Ley de Ciencia: la comunicación y la batalla público - privado

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1132. Abril 9, 2026)

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre la vigente ley de ciencia -un asunto pendiente desde el año 2023- y el tema resonó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum (CS) del pasado 7 de abril.

 

Vale la pena hacer notar los términos en los que se aborda el asunto y la forma en que responde la presidenta en Palacio Nacional. Las conferencias de prensa de la titular del poder ejecutivo, como también ocurrió en el sexenio anterior, no es un mero mecanismo para informar y rendir cuentas públicamente, principalmente se trata de un instrumento que permite controlar la narrativa, marcar la agenda de gobierno y anticipar qué acciones se pondrán en curso.

 

Por ejemplo, en este caso, la reportera Nancy Flores de la revista Contralínea pregunta en la conferencia: “la Suprema Corte de Justicia de la Nación está pendiente que se discuta, justamente, si es constitucional la Ley de Ciencia. Esto en un contexto en el cual se promovió el sexenio pasado esta Ley de Ciencia, para evitar que precisamente grupos oligárquicos hagan negocio con la ciencia y más bien que la ciencia esté al servicio del pueblo” (07.04.2026). No es una pregunta lisa y llana, la periodista puntualiza cuándo y por qué se instauró esa norma.

 

La misma reportera añade: “Entre otras cosas, porque se tiene la experiencia que en gobiernos neoliberales el Conacyt fue utilizado para financiar a transnacionales y también a centros educativos privados a través de becas a investigadores, que eso está comprobado, que en realidad estas escuelas o estas universidades son negocios. El Conacyt incluso financió, por poner ejemplos, los transgénicos de Monsanto y los pañales de Kimberly-Clark”. Elementos que forman parte de la argumentación y exposición de motivos de la ley vigente.

 

Y finaliza: “Hace un par de semanas usted se refirió a que es muy relevante que la ciencia sirva al pueblo. Y que quizá no estarían pensando en que se anule esta Ley, pero revisarla. Saber ¿en qué sentido vendría y si se seguirá protegiendo esta parte de que los recursos no vayan a grupos oligárquicos?”.

 

Además, de la narrativa que acompaña a la pregunta, la reportera también recuerda que el mismo gobierno había previsto no anular la ley, pero sí revisarla. Es decir, una anticipación de lo que podría ocurrir.

 

A su vez, la presidenta, en referencia a qué resolución esperar del máximo tribunal, respondió lacónicamente: “Tiene que decidirlo la Corte en estos días. Y ellos, los ministros y ministras, harán sus interpretaciones”.

 

Pero ahí no concluyó el asunto. La mandataria continuó con los puntos mencionados por la reportera. Por ejemplo, respecto a los negocios con la ciencia y el financiamiento a centros educativos privados que mencionó la reportera, CS precisó: “El Estado tiene la obligación de financiar las instituciones públicas. ¿Se permite la educación privada o particular, como está establecido en la Ley? Sí, puede haber educación particular, es decir, escuelas privadas a donde uno puede enviar a sus hijos y tiene que pagar la colegiatura, claro que se permite”.

 

Para enfatizar al final: “Pero el Estado no está obligado a subsidiar a esas instituciones privadas, está obligado a proveer la mejor educación pública posible, desde la inicial hasta el posgrado […] Entonces, nuestra concepción, nuestra visión, es que el recurso público va a lo público: a la investigación científica, a la docencia de universidades…”.

 

El punto cuestionable es, reitera la presidenta, el financiamiento a las instituciones privadas. Y, como aludió la reportera, también reconoce el origen de la norma: “Entonces, en parte este es el tema de la Ley de Ciencia y Tecnología que está hoy, que se aprobó en el periodo del Presidente López Obrador, y que está hoy a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque la visión fue esa: se financia lo público”.

 

Hasta ahí lo anotado por la presidenta, cuya respuesta registra los puntos aludidos por la reportera y fija como prioridad el financiamiento de lo público. Así que es posible anticipar en qué sentido espera la resolución de la Corte: el predominio de lo público en la responsabilidad estatal y la ratificación de la constitucionalidad de la ley vigente. El ejercicio de comunicación política de las conferencias de prensa matutinas se replica en éste y en casi todos los temas de la agenda de gobierno.

 

¿Y cuál es el estatus de la acción de inconstitucionalidad de la ley de ciencia en la Corte? La acción fue promovida en 2023 por legisladores de oposición, quienes impugnaron tanto el proceso reglamentario mediante el cual fue aprobada la ley, como el propio contenido de la norma. Este asunto y los cientos o miles más que llegan a la Corte se distribuyen entre los nueve ministros y ministras.

 

Los integrantes de la Corte se responsabilizan de elaborar un proyecto de resolución de cada asunto asignado, el cual debe ser publicado cuando se difunde la lista de cuestiones a revisar en el pleno y la lista debe ser publicada cuando menos tres días antes de la fecha prevista de la sesión.

 

En este caso, la acción de inconstitucionalidad se identifica con el número 126/2023 (y su acumulada 128/2023), fue asignada a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra  y ha sido listada en cuatro ocasiones, la más reciente fue el pasado 24 de marzo (Aquí se puede ver: t.ly/X5jVn). Sin embargo, a la fecha, sigue pendiente la resolución.

