El futuro del empleo: ¿volteamos para otro lado?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsk.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1114. Noviembre 6, 2025, pág. 4)

 

Las cifras sobre el empleo formal en México parecen sobresalientes y suenan halagadoras. El director del Seguro Social, Zoé Robledo (ZR), las pronunció en el escaparate con resonancia nacional: la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).

 

Sin embargo, el empleo formal que destacó el funcionario es una parte --y ciertamente no la mayor-- de las cifras totales. Todavía menos sobre lo que será el empleo de la población económicamente activa (PEA), ya no digamos en el futuro, sino en el corto plazo. Veamos.

 

El pasado 3 de noviembre CSP invitó a Robledo para que mostrara los datos más recientes sobre el empleo en México. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anotó media docena de cifras que trazan un camino prometedor.

 

Por ejemplo, entre otros aspectos, resaltó el crecimiento del empleo formal: 22 millones 639 mil 50 puestos de trabajo y el 87 por ciento son puestos permanentes, al cierre del pasado mes de octubre. Y en lo que va de este año --agregó el funcionario--, se han generado 400 mil empleos. Una tasa de crecimiento de 1.8 por ciento.

 

La cifra alcanzada, precisó ZR, es la “más alta de toda la historia desde que se tiene registro, la anterior había sido la de noviembre del 2024” (Conferencia 03.11.2025). No obstante, en realidad, en comparación con el año pasado, para el mismo periodo que reporta el funcionario, se habían creado casi medio millón de plazas y la tasa de crecimiento fue de 2.3 por ciento. Así que…

 

Los números se ven bien y son prometedores. Sin embargo, como se sabe, las cifras del IMSS solamente representan un segmento del mercado laboral mexicano, y no es el de mayores proporciones. Ahí no están los servidores públicos que cotizan en otros sistemas, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños comerciantes, parcialmente el sector agrícola, las diferencias regionales o, muy importante, los trabajadores informales.

 

La semana pasada el Inegi presentó, como cada mes, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la fuente más importante para valorar el comportamiento del mercado laboral mexicano. Los indicadores son al cierre del mes de septiembre.

 

Uno de los datos más sobresalientes de la ENOE fue el tamaño del sector informal. Según la información reportada: “En septiembre de 2025, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 33.1 millones de personas y la tasa de informalidad laboral 1 (TIL1) se estableció en 54.9 por ciento de la población ocupada, porcentaje superior al 54.2 por ciento del noveno mes de 2024” (Boletín 569/25). Es decir, el sector informal es una porción mayoritaria y va en aumento.

 

Otro dato que vale la pena tener presente es el sector económico en el que se desempeña la población ocupada; la tendencia hacia la terciarización es pronunciada. De acuerdo con la misma encuesta, los servicios concentran el mayor volumen con 26.6 millones de personas (44.2 por ciento); le sigue el comercio con 12.1 millones (20 por ciento) y la industria manufacturera con 9.5 millones (15.8 por ciento), entre otros sectores.

 

Lo notable es que, en comparación con el mismo mes de septiembre del año pasado, mientras que sectores como el comercio, restaurantes y servicios siguen creciendo, la industria manufacturera tuvo números negativos: un descenso de casi 250 mil personas.

 

¿Por qué son importantes estas tendencias? Al inicio de este año, el Foro Económico Mundial publicó su reporte sobre el “Futuro del empleo” (WTF Future of Jobs Report, 2025), una encuesta a líderes empleadores a nivel global para examinar macrotendencias que tendrán un impacto en los empleos y las habilidades de la fuerza laboral para los próximos cinco años.

 

Por supuesto, entre las transformaciones que tendrán un impacto se cuentan las variables demográficas, como la disminución de las personas en edad de trabajar o el envejecimiento de la población. Pero también el cambio climático, las inocultables tensiones geopolíticas o, lo más relevante, el avance tecnológico.

 

La mayor transformación será la inteligencia artificial, el procesamiento de información, el almacenamiento de energía y la automatización, entre otras. Tales tendencias, se indica en el reporte, tendrán un efecto doble en los empleos: acelerarán unos y declinarán rápidamente otros. Las habilidades de mayor crecimiento serán las relacionadas con tecnología.

