Las Cátedras y la promesa de la transición

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1058. Septiembre 5, 2024. Pág. 4)

 

Todavía es incierto qué ocurrirá con lo que se llamaba programa “Cátedras Conacyt” y ahora es “Investigadoras e investigadores por México” (IxM). Por lo pronto, en este periodo de transición, los jóvenes del programa, organizados en un sindicato, han hecho notar la diferencia en el trato con las próximas autoridades y trazan propuestas sobre su futuro.

 

El programa, como se sabe, cumplió su primera década en este año. La idea inicial era y es abrir oportunidades de trabajo para jóvenes recién egresados del doctorado o posdoctorado que no encuentran lugar en un mercado académico saturado. El esquema es relativamente sencillo: el Conacyt funge como patrón y las instituciones de educación superior los reciben en sus instalaciones; una responsabilidad compartida mediante convenio durante 10 años y renovables por otro tanto.

 

Uno de los supuestos principales era que, en el lapso de duración del convenio, la institución abriría los lugares correspondientes, los jóvenes concursarían por las plazas y el programa crecería a un ritmo de 500 jóvenes por año. Sin embargo, lo que se proyecta no necesariamente se verifica en la realidad.

 

Para empezar, no siempre fueron bienvenidos en las instituciones los jóvenes catedráticos. Al contrario, algunos fueron marginados, otros eran ignorados y unos más no contaban con la infraestructura para desempeñar su labor. Tampoco se abrieron las plazas que se esperaban en las instituciones; Hacienda no las autorizaba y controlaba las plantillas. El programa se contuvo y el sexenio anterior concluyó con un millar y medio de jóvenes beneficiados; menos de la mitad de los que se planeaban.

 

En el 2018, al cambio de gobierno, parecía que las oportunidades serían mayores y el programa mejoraría. Sin embargo, ocurrió lo contrario, como en estas páginas hemos comentado. Desde el comienzo la relación fue tirante entre los jóvenes del programa y la autoridad del sector. La directora del organismo rector de las políticas, María Elena Álvarez Buylla, les dijo que estaban colgados de la nómina y que eso tenía que cambiar. También advirtió que no habría más convocatorias ni plazas. No hubo en 2019 y tampoco en 2020.

 

Después, a partir del 2021, la autoridad reanudó de forma improvisada las convocatorias, los lugares fueron a la baja, cambiaron las normas, los plazos y el nombre del programa. Los conflictos fueron en aumento y llegaron a las puertas del Conacyt. Ahí se gestó la formación de su sindicato (Siintracatedras) y la defensa de sus derechos laborales. También la ruptura con la autoridad. A la fecha, sigue la organización gremial, pero no logró la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo ni le reconocieron su derecho de huelga.

 

Actualmente, el programa tiene dos modalidades: la adscripción a una institución de educación superior o a una entidad de la administración pública. Sin embargo, el número de lugares que ofrece son insignificantes. Por ejemplo, en la convocatoria de este año, fue una decena para la primera modalidad y 14 para la segunda.

 

En total, el sexenio cerrará con 1, 265 plazas. O sea, menos de las que había al inicio del periodo. Lo que no disminuyó fueron los conflictos. Las quejas más recientes del sindicato han sido por las irregularidades en los procedimientos de evaluación de los participantes (19.06.2024) y por lo que consideran despidos injustificados de varios de sus agremiados (08.08.2024).

 

Tal vez por eso contrasta la relación que se configura entre el sindicato y las próximas autoridades del sector. Al día siguiente del nombramiento de Rosaura Ruiz como futura titular de la nueva secretaría de ciencia, el organismo gremial la felicitó en redes sociales por su designación (21.06.2024).

 

Tal parece que ahí comenzó un puente de encuentro entre el sindicato y el equipo de la próxima titular de la nueva secretaría. La misma Rosaura Ruiz, en la primera reunión del equipo de transición en el Conahcty, dio cuenta del acercamiento y solicitó información sobre el programa a la actual titular del organismo (01.08.2024).

 

A su vez, el sindicato agradeció públicamente el ser escuchado y expresó su disposición al trabajo conjunto para darle viabilidad al programa. De hecho, seguramente como parte del acercamiento con las próximas autoridades, el sindicato celebró un encuentro presencial entre sus agremiados para elaborar una propuesta sobre el programa.

 

En fin, el asunto de abrir opciones laborales para los jóvenes con altos niveles de formación es un imperativo. La problemática requiere de imaginación y, en cualquiera de las opciones que se considere, los recursos financieros serán ineludibles. No solamente es relevante para los jóvenes doctores y sus familias, también lo es para ampliar y mejorar las capacidades técnicas de la sociedad mexicana.

