Programas transexenales: “informarle en territorio”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1053. Julio 18, 2024. Pág. 4)

 

No constituyen, en sentido estricto, una evaluación de los programas del gobierno federal, aunque así los autodenominan. Son parte de las giras e intervenciones conjuntas, en las entidades federativas, del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

 

El ejercicio tampoco es una estimación precisa de los resultados de programas, pero sí expresa las líneas prioritarias del actual periodo de gobierno y lo que cabría esperar en el próximo sexenio. No obstante, para decidir cómo continuar, será necesario una mayor y mejor evaluación de programas.

 

A partir de este mes de julio, el presidente en funciones, la presidenta que lo sustituirá y funcionarios del gobierno federal, presentan algunos resultados de programas. El sábado 13 de julio en Tlaxcoapan, Hidalgo, fue la “Evaluación de proyectos prioritarios y de infraestructura, región Tula”.

 

También, el mismo sábado 13, fue la “Evaluación de Sembrando vida”, en San Salvador El Verde, en el estado de Puebla. A través de este programa de siembra de árboles, según se informó, se han plantado en estos seis años “más de mil 200 millones de árboles en un millón de hectáreas”.

 

Las cifras son grandes, su presupuesto también y los participantes en el encuentro de Puebla no escatimaron elogios. Sin embargo, también es cierto que distintas voces han señalado las grandes dificultades del programa. Por ejemplo, que no es visible su impacto en la reforestación del territorio nacional, la opacidad de sus datos, mínima supervivencia de plantas y, más grave, la deforestación de más de 70 mil hectáreas para cumplir con los requisitos del programa. Una evaluación tendría que ponderar los resultados del programa.

 

Al día siguiente, el domingo 13, tocó la “Evaluación de programas y proyectos de educación y deportes”. El encuentro fue en Yauhquemehcan, Tlaxcala. Al igual que en las dos entidades federativas anteriores, también participó la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, así como López Obrador, Claudia Sheinbaum y Leticia Ramírez, esta última secretaria de Educación Pública.

 

Además, intervinieron: el profesor Fernando Magro Sotero, director general del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED); la arquitecta Pamela López, titular del programa “La escuela es nuestra”; Abraham Vázquez, el coordinador del programa Becas para el bienestar Benito Juárez; Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos de la Sep; y Oscar Flores, el titular de la Unidad de administración y finanzas de la Sep.

 

A pesar de que fueron varios los funcionarios que intevinieron y el encuentro fue extenso, tampoco se puede decir que fue una evaluación de los sectores educativo y deportivo. La mención al deporte solamente se refirió al proyecto de bachillerato instaurado en 2021 que ahora cuenta con siete planteles y ofrece la opción de cuatro carreras técnicas (béisbol, box y atletismo de fondo y medio fondo). No es el sector deportivo.

 

Tampoco fue el caso con el conjunto de programas del sector educativo. Las referencias específicas solamente fueron para el programa “La escuela es nuestra”, las becas, los libros de texto gratuitos y las mejoras en el salario de los trabajadores de la educación. Lo notable fue que, a lo largo del sexenio, según lo dicho por los distintos funcionarios, los recursos financieros para estas iniciativas suman cerca de 800 mil millones de pesos.

 

No hubo representación para la educación superior. Pero la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, en su intervención sí mencionó la creación de más de 200 planteles de las Universidades Benito Juárez, las opciones profesionales en los institutos tecnológicos y el aumento de mujeres en la matrícula de educación superior.

 

Entonces, se entiende que la función de estos foros no es realizar una evaluación de programas. Buscan difundir logros en la plaza pública y marcar líneas transexenales. Tal vez, por la misma razón, la presidenta electa, en su turno a la palabra señaló que era histórico que el presidente en funciones acompañara a quien está por asumir el cargo, “a informarle en territorio de los avances que ha logrado”.

 

También es histórico, dijo la presidenta electa, porque “no es que se va un proyecto y entra otro, un nuevo proyecto; hay continuidad… y continuidad significa seguir con los programas que inició el presidente”.

 

Y sí, reiteró los programas reportados y otros más. De hecho, los primeros ya están marcados como prioritarios en los “Precriterios Generales de Política Económica 2025”. El documento entregado al Congreso el pasado 27 de marzo y con el que inicia la estimación del presupuesto para el año próximo.

 

En la próxima entrega veremos el volumen de recursos financieros que implican, la presión sobre las finanzas públicas y las preocupantes estimaciones de crecimiento que ya tocan a la puerta.

 

Por ahora, es suficiente con indicar que vale la pena pensar dos veces en una verdadera evaluación del conjunto de programas y estimar las modificaciones correspondientes.

 

Pie de página: ¿Habrá foro para el sector científico y tecnológico? Ya veremos. // El gobierno federal anuncia la nueva contratación de casi tres mil médicos cubanos.

Los 40 años del SNI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1052. Julio 11, 2024)

 

En este mes de julio se cumplen 40 años de la publicación del acuerdo de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Un programa que, en aquel entonces, los duros años de la década perdida, parecía provisional, transitorio, dirigido a mejorar las percepciones económicas de los científicos.

