CONACYT: fin de un ciclo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1073. Diciembre 19, 2024, pág. 4)

 

Al final de este mes, después de poco más de medio siglo de funcionamiento, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejará de existir y dará paso a la operación de la próxima Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

 

No se trata de la eliminación de las actividades que desempeña el Consejo, como fue el caso de algunos organismos autónomos, y de otros próximos a desaparecer, ya que, más o menos, las mismas funciones serán trasladadas ahora a una secretaría de Estado. De hecho, el supuesto es que la nueva estructura tendrá una mayor jerarquía administrativa.

 

El cambio tiene relevancia e implicaciones, porque el Consejo era una especie de organismo intermedio entre el Ejecutivo Federal y la comunidad del sector. Una instancia que, como en otras naciones, surgió para mediar el patronazgo del Estado y la comunidad de científicos. Ahora podrían cambiar los términos de la relación.

 

La próxima Secihti y el actual Conacyt forman parte de la Administración Pública Federal, pero la primera es parte de la administración centralizada, mientras que el segundo, como organismo público descentralizado, es parte de la administración paraestatal. No tienen la misma personalidad jurídica.

 

El Conacyt, al instaurarse, el 30 de diciembre de 1970, sustituyó al entonces Instituto Nacional de la Investigación Científica. Este último fue creado por el presidente Miguel Alemán en 1950, la principal finalidad era apoyar la investigación científica y respaldar a estudiantes e investigadores.

 

El Instituto tenía la encomienda de mantener un registro del personal científico especializado, así como de las investigaciones con apoyo del gobierno federal y de las respectivas patentes. Por cierto, el Instituto estaba integrado por vocales y estos eran nombrados por el ejecutivo federal.

 

Al reorganizarse el Instituto –cuando el presidente era Adolfo López Mateos y el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet-- conservó sus finalidades y explícitamente estableció que concedería becas a estudiantes, otorgaría apoyo económico a las instituciones formadoras de investigadores y también a investigadores distinguidos para la realización de investigación dentro y fuera del país (Artículo 3.º, DOF. 30.12.1961)

 

A partir de la reorganización del entonces Instituto también se añadió como función la de ser un “órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en materia de investigación científica y para la concesión de los subsidios y otras ayudas de carácter económico” (Artículo 3º Fracción VIII).

 

La iniciativa de ley de creación del Conacyt consideró que el Instituto tendría dificultades para asumir la responsabilidad de coordinar los esfuerzos en materia científica y, por tanto, propuso reemplazarlo por un nuevo organismo.

 

El Conacyt recuperó los lineamientos de respaldo a la comunidad científica, pero sobre todo destacó el papel de organismo asesor y auxiliar del ejecutivo federal sobre la política nacional de ciencia y tecnología, así como de consulta obligatoria para todas las dependencias de la administración pública (DOF. 29.12.1970).

 

A lo largo de las últimas cinco décadas, el organismo experimentó múltiples modificaciones. Las más profundas fueron las derivadas de las reformas normativas de 1984, 1999, 2002 y 2023. Los cambios en las normas le permitieron desectorizarse de otras secretarías y asumir mayores atribuciones, tanto en el diseño de programas como en el manejo de los instrumentos para la orientación del sistema.

 

La última reforma, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, generó fuertes disputas en la comunidad y significó un punto de inflexión en aspectos clave del sector, como la dimensión nacional de las políticas, el financiamiento o la forma de gobierno del organismo.

 

El Conacyt será reemplazado por la nueva Secihti a partir del primer día del mes próximo. A la próxima secretaría le corresponderá la conducción de la política nacional en la materia y, a diferencia del resto de las secretarías de Estado que guardan distancia sobre el federalismo, explícitamente anota que tendrá la atribución de “articular, coordinar y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”.

 

La figura jurídica de la nueva instancia es distinta, se cerrará el ciclo del Conacyt y su papel como organismo intermedio entre el ejecutivo federal y la comunidad.

 

Pie de página: El 9 de febrero del 2004 la UNAM publicó su “Programa de racionalidad y austeridad presupuestaria”, incluía 15 medidas para optimizar su presupuesto. El pasado 9 de diciembre publica el nuevo “Programa de racionalidad presupuestaria 2025” y suma una veintena de medidas.

Rosario Castellanos a escala nacional

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1071. Diciembre 5, 2024)

 

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó, en el marco de su conferencia de prensa del 2 de diciembre, el acta de instauración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El mismo día, la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación traía entre sus páginas el decreto de creación de la nueva universidad.

 

¿Los acontecimientos se han desenvuelto con rapidez y son buenas noticias? Relativamente. Tal vez usted recordará que el primer anuncio público sobre la promesa de llevar a escala nacional a las universidades Rosario Castellanos y de la Salud, se produjo el pasado mes de junio, una vez designada Rosaura Ruiz Gutiérrez como próxima titular de la ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Por cierto, en el paso de Consejo a Secretaría, salvo las humanidades, ahora la denominación para la nueva dependencia es en singular.

 

El anuncio inicial generó más bien interrogantes, tanto sobre la figura jurídica que tendrían las nuevas instituciones, como la secretaría que sería responsable del proyecto y la reorganización interna del subsistema de educación superior. Estos y otros aspectos los planteamos en su oportunidad en este Acelerador de Partículas.

