Diseño institucional: ¿ciencia y educación superior?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1050. Junio 27, 2024. Pág. 4)

 

El anuncio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum fue sorpresivo. Nada parecía indicar que se proponía crear una nueva dependencia gubernamental: la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Pero sí, lo anticipó la semana pasada como parte del primer paquete de nombramientos de su gabinete (Boletín 12/2024). ¿Es una buena propuesta?

 

La iniciativa no es novedosa, se planteó como posibilidad desde la reforma a la ley sectorial en el 2002. Sí es inesperada en el actual contexto. En primer lugar, no fue una promesa en la campaña electoral, tampoco formó parte de los 100 compromisos de la presidenta electa. Ni siquiera fue una demanda en las reuniones ni en los llamados diálogos por la transformación.

 

En segundo lugar, una nueva secretaría no parecía probable porque Claudia Sheinbaum ha reiterado que habrá continuidad con las políticas puestas en marcha en el periodo 2018-2024. Es decir, repetir las fuertes restricciones de operación a la administración pública. Por cierto, una austeridad que alcanzó al tuétano de la burocracia y afectó las capacidades del servicio público.

 

También conviene recordar que la administración de la Ciudad de México (Cdmx) contaba con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el 2013. Pero una de las primeras medidas que tomó Sheinbaum Pardo, cuando asumió la jefatura de gobierno en el 2018, fue fusionar esa secretaría con la de educación. Actualmente se denomina “Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación”.

 

Entonces, ¿es positiva o no la creación de la nueva secretaría a nivel federal? En principio sí, sobre todo porque es un reconocimiento tácito de que las cosas en el sector científico y tecnológico no están bien y de que elevarlo a nivel de secretaría podría mejorarlo.

 

También es una buena medida porque, como se ha podido apreciar en las primeras reacciones, el anuncio fue bien recibido. Llegado el momento podría establecer nuevas reglas de juego, tanto como disminuir la irritación hacia la autoridad y propiciar una interlocución que nunca logró la administración que está por concluir.

 

Además, instaurar una secretaría de ciencia y tecnología encaja bien con la narrativa y el perfil difundido de la presidenta electa. En México, a las figuras políticas destacadas y a los presidentes, a pesar de que tuvieran grados de maestría o doctorado, generalmente preferían que los llamaran licenciados o ingenieros. Ahora, por primera vez, a la presidenta electa la nombran por su grado de doctora y resaltan su cualidad de científica, aunque desde hace tiempo se ha desempeñado en la administración pública.   

 

¿La creación de la nueva secretaría dará buenos resultados? No necesariamente, su instauración no es suficiente. Por una parte, habrá que esperar el nombramiento altamente sensible de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública. Una secretaría con la que comparte responsabilidades y deberá trabajar de forma conjunta. Algunas interpretaciones sostienen que Educación es intocable para la nueva administración, el nombramiento confirmará la colaboración y el margen de acción de ambas.

 

Por otra parte, la denominación de la nueva dependencia supone que solamente se concentrará en el ramo de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, no es definitivo, también podría incluir a la educación superior. La propuesta de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación tampoco es nueva, ya se ha hecho en el pasado.

 

Y sí, la propuesta ha sido mirada con reticencia por el sector científico, pero podría cobrar un sentido renovado. Rosaura Ruiz Gutiérrez, la persona designada como titular de la nueva secretaría ha dicho que es importante escalar a nivel nacional el modelo de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud. Estas instituciones fueron su creación cuando se desempeñó como secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cdmx, precisamente cuando Sheinbaum Pardo fue jefa de gobierno. Hoy es la oportunidad.

 

Desde luego, la complejidad educativa a escala nacional es muy otra y es incomparable con el servicio educativo de la ciudad capital que ni siquiera está descentralizado. Sin embargo, estamos hablando solamente de añadir educación superior. Además, cuando se fusionó la secretaría de educación y la de ciencia en la Cdmx, se dijo entonces que existía una “indisoluble relación” entre ambas y no solamente era un asunto de racionalidad presupuestaria.

