista y comunicador social. Unos dispositivos de voz sintetizada y tableros de Comunicación Aumentativa Alternativa le permiten comunicar sus ideas con solvencia a través del movimiento de sus ojos.

 

Daniel asistió por segunda ocasión a Palacio Nacional. La primera vez fue en marzo de este mismo año y fue a plantearle al presidente que se incluyera en los libros de texto los sistemas de comunicación alternativa para una educación incluyente y también que se diseñaran cambiadores universales en los baños para personas con discapacidad (aquí lo puede ver: t.ly/gRFxm).

 

El mismo Daniel informó, en su segunda visita a Palacio, que sus solicitudes anteriores ya se resolvieron. Le dijo al presidente: “a raíz de su instrucción fui recibido personalmente por la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y por la directora de Educación Especial, Nayely Caldera” (t.ly/EBXWF).

 

O sea, el micrófono de las conferencias logra que las intenciones se conviertan en hechos, una especie de performatividad. Desde luego, no todos los temas resuenan ahí, ni tampoco son sesiones de gabinete ni cualquiera puede ingresar a las conferencias, sea comunicador o no. Sin embargo, sea lo que sea, la decisión solamente la tiene el presidente y su círculo más próximo.

 

Y sí, no es una novedad, las conferencias matutinas son fuente inagotable de la agenda pública, lo saben los ciudadanos, los medios y todos los miembros del gabinete. A estos últimos, al inicio, no pocas veces los agarró descolocados con alguna encomienda de la que se enteraron hasta que fueron interrogados sobre cómo la llevarían a efecto.

 

En fin, el caso es que buena parte de la hechura de las políticas se hace en las conferencias del ejecutivo federal. Lo mostró Daniel con los resultados de su primera visita y la efectividad de sus propuestas de inclusividad; lo volvió a exhibir en se segunda visita.  

 

Ahora las peticiones de Daniel fueron otras dos: un proyecto de innovación para el diseño de sillas y asientos ergonómicos para personas con parálisis cerebral; y unas instalaciones, rentadas o prestadas, para estancias diurnas de personas con discapacidad y para capacitación de personal. Las propuestas argumentadas de manera sensata y puntual en un tiempo muy breve.

 

El presidente López Obrador lo escuchó y respondió: “le vamos a pedir a la directora del Conahcyt, a María Elena Álvarez-Buylla, que hoy mismo les atienda para hacer la investigación sobre cómo construir, elaborar la silla de rueda especial que se necesita” y “Lo segundo es que ya tienes la casa, ya está, porque hay un instituto, que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y ese instituto tiene ahora dos casas” (19.10.2023 t.ly/qrNQX). Añadió que le pediría al comité del Teletón ayuda para amueblar la casa y atención médica. Asunto resuelto.

 

Al día siguiente, otra vez en la conferencia, la directora del Conahcyt, dirigiéndose a López Obrador dijo: “En el contexto de la solicitud que nos hizo Daniel y que me indicó usted atender, le presentó que, gracias a la reconfiguración y transformación de Conahcyt a favor del bienestar y del desarrollo soberano, tenemos ahora ya esta posibilidad de tener una paraestatal, Innova Bienestar, con la posibilidad de generar estos desarrollos tecnológicos e innovaciones soberanas para el bienestar y el titular de la Fundación Teletón” (20.10.2023 t.ly/YeJVE).

 

Las instrucciones del presidente fueron precisas para atender el caso. Aunque no hay ninguna paraestatal registrada con ese nombre y hay encargos que todavía no se han logrado. ¿Eso está mal? No, en este caso, muy buena la aportación y logros de Daniel para voltear a ver las necesidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, la agenda para decidir qué problemas públicos merecen atención prioritaria no está ni surge en los diferentes niveles de gobierno, tampoco en los tres poderes de la República y ni siquiera en las dependencias especializadas de la administración pública federal. Parece un gobierno impermeable a otras perspectivas.

 

La agenda la concentra y se decide en ese espacio del ejecutivo federal, como ha ocurrido con muchas de las iniciativas del actual periodo. No parece tener cabida la información técnica relevante sobre el problema, tampoco las soluciones que se han ensayado en el pasado, los programas en marcha o las capacidades técnicas de otros participantes.

 

En el sector los resultados están a la vista y el año próximo será el corte de caja.

 

Pie de página: Permanece irresuelto el problema de las becas de posgrado y crece el malestar de los jóvenes. // El conflicto en la UAEH tampoco se resuelve, el rector se resiste a las mesas de diálogo.

La nueva Universidad de las Lenguas Indígenas de México, su implementación y el Coneval

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1017. Octubre 19, 2023)

 

El presidente López Obrador, cuando llevaba poco más de un año en funciones, en una visita a la alcaldía Milpa Alta, la segunda demarcación con mayor superficie territorial y con mayor presencia náhuatl, diagnosticó: “No hay una universidad que enseñe las lenguas originarias, la que más se habla en el país es el náhuatl y después el maya” (Comunicado 09.02.2020).

