Abogados: el área de estudio y su reorganización

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1029. Enero 25, 2024)

 

Las instituciones que ofrecen hoy la licenciatura en derecho son muy variadas y también muchos son sus programas de estudio; casi un millar las primeras y más de millar y medio los segundos. Al cúmulo de posibilidades educativas sumemos las posiciones laborales de sus egresados, la preocupación pública sobre el sistema judicial, las fallas en la procuración de justicia y los escándalos mediáticos de personalidades de ese gremio profesional. En conjunto expresan las razones de la alta sensibilidad social acerca de los abogados.

 

Tradicionalmente, dijimos aquí en la entrega anterior, el área de las ciencias sociales y administrativas ha concentrado las preferencias vocacionales de los estudiantes de educación superior en México. También anotamos que de los 4.5 millones de alumnos de licenciatura universitaria y tecnológica que existen actualmente, alrededor del 40 por ciento está inscrito en alguna carrera afín a esa área.

 

Sin embargo, son muy variadas las carreras que se incluyen y no siempre, para fines estadísticos, han quedado agrupadas en la misma área. En el ciclo escolar 2022-2023, la subárea de administración y gestión, tenía una matrícula de 497 mil estudiantes, aunque incluye media docena de carreras universitarias. En conjunto representan el 11 por ciento del total de estudiantes de licenciatura universitaria y tecnológica.

 

Por su parte, la subárea de derecho y criminología, que incluye dos carreras universitarias, para el mismo ciclo escolar concentró 432 mil estudiantes. El 10 por ciento del total de la matrícula. Si únicamente se considera la carrera de derecho, su matrícula es de 369 mil alumnos. En comparación, la carrera de administración de empresas tiene 271 mil, ingeniería industrial 237 mil y psicología 203 mil. Es decir, considerada individualmente, derecho concentra, por mucho, las preferencias de los estudiantes en todas las modalidades de la licenciatura.

 

La expansión de la matrícula en las últimas décadas, tanto como el crecimiento de instituciones y programas de estudio, comenzaron a representar un desafío para la sistematización de las estadísticas educativas. Porque un esquema de trabajo era el de Anuies, la principal agrupación de directivos de instituciones de educación superior en el país, y otra la de la Secretaría de Educación Pública.

 

La Anuies, desde fines de los años sesenta y de forma más sistemática desde 1972, comenzó a publicar sus anuarios estadísticos. Una de las fuentes de información más relevantes en el campo de la educación superior. Al inicio consideró seis áreas profesionales o de estudio: ciencias agropecuarias; ciencias de la salud; ciencias sociales y administrativas; ciencias naturales y exactas; educación y humanidades; e ingenierías y tecnologías.

 

El área de ciencias sociales y administrativas incluía una veintena de carreras, tales como administración, contaduría, derecho o sociología, pero también antropología, arqueología o psicología, por ejemplo. De hecho, sumaban casi un centenar las ramas de estudio de las carreras. Por ejemplo, para la licenciatura en administración eran 14 ramas, desde la administración de empresas hasta la administración del tiempo libre; la carrera de derecho consideraba cuatro ramas o denominaciones: abogado, licenciado en ciencias jurídicas, licenciado en criminología y licenciado en derecho.

 

En el año 2009 se constituyó el Comité Técnico Especializado de Información Educativa, organismo dependiente del Inegi, como parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) para tratar de estandarizar la producción estadística del terreno educativo. Al año siguiente presentó una versión preliminar de su “Clasificaciónmexicana de programas de estudio por campos de formación académica” y en el 2012 lo que sería la versión definitiva de esa clasificación.

 

El Comité planteó una nueva forma de clasificar las carreras universitarias. Por ejemplo, las áreas ya no fueron áreas de estudio ni de conocimiento ni profesionales, se les denominó “Campo de formación académica”. También quedó establecido que un campo era: “Un “ámbito de conocimiento (que puede ser teórico, práctico o ambos) que se enseña en un plan o programa de estudio”.

 

Lo relevante es que estableció que la unidad básica para clasificar en campos de formación académica sería el “programa de estudio” de las instituciones. Una decisión que volvió a modificar en el año 2016, para adoptar más bien la unidad de “plan de estudios”. Tal y como quedó planteado en el documento de ese año: Clasificación mexicana de planes de estudio por campos de formación académica 2016. Educación superior y media superior.