 

Los sindicalistas, después de un sexenio de confrontación, ven un futuro promisorio. Todavía resta por comprobar cuáles serán las propuestas y si se cumplen o no las altas expectativas.

 

Pie de página: El último informe de gobierno de la actual administración no tiene grandes novedades, pero aquí veremos el cierre del ciclo.

Cátedras: investigar en modo administración pública

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 985. Febrero 23, 2023. Pág. 4)

 

El testimonio de un aspirante de lo que antes era el programa Cátedras Conacyt es elocuente del desencanto que experimentan jóvenes académicos. El programa ya se denomina Investigadoras e investigadores por México, pero las modificaciones no son nominales, la iniciativa se redujo, viró en su propósito y se apresta a impulsar una nueva modalidad de investigación. Veamos el testimonio.

 

Pedro (@PedroRangelRiv2), un joven químico, expresó en un tuit la semana pasada: “Poco más de 10 días para realizar la solicitud, y de la manga se sacó el Conacyt la modalidad II cuando originalmente el programa IxM era con el fin de incorporación para fortalecer la IES y CPIs del país. Ya mejor digan que no habrá más convocatorias, tantita empatía” (t.ly/4Vqb).

 

En primer lugar, Pedro se refiere al plazo breve de la reciente convocatoria, exactamente 11 días, para registrar la solicitud y cumplir con los requisitos de participación. En segundo lugar, lo inesperado del cambio de finalidad del programa al instaurar la modalidad II.

 

Lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones: el propósito de las Cátedras, cuando se pusieron en marcha en 2014, fue abrir una oportunidad laboral para jóvenes promesas en el casi clausurado mercado académico, al comisionarlos en instituciones de educación superior y centros públicos de investigación.

 

La idea inicial era que a lo largo del desempeño del catedrático, un periodo de diez años que se podía prorrogar de forma indefinida, la institución receptora abriera una plaza y el joven pudiera concursar por ese lugar. Sin embargo, desde el comienzo los supuestos no se cumplieron: algunos jóvenes abandonaron las cátedras porque las condiciones laborales eran muy inestables y precarias; las instituciones no abrieron plazas; y el volumen de catedráticos fue muy limitado.

 

Las cosas no mejoraron en la actual administración, por el contrario, el programa casi desaparece; no hubo convocatoria en 2019 ni en 2020. Los catedráticos se inconformaron públicamente, instauraron formas novedosas de protesta y se agruparon en un sindicato. Casi al final del 2021 la autoridad publicó la convocatoria correspondiente y una de sus novedades fue que ahora los jóvenes doctores podían optar por adscribirse a una entidad de la administración pública federal como institución receptora.

 

Una carrera de investigación en la administración pública no se veía ni se ve factible, pero la opción quedó anunciada en septiembre del 2021, en la primera convocatoria del periodo gubernamental. El Conacyt le llamó modalidad II y a la opción original la denominó modalidad I. Por eso, en el tuit mencionado, se dice que la modalidad II está sacada de la manga.

 

Si añadimos que los plazos para registrar las solicitudes y cumplir los requisitos se han acortado cada vez más, entenderemos la percepción existente sobre el programa. ¿Y se corresponde con los datos? No solamente es la inestabilidad e improvisación del programa, también es la reducción de su volumen. La proyección del programa tenía previsto abrir 500 plazas anuales, sin embargo, desde el 2016 incumplió su propósito y actualmente solo tiene alrededor de un millar y medio de plazas.

 

En la convocatoria del 2021, la más reciente, los jóvenes debieron esperar casi un año para saber si estaban o no en el programa; los resultados fueron publicados por pausas. Al final, fueron 118 los aceptados (69 en instituciones académicas y 49 en la administración pública) y se ha calculado que fueron más de 4 mil los solicitantes.

 

La semana pasada se publicó la nueva convocatoria, solamente se dirige a la modalidad II del programa, ya no menciona una carrera de investigación en la administración pública, únicamente destaca la importancia de los programas prioritarios gubernamentales y sus ejes temáticos de salud, alimentación, transversales, energía y cambio climático.

 

El anexo de la convocatoria enlista 31 perfiles profesionales a los que deberán ajustarse los solicitantes del programa y en algunos casos el plazo de contratación se redujo a cinco años. Lo sorprendente es que alrededor de una docena de lugares corresponde al propio Conacyt como institución receptora, otra media docena para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y tres más para el Centro de Estudios e Investigación en Biocultura, Agroecología, Ambiente y Salud (CEIBAAS-Colima), un centro del que no se conoce nada, aunque se anunció uno similar en Guerrero el pasado mes de diciembre.