 

Una de sus estimaciones es que la creación y destrucción de empleos debidas a la transformación estructural del mercado laboral serán equivalentes al 22 por ciento de los empleos actuales. Desde luego, los cálculos serán variables por regiones y niveles de desarrollo económico.

 

Conviene no perder de vista las grandes tendencias, el comportamiento del mercado laboral nacional y, muy importante, cómo orientamos a nuestro sistema educativo. Sin embargo, tal parece que, por ahora, preferimos los números festivos.

 

Pie de página: Las disputas en los tribunales persisten y crecen en el sector científico y tecnológico. Así seguirán hasta que no se reforme la ley general. Esta última fue el peor legado del anterior Conahcyt a la nueva secretaría.

La ley y el retorno de becas para movilidad al extranjero

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1113.Octubre 30, 2025)

 

El marco fue la conferencia inaugural del Colegio Internacional de Graduados, un programa académico que tuvo lugar el pasado 21 de octubre en la UNAM, donde la subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, anotó que se habían reanudado las becas de movilidad internacional y les precisó a los asistentes: “Cuenten con la Secretaría para continuar con estos esfuerzos” (Boletín UNAM-DGCS-740).

 

La subsecretaria se refería al eventual apoyo que se dará a los esfuerzos de cooperación y movilidad que ya suman más de quince años entre la UNAM, El Colegio de México, el CIESAS y las universidades Libre de Berlín, Humboldt y Potsdam, de Alemania.

 

La recepción de la noticia fue muy bienvenida y el contraste no podía ser mayor con lo que ocurrió en la administración anterior. A partir del 2020, las cifras oficiales registran la drástica disminución de becas para movilidad al extranjero (CSP. Primer Informe de Gobierno, 2025).

 

Todavía en el 2019 sumaban poco más de 3 mil 440 becarios, al año siguiente solamente se otorgaron 22 apoyos, ninguno en los dos años siguientes y otros 24 en el año 2023. Nada más.

 

En este año, el pasado mes de junio, como lo dijo la subsecretaria Vázquez, la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti) emitió la convocatoria de becas para movilidad académica. De hecho, el plazo para ingresar las solicitudes cierra el próximo 7 de noviembre. Al parecer, la intención es reanudar la periodicidad de las convocatorias, puesto que la misma funcionaria anticipó que la próxima será publicada en marzo del año próximo.

 

La situación en el sector científico y tecnológico, como ocurre en otras áreas de la administración pública, es un tanto peculiar. A pesar de que la narrativa actual es de continuidad y consolidación de lo que se hizo en el periodo gubernamental anterior, lo cierto es que una buena parte de las acciones que estaban en marcha han sido modificadas de forma notoria, cuando no completamente revertidas.

 

El caso de las becas para movilidad al extranjero es un ejemplo. Seguramente, usted recuerda que al inicio de sexenio del expresidente López Obrador, cuando entró en vigor su memorándum de austeridad, todos los viajes al extranjero tenían que ser autorizados por el ejecutivo federal. La medida, en especial, incluyó a los Centros Públicos de Investigación (CPI) y repercutió en el volumen de becas para estudios en el extranjero.

 

En una de las conferencias de prensa del expresidente, a propósito de una pregunta sobre los criterios para otorgar becas para estudiar fuera de México, señaló: “Que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera el viaje, porque pues ahora se pueden hacer las cosas por Internet” (03.06.2019).

 

Todavía más, como punto final a los criterios que se podrían adoptar para las becas de movilidad, López Obrador añadió: “yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara”. Al año siguiente, como lo anotamos, prácticamente se suprimieron los apoyos: pasaron de más tres mil a una veintena de becas.

 

Ahora, todo parece indicar que se reanudará no solamente el apoyo para movilidad internacional, también se dará marcha atrás al mecanismo para el otorgamiento de las becas y a los lineamientos de organización del Sistema Nacional de Posgrado. Lo anotamos aquí mismo, en su oportunidad: la Secihti instauró un Comité de Becas y Posgrados desde el pasado mes de agosto (DOF. 20.08.2025).

 

El Comité es la máxima autoridad en materia de becas y está integrado por ocho funcionarios de la Secihti: siete personas titulares con voz y voto, y como invitado permanente el responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos con voz, pero sin voto. Las decisiones del Comité, establecen sus lineamientos, son inapelables e inobjetables.

