Final e inicio de ciclo gubernamental

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1061. Septiembre 26, 2024)

 

La próxima semana concluye el sexenio 2018-2024. El equipo gubernamental que se va y el que entrará en funciones coinciden en que habrá un segundo piso de lo que se ha hecho hasta ahora, en referencia al sexenio que concluye.

 

Los integrantes del nuevo gabinete también han anunciado que habrá cambio y continuidad. En el sector educativo y en el científico y tecnológico todavía no se sabe qué alcance tendrá el cambio ni qué se preservará realmente de lo que se hizo en el periodo que concluye. Sin embargo, las expectativas actuales son distintas a las que había hace seis años y también son muchos los pendientes, los agravios y los rezagos en estos sectores, aunque no encabezan la lista de pendientes en la agenda pública

 

En el 2018 la novedad relativa fue que López Obrador, el candidato de Morena, ganará las elecciones federales y lo hiciera con un amplio margen. Tal vez por la misma razón, en aquel entonces, recibió mucha atención pública todo lo que proponía, después de todo era la tercera vez que aspiraba a la presidencia y lo hacía por un partido político relativamente nuevo.

 

Ahora, no fue del todo sorpresivo que la misma fuerza política y su candidata, Claudia Sheinbaum (CSP), de nueva cuenta ganaran las elecciones. Lo notable fue que alcanzara un porcentaje de votación todavía más alto que el registrado en las elecciones previas. Sin embargo, las propuestas que ha formulado no han merecido mayor reconocimiento público, en parte porque no se alejan demasiado de las que están en marcha y en parte porque predomina la narrativa de continuidad.

 

El contraste entre el periodo de transición anterior y el actual también es inevitable. Una vez declarado presidente electo, AMLO no solamente anticipó algunas acciones de gobierno, como el medio centenar de lineamientos para el combate a la corrupción y de política de austeridad que después se converitrían en ley, también se reunió con los principales actores políticos.

 

Por ejemplo, en el sector educativo, el 24 de agosto del 2018, acudió con los rectores de las instituciones de educación superior, agrupados en la Anuies, donde le entregaron un documento con propuestas para el subsector: “Visión y acción 2030”. También se reunió con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De hecho, en ese encuentro acordaron celebrar mesas de trabajo a lo largo del periodo de gobierno para el seguimiento de la agenda educativa, misma que incluía la cancelación de la reforma del 2013.

 

Otra reunión más del entonces presidente electo fue con los integrantes de la comunidad académica y científica. La misma se verificó en el Palacio de Mineria y la ocasión fue la entrega del documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024”

 

En aquella reunión AMLO expresó que el sector privado también debería realizar aportaciones al gasto nacional en ciencia y tecnología. Además, señaló que buscaría incrementar el presupuesto para el sector, pero si la situación económica se ponía complicada, se comprometía a garantizar que ese presupuesto no estaría por abajo de la inflación. Y sí, la promesa desencadenó aplausos de los asistentes.

 

Sin embargo, la promesa de los recursos se incumplió a lo largo del periodo de gobierno; no se sostuvo para el ramo 38, el gasto que ejerce centralmente el organismo rector de la política científica y tecnológica. La relación con las organizaciones intermedias sectoriales cambió completamente, en su mayoría fueron anuladas; el ejecutivo centralizó las decisiones y declaró su preferencia por la distribución directa de los recursos públicos.

 

En el periodo de transición actual, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, la presidenta electa solamente ha realizado giras conjuntas de fin de semana a las entidades federativas con el presidente en funciones. No se ha reunido con representantes del sector, al menos no hay registro público de tales acontecimientos.

 

Los documentos con propuestas sí se han elaborado, pero han recibido un tratamiento distinto. La Anuies, como ha ocurrido en cada cambio de gobierno, preparó su documento de propuestas, en esta ocasión se titula “Compromiso común por el futuro de la educación superior mexicana”. La Asociación, probablemente, acercó el documento al nuevo equipo de gobierno. Sin embargo, no hubo ninguna asamblea extraordinaria con la presidenta electa; ni una entrega formal, pública.