 

En fin, es incierto si habrá convocatoria para la modalidad I, cuántas solicitudes serán aceptadas en la modalidad II y cuándo se conocerán los resultados completos. Lo evidente es que el programa cambió de propósito, redujo su alcance, la opción de carrera de investigación para los jóvenes quedó acotada y la propia administración pública será institución receptora. El asunto tiene múltiples aristas, volveremos a ellas, por ahora notemos que los jóvenes doctores quedarán en modo administración pública.

 

Pie de página: La estructura de investigación de la UNAM, titulares y representantes, dirigen una carta a Santiago Creel, presidente de los diputados, para externar su preocupación por el proyecto de ley general de ciencia del gobierno federal y solicitar audiencias públicas. El consenso crece.

Cátedras: último corte

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No.961. Agosto 25, 2022)

 

Algunos jóvenes científicos tenían la expectativa de formar parte del programa Cátedras del Conacyt, ahora denominado “Investigadoras e investigadores por México”. Sin embargo, la semana pasada salieron los últimos resultados y solamente una docena alcanzaron una posición. Pocas, muy pocas plazas para los miles de aspirantes.

 

Las cátedras iniciaron en el 2014, creadas por la administración anterior para funcionar como una válvula de escape en el saturado mercado académico y como alternativa para jóvenes promesas que, culminados sus estudios, no encontraban una posición laboral en ningún lado.

 

El programa ofrecía a jóvenes recién egresados del doctorado, o con varios posdoc encima, comisionarlos a una institución académica, un listado de temas a investigar (con retos en cada caso) y un contrato por diez años, prorrogable por otro tanto más. El Conacyt conservaba el papel de patrón, la entidad académica fungía como institución temporal de adscripción y la idea era que, a lo largo del tiempo, la misma institución u otra abriera una plaza para el catedrático.

 

En el primer año de funcionamiento, el programa admitió a más de medio millar de jóvenes y la expectativa era que a partir de entonces añadiera una cantidad similar cada año. Tal vez la alternativa laboral no era la mejor, pero era una pequeña fisura de oportunidad en el casi clausurado mercado académico. No obstante, el desencanto comenzó a los pocos meses.

 

Una buena parte de catedráticos se quejaron de su permanente inestabilidad laboral, la marginación que sufrían en las instituciones de adscripción y, sobre todo, la falta de condiciones para realizar las actividades encomendadas. Tampoco operó el supuesto de que las instituciones abrirían plazas y algunos huyeron de las cátedras a la primera oportunidad. Para colmo, el programa ni siquiera alcanzó las 500 plazas anuales, en el 2016 apenas llegó a la mitad y para el 2018, al cambio de administración, el volumen total sumaba un millar y medio de cátedras.

 

La esperanza de ampliar el programa o al menos alcanzar una relativa estabilidad laboral retornó con el cambio de administración en el 2018. La aspiración, sin embargo, se disipó rápidamente. En la primera rueda de prensa de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en febrero de 2019, ahí dijo que el programa Cátedras era insostenible, porque tenía “colgados de la nómina a 1,500 catedráticos” y eso debía cambiar. Por cierto, las ruedas de prensa ya no continuaron.

 

Los catedráticos quedaron sorprendidos y vino un intercambio de críticas y aclaraciones sobre la continuidad o no del programa. El saldo final fue que no hubo convocatoria en 2019 ni en 2020. Los catedráticos formaron un sindicato para negociar un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el Siintracátedras, aunque la autoridad laboral dijo que era improcedente la firma de un CCT y también su derecho de huelga. Este año el sindicato renovó su consejo directivo.

 

Los costos del programa en 2019, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año, sumaron un total de 1,097 millones de pesos e incluían 1,511 plazas vigentes. Para 2020 el presupuesto fue de 1,345 millones de pesos y fueron las mismas plazas. Sin embargo, el PEF del año pasado y el de este año no especificaron un presupuesto ni el volumen de plazas vigentes, aunque dijeron que continuaría el apoyo.

 

El Conacyt cambió los lineamientos y el nombre del programa. Además, implementó dos modalidades para las cátedras: adscripción en instituciones académicas o en entidades de la Administración Pública Federal. Hasta septiembre del año pasado salió la convocatoria más reciente. Se suponía que la evaluación de solicitudes se realizaría en los dos meses siguientes y a partir de diciembre del año pasado los jóvenes ya estarían laborando. Pero no, en noviembre se publicaron una treintena de seleccionados y ahí se dijo ese era un primer corte, o sea que posteriormente vendrían otros más.

