Media superior: ¿el perímetro de la metrópoli?

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1080. Febrero 20, 2025)

El anuncio sobre la eliminación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) fue realizado en Palacio Nacional el pasado 3 de febrero. Una medida que tiene alta relevancia para la organización del subsistema y para las familias de los jóvenes egresados de la secundaria de la zona centro del país. Pero el nivel medio superior se extiende más allá de esa zona y su complejidad es mayor.

 

La resonancia de la eliminación fue notable porque la hizo la presidenta Claudia Sheinbaum y participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora del Estado de México, el secretario de Educación, la subsecretaria de Media Superior y otras autoridades.

 

El mecanismo de la Comipems estuvo vigente desde hace casi tres décadas y permitió organizar el ingreso de los jóvenes a las instituciones públicas de bachillerato en la Ciudad de México (Cdmx) y el Estado de México (Edomex). Ahora, la autoridad informó que, en lugar de la Comipems, utilizará una “plataforma de registro” y facilitará la inscripción de todos los egresados de secundaria. La medida es controvertida y pronto veremos los resultados.

 

Pero ¿de qué volumen estamos hablando? A nivel nacional, en el ciclo escolar 2023-2024, estaban matriculados 5.5 millones de jóvenes en la media superior y de ese total 11.5 por ciento estaba inscrito en la Cdmx y un 12.5 por ciento en el Edomex. Es decir, ambas entidades concentran casi una cuarta parte de la matrícula total. Una porción importante, pero no es el todo.

 

A nivel nacional, la mayor parte de los jóvenes están matriculados en el bachillerato general (65 por ciento); una tercera parte en el bachillerato tecnológico (34 por ciento) y la parte restante en los planteles de profesional técnico. Más o menos, las mismas proporciones se conservan en la ciudad capital y en el Edomex.

 

Los grandes números apenas nos dan una idea del tamaño, pero la media superior está integrada por múltiples subsistemas, como los centralizados federales (Bachilleratos Generales, Tecnológicos Industriales, Tecnológicos Agropecuarios, Formación para el Trabajo y el Bachillerato en Línea), los descentralizados federales (el Conalep, el Colegio de Bachilleres o los Centros de Enseñanza Técnica Industrial), los centralizados estatales y los descentralizados estatales.

 

La diversidad de la media superior tiene su expresión en las entidades federativas, en cada una se integra de forma distinta y así es su problemática. Desde hace más de 15 años se busca unificar a nivel nacional este nivel educativo y se han ensayado distintos componentes para reformarla, entre ellos la puesta en marcha de un Marco Curricular Común.

 

En el actual periodo, aparte de que persiste la intención sobre el marco curricular, se ha propuesto como meta para el año 2030: “150 mil profesionistas y técnicos anuales con formación continua alineada a sectores estratégicos y 100 por ciento de educación dual en media superior técnica” (Plan México).

 

Las cifras de profesionistas y técnicos que se propone, cabría suponer, son adicionales a los números actuales. Según la información de ANUIES, en el ciclo escolar 2023-2024, egresaron de licenciatura del total de instituciones de educación superior poco más 734 mil jóvenes y se titularon 601 mil 259.

 

Por su parte, la matrícula total de técnicos superiores sumó 168 mil 785 jóvenes, egresaron 45 mil 542 y se titularon 35 mil 491. A su vez, como ya indicamos, los profesionales técnicos de la media superior son la proporción minoritaria de ese nivel, suman casi 49 mil a nivel nacional.

 

Según las cifras de la SEP, en el ciclo escolar anterior, la matrícula en el Sistema Dual de Educación Media Superior fue de poco más de 14 mil estudiantes. Tal vez, como referencia, cabría tener presente los casi 50 mil profesionales técnicos, también la matrícula de los Conalep de poco más de 300 mil y los más de 20 mil estudiantes de los Centros de Enseñanza Técnica Industrial.

 

El Plan México no ha detallado las estrategias ni acciones a desarrollar, al menos no sobre la indicada, para saber exactamente a qué sectores estratégicos se refiere. Pero, como se podrá advertir, la meta de crecimiento de profesionistas y técnicos significa, con los números actuales, un incremento anual de alrededor del 18 por ciento y localizado en determinados sectores. Tampoco se ha definido con claridad la meta sobre la educación dual.

