CIDE: El consejero y las disputas institucionales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1111. Octubre 16, 2025)

 

El nombramiento del actual director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), José Romero Tellaeche, desde el inicio, en noviembre del 2021, fue polémico y cuestionado por la comunidad de ese Centro.

 

Los conflictos no han cesado y tal parece que el Cide llegará, el próximo mes de noviembre, a su aniversario de medio siglo sumido en las disputas entre autoridades y personal académico. Una cara pública que ya no parece sorprender a nadie, pero que no deberíamos acostumbrarnos a ella.

 

En el sector científico y tecnológico, al cambio de gobierno, aparentemente, las relaciones entre comunidad y autoridad se distendieron. Después de un sexenio de agravios y cuentas pendientes con la anterior titular del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, parecía que investigadores, becarios, directivos, personal de los centros públicos de investigación y academias, entre otros, ingresaban a una nueva fase de entendimiento con la autoridad.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hemos indicado en este Acelerador de Partículas, antes de iniciar su periodo, sorprendió a la comunidad académica y científica con su propuesta de elevar a rango de secretaría al anterior Conahcyt. Una decisión que reforzó su imagen de política preocupada por los asuntos científicos.

 

Además, la presidenta Sheinbaum designó como titular de la nueva secretaría a Rosaura Ruiz Gutiérrez (RRG), una persona identificada como científica y funcionaria universitaria de alto nivel. También contaba con el antecedente de haberse desempeñado como secretaria de educación y ciencia local cuando la ahora presidenta ocupó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

 

Y sí, en el periodo de transición, lo mismo que en los primeros meses de gobierno, los puentes de entendimiento entre la autoridad y la comunidad del sector se restablecieron. Sin embargo, en la realidad de los hechos, las restricciones presupuestales no se modificaron en este año, tampoco cambiarán para el siguiente y lo más probable es que continúen de la misma forma todo el sexenio.

 

Habrá voluntad política, pero lo que no hay son recursos. Las fisuras en los puentes de entendimiento ya son visibles en el programa Investigadoras e Investigadores por México (un tema del que nos ocuparemos en próxima entrega) y en otras iniciativas. Pero no es solamente un asunto de escasez de recursos financieros y el caso del Cide lo ilustra con claridad.

 

En junio de este año, seguramente usted recuerda el episodio, la titular de la secretaría de ciencia, RRG, le expidió el nombramiento oficial de consejero a título personal —uno de los cuatro que puede designar—, con firma autógrafa, a Sergio Aguayo Quezada para integrarse al Consejo Directivo del Cide (Oficio A100/206/2025). Se trata del órgano de gobierno del Centro y se integra por 14 personas.

 

Sin embargo, las autoridades del Cide se inconformaron con ese nombramiento y argumentaron que todavía no concluía el plazo del consejero que se pretendía sustituir. En efecto, era el mes de junio y el encargo vencía el 26 de octubre. En otras circunstancias, la cadena administrativa de mando habría seguido su curso y la orden se habría acatado. Pero no, nada más y nada menos, la directora RRG tuvo que dar marcha atrás y cancelar el nombramiento de Sergio Aguayo.

 

El caso es que “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, en unos días más deberá operarse la sustitución del consejero a título personal en el Consejo Directivo del Cide. Seguramente serán otros los términos de la designación y otros los protagonistas, pero su desenlace nos mostrará qué cabría esperar sobre el rumbo que tomará en el corto plazo la dirección del Centro.

 

En este contexto, vale la pena notar la creciente inconformidad de la comunidad del Cide con sus autoridades. Una de ellas es la acusación pública de miembros del personal académico por “las actitudes de misoginia y desdén” mostradas por Romero Tellaeche en la reunión con integrantes del sindicato de trabajadores y del sindicato del personal académico (09.10.2025)

 

Otra es la reciente inconformidad por la negativa de los directivos del Centro a respaldar institucionalmente la solicitud de cinco jóvenes que trataban de postularse a becas de estancia posdoctoral de la secretaría de ciencia (10.10.2025).

 

Según el estatuto general del Cide, el cargo de director general tiene una duración de cinco años y puede ser ratificado por otro periodo igual. El 29 de noviembre del año próximo vence el primer periodo y será el punto de inflexión para definir el futuro del Centro.

 

Por lo pronto, este 25 de noviembre el Cide cumplirá 50 años de su fundación y no llega en su mejor momento.

 

Pie de página: Una nota de Arturo Ángel, en Milenio Diario del pasado 7 de octubre, dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por “posibles malos manejos de recursos que habrían ocasionado un daño al erario superior a los 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla” (Milenio 07.10.2025). Pero tal parece que el monto es bastante mayor y las acusaciones crecerán. Pendientes.