 

Así que el ejecutivo federal les dijo a las comunidades reunidas que lo escucharon: “Hago el compromiso, que se pongan de acuerdo aquí, en Milpa Alta, para ver en qué pueblo se pone la universidad para la enseñanza de las lenguas indígenas de México.” Y ahí arrancó la idea del nombre y la instauración misma de una nueva universidad.

 

La responsabilidad no fue para la Subsecretaría de Educación Superior, tampoco formó parte del polémico proyecto de las Universidades Benito Juárez, cuyo organismo coordinador se había instaurado un año antes. De hecho, ninguna de las autoridades educativas estuvo presente en aquel acto. En cambio, sí estuvieron la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), Adelfo Regino.

 

El mandato para instaurar la nueva universidad fue para el Inpi. Seguramente usted recordará que hasta el 2003, en el periodo de Vicente Fox, estuvo en funciones el Instituto Nacional Indigenista, luego lo sustituyó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al inicio de este sexenio quedó instaurado el Inpi y abrogada la Comisión. O sea, 15 años después retornó la figura de instituto.

 

En fin, sin mayores explicaciones, el Inpi quedó como responsable de instaurar una nueva universidad. En febrero del 2022, dos años después del compromiso de López obrador, el director del Instituto informó que el nombre, como lo había sugerido el presidente, sería Universidad de las Lenguas Indígenas de México (Ulim) y el coordinador del proyecto sería Natalio Hernández. También dijo que la pandemia había retrasado los trabajos pero la institución comenzaría sus actividades el mismo 2022 con cuatro licenciaturas: Enseñanza de las Lenguas Indígenas; Interpretación y Traducción de las Lenguas Indígenas; Literatura en Lenguas Indígenas; y Comunicación Indígena Intercultural (Comunicado 08/22. 15.02.2022).

 

No fue el caso. Apenas, al final del 2022 el Inpi ingresó un primer proyecto de decreto de la nueva universidad en el portal electrónico de la Conamer, un mes después lo sustituyó por otro y solicitó exención de análisis de impacto regulatorio. El decreto estableció que la universidad estaría sectorizada a la SEP y sería un organismo público descentralizado. Aquí se puede ver el expediente completo: t.ly/cBDQ2. Sí recibió la exención pero hasta ahí llegaron los trámites. No se publicó ningún decreto en los meses siguientes y tampoco se consideraron recursos financieros para el proyecto.

 

Lo sorprendente es que en marzo de este año se publicó un acuerdo presidencial para instruir la realización de acciones para la creación y funcionamiento de la Ulim (DOF. 15.02.2023). O sea, un acuerdo para indicar que el Inpi primero debía crear la “Dirección de Implementación de la Universidad de las lenguas Indígenas de México”, pero sin incrementar plazas ni presupuesto. 

 

La citada Dirección, según el acuerdo, debe promover la “creación e implementación de educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta y dual; realizar investigación, promoción y vinculación” (Artículo Tercero). Es decir, hará las veces de universidad hasta que se cree la institución. Así que el asunto va para largo.

 

Sin embargo, el director del Inpi anunció que la Ulim ya inició actividades este 12 de octubre. ¿En octubre? Seguramente tendrá su propio calendario escolar ¿Y tiene instalaciones la institución? No, pero el mismo titular dijo que, por lo pronto, estarán en el edificio del Coneval y ahí tienen comedor, aulas, cubículos y biblioteca, hasta que se construyan sus instalaciones definitivas en Milpa Alta. La primera generación es de 64 alumnos que estudiarán la licenciatura en “Enseñanza de las Lenguas Indígenas” y para el año próximo prevé poner en marcha las tres licenciaturas restantes.

 

Diferentes instituciones de nivel superior hoy muy reconocidas, en sus inicios, comenzaron a operar en instalaciones provisionales y luego se ampliaron o mudaron a las propias. Sin embargo, improvisar el proyecto educativo no conducirá a buenos resultados y si el proyecto se arma con una base sólida debe tener los recursos financieros necesarios. Ahí tenemos como contraejemplo el programa de las Universidades Benito Juárez.

 

Los primeros pasos de la Ulim no son firmes ni claros, ojalá el proyecto no naufrague. En próxima entrega retornaremos con algunas cifras sobre el presupuesto del Inpi y los poco más de 65 mil hablantes de lengua indígena en educación superior.

 

Pie de página: Los resultados de algunos aspirantes a ingresar o ratificar su pertenencia al SNI, tanto como el nivel de prelación y sus evaluadores, quedaron expuestos públicamente en la plataforma del Conahcyt, al parecer por un error y fue muy breve. Es que de verdad… // Argentina, sin mucho ruido ni anuncios fallidos, ya tiene lista y aprobada su vacuna contra el Covid, se llama “ARVAC Cecilia Grierson”. Patriencia, digo.

Ciencia y Tecnología: universos paralelos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1011. Septiembre 7, 2023)

 

El caso del sector de ciencia y tecnología, a propósito del reciente quinto informe de gobierno, muestra un marcado contraste entre lo que mencionó el presidente de la República en su discurso y las expresiones públicas de integrantes de la comunidad.

