El error, la nueva secretaría y los votos en particular

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 (Publicado en Campus Milenio No. 1070. Noviembre 28, pág. 4)

 

El Senado seguramente aprobará sin mayores contratiempos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que incluye la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Al momento de escribir este texto, aún no se había realizado la sesión, pero estaba programada para esta misma semana.

 

Sin embargo, es posible que por un error de origen en la iniciativa --como lo señaló Javier Tejado Dondé (19.11.2024)--, y que no corrigieron ni los diputados ni las comisiones unidas de los senadores, el proyecto sea enmendado en el pleno del Senado. Así que retornará a la cámara baja y se demorará un poco más de lo previsto.

 

El error en el proyecto original está en el artículo 26, que enumera las entidades del poder ejecutivo federal encargadas de despachar los asuntos de orden administrativo --antes las refería como dependencias y ahora como secretarías--, y omite añadir a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como parte de esas entidades (pág.52-53). Lo grave es que la exclusión es atribuible a la propia Consejería, la instancia revisora y autorizada para enviar las iniciativas de ley de la presidencia.

 

Es probable que el error se subsane y la reforma quede lista antes de que concluya el año. De hecho, la senadora Cynthia López Castro, la legisladora que se pasó de las filas del PRI a las de Morena hace unas semanas, presentó un voto en particular para que el pleno del Senado corrija “la omisión realizada en la dictaminación y aprobación de las citadas comisiones” (Gaceta26.11.2024).

 

No obstante, el incidente, además de mostrar improvisación e indolencia en la elaboración de los proyectos de ley, también puede resultar útil para ilustrar las posiciones de los legisladores sobre la creación de la próxima secretaría de ciencia. Por ejemplo, el pasado 13 de noviembre, cuando los diputados aprobaron el proyecto, claramente se expresó una opinión favorable a la instauración de la nueva entidad, tanto del bloque gobernante como de los partidos opositores.

 

Si acaso, los legisladores de oposición expresaron reservas sobre el tema presupuestal y los posibles sesgos de la nueva secretaría. Por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera de Movimiento Ciudadano anotó que “crear una secretaría sin un respaldo sólido de presupuesto y planificación puede dejarnos únicamente con buenas intenciones.

En el pasado, vimos como el Conacyt perdió fuerza y recursos y no podemos repetir los mismos errores” (13.11.2024).

 

Los diputados del PAN también expresaron su respaldo a la iniciativa, pero llamaron la atención sobre el descuido del sector y la centralización. Así lo manifestaron Fernando Torres Graciano y las diputadas Eva María Vásquez y Nancy Aracely Olguín Díaz, quienes exigieron que los apoyos se entreguen sin favoritismos. Por su parte, Asael Hernández Cerón afirmó que no tolerarían cualquier intento de centralización. Finalmente, la nueva secretaría quedó aprobada sin mayores dificultades.

 

En el Senado, previo a la sesión plenaria, el dictamen de las comisiones unidas fue favorable a la reforma a la LOAPF, pero 15 legisladores presentaron votos particulares. Más de la mitad de esos votos son de Morena y, como era previsible, son de respaldo a la iniciativa. Entre ellos están los votos de dos senadoras del mismo partido, Laura Itzel Castillo y María Martín Kantún que avalan la creación de la próxima secretaría.

 

Lo notable es que los votos de ambas senadoras comparten antecedentes idénticos, con seis consideraciones similares y el mismo número de páginas de voto razonado. Todo igual y aquí se pueden leer: t.ly/crvvN.

 

Por ejemplo, una de las consideraciones señala: “Los gobiernos neoliberales con la implementación de la estrategia de privatizar para mejorar las condiciones del país, generaron un retroceso en el avance tecnológico y científico del país, ya que los recursos públicos eran destinados para las investigaciones privadas, privilegiando a unos cuantos de poder tener acceso a la investigación tecnológica y científica”. Así está redactado.