 

En fin, el cambio en una dependencia gubernamental no siempre resulta sencillo, tiene repercusiones en toda la estructura administrativa del gobierno, en la distribución del presupuesto y, más importante, en el nivel de satisfacción de los ciudadanos.

 

El anuncio está hecho y estos meses de transición podrían ser útiles para la elaboración del mejor diseño institucional. Uno en el que se podría calcular el volumen de recursos financieros, las reacciones de los involucrados y mostrar la conveniencia de conjuntar los esfuerzos de la educación superior y de la ciencia.

 

Pie de página: El sector de ciencia y tecnología pasará del gabinete ampliado al gabinete legal y este jueves 27 van los siguientes nombramientos. // También habrá una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¿Giro en la actividad científica?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1049. Junio 20, 2024)

 

Los compromisos preliminares del próximo gobierno para el sector científico y tecnológico son dos: incrementar gradualmente las becas de posgrado y hacer de México una potencia científica y de la innovación. Como se podrá advertir, uno es de limitado alcance y el otro, por el contrario, es desbordado en su aspiración.

 

No es suficiente para asegurar lo que ocurrirá en la nueva gestión, pero, hasta ahora, el par de compromisos son explícitos y se pueden ver en el documento “Claudia Sheinbaum Pardo. 100 pasos para la transformación” (págs. 17 y 20). No es todo. El mismo documento, a diferencia de lo planteado para los diferentes niveles educativos, no destaca logros del periodo actual en el sector y parece anunciar que no habrá continuidad en el sector científico y tecnológico.

 

El apartado correspondiente es breve, como también lo son otros apartados. Sin embargo, en éste, aunque se trata de ciencia y tecnología, reitera logros que se habían subrayado en el rubro de educación superior, más que los propios del sector.

 

Por ejemplo, nuevamente señala la reforma constitucional que llevó a la elaboración de leyes generales para Educación Superior y para Ciencia y Tecnología. Señala como logros la instauración del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), su puesta en marcha y la reactivación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior.

 

En cambio, solamente hay una mención marginal a la Agenda Nacional, el Sistema Nacional de Posgrados y el apoyo a la ciencia básica. Sí son cambios en el sector que han tenido implicaciones para la organización y funcionamiento del sistema, pero no son los más sobresalientes ni los más polémicos.

 

La integración de la Agenda Nacional, como lo establece la ley general, es el instrumento del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas para puntualizar las líneas estratégicas, las prioridades para el desarrollo del país y los temas de interés público (artículo 12 y ss). Sin embargo, es un instrumento del organismo rector, la transformación que lo instaura es el polémico cambio en el esquema de gobernanza del sector.

 

Otro tanto ocurre con la sustitución del anterior Padrón Nacional de Posgrados de Calidad por el Sistema Nacional de Posgrados y el apoyo a la ciencia básica. Lo notable es el tema del financiamiento porque el número de becas ha disminuido y el número de proyectos con respaldo también.

 

El asunto es más crítico si se considera la proporción del gasto en investigación y desarrollo experimental como proporción del PIB. El indicador para el 2022, el más reciente disponible, es de 0.28 por ciento; en el 2017 era de 0.49 por ciento.

 

No es fortuito que las primeras propuestas del próximo gobierno sean promover el desarrollo del sector, aumentar el presupuesto, crear un programa de apoyo y transferencia de conocimiento a nivel nacional o renovar los programas de becas de posgrado para fortalecer las capacidades del sistema.

 

Un dato adicional sobre la posibilidad de un cambio en los programas y acciones que caracterizaron el periodo actual, en lugar de la continuidad, es lo que anticipó Rosaura Ruiz, coordinadora de educación y ciencia del equipo de transición, en una entrevista a Isaac Torres (Crónica 07.06.2024).

 

Según lo que dijo Ruiz, el próximo gobierno no solamente tomará en cuenta el conocimiento científico y humanista para la toma de decisiones, también impulsará una red de cooperación y participación institucional de los sectores público y privado, con una visión internacional y de respuesta rápida a emergencias. Una intención que contrasta con los lineamientos seguidos en el periodo vigente.

