Los 40 años del SNI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1052. Julio 11, 2024)

 

En este mes de julio se cumplen 40 años de la publicación del acuerdo de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Un programa que, en aquel entonces, los duros años de la década perdida, parecía provisional, transitorio, dirigido a mejorar las percepciones económicas de los científicos.

 

El supuesto era que, sin aumentos generalizados de salario, la iniciativa permitiría retener al personal de alto nivel y evitar la fuga de cerebros. Sin embargo, el SNI no solamente permanece hasta el día de hoy, también quedó incorporado a las prácticas y vida rutinaria de la comunidad científica.

 

A pesar de que el programa se ha transformado a lo largo del tiempo, conserva el principio de evaluación del desempeño individual y otorga incentivos adicionales conforme cuatro diferentes categorías. Pero, ¿cuánto más se prolongará y cuánto más crecerá?

 

A la primera convocatoria del entonces nuevo programa se presentaron poco más tres mil investigadores y solamente fueron admitidos 1,650. Del total de aceptados: 25 por ciento en la categoría de candidatos; 53 por ciento como investigadores nivel 1; 14 por ciento en el nivel 2; y seis por ciento en el nivel 3. La base estaba en los investigadores nivel 1 y la cúspide en el nivel 3.

 

Por cierto, el programa, al inicio, solamente era para investigadores de tiempo completo y del sector público. Luego, en 1988, en la segunda reforma del SNI, el programa se abrió a los investigadores del sector privado, aunque la bolsa de recursos para esos investigadores provenía de las propias instituciones particulares. Algo similar a lo que ocurrió en el actual periodo de gobierno

 

En fin, en otra entrega abordaremos el tema público-privado de los programas en el sector, por ahora, retornemos a los números actuales del SNI. Los resultados de la convocatoria más reciente se dieron a conocer el pasado 5 de julio y no cabe duda de que el programa se ha expandido.

 

El volumen de rechazo de la convocatoria del 2024 del SNI no se conoce, apenas se publicaron los resultados la semana pasada y seguramente las cifras todavía no son definitivas. Sin embargo, cada año intentan ingresar alrededor de tres mil nuevas personas y otras diez mil buscan permanecer en el sistema. Un volumen que expresa las diferencias respecto de hace cuatro décadas.

 

Las cifras del programa para el año 2023 muestran que está integrado por 41 mil 330 personas. Es decir, entre los años 1984 y 2023, en promedio, se han sumado cada año poco más mil personas. Sin embargo, los promedios esconden las diferencias. Durante la primera década, el programa creció muy poco, se incorporaban entre 200 y 300 investigadores anualmente.

 

El crecimiento se aceleró a partir de los años 2000. Ahí comenzaron a añadirse alrededor de dos mil personas cada año y la cifra va en ascenso. La tendencia del programa en el actual periodo de gobierno ha sido más bien inestable y con altibajos. Por ejemplo, disminuyó entre el año 2020 y el 2021, pero al año siguiente se sumaron casi cinco mil personas más. Seguramente se debió a los reiterados y confusos cambios a la normatividad.

 

Lo sorprendente es que en estos 40 años, aunque el crecimiento de integrantes ha sido notable, las proporciones por categoría se han mantenido. Al igual que en 1984, poco más de la mitad del total de investigadores están en el nivel 1, alrededor de la cuarta parte son candidatos y un seis por ciento en el nivel 3.

 

Por cierto, al inicio del programa no había eméritos y ahora es una de las categorías que más ha crecido. Particularmente, en este periodo, algunas de las distinciones más altas recibidas por personajes públicos han sido sumamente polémicas. Recuérdese el caso del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, o el más reciente de Antonio Romero Tellaeche, el director del Cide.

 

La presión sobre los recursos financieros también ha sido creciente. Las reformas más recientes a la normatividad del programa, como la eliminación de incentivos a investigadores del sector privado, el alargamiento de los periodos de evaluación o la prelación para otorgar incentivos, están dirigidas a contener su crecimiento y ralentizar el ascenso en sus diferentes categorías (Campus No. 967).

 

Hasta el año 2021, el presupuesto del programa se había mantenido en alrededor de los cinco mil millones de pesos. Sin embargo, cada año los recursos financieros han ido al alza. Para el año 2022 el financiamiento del programa sumó 7 mil 278 millones de pesos, para el año siguiente fueron 8 mil 97 millones de pesos y para este año llegó a los 8 mil 488 millones de pesos. Esta última cifra es cerca de una tercera parte del presupuesto que ejerce centralmente el Conacyt.

 

En fin, el cuarentón SNI tuvo modificaciones importantes en el actual periodo de gobierno, la mayoría desafortunadas, pero el principio que lo motivó quedó de la misma forma. El asunto es si el próximo gobierno lo dejará como está, se propone un cambio sobre la base de lo que se hizo o propondrá algo nuevo.

 

En cualquier caso, no será sencillo, porque el programa es una pieza clave y sensible en el engranaje del mecanismo del sistema científico y tecnológico. Ya veremos.

 

Pie de página: No hubo alfombra roja en el nombramiento del próximo titular de la Secretaría de Educación Pública.

