La política científica y tecnológica en el periodo 2018-2024*

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1095. Junio 12, 2025)

 

Los párrafos siguientes forman parte de la introducción del libro: Canales Sánchez, A. (coord.) (2025) “La política científica y tecnológica en el periodo 2018-2024. Los saldos de la transformación”. PUEES-UNAM. 283 pp.

En la obra participan: Andrés Agoitia, Claudia Díaz, Alejandro Márquez, Tomás Maya, Rosalba Ramírez, David Ríos, Brenda Valderrama y Judith Zubieta. El libro fue presentado el pasado 6 de junio y participaron en la presentación Gabriela Dutrénit, Julia Tagüeña y Roberto Rodríguez.

 

Las expectativas que se generan en cada nuevo periodo de gobierno son heterogéneas. Qué se propone, cómo piensa ponerlo en marcha y, al final, cuánto se logró, son las interrogantes que aparecen cíclicamente en cada sexenio. Este libro, auspiciado por el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, se ocupa de examinar las políticas científicas y tecnológicas, como una de las áreas de actuación gubernamental en el periodo 2018-2024. Es un esfuerzo colectivo realizado por personas con preocupaciones académicas en común sobre el sector. Las diferentes lí­neas o programas más sobresalientes se documentan en los distintos ca­pítulos; la finalidad es mostrar los elementos analíticos necesarios, el desa­rrollo de cada política y ofrecer al eventual lector las evidencias de cada caso para integrar un balance ponderado. Sin embargo, es difícil enten­der algunos de los elementos clave del sector sin remitirse al marco polí­tico más amplio en el que se desenvolvieron los acontecimientos

 

Tal parece que el interés por conocer qué prometen los gobernantes y los resultados que obtienen se ha incrementado a partir de la alternancia política del año 2000. A partir de esa fecha, después de dos sexenios sucesivos de gobierno del Partido Acción Nacional (pan) y uno más de retorno del Partido Revolucionario Institucional (pri), una coalición de partidos encabezada por una nueva fuerza política ganó las elecciones federales en el 2018. La nueva agrupación política apenas había sido fundada como asociación civil en el 2011 como Movimiento de Regeneración Nacional (morena) por el político Andrés Manuel López Obrador (amlo). Tres años después obtuvo su registro como partido político, confirmando la postulación de amlo como su candidato presidencial obteniendo, a su vez, el mayor volumen de votos en comparación con el total de partidos participantes en los comicios. La fuerza política era novedosa, pero su candidato triunfador era la tercera ocasión que competía en unas elecciones presidenciales. Los factores asociados al proceso electoral y la trayectoria política de amlo no hicieron más que elevar las expectativas sobre su desempeño como presidente, después de todo ya había ocupado la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y había expresado sus posiciones en las contiendas electorales previas, pero estaba por comprobarse su ejercicio en la presidencia y cuáles propuestas de campaña se harían efectivas durante el periodo de gobierno.

 

Lo paradójico es que amlo, todavía como candidato, también anticipó los nombres de las personas que lo acompañarían en las tareas de gobierno si triunfaba en las elecciones […]López Obrador dio a conocer, medio año antes de las elecciones, los nombres de las 16 personas y las respectivas secretarías que ocuparían en su eventual gabinete legal. La persona que estaría al frente del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) no estuvo dentro de esos primeros nombramientos, seguramente porque el organismo no forma parte de la primera línea de gestión, es una entidad paraestatal y pertenece a lo que se conoce como gabinete ampliado en la administración pública. Sin embargo, antes de la jornada electoral, en ocasión de la temática del tercer y último debate por la presidencia, amlo anunció que María Elena Álvarez-Buylla sería la persona titular del organismo, si él ganaba las elecciones. Una científica del área de la biotecnología que había recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el año 2017. Así que la situación era peculiar: había elementos para prever cómo sería el periodo de gobierno y, al mismo tiempo, una relativa incertidumbre sobre el desenvolvimiento que mostrarían en el ejercicio de gobierno.

