Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99
(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1049. Junio 20, 2024)
Los compromisos preliminares del próximo gobierno para el sector científico y tecnológico son dos: incrementar gradualmente las becas de posgrado y hacer de México una potencia científica y de la innovación. Como se podrá advertir, uno es de limitado alcance y el otro, por el contrario, es desbordado en su aspiración.
No es suficiente para asegurar lo que ocurrirá en la nueva gestión, pero, hasta ahora, el par de compromisos son explícitos y se pueden ver en el documento “Claudia Sheinbaum Pardo. 100 pasos para la transformación” (págs. 17 y 20). No es todo. El mismo documento, a diferencia de lo planteado para los diferentes niveles educativos, no destaca logros del periodo actual en el sector y parece anunciar que no habrá continuidad en el sector científico y tecnológico.
El apartado correspondiente es breve, como también lo son otros apartados. Sin embargo, en éste, aunque se trata de ciencia y tecnología, reitera logros que se habían subrayado en el rubro de educación superior, más que los propios del sector.
Por ejemplo, nuevamente señala la reforma constitucional que llevó a la elaboración de leyes generales para Educación Superior y para Ciencia y Tecnología. Señala como logros la instauración del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), su puesta en marcha y la reactivación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior.
En cambio, solamente hay una mención marginal a la Agenda Nacional, el Sistema Nacional de Posgrados y el apoyo a la ciencia básica. Sí son cambios en el sector que han tenido implicaciones para la organización y funcionamiento del sistema, pero no son los más sobresalientes ni los más polémicos.
La integración de la Agenda Nacional, como lo establece la ley general, es el instrumento del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas para puntualizar las líneas estratégicas, las prioridades para el desarrollo del país y los temas de interés público (artículo 12 y ss). Sin embargo, es un instrumento del organismo rector, la transformación que lo instaura es el polémico cambio en el esquema de gobernanza del sector.
Otro tanto ocurre con la sustitución del anterior Padrón Nacional de Posgrados de Calidad por el Sistema Nacional de Posgrados y el apoyo a la ciencia básica. Lo notable es el tema del financiamiento porque el número de becas ha disminuido y el número de proyectos con respaldo también.
El asunto es más crítico si se considera la proporción del gasto en investigación y desarrollo experimental como proporción del PIB. El indicador para el 2022, el más reciente disponible, es de 0.28 por ciento; en el 2017 era de 0.49 por ciento.
No es fortuito que las primeras propuestas del próximo gobierno sean promover el desarrollo del sector, aumentar el presupuesto, crear un programa de apoyo y transferencia de conocimiento a nivel nacional o renovar los programas de becas de posgrado para fortalecer las capacidades del sistema.
Un dato adicional sobre la posibilidad de un cambio en los programas y acciones que caracterizaron el periodo actual, en lugar de la continuidad, es lo que anticipó Rosaura Ruiz, coordinadora de educación y ciencia del equipo de transición, en una entrevista a Isaac Torres (Crónica 07.06.2024).
Según lo que dijo Ruiz, el próximo gobierno no solamente tomará en cuenta el conocimiento científico y humanista para la toma de decisiones, también impulsará una red de cooperación y participación institucional de los sectores público y privado, con una visión internacional y de respuesta rápida a emergencias. Una intención que contrasta con los lineamientos seguidos en el periodo vigente.
Todavía más, sobre el pendiente y controvertido tema de la acción de inconstitucionalidad que enfrenta la ley general de ciencia, planteó esperar la resolución y añadió: “conozco las críticas y me parece importante tenerlas en cuenta, pero hay que ver también la parte legal”.
Esta semana se conocerá quienes formarán parte del gabinete del siguiente periodo y las perspectivas pueden cambiar. Aunque seguramente sólo se anunciará el gabinete legal, la primera línea de la gestión. Todavía no se sabrá el nombre de la persona titular del organismo rector de la política científica, porque ese nombramiento corresponde al gabinete ampliado.
Por lo pronto, las primeras manifestaciones explícitas, sugieren que más que continuidad, podría registrarse un giro en el sector. Sin embargo, ninguna certeza habrá hasta que no se conozca a la persona que asumirá la responsabilidad del organismo y no tomen forma las primeras acciones.
Pie de página: “…de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad”. Eso anotó el comunicado de la UNAM para deslindarse del reciente libro publicado por académicos de su Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las 20 iniciativas de reforma del presidente López Obrador. Sí, de su propio Instituto. Simplemente sorprendente. Queda para el registro
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