Administración Pública Federal: ¿descentralizada o centralizada?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1097. Junio 26, 2025)

 

Tal vez la intención de descentralizar las secretarías de Estado ya no se recupere en el periodo actual. No forma parte de los planes anunciados, ni tampoco de los compromisos explícitos, como sí lo hizo el gobierno anterior. No obstante, la Administración Pública Federal (APF) sí se modificó de forma sustantiva en el periodo anterior y lo sigue haciendo ahora. Pero siguiendo el camino inverso: una mayor centralización de sus decisiones.

 

Seguramente usted recordará que el expresidente López Obrador se comprometió a trasladar las secretarías de Estado a diferentes entidades federativas. La Sep a Puebla, el Conacyt a Baja California, por ejemplo. Fue su compromiso número 54 de los cien que planteó.

 

Incluso se hicieron cálculos presupuestales, se presentaron planos y se localizaron zonas. Algunos funcionarios públicos hasta emitieron mensajes desde sus nuevos lugares de residencia. Sin embargo, al final del sexenio anterior, la descentralización no se llevó a efecto; el propio expresidente aceptó que se quedó como pendiente.

 

Desde el sexenio anterior cambiaron de nombre algunas secretarías y también lo volvieron a hacer en el actual, como la que se llamaba Secretaria de la Función Pública y ahora es Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque eso sería lo meramente nominal. Lo sustancial fueron las medidas de austeridad implantadas que persisten en toda la administración, los perfiles de los servidores públicos y la centralización de las decisiones.

 

Desde el decreto de austeridad y la Ley Federal de Austeridad Republicana del expresidente López Obrador, entre otros recortes, se redujeron al 75 por ciento las partidas de servicios generales y de materiales y suministros (DOF. 23.04.2020). Una medida que incluyó a las secretarías y a los organismos descentralizados. También se cancelaron una decena de subsecretarías. La disminución de presupuesto y de estructura fue notable en el servicio público y no se modificó en el presente.

 

El concepto de alto funcionario público quedó establecido en el decreto de austeridad, aplicaba de subdirector hasta presidente (fracción I). La precisión tenía sentido no solamente para efectos de una disminución voluntaria de 25 por ciento en los salarios de este tipo de funcionarios, sino también por los perfiles profesionales. El expresidente estableció que lo principal era: “99 por ciento es honestidad, uno por ciento es capacidad” (conferencia de prensa del 13.08.2020).

 

Al cambio de gobierno, como en este mismo lugar lo anotamos, la estructura de la administración pública continuó modificándose. Aparte del cambio de nombre de la Secretaría de la Función Pública, se instauró la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; el Conahcyt se transformó en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de las Mujeres que pasó a constituirse como la Secretaría de las Mujeres.

 

Sin embargo, lo más importante es que en este mes inició el proceso de ajuste de los organismos intermedios -autónomos o no-, algunas de sus funciones serán integradas o absorbidas en la estructura del gobierno federal y otras simplemente han sido canceladas. En este último caso están las finalidades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyo personal de más de medio millar, simplemente fue liquidado y sus capacidades desaparecerán.

 

Otro caso polémico es la absorción de las funciones que realizaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y que ahora desempeñará la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. O la reciente aprobación de los diputados para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transferir sus funciones de evaluación y medición de la pobreza al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (Milenio Diario 23.06.2025).

 

La transformación de la estructura de la administración pública y la centralización de las decisiones son notables, lo que convendría precisar es si será un gobierno más eficiente y eficaz. En entregas posteriores examinaremos en detalle algunos de informes sobre desempeño gubernamental y los principales indicadores de la gestión pública.

 

Por lo pronto, anotemos que el más reciente Censo Nacional de Gobierno Federal y Estatal 2024, reporta que al cierre del año 2023, precisamente cuando inicia el actual sexenio, la APF se integraba por 304 instituciones y laboraban en toda la administración pública un millón 621 mil personas. A su vez, en el año 2019, sumaban 312 instituciones y el número de personas era de un millón 575 mil. Es decir, después de un sexenio, en la APF hay ocho instituciones menos y 46 mil personas más.