 

Ahora, una vez publicada la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quedó claro que la Secihti tendrá entre sus funciones la administración de los dos nuevos modelos de universidad –sí, “administrar” es la palabra que utiliza-- y la Subsecretaría de Educación Superior continuará en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo se coordinarán ambas secretarías? ¿Qué responsabilidades y atribuciones tendrán una y otra sobre las nuevas instituciones? 

 

Seguramente lo sabremos sobre la marcha o una vez que la SEP presente la actualización de su reglamento interior y la Secihti emita el propio. Por lo pronto, jurídicamente ya existe la nueva secretaría de Ciencia, pero sus normas no están disponibles porque entrará en funciones hasta el primero de enero del año próximo, según lo dispuso el artículo transitorio de la reforma de la administración pública (DOF 28.11.2024).

 

Lo que sí se conoce es la meta de cobertura que tendrá la nueva Universidad Rosario Castellanos y su estatus jurídico. Sobre la primera, el secretario de Educación, Mario Delgado, desde el pasado mes de octubre señaló que se tenía prevista la creación de 30 nuevas sedes y que cada una “albergará entre tres mil y siete mil alumnos, un promedio de cinco mil; por lo tanto, ahí se llegará a 150 mil lugares nuevos que, sumados a los que actualmente tiene ya esta universidad aquí en la Ciudad de México, pues va a llevar a un total de 206 mil” (23.10.2024).

 

El decreto de creación establece que la nueva institución es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía técnica. Su denominación será Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y “estará agrupado en el sector coordinado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías” (DOF 02.12.2024).  Nótese la forma indirecta de referirse a su vínculo con el Consejo, tal vez porque pronto dará paso a la Secihti y dejará de existir, o bien, para no utilizar el término “administrar” que está especificado en las funciones de la nueva secretaría.

 

La institución tiene atribuciones para la formación en todos los niveles de educación superior: licenciatura, especialidad, técnico superior universitario, maestría y doctorado. También tendrá capacidad para expedir certificados, títulos y grados con validez oficial. Estará dirigida por una junta de gobierno presidida por la actual directora del Conahcyt e integrada por las personas titulares de seis secretarías de Estado: Educación Pública; Hacienda y Crédito Público; Cultura; Relaciones Exteriores; Economía; y Anticorrupción y Buen Gobierno. Algo más reducido, pero similar a lo que en su momento fue el Consejo General del Conacyt

 

Todavía no está claro si la persona responsable de dirigir a la UNRC tendrá el cargo de dirección general o rectoría. El decreto se refiere de forma indistinta a ambas, lo que sí precisa es que será designada y removida por la persona titular del poder ejecutivo federal. Aunque, a diferencia de otras instituciones similares, no indica que ese nombramiento sea a propuesta de la secretaría a la que pertenece, en este caso a la Secihti.

 

El mismo día de la firma del decreto, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, anunció que tienen planeado iniciar actividades en el primer semestre del año próximo. También señaló, como aquí mismo lo habíamos anticipado (Campus No. 1056) que la primera universidad estará en Comitán, Chiapas. Después seguirá Tijuana, luego Sonora, San Luis Potosí, Puebla y otros más.

 

En fin, tal parece que el modelo en breve estará en marcha. La instauración de mayores oportunidades educativas para los jóvenes es necesaria y siempre bienvenida. Sin embargo, no basta con las buenas intenciones; a nivel nacional hay experiencias de cómo proceder y también de cómo no hacerlo. Ojalá que el patrón que conduzca el nuevo modelo tenga los recursos suficientes y siga las mejores prácticas.

 

La propuesta de presupuesto para el conjunto de instituciones de educación superior para el año próximo no es satisfactoria, incluso si se corrige el supuesto error que cometió Hacienda. La presidenta Sheinbaum aclaró que los recursos para la UNRC serán federales y “los profesores, toda la nómina educativa sea parte ya de la nómina federal, y además, las nuevas universidades”.

 

El proyecto de presupuesto para el año próximo no incluye a la UNRC, seguramente porque la institución no tenía un estatus jurídico para asignarle recursos. Pero lo más probable es que ya tenga un monto asegurado. Queda por resolver si lo que sumará el nuevo modelo universitario se le restará al resto del subsistema. Pronto lo constataremos.

 

Pie de página: La UNAM colaborará con la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México para la gestión y supervisión del Proyecto Utopías.

El error, la nueva secretaría y los votos en particular

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 (Publicado en Campus Milenio No. 1070. Noviembre 28, pág. 4)

 

El Senado seguramente aprobará sin mayores contratiempos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que incluye la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Al momento de escribir este texto, aún no se había realizado la sesión, pero estaba programada para esta misma semana.

 

Sin embargo, es posible que por un error de origen en la iniciativa --como lo señaló Javier Tejado Dondé (19.11.2024)--, y que no corrigieron ni los diputados ni las comisiones unidas de los senadores, el proyecto sea enmendado en el pleno del Senado. Así que retornará a la cámara baja y se demorará un poco más de lo previsto.

 

El error en el proyecto original está en el artículo 26, que enumera las entidades del poder ejecutivo federal encargadas de despachar los asuntos de orden administrativo --antes las refería como dependencias y ahora como secretarías--, y omite añadir a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como parte de esas entidades (pág.52-53). Lo grave es que la exclusión es atribuible a la propia Consejería, la instancia revisora y autorizada para enviar las iniciativas de ley de la presidencia.