 

Una vez declarado presidente electo, López Obrador desplegó múltiples iniciativas antes de arrancar propiamente con su sexenio el 1 de diciembre del 2018.  […] De modo que la transición de gobierno del 2018 fue de julio al último día de noviembre y, ese periodo, que gobiernos anteriores habían utilizado para integrar su gabinete, AMLO lo destinó a reunirse con algunos de los actores sociales clave de la vida pública, trazar sus planes de gobierno y anticipar medidas. Por ejemplo, entre muchos otros, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para comunicarles que había confianza en el país, que se proponía realizar una transformación del país y la haría a través de la concordia. Incluso les expresó que si bien su gobierno había logrado mayoría en el Congreso, no habría prepotencia y añadió la frase que se reiteraría en el periodo: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. También sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad académica y científica encabezados por el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), Enrique Graue, en cuyo foro recibió un documento de propuestas y prometió que nunca tendrían un “presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto” (AMLO. 22.08.218).

 

Quizás el primer anuncio de López Obrador en el periodo de transición que generó mayor expectativa fue su intención de poner en marcha una política de combate a la corrupción y de austeridad en la administración pública. En su momento, su recepción se dio con cierto escepticismo y preocupación, porque parecía difícil que todos sus componentes se pudieran implementar en la intrincada y voluminosa estructura administrativa de las dependencias. Posteriormente se constataría que habría nuevas reglamentaciones y tendría un fuerte impacto en el servicio público. El presidente electo, 15 días después de los resultados electorales, presentó medio centenar de medidas dirigidas a frenar la corrupción y racionalizar el gasto público (AMLO. 14.08.2018). Algunas de las más destacadas incluían la suspensión de fueros y privilegios para los funcionarios públicos, como la reclasificación del tipo de delitos para ser juzgados, la disminución del sueldo del presidente –a la mitad de lo que recibía el antecesor– y de altos funcionarios, limitación de viáticos al mínimo, extinción de la partida presupuestal para gastos médicos privados, así como la destinada a la compra de vehículos nuevos o de equipos de cómputo en el primer año de gobierno, entre otras tantas medidas. También incluyó restricciones de viajes al extranjero, la cancelación de los fideicomisos, la reducción de 70 % del personal de confianza, la cancelación de pensiones a los expresidentes de la república, la reducción de 50 % en el gasto publicitario del gobierno o la exclusiva disposición de choferes para secretarios y subsecretarios. Tal vez, en previsión de la inquietud generada por el alcance de las medidas, el entonces presidente virtual solicitó comprensión y previno: “no engañé a nadie, en la campaña planteé todo esto, en las plazas públicas, no me estoy sacando nada debajo de la manga”. […]

 

Entonces, el titular del poder ejecutivo federal había anticipado cuál sería su equipo de gobierno, qué se proponía lograr y cuáles serían los principales ejes de su gestión, únicamente faltaba conocer cómo se desempeñaría en el ejercicio de gobierno y qué políticas adoptaría en el terreno de la actividad científica y tecnológica. […]

 

En el libro se da cuenta del desenvolvimiento puntual de las iniciativas más emblemáticas del sector y, a la par, se busca un balance equilibrado de lo que ocurrió en el periodo.

Final e inicio de ciclo gubernamental

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1061. Septiembre 26, 2024)

 

La próxima semana concluye el sexenio 2018-2024. El equipo gubernamental que se va y el que entrará en funciones coinciden en que habrá un segundo piso de lo que se ha hecho hasta ahora, en referencia al sexenio que concluye.

 

Los integrantes del nuevo gabinete también han anunciado que habrá cambio y continuidad. En el sector educativo y en el científico y tecnológico todavía no se sabe qué alcance tendrá el cambio ni qué se preservará realmente de lo que se hizo en el periodo que concluye. Sin embargo, las expectativas actuales son distintas a las que había hace seis años y también son muchos los pendientes, los agravios y los rezagos en estos sectores, aunque no encabezan la lista de pendientes en la agenda pública

 

En el 2018 la novedad relativa fue que López Obrador, el candidato de Morena, ganará las elecciones federales y lo hiciera con un amplio margen. Tal vez por la misma razón, en aquel entonces, recibió mucha atención pública todo lo que proponía, después de todo era la tercera vez que aspiraba a la presidencia y lo hacía por un partido político relativamente nuevo.

 

Ahora, no fue del todo sorpresivo que la misma fuerza política y su candidata, Claudia Sheinbaum (CSP), de nueva cuenta ganaran las elecciones. Lo notable fue que alcanzara un porcentaje de votación todavía más alto que el registrado en las elecciones previas. Sin embargo, las propuestas que ha formulado no han merecido mayor reconocimiento público, en parte porque no se alejan demasiado de las que están en marcha y en parte porque predomina la narrativa de continuidad.