 

Además, la semana pasada, la Secihti emitió los nuevos Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados (DOF. 21.10.2025). Una clasificación y una regulación diferente para el caos que imperaba en eso que no podía llamarse sistema. Lo revisaremos en una próxima entrega. 

 

En fin, no está nada mal enmendar las acciones fallidas y los inocultables errores. Sin embargo, también es evidente la divergencia entre las acciones del sector y el marco legal que debe ampararlas. Desde hace dos años la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGMHCTI) fue impugnada y el asunto sigue sin resolverse; ni la Corte anterior ni la nueva se han pronunciado.

 

Al cambio de gobierno, el anterior Conahcyt se convirtió en una nueva secretaría y la misma ley general, prevista para el organismo anterior, continúa sin reforma alguna. Así que las acciones en marcha tienen que adaptarse al marco normativo vigente o, en lo posible, modificar las normas secundarias.

 

Tal parece que la reforma a la ley general de ciencia es irrelevante. O bien, es una caja de pandora que nadie quiere tocar.

 

Pie de página: En la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) Plantel Chalco, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló: “Fíjense, para que el 55 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la universidad hacen falta un millón de espacios más; o sea, son 2 millones, entonces, para que todos los que desearan estudiar tuvieran esa posibilidad”. ¿Uno o dos millones? La cantidad correcta es la primera, pero…// Siguen apareciendo anomalías en la gestión de Álvarez-Buylla, la exdirectora del Conahcyt. En la cuenta pública del 2024, la Auditoría Superior de la Federación le solicitó aclarar casi tres millones de pesos del programa Investigadoras e Investigadores por México (Reforma 27.10.2025) //. Queda para el registro.

Centros Públicos de Investigación: la zozobra del naufragio

15.05.2019

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1112. Octubre 23, 2025, pág. 4)

 

Los Centros Públicos de Investigación (CPI), la veintena de instituciones coordinadas por el anterior Conacyt y ahora por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se inconforman por el incumplimiento con el pago de los incrementos salariales y las prestaciones correspondientes.

 

Las dificultades de los CPI se agudizaron desde el sexenio anterior y tal parece que los problemas van en aumento. A la fecha, cuando faltan poco más de dos meses para que concluya el año, las autoridades de esos centros no han cubierto los pagos de incremento para el personal; un dinero que debió depositarse desde el pasado mes de enero.

 

Normativamente, a diferencia de las universidades autónomas y la mayoría de instituciones de educación superior, los centros son entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Por lo tanto, están sujetos a las disposiciones regulatorias que operan para cualquier oficina gubernamental.

 

Seguramente usted recordará que, al inicio del sexenio pasado, como parte de las medidas de austeridad, el presidente López Obrador instruyó poner en marcha, en todas las dependencias gubernamentales, el congelamiento de plazas, el recorte de 30 por ciento en gastos de operación y la reducción a la mitad de viáticos y pasajes aéreos internacionales, entre otras medidas.

 

Incluso, las solicitudes de viaje al extranjero debían ser dirigidas al propio titular del Poder Ejecutivo Federal (Memorándum presidencial del 03.05.2019). Las medidas entraron en vigor en los CPI, a pesar de que miembros de esa comunidad, en carta pública, le solicitaron al presidente López Obrador que los eximiera de esas regulaciones (15.05.2019).

 

El quebranto para los CPI fue notable. Sin embargo, todavía más grave fue la eliminación de los fideicomisos públicos: trastocó la operación cotidiana y la planeación de crecimiento de los centros. A través de los fideicomisos manejaban los recursos autogenerados –alrededor de una tercera parte del presupuesto total de los CPI--, también preveían el ejercicio presupuestal para proyectos y no estaban limitados por el calendario del año fiscal.

 

Los fideicomisos públicos, como lo anotamos en este Acelerador de Partículas (Campus Milenio No. 768), eran de dos tipos: los que pertenecían a entidades paraestatales y los que no tenían estructura orgánica. Los primeros eran fiscalizados y rendían cuentas; los segundos no y se prestaban al ejercicio discrecional.