 

El supuesto era que, sin aumentos generalizados de salario, la iniciativa permitiría retener al personal de alto nivel y evitar la fuga de cerebros. Sin embargo, el SNI no solamente permanece hasta el día de hoy, también quedó incorporado a las prácticas y vida rutinaria de la comunidad científica.

 

A pesar de que el programa se ha transformado a lo largo del tiempo, conserva el principio de evaluación del desempeño individual y otorga incentivos adicionales conforme cuatro diferentes categorías. Pero, ¿cuánto más se prolongará y cuánto más crecerá?

 

A la primera convocatoria del entonces nuevo programa se presentaron poco más tres mil investigadores y solamente fueron admitidos 1,650. Del total de aceptados: 25 por ciento en la categoría de candidatos; 53 por ciento como investigadores nivel 1; 14 por ciento en el nivel 2; y seis por ciento en el nivel 3. La base estaba en los investigadores nivel 1 y la cúspide en el nivel 3.

 

Por cierto, el programa, al inicio, solamente era para investigadores de tiempo completo y del sector público. Luego, en 1988, en la segunda reforma del SNI, el programa se abrió a los investigadores del sector privado, aunque la bolsa de recursos para esos investigadores provenía de las propias instituciones particulares. Algo similar a lo que ocurrió en el actual periodo de gobierno

 

En fin, en otra entrega abordaremos el tema público-privado de los programas en el sector, por ahora, retornemos a los números actuales del SNI. Los resultados de la convocatoria más reciente se dieron a conocer el pasado 5 de julio y no cabe duda de que el programa se ha expandido.

 

El volumen de rechazo de la convocatoria del 2024 del SNI no se conoce, apenas se publicaron los resultados la semana pasada y seguramente las cifras todavía no son definitivas. Sin embargo, cada año intentan ingresar alrededor de tres mil nuevas personas y otras diez mil buscan permanecer en el sistema. Un volumen que expresa las diferencias respecto de hace cuatro décadas.

 

Las cifras del programa para el año 2023 muestran que está integrado por 41 mil 330 personas. Es decir, entre los años 1984 y 2023, en promedio, se han sumado cada año poco más mil personas. Sin embargo, los promedios esconden las diferencias. Durante la primera década, el programa creció muy poco, se incorporaban entre 200 y 300 investigadores anualmente.

 

El crecimiento se aceleró a partir de los años 2000. Ahí comenzaron a añadirse alrededor de dos mil personas cada año y la cifra va en ascenso. La tendencia del programa en el actual periodo de gobierno ha sido más bien inestable y con altibajos. Por ejemplo, disminuyó entre el año 2020 y el 2021, pero al año siguiente se sumaron casi cinco mil personas más. Seguramente se debió a los reiterados y confusos cambios a la normatividad.

 

Lo sorprendente es que en estos 40 años, aunque el crecimiento de integrantes ha sido notable, las proporciones por categoría se han mantenido. Al igual que en 1984, poco más de la mitad del total de investigadores están en el nivel 1, alrededor de la cuarta parte son candidatos y un seis por ciento en el nivel 3.

 

Por cierto, al inicio del programa no había eméritos y ahora es una de las categorías que más ha crecido. Particularmente, en este periodo, algunas de las distinciones más altas recibidas por personajes públicos han sido sumamente polémicas. Recuérdese el caso del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, o el más reciente de Antonio Romero Tellaeche, el director del Cide.

 

La presión sobre los recursos financieros también ha sido creciente. Las reformas más recientes a la normatividad del programa, como la eliminación de incentivos a investigadores del sector privado, el alargamiento de los periodos de evaluación o la prelación para otorgar incentivos, están dirigidas a contener su crecimiento y ralentizar el ascenso en sus diferentes categorías (Campus No. 967).

 

Hasta el año 2021, el presupuesto del programa se había mantenido en alrededor de los cinco mil millones de pesos. Sin embargo, cada año los recursos financieros han ido al alza. Para el año 2022 el financiamiento del programa sumó 7 mil 278 millones de pesos, para el año siguiente fueron 8 mil 97 millones de pesos y para este año llegó a los 8 mil 488 millones de pesos. Esta última cifra es cerca de una tercera parte del presupuesto que ejerce centralmente el Conacyt.

 

En fin, el cuarentón SNI tuvo modificaciones importantes en el actual periodo de gobierno, la mayoría desafortunadas, pero el principio que lo motivó quedó de la misma forma. El asunto es si el próximo gobierno lo dejará como está, se propone un cambio sobre la base de lo que se hizo o propondrá algo nuevo.

 

En cualquier caso, no será sencillo, porque el programa es una pieza clave y sensible en el engranaje del mecanismo del sistema científico y tecnológico. Ya veremos.

 

Pie de página: No hubo alfombra roja en el nombramiento del próximo titular de la Secretaría de Educación Pública.

El maíz y el panel de controversias

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1050. Julio 4, 2024)

 

La instalación de un panel de controversias sobre medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado, en el marco del T-Mec, cumplirá un año el mes próximo. La solicitud fue realizada por Estados Unidos, Canadá se sumó al panel, México fue la parte demandada y es probable que la resolución final se lleve todavía otros meses más.