 

Es probable que el error se subsane y la reforma quede lista antes de que concluya el año. De hecho, la senadora Cynthia López Castro, la legisladora que se pasó de las filas del PRI a las de Morena hace unas semanas, presentó un voto en particular para que el pleno del Senado corrija “la omisión realizada en la dictaminación y aprobación de las citadas comisiones” (Gaceta26.11.2024).

 

No obstante, el incidente, además de mostrar improvisación e indolencia en la elaboración de los proyectos de ley, también puede resultar útil para ilustrar las posiciones de los legisladores sobre la creación de la próxima secretaría de ciencia. Por ejemplo, el pasado 13 de noviembre, cuando los diputados aprobaron el proyecto, claramente se expresó una opinión favorable a la instauración de la nueva entidad, tanto del bloque gobernante como de los partidos opositores.

 

Si acaso, los legisladores de oposición expresaron reservas sobre el tema presupuestal y los posibles sesgos de la nueva secretaría. Por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera de Movimiento Ciudadano anotó que “crear una secretaría sin un respaldo sólido de presupuesto y planificación puede dejarnos únicamente con buenas intenciones.

En el pasado, vimos como el Conacyt perdió fuerza y recursos y no podemos repetir los mismos errores” (13.11.2024).

 

Los diputados del PAN también expresaron su respaldo a la iniciativa, pero llamaron la atención sobre el descuido del sector y la centralización. Así lo manifestaron Fernando Torres Graciano y las diputadas Eva María Vásquez y Nancy Aracely Olguín Díaz, quienes exigieron que los apoyos se entreguen sin favoritismos. Por su parte, Asael Hernández Cerón afirmó que no tolerarían cualquier intento de centralización. Finalmente, la nueva secretaría quedó aprobada sin mayores dificultades.

 

En el Senado, previo a la sesión plenaria, el dictamen de las comisiones unidas fue favorable a la reforma a la LOAPF, pero 15 legisladores presentaron votos particulares. Más de la mitad de esos votos son de Morena y, como era previsible, son de respaldo a la iniciativa. Entre ellos están los votos de dos senadoras del mismo partido, Laura Itzel Castillo y María Martín Kantún que avalan la creación de la próxima secretaría.

 

Lo notable es que los votos de ambas senadoras comparten antecedentes idénticos, con seis consideraciones similares y el mismo número de páginas de voto razonado. Todo igual y aquí se pueden leer: t.ly/crvvN.

 

Por ejemplo, una de las consideraciones señala: “Los gobiernos neoliberales con la implementación de la estrategia de privatizar para mejorar las condiciones del país, generaron un retroceso en el avance tecnológico y científico del país, ya que los recursos públicos eran destinados para las investigaciones privadas, privilegiando a unos cuantos de poder tener acceso a la investigación tecnológica y científica”. Así está redactado.

 

En consecuencia, se anota en el voto, la creación de la secretaría garantiza el acceso a los conocimientos tecnológicos y científicos, así como la independencia en la materia y permitirá “llegar a ser una potencia mundial en el desarrollo científico y tecnológico”. Eso está anotado. Por lo tanto, finalizan, el voto particular resalta la necesidad de elevar la agenda del sector a nivel de secretaría “con la finalidad de lograr una coordinación efectiva con otras dependencias del gobierno”.

 

En fin, así los legisladores. Esperemos la aprobación final de la próxima entidad administrativa, su presupuesto y el reglamento interno que establecerá sus bases de funcionamiento.

 

Pie de página: Rosaura Ruiz, próxima titular de la nueva secretaría, dijo en la red social X: “Acudí en nombre de la Presidenta @claudiashein a recibir el premio de la Sustainability Nobel Trust, que le otorgan por su gran trabajo como ambientalista. Gran orgullo para mí, recibirlo en nombre de la primera Presidenta de nuestro país y la primera persona científica que dirige nuestro adorado México” (22.11.2024).

Nueva secretaría de ciencia con 0.4 por ciento

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1069. Noviembre 21, 2024)

 

El gobierno federal ya entregó el paquete económico para el año próximo y, como aquí mismo lo comentamos, ese era uno de los factores que faltaba por conocer para tener una mejor idea del alcance que puede tener la próxima secretaría de ciencia. A pesar de los desatinos y graves errores reconocidos por la misma Secretaría de Hacienda en el diseño del presupuesto, el proyecto entregado es lo que hay.

 

Ahora está claro que la nueva entidad administrativa, en comparación con lo que recibía el Conahcyt, no tendrá más recursos. De hecho, es posible que la operación de la próxima secretaría sea todavía más complicada, porque la propuesta del gobierno federal es que ni siquiera reciba la misma cantidad, en términos reales, respecto a lo que tenía asignado el Conahcyt.

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) no incluye nominalmente a la nueva secretaría porque jurídicamente todavía no existe. Los diputados apenas aprobaron la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el pasado 13 de noviembre, iniciativa que dará paso a la creación de la dependencia, pero todavía debe ser ratificada por los senadores. Lo más probable es que el asunto se postergue hasta el mes próximo.

 

Sin embargo, el PPEF sí incluye el ramo 38, un rubro destinado al gasto para “humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”. La propuesta planteada por Hacienda es que ese ramo reciba para el año próximo 33,296 millones de pesos. Debe recordarse que este año recibió 33,171 millones de pesos.