 

Desde que el ejecutivo federal planteó su eliminación, las cifras sobre los fideicomisos fueron cambiantes. Al inicio se anotaba que estos instrumentos financieros sumaban más de 300 e involucraban alrededor 800 mil millones de pesos. Después, que eran menos y el gobierno federal, legalmente, no podía disponer del total de recursos.

 

El sector científico y tecnológico concentraba poco menos de un tercio del total de fideicomisos públicos existentes, pero apenas un tres por ciento de la cantidad de recursos. En el último informe de gobierno de López Obrador se precisó que, al 30 de septiembre de 2023, se dio por concluida la extinción de 65 fideicomisos en el sector y transfirió 21 mil 978 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (pág. 512).

 

Según el mismo informe de gobierno, los fideicomisos de los CPI fueron reintegrados a sus respectivas cuentas. Sin embargo, al final, fue un caos administrativo la gestión y ejecución de esos recursos. El daño para los CPI fue irreversible y las inconformidades manifiestas.

 

Las consecuencias persisten y seguramente continuarán. Hace dos semanas, la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt) publicó un pronunciamiento para expresar su preocupación porque la Secretaría de Hacienda no ha ministrado los recursos para cubrir las prestaciones pendientes, ni los incrementos salariales y su correspondiente retroactividad a enero de este año (08.10.2025).

 

La semana pasada, los trabajadores del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en Saltillo, Coahuila --institución perteneciente a los CPI y a la Fenasscyt--, se manifestaron públicamente para protestar por el mismo incumplimiento.

 

La representante gremial precisó que: “El incremento salarial pendiente es del 4 por ciento; en prestaciones, el adeudo alcanza el 10 por ciento; en estímulos, se debe el 50 por ciento, y en el caso del seguro de gastos médicos mayores, el adeudo es total” (Diario de Coahuila. 16.10.2025).

 

Los CPI eran un conjunto ejemplar de investigación científica y tecnológica. Los indicadores de su productividad e impacto iban al alza de forma sostenida. Sin embargo, ahora batallan con los gastos de operación y navegan en la zozobra del naufragio. Una verdadera lástima.

 

Pie de página: La tormenta tampoco amaina para la exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla. Ahora está a la intemperie, los vientos que sembró retornaron tempestuosos y se multiplican las evidencias sobre su fallida gestión. // Según la Dirección de Profesiones, alrededor de una cuarta del total de títulos y cédulas profesionales de los últimos siete años tiene inconsistencias (PubliMetro 14.10.2025).// Pendientes.

CIDE: El consejero y las disputas institucionales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1111. Octubre 16, 2025)

 

El nombramiento del actual director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), José Romero Tellaeche, desde el inicio, en noviembre del 2021, fue polémico y cuestionado por la comunidad de ese Centro.

 

Los conflictos no han cesado y tal parece que el Cide llegará, el próximo mes de noviembre, a su aniversario de medio siglo sumido en las disputas entre autoridades y personal académico. Una cara pública que ya no parece sorprender a nadie, pero que no deberíamos acostumbrarnos a ella.

 

En el sector científico y tecnológico, al cambio de gobierno, aparentemente, las relaciones entre comunidad y autoridad se distendieron. Después de un sexenio de agravios y cuentas pendientes con la anterior titular del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, parecía que investigadores, becarios, directivos, personal de los centros públicos de investigación y academias, entre otros, ingresaban a una nueva fase de entendimiento con la autoridad.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hemos indicado en este Acelerador de Partículas, antes de iniciar su periodo, sorprendió a la comunidad académica y científica con su propuesta de elevar a rango de secretaría al anterior Conahcyt. Una decisión que reforzó su imagen de política preocupada por los asuntos científicos.

 

Además, la presidenta Sheinbaum designó como titular de la nueva secretaría a Rosaura Ruiz Gutiérrez (RRG), una persona identificada como científica y funcionaria universitaria de alto nivel. También contaba con el antecedente de haberse desempeñado como secretaria de educación y ciencia local cuando la ahora presidenta ocupó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

 

Y sí, en el periodo de transición, lo mismo que en los primeros meses de gobierno, los puentes de entendimiento entre la autoridad y la comunidad del sector se restablecieron. Sin embargo, en la realidad de los hechos, las restricciones presupuestales no se modificaron en este año, tampoco cambiarán para el siguiente y lo más probable es que continúen de la misma forma todo el sexenio.