 

Tampoco hubo ningún foro público de la presidenta electa con la comunidad académica y científica. La expectativa era que la próxima mandataria, dado que se desempeño laboralmente en un instituto de la UNAM y se reconoce como científica, se reuniera con con estos sectores. No fue así.

 

La excepción fue con representantes de la CNTE, el encuentro se realizó en este mes, aunque se trató de una reunión conjunta con AMLO, la actual secretaría de Educación y el siguiente titular de la misma dependencia. Los profesores señalaron que se trató de una mesa de negociación para revisar demandas pendientes y “la próxima mandataria se comprometió a darle continuidad al diálogo con la CNTE” (11.09.2024).

 

Las diferencias entre la víspera del inicio del sexenio anterior y el actual son evidentes. El previo parecía anticipar una dirección y tomó otra; en el segundo ha predominado la narrativa de continuidad, pero todavía no se anticipa cuáles serán sus dimensiones fundamentales. Uno de los componentes que permitirá valorar el próximo ejercicio de gobierno es el punto de partida que asumirá de forma explícita. Allá vamos.

 

Pie de página: Sinaloa vive una violencia permanente e incontrolable y las autoridades locales le añaden un factor más. El Congreso local modificó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, contraviniendo lo que estipula el artículo 3º constitucional acerca de la participación de la comunidad universitaria en los procesos de reforma. La inconformidad va en ascenso.

Agenda: género y recursos financieros

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1060. Septiembre 19, 2024. Pág. 4)

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la semana pasada su informe anual sobre los principales indicadores educativos de los países miembros de esa organización. El reporte, denominado Education at a Glance 2024, es un panorama de indicadores armonizados internacionalmente que permite valorar el funcionamiento y desempeño de los sistemas educativos.

 

En cada informe anual se presenta un componente central, el correspondiente al año pasado fue la formación y educación vocacional, el de éste es sobre equidad en todos los niveles educativos y el mercado laboral. No obstante, todos los reportes incluyen distintas secciones con datos relevantes sobre los resultados de las instituciones educativas y el impacto del aprendizaje, así como sobre los recursos financieros que se invierten, las condiciones de los docentes y la organización de las escuelas.

 

Los datos que incluye el reporte son múltiples y variados, pero vale la pena destacar los que se refieren a las mujeres y a los recursos financieros. Por ejemplo, muestran lo que la literatura de la investigación educativa ha documentado desde hace décadas: las mujeres (niñas, adoscentes o adultas) obtienen mejores resultados educativos que los hombres y la brecha cada vez se ensancha más.

 

No obstante, el panorama de la OCDE le pone números a las diferencias de desempeño. Por ejemplo, anota que las mujeres obtienen puntajes más altos en las evaluaciones estandarizadas y, en comparación con los hombres, “tienen un 28 por ciento menos de probabilidades de repetir un curso en la primaria y secundaria” (p. 19).

 

A su vez, en el bachillerato y educación superior, las probabilidades de que las mujeres completen sus estudios supera a menudo por 10 puntos porcentuales las probabilidades de los hombres. Además, es mayor la proporción de los jóvenes que no están en el bachillerato respecto de las jóvenes; una diferencia que en México es de alrededor del 5 por ciento.

 

En general, en los países de la OCDE, las mujeres tienen mayores probabilidades de ingresar a la educación superior y la proporción de mujeres entre 25 y 34 años con estudios superiores supera por 13 puntos porcentuales a los hombres (54 por ciento y 41 por ciento, respectivamente). Sin embargo, en el caso de México, la participación relativa es significativamente menor: 28 por ciento para ambos sexos.

 

El problema es que las ventajas comparativas de las mujeres en su desempeño educativo no se corresponden con su inserción en el mercado laboral. Por ejemplo, en México, en promedio, únicamente el 47 por ciento de las mujeres jóvenes con grado inferior al bachillerato están empleadas, mientras que la proporción de sus pares hombres con el mismo nivel educativo es de 91 por ciento.