 

Además, si en la versión del 2012 había incrementado de seis a ocho el número campos, para el de 2016 ya sumaban 10 campos amplios, precisamente porque reorganizaron las ciencias sociales y administrativas y se añadieron las TIC. La clasificación actual y que a la fecha permanece es: 1) educación; 2) artes y humanidades; 3) ciencias sociales y derecho; 4) administración y negocios; 5) ciencias naturales, matemáticas y estadística; 6)Tecnologías de la información y la comunicación; 7) ingeniería, manufactura y construcción; 8) agronomía y veterinaria; 9) salud; y 10) servicios.

 

A los campos amplios, les sigue un campo específico, luego uno detallado e incluso un último, particularmente para el campo de la salud, llamado “unitario”. El campo 3, el de las ciencias sociales y derecho, quedó desdoblado en tres campos específicos: a) ciencias sociales y estudios del comportamiento; b) ciencias de la información; y c) derecho y criminología. Después cada un tiene sus campos detallados, en total suman una decena. Derecho tiene dos campos detallados: i) derecho y ii) criminología y criminalística.

 

En fin, no parece sencillo seguir la desagregación de los campos hasta llegar a los planes de estudio, pero resulta ilustrativo no solamente de la complejidad de la tarea de recopilación de la estadística educativa nacional, también de las modificaciones de las profesiones que reflejan la dinámica y avance del conocimiento.

 

Los planes de estudio de la licenciatura en derecho, sin embargo, han permanecido relativamente estables. Restaría por ver los números de otros indicadores, como el de instituciones públicas y privadas, la matrícula por sexo y por entidad federativa, el patrón de reconocimiento de validez oficial de estudios, la evaluación y acreditación de los programas de estudio, entre otros factores.

 

Pie de página: Ahí viene el “Código de conducta” del Conahcyt, el documento está fechado en julio de 2023, pero apenas el pasado 15 de enero apareció en la página de la Conamer.// En Argentina, los directivos de los centros del Conicet, se manfiestan, en desplegado público, en contra de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno. Aquí lo puede ver: t.ly/07_Ya

Abogados: antiguos y nuevos profesionales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1028. Enero 18, 2024. Pág. 4)

 

Tal vez ahora, por las dudas recurrentes sobre la probidad y credenciales académicas de personalidades del sistema judicial, se ha reparado en la formación de los licenciados en derecho. El tema es de interés público, pero no es una novedad.

 

La información del segundo trimestre del año 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró que, de los 11 millones de profesionistas ocupados en México, tres áreas de especialidad eran las de mayor volumen de ocupación: administración y gestión de empresas; derecho; y contabilidad y fiscalización.

 

A su vez, los datos del INEGI de 1990 (Atlas de los profesionistas en México), indicaban que, en ese entonces, había casi 1 millón 900 mil profesionistas y 56 por ciento del total se concentraba en una decena de profesiones. El primer lugar lo ocupaba contaduría, después medicina y en tercer lugar derecho.

 

En realidad, el área de las ciencias sociales y administrativas, desde hace décadas, y casi las mimas profesiones, han estado a la cabeza de la lista. Una parte de la explicación tiene que ver con la transformación, cada vez más acelerada, de su campo de desempeño, pero otra parte está en el desarrollo histórico de las profesiones y en la instauración de las instituciones educativas encargadas de su enseñanza.

 

Los abogados, esos profesionales del derecho, la defensa en los tribunales y la aplicación de la ley, se han desenvuelto con naturalidad en el poder judicial, uno de los ámbitos que requiere un conocimiento del sistema jurídico y dominio sobre la problemática de la procuración de justicia, pero no se han limitado al terreno judicial.

 

Desde el inicio del siglo XX, en la época prerrevolucionaria, era notable la proporción de abogados en el nivel superior de la élite. Según los niveles de ocupación de esas élites, documentados por Peter H. Smith (citado en Arce Gurza, Francisco, et al. Historia de las profesiones en México), los abogados tenían una participación relativa de 44.4 por ciento, la mayor proporción; le seguían en proporción los maestros de escuela y los profesores universitarios. El dominio de los abogados en la política y la burocracia continuó, no fue así con otras profesiones.

 

La influencia de los abogados se extiende a diversos ámbitos, porque también se han desempeñado y desempeñan con soltura en el poder legislativo, en la administración pública federal, así como en los sectores privado y social. A menudo, incluso, sin mayor regulación, combinando su labor en varias esferas, el borde o en un claro conflicto de interés.

 

No por nada en el mundo de la política y de la vida pública, casi quedó reservado el título de “licenciado” para referirse a los abogados, con independencia de los grados académicos que acumularan o de que el título de licenciatura fuera el mismo para otras especialidades profesionales. No todo es reconocimiento social, a muchos abogados se les llama leguleyos, para hacer notar su formación improvisada, sus trapacerías y descrédito.