 

Unos resultados más se publicaron en diciembre del 2021, luego otros más en febrero de este año y los últimos el pasado 18 de agosto. En total, 118 plazas: 69 para instituciones académicas y 49 para la administración pública. No hay datos, o públicamente no se conoce, el número de solicitantes, pero en redes sociales se ha especulado que fueron aproximadamente 4 mil aspirantes y que las asignaciones de plazas no han sido imparciales.

 

O sea, además de sesgos, solo alrededor de un 3 por ciento de aspirantes lograron una posición académica, si es que las cifras se aproximan a la realidad. Lo lamentable es que la mayoría de jóvenes estuvieron en vilo durante más de medio año y aunque desde los primeros cortes las cosas no pintaban nada bien, el final ha sido francamente decepcionante.

 

El problema de la inserción laboral para los posgraduados no es sencillo de resolver, como tampoco lo es para toda la población económicamente activa, pero el programa Cátedras, con sus dificultades de régimen de subcontratación y sus limitaciones, parecía una alternativa. Lo grave es que ahora cada vez es más estrecho, arbitrario, inestable y precario.

 

Las autoridades actuales dijeron que ofrecerían verdaderas plazas para los jóvenes, pero ni sustituyeron ni mejoraron el programa. Por el contrario, redujeron su alcance y endurecieron los criterios. Si así son las vicisitudes laborales de jóvenes talentosos y con altas calificaciones, imaginemos qué ocurre con el resto.

 

Pie de página: Las redes sociales permiten conocer los acontecimientos de forma inmediata y las cuentas oficiales se han vuelto un medio eficaz para informar las decisiones en el momento mismo en el que ocurren. Sin embargo, esas mismas redes han dado paso a una cierta ambigüedad de responsabilidad y dejado constancia de las pifias cometidas, como la rectificación de los criterios específicos de evaluación del SNI en la cuenta oficial del Conacyt en Twitter.// La discusión en el Congreso sobre la nueva ley general de ciencia comenzará ahora en septiembre y la oposición ya ingresó una iniciativa de ley el pasado 17 de agosto. Atentos.

Un descifrable código de conducta

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Suplemento Campus No. 920. Octubre 14, 2021, pág. 4)

           

Las aclaraciones del Conacyt son largas y detalladas. Un comunicado oficial de cuatro páginas para precisar que su “Código de Conducta” no es lo que parece y tampoco será lo que ahí anticipa (11.10.2021. 253/2021). Notable.

 

El mencionado código está en la página electrónica del organismo y ahí seguiría, sin mayor atención pública, entre la docena de normas relacionadas con el comportamiento ético (t.ly/XDGR). No obstante, los investigadores de las Cátedras Conacyt fueron los primeros que hicieron notar sus implicaciones, porque a ellos se dirigía.

 

Un párrafo final del documento apunta con toda precisión que es obligación de toda persona que integra “el servicio público del Conacyt suscribir el Código de Conducta a través de una Carta de compromiso, con el propósito de hacer constar que lo conocen y lo comprenden” (pág. 16).

 

¿Y qué dice el código?  La parte polémica está en el apartado “V” y especialmente en el inciso “k”, referente a las conductas y la identidad del organismo. Por ejemplo, sin lugar a equívocos, ahí anota: “Abstente de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”. Sí, así dice. Definitivamente una orden de censura.

 

También prescribe que no se puede publicar o difundir información a nombre o en representación del Conacyt sin la debida autorización del área de comunicación social. O bien, les precisa prudencia al “emitir opiniones en tus redes sociales y procura preservar la integridad de la imagen institucional”.

 

La norma debe ser observada por todo el personal y menciona con carácter enunciativo, “más no limitativo”, a los trabajadores del organismo, los trabajadores de empresas que le brindan servicio y a las grupos de evaluación de proyectos. Además, en caso de incumplimiento, si el Comité de Ética estima que existe responsabilidad administrativa, lo haría del conocimiento del Órgano Interno de Control (OIC).

 

Los OIC son esas instancias administrativas que vigilan el funcionamiento de las entidades y aplican las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos. Imponen sanciones en caso de faltas administrativas que se consideran no graves, pero también tienen competencia para presentar las denuncias correspondientes.