 

En consecuencia, se anota en el voto, la creación de la secretaría garantiza el acceso a los conocimientos tecnológicos y científicos, así como la independencia en la materia y permitirá “llegar a ser una potencia mundial en el desarrollo científico y tecnológico”. Eso está anotado. Por lo tanto, finalizan, el voto particular resalta la necesidad de elevar la agenda del sector a nivel de secretaría “con la finalidad de lograr una coordinación efectiva con otras dependencias del gobierno”.

 

En fin, así los legisladores. Esperemos la aprobación final de la próxima entidad administrativa, su presupuesto y el reglamento interno que establecerá sus bases de funcionamiento.

 

Pie de página: Rosaura Ruiz, próxima titular de la nueva secretaría, dijo en la red social X: “Acudí en nombre de la Presidenta @claudiashein a recibir el premio de la Sustainability Nobel Trust, que le otorgan por su gran trabajo como ambientalista. Gran orgullo para mí, recibirlo en nombre de la primera Presidenta de nuestro país y la primera persona científica que dirige nuestro adorado México” (22.11.2024).

Nueva secretaría de ciencia con 0.4 por ciento

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1069. Noviembre 21, 2024)

 

El gobierno federal ya entregó el paquete económico para el año próximo y, como aquí mismo lo comentamos, ese era uno de los factores que faltaba por conocer para tener una mejor idea del alcance que puede tener la próxima secretaría de ciencia. A pesar de los desatinos y graves errores reconocidos por la misma Secretaría de Hacienda en el diseño del presupuesto, el proyecto entregado es lo que hay.

 

Ahora está claro que la nueva entidad administrativa, en comparación con lo que recibía el Conahcyt, no tendrá más recursos. De hecho, es posible que la operación de la próxima secretaría sea todavía más complicada, porque la propuesta del gobierno federal es que ni siquiera reciba la misma cantidad, en términos reales, respecto a lo que tenía asignado el Conahcyt.

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) no incluye nominalmente a la nueva secretaría porque jurídicamente todavía no existe. Los diputados apenas aprobaron la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el pasado 13 de noviembre, iniciativa que dará paso a la creación de la dependencia, pero todavía debe ser ratificada por los senadores. Lo más probable es que el asunto se postergue hasta el mes próximo.

 

Sin embargo, el PPEF sí incluye el ramo 38, un rubro destinado al gasto para “humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”. La propuesta planteada por Hacienda es que ese ramo reciba para el año próximo 33,296 millones de pesos. Debe recordarse que este año recibió 33,171 millones de pesos.

 

En términos nominales, si se comparan ambas cantidades, se notará que el incremento es de poco más de 125 millones de pesos. En términos porcentuales, el aumento de este año para el siguiente es de apenas 0.4 por ciento. El problema es que la misma Secretaría de Hacienda había estimado en abril que la inflación esperada para el cierre de este año sería de 3.8 por ciento (SHCP. 01.04.2024)

 

Después, el pasado 15 de noviembre, cuando el gobierno federal entregó el paquete económico para el año próximo, recalculó la inflación esperada. Ahora prevé que se ubique en 4.3 por ciento al cierre del 2024 (SHCP. 15.11.2024: 18). Incluso este cálculo oficial podría estar subestimando la inflación. Las cifras más recientes de instituciones independientes prevén que al cierre del año la inflación será de 4.68 por ciento (Statista).

 

En fin, el caso es que el presupuesto para la nueva secretaría, al menos para conservar su mismo valor, debería tener un aumento en correspondencia con la inflación esperada, es decir, de 4.3 o 4.7 por ciento. Sin embargo, la propuesta de Hacienda no llega ni siquiera a un punto porcentual.

 

La próxima secretaría no solamente tendrá menos recursos en términos reales, también deberá continuar con los programas comprometidos por el actual Conahcyt y sumar como nuevo proyecto la coordinación de dos modelos de universidad a escala nacional. No se ve cómo lo logrará.

