La ley y el retorno de becas para movilidad al extranjero

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1113.Octubre 30, 2025)

 

El marco fue la conferencia inaugural del Colegio Internacional de Graduados, un programa académico que tuvo lugar el pasado 21 de octubre en la UNAM, donde la subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, anotó que se habían reanudado las becas de movilidad internacional y les precisó a los asistentes: “Cuenten con la Secretaría para continuar con estos esfuerzos” (Boletín UNAM-DGCS-740).

 

La subsecretaria se refería al eventual apoyo que se dará a los esfuerzos de cooperación y movilidad que ya suman más de quince años entre la UNAM, El Colegio de México, el CIESAS y las universidades Libre de Berlín, Humboldt y Potsdam, de Alemania.

 

La recepción de la noticia fue muy bienvenida y el contraste no podía ser mayor con lo que ocurrió en la administración anterior. A partir del 2020, las cifras oficiales registran la drástica disminución de becas para movilidad al extranjero (CSP. Primer Informe de Gobierno, 2025).

 

Todavía en el 2019 sumaban poco más de 3 mil 440 becarios, al año siguiente solamente se otorgaron 22 apoyos, ninguno en los dos años siguientes y otros 24 en el año 2023. Nada más.

 

En este año, el pasado mes de junio, como lo dijo la subsecretaria Vázquez, la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti) emitió la convocatoria de becas para movilidad académica. De hecho, el plazo para ingresar las solicitudes cierra el próximo 7 de noviembre. Al parecer, la intención es reanudar la periodicidad de las convocatorias, puesto que la misma funcionaria anticipó que la próxima será publicada en marzo del año próximo.

 

La situación en el sector científico y tecnológico, como ocurre en otras áreas de la administración pública, es un tanto peculiar. A pesar de que la narrativa actual es de continuidad y consolidación de lo que se hizo en el periodo gubernamental anterior, lo cierto es que una buena parte de las acciones que estaban en marcha han sido modificadas de forma notoria, cuando no completamente revertidas.

 

El caso de las becas para movilidad al extranjero es un ejemplo. Seguramente, usted recuerda que al inicio de sexenio del expresidente López Obrador, cuando entró en vigor su memorándum de austeridad, todos los viajes al extranjero tenían que ser autorizados por el ejecutivo federal. La medida, en especial, incluyó a los Centros Públicos de Investigación (CPI) y repercutió en el volumen de becas para estudios en el extranjero.

 

En una de las conferencias de prensa del expresidente, a propósito de una pregunta sobre los criterios para otorgar becas para estudiar fuera de México, señaló: “Que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera el viaje, porque pues ahora se pueden hacer las cosas por Internet” (03.06.2019).

 

Todavía más, como punto final a los criterios que se podrían adoptar para las becas de movilidad, López Obrador añadió: “yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara”. Al año siguiente, como lo anotamos, prácticamente se suprimieron los apoyos: pasaron de más tres mil a una veintena de becas.

 

Ahora, todo parece indicar que se reanudará no solamente el apoyo para movilidad internacional, también se dará marcha atrás al mecanismo para el otorgamiento de las becas y a los lineamientos de organización del Sistema Nacional de Posgrado. Lo anotamos aquí mismo, en su oportunidad: la Secihti instauró un Comité de Becas y Posgrados desde el pasado mes de agosto (DOF. 20.08.2025).

 

El Comité es la máxima autoridad en materia de becas y está integrado por ocho funcionarios de la Secihti: siete personas titulares con voz y voto, y como invitado permanente el responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos con voz, pero sin voto. Las decisiones del Comité, establecen sus lineamientos, son inapelables e inobjetables.

 

Además, la semana pasada, la Secihti emitió los nuevos Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados (DOF. 21.10.2025). Una clasificación y una regulación diferente para el caos que imperaba en eso que no podía llamarse sistema. Lo revisaremos en una próxima entrega. 