 

En términos nominales, si se comparan ambas cantidades, se notará que el incremento es de poco más de 125 millones de pesos. En términos porcentuales, el aumento de este año para el siguiente es de apenas 0.4 por ciento. El problema es que la misma Secretaría de Hacienda había estimado en abril que la inflación esperada para el cierre de este año sería de 3.8 por ciento (SHCP. 01.04.2024)

 

Después, el pasado 15 de noviembre, cuando el gobierno federal entregó el paquete económico para el año próximo, recalculó la inflación esperada. Ahora prevé que se ubique en 4.3 por ciento al cierre del 2024 (SHCP. 15.11.2024: 18). Incluso este cálculo oficial podría estar subestimando la inflación. Las cifras más recientes de instituciones independientes prevén que al cierre del año la inflación será de 4.68 por ciento (Statista).

 

En fin, el caso es que el presupuesto para la nueva secretaría, al menos para conservar su mismo valor, debería tener un aumento en correspondencia con la inflación esperada, es decir, de 4.3 o 4.7 por ciento. Sin embargo, la propuesta de Hacienda no llega ni siquiera a un punto porcentual.

 

La próxima secretaría no solamente tendrá menos recursos en términos reales, también deberá continuar con los programas comprometidos por el actual Conahcyt y sumar como nuevo proyecto la coordinación de dos modelos de universidad a escala nacional. No se ve cómo lo logrará.

 

El tema del presupuesto tiene un par de implicaciones más y pueden ser de mayor alcance. Por una parte, a raíz de los supuestos errores de Hacienda sobre la disminución del presupuesto, ante la inconformidad pública de la UNAM y el IPN, la misma secretaría informó que ya estaba trabajando con los diputados para “asegurar que ambas instituciones educativas tengan un aumento respecto al año anterior de 3.5 por ciento” (ComunicadoSHCP. No. 69).

 

Lo notable es que no indica que tomará como base su último cálculo de inflación de 4.3 por ciento, tampoco su cálculo inicial de 3.8 por ciento. Ahora señala que el incremento será de 3.5 por ciento y no se sabe cómo o por qué ese porcenaje. Lo grave es que la medida no solamente será aplicada a las dos instituciones federales, si no que lo más probable es que haga extensiva a buena parte de las instituciones de educación superior. El deterioro en el servicio será inocultable.

 

Por otra parte, el gobierno federal puede otorgar la misma cantidad de presupuesto tanto para educación superior como para ciencia y tecnología, sin considerar la inflación y no infringir lo que establecen las leyes generales de ambos sectores. Esto es posible simplemente porque la normatividad no especifica que recibirán un aumento en términos reales.

 

Las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia, como mencionamos en su momento en este Acelerador de Partículas, únicamente señalan que el presupuesto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior (artículos 62 y 30, respectivamente), pero no indican que será en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

 

Ahora se ve la importancia de establecer una meta numérica en la normatividad y también lo que se perdió en el articulado de las nuevas leyes secundarias. Falta que los diputados aprueben el presupuesto 2025, pero, por lo pronto, la próxima secretaría de ciencia y el sistema de educación superior no cuentan con los recursos indispensables para cumplir lo que prometen. La narrativa del bienestar podrá ser muy elocuente, pero sin el sostén de un presupuesto se desvanece en el viento.

 

Pie de página: El comunicado más reciente del Conahcyt manifiesta que: “Mediante la Red Espacio Común Nacional de Educación, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Red Ecoes Nacional), se coordinará el Sistema Nacional humanístico, científico, tecnológico y de innovación del país. El jefe de oficina designado de la próxima Secihti, Arturo Chávez López, presentó que en Querétaro se constituirá la segunda de las 32 coordinaciones interinstitucionales que habrá en México” (Com.No. 16). Eso dice. Atentos.

Aspiraciones y oportunidades educativas para los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1068. Noviembre 14, 2024, pág. 4)

 

A la memoria de Humberto Muñoz, un universitario ejemplar.

 

La cobertura de la educación superior en México ha mejorado en las últimas décadas, pero todavía está abajo del promedio de la región. A nivel nacional más de la mitad de los jóvenes no tienen acceso a este nivel educativo y la proporción disminuye si se considera solo el grupo de edad correspondiente.

 

Las oportunidades de cursar estudios superiores se reducen aún más para los estratos más desfavorecidos; solamente tres de cada diez jóvenes de los primeros cuatro deciles de ingreso logran inscribirse, a diferencia de los que están en el extremo opuesto que tienen todas las posibilidades.

 

El sistema de educación superior no solamente se corta por la desigualdad en los ingresos económicos. A esa desigualdad se suman otras, como la de género o la institución en la que se estudia. Porque tanto uno como otra generan condiciones distintas; los puntos de partida son muy diferentes.

 

El sistema está altamente segmentado y no da lo mismo estar en una universidad particular de élite o en una que ni siquiera tiene reconocimiento oficial; tampoco si es una pública consolidada u otra en vías de consolidación. Las experiencias educativas son notablemente diferentes entre lo que ofrece una universidad federal, una estatal, una tecnológica o alguna sede de las nuevas universidades Benito Juárez.