 

El tema del presupuesto tiene un par de implicaciones más y pueden ser de mayor alcance. Por una parte, a raíz de los supuestos errores de Hacienda sobre la disminución del presupuesto, ante la inconformidad pública de la UNAM y el IPN, la misma secretaría informó que ya estaba trabajando con los diputados para “asegurar que ambas instituciones educativas tengan un aumento respecto al año anterior de 3.5 por ciento” (ComunicadoSHCP. No. 69).

 

Lo notable es que no indica que tomará como base su último cálculo de inflación de 4.3 por ciento, tampoco su cálculo inicial de 3.8 por ciento. Ahora señala que el incremento será de 3.5 por ciento y no se sabe cómo o por qué ese porcenaje. Lo grave es que la medida no solamente será aplicada a las dos instituciones federales, si no que lo más probable es que haga extensiva a buena parte de las instituciones de educación superior. El deterioro en el servicio será inocultable.

 

Por otra parte, el gobierno federal puede otorgar la misma cantidad de presupuesto tanto para educación superior como para ciencia y tecnología, sin considerar la inflación y no infringir lo que establecen las leyes generales de ambos sectores. Esto es posible simplemente porque la normatividad no especifica que recibirán un aumento en términos reales.

 

Las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia, como mencionamos en su momento en este Acelerador de Partículas, únicamente señalan que el presupuesto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior (artículos 62 y 30, respectivamente), pero no indican que será en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

 

Ahora se ve la importancia de establecer una meta numérica en la normatividad y también lo que se perdió en el articulado de las nuevas leyes secundarias. Falta que los diputados aprueben el presupuesto 2025, pero, por lo pronto, la próxima secretaría de ciencia y el sistema de educación superior no cuentan con los recursos indispensables para cumplir lo que prometen. La narrativa del bienestar podrá ser muy elocuente, pero sin el sostén de un presupuesto se desvanece en el viento.

 

Pie de página: El comunicado más reciente del Conahcyt manifiesta que: “Mediante la Red Espacio Común Nacional de Educación, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Red Ecoes Nacional), se coordinará el Sistema Nacional humanístico, científico, tecnológico y de innovación del país. El jefe de oficina designado de la próxima Secihti, Arturo Chávez López, presentó que en Querétaro se constituirá la segunda de las 32 coordinaciones interinstitucionales que habrá en México” (Com.No. 16). Eso dice. Atentos.

Aspiraciones y oportunidades educativas para los jóvenes

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1068. Noviembre 14, 2024, pág. 4)

 

A la memoria de Humberto Muñoz, un universitario ejemplar.

 

La cobertura de la educación superior en México ha mejorado en las últimas décadas, pero todavía está abajo del promedio de la región. A nivel nacional más de la mitad de los jóvenes no tienen acceso a este nivel educativo y la proporción disminuye si se considera solo el grupo de edad correspondiente.

 

Las oportunidades de cursar estudios superiores se reducen aún más para los estratos más desfavorecidos; solamente tres de cada diez jóvenes de los primeros cuatro deciles de ingreso logran inscribirse, a diferencia de los que están en el extremo opuesto que tienen todas las posibilidades.

 

El sistema de educación superior no solamente se corta por la desigualdad en los ingresos económicos. A esa desigualdad se suman otras, como la de género o la institución en la que se estudia. Porque tanto uno como otra generan condiciones distintas; los puntos de partida son muy diferentes.

 

El sistema está altamente segmentado y no da lo mismo estar en una universidad particular de élite o en una que ni siquiera tiene reconocimiento oficial; tampoco si es una pública consolidada u otra en vías de consolidación. Las experiencias educativas son notablemente diferentes entre lo que ofrece una universidad federal, una estatal, una tecnológica o alguna sede de las nuevas universidades Benito Juárez.

 

La pertenencia a una determinada etnia y el lugar de residencia es otra variable de desigualdad, como lo saben las familias y los jóvenes que tienen como destino las instituciones educativas que tienen a tiro de piedra. Desde luego, si está en sus posibilidades, buscarán trasladarse de un estado o municipio a otro en busca de la institución o la profesión en la que desean matricularse.