 

Pie de página: La Secihti, como parte de su agenda científica-tecnológica con Cuba, informó en redes sociales que conversó “sobre el impulso de una agenda bilateral farmacobiológica” (t.ly/kfvLK). // El exrector de la UNAM José Sarukhán, fue condecorado con el grado de Caballero en la Legión de Honor por el gobierno francés en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio de la ciencia y de la protección de la biodiversidad y de la naturaleza como bien común del planeta. // La polémica por la reelección de rector en la Universidad Veracruzana está en ascenso.

Acción colectiva y regulación de las publicaciones científicas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1096. Junio 19, 2025, pág. 4)

 

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) tiene la intención de diseñar una nueva política nacional para las revistas de ciencias y humanidades. Después de un relativo abandono en el caótico periodo gubernamental previo, es una acción necesaria.

 

En 2019, el primer año del sexenio anterior, la directora del entonces Conacyt, destacó como logros sin precedentes el ahorro sustancial de 275.5 millones de pesos en el acceso a revistas y la cancelación de una agencia subrogada a un operador externo (Primer Informe de Gobierno, 2019).

 

La solución agravó el problema: cortó de tajo el acceso a recursos documentales a múltiples instituciones y las consecuencias fueron graves para las más desfavorecidas. El ahorro fue muy costoso. Impulsar una nueva iniciativa no será fácil.

 

Por una parte, está el desencanto de los editores y las revistas que, una y otra vez, han terminado decepcionados. Por otra parte, una alteración en las reglas de los medios de difusión del conocimiento tiene hondas repercusiones en el sistema de producción del conocimiento. El cambio que se proponga debe tener presente que no es un asunto meramente doméstico.

 

Las publicaciones académicas forman parte de un ecosistema de escala mundial, en el que coexisten las de acceso abierto y las que persiguen fines de lucro. Y no solamente desempeñan la función de difundir el conocimiento. Las revistas son parte de una industria, expresan valoraciones diferenciadas del trabajo científico, disputas por territorios disciplinarios, tanto como batallas por el reconocimiento y el prestigio. Una modificación en la estructura de incentivos tendrá repercusión en toda la estructura del sistema nacional.

 

Por lo pronto, la Secihti anunció la instalación de un Grupo Técnico Asesor que, indica, “acompañará los trabajos de la Secihti para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas, para garantizar que las decisiones se sustenten en el conocimiento y experiencia de especialistas en el ámbito editorial y la experiencia de los sistemas nacionales y regionales de revistas científicas” (Comunicado 35/2025).

 

Las decisiones basadas en el conocimiento y el asesoramiento de personas con conocimientos técnicos son indispensables. Todavía mejor si, como se anunció, se realizarán tres foros regionales de consulta. Por cierto, el contraste es inevitable con lo ocurrido en la administración anterior: refractaria a cualquier intervención y cuyas decisiones no parecieron fundarse en el saber experto.

 

Aún estamos en el terreno de las intenciones, en una etapa de diseño; nada garantiza que la iniciativa marchará conforme a lo anunciado. Pero, por lo menos, la autoridad busca la interlocución y no está vuelta de espaldas a la comunidad que quiere regular.

 

Según el comunicado correspondiente, la idea es promover el acceso abierto al conocimiento, fortalecer el reconocimiento de las revistas de divulgación, mejorar los procesos de producción editorial, así como promover las buenas prácticas y la integración de revistas a infraestructuras de datos abiertos.

 

Desde hace dos décadas, la revista británica The Economist (2004), hizo notar los problemas más sobresalientes de la diseminación de los resultados de la investigación en Europa y Estados Unidos. En particular, se refería a las dificultades de las bibliotecas universitarias por tener que destinar un presupuesto cada vez mayor para comprar el acceso a las revistas académicas, y un escaso incremento en el volumen de suscripciones.

 

La industria de las revistas académicas es floreciente, pero se ha expandido prácticamente sin regulación y se ha concentrado en media docena de grupos editoriales. De hecho, se ha convertido en un monopolio, con imposición de sus reglas y fuertes restricciones de acceso por sus costos elevados. El problema, como se había advertido desde hace décadas, es que una buena parte de la investigación es financiada con recursos públicos y no es de libre acceso.