Becas de posgrado y SNI: ¡es Hacienda… y Conahcyt!

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 1012. Septiembre 14, 2023. Pág. 4)

El error de Ana Elizabeth García Vilchis, la conductora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, es lo de menos. Dijo que eran 13 millones de pesos el presupuesto para becas de posgrado y son 13 mil millones (06.09.2023). Lo preocupante es que ahora, rotunda y normativamente, las decisiones sobre el sector científico y tecnológico se trasladan a Hacienda. Al menos eso ocurrirá en lo que corresponde a becas de posgrado y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Sí es relevante saber si hoy se otorgan más o menos becas, pero eso tampoco es una novedad. La polémica sobre cuántas becas de posgrado entrega esta administración comenzó desde el primer año y la polémica sigue hasta hoy.

 

Pero ¿han disminuido o no las becas de posgrado en este periodo? En números gruesos sí. Según el informe de gobierno más reciente, en el último año del gobierno de Peña Nieto se otorgaron 55 mil 962 becas: 52 mil 649 nacionales y 3 mil 313 para el extranjero. Mientras que en este año se entregaron 54 mil 928: 53 mil 350 nacionales y 1 mil 578 para el extranjero.

 

O sea, en total, entre el 2018 y el 2023, la disminución es de poco más de un millar de becas, aunque se incrementaron ligeramente las becas nacionales y cayeron a la mitad las becas al extranjero. En una próxima entrega entraremos a los detalles, para diferenciar montos, tipos de becas y periodos. Por ahora tomemos nota de que hoy se entregan menos becas y la demanda potencial es mayor.

 

¿Qué hay de nuevo en la problemática de becas y SNI? La Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico para el año próximo al Congreso el pasado 8 de septiembre y ahí, en el segundo párrafo del artículo 38 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo, viene la franca restricción para el Conahcyt.

 

El párrafo advierte que si el Consejo quiere cumplir con su programa de becas de posgrado o incentivos a la calidad del SNI: “previo a incrementar el número de población objetivo elegible de los programas antes referidos, el Consejo deberá obtener el dictamen de suficiencia presupuestaria que emita la Secretaría” (PPEF 2024, pág. 57). Esto, en pocas palabras, quiere decir que antes de aumentar o prometer más apoyos, primero tiene que consultar a Hacienda si contará con el presupuesto para hacerlo. Nada más y nada menos.

 

Ninguno de los proyectos de presupuesto anteriores había hecho tal advertencia, con todas sus letras, a dependencia alguna. Los responsables de todas las secretarías saben, desde siempre, que la primera persona a la que deben dirigirse para tener mayores recursos financieros es al presidente de la República. Pero también saben que la otra persona imprescindible es el titular de la Secretaría de Hacienda. Incluso, este último puede ser más importante y el único al que hay que persuadir. Los rectores y directores de los centros públicos de investigación conocen bien ese camino.

 

Lo nuevo es que hoy, en el caso de las becas de posgrado e incentivos para el SNI, está por escrito y forma parte de la ley del PPEF. Así que el techo para un mayor volumen de becas no radica en la directora del Conahcyt, en las comisiones dictaminadoras, en la Junta de Gobierno del organismo o en los meritos de los demandantes. La decisión es de Hacienda.

 

Los diputados son los que aprueban la ley del PPEF, podrían cambiar esa norma y a menudo modifican los números, los responsables de las universidades también se saben ese camino y siempre tocan a la puerta. Pero en esta legislatura hemos visto su actuación y no cabría esperar mucho.

 

¿Tiene responsabilidad el Conahcyt en estar supeditado a Hacienda? El programa del sector se denomina especial y se supone que lo es porque se trata de una prioridad nacional. Sin embargo, no lo parece y nunca se logró alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB en materia de financiamiento; ni en esta gestión ni en las anteriores. Todavía peor, en este periodo desaparecieron los fideicomisos y aunque la directora del organismo había dicho que se conservaría al menos uno, todos se eliminaron y los recursos desaparecieron. Sí hay responsabilidad, por omisión o comisión.

 

Así que aquellos jóvenes preocupados porque su programa de posgrado no recibirá beca o esos otros que se pregunten por qué no pudieron ingresar al SNI, podrían comenzar por ver la distribución y concentración del prespuesto público que se propone para el año próximo. Y sí, enlistar en primer lugar la responsabilidad de Hacienda, pero no es la única ni la principal.

 

Pie de página: El gobierno federal propone para el año próximo un presupuesto para Conahcyt casi idéntico, en términos reales, al de este año. La ley general de ciencia vigente ya no plantea alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB en materia de financiamiento. Ahora solamente precisa que proveerá los recursos “conforme al principio constitucional de progresividad y no regresividad”. El problema, lo dijimos aquí antes de que se aprobara la norma es que: “ese principio en materia de financiamiento no necesariamente garantiza que habrá una mayor inversión, porque sostener el mismo nivel de gasto resulta suficiente para cumplirlo” (Campus Milenio No. 992). ¡Qué conste!