 

Todavía más, sobre el pendiente y controvertido tema de la acción de inconstitucionalidad que enfrenta la ley general de ciencia, planteó esperar la resolución y añadió: “conozco las críticas y me parece importante tenerlas en cuenta, pero hay que ver también la parte legal”.

 

Esta semana se conocerá quienes formarán parte del gabinete del siguiente periodo y las perspectivas pueden cambiar. Aunque seguramente sólo se anunciará el gabinete legal, la primera línea de la gestión. Todavía no se sabrá el nombre de la persona titular del organismo rector de la política científica, porque ese nombramiento corresponde al gabinete ampliado.

 

Por lo pronto, las primeras manifestaciones explícitas, sugieren que más que continuidad, podría registrarse un giro en el sector. Sin embargo, ninguna certeza habrá hasta que no se conozca a la persona que asumirá la responsabilidad del organismo y no tomen forma las primeras acciones.

 

Pie de página: “…de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad”. Eso anotó el comunicado de la UNAM para deslindarse del reciente libro publicado por académicos de su Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las 20 iniciativas de reforma del presidente López Obrador. Sí, de su propio Instituto. Simplemente sorprendente. Queda para el registro

Fondo de gratuidad: cumplir y diferenciar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado den Campus Milenio. No. 1048. Junio 13, 2024. Pág. 4) 

 

Un programa preliminar de gobierno para el próximo sexenio está en el documento “Claudia Sheinbaum Pardo. 100 pasos para la transformación”. Ahí están descritos a grandes trazos un centenar de compromisos y también, para cada ámbito de la administración pública, un brevísimo diagnóstico, los avances y las acciones que propone.

 

El documento, lo dijimos aquí la semana pasada, junto con el corte de caja del periodo que está por concluir, anuncia qué podría ocurrir en materia educativa y científica en el nuevo gobierno. Para la educación básica y media superior, lo anticipamos en la entrega anterior, se advierte una línea de continuidad con lo que está en marcha. ¿Ocurre lo mismo para educación superior y para ciencia y tecnología? Más o menos, pero podrían registrarse diferencias.

 

Los compromisos puntuales son cuatro: duplicar de forma progresiva el número de becas para estudiantes universitarios hasta alcanzar un millón, se entiende que la línea base es el número de apoyos que hoy se entregan; b) también duplicar paulatinamente los apoyos para estudiantes de posgrado; c) gratuidad en todos los sistemas públicos de educación superior; y d) hacer de México una potencia científica y de la innovación (págs. 17-20).

 

No suenan nada mal, al contrario. Pero cabe recordar que esos compromisos fueron anunciados en el tiempo de las promesas, al inicio de la campaña electoral. Ahora que ya se saben los resultados, ¿la situación será otra? Podría ser el caso.

 

El principio de realidad es ineludible: la presión sobre los recursos públicos es mucha y las promesas son mayores. No hace falta demasiado cálculo para anticipar que el presupuesto debe ir en correspondencia con la gratuidad de la educación superior y el doble de becas que hoy se otorgan.

 

La administración que está por concluir no quiso o no pudo destinar los recursos suficientes para instaurar el fondo especial de gratuidad para la educación superior. La propia autoridad educativa estimaba que necesitaba poco más de 9 mil millones de pesos para el fondo. Sin embargo, la bolsa entregada no llegó ni a la décima parte de esa cantidad, en consecuencia, no se logró incorporar a cerca de 300 mil jóvenes anualmente y tampoco se alcanzó la meta de cobertura prevista.

 

Actualmente, las perspectivas fiscales no son las mejores, el déficit público para este año casi alcanzará los 6 puntos porcentuales respecto del PIB, el mayor en décadas, y los ingresos petroleros para el año próximo serán menores El gobierno prevé que en 2025 disminuya el déficit a la mitad, cuando las obras emblemáticas de la actual administración estén concluidas.