 

En fin, no está nada mal enmendar las acciones fallidas y los inocultables errores. Sin embargo, también es evidente la divergencia entre las acciones del sector y el marco legal que debe ampararlas. Desde hace dos años la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGMHCTI) fue impugnada y el asunto sigue sin resolverse; ni la Corte anterior ni la nueva se han pronunciado.

 

Al cambio de gobierno, el anterior Conahcyt se convirtió en una nueva secretaría y la misma ley general, prevista para el organismo anterior, continúa sin reforma alguna. Así que las acciones en marcha tienen que adaptarse al marco normativo vigente o, en lo posible, modificar las normas secundarias.

 

Tal parece que la reforma a la ley general de ciencia es irrelevante. O bien, es una caja de pandora que nadie quiere tocar.

 

Pie de página: En la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) Plantel Chalco, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló: “Fíjense, para que el 55 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la universidad hacen falta un millón de espacios más; o sea, son 2 millones, entonces, para que todos los que desearan estudiar tuvieran esa posibilidad”. ¿Uno o dos millones? La cantidad correcta es la primera, pero…// Siguen apareciendo anomalías en la gestión de Álvarez-Buylla, la exdirectora del Conahcyt. En la cuenta pública del 2024, la Auditoría Superior de la Federación le solicitó aclarar casi tres millones de pesos del programa Investigadoras e Investigadores por México (Reforma 27.10.2025) //. Queda para el registro.

CIDE: El consejero y las disputas institucionales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1111. Octubre 16, 2025)

 

El nombramiento del actual director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), José Romero Tellaeche, desde el inicio, en noviembre del 2021, fue polémico y cuestionado por la comunidad de ese Centro.

 

Los conflictos no han cesado y tal parece que el Cide llegará, el próximo mes de noviembre, a su aniversario de medio siglo sumido en las disputas entre autoridades y personal académico. Una cara pública que ya no parece sorprender a nadie, pero que no deberíamos acostumbrarnos a ella.

 

En el sector científico y tecnológico, al cambio de gobierno, aparentemente, las relaciones entre comunidad y autoridad se distendieron. Después de un sexenio de agravios y cuentas pendientes con la anterior titular del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, parecía que investigadores, becarios, directivos, personal de los centros públicos de investigación y academias, entre otros, ingresaban a una nueva fase de entendimiento con la autoridad.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hemos indicado en este Acelerador de Partículas, antes de iniciar su periodo, sorprendió a la comunidad académica y científica con su propuesta de elevar a rango de secretaría al anterior Conahcyt. Una decisión que reforzó su imagen de política preocupada por los asuntos científicos.

 

Además, la presidenta Sheinbaum designó como titular de la nueva secretaría a Rosaura Ruiz Gutiérrez (RRG), una persona identificada como científica y funcionaria universitaria de alto nivel. También contaba con el antecedente de haberse desempeñado como secretaria de educación y ciencia local cuando la ahora presidenta ocupó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

 

Y sí, en el periodo de transición, lo mismo que en los primeros meses de gobierno, los puentes de entendimiento entre la autoridad y la comunidad del sector se restablecieron. Sin embargo, en la realidad de los hechos, las restricciones presupuestales no se modificaron en este año, tampoco cambiarán para el siguiente y lo más probable es que continúen de la misma forma todo el sexenio.

 

Habrá voluntad política, pero lo que no hay son recursos. Las fisuras en los puentes de entendimiento ya son visibles en el programa Investigadoras e Investigadores por México (un tema del que nos ocuparemos en próxima entrega) y en otras iniciativas. Pero no es solamente un asunto de escasez de recursos financieros y el caso del Cide lo ilustra con claridad.

 

En junio de este año, seguramente usted recuerda el episodio, la titular de la secretaría de ciencia, RRG, le expidió el nombramiento oficial de consejero a título personal —uno de los cuatro que puede designar—, con firma autógrafa, a Sergio Aguayo Quezada para integrarse al Consejo Directivo del Cide (Oficio A100/206/2025). Se trata del órgano de gobierno del Centro y se integra por 14 personas.

