jueves, 14 de agosto de 2025

El glifosato retorna a Palacio Nacional

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1102. Agosto 14, 2025, pág. 4)

 

Los jueves se dedican a dar seguimiento al Plan México en las conferencias de prensa matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Plan, como se sabe, fue presentado al inicio de este año y es la principal estrategia del gobierno federal para fortalecer el mercado interno.

 

El jueves 7 de agosto no fue la excepción para revisar qué pasa con el Plan y el anuncio principal serían los planes de inversión de cuatro grandes empresas farmacéuticas. Sin embargo, aunque las empresas anunciaron su compromiso de invertir, en conjunto, 12 mil millones de pesos en los próximos años, lo notable fueron las posiciones encontradas sobre el glifosato. Este último es un agroquímico muy utilizado y también muy controvertido.

 

La disputa sobre el uso del glifosato dividió al gabinete en la administración anterior. ¿Lo recuerda? En un extremo, en contra, estaban la exdirectora del entonces Conahcyt, Elena Álvarez Buylla y el extitular de la Semarnat, Víctor Toledo. En otro, a favor, de forma soterrada estaba Alfonso Romo, el empresario de las semillas transgénicas y exjefe de la Oficina de la Presidencia, así como Víctor Villalobos, exsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

El glifosato es un herbicida muy eficiente y ampliamente usado en el mundo, pero la controversia está en los posibles efectos que tiene en la salud y en la biodiversidad. Algunos estudios sostienen que es altamente tóxico y otros argumentan que no están plenamente comprobados sus efectos dañinos. Lo cierto es que se necesita mayor evidencia y ha sido difícil encontrar agroquímicos que puedan sustituirlo con la misma eficacia y a bajo costo.

 

Tal vez, por la misma razón, el glifosato sigue utilizándose. Muy pocos países lo han prohibido en su totalidad, como Austria o Luxemburgo; una mayoría de naciones han establecido ciertas restricciones, severas o temporales. México, como también se recordará, en el segundo año del sexenio de López Obrador, emitió un decreto para sustituir gradualmente el glifosato, el plazo se extendió al primer semestre del 2023 (DOF. 31.12.2020).

 

Al cumplirse el plazo no se logró sustituir, ni se encontraron otros agroquímicos con cualidades similares. Así que el gobierno federal emitió un segundo decreto para incluir la prohibición del maíz genéticamente modificado y también un nuevo periodo para sustituir el glifosato (DOF. 13.02.23). La nueva fecha sería en marzo del 2024.

 

Sin embargo, otra vez, unos días antes de cumplirse el plazo, cuatro dependencias gubernamentales –entre las que no estaba el Conahcyt- emitieron un comunicado para notificar que todavía no se encontraban agroquímicos sustitutos y continuaría el uso del glifosato (26.03.2024). Y así hasta la semana pasada.

 

El director general de Bayer México, Manuel Bravo, después de anunciar, en su turno a la palabra, una inversión nacional de 3 mil millones de pesos para los próximos cinco años, fue cuestionado sobre el glifosato. El reportero Carlos Guzmán, de Quatro Media Telecomunicaciones, Veracruz, preguntó de forma explícita al director de Bayer si, en vez del glifosato, tendría otro producto que no fuera dañino.

 

La respuesta del ejecutivo de Bayer fue que las principales autoridades regulatorias del mundo habían confirmado la seguridad del glifosato, si se usaba conforme a las indicaciones. Y añadió: “Bayer y otras empresas han estado buscando otros modos de acción herbicida que ayuden a agricultores a moverse a nuevas moléculas que sean aún más benéficas para el medio ambiente, como lo es hoy el glifosato”.

 

La presidenta Sheinbaum, sin mencionar explícitamente al glifosato, de inmediato replicó: “He anunciado y ya está por publicarse, y lo vamos a traer en ‘La mañanera’, una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos a la salud y que se van a prohibir en México. Ya están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo, incluido Estados Unidos, y aquí no se había hecho”.

 

Y añadió, tal vez refiriéndose al glifosato: “En los otros casos lo que hay es investigación para no prohibirlo de inmediato, sino que se vaya sustituyendo poco a poco, y ahí está trabajando distintas instituciones del país y también las empresas privadas”.

 

Y sí, desde hace más de un año, el entonces Conahcyt debió presentar sustitutos del glifosato. Sin embargo, aunque anunció que ya estaban disponibles herbicidas producidos en México, lo cierto es que, a la fecha, oficialmente, no han variado las normas, ni se han presentado públicamente esos agroquímicos. Tampoco se ha zanjado la controversia en términos técnicos.

 

En fin, el retorno temático del glifosato a las conferencias de prensa de Palacio Nacional, refleja que la política pública quedó pendiente y está por abordarse. También, muy importante, debe elaborarse con base en evidencia científica. Si en el periodo anterior el tema llevó a una división en el gabinete, es posible que ahora el dilema sea cómo conciliar el impulso al desarrollo y asegurar la salud. Lo veremos.

