Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 856. Julio 2, 2020. Pág. 4)
Los programas sectoriales
debieron conocerse desde enero de este año, pero no fue así. Tal vez es la expresión
más inequívoca de que operar la administración pública no requiere de mayor
ciencia y de que las políticas, sin problema, pueden ir a remolque de la
política.
Total, si el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 (PND) no fue realmente un plan, los programas sectoriales que
deben estar alineados a ese plan pueden ser completamente prescindibles o demorarse
sin mayores consecuencias.
¿La ausencia o retraso tiene
importancia? Sí, aparentemente. Porque se supone que constituyen la hoja de
ruta para las diferentes entidades de la administración pública. Marcan los
lineamientos estratégicos, la ejecución de acciones conforme a plazos
determinados y según el presupuesto asignado y, cada año, deben entregar
cuentas sobre el cumplimiento de metas.
Los programas sectoriales son una
guía que no solamente debe guardar coherencia con los grandes objetivos del
PND, también debe conjuntar las propuestas de los gobiernos estatales y las
derivadas de la participación social (fracción III del artículo 16 de la Ley de
Planeación). O sea, incluir los planteamientos de otros actores. Pero si los
programas no existen o son subestimados, lo que prevalece en la administración pública
es, sin más, la visión del ejecutivo federal o la inercia, el pasmo y la
improvisación.
La punta de la madeja normativa
viene desde el PND. La responsabilidad de la elaboración de ese documento le
corresponde al ejecutivo federal, porque constitucionalmente es el timón para
conducir el desarrollo nacional y las actividades de la administración pública;
lo ha sido en periodos anteriores y lo es en el actual.
No obstante, en julio de 2019,
cuando se dio a conocer el PND, fue claro que su estructura no correspondía
propiamente a la de un plan. En todo caso parecía más un “manifiesto político”,
como lo dijo Carlos Urzúa cuando renunció a la Secretaría de Hacienda poco
antes de la publicación del documento.
Esto es, a pesar de que el Plan enumeraba
múltiples propósitos, no puntualizaba los grandes objetivos generales ni
tampoco los específicos; solamente incluyó estrategias para seguridad pública
pero no para el conjunto de áreas de la administración pública. Ni hablar de
líneas de acción sistemáticas o de indicadores, salvo la enumeración de algunas
cifras y las iniciativas que desde entonces ya estaban en marcha. Sí, esos casi
cuarenta programas que quedaron a salvo del decreto de austeridad del pasado 23
de abril.
Por cierto, los diputados también
son responsables de las características del actual Plan. La Ley de Planeación
los faculta para aprobarlo o no, así que bien pudieron hacer sugerencias o de
plano rechazar la formulación atípica, pero no lo hicieron. Incluso pueden
realizar las observaciones que estimen pertinentes “durante la ejecución y
revisión del propio Plan” (artículo 5). Tampoco lo han hecho.
El caso es que las iniciativas
del PND son las que han prevalecido en las diferentes áreas de la
administración pública y lo demás ha sido lo de menos. Al parecer, no requiere mayor
conocimiento el ejercicio administrativo y también, por la misma razón, no
tiene relevancia que aparezcan o no los programas sectoriales.
Apenas, a partir de la semana
pasada, medio año después y una epidemia de por medio, comenzaron a publicarse los
programas sectoriales. Primero fueron los de Economía y Trabajo; después los de
Gobernación, Defensa Nacional y Agricultura y Desarrollo Rural. Hasta ahí van y
deben ser catorce. O sea, la mayoría de programas sigue sin aparecer, al menos
así era hasta el 30 de junio.
Si se añaden los programas
nacionales, regionales y especiales –aparte de los programas sectoriales-- que
usualmente forman parte del ejercicio de la administración pública, en total
deben ser alrededor de cuarenta. Unos y otros, por ley, debieron quedar indicados
en el PND y asegurar su elaboración. El problema es que ninguno está
mencionado, incluidos los sectoriales.
Entonces ¿quiere decir que no
habrá programas? Probablemente, en unos días más, se completarán los sectoriales,
aunque se haya omitido su mención en el PND. Por el contrario, nada está claro
con los programas nacionales (p.e. De Juventud, Vivienda, Seguridad Pública,
Discapacidad) y especiales (Cambio Climático, Cultura, Deporte, Ciencia y
Tecnología, entre otros).
El Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Peciti), por ejemplo, está previsto en la ley vigente
y es “especial” porque establece prioridades nacionales y conjunta esfuerzos en
la materia de varias secretarías de Estado, con el Conacyt como cabeza de
sector. El problema es que ni luces de ese documento. En cambio, ya se publicó
un extenso Programa Institucional 2020-2024 de ese mismo Conacyt (DOF 23.06.2020).
Así que tal vez ni prioridades ni
coordinación de sectores en las secretarías (¿recuerda lo que anotamos aquí
hace dos semanas Campus Milenio No.
854?), solamente prevalecerán los lineamientos del ejecutivo federal anunciados
desde el comienzo de su periodo de gobierno. Y pues sí, el servicio público no
tiene tanta ciencia.
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