 

Sin embargo, las autoridades del Cide se inconformaron con ese nombramiento y argumentaron que todavía no concluía el plazo del consejero que se pretendía sustituir. En efecto, era el mes de junio y el encargo vencía el 26 de octubre. En otras circunstancias, la cadena administrativa de mando habría seguido su curso y la orden se habría acatado. Pero no, nada más y nada menos, la directora RRG tuvo que dar marcha atrás y cancelar el nombramiento de Sergio Aguayo.

 

El caso es que “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, en unos días más deberá operarse la sustitución del consejero a título personal en el Consejo Directivo del Cide. Seguramente serán otros los términos de la designación y otros los protagonistas, pero su desenlace nos mostrará qué cabría esperar sobre el rumbo que tomará en el corto plazo la dirección del Centro.

 

En este contexto, vale la pena notar la creciente inconformidad de la comunidad del Cide con sus autoridades. Una de ellas es la acusación pública de miembros del personal académico por “las actitudes de misoginia y desdén” mostradas por Romero Tellaeche en la reunión con integrantes del sindicato de trabajadores y del sindicato del personal académico (09.10.2025)

 

Otra es la reciente inconformidad por la negativa de los directivos del Centro a respaldar institucionalmente la solicitud de cinco jóvenes que trataban de postularse a becas de estancia posdoctoral de la secretaría de ciencia (10.10.2025).

 

Según el estatuto general del Cide, el cargo de director general tiene una duración de cinco años y puede ser ratificado por otro periodo igual. El 29 de noviembre del año próximo vence el primer periodo y será el punto de inflexión para definir el futuro del Centro.

 

Por lo pronto, este 25 de noviembre el Cide cumplirá 50 años de su fundación y no llega en su mejor momento.

 

Pie de página: Una nota de Arturo Ángel, en Milenio Diario del pasado 7 de octubre, dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por “posibles malos manejos de recursos que habrían ocasionado un daño al erario superior a los 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla” (Milenio 07.10.2025). Pero tal parece que el monto es bastante mayor y las acusaciones crecerán. Pendientes.

Primer año: borrado el presupuesto científico, pero con educación de adultos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1109. Octubre 2, 2025)

 

Esta semana se cumplió el primer año de ejercicio gubernamental de la primera presidenta de la República. La fecha es emblemática para cualquier gobierno y tal vez lo sea más para la actual gestión, tanto por la línea de continuidad y cambio con la administración anterior como por las dificultades del caso.

 

El corte sobre el estado que guarda la administración pública fue presentado el pasado 1 de septiembre y, como lo anotamos en este Acelerador de Partículas, el contenido del mensaje político que pronunció la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), no se correspondía con los números de su propio informe de gobierno sobre el sector científico y tecnológico (Aquí lo puede consultar: Campus No. 1106).

 

Todavía es más sorprendente que en el balance del primer año, en la primera línea de acción de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), no está el financiamiento, los proyectos o las becas. La iniciativa que destaca es el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica para “favorecer la integración de los jóvenes a la actividad productiva desde el nivel medio superior y superior” (p. 206).

 

El objetivo de ofrecer alternativas educativas vinculadas al mundo del trabajo es importante y muy necesaria. Sin embargo, sorprende porque, por una parte, usualmente los informes de gobierno sectoriales, para comenzar, daban cuenta del estado de la administración pública en el orden financiero y avances de las acciones más sobresalientes. Así que el primer rubro a informar era el monto de presupuesto recibido y la forma en la que se distribuyó.

 

Pero no, desde la extinción de los fideicomisos públicos en el sector, a partir del ejercicio fiscal del año 2021, el apartado de ciencia y tecnología ya no inicia con las cifras de presupuesto ni la participación relativa de sus diferentes programas en ese presupuesto.

 

Todavía menos aparece el gasto en investigación y desarrollo experimental (Gide). Por cierto, los datos oficiales más recientes de ese tipo de gasto son del 2017. Porque en ese año se realizó la última encuesta para calcularlo y, desde entonces, los datos que tenemos seguramente son proyecciones o cifras sin mayor rigor. Así que ni hablar de la precisión de dicho indicador como proporción del PIB.