 

El contraste entre el periodo de transición anterior y el actual también es inevitable. Una vez declarado presidente electo, AMLO no solamente anticipó algunas acciones de gobierno, como el medio centenar de lineamientos para el combate a la corrupción y de política de austeridad que después se converitrían en ley, también se reunió con los principales actores políticos.

 

Por ejemplo, en el sector educativo, el 24 de agosto del 2018, acudió con los rectores de las instituciones de educación superior, agrupados en la Anuies, donde le entregaron un documento con propuestas para el subsector: “Visión y acción 2030”. También se reunió con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De hecho, en ese encuentro acordaron celebrar mesas de trabajo a lo largo del periodo de gobierno para el seguimiento de la agenda educativa, misma que incluía la cancelación de la reforma del 2013.

 

Otra reunión más del entonces presidente electo fue con los integrantes de la comunidad académica y científica. La misma se verificó en el Palacio de Mineria y la ocasión fue la entrega del documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024”

 

En aquella reunión AMLO expresó que el sector privado también debería realizar aportaciones al gasto nacional en ciencia y tecnología. Además, señaló que buscaría incrementar el presupuesto para el sector, pero si la situación económica se ponía complicada, se comprometía a garantizar que ese presupuesto no estaría por abajo de la inflación. Y sí, la promesa desencadenó aplausos de los asistentes.

 

Sin embargo, la promesa de los recursos se incumplió a lo largo del periodo de gobierno; no se sostuvo para el ramo 38, el gasto que ejerce centralmente el organismo rector de la política científica y tecnológica. La relación con las organizaciones intermedias sectoriales cambió completamente, en su mayoría fueron anuladas; el ejecutivo centralizó las decisiones y declaró su preferencia por la distribución directa de los recursos públicos.

 

En el periodo de transición actual, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, la presidenta electa solamente ha realizado giras conjuntas de fin de semana a las entidades federativas con el presidente en funciones. No se ha reunido con representantes del sector, al menos no hay registro público de tales acontecimientos.

 

Los documentos con propuestas sí se han elaborado, pero han recibido un tratamiento distinto. La Anuies, como ha ocurrido en cada cambio de gobierno, preparó su documento de propuestas, en esta ocasión se titula “Compromiso común por el futuro de la educación superior mexicana”. La Asociación, probablemente, acercó el documento al nuevo equipo de gobierno. Sin embargo, no hubo ninguna asamblea extraordinaria con la presidenta electa; ni una entrega formal, pública.

 

Tampoco hubo ningún foro público de la presidenta electa con la comunidad académica y científica. La expectativa era que la próxima mandataria, dado que se desempeño laboralmente en un instituto de la UNAM y se reconoce como científica, se reuniera con con estos sectores. No fue así.

 

La excepción fue con representantes de la CNTE, el encuentro se realizó en este mes, aunque se trató de una reunión conjunta con AMLO, la actual secretaría de Educación y el siguiente titular de la misma dependencia. Los profesores señalaron que se trató de una mesa de negociación para revisar demandas pendientes y “la próxima mandataria se comprometió a darle continuidad al diálogo con la CNTE” (11.09.2024).

 

Las diferencias entre la víspera del inicio del sexenio anterior y el actual son evidentes. El previo parecía anticipar una dirección y tomó otra; en el segundo ha predominado la narrativa de continuidad, pero todavía no se anticipa cuáles serán sus dimensiones fundamentales. Uno de los componentes que permitirá valorar el próximo ejercicio de gobierno es el punto de partida que asumirá de forma explícita. Allá vamos.

 

Pie de página: Sinaloa vive una violencia permanente e incontrolable y las autoridades locales le añaden un factor más. El Congreso local modificó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, contraviniendo lo que estipula el artículo 3º constitucional acerca de la participación de la comunidad universitaria en los procesos de reforma. La inconformidad va en ascenso.

Transición corta y promesas largas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1047. Junio 06, 2024)

 

La reforma del artículo 83 constitucional del 2014 acortó el periodo de transición gubernamental. Ahora, a diferencia de sexenios anteriores, el lapso es de poco menos de cuatro meses.

