Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99.bsky.social
(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1094. Junio 12, 2025)
Los párrafos siguientes forman parte de la introducción del libro: Canales Sánchez, A. (coord.) (2025) “La política científica y tecnológica en el periodo 2018-2024. Los saldos de la transformación”. PUEES-UNAM. 283 pp.
En la obra participan: Andrés Agoitia, Claudia Díaz, Alejandro Márquez, Tomás Maya, Rosalba Ramírez, David Ríos, Brenda Valderrama y Judith Zubieta. El libro fue presentado el pasado 6 de junio y participaron en la presentación Gabriela Dutrénit, Julia Tagüeña y Roberto Rodríguez.
Las expectativas que se generan en cada nuevo periodo de gobierno son heterogéneas. Qué se propone, cómo piensa ponerlo en marcha y, al final, cuánto se logró, son las interrogantes que aparecen cíclicamente en cada sexenio. Este libro, auspiciado por el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, se ocupa de examinar las políticas científicas y tecnológicas, como una de las áreas de actuación gubernamental en el periodo 2018-2024. Es un esfuerzo colectivo realizado por personas con preocupaciones académicas en común sobre el sector. Las diferentes líneas o programas más sobresalientes se documentan en los distintos capítulos; la finalidad es mostrar los elementos analíticos necesarios, el desarrollo de cada política y ofrecer al eventual lector las evidencias de cada caso para integrar un balance ponderado. Sin embargo, es difícil entender algunos de los elementos clave del sector sin remitirse al marco político más amplio en el que se desenvolvieron los acontecimientos
Tal parece que el interés por conocer qué prometen los gobernantes y los resultados que obtienen se ha incrementado a partir de la alternancia política del año 2000. A partir de esa fecha, después de dos sexenios sucesivos de gobierno del Partido Acción Nacional (pan) y uno más de retorno del Partido Revolucionario Institucional (pri), una coalición de partidos encabezada por una nueva fuerza política ganó las elecciones federales en el 2018. La nueva agrupación política apenas había sido fundada como asociación civil en el 2011 como Movimiento de Regeneración Nacional (morena) por el político Andrés Manuel López Obrador (amlo). Tres años después obtuvo su registro como partido político, confirmando la postulación de amlo como su candidato presidencial obteniendo, a su vez, el mayor volumen de votos en comparación con el total de partidos participantes en los comicios. La fuerza política era novedosa, pero su candidato triunfador era la tercera ocasión que competía en unas elecciones presidenciales. Los factores asociados al proceso electoral y la trayectoria política de amlo no hicieron más que elevar las expectativas sobre su desempeño como presidente, después de todo ya había ocupado la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y había expresado sus posiciones en las contiendas electorales previas, pero estaba por comprobarse su ejercicio en la presidencia y cuáles propuestas de campaña se harían efectivas durante el periodo de gobierno.
Lo paradójico es que amlo, todavía como candidato, también anticipó los nombres de las personas que lo acompañarían en las tareas de gobierno si triunfaba en las elecciones […]López Obrador dio a conocer, medio año antes de las elecciones, los nombres de las 16 personas y las respectivas secretarías que ocuparían en su eventual gabinete legal. La persona que estaría al frente del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) no estuvo dentro de esos primeros nombramientos, seguramente porque el organismo no forma parte de la primera línea de gestión, es una entidad paraestatal y pertenece a lo que se conoce como gabinete ampliado en la administración pública. Sin embargo, antes de la jornada electoral, en ocasión de la temática del tercer y último debate por la presidencia, amlo anunció que María Elena Álvarez-Buylla sería la persona titular del organismo, si él ganaba las elecciones. Una científica del área de la biotecnología que había recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el año 2017. Así que la situación era peculiar: había elementos para prever cómo sería el periodo de gobierno y, al mismo tiempo, una relativa incertidumbre sobre el desenvolvimiento que mostrarían en el ejercicio de gobierno.
Una vez declarado presidente electo, López Obrador desplegó múltiples iniciativas antes de arrancar propiamente con su sexenio el 1 de diciembre del 2018. […] De modo que la transición de gobierno del 2018 fue de julio al último día de noviembre y, ese periodo, que gobiernos anteriores habían utilizado para integrar su gabinete, AMLO lo destinó a reunirse con algunos de los actores sociales clave de la vida pública, trazar sus planes de gobierno y anticipar medidas. Por ejemplo, entre muchos otros, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para comunicarles que había confianza en el país, que se proponía realizar una transformación del país y la haría a través de la concordia. Incluso les expresó que si bien su gobierno había logrado mayoría en el Congreso, no habría prepotencia y añadió la frase que se reiteraría en el periodo: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. También sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad académica y científica encabezados por el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), Enrique Graue, en cuyo foro recibió un documento de propuestas y prometió que nunca tendrían un “presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto” (AMLO. 22.08.218).
Quizás el primer anuncio de López Obrador en el periodo de transición que generó mayor expectativa fue su intención de poner en marcha una política de combate a la corrupción y de austeridad en la administración pública. En su momento, su recepción se dio con cierto escepticismo y preocupación, porque parecía difícil que todos sus componentes se pudieran implementar en la intrincada y voluminosa estructura administrativa de las dependencias. Posteriormente se constataría que habría nuevas reglamentaciones y tendría un fuerte impacto en el servicio público. El presidente electo, 15 días después de los resultados electorales, presentó medio centenar de medidas dirigidas a frenar la corrupción y racionalizar el gasto público (AMLO. 14.08.2018). Algunas de las más destacadas incluían la suspensión de fueros y privilegios para los funcionarios públicos, como la reclasificación del tipo de delitos para ser juzgados, la disminución del sueldo del presidente –a la mitad de lo que recibía el antecesor– y de altos funcionarios, limitación de viáticos al mínimo, extinción de la partida presupuestal para gastos médicos privados, así como la destinada a la compra de vehículos nuevos o de equipos de cómputo en el primer año de gobierno, entre otras tantas medidas. También incluyó restricciones de viajes al extranjero, la cancelación de los fideicomisos, la reducción de 70 % del personal de confianza, la cancelación de pensiones a los expresidentes de la república, la reducción de 50 % en el gasto publicitario del gobierno o la exclusiva disposición de choferes para secretarios y subsecretarios. Tal vez, en previsión de la inquietud generada por el alcance de las medidas, el entonces presidente virtual solicitó comprensión y previno: “no engañé a nadie, en la campaña planteé todo esto, en las plazas públicas, no me estoy sacando nada debajo de la manga”. […]
Entonces, el titular del poder ejecutivo federal había anticipado cuál sería su equipo de gobierno, qué se proponía lograr y cuáles serían los principales ejes de su gestión, únicamente faltaba conocer cómo se desempeñaría en el ejercicio de gobierno y qué políticas adoptaría en el terreno de la actividad científica y tecnológica. […]
En el libro se da cuenta del desenvolvimiento puntual de las iniciativas más emblemáticas del sector y, a la par, se busca un balance equilibrado de lo que ocurrió en el periodo.