 

Las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para llegar a la universidad se han documentado con relativa amplitud y también los obstáculos a sortear, una vez que están en las aulas universitarias. Sin embargo, poco se ha explorado cómo moldea sus aspiraciones y sus anhelos ese sistema de educación superior fuertemente segmentado y de desigualdades multidimensionales.

 

Un libro reciente, “El Caleidoscopio de las aspiraciones. Estudiantes universitarios en condiciones desiguales”, coordinado por Lorenza Villa Lever y publicado bajo el sello editorial de la UNAM, muestra los resultados de un grupo de investigación que se propuso indagar cómo intervienen las dimensiones de la desigualdad en la capacidad de aspiración de los jóvenes.

 

Según el antropólogo indio Arjun Appadurai, las aspiraciones son una especie de capacidad de navegación en el tempestuoso o apacible mar de la vida, una condición clave que desencadena una serie de acciones en busca de un mejor futuro. El asunto es que esa capacidad no está distribuida de forma equitativa ni homogénea; se experimenta de forma individual, pero se construye colectivamente.

 

Así que no es irrelevante el contexto en el que se vive, los recursos materiales y simbólicos con los que se cuenta, la institución a la que se asiste o la profesión que se estudia para los deseos o aspiraciones. El conjunto de variables tiene un efecto y pueden ampliar o reducir el horizonte de futuro.

 

El tema cobra mayor relevancia en un sistema de educación superior que no solamente está altamente segmentado y sus establecimientos son notoriamente asimétricos entre sí, también debe ampliar su cobertura y ser más inclusivo. Pero, ¿qué opciones educativas les ofrece u ofrecerá a los jóvenes? ¿Los nuevos lugares fortalecen la capacidad de navegación de los jóvenes?  ¿Los estudiantes vislumbran un futuro promisorio o más bien una profundización de las desigualdades?

 

El grupo de investigación del libro mencionado, a lo largo de nueve capítulos, de igual número de autores -entre los que me incluyo-, muestra los resultados sobre distintas variables de desigualdad y áreas de aspiración de una misma población de jóvenes universitarios. Algunos de éstos cursaban el primer año de licenciatura, otros estaban al final de la carrera y unos más habían optado por estudiar una maestría.

 

En términos estadísticos, los jóvenes de la investigación no constituyen una muestra representativa del sistema de educación superior, pero los resultados sí son ilustrativos del universo estudiado e incluye, relativamente, la diversidad institucional del sistema.

 

Por ejemplo, abarca tres profesiones de alta demanda: Administración; Derecho; e Ingeniería en sistemas. Los jóvenes provienen de seis diferentes universidades, tanto de régimen público como de régimen privado; la mitad de ellas consideradas como instituciones consolidadas y la otra mitad más bien en vías de desarrollo.

 

En fin, no estaría nada mal conocer cómo ven los jóvenes universitarios su futuro, conforme distintas dimensiones de la desigualdad. El libro anotado ya está en circulación y la versión digital está disponible en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

 

Pie de página: El panel de expertos para resolver la controversia sobre la prohibición del maíz transgénico ya dio a conocer sus resultados preliminares y no son favorables para México, pero los resultados definitivos estarán en un mes más, aclaró Marcelo Ebrard. Atentos. // La Universidad Autónoma de Hidalgo acusa públicamente a una institución bancaria de generarle pérdidas por 430 millones de pesos.

La rectoría del Estado y la nueva Secretaría

 

Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1067. Octubre 31, 2024)

 

La propuesta de creación de la próxima secretaría de ciencia afianza la centralización de las decisiones en el sector y prevé administrar dos modelos de nuevas universidades. La iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso, aunque seguramente el proceso legislativo correrá sin contratiempos y estará lista para el mes próximo. Lo que todavía no se sabe es cuál será su presupuesto.

 

El proyecto de reforma, en su exposición de motivos, anota que se trata de una reingeniería de la administración pública en función de la “eficiencia, eficacia, austeridad y gobernanza digital”. Sin embargo, queda por verificar cómo se conciliará un crecimiento de la administración con la austeridad. Las opciones son limitadas: una redistribución de servidores públicos, un crecimiento más o menos marginal de la estructura o una modificación meramente nominal.