 

Habrá voluntad política, pero lo que no hay son recursos. Las fisuras en los puentes de entendimiento ya son visibles en el programa Investigadoras e Investigadores por México (un tema del que nos ocuparemos en próxima entrega) y en otras iniciativas. Pero no es solamente un asunto de escasez de recursos financieros y el caso del Cide lo ilustra con claridad.

 

En junio de este año, seguramente usted recuerda el episodio, la titular de la secretaría de ciencia, RRG, le expidió el nombramiento oficial de consejero a título personal —uno de los cuatro que puede designar—, con firma autógrafa, a Sergio Aguayo Quezada para integrarse al Consejo Directivo del Cide (Oficio A100/206/2025). Se trata del órgano de gobierno del Centro y se integra por 14 personas.

 

Sin embargo, las autoridades del Cide se inconformaron con ese nombramiento y argumentaron que todavía no concluía el plazo del consejero que se pretendía sustituir. En efecto, era el mes de junio y el encargo vencía el 26 de octubre. En otras circunstancias, la cadena administrativa de mando habría seguido su curso y la orden se habría acatado. Pero no, nada más y nada menos, la directora RRG tuvo que dar marcha atrás y cancelar el nombramiento de Sergio Aguayo.

 

El caso es que “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, en unos días más deberá operarse la sustitución del consejero a título personal en el Consejo Directivo del Cide. Seguramente serán otros los términos de la designación y otros los protagonistas, pero su desenlace nos mostrará qué cabría esperar sobre el rumbo que tomará en el corto plazo la dirección del Centro.

 

En este contexto, vale la pena notar la creciente inconformidad de la comunidad del Cide con sus autoridades. Una de ellas es la acusación pública de miembros del personal académico por “las actitudes de misoginia y desdén” mostradas por Romero Tellaeche en la reunión con integrantes del sindicato de trabajadores y del sindicato del personal académico (09.10.2025)

 

Otra es la reciente inconformidad por la negativa de los directivos del Centro a respaldar institucionalmente la solicitud de cinco jóvenes que trataban de postularse a becas de estancia posdoctoral de la secretaría de ciencia (10.10.2025).

 

Según el estatuto general del Cide, el cargo de director general tiene una duración de cinco años y puede ser ratificado por otro periodo igual. El 29 de noviembre del año próximo vence el primer periodo y será el punto de inflexión para definir el futuro del Centro.

 

Por lo pronto, este 25 de noviembre el Cide cumplirá 50 años de su fundación y no llega en su mejor momento.

 

Pie de página: Una nota de Arturo Ángel, en Milenio Diario del pasado 7 de octubre, dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por “posibles malos manejos de recursos que habrían ocasionado un daño al erario superior a los 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla” (Milenio 07.10.2025). Pero tal parece que el monto es bastante mayor y las acusaciones crecerán. Pendientes.

¿Obligatoriedad del programa especial de ciencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1110. Octubre 10, 2025, pág. 4) 

 

La ley general de ciencia vigente establece que debe haber un programa especial para el sector científico y tecnológico. Sin embargo, la cabeza del sector ya no es el antiguo Conacyt o Conahcyt, como era el caso cuando se promulgó esa ley; ahora es una secretaría de Estado, y la norma de planeación indica que a las dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde la elaboración de un programa sectorial.

 

Entonces, ¿deben elaborarse ambos programas o no? La autoridad no se ha pronunciado al respecto, pero si nos atuviéramos a lo que establece el marco legal, la respuesta es afirmativa. Aunque, lo cierto es que las normas --lo hemos reiterado en este mismo lugar en ocasiones anteriores--, aunque sean vinculatorias, no se aplican o son sumamente laxas. Bien pueden marcar un procedimiento y las acciones seguir uno muy distinto.

 

Lo grave es que parece que nos tiene sin cuidado si se sigue o no las normas y, todavía peor, nos acostumbramos a que no se acaten. No importa si es un artículo constitucional o el reglamento escolar. Y no es un problema de la administración anterior o de la actual: ha estado presente en distintos gobiernos. Aunque, sí, cada vez más parece ir en aumento.

