Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SESTwitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 718.
Agosto 17, 2017. Pág. 6)
En la Comisión Permanente del Congreso,
en una de las sesiones del mes anterior, se presentaron varios dictámenes con
puntos de acuerdo dirigidos a Conacyt. Algunos merecieron la intervinieron de
los legisladores, otros simplemente quedaron aprobados sin mayor trámite. Sin
embargo, todos ellos fueron o serán comunicados a Conacyt y plantean asuntos
relevantes.
Uno de los puntos de acuerdo, aprobado en
la sesión del 19 de julio, exhorta al Consejo General de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación –máximo órgano de política del sector-- y
al propio Conacyt, “para que en el ámbito de sus competencias, continúen
con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de
estudiantes de posgrado en nuestro país”.
Este exhorto es, en buena medida, uno de
los resultados de la inconformidad mostrada por los jóvenes estudiantes sobre
el reciente recorte en el número de becas que otorga anualmente Conacyt y los
conversatorios a los que aquí nos referimos en su oportunidad. En la sesión, en
su intervención favorable al dictamen, la diputada del PRI, Ruth Noemí
Tiscareño, hizo notar la importancia del ramo 38 (el ramo del Presupuesto de
Egresos de la Federación para ciencia y tecnología) para materializar las
políticas sectoriales.
Al mismo tiempo, la diputada Tiscareño,
destacó que el actual presupuesto del ramo es casi la mitad de lo que sugieren los
organismos internacionales. Y sí, como lo hemos reiterado en este espacio, el
gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico, como proporción del
PIB, es insuficiente y muy por abajo de la propia meta que se autoimpuso el gobierno
federal (ahora está en 0.54 por ciento y se planteó que alcanzaría el uno por
ciento para el 2018).
Un exhorto complementario fue dirigido a
la “Comisión de presupuesto y cuenta pública” de los diputados para que en el
presupuesto del año próximo consideren la posibilidad de ampliar los recursos
para Conacyt. Después de todo, esta comisión y el pleno de la cámara son los
que autorizan los recursos públicos. El incremento es deseable y en el cálculo,
análisis y discusión, debiera considerarse que el presupuesto de este año tuvo
un recorte de casi siete mil millones de pesos. Así que, si fuera el caso,
tendría que ser una ampliación sustantiva de recursos.
Otro dictamen con punto de acuerdo
solicita a Conacyt un informe “sobre los programas denominados de Innovación
Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y
Competitividad de las Empresas e Innovación Tecnológica para Incrementar la
Productividad de las Empresas”. Es, en realidad, un programa de fomento a la
investigación científica y desarrollo tecnológico dirigido a empresas privadas
que opera bajo tres modalidades.
El volumen de recursos financieros para
ese programa (U003) es significativo: 4 mil 640 millones de pesos y, de acuerdo
al diputado Adolfo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, existió un subejercicio en
2015 por 2.3 por ciento. Además, el mismo diputado indicó que, de acuerdo a una
evaluación de el Coneval, no está claro el problema que se busca atender el
programa y la Auditoria Superior de la Federación precisó fallas en la
implementación. El dictamen fue aprobado, sin discusión.
Un ultimo dictamen, exhorta a Conacyt a analizar
la “viabilidad de considerar como invitado permanente a las Comisiones de
Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en el Consejo
General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y en el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación”. Así dice.
Es decir, ahora, legisladores solicitan estar
en el máximo órgano de política y en un organismo intermedio. Es un tanto
sorprendente la solicitud. Por una parte, recordemos las dificultades de
integración y operación del Consejo General que hemos señalado en este espacio y
también la iniciativa que está en curso para la reforma del mismo organismo (la
posibilidad de suplencia de los titulares) y ahora resulta que los responsables
de los cambios necesitan invitación. Por otra parte, la petición vuelve a
plantear el irresuelto problema del diseño institucional del sector, así como la
duplicidad y el trabajo convergente de diferentes instancias del sistema.
La solicitud también revela la escasa densidad de
las comisiones de ciencia y tecnología en el Congreso y en el trabajo
legislativo. Además, la propuesta original fue presentada por la diputada Perea
Santos de Encuentro Social, aunque la diputada, en lugar de dirigir el exhorto
a Conacyt, lo hizo a la SEP.
Un punto de acuerdo emitido por el
Congreso es una posición institucional respecto de algún asunto que se
considera relevante. El reglamento legislativo dice que puede ser de exhorto
cuando se solicita información que puede ser de interés para una comisión, pero
también puede ser una solicitud de información que tiene un interés general.
Los puntos de acuerdo no son vinculantes, pero expresan diferentes asuntos que son de importancia e interés público. En este caso sin duda lo son y valdría la pena conocer lo que Conacyt tiene que decir.