 

Según los anuarios estadísticos de la Anuies, en 1970 había 209 mil estudiantes de licenciatura en las instituciones de educación superior en México. De ese total: el 41 por ciento estaba matriculado en alguna carrera de las ciencias sociales y administrativas; otro 32 por ciento en ingenierías y tecnologías; un 19 por ciento en ciencias de la salud; luego, con porcentajes de tres por ciento o menos, estaban otras tres áreas.

 

En el ciclo escolar 2022-2023, la matrícula se ha incrementado de forma notable, suman 4.5 millones de alumnos en la licenciatura universitaria y tecnológica (modalidad escolarizada y no escolarizada). Las áreas de especialidad (campos amplios de formación) se han ajustado, ahora un área la integra administración y negocios con una matrícula de 989 mil alumnos y otra es la de ciencias sociales y derecho con 832 mil alumnos. Si se suman ambas áreas representan el 40 por ciento del total.

 

Si únicamente se considera la licenciatura en derecho y criminología, en total suman 432 mil alumnos. O sea, la carrera concentra el 9.6 por ciento de la matrícula total del nivel. La proporción es alta, aunque agregada no es muy ilustrativa.

 

Actualmente el sistema de educación superior, respecto de hace cincuenta años, es muy otro. Los campos profesionales se han diversificado, tanto como las habilidades y paquetes de conocimiento necesarios para el ejercicio profesional. Lo mismo ocurrió con el servicio público y el perfil de sus cuadros profesionales. No obstante, es de notar la persistente concentración de las preferencias vocacionales.

 

Vale la pena aproximarse con mayor detalle a lo que ocurre en las instituciones formadoras de los profesionales y el comportamiento del mercado profesional. Por ejemplo, en el caso de los abogados, a los esquemas de regulación, a la enorme cantidad de programas e instituciones que ofrecen esos estudios, las modalidades educativas que se han ensayado, o bien, a la brecha de prestigios entre instituciones públicas y privadas o a los mecanismos de reconocimiento de validez oficial de estudios. Allá iremos.

 

Pie de página: Nuevamente, la manifestación de inconformidad llega a las puertas del Conahcyt, ahora por la demora en el pago de becas a los posdoc.

Los abogados y las especialidades del presidente

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 988. Marzo 16, 2023)

 

La pregunta no era sobre la licenciatura en derecho en México ni sobre la UNAM. No obstante, el presidente López Obrador, en su respuesta, delimitó lo que sobra y lo que falta en ambos casos. La situación es diferente a lo que mencionó hace un par de años sobre los médicos, pero podría derivarse algo parecido.

 

El pasado 8 de marzo, el Día internacional de la mujer, en el escenario de la habitual conferencia de prensa del presidente López Obrador, cuando ya estaba por concluir, el ejecutivo federal dio espacio a una última pregunta de una mujer. Intervino Janeth Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa.

 

La reportera dijo: “¿Cuál sería el legado que le deja a las mujeres en nivel… el legado político?” y enseguida, entre la búsqueda de una confirmación del presidente y algo parecido a una interrogación, añadió que ha trascendido que será una mujer la que encabezará al grupo de conductores del Tren Maya y finalizó con un “Y si México está preparado para una presidenta”.

 

El ejecutivo federal, como también es usual, aunque ya estaba al límite de tiempo, se la tomó con calma y respondió que México sí está preparado para la democracia, confirmó que será una mujer la que conducirá el primer Tren Maya y reiteró que las mujeres seguirán siendo mayoría en su gobierno.

 

Y para finalizar, sin venir al caso, dijo el presidente: “Vámonos al fondo de los problemas, vámonos a lo estructural, hablábamos del Poder Judicial, de lo difícil que es la reforma, porque no es nada más tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles, magistrados, ministros; es también cómo se forman en las escuelas de derecho los abogados, cómo los forman” (versión estenográfica. 08.03.2023).

 

Todavía no quedaba claro cuál era ese fondo del problema, así que López Obrador añadió: “Imagínense, en el periodo neoliberal prácticamente desapareció el derecho constitucional, desapareció el derecho laboral, sin duda desapareció el derecho agrario” Él mismo se preguntó: “¿qué predominó? y también se respondió de forma contundente: “El derecho fiscal, penal”.

 

La referencia seguía sin estar clara, así que el presidente nuevamente preguntó: “¿Ustedes creen que en una escuela como en el ITAM les enseñaban o les enseñan sobre derecho público, sobre la importancia que tiene el mantener instituciones públicas, sobre la importancia de defender el derecho de los trabajadores, sobre la importancia de los sindicatos, sobre la importancia de los derechos sociales, de la defensa de la tierra, de la defensa del ejido?”