 

La situación del empleo se repite en los estudios superiores, aunque la diferencia es menor: 78 por ciento de mujeres con ese nivel educativo están empleadas; los hombres el 89 por ciento. Otro tanto ocurre con el salario, porque las mujeres ganan 81 por ciento del salario que obtienen los hombres con el mismo nivel superior.

 

Los recursos financieros es otro indicador relevante. Los datos del reporte muestran que el gasto anual promedio por alumno en los países de la OCDE, incluyendo todos los niveles educativos, es de 12 mil 812 dólares. Para el caso de México el mismo indicador muestra que es de 3 mil 349 dólares. Esto es, alrededor de una cuarta parte.

 

Podría pensarse que la comparación con países de mayores recursos financieros siempre resultará desfavorable (p. 267). Sin embargo, el gasto anual promedio por alumno de un país como Chile es de 7 mil 421 dólares, o sea, más del doble de lo que destina México. El de Turquía es de 4 mil 806 dólares. Una desagregación de los datos mostraría que el gasto se incrementa conforme más alto es el nivel educativo, pero el promedio ilustra la notable diferencia.

 

Tal vez lo más grave es que en México el gasto educativo como proporción del PIB ha descendido. Según los datos reportados, durante el periodo 2015 a 2021, ese indicador pasó de 5.1 a 4.2 por ciento (p. 275). Por el contrario, en el mismo periodo, en Chile aumentó de 5.2 a 5.9 por ciento. El promedio de la OCDE es de 4.9 por ciento.

 

Seguramente, los recursos financieros encabezan la larga lista de pendientes para el próximo gobierno. Además, los cálculos sobre el crecimiento económico de México para los próximos dos años no son promisorios, las presiones sobre el gasto social irán en aumento y el contexto político está crispado con la reforma del poder judicial.

 

No será sencillo decidir qué prioridades atenderá el próximo gobierno. Sin embargo, la educación y los temas de género serán insoslayables. La primera por el nivel de inversión y los resultados que se han obtenido hasta ahora. Los segundos no solamente porque siguen latentes en cualquier programa de gobierno, también porque el país, una docena de estados de la república, la mitad del Congreso y muchas otras posiciones en la administración pública estarán encabezadas por mujeres.

 

Pie de página: El equipo de transición para la próxima secretaría de ciencia va en aumento y también los perfiles para las posiciones.

Sexto Informe: la horadación en el presupuesto

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1059. Septiembre 12, 2024)

Tal vez el asunto de los fideicomisos y los recursos financieros son de las pocas novedades sobre el sector científico y tecnológico en el sexto y último informe de gobierno. El balance del pasado 1 de septiembre, como se sabe, cierra el ciclo gubernamental 2018-2024 y, muy importante, traza la línea base para el próximo sexenio.

 

Sobre el periodo, vale la pena resaltar que solo los primeros dos informes incluyeron los recursos financieros como parte de su reporte de logros. Los cuatro informes restantes ya no mencionaron el nivel de gasto federal, su proporción sobre el gasto programable o el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE). Todos ellos básicos para valorar los esfuerzos en la materia.

 

En general, lo común era que el tema de los recursos financieros encabezará el recuento de avances en la sección de ciencia y tecnología. No fue así a partir del informe del 2021. Las cifras desagregadas del presupuesto en los anexos estadísticos, donde se valora el avance de los objetivos prioritarios del programa sectorial, tampoco las incluyen. Los números en las casillas correspondientes llegan hasta el 2017, hacia adelante están marcadas como “no disponible” (p. 486 y ss. de los Anexos).

 

Los cuatro últimos informes, en lugar de exponer los indicadores de financiamiento, dieron cuenta del proceso seguido por los polémicos fideicomisos del sector. Primero destacó el decreto del ejecutivo federal del 2020 que ordenó su extinción. Después vinieron las cifras sobre los fideicomisos eliminados.

 

No se conocía con certeza cuántos fideicomisos estaban implicados. En los informes, unas veces se indicó que se detuvieron 91 fideicomisos y otras veces que 63. Algo similar ocurría con el monto de los recursos que estaban involucrados y la cantidad que se había reintegrado a la Tesorería de la Federación.