 

La pertenencia a una determinada etnia y el lugar de residencia es otra variable de desigualdad, como lo saben las familias y los jóvenes que tienen como destino las instituciones educativas que tienen a tiro de piedra. Desde luego, si está en sus posibilidades, buscarán trasladarse de un estado o municipio a otro en busca de la institución o la profesión en la que desean matricularse.

 

Las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para llegar a la universidad se han documentado con relativa amplitud y también los obstáculos a sortear, una vez que están en las aulas universitarias. Sin embargo, poco se ha explorado cómo moldea sus aspiraciones y sus anhelos ese sistema de educación superior fuertemente segmentado y de desigualdades multidimensionales.

 

Un libro reciente, “El Caleidoscopio de las aspiraciones. Estudiantes universitarios en condiciones desiguales”, coordinado por Lorenza Villa Lever y publicado bajo el sello editorial de la UNAM, muestra los resultados de un grupo de investigación que se propuso indagar cómo intervienen las dimensiones de la desigualdad en la capacidad de aspiración de los jóvenes.

 

Según el antropólogo indio Arjun Appadurai, las aspiraciones son una especie de capacidad de navegación en el tempestuoso o apacible mar de la vida, una condición clave que desencadena una serie de acciones en busca de un mejor futuro. El asunto es que esa capacidad no está distribuida de forma equitativa ni homogénea; se experimenta de forma individual, pero se construye colectivamente.

 

Así que no es irrelevante el contexto en el que se vive, los recursos materiales y simbólicos con los que se cuenta, la institución a la que se asiste o la profesión que se estudia para los deseos o aspiraciones. El conjunto de variables tiene un efecto y pueden ampliar o reducir el horizonte de futuro.

 

El tema cobra mayor relevancia en un sistema de educación superior que no solamente está altamente segmentado y sus establecimientos son notoriamente asimétricos entre sí, también debe ampliar su cobertura y ser más inclusivo. Pero, ¿qué opciones educativas les ofrece u ofrecerá a los jóvenes? ¿Los nuevos lugares fortalecen la capacidad de navegación de los jóvenes?  ¿Los estudiantes vislumbran un futuro promisorio o más bien una profundización de las desigualdades?

 

El grupo de investigación del libro mencionado, a lo largo de nueve capítulos, de igual número de autores -entre los que me incluyo-, muestra los resultados sobre distintas variables de desigualdad y áreas de aspiración de una misma población de jóvenes universitarios. Algunos de éstos cursaban el primer año de licenciatura, otros estaban al final de la carrera y unos más habían optado por estudiar una maestría.

 

En términos estadísticos, los jóvenes de la investigación no constituyen una muestra representativa del sistema de educación superior, pero los resultados sí son ilustrativos del universo estudiado e incluye, relativamente, la diversidad institucional del sistema.

 

Por ejemplo, abarca tres profesiones de alta demanda: Administración; Derecho; e Ingeniería en sistemas. Los jóvenes provienen de seis diferentes universidades, tanto de régimen público como de régimen privado; la mitad de ellas consideradas como instituciones consolidadas y la otra mitad más bien en vías de desarrollo.

 

En fin, no estaría nada mal conocer cómo ven los jóvenes universitarios su futuro, conforme distintas dimensiones de la desigualdad. El libro anotado ya está en circulación y la versión digital está disponible en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

 

Pie de página: El panel de expertos para resolver la controversia sobre la prohibición del maíz transgénico ya dio a conocer sus resultados preliminares y no son favorables para México, pero los resultados definitivos estarán en un mes más, aclaró Marcelo Ebrard. Atentos. // La Universidad Autónoma de Hidalgo acusa públicamente a una institución bancaria de generarle pérdidas por 430 millones de pesos.

La rectoría del Estado y la nueva Secretaría

 

Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1067. Octubre 31, 2024)

 

La propuesta de creación de la próxima secretaría de ciencia afianza la centralización de las decisiones en el sector y prevé administrar dos modelos de nuevas universidades. La iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso, aunque seguramente el proceso legislativo correrá sin contratiempos y estará lista para el mes próximo. Lo que todavía no se sabe es cuál será su presupuesto.

 

El proyecto de reforma, en su exposición de motivos, anota que se trata de una reingeniería de la administración pública en función de la “eficiencia, eficacia, austeridad y gobernanza digital”. Sin embargo, queda por verificar cómo se conciliará un crecimiento de la administración con la austeridad. Las opciones son limitadas: una redistribución de servidores públicos, un crecimiento más o menos marginal de la estructura o una modificación meramente nominal.

 

La secretaría de ciencia no es la única novedad, el actual Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se transformará en la Secretaría de las Mujeres, instaurará la Secretaría Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, renombra a la Secretaría de la Función Pública y modifica múltiples funciones en varias secretarías.

 

Lo notable es que justifica la instauración de la nueva secretaría de ciencia porque la opinión pública llegó a catalogar al Conahcyt como “agencia de becas” o responsable “de la pérdida de los fideicomisos, lo que implicó perder la operatividad que proporcionaban los fondos provenientes de las secretarías” (01.11.2024). Una apreciación que podría corresponder no solamente al organismo de periodos anteriores al 2018, también al de la gestión previa a la actual.

 

La exposición de motivos también añade que, a pesar de las modificaciones operadas en el  Consejo, “persiste la exigencia de diversos sectores sociales de […] centralizar y reordenar dicha institución, evitando duplicidad de funciones y permitiendo ahorros presupuestales sin afectar los principios de humanismo, equidad, bienestar social”.