 

Los resultados de las recientes elecciones fueron ampliamente favorables para Claudia Sheinbaum Pardo y le corresponderá, por primera vez, un periodo de transición corto. Pero es un lapso razonable para que la administración saliente rinda cuentas y la nueva decida cómo iniciará su gobierno.

 

Si ambas pertenecen al mismo partido político, como ocurre en esta ocasión, el proceso puede ser más sencillo. Porque, cabría suponer, existe una línea de afinidad política entre una y otra. Sin embargo, la transición siempre es algo más complicado que presentar los libros blancos o amoldarse a lo que hay.

 

Los conflictos o las diferencias pueden no trascender públicamente, pero las huellas serán inocultables. Al final, una vez hechas las sumas y restas, la nueva administración tiene en la mesa los pendientes, tanto como decidir qué conservar y qué no de lo realizado.

 

La semana pasada, en este mismo lugar, en la víspera de las elecciones y ante el inminente cierre del periodo de gobierno, dijimos que había que prestar atención a los datos y las fuentes para un eventual balance de la administración. Además, será ineludible establecer la línea base de arranque del periodo y asignar las responsabilidades que corresponden. Los balances ya están sobre la mesa, pero no es suficiente.

 

Falta lo que piensa poner en marcha el nuevo gobierno. Llegará el momento para que presente su Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. Por lo pronto, para vislumbrar el primer semestre de gobierno, está la declaración de intenciones.

 

El documento más estructurado y que mejor refleja lo que cabría esperar de la próxima administración es el titulado “Claudia Shaeinbaum.100 pasos para la transformación”. Una propuesta difundida al final del mes de febrero de este año y que condensa sus compromisos en las diferentes áreas de la administración pública.

 

La educación y la ciencia forman parte de esos compromisos. Quizás, en este momento, no son las áreas de mayor preocupación, estando como están las cosas con las agencias calificadoras y las especulaciones en los mercados financieros. Pero tampoco pueden ser ignoradas en el periodo de transición ni en la actuación gubernamental.

 

Según el documento citado, el “segundo piso de la transformación” para la educación básica concretará el marco operativo y curricular del nuevo sistema educativo nacional y desarrollará diferentes proyectos de innovación como se indican en la propuesta curricular de la “Nueva Escuela Mexicana” (p. 346).

 

Las acciones son múltiples y muy variadas, entre otras, incluyen infraestructura y equipamiento de escuelas, planteles con horarios extendido y becas. Aunque como única meta cuantitativa para el año 2030 --le denominan métrica-- plantea alcanzar una cobertura universal de becas para educación básica. Sí, el énfasis está en alargar lo ya realizado.

 

Otro tanto ocurre con la educación media superior. Por ejemplo, en materia curricular, plantea fortalecer el Marco Curricular Común, así como impulsar equivalencias y esquemas de portabilidad para el nivel. Pero en este nivel propone dos metas: alcanzar el 85 por ciento de la cobertura bruta y lograr una eficiencia terminal del 73 por ciento, ambas para el final del periodo.

 

Vale la pena indicar que la tasa bruta de cobertura en la educación media ha experimentado una disminución en los últimos seis años. En el 2017 era de 84.8 por ciento, para el 2019 disminuyó a 83.2 por ciento y en el 2022, último dato disponible, fue de 80.8 por ciento. No está fácil añadirle alrededor de un punto porcentual por año a la cobertura; tampoco es imposible. Pero si se cumpliera la meta que promete la nueva administración, la eficiencia sería equiparable a la del 2017.

 

A su vez, la eficiencia terminal en el ciclo 2018-2019 fue de 63.9 por ciento y para el ciclo escolar 2021-2022 llegó 70.2. Es decir, el reto sería incrementar la eficiencia terminal en 3 puntos porcentuales. Tampoco es sencillo, aunque sí está más al alcance.

 

También hay metas comprometidas para educación superior y para ciencia y tecnología. Las examinaremos la próxima semana. Por lo pronto anotemos que para el nivel superior promete alcanzar una tasa bruta de cobertura de al menos 55 por ciento. Pero conviene recordar que la presente administración prometió el 50 por ciento y no, no lo alcanzará. Ya lo veremos.

 

Pie de página: Muchas encuestas y especulaciones sobre el comportamiento de los votantes en las recientes elecciones federales. Pronto estarán los datos duros y podremos tener un mejor conocimiento. // Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, será el coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa.