El primero de
septiembre inició actividades la LXII legislatura y también ya es vigente la
posibilidad de que el ejecutivo federal presente iniciativas de trámite
preferente en este periodo ordinario que comienza. Todavía falta la complicada
negociación para la integración de comisiones, pero un par de asuntos pendientes
de la legislatura anterior en el campo de la ciencia y la tecnología, así como
su fallida experiencia, debieran obligar a tomar definiciones con mayor rapidez.
La anterior comisión
de ciencia y tecnología prometió, en su programa de trabajo, que buscaría el
establecimiento de una política de Estado en materia de ciencia y tecnología
(p. 13). El organismo estuvo presidido por el diputado Reyes Tamez Guerra,
secretario de Educación Pública con Vicente Fox y luego, sorprendente y
paradójicamente, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva
Alianza (Panal).
Según el
programa de Reyes Tamez, su esfuerzo estaría concentrado en atender cinco temas
para lograr una política de Estado en el sector: la actualización,
enriquecimiento y aplicación del marco jurídico; una promoción del federalismo;
la vinculación con el sector productivo; la cooperación internacional; y el financiamiento.
Si bien a lo
largo del periodo se impulsaron algunas iniciativas, como una nueva ley
orgánica para Conacyt y algunas reformas a la ley del sector (como la
incorporación del término innovación y la adición de funciones en el Consejo
General), quedó pendiente el asunto más elemental: la aplicación del marco
jurídico en materia de financiamiento.
En este espacio
hemos indicado, en múltiples ocasiones, que se incumple lo que dice la ley en
lo que concierne al financiamiento del uno por ciento para investigación
científica y desarrollo tecnológico. No hacen falta otros ordenamientos, suficiente
sería aplicar los existentes. Aunque, como igualmente lo hemos advertido,
existe una discordancia en lo que plantea el artículo 9 Bis de la norma
científica y el artículo 25 de la norma educativa; ambos se refieren a los
recursos pero su sentido es diferente.
Los diputados
de la legislatura anterior propusieron añadir un segundo párrafo al artículo 9
Bis de la ley de ciencia y tecnología, en el que se explicitara que: “Corresponderá al Congreso de la
Unión, a través de la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad constitucional,
de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, realizar una revisión
del mismo, a fin de realizar las previsiones presupuestales correspondientes
para que el monto anual…” (Gaceta
Parlamentaria No. 3208-II. 24.02.2011). Los mismos diputados se autoimponen
el marco constitucional. Nada menos.
En el pleno, en un prolongado e
interesante debate, la iniciativa fue aprobada y turnada al Senado para su
ratificación o rectificación. A la fecha la propuesta no ha sido dictaminada en
la cámara alta, pero vale la pena notar que en lo referente a la aprobación de
gasto público, a diferencia de los ingresos, los diputados son los únicos que
tienen la atribución de aprobar y modificar el presupuesto.
El otro asunto tiene su origen en
el Senado y es la propuesta para crear una nueva secretaría de ciencia y
tecnología. En estas páginas hemos comentado la idea en repetidas ocasiones,
particularmente por el apoyo y diferencias que suscitó entre la propia
comunidad académica, así como las opiniones encontradas de funcionarios
públicos e incluso la renuencia del hoy presidente electo a la posibilidad de
crear la nueva estructura.
Sin embargo, además de las
adhesiones y pronunciamientos a favor de diferentes actores, desde septiembre
del 2011 los senadores del PRD, Francisco Castellón y Carlos Navarrete,
presentaron una iniciativa de ley para modificar la ley orgánica de la
administración pública federal y dar lugar a la nueva secretaría. La propuesta
todavía no es dictaminada, pero está entre los pendientes que la nueva
legislatura deberá resolver.
(Publicado en Campus Milenio No. 477. Septiembre 6, 2012)
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