¿Obligatoriedad del programa especial de ciencia?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1110. Octubre 10, 2025, pág. 4) 

 

La ley general de ciencia vigente establece que debe haber un programa especial para el sector científico y tecnológico. Sin embargo, la cabeza del sector ya no es el antiguo Conacyt o Conahcyt, como era el caso cuando se promulgó esa ley; ahora es una secretaría de Estado, y la norma de planeación indica que a las dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde la elaboración de un programa sectorial.

 

Entonces, ¿deben elaborarse ambos programas o no? La autoridad no se ha pronunciado al respecto, pero si nos atuviéramos a lo que establece el marco legal, la respuesta es afirmativa. Aunque, lo cierto es que las normas --lo hemos reiterado en este mismo lugar en ocasiones anteriores--, aunque sean vinculatorias, no se aplican o son sumamente laxas. Bien pueden marcar un procedimiento y las acciones seguir uno muy distinto.

 

Lo grave es que parece que nos tiene sin cuidado si se sigue o no las normas y, todavía peor, nos acostumbramos a que no se acaten. No importa si es un artículo constitucional o el reglamento escolar. Y no es un problema de la administración anterior o de la actual: ha estado presente en distintos gobiernos. Aunque, sí, cada vez más parece ir en aumento.

 

Pero, ¿por qué hay o había un programa especial de ciencia y tecnología? El primero fue publicado en el inicio del sexenio de Vicente Fox, en el contexto de la alternancia política, en la transición del siglo y de milenio, para enfatizar la competitividad internacional y la búsqueda de un vínculo entre el desarrollo económico y la actividad científica y tecnológica. Se denominó: Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt).

 

Los programas especiales estaban previstos en la Ley de Planeación, primero para referirse a las prioridades de desarrollo integral dispuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a las actividades que involucraban a dos más dependencias de la administración pública (Artículo 26). Después, como no estaba claro qué dependencia era la responsable del programa especial, una reforma precisó que el ejecutivo federal la designaría (DOF, 2018).

 

El entonces Conacyt, desde el inicio, fue la entidad responsable del Pecyt y así quedó establecido en las diferentes versiones de la normatividad. La primera ocasión fue en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de 1999 (artículo 2, DOF, 21.05.1999). También en la del 2002 y en la reforma del 2010, cuando se le añadió la “i” de innovación y el nombre del programa especial quedó como Peciti.

 

Todavía la administración anterior, aunque con retraso, elaboró el correspondiente Peciti. Incluso, en la polémica Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación quedó consignado que se debía elaborar un programa especial. Aunque, en esa ley, la abreviatura ya no fue Peciti, sino el nombre de la nueva ley. (Artículo 15, DOF 08.05.2023).

 

Además, el expresidente López Obrador, cuatro meses antes de concluir su periodo, emitió un decreto para adecuar la denominación de Peciti 2021-2024 a Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2021-2024. Quizás no se utilizaron siglas, porque la abreviatura era impronunciable, algo así como Pemhcti.

 

Además, en el mismo decreto quedó especificado que el programa especial era “de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Aquí lo puede consultar: t.ly/0MhYP).

 

En resumidas cuentas, aparte del decreto de hace un año, el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó siete programas especiales y uno de ellos es el de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (DOF 15.04.2025; disponible: t.ly/EEgj_).

 

También recordemos que el programa especial es una disposición la ley general vigente, la entidad responsable sería la Secretaría de Ciencia (Secihti) que, para efectos legales, asumió las actividades del anterior Conahcyt.

 

A su vez, la Ley de Planeación indica que las dependencias de la Administración Pública Federal, como lo es la Secihti, deben elaborar sus respectivos programas sectoriales (artículo 16, fracción III). La Secretaría, el mes pasado, en tiempo y forma, ya publicó el que le corresponde (DOF 17.09.2025). Lo examinaremos en próxima entrega.

 

Sin embargo, queda por resolver si la Secretaría se quedará solamente con el programa sectorial o también publicará un programa especial. Si opta por esto último, tal vez sería la oportunidad para precisar la prioridad y transversalidad del desarrollo tecnológico que tanto se menciona, así como los ámbitos de responsabilidad y competencia de las diferentes dependencias gubernamentales involucradas.

 

No está de más recordar que el plazo para presentar el programa especial vence a la mitad de este mes, dado que la misma Ley de Planeación indica que debe estar listo dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo. Pendientes.

 

Pie de página: Nueve de cada diez docentes de los países de la OCDE dicen que están satisfechos con su trabajo, según el reciente reporte del Estudio Internacional de la OCDE sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS). Una lástima que México no participó del estudio (Aquí puede consultarse: t.ly/yqa6z).

Primer año: borrado el presupuesto científico, pero con educación de adultos

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1109. Octubre 2, 2025)

 

Esta semana se cumplió el primer año de ejercicio gubernamental de la primera presidenta de la República. La fecha es emblemática para cualquier gobierno y tal vez lo sea más para la actual gestión, tanto por la línea de continuidad y cambio con la administración anterior como por las dificultades del caso.