 

Pero, ¿por qué hay o había un programa especial de ciencia y tecnología? El primero fue publicado en el inicio del sexenio de Vicente Fox, en el contexto de la alternancia política, en la transición del siglo y de milenio, para enfatizar la competitividad internacional y la búsqueda de un vínculo entre el desarrollo económico y la actividad científica y tecnológica. Se denominó: Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt).

 

Los programas especiales estaban previstos en la Ley de Planeación, primero para referirse a las prioridades de desarrollo integral dispuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a las actividades que involucraban a dos más dependencias de la administración pública (Artículo 26). Después, como no estaba claro qué dependencia era la responsable del programa especial, una reforma precisó que el ejecutivo federal la designaría (DOF, 2018).

 

El entonces Conacyt, desde el inicio, fue la entidad responsable del Pecyt y así quedó establecido en las diferentes versiones de la normatividad. La primera ocasión fue en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de 1999 (artículo 2, DOF, 21.05.1999). También en la del 2002 y en la reforma del 2010, cuando se le añadió la “i” de innovación y el nombre del programa especial quedó como Peciti.

 

Todavía la administración anterior, aunque con retraso, elaboró el correspondiente Peciti. Incluso, en la polémica Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación quedó consignado que se debía elaborar un programa especial. Aunque, en esa ley, la abreviatura ya no fue Peciti, sino el nombre de la nueva ley. (Artículo 15, DOF 08.05.2023).

 

Además, el expresidente López Obrador, cuatro meses antes de concluir su periodo, emitió un decreto para adecuar la denominación de Peciti 2021-2024 a Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2021-2024. Quizás no se utilizaron siglas, porque la abreviatura era impronunciable, algo así como Pemhcti.

 

Además, en el mismo decreto quedó especificado que el programa especial era “de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Aquí lo puede consultar: t.ly/0MhYP).

 

En resumidas cuentas, aparte del decreto de hace un año, el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó siete programas especiales y uno de ellos es el de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (DOF 15.04.2025; disponible: t.ly/EEgj_).

 

También recordemos que el programa especial es una disposición la ley general vigente, la entidad responsable sería la Secretaría de Ciencia (Secihti) que, para efectos legales, asumió las actividades del anterior Conahcyt.

 

A su vez, la Ley de Planeación indica que las dependencias de la Administración Pública Federal, como lo es la Secihti, deben elaborar sus respectivos programas sectoriales (artículo 16, fracción III). La Secretaría, el mes pasado, en tiempo y forma, ya publicó el que le corresponde (DOF 17.09.2025). Lo examinaremos en próxima entrega.

 

Sin embargo, queda por resolver si la Secretaría se quedará solamente con el programa sectorial o también publicará un programa especial. Si opta por esto último, tal vez sería la oportunidad para precisar la prioridad y transversalidad del desarrollo tecnológico que tanto se menciona, así como los ámbitos de responsabilidad y competencia de las diferentes dependencias gubernamentales involucradas.

 

No está de más recordar que el plazo para presentar el programa especial vence a la mitad de este mes, dado que la misma Ley de Planeación indica que debe estar listo dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo. Pendientes.

 

Pie de página: Nueve de cada diez docentes de los países de la OCDE dicen que están satisfechos con su trabajo, según el reciente reporte del Estudio Internacional de la OCDE sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS). Una lástima que México no participó del estudio (Aquí puede consultarse: t.ly/yqa6z).

Primer año: borrado el presupuesto científico, pero con educación de adultos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1109. Octubre 2, 2025)

 

Esta semana se cumplió el primer año de ejercicio gubernamental de la primera presidenta de la República. La fecha es emblemática para cualquier gobierno y tal vez lo sea más para la actual gestión, tanto por la línea de continuidad y cambio con la administración anterior como por las dificultades del caso.

 

El corte sobre el estado que guarda la administración pública fue presentado el pasado 1 de septiembre y, como lo anotamos en este Acelerador de Partículas, el contenido del mensaje político que pronunció la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), no se correspondía con los números de su propio informe de gobierno sobre el sector científico y tecnológico (Aquí lo puede consultar: Campus No. 1106).