El sector: narrativa larga y cifras cortas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1010. Agosto 31, 2023. Pág. 4)

 

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) opera con un defícit anual cercano a los dos mil millones de pesos y el Conahcyt enfrenta casi 700 juicios de amparo en su contra. Primera noticia. Son datos divulgados a través del Sistema Público de Radiodifusión (SPR). O sea, se trata de datos oficiales.

 

La situación es paradójica: tenemos información desbordada sobre las decisiones en el campo cientifico y tecnológico, pero conocemos poco, muy poco, acerca de lo que realmente está ocurriendo. Al menos no lo sabemos de forma precisa ni sistemática. La información oficial sobre la política científica reitera una y otra vez una extensa narrativa sobre aquello que ha combatido a lo largo de casi cinco años.

 

Sin embargo, a la hora de fincar responsabilidades, precisar casos, definir montos, desagregar procesos y mostrar los datos duros, sus coordenadas se pierden en esa narrativa épica y repetitiva de hazañas y números grandes. Por la misma razón resulta aleccionadora la reciente información que apareció en una nota de Ricardo Balderas en el sitio electrónico del SPR (22.08.2023).

 

El Sistema Público de Radiodifusión es un organismo descentralizado de la Adminsitración Pública Federal, instaurado desde el sexenio anterior, en julio del 2014, con el fin de difundir “información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional” (DOF 14.07.2014). Ahora, la titularidad del organismo la ocupa el periodista Jenaro Villamil.

 

Según la nota de Balderas en SPR, con datos obtenidos “vía Acceso a la Información”, el Conahcyt, al suspender el pago del SNI a 2 mil 16 investigadores de instituciones privadas, se ahorra 503 millones de pesos (en cifras redondas). No obstante, dice la misma nota, “se estima que anualmente existe un déficit de $1,862,572,073 (mil ochocientos sesenta y dos millones quinientos setenta y dos mil setenta y tres pesos 00/100m.n.)”, aunque, aclara, el monto no es preciso.

 

Los datos reveladores son el número de investigadores del sector privado, los 503 millones de pesos que les destinaba el programa del SNI y el déficit que arrastra el programa La nota de SPR no precisa el año de las cifras, pero cabría suponer que son del 2022 o incluso de este mismo año.

 

El caso es que las últimas cifras oficiales que se conocieron de investigadores del sector privado, las mostró el propio Conacyt –todavía se llamaba así--, a mediados del año 2021, cuando justificó ante la Conamer la eliminación del incentivo para ese sector. ¿Lo recuerda?

 

En aquella justificación, el organismo precisó que en el año 2020 los investigadores de universidades privadas sumaban 1,632, o sea representaban el 4.9 por ciento del total del SNI. Además, en sus proyecciones de ese año, indicaba que los nuevos ingresos estaba entre 128 y 180 investigadores del sector privado; calculaba que el presupuesto para otorgarles incentivos era de 124 millones 954 mil pesos (Conamer 05.04.2021).

 

Las cifras, como se podrá advertir, no son las mismas. Es cierto que dos o tres años después los números no pueden ser idénticos; el número de investigadores y prespuesto va al alza. Sin embargo, no deja de sorprender que hace dos años el ahorro por suprimir el pago a investigadores del sector privado era de 125 millones y hoy es de 500 millones de pesos, o sea se cuadruplicó. Poco, muy poco creíble. La falla está en una u otra información.

 

El otro dato revelador de la nota de SPR es el déficit del SNI: 1,863 millones de pesos. La cantidad es casi una cuarta parte del presupuesto actual de ese programa. Si el dato es correcto, mostraría por qué la autoridad ha intentado contener la expansión del programa.

 

También sorprende el número de amparos en contra del Conahcyt. La nota señala que suman 683 juicios de amparo y de ese total, 442 fueron promovidos por 1 mil 256 personas en contra del reglamento del SNI del 2021 (DOF. 20.04.2021); los restantes 241 amparos son en contra del reglamento del SNI del año pasado (DOF. 10.08.2022). En este último se ratificó la eliminación de investigadores de universidades particualres y se alargó el plazo para alcanzar el máximo nivel en el programa. Cifras y números que tampoco se conocían.

 

En fin, el caso es que al día siguiente de la nota de SPR, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió un largo comunicado titulado “Oligarquía académica y política quieren invalidar nueva ley Conahcyt para mantener privilegios” (22.08.2023). Nuevamente apareció la narrativa larga, el invernadero de cifras grandes y sucesos de hace más de una década para justificar la importancia de la nueva ley general de ciencia. Sin embargo, no estaba ninguna cifra precisa, actual y relevante.

 

La narrativa del sector está más que difundida, pero lo elemental y más importante sería la oportunidad, precisión y transparencia de las cifras. La ley vigente dice que cada año el Consejo Nacional debe emitir un informe general del estado del sector (Articulo 63 fracción XXVII), aunque el más reciente es del año 2020.

 

Pie de página. En avances deslumbrantes: India y Japón se van a la luna. // La sucesión en la UNAM sigue su marcha.// Ya está el 5to Informe de Gobierno, el penúltimo del periodo. Atentos.