 

Por eso importan los datos del reciente informe de gobierno. Se supone que son cifras consolidadas y son las cuentas que entregará a la próxima administración. En el informe se anota: “el 30 de septiembre de 2023 se concluyó con la suscripción de los 65 Convenios de Extinción y Contratos de Sesión de Derechos a Título Gratuito referentes a cinco Fondos Institucionales, 25 Fondos Sectoriales y 35 Fondos Mixtos” (p. 512).

 

Ahí mismo se destaca que, con posterioridad al decreto de extinción, “los recursos de los 26 fideicomisos de los Centros Públicos se concentraron en sus tesorerías”. Al parecer, en este caso, ya no se utilizan los fideicomisos, pero los Centros conservaron los recursos. Si es el caso, no está nada mal, porque buena parte de la operación de estas instituciones dependía de los recursos autogenerados. El problema es qué ocurrirá cuando se agoten esos fondos.

El informe también precisa el monto de recursos devueltos: “al 30 de junio de 2024 los recursos que fueron dispersados a la Tesorería de la Federación ascienden a 21,977.8 millones de pesos, que corresponden al patrimonio de 65 Fondos Extintos”.

 

Seguramente los casi 22 mil millones de pesos que el Conahcyt devolvió a la Tesorería es una cantidad acumulada; no corresponden a este último año. Lo notable es que ese volumen de recursos probablemente no pintó mucho en el total de lo recaudado por la Tesorería, pero sí fue y es altamente signficativo en el presupuesto central del Conahcyt.

 

El presupuesto del Conahcyt en este año es de poco más de 33 mil millones de pesos. Esto es, lo que devolvió el organismo a la Tesorería representa alrededor de dos tercios de su presupuesto. Una horadación de ese tamaño es inocultable en el desarrollo de las actividades del sector. A precios constantes del 2024, al inicio del periodo tenía un presupuesto de casi 36 mil millones. Todavía no alcanza lo que antes tenía.

 

Más aún, la estimación de la proporción del GIDE sobre el PIB era de 0.47 por ciento al iniciar el sexenio (EPN, 2018, Sexto informe, p. 391). El cálculo de ese mismo indicador para el año 2022 es de 0.26 por ciento (AMLO, 2024, Sexto infomre, p. 850). La disminución es notable y tal vez para este año sea mayor. Es cierto que las autoridades actuales cambiaron la forma de cálculo y la última encuesta para estimarlo fue realizada en 2017. Sin embargo, la caída es insoslayable.

 

No obstante, el presidente López Obrador, en el mensaje con motivo de su último informe dijo de forma escueta: “Se aumentó el presupuesto de Conahcyt, el número de becas de posgrado y de investigadores pasó de 113 mil 366 en 2018 a 139 mil 84 a la fecha” (01.09.2024).

 

Y el informe escrito, sin más, afirma que se logró lo que ahora dice la ley: “el Conahcyt ha contribuido a que toda persona tenga derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, derivados del apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, garantizando el acceso abierto a la información que derive de ella” (p.512).

 

La distancia entre los números y el balance es notable. El próximo periodo de gobierno precisa de una nueva línea base.

 

Pie de página: Sí, el Congreso es el teatro de nuestra República y las actuaciones dejan mucho que desear.

Las Cátedras y la promesa de la transición

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1058. Septiembre 5, 2024. Pág. 4)

 

Todavía es incierto qué ocurrirá con lo que se llamaba programa “Cátedras Conacyt” y ahora es “Investigadoras e investigadores por México” (IxM). Por lo pronto, en este periodo de transición, los jóvenes del programa, organizados en un sindicato, han hecho notar la diferencia en el trato con las próximas autoridades y trazan propuestas sobre su futuro.

 

El programa, como se sabe, cumplió su primera década en este año. La idea inicial era y es abrir oportunidades de trabajo para jóvenes recién egresados del doctorado o posdoctorado que no encuentran lugar en un mercado académico saturado. El esquema es relativamente sencillo: el Conacyt funge como patrón y las instituciones de educación superior los reciben en sus instalaciones; una responsabilidad compartida mediante convenio durante 10 años y renovables por otro tanto.