 

No está claro si esa exigencia de centralizar se refiere a la relación entre secretarías de Estado, ya que múltiples dependencias gubernamentales realizan actividades científicas y tecnológicas y se dispersa el presupuesto, o bien, a un papel más proactivo del organismo en todo el sector.

 

Sin embargo, tal parece que la referencia corresponde a una centralización general. El proyecto de la nueva entidad administrativa prevé que una de sus funciones sea:  “articular, coordinar y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a través el Sistema Nacional de Planeación Democrática” (fracción III).

 

El asunto es que la ley de ciencia vigente establece que la rectoría del Estado sobre el sector es una facultad concurrente de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones (artículo 25 fracción I). Es decir, no es una atribución exclusiva del gobierno federal. Tal vez se dirá que por eso indica que la ejercerá a través del Sistema Nacional de Planeación. Pero… no cambia la centralización.

 

Otra función relevante de la próxima secretaria es la de “Administrar la ‘Universidad Rosario Castellanos’ y la ‘Universidad de la Salud’”. Son los dos modelos de institución de la Ciudad de México que se llevarán a escala nacional. De hecho, el secretario de Educación, Mario Delgado, anticipó que el primer modelo crecerá en 30 nuevas sedes y dará cabida a 150 mil nuevos estudiantes; el segundo modelo tendrá 10 sedes más y ofrecerá 25 mil nuevos lugares (23.10.2024).

 

Todavía no se conoce la estructura administrativa de la nueva secretaría, pero ya está claro que no se hará cargo de la actual Subsecretaría de Educación Superior que corresponde a la SEP, como se llegó a especular. Sin embargo, por decir lo menos, resulta controvertido que un nuevo subsistema de universidades sea administrado por fuera de la Subsecretaría, instancia que debe encargarse de coordinar al conjunto institucional de nivel superior. Ocurrió lo mismo con el programa de las Universidades Benito Juárez, y parece que de nueva cuenta se repetirá el procedimiento.

 

La semana próxima conoceremos qué presupuesto está previsto para la nueva secretaría y de ese total cuánto será destinado para administrar los modelos universitarios locales a escala nacional. Ahí se cerrará la pinza para delinear el alcance y el futuro de la próxima entidad administrativa.

 

Pie de página: El reciente informe de la Auditoria Superior de la Federación a la pasada administración del Conahcyt, en lo concerniente a la contratación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, reportó que  “no se garantizó que ésta se realizara con base en criterios objetivos e imparciales de inclusión, equidad institucional, equilibrio regional e incidencia social” (p. 182). Tampoco se acreditó la participación de 94 de los 97 recursos contratados por el INFOTEC para el desarrollo de un proyecto del 2023 y éste último realizó pagos por 44,528.6 miles de pesos con recursos ministrados por el Consejo (p. 183).// La Universidad de Guadalajara abre una sede en las instalaciones de la Arizona State University, en Los Ángeles, California.

Educación y ciencia en el periodo 2018-2024

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1066. Octubre 31, 2024)

 

Las dimensiones precisas de lo que realizó el gobierno anterior en materia educativa se van conociendo poco a poco. Desde luego, están los documentos oficiales, como el sexto y último informe de gobierno o los informes sectoriales de fin de periodo, que ofrecen una visión desde la propia administración sobre lo que logró y los pendientes que dejó.

 

Sin embargo, el panorama gubernamental no es suficiente para conocer en qué condiciones estaba el sistema educativo al inicio de un periodo de gobierno y cómo queda al final del mismo. Las valoraciones externas son fundamentales para una mejor apreciación y afortunadamente no son pocas las que ya se van conociendo.

 

Ahora, se suma una más. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM -institución en la que me desempeño- acaba de publicar el libro: La educación en el sexenio 2018-2024. Miradas desde la investigación educativa. Un volumen coordinado por las doctoras Gabriela de la Cruz y Ana Laura Gallardo, directora y secretaria académica, respectivamente, del Instituto.

 

El IISUE, como lo expresa su nombre, es una de las instituciones nacionales especializadas en la generación de conocimiento sobre la universidad --tiene el resguardo del Archivo Histórico de la Universidad— y en investigación educativa en todas sus modalidades y niveles.

 

La publicación se puede consultar y descargar de forma gratuita en la página electrónica del instituto (http://www.iisue.unam.mx). Una de las peculiaridades del libro es que se trata de un esfuerzo institucional. En total participaron 27 integrantes del personal académico del Instituto, incluyendo a las coordinadoras que también son autoras; todas las secciones y contribuciones identifican el crédito de autoría correspondiente.

 

El libro de 363 páginas inicia con una presentación y la infaltable introducción, en la cual se precisa que se trata de una obra verdaderamente colectiva, una publicación interdisciplinaria que expresa el compromiso institucional tanto con la producción de conocimiento como con la diversidad de posiciones y de formas de aproximación.

 

La publicación abre con un proemio, como punto de referencia, en el que se detallan las coordenadas que delinearon el proyecto educativo del gobierno federal de 2018 a 2024 y destaca sus principales propuestas al comienzo del periodo. Luego, la primera sección, “Políticas, gestión y financiamiento”, recoge diferentes aportaciones sobre esos tres componentes del sistema, en donde se combinan aproximaciones analíticas a nivel macro y otras a nivel del aula.