 

En fin, había razones para alarmarse con un Código de Conducta con tales características; las inconformidades fueron en ascenso y provinieron de múltiples fuentes. De hecho, voces excepcionales no daban por cierto lo que se mencionaba sobre la norma, hasta que circuló ampliamente el documento original. Y sí, públicamente nadie salió a la defensa.

 

Seguramente, por la misma razón, el Conacyt difundió su propia posición. ¿Qué aclaró en su comunicado? No mucho. Básicamente señaló como falsas cuatro afirmaciones que se han hecho sobre el Código de Conducta. Sostiene que el código no es nuevo, su divulgación no fue motivada por las manifestaciones públicas del personal de las Cátedras, no aplica para becarios e investigadores que reciben apoyo de Conacyt y de ninguna manera limita la libertad de expresión.

 

El timing, sin embargo, no parece formar parte de las virtudes de las autoridades del Conacyt. Porque, precisamente, cuando Conacyt solicitó la firma del código al personal del anteriormente denominado programa Cátedras, coincidió con la manifestación que hicieron por la negativa de las autoridades laborales a reconocerles su derecho a la huelga y a negociar un contrato colectivo de trabajo. Después, por los litigios que sostienen los sindicalistas, explícitamente les restringió su posibilidad de participar como representantes en la Comisión Consultiva del programa.

 

Todavía peor, también coincidió con las acusaciones de delincuencia organizada y órdenes de aprehensión para los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt que tuvo una alta exposición mediática. Además, en medio, también ocurrió el injustificado despido de Alejandro Madrazo, como director de la Sede Región Centro del CIDE, uno de los centros públicos de investigación más reconocido y altamente competente. El motivo de su salida, según explicó el propio Madrazo y no fue desmentido, se debió al mensaje público de respaldo a los jóvenes de las Cátedras Conacyt.

 

Sin embargo, independientemente de las casualidades o causalidades de los hechos, lo cierto es que el código dice lo que aparece con todas sus letras y ahí establece las restricciones indicadas, tanto como que su observación y aplicación no “se limitará” a las personas que enuncia, así que nada impide que su aplicación se extienda.

 

El comunicado oficial no está por encima de una norma aprobada y, es más, no señala como falsa la aplicación para los catedráticos. Un personal que jurídicamente son reconocidos como “investigadoras e investigadores por México”.

 

Uno de los problemas más reiterados en el periodo ha sido la modificación y aplicación arbitraria de las normas. Entonces, no es tan difícil descifrar el código. Sí, hay razones para preocuparse.

 

 

Pie de página: La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sustituir la jurisprudencia P./J.1/96, esa que establece el régimen laboral de los organismos descentralizados (apartado A o apartado B del 123 constitucional), como los Centros Públicos de Investigación. No tiene efectos retroactivos, queda pendiente de publicación la sentencia, pero será determinante para los nuevos organismos.

Investigadores a la... administración pública

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica del Suplemento Campus. No. 919. 07.10.2021)

 

Las implicaciones de lo que ocurre con las Cátedras Conacyt no solamente tiene relevancia para el personal que pertenece a ese programa, también es un espejo para mirar la vulnerabilidad y las dificultades de nuevas formas de ingreso en el casi clausurado mercado académico.

 

Al final del mes pasado concluyó un episodio más de las negociaciones entre el personal de las Cátedras y el gobierno federal. Por lo pronto, la Junta de Conciliación y Arbitraje archivó el expediente, juzgó improcedente una huelga del sindicato y la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), porque Conacyt ya cuenta con unas Condiciones Generales de Trabajo y regula sus relaciones laborales a través del apartado B del artículo 123 constitucional.

 

El asunto todavía no concluye de forma definitiva. El personal del programa sigue a la búsqueda de condiciones laborales dignas y ha puesto en marcha la campaña #CienciaBajoProtesta. Legalmente tampoco está finiquitado, habrá que esperar la resolución definitiva, aunque no se ve probable la firma de un CCT. Por cierto, el programa ahora se denomina: “Investigadoras e investigadores por México del Conacyt”.

 

El propio Conacyt, en respuesta a las condiciones que había demandado el sindicato y en comunicado público sobre el fallo laboral, informó que “como organismo público descentralizado, no está facultado para concertar el pago de prestaciones dentro de una contratación colectiva” (29.09.2021).

 

A su vez, el sindicato lamentó la decisión de las autoridades laborales, porque la reforma laboral de la actual administración ha promovido mayores garantías de libertad sindical y defensa de los derechos laborales, también tiene el discurso de una “transformación revolucionaria de la sociedad a través del Estado”. No obstante, apunta sindicato, le niega condiciones laborales mínimas al personal de ciencia (Comunicado No. 13.  30.09.2021).

