Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
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| Fuente: www.gob.mx |
En noviembre del año pasado, en
la quinta reunión del Comité Nacional de Productividad (CNP), el representante
de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) propuso lo que llamó
“Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación”. Una iniciativa
que básicamente consideró la creación de tres grupos de trabajo de alto nivel
que debían elaborar recomendaciones para promover el desarrollo industrial.
Los tres grupos de trabajo son: Encadenamiento Productivo, Competitividad
Industrial y Generación de Talento. Los dos primeros están bajo la
responsabilidad de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía; el tercero fue
instalado esta semana y lo presidirá Aurelio Nuño, el secretario de Educación
Pública.
La información sobre quiénes
integran y qué funciones realizará el “Grupo de Alto Nivel de Generación de
Talento” es breve e incierta. Vagamente se indica que tiene el objetivo de
encontrar soluciones conjuntas para aumentar la productividad del país y para
ello tomará “en cuenta tanto la oferta educativa como las necesidades
regionales y sectoriales de la industria” (Comunicado Sep. No. 195).
Desde luego, se dijo que el
grupo de trabajo quedó enmarcado en la actual reforma educativa, especialmente
en lo que concierne a la vinculación con el sector productivo y bajo cuatro
líneas de acción: “a) formación de talento innovador; b) generación, atracción
y retención de talento en industrias específicas, con base en las mejores
prácticas internacionales; c) realización de un inventario nacional que
identifique, en forma sectorial y regional, las capacidades y oportunidades de
mejora en la formación de recursos humanos; y d) modificación a los planes y programas
de estudio.
Tal vez, como tantas otras
propuestas que cotidianamente se ponen en marcha, los grupos de trabajo de alto
nivel no producirán otra cosa más que boletines de prensa y titulares en los
medios. También es posible que elaboren una serie de lineamientos y extensos
programas de trabajo que no saldrán del cajón del escritorio.
Sin embargo, la convergencia de
distintos sectores para la elaboración de propuestas no deja de ser
interesante. El CNP, el espacio donde surgió la idea de crear los grupos de
trabajo, es ese órgano consultivo y auxiliar del ejecutivo federal y la planta
productiva, previsto en la reforma laboral de noviembre de 2012, negociada y
aprobada en el periodo de Felipe Calderón, aunque el Comité fue instalado en
mayo de 2013, en el primer año de la actual administración.
El Comité conjunta secretarías
de Estado, organismos patronales, representantes sindicales e instituciones
educativas (UNAM, Poli, ITAM). Es
presidido por el titular de Hacienda e incluye a los secretarios de Economía,
Educación Pública y Trabajo y Previsión Social, así como al director de
Conacyt. También a cinco representantes de organizaciones empresariales, igual
número de representantes de sindicatos y seis representantes de instituciones
educativas (cuatro de educación superior, uno de media superior técnica y otro
de capacitación para el trabajo).
Los miembros del Comité suman
una veintena y se pueden agregar tantos invitados como lo decidan los propios
integrantes. La participación de los representantes de organizaciones
patronales, sindicales e instituciones educativas es honorífica y por
invitación de los secretarios de Economía y Trabajo; la representación es por
dos años, pero pueden seguir siendo convocados.
El CNP realizará su sexta
reunión en esta semana –debe sesionar por lo menos cuatro veces al año— y tal
vez ese fue el principal acicate para instalar los grupos de trabajo y
especialmente el de generación de talento. En noviembre del año pasado se había
acordado que los grupos se debían establecer lo más pronto posible “y se
disolverán seis meses después, tras concluir con la presentación de avances e
iniciativas al pleno del CNP”.
La creación de organismos
intermedios entre autoridades y los directamente implicados en las iniciativas
--si los espacios son reales y funcionan adecuadamente--, puede ser sumamente
provechoso. Porque permiten la convergencia y se institucionalizan los espacios
de deliberación y de propuestas.
Sin embargo, como ha ocurrido
con la formación de recursos humanos en materia energética, no es suficiente
con la planeación o la proyección de una de las partes. Frente al escollo del
crecimiento económico, la baja institucionalidad, los acuerdos discrecionales o
la corrupción estructural, parece que no hay talento que le haga frente.
(Publicado en Campus Milenio No.
655, Mayo 5 , 2016, p.5)
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