 

Sin embargo, como hemos visto después de las elecciones, los mercados financieros son altamente sensibles a la posibilidad del cambio de reglas y la incertidumbre permanece latente. A la próxima administración le toca diseñar el presupuesto para el 2025, ahí se verá su capacidad de maniobra y cuáles son sus prioridades.

 

No todo depende de los recursos federales. El documento de los “100 pasos para la transformación” plantea la colaboración de los distintos niveles de gobierno y las instituciones de educación superior para ampliar la cobertura, la instauración del sistema nacional de becas, la gratuidad y la instauración de nuevas universidades públicas (pág. 354).

 

Por cierto, en el documento se registra como avance la “creación de la Comisión Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces). Sí es un avance y, a pesar de su voluminoso número de integrantes, la instancia opera. Pero no es una comisión, su denominación correcta es “Consejo”. Una error menor, salvo porque se trata del principal órgano de consulta y consenso para el desarrollo de la educación superior.

 

Entonces, ¿habrá continuidad o no en educación superior? Las líneas de gratuidad, cobertura y becas se mantienen, incluido el controvertido programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Lo que podría marcar una diferencia es el principal instrumento para hacerlas efectivas: el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad, un fondo previsto en la Ley General de Educación Superior (artículo 64).

 

Las metas para el año 2030 que están anotadas en el documento son: alcanzar una cobertura bruta de al menos el 55 por ciento y una cobertura neta de 40 por ciento del grupo de edad; ninguna entidad federativa por debajo del 35 por ciento de cobertura neta; y pasar de 51 a 75 por ciento en la tasa de absorción de egresados de media superior (pág. 354).

 

El Fondo Federal Especial no solamente sería la palanca clave para alcanzar las metas, también para cumplir lo que dice la ley. Los distintos órdenes de gobierno y las instituciones educativas pueden sumar esfuerzos, pero sin recursos financieros será imposible lograrlo.

(Quedan por ver las diferencias en el terreno científico y tecnológico, aquí las anotaremos en la próxima entrega)

 

Pie de página: Siintracátedras, el sindicato del exprograma Cátedras Conacyt (ahora Investigadoras e Investigadores por México), denuncia despidos injustificados de algunos participantes en el programa (Aquí se puede enterar: t.ly/2yGQ4)

Transición corta y promesas largas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1047. Junio 06, 2024)

 

La reforma del artículo 83 constitucional del 2014 acortó el periodo de transición gubernamental. Ahora, a diferencia de sexenios anteriores, el lapso es de poco menos de cuatro meses.

 

Los resultados de las recientes elecciones fueron ampliamente favorables para Claudia Sheinbaum Pardo y le corresponderá, por primera vez, un periodo de transición corto. Pero es un lapso razonable para que la administración saliente rinda cuentas y la nueva decida cómo iniciará su gobierno.

 

Si ambas pertenecen al mismo partido político, como ocurre en esta ocasión, el proceso puede ser más sencillo. Porque, cabría suponer, existe una línea de afinidad política entre una y otra. Sin embargo, la transición siempre es algo más complicado que presentar los libros blancos o amoldarse a lo que hay.

 

Los conflictos o las diferencias pueden no trascender públicamente, pero las huellas serán inocultables. Al final, una vez hechas las sumas y restas, la nueva administración tiene en la mesa los pendientes, tanto como decidir qué conservar y qué no de lo realizado.

 

La semana pasada, en este mismo lugar, en la víspera de las elecciones y ante el inminente cierre del periodo de gobierno, dijimos que había que prestar atención a los datos y las fuentes para un eventual balance de la administración. Además, será ineludible establecer la línea base de arranque del periodo y asignar las responsabilidades que corresponden. Los balances ya están sobre la mesa, pero no es suficiente.

 

Falta lo que piensa poner en marcha el nuevo gobierno. Llegará el momento para que presente su Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. Por lo pronto, para vislumbrar el primer semestre de gobierno, está la declaración de intenciones.