 

El maíz no es la piedra de toque en el comercio trilateral, tampoco será un componente clave en la renegociación del T-Mec prevista para el 2026, pero es un tema política y culturalmente muy sensible para México. La actual controversia se resolverá cuando otras autoridades federales, tanto de México como de Estados Unidos, ocupen las posiciones de responsabilidad. El tema también podría ser un punto de diferenciación en el cambio de administración en México.

 

La controversia se originó, como se recordará, cuando el presidente López Obrador, el primer día de su periodo de gobierno, se comprometió a no permitir el uso de semillas transgénicas y a proteger la diversidad biológica (Compromiso 74). El anuncio fue visto con relativo escepticismo, porque lo pronunciaba por vez primera y no había sido tema en su campaña electoral.

 

Sin embargo, las cosas fueron distintas cuando, en diciembre del 2020, López Obrador emitió un primer decreto para instruir a las dependencias federales para que se abstuvieran de adquirir, distribuir o importar glifosato o agroquímicos que lo contuvieran (DOF. 31.12.2020). En el mismo decreto, el artículo quinto transitorio, especificó que las secretarias de Medio Ambiente, Salud y Agricultura, así como el Conacyt, a más tardar el primer semestre del 2023, reformarían su normatividad para evitar el uso del glifosato y de maíz genéticamente modificado en México.

 

La medida dio lugar a diferencias al interior del gabinete, como lo comentamos en su oportunidad en este mismo espacio (Campus No. 880), pero fue acatada por toda la administración pública. Una vuelta de tuerca más fue el segundo decreto de López Obrador, publicado al inicio del año pasado, para prohibir expresamente la adquisición e importación maíz genéticamente modificado y del glifosato (DOF 13.02.2023). Ahí inició el diferendo con los Estados Unidos y su demanda de instalación de un panel de controversias.

 

El socio comercial del norte, un exportador de maíz genéticamente modificado hacia México, ha dicho que no hay razones válidas para el veto impuesto. Por un lado, porque no se han aportado pruebas científicas para sustentar el daño del maíz transgénico y, por otro lado, son irrelevantes las evidencias que se han presentado. La disputa continúa.

 

También hay que indicar que el decreto del gobierno mexicano de febrero del 2023, estableció que el entonces Conacyt coordinaría y apoyaría las investigaciones para proponer a las secretarías implicadas, “alternativas y prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir del glifosato” (artículo quinto). Sin embargo, a la fecha, no se conocen los resultados.

 

Incluso, en marzo de este año, un comunicado conjunto de las secretarías de Economía, Agricultura, Desarrollo Rural y de la Cofepris reconocieron que no había alternativas para sustiuir el Glifosato y prevalecería el “interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país” (Comunicado 26.03.2024) O sea, se continuaría utilizando glifosato.

 

El comunicado suscitó la reacción del Conahcyt y otra vez afloraron las diferencias en el gabinete. El organismo respondió que estaban en marcha alternativas para sustituir el glifosato y algunas de ellas ya estaban probadas. Sin embargo, como ha ocurrido con otros tantos avances, nada en concreto, todo quedó en una conferencia de prensa y el boletín correspondiente (Comunicado No. 503/2024).

 

Ahora, habrá que esperar la resolución del panel de controversias, pero en este periodo de transición en México, ya fue nombrado Julio Berdegué Sacristán como próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la dependencia gubernamental que tiene el papel más relevante en las decisiones sobre la suficiencia alimentaria y los agroquímicos.

 

Las declaraciones más recientes de Berdegué a la agencia Reuters expresan que la decisión es “sostener la autosuficiencia en maíz blanco, el que se utiliza comúnmente en la tortilla, el alimento básico del país” (Reuters 01.07.2024). Es decir, es posible que el veto permanezca para ese tipo de maíz, pero no para el maíz amarillo. Pronto nos enteraremos.

 

La otra variable a considerar es cómo quedará la relación con Estados Unidos, porque este último tendrá elecciones el próximo mes de noviembre y si las tendencias actuales permanecen, es altamente probable el retorno de Donald Trump a la presidencia de ese país. Así que las relaciones podrían ser ríspidas y complejas.

 

México tiene derecho a buscar la autosuficiencia alimentaria, a la defensa de sus productos básicos y a hacer valer las reglas de comercio justo en el marco del T-Mec. Sin embargo, las cosas se han complicado de forma innecesaria en el caso del maíz, sea por motivos ideológicos o por subestimar el conocimiento científico. Una lección que convendría tener presente.

 

Pie de página: Todavía no hay mayores precisiones sobre el diseño institucional de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). No obstante, como lo reportaron Nelly Toche y Ricardo Quiroga, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum ha dicho que no habrá más presupuesto: “Pero no es crear más burocracia, es solamente elevar a rango de secretaría porque, como científica, imaginarán que una de mis prioridades es el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país. Pero no habrá más gasto de operación” (El Economista 24.06.2024). Difícil, muy difícil hacer más con menos.