 

Las dificultades se han agudizado en el presente. Un artículo de Arash Abizadeh del año pasado anota que “los ingresos anuales de las ‘cinco grandes’ editoriales comerciales —Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, Springer Nature y SAGE— ascienden a miles de millones, y algunas tienen márgenes de beneficio asombrosos que rondan el 40 por ciento, superando incluso a empresas como Google” (The Guardian 16.07.2024)

 

La solución del acceso abierto no es tan sencilla como parece. Alguien paga el costo en las revistas con fines de lucro, y las revistas que no tienen esa finalidad provocan desinterés en los investigadores. Es un problema de acción colectiva, porque, como afirma Arash Abizadeh, “queremos un nuevo modelo, pero cada uno de nosotros, individualmente, tiene fuertes incentivos para mantener el statu quo”.

 

Veamos qué propone la nueva política.

 

Pie de página: Pendientes de la herencia de litigios y los resultados de la convocatoria para “Servicio en Materia Jurídica, Atención, Intervención, Asistencia y Defensa Legal de los 25 Centros de Investigación Sectorizados y la SECIHTI”.// Por primera vez, UNAM e IPN aplicaron, juntos, el examen a distancia para ingresar a la educación media superior del ECOEMS. Ya veremos los resultados.

La política científica y tecnológica en el periodo 2018-2024*

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1095. Junio 12, 2025)

 

Los párrafos siguientes forman parte de la introducción del libro: Canales Sánchez, A. (coord.) (2025) “La política científica y tecnológica en el periodo 2018-2024. Los saldos de la transformación”. PUEES-UNAM. 283 pp.

En la obra participan: Andrés Agoitia, Claudia Díaz, Alejandro Márquez, Tomás Maya, Rosalba Ramírez, David Ríos, Brenda Valderrama y Judith Zubieta. El libro fue presentado el pasado 6 de junio y participaron en la presentación Gabriela Dutrénit, Julia Tagüeña y Roberto Rodríguez.

 

Las expectativas que se generan en cada nuevo periodo de gobierno son heterogéneas. Qué se propone, cómo piensa ponerlo en marcha y, al final, cuánto se logró, son las interrogantes que aparecen cíclicamente en cada sexenio. Este libro, auspiciado por el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, se ocupa de examinar las políticas científicas y tecnológicas, como una de las áreas de actuación gubernamental en el periodo 2018-2024. Es un esfuerzo colectivo realizado por personas con preocupaciones académicas en común sobre el sector. Las diferentes lí­neas o programas más sobresalientes se documentan en los distintos ca­pítulos; la finalidad es mostrar los elementos analíticos necesarios, el desa­rrollo de cada política y ofrecer al eventual lector las evidencias de cada caso para integrar un balance ponderado. Sin embargo, es difícil enten­der algunos de los elementos clave del sector sin remitirse al marco polí­tico más amplio en el que se desenvolvieron los acontecimientos

 

Tal parece que el interés por conocer qué prometen los gobernantes y los resultados que obtienen se ha incrementado a partir de la alternancia política del año 2000. A partir de esa fecha, después de dos sexenios sucesivos de gobierno del Partido Acción Nacional (pan) y uno más de retorno del Partido Revolucionario Institucional (pri), una coalición de partidos encabezada por una nueva fuerza política ganó las elecciones federales en el 2018. La nueva agrupación política apenas había sido fundada como asociación civil en el 2011 como Movimiento de Regeneración Nacional (morena) por el político Andrés Manuel López Obrador (amlo). Tres años después obtuvo su registro como partido político, confirmando la postulación de amlo como su candidato presidencial obteniendo, a su vez, el mayor volumen de votos en comparación con el total de partidos participantes en los comicios. La fuerza política era novedosa, pero su candidato triunfador era la tercera ocasión que competía en unas elecciones presidenciales. Los factores asociados al proceso electoral y la trayectoria política de amlo no hicieron más que elevar las expectativas sobre su desempeño como presidente, después de todo ya había ocupado la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y había expresado sus posiciones en las contiendas electorales previas, pero estaba por comprobarse su ejercicio en la presidencia y cuáles propuestas de campaña se harían efectivas durante el periodo de gobierno.