 

El documento más estructurado y que mejor refleja lo que cabría esperar de la próxima administración es el titulado “Claudia Shaeinbaum.100 pasos para la transformación”. Una propuesta difundida al final del mes de febrero de este año y que condensa sus compromisos en las diferentes áreas de la administración pública.

 

La educación y la ciencia forman parte de esos compromisos. Quizás, en este momento, no son las áreas de mayor preocupación, estando como están las cosas con las agencias calificadoras y las especulaciones en los mercados financieros. Pero tampoco pueden ser ignoradas en el periodo de transición ni en la actuación gubernamental.

 

Según el documento citado, el “segundo piso de la transformación” para la educación básica concretará el marco operativo y curricular del nuevo sistema educativo nacional y desarrollará diferentes proyectos de innovación como se indican en la propuesta curricular de la “Nueva Escuela Mexicana” (p. 346).

 

Las acciones son múltiples y muy variadas, entre otras, incluyen infraestructura y equipamiento de escuelas, planteles con horarios extendido y becas. Aunque como única meta cuantitativa para el año 2030 --le denominan métrica-- plantea alcanzar una cobertura universal de becas para educación básica. Sí, el énfasis está en alargar lo ya realizado.

 

Otro tanto ocurre con la educación media superior. Por ejemplo, en materia curricular, plantea fortalecer el Marco Curricular Común, así como impulsar equivalencias y esquemas de portabilidad para el nivel. Pero en este nivel propone dos metas: alcanzar el 85 por ciento de la cobertura bruta y lograr una eficiencia terminal del 73 por ciento, ambas para el final del periodo.

 

Vale la pena indicar que la tasa bruta de cobertura en la educación media ha experimentado una disminución en los últimos seis años. En el 2017 era de 84.8 por ciento, para el 2019 disminuyó a 83.2 por ciento y en el 2022, último dato disponible, fue de 80.8 por ciento. No está fácil añadirle alrededor de un punto porcentual por año a la cobertura; tampoco es imposible. Pero si se cumpliera la meta que promete la nueva administración, la eficiencia sería equiparable a la del 2017.

 

A su vez, la eficiencia terminal en el ciclo 2018-2019 fue de 63.9 por ciento y para el ciclo escolar 2021-2022 llegó 70.2. Es decir, el reto sería incrementar la eficiencia terminal en 3 puntos porcentuales. Tampoco es sencillo, aunque sí está más al alcance.

 

También hay metas comprometidas para educación superior y para ciencia y tecnología. Las examinaremos la próxima semana. Por lo pronto anotemos que para el nivel superior promete alcanzar una tasa bruta de cobertura de al menos 55 por ciento. Pero conviene recordar que la presente administración prometió el 50 por ciento y no, no lo alcanzará. Ya lo veremos.

 

Pie de página: Muchas encuestas y especulaciones sobre el comportamiento de los votantes en las recientes elecciones federales. Pronto estarán los datos duros y podremos tener un mejor conocimiento. // Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, será el coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa.

A escrutinio el desempeño público

 

Alejandro Canales

UNAM/IISUE-PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio. No. 1046. Mayo 30, 2024. Pág. 4)

 

Lo que hizo o dejó de hacer la actual administración gubernamental pronto estará en blanco y negro. Las votaciones serán este 2 de junio y en cuatro meses más iniciará una nueva gestión.

 

Durante los próximos meses, ahora el periodo de transición es más breve, la discusión pública estará en lo que continuará y lo que no, por lo que será inevitable trazar la línea base de la cual partir, tanto como reconocer en dónde se avanzó y en dónde ocurrió lo contrario. Vale la pena prestar atención a las fuentes, datos y responsabilidades.

 

La fuente oficial de datos más desagregada e importante en el sector científico y tecnológico son los informes generales que debe entregar el Conahcyt año con año. Una responsabilidad que no es nueva, lo indicaba la norma anterior y también lo dice la nueva ley.