 

El programa de las Cátedras no inició en este periodo, fue una iniciativa impulsada en la administración anterior. La idea era que Conacyt ofreciera una alternativa laboral a los jóvenes posgraduados, pero como patrón transitorio, porque se preveía que los jóvenes de las Cátedras concursaran por una plaza en las instituciones donde estaban comisionados. Sin embargo, no se abrieron plazas y tal parece que no sucederá.

 

Ahora, las Cátedras, o su nueva denominación de programa, se extenderá más allá de los sistemas de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología, llegará hasta la Administración Pública Federal (APF). A pesar de las reticencias y el rechazo inicial de continuar con el mismo esquema, el Conacyt ya emitió una nueva convocatoria, cosa que no había sucedido en el lapso que lleva esta gestión. Así que seguramente crecerá más allá de los 1,237 integrantes que tiene actualmente y la expectativa es que lo haga anualmente.

 

La novedad de la reciente convocatoria es que plantea dos modalidades de ingreso. La primera es la ya conocida de comisionar a los jóvenes seleccionados a una universidad o un Centro Público de Investigación. La segunda, una variación importante que apenas entrará en operación, los jóvenes serán comisionados a una entidad o dependencia gubernamental.

 

O sea, lo nuevo es que, explícitamente, convoca a hacer carrera de investigación en la administración pública. Sin embargo, habrá que tomar la ampliación con reserva. En primer lugar porque las demandas de investigación específicas están limitadas a las temáticas de la docena de Proyectos Nacionales Estratégicos (Pronaces) y salud es una de las más sobresalientes.

 

En segundo lugar, habría que moderar la expectativa sobre la expansión e impacto en la administración pública. En el último anexo de la convocatoria vienen las entidades de la administración que pueden fungir como entidades receptoras, apenas suman una decena y seis de ellas son áreas temáticas del propio Conacyt (Conacyt-energía, innovación, riegos, etcétera, ¿una especie híbrida de fondos sectoriales?). El resto son dos dependencias de la UNAM (aunque la institución no es entidad de la APF), la Cofepris y los laboratorios Birmex. Básicamente tres dependencias gubernamentales.

 

En tercer lugar, el Conacyt no ha dicho el volumen de comisionados que seleccionará en una y otra modalidad, pero lo más probable es que será un número muy limitado (no más de 200 o 300 en el mejor de los casos). Así que frente a una burocracia de más 3 millones, no pintan mucho. Y, finalmente, lo más importante, no se ve nada sencillo cómo será la carrera de investigación en la administración pública.

 

No es mala idea que jóvenes altamente competentes se desempeñen en dependencias gubernamentales y colaboren en la solución de problemas nacionales. Al contrario, es lo deseable. Lo que no está nada bien es que, como personal de confianza, seguirán con un horizonte de trabajo limitado y sujeto al vaivén burocrático. Unas condiciones y derechos laborales nada semejantes a los académicos de otras instituciones. Sí, las nuevas modalidades de ingreso a la carrera académica son desalentadoras y muy vulnerables.

 

Pie de página:  Y hablando de vulnerabilidad, despiden al doctor Alejandro Madrazo como director de la Sede Región Centro del CIDE por un mensaje público de respaldo a los jóvenes de las Cátedras Conacyt. Increíble. // ¿Qué resolverá la Junta de Honor del mismo SNI sobre el caso del fiscal Gertz Manero y la denuncia de plagio académico? Atentos.

Los 31: normas y legalidad a prueba

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Suplemento Campus No. 918. Septiembre 30, 2021, pág. 4)

 

La resonancia nacional e internacional que ha tenido la acusación de delincuencia organizada sobre 31 investigadores y exfuncionarios ligados al ámbito científico y tecnológico, colocó en el escaparate de los medios sus nombres y sus actividades. Sin embargo, principalmente exhibe lo que ocurre en el Conacyt y también la actuación de la Fiscalía General de la República.

 

Porque, seguramente, a buena parte de la opinión pública ni siquiera le sonaba de nada eso que se denomina el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y tal vez ni siquiera lo que significa el Conacyt. El conflicto reciente ha hecho una especie de zoom en ese ámbito que generalmente no es tendencia en las redes sociales ni es noticia en los medios.