 

El corte sobre el estado que guarda la administración pública fue presentado el pasado 1 de septiembre y, como lo anotamos en este Acelerador de Partículas, el contenido del mensaje político que pronunció la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), no se correspondía con los números de su propio informe de gobierno sobre el sector científico y tecnológico (Aquí lo puede consultar: Campus No. 1106).

 

Todavía es más sorprendente que en el balance del primer año, en la primera línea de acción de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), no está el financiamiento, los proyectos o las becas. La iniciativa que destaca es el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica para “favorecer la integración de los jóvenes a la actividad productiva desde el nivel medio superior y superior” (p. 206).

 

El objetivo de ofrecer alternativas educativas vinculadas al mundo del trabajo es importante y muy necesaria. Sin embargo, sorprende porque, por una parte, usualmente los informes de gobierno sectoriales, para comenzar, daban cuenta del estado de la administración pública en el orden financiero y avances de las acciones más sobresalientes. Así que el primer rubro a informar era el monto de presupuesto recibido y la forma en la que se distribuyó.

 

Pero no, desde la extinción de los fideicomisos públicos en el sector, a partir del ejercicio fiscal del año 2021, el apartado de ciencia y tecnología ya no inicia con las cifras de presupuesto ni la participación relativa de sus diferentes programas en ese presupuesto.

 

Todavía menos aparece el gasto en investigación y desarrollo experimental (Gide). Por cierto, los datos oficiales más recientes de ese tipo de gasto son del 2017. Porque en ese año se realizó la última encuesta para calcularlo y, desde entonces, los datos que tenemos seguramente son proyecciones o cifras sin mayor rigor. Así que ni hablar de la precisión de dicho indicador como proporción del PIB.

 

Por otra parte, también es notable que el rubro con el que inicia el informe del sector científico y tecnológico sea el de alternativas educativas relacionadas con la industria para el nivel medio superior y superior, dado que el antecesor de la Secihti no se había ocupado antes del rubro educativo. Salvo por las becas de posgrado y algunos programas de difusión de la ciencia.

 

Sin embargo, ahora, la Secihti comienza por informar sobre los programas de actualización y capacitación laboral. Por ejemplo, menciona el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que atiende a jóvenes de 18 a 29 años o el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores. Aunque, en sentido estricto solamente son mencionados; no aparecen beneficiarios, ni recursos. Tal vez porque esos datos están otro apartado del mismo informe.

 

En cambio, sí están los números de “Alternativas educativas” como la que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) o de “Educación Dual”. Datos que anteriormente estaban en la sección educativa del informe de gobierno, ahora están en el apartado científico y tecnológico.

 

Sobre la educación de adultos, destaca el apartado, 416 mil 617 personas concluyeron un nivel educativo: 12 por ciento fueron alfabetizados; 34 por ciento concluyeron la primaria y 54 la secundaria (pág. 207).

 

Respecto a la educación dual, la opción formativa que tiene lugar tanto en la escuela como en la empresa, se consignan acciones de diseño de planes, programas, modelos y lineamientos. Pero no hay cifras de alumnos participantes, ni en media superior ni en educación superior. Únicamente se anota que: el Tecnológico Nacional de México, en el ciclo escolar 2024-2025, participaron 105 institutos tecnológicos con 2 mil 21 estudiantes (pág. 208). Las cifras tampoco aparecen en la sección educativa del informe.

 

Al final del informe se destacan media docena de logros de la administración en este primer año: la transformación del anterior Conacyt en la Secihti; la instauración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; la implementación de un modelo de colaboración intersecretarial, interinstitucional e interdisciplinario; la puesta en marcha de proyectos de desarrollo tecnológico; impulso a proyectos con alto nivel de madurez tecnológica; y estimación de mejorar en 70 por ciento, al cierre del año, las becas al extranjero.

 

En este primer año continúa la ausencia de cifras de distribución presupuestal para el sector, seguramente porque las variaciones son pequeñas, pero añade la educación de adultos y las acciones de desarrollo tecnológico. El formato del informe cambió y la colaboración intersecretarial se distribuye los recursos escasos.

 

Pie de página: El 2 de octubre sigue vigente. // Los becarios posdoctorales se inconforman y tienen razón. // No amaina la protesta en la Universidad Veracruzana, también les asiste el derecho y la razón; la Junta de Gobierno se sigue desmoronando. // A propósito de Veracruz, el café de esa región llegará a Marte, según la intervención en tribuna de la diputada local Victoria Gutiérrez Pérez. Y lo planteó en serio// La presidenta CSP ya aseguró que fue un error y se corregirá el recorte de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. // Sin embargo, nada se ha mencionado del error en el Anexo 12 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. // Pendientes.