 

Lo paradójico es que amlo, todavía como candidato, también anticipó los nombres de las personas que lo acompañarían en las tareas de gobierno si triunfaba en las elecciones […]López Obrador dio a conocer, medio año antes de las elecciones, los nombres de las 16 personas y las respectivas secretarías que ocuparían en su eventual gabinete legal. La persona que estaría al frente del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) no estuvo dentro de esos primeros nombramientos, seguramente porque el organismo no forma parte de la primera línea de gestión, es una entidad paraestatal y pertenece a lo que se conoce como gabinete ampliado en la administración pública. Sin embargo, antes de la jornada electoral, en ocasión de la temática del tercer y último debate por la presidencia, amlo anunció que María Elena Álvarez-Buylla sería la persona titular del organismo, si él ganaba las elecciones. Una científica del área de la biotecnología que había recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el año 2017. Así que la situación era peculiar: había elementos para prever cómo sería el periodo de gobierno y, al mismo tiempo, una relativa incertidumbre sobre el desenvolvimiento que mostrarían en el ejercicio de gobierno.

 

Una vez declarado presidente electo, López Obrador desplegó múltiples iniciativas antes de arrancar propiamente con su sexenio el 1 de diciembre del 2018.  […] De modo que la transición de gobierno del 2018 fue de julio al último día de noviembre y, ese periodo, que gobiernos anteriores habían utilizado para integrar su gabinete, AMLO lo destinó a reunirse con algunos de los actores sociales clave de la vida pública, trazar sus planes de gobierno y anticipar medidas. Por ejemplo, entre muchos otros, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para comunicarles que había confianza en el país, que se proponía realizar una transformación del país y la haría a través de la concordia. Incluso les expresó que si bien su gobierno había logrado mayoría en el Congreso, no habría prepotencia y añadió la frase que se reiteraría en el periodo: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. También sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad académica y científica encabezados por el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), Enrique Graue, en cuyo foro recibió un documento de propuestas y prometió que nunca tendrían un “presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto” (AMLO. 22.08.218).

 

Quizás el primer anuncio de López Obrador en el periodo de transición que generó mayor expectativa fue su intención de poner en marcha una política de combate a la corrupción y de austeridad en la administración pública. En su momento, su recepción se dio con cierto escepticismo y preocupación, porque parecía difícil que todos sus componentes se pudieran implementar en la intrincada y voluminosa estructura administrativa de las dependencias. Posteriormente se constataría que habría nuevas reglamentaciones y tendría un fuerte impacto en el servicio público. El presidente electo, 15 días después de los resultados electorales, presentó medio centenar de medidas dirigidas a frenar la corrupción y racionalizar el gasto público (AMLO. 14.08.2018). Algunas de las más destacadas incluían la suspensión de fueros y privilegios para los funcionarios públicos, como la reclasificación del tipo de delitos para ser juzgados, la disminución del sueldo del presidente –a la mitad de lo que recibía el antecesor– y de altos funcionarios, limitación de viáticos al mínimo, extinción de la partida presupuestal para gastos médicos privados, así como la destinada a la compra de vehículos nuevos o de equipos de cómputo en el primer año de gobierno, entre otras tantas medidas. También incluyó restricciones de viajes al extranjero, la cancelación de los fideicomisos, la reducción de 70 % del personal de confianza, la cancelación de pensiones a los expresidentes de la república, la reducción de 50 % en el gasto publicitario del gobierno o la exclusiva disposición de choferes para secretarios y subsecretarios. Tal vez, en previsión de la inquietud generada por el alcance de las medidas, el entonces presidente virtual solicitó comprensión y previno: “no engañé a nadie, en la campaña planteé todo esto, en las plazas públicas, no me estoy sacando nada debajo de la manga”. […]

 

Entonces, el titular del poder ejecutivo federal había anticipado cuál sería su equipo de gobierno, qué se proponía lograr y cuáles serían los principales ejes de su gestión, únicamente faltaba conocer cómo se desempeñaría en el ejercicio de gobierno y qué políticas adoptaría en el terreno de la actividad científica y tecnológica. […]

 

En el libro se da cuenta del desenvolvimiento puntual de las iniciativas más emblemáticas del sector y, a la par, se busca un balance equilibrado de lo que ocurrió en el periodo.