 

El problema del caso reciente, o por lo menos uno de sus vértices principales, se localiza en ese manejo discrecional o sumamente laxo del marco normativo por parte de las autoridades del sector casi desde el comienzo de la gestión y prácticamente sin que tuviera ninguna repercusión en los medios. No pasaba nada hasta que pasó.

 

El meollo del problema entre el Conacyt y las personas denunciadas es si fue indebido o no el financiamiento que recibió el Foro. Una discusión aparte es si el dinero tenía un origen ilícito desde las propias cuentas del Conacyt, tanto como el destino de ese gasto o si la cantidad recibida era razonable o desmedida.

 

Todos esos componentes son importantes y públicamente deben ser aclarados, pero el punto que desencadena las acusaciones en contra de las 31 personas es la presunta ilegalidad del financiamiento recibido por el Foro. La maraña de declaraciones, desmentidos, acusaciones mutuas, insultos y descalificaciones han ocupado el primer plano y han opacado el punto.

 

La Ley de Ciencia y Tecnología, norma todavía vigente en el sector, en su artículo 38, claramente establece que: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.

 

Entonces ¿por qué se plantea que es ilegal el dinero que recibió el Foro? Las autoridades del Conacyt y de la Fiscalía han dicho que el problema se debe a que el Foro se constituyó como asociación civil y, por tanto, como entidad privada, algo que de ninguna manera estaba previsto en la normatividad.

 

La Ley de Ciencia y Tecnología no lo dice, pero el anterior estatuto orgánico del Conacyt sí lo indicaba. Ahí en el capítulo sexto, referente a los órganos colegiados, en el penúltimo párrafo del artículo 22, quedó establecido que: “El Foro propondrá las bases de su integración, funcionamiento y organización, las cuales serán expedidas conjuntamente por su mesa directiva y el CONACYT. Para la materialización de sus actos el Foro se constituirá en una asociación civil” (DOF. 05.09.2017).

 

¿Y cuál es el problema? Aquí es dónde entra el asunto de la discrecionalidad y las normas laxas. La autoridad del sector, sin esperar a que se expida la nueva ley general del sector, ha cambiado ordenamientos y normas secundarias, incluso contraviniendo lo que dice la norma superior. Ya no existe aquel penúltimo párrafo del artículo anterior del estatuto orgánico (DOF. 11.12.2019) que amparaba el otorgamiento de fondos para el Foro. Ahora, sin su existencia, sí resulta ilegal la transferencia de recursos.

 

También aquí entra la maraña de cambios y rectificaciones normativas del sector de los últimos dos años, lo mismo que las interpretaciones legales y lo que permite o no la ley. No hace falta ser abogado para recordar el artículo 14 constitucional sobre la limitación del efecto retroactivo de las leyes o para seguir la línea de la legalidad. Sin embargo, resulta difícil no extraviarse en el laberinto de modificaciones a reglamentos, fe de erratas y nuevas rectificaciones. En este mismo espacio lo hemos comentado en varias oportunidades.

 

No solamente se trata de un quiebre de normas en la disputa sostenida con el Foro. Lo mismo ocurrió con la extinción de los fideicomisos y las actividades que financiaba, también con la creación de un procedimiento fuera de norma para el ingreso del fiscal al SNI o la misma convocatoria del SNI emitida con un reglamento y después de cerrada aplicarle cambios a ese mismo reglamento. O bien, la modificación de lineamientos y del Estatuto del Personal Académico del programa Cátedras Conacyt, entre tantos otros.

 

Ni hablar de la irregularidad mayor de que, a la fecha, el sector opera sin el Programa Especial que por ley debería regir sus acciones en el sexenio. O incluso la ley general que debió estar lista hace ya casi un año y no está.

 

En fin, es posible que las normas sean insatisfactorias y se busque cambiarlas, algo que además de deseable es perfectamente legal y legítimo. Lo que no puede ser, o no debiera ser, es manejar la ley a discreción y apartarse de la legalidad. Eso es lo que ahora está en juego.

 

Pie de página: #TeVoyACambiarElNombre, con esa etiqueta reaccionaron los jóvenes del programa Cátedras Conacyt cuando se enteraron por la página del Conacyt que ahora se llaman “Investigadoras e Investigadores por México”.

Tercer Informe de Gobierno: el logro de la organización gremial

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Suplemento Campus No. 914. Septiembre 2, 2021, pág. 4)

Tal vez uno de los principales logros de la primera mitad del actual periodo de gobierno sea, paradójicamente, la activación de los resortes organizativos del sector. El gran avance a la mitad del actual periodo de gobierno no fue el presupuesto creciente, como quizás era lo que se daba por descontado al inicio de la gestión.