 

El artículo 63 de la ley vigente establece que el organismo rector de la política debe emitir un informe sobre el estado general que guarda el sector y dar cuenta “del desempeño institucional, los resultados obtenidos y las áreas de oportunidad para el sector” (fracciónXXVII).

 

Sin embargo, a la fecha no hay información actualizada, el reporte más reciente publicado por el Conahcyt corresponde al año 2021 y sus datos se refieren al año previo. Tal vez en los próximos meses aparezca un informe más, pero no parece probable que publique todos los restantes. No obstante, al menos tendría que estar el informe general completo de cierre de ciclo.

 

Otra fuente de datos son los informes anuales del ejecutivo federal. Los voluminosos documentos, esos sí entregados puntualmente al Congreso, contienen información de todas las entidades de la administración pública. El problema es que se trata de datos relativamente agregados, el panorama sirve para los números grandes, pero ahí no aparece el detalle de programas.

 

La difusión de iniciativas y logros es usual en el ejercicio de gobierno, como lo publicado en los informes de gobierno. Sin embargo, no es suficiente para cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas. Por ejemplo, un comunicado reciente del órgano rector de la política científica y tecnológica informa sobre los múltiples avances en el sector. Dice, entre otros aspectos, que sobresale la entrega de casi 64 mil 734 becas “entregadas de forma directa y sin intermediarios en el primer trimestre del 2024” (529/2024).

 

Lo notable es que reporta lo ocurrido en la segunda reunión de la Junta de Gobierno del Conahcyt. Esa instancia, así lo establece la ley actual, es la máxima autoridad del sistema científico y tecnológico, la preside la persona titular del Conahcyt y participan una veintena de representantes, entre servidores públicos y de los sectores académico, social y privado.

 

Las responsabilidades y atribuciones de la Junta suman casi una veintena e incluyen todo o casi todo lo que tenga que ver con la gestión del sistema y la operación del organismo, como el presupuesto, el cambio de normas, desde luego las políticas y los programas sectoriales e incluso nombramientos del personal.

 

Los acuerdos de la Junta han sido motivo de interés público, antes lo eran y hoy todavía más porque se conviritió en la instancia de mayor jerarquía, así que existe cierta exigencia por conocer su desempeño. De hecho, en el año 2022, previo a la aprobación de la nueva ley general de ciencia, estaba la propuesta para que tanto el sentido de las votaciones de la Junta, como las actas de las sesiones se pudieran consultar libremente. La propuesta fue aprobada en comisiones, pero rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados.

 

El comunicado actual del Conachyt sobre la Junta añade otra serie de logros, como que ya alcanzó el 95 por ciento de gratuidad en los programas de posgrado de las instituciones de educación superior, un porcentaje de crecimiento en el Sistema Nacional de Investigadores del 53.5 por ciento respecto a los números de 2018, o bien, el monto de financiamiento para proyectos de investigación.

 

El problema es que sin mayor información o puntos de referencia es difícil valorar la actuación de la Junta o las decisiones que ha tomado. Por ejemplo, el anuncio de casi 65 mil becas entregadas directamente, contrasta con lo reportado en el último informe de gobierno.

 

En los anexos estadísticos de último informe se indica que en 2018 el Conahcyt entregó 55 mil 962 becas y para el 2023 fueron 54 mil 928 (pág. 199). Se entiende que las cifras del 2023 del informe son preliminares por su fecha de corte y pueden ajustarse ligeramente al alza pero no de forma desproporcionada. Si no rebasaron las 56 mil becas en todo el periodo de gestión, ¿cómo fue que aumentaron en casi diez mil en el primer trimestre del último año de gestión? ¿Qué tipo de becas son?

 

Tal vez los informes que faltan o los libros blancos nos ofrezcan las respuestas correctas. Llegó la hora de ponderar los resultados y no se podrá evitar el escrutinio público sobre el desempeño.

 

Pie de página: Literalmente, las cartas de apoyo de las principales contendientes a la presidencia de la República están sobre la mesa. ¿Usted ya decidió su voto? Nos vemos el domingo.