 

La segunda sección está acotada a la “Formación de docentes de educación básica” y presenta los principales factores asociados al tema, como la fragmentación de este proceso formativo, la necesidad de una reconceptualización y el complejo asunto curricular de las instituciones normalistas.

 

Después, en la tercera sección, “Las reformas curriculares en el sexenio: educación básica

y educación media superior”, como lo indica su título, se centra en las reformas en estos dos grandes niveles. En particular, la de educación básica, sobre aspectos pedagógicos y didácticos del plan y programas de estudio de 2022. La segunda, en relación con los ejes que definen la más reciente transformación curricular.

 

Por último, la cuarta sección trata sobre “Educación superior, ciencia y tecnología”, el énfasis está puesto en las modificaciones de sus respectivos marcos normativos, con la expedición de la Ley General de Educación Superior y la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La sección plantea un balance a partir de lo que se propuso inicialmente, lo que realmente se logró y lo que resta por hacer.

 

El libro cierra con un apartado de conclusiones y puntos de agenda, donde se reitera la diversidad de posiciones que se reúnen en su interior, así como la intención de contribuir al debate y a las decisiones sobre el sistema educativo nacional.

 

En fin, no se trata de un balance exhaustivo del terreno educativo en el sexenio 2018-2024, pero sí incluye los componentes indispensables, con énfasis distintos, para el análisis del periodo. El lector juzgará la pertinencia y sacará sus propias conclusiones.

 

Pie de página: La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este 30 de octubre envió las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital. Al parecer, está previsto que entrarán en funciones el primer día de enero del 2025. Y así las cosas.

Patria en el invierno

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1065. Octubre 24, 2024. Pág. 4)

 

La vacuna Patria debería encabezar la actual campaña de vacunación nacional que tiene previsto aplicar alrededor de 23 millones de dosis contra Covid-19. Sin embargo, después de un retraso de tres años, apenas hay un lote de poco más de 200 mil unidades de este fármaco y no hay ninguna certeza de si en algún punto habrá la cantidad suficiente.

 

La anterior directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, al iniciar el proceso de entrega-recepción expuso que la vacuna mexicana Patria, “se ha convertido en una plataforma tecnológica que nos ha permitido como país tomar nuestras propias decisiones y ser autosuficientes en la producción vacunal” y con ahorros de más del 50 por ciento en la adquisición de este tipo de biológicos (Comunicado 552/30.07.2024).

 

Todavía el pasado mes de junio, la misma doctora Álvarez Buylla, al obtener la autorización de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), anticipó que la producción de la vacuna sería a escala industrial y estaría a cargo del Laboratorio Avimex. Este último es un laboratorio nacional especializado en salud animal, establecido hace más de 70 años y con varios reconocimientos por sus productos veterinarios.

 

Según los cálculos de la doctora Álvarez, Avimex produciría 24 millones de dosis anuales de vacuna Patria, con potencial de crecimiento de hasta 40 millones y a un menor costo respecto de otras vacunas similares. Representaría, aventuró la exfuncionaria, un ahorro de 35 por ciento comparada con la vacuna Abdala “y más de 75 por ciento respecto a Pfizer” (Comunicado 535/06.06.2024).

 

La semana pasada, en una de sus conferencias de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa, puntualizó que ya se tenían las vacunas para la actual temporada de invierno. Además, aclaró que serían “dos vacunas distintas, y una parte es la vacuna Patria en el caso de Covid-19” (PalacioNacional 15.10.2024).

 

Sin embargo, ese mismo día de la conferencia, horas más tarde, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, al inaugurar la campaña de vacunación, informó que se aplicarán 59 millones de vacunas contra la influenza y contra Covid-19. Pero no está incluida la vacuna Patria; serán la cubana Abdala y la rusa Sputnik, biológicos que ya tenía en existencia el gobierno mexicano.

 

Al parecer, según el director de Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, para esta temporada no estará lista Patria. A la fecha, declaró, solamente hay un lote de alrededor de 250 mil dosis de esta vacuna y tal vez podrían generar otras 500 mil más para diciembre, aunque falta la autorización de Cofepris para su liberación (Milenio Diario 15.10.2024).  Es decir, en el mejor de los casos podrían producir alrededor 750 mil unidades, muy pocas frente a las 23 millones de dosis que se requieren, y falta el visto bueno de la autoridad competente.

 

Tarde, cantidades muy inferiores y sin la debida autorización. Todo mal casi por donde se le vea. Lo hemos reiterado en este mismo Acelerador de Partículas: las dificultades en este terreno, al igual que en otras iniciativas emprendidas en el periodo anterior, exhiben el naufragio en la conducción del sector.

 

Lo sorprendente es que la anterior titular, todavía en el año 2021, en una de las conferencias de prensa del expresidente López Obrador, aventuró que la vacuna estaría lista para diciembre de aquel año. En la misma conferencia calculó que el costo de Patria sería “en promedio hasta 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita, esto les da una idea” (Conferencia 13.04.2021). No dio ninguna idea, el porcentaje no parecía aproximarse a un costo realista.