 

Tampoco hubo el respaldo sin precedentes a la formación de recursos humanos, porque no se abrieron las convocatorias para estudios en el extranjero o las que se abrieron las restringieron a unas pocas áreas y en números limitados. Así que muchos los que querían estudiar en el extranjero han perdido esa posibilidad y algunos de los que ya estaban fuera ya no tendrán apoyo o penden de un delgado hilo de financiamiento.

 

Ni siquiera se conserva ese lento paso a la descentralización de actividades científicas y tecnológicas, porque sin fideicomisos ya no estarán en operación los fondos mixtos (aportaciones de gobiernos estatales y gobierno federal a partes iguales) para impulsar la investigación en las entidades y no está a la vista un instrumento o iniciativa con la misma función.

 

Todavía menos visible ha sido el liderazgo del Conacyt, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, en la contingencia sanitaria. No conocemos bien a bien qué ocurrió con la fabricación de los ventiladores mecánicos para los hospitales, los modelos matemáticos para anticipar el comportamiento de la epidemia o qué sucede con los protocolos para la elaboración de la vacuna nacional.

 

Lo que sí ha trascendido de forma constante son las inconformidades de becarios, investigadores y de personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI), derivada de las restricciones presupuestales y de la desaparición de los fideicomisos. Igualmente, las protestas por las modificaciones arbitrarias de las normas de regulación del Conacyt y del SNI, sin que a la fecha esté lista una ley general. O bien, la presunción de plagio académico e inclusión del fiscal general de la República como miembro del SNI, un episodio que oficialmente sigue sin aclararse.

 

Lo notable es que buena parte de los reclamos han adoptado formas organizativas más o menos permanentes, algunas más formales y sistemáticas que otras, pero todas ellas con respaldo de tecnologías de la información y de las redes sociales. Ahí está la asociación de becarios en el extranjero, la de madres mexicanas jefas de familia, la red ProCienciaMX, la del sindicato de personal de los CPI o del programa Cátedras Conacyt, por nombrar algunas organizaciones.

 

Todas las agrupaciones tienen como centro las decisiones en el sector, aunque su proceso de gestación ha sido distinto y también son diferentes sus demandas y su intervención. Tal vez el recién creado sindicato del programa Cátedras Conacyt es el más ilustrativo de organización formal y de los conflictos en el sector.

 

El programa Cátedras Conacyt fue una iniciativa de la administración anterior y fundamentalmente intentó ofrecer, con reticencia y limitaciones, posibilidades de inserción laboral a jóvenes doctores o posdoctorados que estaban a la búsqueda de una oportunidad en el casi clausurado mercado académico.

 

Las condiciones laborales de los jóvenes nunca fueron de lo mejor, pero en este periodo se agravaron. La organización gremial del programa Cátedras, como en este Acelerador de Partículas lo hemos comentado, apenas se registró en el primer trimestre de este año. Sus miembros han dicho que su integración se debió a la incertidumbre sobre la permanencia del programa por las restricciones presupuestales, a la irregularidad de sus nombramientos laborales que son de confianza, la vulnerabilidad de sus posiciones académicas y la discrecionalidad en la valoración de su desempeño laboral.

 

El sindicato planteó una propuesta de Contrato Colectivo de Trabajo como alternativa a la precariedad de sus condiciones laborales y sujeto a negociación con la autoridad. Sin embargo, ha informado el organismo gremial, después de dos meses de diálogo, su propuesta no ha sido considerada para llegar a una norma común (Comunicado 19.08.2021).

 

Por el contrario, Conacyt presentó nuevos lineamientos para el programa y un nuevo estatuto para los catedráticos. Fundamentalmente establece que los nombramientos laborales ahora serán indefinidos y los jóvenes tendrán autonomía para seleccionar sus temas y proyectos de investigación  (Comunicado 236/2021). Pero no, ningún cambio en el estatus laboral, tampoco certeza sobre el rubro en el presupuesto federal para el programa o en la forma de evaluación laboral de los jóvenes.

 

O sea, aunque se activa una organización gremial, la autoridad es refractaria a otras propuestas, cambia unilateralmente las normas y, sobre todo, persiste en la estrategia de flexibilización laboral, algo que parecía poco probable en el gobierno actual.

 

Si el patrón de comportamiento se repite con otras organizaciones, la situación no se modificará en el corto plazo, a menos que aparezcan otras estrategias.

 

Pie de página: Ya transcurrió la mitad del periodo de gobierno y ahí están las cifras del desempeño. Aquí las examinaremos.