 

Los desafíos de la educación media superior son múltiples y van más allá del perímetro de la zona metropolitana de la Cdmx.

 

Pie de página: La fundadora y directora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Raquel Sosa Elízaga, también fue nombrada, el pasado 13 de febrero, directora del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal). Y los conflictos, literalmente y para variar, están tocando a la puerta. Las instalaciones del Centro están cerradas y los trabajadores permanecen afuera.

Semiconductores: ¿el Castillo Kutsari y el retorno?

 

Alejandro Canales

UNM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1079. Febrero 2, 2025, pág. 4)

 

El motivo fue la presentación de lo que será el Centro de Diseño de Semiconductores. Un proyecto encomendado a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) que busca incursionar en toda la cadena de valor de los semiconductores. Es decir, diseñarlos, fabricarlos y llevarlos hasta el usuario final.

 

Ahí estaban, en Palacio Nacional, en la conferencia de prensa del pasado 6 de febrero, funcionarios y miembros de la comunidad científica nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum los anunció como un “grupo muy nutrido” que la acompañaba esa mañana.

 

Y sí, estaba el coordinador del proyecto de semiconductores y director de Innova Bienestar, Edmundo Gutiérrez Domínguez, pero también directivos y personal de instituciones académicas, como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), el Centro de investigación en Materiales Avanzados (Cimav), la UNAM, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), el IPN, entre otros. En conjunto, sumaban poco más de una docena.

 

No tendría nada de particular la presencia de personas relacionadas con el ámbito científico y tecnológico en un proyecto gubernamental. Después de todo, se trataba de presentar una iniciativa tecnológica, y lo que cabría esperar era que los participantes fueran especialistas en la materia.

 

Sin embargo, su participación ya no era tan esperable si se recuerda que, en el gobierno anterior, el conflicto y las disputas entre la autoridad y miembros del sector fueron el común denominador.  El camino de la interlocución y la cooperación estaba empedrado de agravios; los puentes de entendimiento con la comunidad quedaron dinamitados.

 

Difícil, muy difícil que el entonces Conacyt, vuelto de espaldas a la comunidad que debía coordinar, pudiera poner en marcha diferentes iniciativas y mostrar buenos resultados. Tal vez ahí esté parte de la explicación de que, a estas alturas, la vacuna Patria contra el Covid-19 siga siendo una intención. Y más o menos ocurrió lo mismo con los diferentes proyectos planteados.

 

¿Ahora viene un punto de inflexión y estamos ante un eventual retorno de la comunidad académica y científica? El proyecto de semiconductores, tanto por su naturaleza como por las instituciones involucradas, es muy acotado para demostrarlo. Faltan las líneas estratégicas del programa sectorial y, muy especialmente, una reforma del marco normativo.

 

Sin embargo, los primeros pasos apuntan en la dirección de retrotraer al sector, como las reuniones con los jóvenes del programa Cátedras, las líneas de atención de la Secretaría, las iniciativas que se buscan impulsar a través de cooperación en red o los nuevos proyectos. Aunque, la fuerza centrípeta persistirá, mientras no se modifiquen las normas.

 

Los semiconductores, cuyo nombre le viene por su conductividad eléctrica intermedia y el tipo de materiales que utiliza para su fabricación, son mejor conocidos como chips. La industria de los semiconductores es fundamental para cualquier tecnología moderna, sea para el desarrollo de los dispositivos electrónicos o para los sistemas de comunicación.

 

La titular de la Secihti precisó que el proyecto se llama Programa Kutsari. La razón: “Porque quisimos utilizar una lengua originaria, por supuesto, y kutsari quiere

decir ‘arena’ en purépecha. Y, bueno, la arena es fundamental en este tema,

porque, por ejemplo, el silicio es uno de los materiales importantes en este

trabajo para crear los dispositivos” (06.02.2025).