 

Uno de los supuestos principales era que, en el lapso de duración del convenio, la institución abriría los lugares correspondientes, los jóvenes concursarían por las plazas y el programa crecería a un ritmo de 500 jóvenes por año. Sin embargo, lo que se proyecta no necesariamente se verifica en la realidad.

 

Para empezar, no siempre fueron bienvenidos en las instituciones los jóvenes catedráticos. Al contrario, algunos fueron marginados, otros eran ignorados y unos más no contaban con la infraestructura para desempeñar su labor. Tampoco se abrieron las plazas que se esperaban en las instituciones; Hacienda no las autorizaba y controlaba las plantillas. El programa se contuvo y el sexenio anterior concluyó con un millar y medio de jóvenes beneficiados; menos de la mitad de los que se planeaban.

 

En el 2018, al cambio de gobierno, parecía que las oportunidades serían mayores y el programa mejoraría. Sin embargo, ocurrió lo contrario, como en estas páginas hemos comentado. Desde el comienzo la relación fue tirante entre los jóvenes del programa y la autoridad del sector. La directora del organismo rector de las políticas, María Elena Álvarez Buylla, les dijo que estaban colgados de la nómina y que eso tenía que cambiar. También advirtió que no habría más convocatorias ni plazas. No hubo en 2019 y tampoco en 2020.

 

Después, a partir del 2021, la autoridad reanudó de forma improvisada las convocatorias, los lugares fueron a la baja, cambiaron las normas, los plazos y el nombre del programa. Los conflictos fueron en aumento y llegaron a las puertas del Conacyt. Ahí se gestó la formación de su sindicato (Siintracatedras) y la defensa de sus derechos laborales. También la ruptura con la autoridad. A la fecha, sigue la organización gremial, pero no logró la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo ni le reconocieron su derecho de huelga.

 

Actualmente, el programa tiene dos modalidades: la adscripción a una institución de educación superior o a una entidad de la administración pública. Sin embargo, el número de lugares que ofrece son insignificantes. Por ejemplo, en la convocatoria de este año, fue una decena para la primera modalidad y 14 para la segunda.

 

En total, el sexenio cerrará con 1, 265 plazas. O sea, menos de las que había al inicio del periodo. Lo que no disminuyó fueron los conflictos. Las quejas más recientes del sindicato han sido por las irregularidades en los procedimientos de evaluación de los participantes (19.06.2024) y por lo que consideran despidos injustificados de varios de sus agremiados (08.08.2024).

 

Tal vez por eso contrasta la relación que se configura entre el sindicato y las próximas autoridades del sector. Al día siguiente del nombramiento de Rosaura Ruiz como futura titular de la nueva secretaría de ciencia, el organismo gremial la felicitó en redes sociales por su designación (21.06.2024).

 

Tal parece que ahí comenzó un puente de encuentro entre el sindicato y el equipo de la próxima titular de la nueva secretaría. La misma Rosaura Ruiz, en la primera reunión del equipo de transición en el Conahcty, dio cuenta del acercamiento y solicitó información sobre el programa a la actual titular del organismo (01.08.2024).

 

A su vez, el sindicato agradeció públicamente el ser escuchado y expresó su disposición al trabajo conjunto para darle viabilidad al programa. De hecho, seguramente como parte del acercamiento con las próximas autoridades, el sindicato celebró un encuentro presencial entre sus agremiados para elaborar una propuesta sobre el programa.

 

En fin, el asunto de abrir opciones laborales para los jóvenes con altos niveles de formación es un imperativo. La problemática requiere de imaginación y, en cualquiera de las opciones que se considere, los recursos financieros serán ineludibles. No solamente es relevante para los jóvenes doctores y sus familias, también lo es para ampliar y mejorar las capacidades técnicas de la sociedad mexicana.

 

Los sindicalistas, después de un sexenio de confrontación, ven un futuro promisorio. Todavía resta por comprobar cuáles serán las propuestas y si se cumplen o no las altas expectativas.

 

Pie de página: El último informe de gobierno de la actual administración no tiene grandes novedades, pero aquí veremos el cierre del ciclo.