 

Por otra parte, también es notable que el rubro con el que inicia el informe del sector científico y tecnológico sea el de alternativas educativas relacionadas con la industria para el nivel medio superior y superior, dado que el antecesor de la Secihti no se había ocupado antes del rubro educativo. Salvo por las becas de posgrado y algunos programas de difusión de la ciencia.

 

Sin embargo, ahora, la Secihti comienza por informar sobre los programas de actualización y capacitación laboral. Por ejemplo, menciona el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que atiende a jóvenes de 18 a 29 años o el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores. Aunque, en sentido estricto solamente son mencionados; no aparecen beneficiarios, ni recursos. Tal vez porque esos datos están otro apartado del mismo informe.

 

En cambio, sí están los números de “Alternativas educativas” como la que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) o de “Educación Dual”. Datos que anteriormente estaban en la sección educativa del informe de gobierno, ahora están en el apartado científico y tecnológico.

 

Sobre la educación de adultos, destaca el apartado, 416 mil 617 personas concluyeron un nivel educativo: 12 por ciento fueron alfabetizados; 34 por ciento concluyeron la primaria y 54 la secundaria (pág. 207).

 

Respecto a la educación dual, la opción formativa que tiene lugar tanto en la escuela como en la empresa, se consignan acciones de diseño de planes, programas, modelos y lineamientos. Pero no hay cifras de alumnos participantes, ni en media superior ni en educación superior. Únicamente se anota que: el Tecnológico Nacional de México, en el ciclo escolar 2024-2025, participaron 105 institutos tecnológicos con 2 mil 21 estudiantes (pág. 208). Las cifras tampoco aparecen en la sección educativa del informe.

 

Al final del informe se destacan media docena de logros de la administración en este primer año: la transformación del anterior Conacyt en la Secihti; la instauración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; la implementación de un modelo de colaboración intersecretarial, interinstitucional e interdisciplinario; la puesta en marcha de proyectos de desarrollo tecnológico; impulso a proyectos con alto nivel de madurez tecnológica; y estimación de mejorar en 70 por ciento, al cierre del año, las becas al extranjero.

 

En este primer año continúa la ausencia de cifras de distribución presupuestal para el sector, seguramente porque las variaciones son pequeñas, pero añade la educación de adultos y las acciones de desarrollo tecnológico. El formato del informe cambió y la colaboración intersecretarial se distribuye los recursos escasos.

 

Pie de página: El 2 de octubre sigue vigente. // Los becarios posdoctorales se inconforman y tienen razón. // No amaina la protesta en la Universidad Veracruzana, también les asiste el derecho y la razón; la Junta de Gobierno se sigue desmoronando. // A propósito de Veracruz, el café de esa región llegará a Marte, según la intervención en tribuna de la diputada local Victoria Gutiérrez Pérez. Y lo planteó en serio// La presidenta CSP ya aseguró que fue un error y se corregirá el recorte de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. // Sin embargo, nada se ha mencionado del error en el Anexo 12 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. // Pendientes.

Presupuesto científico: transversalidad y error del Anexo 12

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1108. Septiembre 25, 2025, pág. 4) 

 

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) le disminuyeron su presupuesto para el año próximo. Este año recibió, en números redondos, 33 mil 296 millones de pesos, y el mismo gobierno propone que para el 2026 reciba 32 mil 810 millones. Es decir, casi 500 millones de pesos menos.

 

Sin embargo, como anotamos en este Acelerador de Partículas la semana pasada, es posible que se trate de un error. Por una parte, porque en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Pef), el que Hacienda entregó al Congreso, y específicamente en el Anexo 12, el que concentra las cantidades a distribuir para las actividades científicas y tecnológicas, señala clara e inequívocamente que son 32 mil 810 millones de pesos.