 

México tiene una larga experiencia en el terreno de los semiconductores. Las primeras empresas internacionales de semiconductores se instalan desde finales de los años sesenta en Jalisco, como Siemens, Motorola, General Instruments, IBM. No es fortuito que el Centro Tecnológico de Semiconductores del Cinvestav se haya instalado ahí desde los años ochenta.

 

No obstante, una etapa es el diseño, en donde instituciones académicas nacionales tienen experiencia, pero otra es la fabricación y el ensamblaje. La industria de los semiconductores está en expansión y es altamente competitiva, con Taiwán, China, Corea del Sur y Estados Unidos a la cabeza; las exportaciones mundiales suman más de 600 mil millones de dólares y se espera que en este año sean de más de 700 mil. México no figura actualmente en la decena de países líderes en exportaciones de estos dispositivos.

 

El coordinador del Programa Kutsari planteó que se piensan enfocar en el sector de la tecnología tradicional –no en la de alto rendimiento--, en el mercado local y planean cubrirlo para el año 2030. El mismo coordinador tiene presente que para la etapa de fabricación, la más costosa de la cadena, tienen considerado la participación del sector privado para montar una fábrica.

 

En fin, el proyecto Kutsari puede ser un castillo de arena más en el paisaje nacional o un castillo con bases firmes de cooperación entre diferentes sectores. Lo insoslayable será el nivel de inversión para ponerlo en marcha. Ya lo constataremos en el periodo.

 

Pie de página: La iniciativa de reforma a los artículos 4º y 27 de la Constitución Política, sobre conservación y protección de los maíces nativos, seguriá en suspenso en el Congreso.

El dinero, el espacio y la información de la Agencia Digital

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1078. Febrero 6, 2025)

 

Una agencia nacional especializada en materia digital, informática y en tecnologías de información y comunicación es una buena medida y muy necesaria. Los esfuerzos estaban dispersos en diferentes secretarías, a menudo eran poco visibles y muy a la zaga de los servicios y adelantos que se registran a nivel mundial.

 

La actual administración puso en marcha la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Las normas todavía no especifican cuál es su estatus jurídico; está claro que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, pero no es una secretaría y tampoco se indica si es un órgano descentralizado, desconcentrado o qué es. Algunos de los primeros desafíos que enfrentará será decidir cuál es su prioridad, cumplir su tarea con recursos escasos y con una estructura administrativa limitada.

 

Desde el inicio del presente sexenio, la administración ajustó números y nombres de las dependencias gubernamentales. Algunos de los cambios más relevantes, como anotamos aquí mismo en su momento, fueron elevar a rango de secretaría de Estado a dos organismos, cambiar de nombre a otra secretaría y crear la ATDT.

 

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que los cambios en las dependencias no implicarían mayor presupuesto ni tampoco crecimiento de la administración. Las cosas ya venían complicadas desde el periodo de gobierno anterior, con los fuertes recortes en los gastos de operación y la reducción en el número de subsecretarías; las dependencias ya tenían dificultades para la gestión y la prestación de servicios.

 

Una línea de continuidad entre el sexenio anterior y el actual quedó trazada en lo que concierne a la contención del aparato burocrático y las medidas de austeridad. No es para menos, sobre todo si se sostienen las transferencias directas y se quiere controlar la deuda pública y el déficit presupuestario.

 

La Agencia tiene encomendados múltiples asuntos que involucran datos de identificación personal altamente sensibles, como la formulación de políticas para el uso de la identidad y ciudadanía digital, la autenticación digital basada en la CURP, la integración de un servicio nacional de identificación personal, la gestión de bases de datos para hacer interoperables los sistemas de Administración Pública Federal con el Registro Nacional de Población, las acciones en materia de datos abiertos y gobierno abierto, o bien, las políticas de telecomunicación y radiodifusión del gobierno federal, entre muchas otras (DOF. 28.11.2024).

 

Según el reglamento interior de la Agencia, para realizar sus actividades contará con cuatro unidades administrativas, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, una docena de direcciones generales y un número todavía no especificado de otros mandos dentro de la jerarquía administrativa. No están disponibles los números de su personal, pero, por la estructura que indica, seguramente serán modestos.