 

Las palabras del presidente López Obrador, su mensaje político le llaman, desgranaron un recuento de cifras, tanto sobre el año que corre como las acumuladas, destacó principios, avances y grandes logros. También, como es frecuente en estos mensajes, no hay mención a los errores y tampoco a lo que falta.

 

Según lo dicho por el ejecutivo federal y para efectos prácticos, la transformación marcha sobre rieles, literalmente. El año de gobierno que resta, como dijo el presidente, será cosa de seguir con la misma estrategia y seguir caminando “hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera…” (01.09.2023).

 

Al mandatario le llevó una hora y media pronunciar su mensaje y, casi a la mitad de ese tiempo, dijo sobre el sector: “Hemos reorientado los objetivos del Conacyt, el cual estaba al servicio de las grandes empresas y ahora de manera prioritaria promueve la investigación para vacunas y equipos médicos, busca opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos dañinos para la salud. Trabaja el Conacyt en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico y desarrolla nuevas tecnologías para explotar el litio, que ya es propiedad de la nación”.

  

No es todo lo que se ha hecho en el sector, pero la mención fue más extensa a lo dicho en años anteriores y se entiende que el mensaje político del presidente enfatiza lo más relevante de su periodo. Puede considerarse como una síntesis de lo más notable, cuando ya entregó el bastón de mando y comienza la hora de hacer corte de caja.

 

¿Los objetivos del organismo fueron reorientados? Sí, sin duda. En un universo, el ahora Conahcyt ha reiterado que gobiernos anteriores transfirieron cuantiosos recursos públicos a grandes empresas e instauró una narrativa que exalta lo público, la soberanía científica, la independencia tecnológica, los saberes ancestrales, la justicia epistémica, la equidad, el bienestar social, entre otros elementos.

 

Al mismo tiempo, el organismo se limita a apoyar algunas iniciativas del sector público, a recortar programas y a eliminar el respaldo a programas dirigidos a instituciones o investigadores del sector privado. El problema es que, como lo hemos advertido aquí mismo (Campus Milenio No. 900 y 901), la reorientación parece más forzada por la escasez de recursos financieros que no alcanzan para impulsar a todo el sector, más que por motivaciones ideológicas o un plan de desarrollo estratégico.

 

Tampoco hace falta mucha documentación para precisar si el Conahcyt se ha dirigido prioritariamente a promover la investigación para las vacunas o para sustituir el glifosato. Tal vez sería suficiente recordar que la titular del organismo había dicho que la vacuna Patria estaría lista al final del año 2021, pero concluyó ese año, el siguiente, casi estamos por terminar el actual y todavía no hay ninguna vacuna.

 

La fabricación de vacunas no se puede improvisar y no es un asunto sencillo de resolver. Sin embargo, en un universo paralelo a la retórica oficial, cabe hacer notar que la vacuna Patria no es propiamente un esfuerzo público, en todo caso es una alianza público – privada; tampoco es resultado de una tecnología nacional, el gobierno mexicano adquirió la licencia correspondiente para producirla, la tecnología fue desarrollada por la Escuela de Medicina de Icahan en Monte Sinaí (Nueva York) y la proteína HexaPro de la Universidad de Texas.

 

Sobre el glifosato y los transgénicos, como también lo hemos mencionado en estas páginas, son temas controvertidos y no hay evidencias duras al respecto. El caso es que por la posición del organismo rector de la política científica ahora tenemos en marcha un panel de resolución de controversias en el marco de Tratado de Libre Comercio (T-mec), el panorama no es alentador y los resultados los conoceremos al inicio del año próximo.

 

Por otra parte, los reclamos de miembros de la comunidad científica aparecen un día sí y otro también. Ahí están las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley general, los casi 700 amparos en contra de las decisiones del Conahcyt o las inconformidades por las decisiones de la Junta de Gobierno del mismo organismo.

 

También están las protestas de miembros del SNI por los criterios de evaluación, las fallas en la operación de la plataforma informática o la supresión de incentivos para investigadores del sector privado. Y todavía no aparecen los resultados de la convocatoria más reciente. Igualmente, está la inconformidad de los jóvenes del ex programa Cátedras Conacyt por el cambio de lineamientos o el reclamo creciente por la nueva clasificación del total de programas de posgrado, la cual dejará como no elegibles a casi la mitad de los programas y un volumen de casi 10 mil estudiantes sin beca.

 

En fin, todo indica que en el sector científico y tecnológico coexisten dos universos paralelos. No, no los crea un dispositivo tecnológico o una fantasía. Ahí están las evidencias.

 

Pie de página: El descontento crece por la nueva clasificación de los programas de posgrado y el volumen de los estudiantes de posgrado que se quedaron sin beca del Conahcyt. Puede ser el punto de inflexión de las decisiones en el sector. // El diputado Romero Hicks, en sucuenta personal de “X”, antes Twitter, informó que será el ministro Arturo Zaldívar quien resolverá si procede o no atender de forma prioritaria la acción de inconstitucionalidad sobre la ley general de ciencia. Pendientes.