viernes, 7 de septiembre de 2012

LOS PENDIENTES DE LA AGENDA LEGISLATIVA



El primero de septiembre inició actividades la LXII legislatura y también ya es vigente la posibilidad de que el ejecutivo federal presente iniciativas de trámite preferente en este periodo ordinario que comienza. Todavía falta la complicada negociación para la integración de comisiones, pero un par de asuntos pendientes de la legislatura anterior en el campo de la ciencia y la tecnología, así como su fallida experiencia, debieran obligar a tomar definiciones con mayor rapidez.

La anterior comisión de ciencia y tecnología prometió, en su programa de trabajo, que buscaría el establecimiento de una política de Estado en materia de ciencia y tecnología (p. 13). El organismo estuvo presidido por el diputado Reyes Tamez Guerra, secretario de Educación Pública con Vicente Fox y luego, sorprendente y paradójicamente, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal).  

Según el programa de Reyes Tamez, su esfuerzo estaría concentrado en atender cinco temas para lograr una política de Estado en el sector: la actualización, enriquecimiento y aplicación del marco jurídico; una promoción del federalismo; la vinculación con el sector productivo; la cooperación internacional; y el financiamiento.

Si bien a lo largo del periodo se impulsaron algunas iniciativas, como una nueva ley orgánica para Conacyt y algunas reformas a la ley del sector (como la incorporación del término innovación y la adición de funciones en el Consejo General), quedó pendiente el asunto más elemental: la aplicación del marco jurídico en materia de financiamiento.

En este espacio hemos indicado, en múltiples ocasiones, que se incumple lo que dice la ley en lo que concierne al financiamiento del uno por ciento para investigación científica y desarrollo tecnológico. No hacen falta otros ordenamientos, suficiente sería aplicar los existentes. Aunque, como igualmente lo hemos advertido, existe una discordancia en lo que plantea el artículo 9 Bis de la norma científica y el artículo 25 de la norma educativa; ambos se refieren a los recursos pero su sentido es diferente.

Los diputados de la legislatura anterior propusieron añadir un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología, en el que se explicitara que: Corresponderá al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad constitucional, de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, realizar una revisión del mismo, a fin de realizar las previsiones presupuestales correspondientes para que el monto anual…” (Gaceta Parlamentaria No. 3208-II. 24.02.2011). Los mismos diputados se autoimponen el marco constitucional. Nada menos.

En el pleno, en un prolongado e interesante debate, la iniciativa fue aprobada y turnada al Senado para su ratificación o rectificación. A la fecha la propuesta no ha sido dictaminada en la cámara alta, pero vale la pena notar que en lo referente a la aprobación de gasto público, a diferencia de los ingresos, los diputados son los únicos que tienen la atribución de aprobar y modificar el presupuesto.

El otro asunto tiene su origen en el Senado y es la propuesta para crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología. En estas páginas hemos comentado la idea en repetidas ocasiones, particularmente por el apoyo y diferencias que suscitó entre la propia comunidad académica, así como las opiniones encontradas de funcionarios públicos e incluso la renuencia del hoy presidente electo a la posibilidad de crear la nueva estructura.

Sin embargo, además de las adhesiones y pronunciamientos a favor de diferentes actores, desde septiembre del 2011 los senadores del PRD, Francisco Castellón y Carlos Navarrete, presentaron una iniciativa de ley para modificar la ley orgánica de la administración pública federal y dar lugar a la nueva secretaría. La propuesta todavía no es dictaminada, pero está entre los pendientes que la nueva legislatura deberá resolver.

Probablemente, los asuntos menores de la educación o de la ciencia y tecnología no están en el horizonte de los tres meses que le restan al actual ejecutivo federal como para diseñar una iniciativa preferente (ese lugar lo ocupan las llamadas reformas estructurales). Tampoco los nuevos legisladores estarán preocupados por los pendientes que deben resolver, si no en sus grandes proyectos personales o de grupo. No obstante, tal vez les convendría enmendar las evidentes fallas en las que han incurrido y valorar lo que sí pueden resolver.

(Publicado en Campus Milenio No. 477. Septiembre 6, 2012)

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