 

Por cierto, el presupuesto y los ensayos de las pruebas están clasificados como información reservada. Hoy, tres años después de la promesa, el biológico no está disponible. La ironía es que justo en el periodo anterior, en el contexto de la pandemia, en el mundo quedó de manifiesto la relevancia del saber experto, el conocimiento científico y la importancia de la colaboración entre especialistas. Estos eran los ingredientes indispensables para contender con un problema de escala mundial.

 

Sin embargo, a nivel nacional, más que coordinación, impulso y cooperación, el sector se convirtió en una arena de conflicto permanente entre la autoridad y miembros de la comunidad científica. La relación comenzó mal y concluyó peor.

 

En fin, las causas del incumplimiento en la fabricación de un vacuna nacional pueden ser variadas, pero en primer plano aparece la conducción vertical del sector, así como la división y los desencuentros. Un esquema difícil de compaginar con el trabajo colectivo de atención eficaz a los problemas de interés público.

 

El invierno alcanzó a la vacuna Patria y tal vez no lo resistirá. La temporada apenas comienza, faltan los inocultables resultados de las iniciativas más sobresalientes del periodo anterior.

 

Pie de página: El diputado Eruviel Ávila, exmilitante del Revolucionario Institucional y ahora del Verde Ecologista, será el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja./  Todavía no se esclarece el asesinato de dos investigadores de la Universidad Autónoma de Morelos, aunque ya hay tres personas detenidas.

Ciencia y tecnología. Las prioridades y la estructura administrativa

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canales99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1064. Octubre 17, 2024)

 

La expectativa era que desde el primer día del nuevo periodo de gobierno habría una nueva secretaría para el sector científico y tecnológico. No ocurrió así. La condición contrasta con la rapidez que le imprimió el expresidente López Obrador a la modificación de la estructura administrativa. Algunos cambios los puso en marcha antes de comenzar su gestión.

 

El 30 de noviembre de 2018, es decir, el día previo a la toma de posesión del entonces candidato López Obrador, el todavía presidente Peña Nieto emitió dos decretos de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). ¿Usted los recuerda?

 

Uno de los decretos reformó el breve artículo 21 y le añadió unos párrafos para ampliar las atribuciones del ejecutivo federal para constituir comisiones. El artículo original solamente preveía la constitución de comisiones intersecretariales, la reforma amplió a dos tipos más de comisiones: las consultivas y las presidenciales (DOF. 30.11.2018).

 

Los tres tipos de comisión podían ser creados por decreto y presididas por el presidente o por la persona que él designara. Al parecer, estaba en el horizonte atender el grave problema de la seguridad pública, ajustando funciones relacionadas entre unas y otras secretarías de Estado.

 

En la misma víspera de la toma de posesión, el otro decreto incluyó numerosos cambios a la estructura de la administración pública. La figura de Consejero Jurídico de Gobierno que está prevista en la Constitución, quedó como Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependiente del presidente, tanto como su nombramiento y remoción (DOF. 30.11.2024).

 

El mismo ejecutivo federal, según el decreto, también contaría con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo Social en todas las entidades federativas, que después serían llamados los súper delegados. Igualmente, quedó constituida la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la anterior Secretaría de Desarrollo Social fue renombrada como Secretaría del Bienestar, entre otras modificaciones.

 

Los principales cambios en la Administración Pública Federal, como se podrá advertir, fueron diseñados en el periodo de transición y firmados por el gobierno que concluía sus funciones. Al parecer, lo primordial eran las prioridades del ejecutivo federal: el problema de la seguridad, el manejo político y el desarrollo social.

 

Tal vez ahora las prioridades sean otras, hubo reformas, grandes reformas, en el último mes del periodo de la transición, pero no sobre el sector científico y tecnológico, tampoco en materia de educación.

 

¿Importa la demora en la instauración de la nueva secretaría? No mucho, la verdad. Sin embargo, hay dos componentes que son clave: su nivel de financiamiento y su diseño institucional. En ambos casos las perspectivas no son muy prometedoras.

 

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, en el periodo de transición, que elevaría el actual Conahcyt a rango de secretaría de Estado, también especificó que ese cambio no implicaría un monto mayor de financiamiento. El organismo logró poco con el nivel de financiamiento que tiene y así seguirá si opera con los mismos recursos.

 

Las limitaciones en la estructura administrativa y en los gastos de operación de las secretarías de Estado fueron reglamentados en el sexenio anterior y, de nueva cuenta, la presidenta también anticipó que se sostendrían de la misma forma. No se requiere una administración desbordada para dinamizar un sector, pero resulta difícil lograrlo con las restricciones que se han impuesto.

 

Seguramente la nueva secretaría de ciencia se definirá cuando se presente el paquete económico para el año próximo, porque ahí se detallan los ramos de gasto y la distribución de los recursos públicos. Quizás los recursos financieros que se destinen a los nuevos modelos universitarios que piensan implementar, nos mostrará la escala que adoptará la iniciativa.

 

Lo anotamos en este Acelerador de Partículas, la semana pasada, el paquete lo entregará el gobierno federal a más tardar el 15 de noviembre y luego el Congreso tomará su tiempo para aprobarlo. Así que posiblemente la nueva estructura administrativa sea una realidad hasta el final de este año o en el inicio del próximo.

 

Pie de página: La doctora Carmen Rodríguez Armenta, precisa la página electrónica de la SEP: “Actualmente continúa como Titular de la DGESUI y también se desempeña como la encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP”.