 

Pie de página: El próximo 1 de septiembre será el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un corte de caja para registrar el estado que guarda la administración pública. A la par, crecen los rumores sobre cambios en el gabinete, entre ellos en el sector educativo y científico. Atentos.

jueves, 7 de agosto de 2025

Federalismo: reingeniería de la ley de ciencia

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1101. Agosto 7, 2025)

 

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), el órgano rector del sector en el actual sexenio, poco a poco ha restablecido algunas relaciones que la administración anterior cortó de tajo. Lo ilustran casos como el nuevo vínculo con las asociaciones científicas o los puentes de entendimiento con los jóvenes de lo que era el programa Cátedras Conacyt.

 

La Secihti ha dado un paso más: instaló lo que denominó la “Conferencia Nacional en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación” (CNCHTI) (Comunicado 15.07.2025). Una instancia que la ley de ciencia del 2002, hace más de dos décadas y casi con el mismo nombre, dispuso como mecanismo de coordinación entre el entonces Conacyt y las entidades federativas.

 

En el papel, la Conferencia permaneció vigente del año 2002 hasta mayo del año 2023, cuando la actual ley general de ciencia ya no la incluyó. La Conferencia tuvo responsabilidades limitadas, más o menos notorias conforme el ejecutivo estatal que la presidía o la resonancia de los asuntos en la Conago. ¿Recuerda esta última? La instancia que agrupaba a todos los gobernadores y que se activó en el sexenio de Vicente Fox.

 

Los mayores logros de la Conferencia fueron el impulso a la creación de los consejos estatales del sector o la expresión de opiniones sobre la integración del programa sectorial. No fueron irrelevantes, pero, poco, muy poco, hizo sobre la competencia de las entidades federativas en materia científica y tecnológica o en la delimitación de ámbitos de responsabilidad con la federación.

 

Ahora, de nueva cuenta, con un propósito similar, la autoridad instala la Conferencia para articular la agenda federal y estatal”. Sin embargo, el organismo no está previsto en la norma actual. Lo que sí prevé es establecer regiones, conforme el criterio de la autoridad federal, y constituir un Comité Regional de Coordinación por cada región (artículo 28).

 

A la fecha, como muchos de los lineamientos establecidos en esa ley general, no hay noticia del número de regiones constituidas ni tampoco de la instauración de los comités. Lo hemos reiterado en este Acelerador de Partículas: la ley general vigente no solamente enfrenta una irresuelta acción de inconstitucionalidad desde hace más de dos años, también es impostergable su reforma

 

Entonces, ¿no tiene validez la Conferencia? Sí la tiene. Pero carece de personalidad jurídica, porque un nuevo organismo en la administración pública requiere un proceso legal amplio para establecer funciones y atribuciones que sean vinculatorias. A pesar de que la Ley Orgánica de la Administración Pública faculta a la Secihti para promover la coordinación y cooperación entre la federación y las entidades federativas (Artículo 38 Bis, fracción VIII), no tiene capacidad legal para decretar nuevos organismos.

 

No obstante, la Conferencia sí puede ser un mecanismo informal de interlocución entre la Secihti y las autoridades de los consejos estatales, como parece ser el caso. De hecho, el organismo intermediario y co-convocante de la Conferencia es la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt). Una asociación civil fundada al final de los años noventa que paulatinamente incorporó a todas las entidades federativas.

 

El comunicado conjunto de la Secihti y la Rednacecyt señala que suman “capacidades y redes territoriales al proyecto nacional de política científica y tecnológica”. Por cierto, alrededor de una decena de entidades no estuvieron presentes en la instalación de la Conferencia. Por lo pronto, señalaron tres puntos de acuerdo: la actualización y armonización de la ley general de ciencia, el Sistema Nacional de Posgrado y la ruta de foros regionales para “socializar el nuevo modelo del sistema”.

 

En fin, son evidentes las limitaciones de la actual ley general de ciencia para conducir la política del sector. Lo de menos es una actualización de la norma para reconocer que la cabeza del sector ya es una secretaría de Estado. El mayor problema, como lo hemos reiterado en este espacio, es la excesiva centralización que contiene y la inclusión del organismo rector de la política federal en una ley que es de orden general.

 

Tampoco es suficiente un retoque de armonización. En realidad, la reforma a la ley general requiere una reingeniería. Un marco normativo que permita la inclusión y la cooperación de los diferentes sectores de la comunidad, tanto como delimitar los ámbitos de competencia y responsabilidad de la federación y los estados. Imprescindible si se busca una gobernabilidad estable, legítima y fructífera en el sector.

 

Pie de página: Los recientes resultados del SNII tienen sus novedades: Álvarez-Buylla, la controvertida exdirectora del Conahcyt, recibió el nombramiento de investigadora emérita; Alejandro Gertz Manero, el polémico fiscal general de la república, conserva su nombramiento como investigador nacional, pero ya no en el nivel III, ahora es nivel I. // Alejandro González Iñárritu, el reconocido director de cine, ya es miembro de número en el prestigioso Colegio Nacional. // Viene una reforma más para la educación media superior: para el próximo mes de noviembre se anunciará el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato. // Pendientes.