 

Además, buena parte de las funciones que desempeñará, las realizará en colaboración con otras secretarías. Por ejemplo, en coordinación con la Secretaría de Economía implementará el sistema informático para establecer expedientes electrónicos empresariales. Asimismo, con la SEP fortalecerá el acceso a la información digital en los espacios escolares, así como como la conectividad en estos a redes de telecomunicaciones. Igualmente, con la Secretaría de Gobernación se coordinará para la puesta en marcha de los sistemas nacionales de información personal.

 

¿Con qué presupuesto contará la ATDT? La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año precisan que la Agencia concentrará los recursos que ejercían cinco entidades: la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (44 mdp), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (64.5 mdp), el Servicio Postal Mexicano (2.7mmdp), el Organismo Promotor de Telecomunicaciones (144 mdp) y la Agencia Espacial Mexicana (70 mdp). (Dejemos para una siguiente entrega la inconformidad y el conflicto desatado en la Agencia Espacial).

 

En total, la ATDT tendrá poco más de 3 mil millones de pesos, y el mayor volumen proviene del Servicio Postal Mexicano. Sin embargo, los recursos podrían casi duplicarse, porque según el anexo 12 del PEF 2025, que se refiere al sector de ciencia y tecnología, la Agencia también concentraría los 2 mil 600 millones de pesos de recursos propios del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).

 

Seguramente después se conocerá el detalle de las cifras, el tamaño de la Agencia y el curso de las iniciativas que pondrá en marcha. Tal vez para entonces podremos tener una mejor valoración de sus actividades en correspondencia con el presupuesto asignado. Por lo pronto, literalmente, ya se hizo del espacio que tenían diferentes entidades y manejará información altamente confidencial. Todavía no sabemos que controles habrá para esas operaciones y si el volumen de presupuesto es un riesgo o no.

 

Pie de página. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dice que la entidad será el nuevo Silicon Valley. Sí, así lo anunció.

El reglamento y las nuevas universidades

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1077. Enero 30, 2025, pág. 4)

 

La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) ya tiene su reglamento interior. Una norma que deben exhibir todas las dependencias gubernamentales para precisar su organización y funcionamiento.

 

Aunque en realidad esa norma, y casi cualquier otra similar, por su propia naturaleza, solamente está en la esfera de interés de los directamente involucrados y de lo propiamente burocrático. Para el resto, se entiende, carece de importancia.

 

Sin embargo, en este caso, había cierta expectativa sobre el reglamento. Por una parte, debía regular a una dependencia gubernamental que no existía. Por otra y, tal vez más relevante, delimitaría la responsabilidad entre secretarías acerca del modelo de universidades que pondrá en marcha la actual administración.

 

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado lo expide la persona titular de la presidencia de la República para determinar las atribuciones que tendrán y cómo se deben suplir las ausencias de sus titulares (artículo 18). Por cierto, aunque la Ley Orgánica fue reformada el pasado mes de noviembre, el artículo citado todavía se refiere a la persona como “Presidente de la República”.

 

El nuevo reglamento está publicado en el Diario Oficial de la Federación (24.01.2025) y establece que la Secihti tendrá dos subsecretarías: Ciencia y Humanidades, y Desarrollo Tecnológico e Innovación. A su vez, la primera cuenta con tres direcciones generales: Investigación Científica y Humanística; Becas y Apoyos; y Promoción e Incidencia. La segunda tiene cuatro: Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación; Centros Públicos y Laboratorios Nacionales; Programas Prioritarios; y Sistemas Nacionales de Información Científica.

 

Además, la Secihti tiene tres unidades: Políticas Transversales; Administración y Finanzas; y Asuntos Jurídicos. Y cada unidad tiene dos o tres direcciones generales. Por último, en la estructura de la dependencia también está la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), misma que no tiene direcciones generales.

 

En el tabulador de la administración pública, las unidades ocupan el nivel inmediato siguiente a las subsecretarías. En conjunto, la nueva secretaría tiene dos subsecretarías, tres unidades, una secretaría ejecutiva y 14 direcciones generales. Después le sigue toda la estructura de direcciones de área, subdirecciones, jefaturas de departamento y demás personal. Es decir, conserva las restricciones de crecimiento del servicio público instaurado en el sexenio anterior y, en especial, el esquema de dos subsecretarías por dependencia gubernamental.