 

La secretaría de ciencia no es la única novedad, el actual Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se transformará en la Secretaría de las Mujeres, instaurará la Secretaría Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, renombra a la Secretaría de la Función Pública y modifica múltiples funciones en varias secretarías.

 

Lo notable es que justifica la instauración de la nueva secretaría de ciencia porque la opinión pública llegó a catalogar al Conahcyt como “agencia de becas” o responsable “de la pérdida de los fideicomisos, lo que implicó perder la operatividad que proporcionaban los fondos provenientes de las secretarías” (01.11.2024). Una apreciación que podría corresponder no solamente al organismo de periodos anteriores al 2018, también al de la gestión previa a la actual.

 

La exposición de motivos también añade que, a pesar de las modificaciones operadas en el  Consejo, “persiste la exigencia de diversos sectores sociales de […] centralizar y reordenar dicha institución, evitando duplicidad de funciones y permitiendo ahorros presupuestales sin afectar los principios de humanismo, equidad, bienestar social”.

 

No está claro si esa exigencia de centralizar se refiere a la relación entre secretarías de Estado, ya que múltiples dependencias gubernamentales realizan actividades científicas y tecnológicas y se dispersa el presupuesto, o bien, a un papel más proactivo del organismo en todo el sector.

 

Sin embargo, tal parece que la referencia corresponde a una centralización general. El proyecto de la nueva entidad administrativa prevé que una de sus funciones sea:  “articular, coordinar y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a través el Sistema Nacional de Planeación Democrática” (fracción III).

 

El asunto es que la ley de ciencia vigente establece que la rectoría del Estado sobre el sector es una facultad concurrente de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones (artículo 25 fracción I). Es decir, no es una atribución exclusiva del gobierno federal. Tal vez se dirá que por eso indica que la ejercerá a través del Sistema Nacional de Planeación. Pero… no cambia la centralización.

 

Otra función relevante de la próxima secretaria es la de “Administrar la ‘Universidad Rosario Castellanos’ y la ‘Universidad de la Salud’”. Son los dos modelos de institución de la Ciudad de México que se llevarán a escala nacional. De hecho, el secretario de Educación, Mario Delgado, anticipó que el primer modelo crecerá en 30 nuevas sedes y dará cabida a 150 mil nuevos estudiantes; el segundo modelo tendrá 10 sedes más y ofrecerá 25 mil nuevos lugares (23.10.2024).

 

Todavía no se conoce la estructura administrativa de la nueva secretaría, pero ya está claro que no se hará cargo de la actual Subsecretaría de Educación Superior que corresponde a la SEP, como se llegó a especular. Sin embargo, por decir lo menos, resulta controvertido que un nuevo subsistema de universidades sea administrado por fuera de la Subsecretaría, instancia que debe encargarse de coordinar al conjunto institucional de nivel superior. Ocurrió lo mismo con el programa de las Universidades Benito Juárez, y parece que de nueva cuenta se repetirá el procedimiento.

 

La semana próxima conoceremos qué presupuesto está previsto para la nueva secretaría y de ese total cuánto será destinado para administrar los modelos universitarios locales a escala nacional. Ahí se cerrará la pinza para delinear el alcance y el futuro de la próxima entidad administrativa.

 

Pie de página: El reciente informe de la Auditoria Superior de la Federación a la pasada administración del Conahcyt, en lo concerniente a la contratación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, reportó que  “no se garantizó que ésta se realizara con base en criterios objetivos e imparciales de inclusión, equidad institucional, equilibrio regional e incidencia social” (p. 182). Tampoco se acreditó la participación de 94 de los 97 recursos contratados por el INFOTEC para el desarrollo de un proyecto del 2023 y éste último realizó pagos por 44,528.6 miles de pesos con recursos ministrados por el Consejo (p. 183).// La Universidad de Guadalajara abre una sede en las instalaciones de la Arizona State University, en Los Ángeles, California.