 

Todavía es más sorprendente que en el balance del primer año, en la primera línea de acción de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), no está el financiamiento, los proyectos o las becas. La iniciativa que destaca es el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica para “favorecer la integración de los jóvenes a la actividad productiva desde el nivel medio superior y superior” (p. 206).

 

El objetivo de ofrecer alternativas educativas vinculadas al mundo del trabajo es importante y muy necesaria. Sin embargo, sorprende porque, por una parte, usualmente los informes de gobierno sectoriales, para comenzar, daban cuenta del estado de la administración pública en el orden financiero y avances de las acciones más sobresalientes. Así que el primer rubro a informar era el monto de presupuesto recibido y la forma en la que se distribuyó.

 

Pero no, desde la extinción de los fideicomisos públicos en el sector, a partir del ejercicio fiscal del año 2021, el apartado de ciencia y tecnología ya no inicia con las cifras de presupuesto ni la participación relativa de sus diferentes programas en ese presupuesto.

 

Todavía menos aparece el gasto en investigación y desarrollo experimental (Gide). Por cierto, los datos oficiales más recientes de ese tipo de gasto son del 2017. Porque en ese año se realizó la última encuesta para calcularlo y, desde entonces, los datos que tenemos seguramente son proyecciones o cifras sin mayor rigor. Así que ni hablar de la precisión de dicho indicador como proporción del PIB.

 

Por otra parte, también es notable que el rubro con el que inicia el informe del sector científico y tecnológico sea el de alternativas educativas relacionadas con la industria para el nivel medio superior y superior, dado que el antecesor de la Secihti no se había ocupado antes del rubro educativo. Salvo por las becas de posgrado y algunos programas de difusión de la ciencia.

 

Sin embargo, ahora, la Secihti comienza por informar sobre los programas de actualización y capacitación laboral. Por ejemplo, menciona el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que atiende a jóvenes de 18 a 29 años o el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores. Aunque, en sentido estricto solamente son mencionados; no aparecen beneficiarios, ni recursos. Tal vez porque esos datos están otro apartado del mismo informe.

 

En cambio, sí están los números de “Alternativas educativas” como la que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) o de “Educación Dual”. Datos que anteriormente estaban en la sección educativa del informe de gobierno, ahora están en el apartado científico y tecnológico.

 

Sobre la educación de adultos, destaca el apartado, 416 mil 617 personas concluyeron un nivel educativo: 12 por ciento fueron alfabetizados; 34 por ciento concluyeron la primaria y 54 la secundaria (pág. 207).

 

Respecto a la educación dual, la opción formativa que tiene lugar tanto en la escuela como en la empresa, se consignan acciones de diseño de planes, programas, modelos y lineamientos. Pero no hay cifras de alumnos participantes, ni en media superior ni en educación superior. Únicamente se anota que: el Tecnológico Nacional de México, en el ciclo escolar 2024-2025, participaron 105 institutos tecnológicos con 2 mil 21 estudiantes (pág. 208). Las cifras tampoco aparecen en la sección educativa del informe.

 

Al final del informe se destacan media docena de logros de la administración en este primer año: la transformación del anterior Conacyt en la Secihti; la instauración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; la implementación de un modelo de colaboración intersecretarial, interinstitucional e interdisciplinario; la puesta en marcha de proyectos de desarrollo tecnológico; impulso a proyectos con alto nivel de madurez tecnológica; y estimación de mejorar en 70 por ciento, al cierre del año, las becas al extranjero.

 

En este primer año continúa la ausencia de cifras de distribución presupuestal para el sector, seguramente porque las variaciones son pequeñas, pero añade la educación de adultos y las acciones de desarrollo tecnológico. El formato del informe cambió y la colaboración intersecretarial se distribuye los recursos escasos.

 

Pie de página: El 2 de octubre sigue vigente. // Los becarios posdoctorales se inconforman y tienen razón. // No amaina la protesta en la Universidad Veracruzana, también les asiste el derecho y la razón; la Junta de Gobierno se sigue desmoronando. // A propósito de Veracruz, el café de esa región llegará a Marte, según la intervención en tribuna de la diputada local Victoria Gutiérrez Pérez. Y lo planteó en serio// La presidenta CSP ya aseguró que fue un error y se corregirá el recorte de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. // Sin embargo, nada se ha mencionado del error en el Anexo 12 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. // Pendientes.