 

Entonces, ¿cuál subsecretaría o quién tiene la responsabilidad sobre el nuevo modelo de universidades? El artículo 12 del reglamento, al establecer las funciones de la Unidad de Políticas transversales, especifica que a esa unidad le corresponde: “Colaborar, en acuerdo con la persona Titular de la Secretaría, en la coordinación con la Universidad Nacional Rosario Castellanos y con la Universidad de la Salud” (sic). No dice “administrar” como lo había establecido el decreto de creación de la Secihti (Artículo 38 Bis, Fracción X).

 

La redacción del reglamento sobre la responsabilidad no es la mejor, pero se entendería que la atribución correponde a la persona titular de la Secihti y a la Unidad de Políticas Transversales. Vale la pena recordar que la Secretaría había anticipado que las universidades se sumarían a los Centros Públicos de Investigación. Sin embargo, nótese que no estarán reguladas por la subsecretaría responsable de los Centros Públicos.

 

El caso es que el reglamento, al enumerar las facultades de la persona titular de la Secihti, no menciona ni sugiere nada concerniente a las dos universidades. Así que tal vez habría que esperar a la reforma del correspondiente reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la otra dependencia que también debe tener atribuciones al respecto, para conocer con mayor detalle la distribución de responsabilidades del nuevo modelo de universidades.

 

Por cierto, si fue eliminada la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y se supone que su función pasará a formar parte de la estructura administrativa de la SEP, esta última debe emitir un nuevo reglamento interior para precisar la jerarquía normativa que le asignará y las actividades a cumplir.

 

En fin, la iniciativa de llevar a escala nacional un nuevo modelo de universidades es de la Secihti, publicamente se desconocen los ragos generales del proyecto y, como se podrá advertir, normativamente tampoco están delimitadas las atribuciones y responsabilidades.

 

Pie de página: Ya está en el Congreso la iniciativa de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Constitución y establecer la obligación del Estado de garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos. Un paso importante después de la resolución del Panel de Controversia del T-MEC. Luego vendrá lo complicado: cómo garantizarlo y ponerlo en marcha

Trump: presagio de insensatez

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1076. Enero 23, 2024)

El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión esta semana y las medidas que había anticipado, por si alguna duda asomaba, las reiteró en su discurso inaugural. Tal vez no logre todo lo que se propone, pero lo intentará, y la amenaza es su principal instrumento. Lo más probable es que su periodo sea un punto de inflexión no solamente para la nación que gobernará.

 

Hace siete años, cuando inició el primer periodo de gobierno de Trump, la principal variable de interés en el campo educativo y científico fue la serie de restricciones a la movilidad académica. Un tema de relevancia para los denominados dreamers, que podían ser deportados, así como para jóvenes promesas que buscaban ingresar a los Estados Unidos para estudiar y trabajar.

 

Las restricciones también desataron temores en las personas que ya residían legalmente, se desempeñaban en alguna institución académica o participaban en convenios de cooperación científica, pero no eran ciudadanos estadounidenses. Después, los trámites se relajaron, relativamente, para los trabajadores de alta tecnología.

 

Sin embargo, ahora, en el nuevo periodo de gobierno, con un Trump más experimentado y con mayores facultades, tal parece que no solamente podrían retornar las deportaciones y las restricciones a la movilidad académica, sino que también se sumará el veto a algunas áreas de conocimiento, el desconocimiento de convenios internacionales y el impulso a proyectos asociados a integrantes de su gabinete.

 

Los editores de la prestigiosa revista Nature, en el número de esta semana (Vol. 637. Issue 8046. 16.01.2025), días antes de la toma de posesión, le dirigieron una carta pública al ahora presidente Trump. La misiva puntualiza las implicaciones de las polémicas posiciones del entonces candidato en campaña y le sugiere qué hacer para mejorar la ciencia.