Educación y ciencia en el periodo 2018-2024

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1066. Octubre 31, 2024)

 

Las dimensiones precisas de lo que realizó el gobierno anterior en materia educativa se van conociendo poco a poco. Desde luego, están los documentos oficiales, como el sexto y último informe de gobierno o los informes sectoriales de fin de periodo, que ofrecen una visión desde la propia administración sobre lo que logró y los pendientes que dejó.

 

Sin embargo, el panorama gubernamental no es suficiente para conocer en qué condiciones estaba el sistema educativo al inicio de un periodo de gobierno y cómo queda al final del mismo. Las valoraciones externas son fundamentales para una mejor apreciación y afortunadamente no son pocas las que ya se van conociendo.

 

Ahora, se suma una más. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM -institución en la que me desempeño- acaba de publicar el libro: La educación en el sexenio 2018-2024. Miradas desde la investigación educativa. Un volumen coordinado por las doctoras Gabriela de la Cruz y Ana Laura Gallardo, directora y secretaria académica, respectivamente, del Instituto.

 

El IISUE, como lo expresa su nombre, es una de las instituciones nacionales especializadas en la generación de conocimiento sobre la universidad --tiene el resguardo del Archivo Histórico de la Universidad— y en investigación educativa en todas sus modalidades y niveles.

 

La publicación se puede consultar y descargar de forma gratuita en la página electrónica del instituto (http://www.iisue.unam.mx). Una de las peculiaridades del libro es que se trata de un esfuerzo institucional. En total participaron 27 integrantes del personal académico del Instituto, incluyendo a las coordinadoras que también son autoras; todas las secciones y contribuciones identifican el crédito de autoría correspondiente.

 

El libro de 363 páginas inicia con una presentación y la infaltable introducción, en la cual se precisa que se trata de una obra verdaderamente colectiva, una publicación interdisciplinaria que expresa el compromiso institucional tanto con la producción de conocimiento como con la diversidad de posiciones y de formas de aproximación.

 

La publicación abre con un proemio, como punto de referencia, en el que se detallan las coordenadas que delinearon el proyecto educativo del gobierno federal de 2018 a 2024 y destaca sus principales propuestas al comienzo del periodo. Luego, la primera sección, “Políticas, gestión y financiamiento”, recoge diferentes aportaciones sobre esos tres componentes del sistema, en donde se combinan aproximaciones analíticas a nivel macro y otras a nivel del aula.

 

La segunda sección está acotada a la “Formación de docentes de educación básica” y presenta los principales factores asociados al tema, como la fragmentación de este proceso formativo, la necesidad de una reconceptualización y el complejo asunto curricular de las instituciones normalistas.

 

Después, en la tercera sección, “Las reformas curriculares en el sexenio: educación básica

y educación media superior”, como lo indica su título, se centra en las reformas en estos dos grandes niveles. En particular, la de educación básica, sobre aspectos pedagógicos y didácticos del plan y programas de estudio de 2022. La segunda, en relación con los ejes que definen la más reciente transformación curricular.

 

Por último, la cuarta sección trata sobre “Educación superior, ciencia y tecnología”, el énfasis está puesto en las modificaciones de sus respectivos marcos normativos, con la expedición de la Ley General de Educación Superior y la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La sección plantea un balance a partir de lo que se propuso inicialmente, lo que realmente se logró y lo que resta por hacer.

 

El libro cierra con un apartado de conclusiones y puntos de agenda, donde se reitera la diversidad de posiciones que se reúnen en su interior, así como la intención de contribuir al debate y a las decisiones sobre el sistema educativo nacional.

 

En fin, no se trata de un balance exhaustivo del terreno educativo en el sexenio 2018-2024, pero sí incluye los componentes indispensables, con énfasis distintos, para el análisis del periodo. El lector juzgará la pertinencia y sacará sus propias conclusiones.

 

Pie de página: La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este 30 de octubre envió las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital. Al parecer, está previsto que entrarán en funciones el primer día de enero del 2025. Y así las cosas.