Y volvió a responder él mismo: “No. Hay que revisar esos planes de estudios, porque alejaron a los estudiantes de las preocupaciones, de las demandas, de las necesidades del pueblo, y los formaron sólo para defender los intereses de las cúpulas”.

 

De ahí siguió, otra vez sin venir al caso, la referencia a la UNAM. Porque el ejecutivo federal mencionó que el anterior director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM --se refería a Pedro Salazar--, estudió en el ITAM y en el extranjero, pero no se formó en la UNAM y, sin embargo, ocupó la titularidad de uno de sus institutos.

 

Ya en la misma vía, el presidente sumó a la actual directora del mismo Instituto –ahora se refería a Mónica Gónzalez. Así que, añadió López Obrador, “estamos hablando de dos periodos consecutivos” de un Instituto de la UNAM. Y finalizó con tono irónico: “¿Dónde quedaron los alumnos de Carpizo?”

 

Quizás las referencias del presidente, para algunos de los asistentes a la conferencia, no hacían mucho sentido. Así que, a pesar de que ya estaba apurado por el tiempo, aclaró: “Lo hago para llamar la atención sobre cómo tiene que llevarse a cabo una reforma en el Poder Judicial, pero también se trata de ir reformando nuestra alma mater”.

 

La conferencia casi concluye, pero alguien mencionó la autonomía de la UNAM y el presidente, cuando estaba por marcharse, rápidamente reviró: “¿entonces no puedo hablar yo de la UNAM?” Y una vez más se responde a sí mismo: “No, claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad. O sea, somos libres”. Ahí acabó la conferencia.

 

En fin, aunque solamente es el fragmento final de una conferencia de prensa del presidente, ilustra la cotidianidad de sus encuentros con la prensa, salvo días excepcionales como el de la participación de Nayeli Roldán el pasado 10 de marzo.

 

Tal vez lo de menos es que el propio presidente se interroga y se responde a sí mismo o su manejo de la agenda de temas, o bien, sus decisiones sobre quién entra y puede o no preguntar en sus conferencias. Quizás de mayor importancia es que las palabras del presidente son los verdaderos programas sectoriales de su administración; son instrucciones para su gabinete.

 

Las palabras del presidente se convierten en políticas públicas. El caso de los médicos es un ejemplo, porque en 2019 dijo que visitó hospitales y hacían falta médicos, así que habría un censo para precisar cuántos se necesitaban. Primero dijeron que hacían falta médicos generales, luego que más bien especialistas. Ni entonces ni ahora se presentó ningún censo ni diagnóstico, pero se mencionaron distintas cifras que llevaron a la conclusión de médicos faltantes.

 

Así que la instrucción fue poner en marcha, en nuevas instituciones, carreras de medicina con una orientación específica. A la par, fueron contratados profesionales de medicina de Cuba y un volumen de becas del Conacyt fueron canalizadas para estudios de posgrado en el extranjero a determinadas especialidades y solamente en ciertos países.

 

Las iniciativas sobre los médicos se cruzaron con la desaparición del Seguro Popular, la instauración del Insabi y la crisis de la pandemia del coronavirus, aunque públicamente, salvo lo que decía el presidente en sus conferencias, nunca se presentaron los datos que justificaran las decisiones.

 

La situación es distinta con el tema de los abogados, pero también forma parte de un sistema de interés público y de múltiples instituciones educativas. Por ejemplo, la abogacía es la profesión clave en la procuración de justicia, en la organización del poder judicial y en el subsistema de educación superior. También es la especialidad que está en las aspiraciones de cientos de miles de jóvenes y es la carrera con mayor matrícula en el sistema de educación superior.

 

En México, en el ciclo escolar anterior, estaban matriculados en derecho 366 mil jóvenes, más del doble que los inscritos en medicina general. La UNAM, la institución a la que se refirió el presidente, con poco más de 27 mil, tiene el mayor volumen de matrícula de las instituciones de educación superior.

 

Entonces, aunque el contexto es distinto, el riesgo es que, una vez más, en el caso de los abogados, se lleguen a conclusiones apresuradas y a tomar decisiones sin justificación ni fundamento. Esperemos que no.

 

Pie de página: Y ahora viene la solicitud presidencial a médicos y científicos para sustituir al fentanilo, se acumula a la de glifosato, transgénicos, una red social, la vacuna y las que siguen. // Las comisiones unidas de diputados resolvieron que el 12 de abril quedará aprobada la ley general de ciencia, con independencia de los pronunciamientos de la comunidad científica y de lo que ocurra en las reuniones de parlamento abierto. Pendientes.