 

Por ejemplo, de forma juiciosa lo exhortan a “examinar las evidencias sobre lo que funciona y lo que no antes de anunciar nuevas políticas”. En especial, le hacen notar por qué deben ser prioridades la seguridad climática y enérgetica. Destacan que, desde el punto de vista de la ciencia, es indudable el problema del cambio climático y el calentamiento global, tanto como la vulnerabilidad de todas las naciones por las graves alteraciones que está provocando la quema de combustibles fósiles.

 

Sin embargo, la advertencia y las evidencias del caso parece que le tienen sin cuidado al presidente Trump. En su discurso de toma de posesión advirtió que comenzará una “revolución del sentido común” y anticipó: “Tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás: la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra, y vamos a utilizarlo”.

 

Los asistentes a la ceremonia se pusieron de pie y aplaudieron el anuncio. Es decir, tal parece que la revolución del sentido común significa actuar de forma contraria a lo que indicaría la sensatez. En este caso, en lugar de reducir la utilización de los combustibles fósiles, explotarlos al máximo.

 

Todavía más, añadió que piensa poner fin al “Green New Deal” (GND) y revocar el mandato de los vehículos eléctricos, para salvar a la industria estadounidense del automóvil. O sea, sin más, eliminarla. El GND es una iniciativa para mitigar el cambio climático y, al mismo tiempo, abatir la desigualdad económica; impulsada al final de la década pasada por la congresista Ocasio-Cortez y el senador Markey para “descarbonizar” la economía de esa nación en el lapso de una década (ScienceDirect, September 2020, 101529).

 

La carta de Nature también insta a que Trump se comprometa con la acuerdos internacionales de cooperación científica, la transparencia, el intercambio de conocimiento y la garantía de que “los Estados Unidos sigan dando la bienvenida a investigadores de todas partes del mundo”.

 

Sin embargo, Trump, contrario a la aceptación de la inclusión y la diversidad, anunció: “Esta semana también pondré fin a la política gubernamental de tratar de imponer socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad daltónica y basada en el mérito. A partir de hoy, la política oficial

del Gobierno de Estados Unidos será que solo hay dos géneros, masculino y femenino”.

 

Casi al final de su discurso, Trump soltó que los Estados Unidos perseguirá su destino manifiesto hacia las estrellas y los astronautas estadounidenses plantarán “las barras y estrellas en el planeta Marte”. Elon Musk, el empresario multimillonario presente en la ceremonia, sonrió y batió las palmas fuertemente. No es fortuito. Musk fue un abierto activista de la campaña de Trump, ahora tiene una posición en el gobierno, es dueño de SpaceX --empresa especializada en cohetes espaciales-- y su meta principal es llegar a Marte y colonizarlo (NYT. 14.07.2024).

 

Tal vez el mandatario estadounidense no cumplirá todo lo que promete. Sin embargo, garantiza que el sentido común quedará extraviado en su grandilocuencia mediática, las amenazas que profiere y las acciones desmesuradas. Un augurio de insensatez.

 

Pie de página: El Congreso prepara la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, y suman más de 70 puntos. ¿Ahí estará la reforma a la ley de ciencia? Recuérdese que el actual organismo rector ya no es un Consejo, es una Secretaría. Dos preguntas más: ¿el Congreso puede reformarla sin la resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de esa misma ley? ¿Cuándo o cómo resolverá la Corte?

El primer presupuesto para la Secihti ¿una potencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1075. Enero 16, 2025, pág. 4)

 

Las expectativas sobre el presupuesto que le correspondería al sector científico y tecnológico, ahora con rango de secretaría de Estado, ya eran limitadas. El propio gobierno federal había anticipado que, respecto a lo que recibía la anterior entidad administrativa, no habría mayores recursos y, en efecto, en su proyecto de presupuesto para el 2025 apenas proponía un incremento de 0.4 por ciento (Campus Milenio No. 1069).

 

Todavía restaba que los legisladores modificaran o no el proyecto del gobierno federal. Pero tampoco hubo buenas noticias. Los diputados hicieron reasignaciones importantes, aunque no en el Ramo 38, el que ejercerá centralmente la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

 

El presupuesto para el sector, como se sabe, se compone de lo que cada dependencia gubernamental destina para actividades científicas y tecnológicas y, además, lo que ejerce centralmente la Secihti (ramo 38). El gobierno federal había previsto asignar poco más de 128 mil millones de pesos (mmdp) para todo el sector, y de ese total, 33.3 mmdp para el ramo 38.