 

Todavía más, la misma Secretaría de Hacienda, en sus anexos metodológicos de distribución del presupuesto para las acciones transversales de las actividades científicas y tecnológicas, las que se refieren en el Anexo 12, de nueva cuenta señala que suman 32 mil 810 millones de pesos. ¿Quiere decir que todas las acciones que realiza la Secihti son transversales? Así parece, según lo que está en el anexo metodológico y aquí lo puede constatar: t.ly/LpPy v3

 

Por ejemplo, señala cinco rubros de acciones transversales: 1) promoción de esquemas de colaboración y cofinanciamiento con los sectores privado, financiero y social con 692 millones de pesos; 2) desarrollo de la investigación básica y aplicada a través de estrategias de colaboración interinstitucional e interdisciplinaria con 6 mil 449 millones de pesos; 3) mecanismos de transferencia tecnológica con diferentes sectores con 1 mil 619 millones de pesos; 4) becas de posgrado y apoyos con 14 mil 879 millones; y 5) Sistema Nacional de Investigadores (Sni) con 9 mil 170 millones de pesos.

 

Si el presupuesto para las acciones transversales suma 32 mil 810 millones de pesos y, a su vez, esa es la cantidad de presupuesto total para la Secihti, en consecuencia sí, todo lo que hace es transversal. No obstante, no parece muy transversal la distribución de las becas de posgrado, la operación del Sni o incluso el financiamiento de proyectos de investigación.

 

Incluso, es posible que parte de algunos programas sí sean transversales, sea por los distintos sectores involucrados o por las instituciones participantes. Pero no puede ser que toda la operación, remuneraciones, gestión o gobierno de la Secihti sea transversal. ¿O sí?

 

De hecho, en el Pef de este año, el anexo metodológico de presupuesto para acciones transversales precisa que la cantidad para esos propósitos suma poco más de 3 mil millones de pesos. Es decir, poco menos del 10 por ciento del total asignado. Una cantidad que sí parece razonable. Por lo tanto, la cantidad indicada para ciencia y tecnología en el Anexo 12 sí podría ser un error y se volvió a replicar en la metodología de presupuesto para acciones transversales.

 

Por otra parte, en la desagregación de las cifras de la misma Secretaría de Hacienda, la dependencia encargada de diseñar el presupuesto para el año próximo, cuando presenta los cuadros que contienen las cifras por capítulo de gasto y programa para la Secihti, ahí anota otra cantidad: 34 mil 861 millones de pesos.

 

O sea, respecto de este año, habría un incremento de alrededor del 6 por ciento; aproximadamente 2 mil millones de pesos más. También acá lo puede constatar: t.ly/_4DwA. El aumento parece significativo, no solamente porque sería lo opuesto a la disminución que se propone para varias secretarías, como la de Cultura, Desarrollo Agrario o Salud, también porque, si fuera el caso, el porcentaje estaría por arriba del nivel de la inflación.

 

Sin embargo, las cifras tampoco son lo que aparentan. El incremento, no es, en estricto sentido, para las actividades tradicionales de la Secihti y tampoco resulta tan significativo. La mitad de los 2 mil millones de pesos de incremento es para impulsar la Universidad Nacional Rosario Castellanos (URC); el nuevo programa de la actual administración radicado en la secretaría. Una iniciativa que merece un tratamiento aparte.

 

Aunque, a propósito de transversalidad, es posible que la confusión del respectivo anexo metodológico se derive de las fronteras porosas que ahora se trazan entre las secretarías. ¿La URC es transversal a cuál o cuántas secretarías? Tal vez deberían precisarse los criterios de asignación, tanto como los ámbitos de responsabilidad y competencia de las secretarías en proyectos como el de la URC.

 

Si al resto de programas que tiene en marcha la Secihti les corresponde la mitad de la cantidad total proyectada, el porcentaje de aumento, respecto de lo que hoy tiene la secretaría, terminaría en 3 por ciento. Una proporción que con muchas dificultades alcanzará el nivel de inflación esperado y que no dista mayormente de lo asignado a otras dependencias.

 

En fin, lo primero será que la autoridad precise si las cifras del Anexo 12 y de su anexo metodológico son correctas o más bien, las verdaderas, son las que están en sus cuadros de capítulo de gasto. Sin embargo, si es un error, serán los diputados los que ahora tienen la facultad para enmendarlo. ¿Lo harán? Tal vez sí, pero son impredecibles.