 

Los diputados le añadieron 7.8 mmdp a lo propuesto por el gobierno federal (DOF. 24.12.2024). Sin embargo, ni un peso de esa cantidad fue para la Secihti. Los recursos adicionales fueron principalmente para la SEP, con 7.4 mmdp; luego para la Sagarpa, que recibió otros 366 millones de pesos; y para la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con 69 millones de pesos.

 

En resumidas cuentas, la Secihti ejercerá centralmente menos de una cuarta parte del total del presupuesto destinado a actividades científicas y tecnológicas, mientras que la SEP controlará más de la mitad. Además, como ya lo habíamos advertido, la nueva Secretaría operará con un presupuesto menor, en términos reales, al que ejerció el año pasado el ya desaparecido Conahcyt.

 

Lo sorprendente es que, aparte de los programas tradicionales que operan en el sector y que, cabría suponer, continuarán en el actual periodo, las autoridades le han sumado a la Secihti otras tareas y han dicho que convertirán a México en una potencia científica. A la gestión de las becas de posgrado, el Sistema Nacional de Investigadores, el financiamiento de proyectos de investigación y las Cátedras, le han añadido la administración de dos nuevos modelos de universidad.

 

Por cierto, el decreto de creación de la Secihti utiliza la palabra “administración” para referirse a su responsabilidad con la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la Universidad de la Salud (Unisa), mientras que la propia dependencia dice “coordinar”. Tal vez cuando esté disponible el reglamento interno de la dependencia, se precisarán las atribuciones que tendrá sobre las nuevas instituciones universitarias.

 

Por lo pronto, la Secihti ha dicho que los dos modelos de universidad se sumarán a los 25 Centros Públicos de Investigación que están bajo su responsabilidad y el reciente gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció que el próximo mes de marzo, en Comitán, iniciará actividades la primera unidad académica estatal de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

 

A su vez, aunque el presupuesto aprobado no lo muestra, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su informe sobre sus primeros 100 días de gobierno, mencionó que ya están trabajando “y se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos científicos de desarrollo tecnológico”. Anotó el auto eléctrico mexicano, el diseño de semiconductores, los aviones no tripulados, la extracción de litio y la fábrica de software libre.

 

Y la mandataria volvió a reiterar: “Como me comprometí: México será una potencia científica” (12.01.2025). Queda para el registro. Sin embargo, sea la administración de los nuevos modelos universitarios o los encomiables proyectos de desarrollo tecnológico, ambos seguirán localizados en el terreno de la narrativa, hasta que no se conozca la distribución de responsabilidades entre las dependencias gubernamentales, los detalles técnicos de las iniciativas y el insustituible presupuesto con el que contarán.

 

No está nada mal la intención de convertir a México en una potencia científica, lo que no se ve nada bien, ni fácil, es que pueda hacer más con menos. La nueva Secihti, la dependencia rectora de la política sectorial, tiene más tareas y responsabilidades, pero no controla la mayor proporción de recursos y, en términos reales, tendrá un presupuesto menor al organismo que sustituyó.

 

Tampoco se ve cómo México se podría convertir en una potencia científica y tecnológica si su Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) es de alrededor del 0.32 por ciento respecto al PIB. Tómese como referencia que ese indicador representa una cuarta parte de lo que destina Brasil, está por debajo del gasto promedio de América Latina (0.56) y es menos de lo que destina Argentina (0.55) o Chile (0.36).

 

Pie de página: El manejo de las redes sociales de la mayoría de los Centros Públicos de Investigación sobre la propaganda de los primeros 100 días de gobierno no parece una novedad, pero sí lo es. // El asunto sobre el maíz genéticamente modificado todavía no concluye y puede empeorar.

CONACYT: fin de un ciclo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1073. Diciembre 19, 2024, pág. 4)

 

Al final de este mes, después de poco más de medio siglo de funcionamiento, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejará de existir y dará paso a la operación de la próxima Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

 

No se trata de la eliminación de las actividades que desempeña el Consejo, como fue el caso de algunos organismos autónomos, y de otros próximos a desaparecer, ya que, más o menos, las mismas funciones serán trasladadas ahora a una secretaría de Estado. De hecho, el supuesto es que la nueva estructura tendrá una mayor jerarquía administrativa.

 

El cambio tiene relevancia e implicaciones, porque el Consejo era una especie de organismo intermedio entre el Ejecutivo Federal y la comunidad del sector. Una instancia que, como en otras naciones, surgió para mediar el patronazgo del Estado y la comunidad de científicos. Ahora podrían cambiar los términos de la relación.

 

La próxima Secihti y el actual Conacyt forman parte de la Administración Pública Federal, pero la primera es parte de la administración centralizada, mientras que el segundo, como organismo público descentralizado, es parte de la administración paraestatal. No tienen la misma personalidad jurídica.

 

El Conacyt, al instaurarse, el 30 de diciembre de 1970, sustituyó al entonces Instituto Nacional de la Investigación Científica. Este último fue creado por el presidente Miguel Alemán en 1950, la principal finalidad era apoyar la investigación científica y respaldar a estudiantes e investigadores.

 

El Instituto tenía la encomienda de mantener un registro del personal científico especializado, así como de las investigaciones con apoyo del gobierno federal y de las respectivas patentes. Por cierto, el Instituto estaba integrado por vocales y estos eran nombrados por el ejecutivo federal.

 

Al reorganizarse el Instituto –cuando el presidente era Adolfo López Mateos y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet-- conservó sus finalidades y explícitamente estableció que concedería becas a estudiantes, otorgaría apoyo económico a las instituciones formadoras de investigadores y también a investigadores distinguidos para la realización de investigación dentro y fuera del país (Artículo 3.º, DOF. 30.12.1961)

 

A partir de la reorganización del entonces Instituto también se añadió como función la de ser un “órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en materia de investigación científica y para la concesión de los subsidios y otras ayudas de carácter económico” (Artículo 3º Fracción VIII).

 

La iniciativa de ley de creación del Conacyt consideró que el Instituto tendría dificultades para asumir la responsabilidad de coordinar los esfuerzos en materia científica y, por tanto, propuso reemplazarlo por un nuevo organismo.

 

El Conacyt recuperó los lineamientos de respaldo a la comunidad científica, pero sobre todo destacó el papel de organismo asesor y auxiliar del ejecutivo federal sobre la política nacional de ciencia y tecnología, así como de consulta obligatoria para todas las dependencias de la administración pública (DOF. 29.12.1970).

 

A lo largo de las últimas cinco décadas, el organismo experimentó múltiples modificaciones. Las más profundas fueron las derivadas de las reformas normativas de 1984, 1999, 2002 y 2023. Los cambios en las normas le permitieron desectorizarse de otras secretarías y asumir mayores atribuciones, tanto en el diseño de programas como en el manejo de los instrumentos para la orientación del sistema.

 

La última reforma, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, generó fuertes disputas en la comunidad y significó un punto de inflexión en aspectos clave del sector, como la dimensión nacional de las políticas, el financiamiento o la forma de gobierno del organismo.

 

El Conacyt será reemplazado por la nueva Secihti a partir del primer día del mes próximo. A la próxima secretaría le corresponderá la conducción de la política nacional en la materia y, a diferencia del resto de las secretarías de Estado que guardan distancia sobre el federalismo, explícitamente anota que tendrá la atribución de “articular, coordinar y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”.

 

La figura jurídica de la nueva instancia es distinta, se cerrará el ciclo del Conacyt y su papel como organismo intermedio entre el ejecutivo federal y la comunidad.

 

Pie de página: El 9 de febrero del 2004 la UNAM publicó su “Programa de racionalidad y austeridad presupuestaria”, incluía 15 medidas para optimizar su presupuesto. El pasado 9 de diciembre publica el nuevo “Programa de racionalidad presupuestaria 2025” y suma una veintena de medidas.