 

¿Qué dicen los casi dos centenares de páginas del proyecto de la ministra Herrerías? En resumen: reconoce la validez de la ley de ciencia vigente y declara infundada la acción de inconstitucionalidad. Lo interesante está en la argumentación que expone, lo que incluye el derecho a la igualdad, la delimitación de lo público y lo privado, así como la participación de las fuerzas armadas en el órgano de gobierno de la ahora Secretaría de Ciencia.

 

Examinaremos el proyecto en la próxima entrega y, aunque no es seguro, tal vez para entonces el pleno de la Corte ya habrá analizado y resuelto el asunto. Por lo pronto, lo que se advierte es que será ratificado el proyecto de la ministra Herrerías, no solamente por el sentido de su argumentación, sino también por el ensayo de comunicación de la presidenta y la composición de la Corte. Tal vez, y solo tal vez, la ley será revisada y tendrá ajustes menores. Pendientes.

 

Pie de página: El sindicato del exprograma Cátedras Conacyt -hoy IIxM- demandó a la Secretaría de Ciencia porque no le reconoce sus derechos. La reconciliación y el trabajo conjunto que inició con la actual administración llegó al punto de ruptura.  Atentos.

 

La inteligencia artificial y los celulares en los tribunales

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1132. Marzo 26, 2026)

 

La UNAM sancionó a una alumna de licenciatura con una suspensión de cuatro meses, al presumir que utilizó inteligencia artificial (IA) para resolver un examen. Sin embargo, la alumna se amparó, y una jueza federal valoró que no había suficientes pruebas de la acusación y le concedió el amparo.

 

El caso, desde luego, ilustra la transgresión ética del desempeño académico, la cual no es infrecuente en las instituciones educativas. Dicho comportamiento está previsto en los reglamentos escolares y generalmente se dirime en el aula misma o, cuando más, al interior de los muros institucionales.

 

Sin embargo, ahora, con la proliferación de dispositivos tecnológicos y, en especial, con la utilización de la IA para diferentes tareas, tal parece que la situación escapa a la competencia única de las autoridades educativas. De hecho, la SEP, al inicio de este mes, realizó el foro “Más allá de las pantallas: impacto de las tecnologías en la educación y la salud mental”, para buscar acuerdos y bases de regulación (SEP 04.03.2026).

 

El uso de herramientas tecnológicas en los entornos educativos exhibe una zona nebulosa de la vida escolar y se desconoce cómo evolucionará. El reciente caso de la alumna de licenciatura fue revelado en redes sociales por Erica Mora, periodista especializada en temas jurídicos. Pero el expediente, debidamente testado, es de acceso público (1326/2025).

 

Según los datos del proceso, en junio del año pasado, mediante escrito firmado por el director de la Facultad de Odontología de la UNAM se presentaron las pruebas ante el Tribunal Universitario. El Tribunal, como se sabe, es un órgano disciplinario, integrado por personas especialistas en temas jurídicos. Lo preside una persona designada por la Comisión de Legislación Universitaria a partir de una terna propuesta por la Facultad de Derecho y las vocalías también son de la misma especialidad.

 

Las pruebas indicaban que la alumna “ingresó con un teléfono celular, el cual fue utilizado durante la aplicación del examen, haciendo uso de la inteligencia artificial denominada ChatGPT, para la resolución de un examen”. La sanción, comunicada el 6 de agosto, fue una suspensión de cuatro meses y la integración de esa sanción en el expediente personal.

 

A su vez, la alumna se incoformó con la sanción y poco tiempo después, el 18 de agosto del mismo año, se amparó en contra de esta. El Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México se consideró competente para resolver el diferendo y emitió su resolución.

 

La jueza federal, en la serie de consideraciones y pruebas para emitir la resolución destaca el hecho de que las evidencias muestran claramente que la alumna ingresó al examen con un celular. Las imágenes de las videograbaciones cuando presentó el examen son contudentes, e incluso se observa el encendido del flash de su celular.

 

Sin embargo, y esta fue la principal razón para otorgarle el amparo a la alumna, la misma jueza considera que no está debidamente acreditado que la alumna “haya hecho uso con su celular de la inteligencia artificial ‘ChatGPT’ para la resolución del examen, toda vez

que no se aportó (un) medio de prueba idóneo que acredite, sin lugar a duda, que la quejosa haya hecho uso de la dicha inteligencia artificial, así como tampoco puede afirmarse que haya tomado fotografías del examen, puesto que esa circunstancia tampoco fue acreditada”.

 

El profesor que estuvo presente no lo hizo notar en el momento y fue después, cuando vio la videograbación, que señaló tanto el uso del ChatGPT como las fotografías del examen. Así que la jueza consideró que, como lo indicó la alumna inconforme, no se “acreditó la conducta infractora” porque el Tribunal Universitario no aportó las pruebas correspondientes.

 

En consecuencia, señaló la jueza, lo que se prueba es que la alumna sacó el celular en el examen, no que utilizó IA o fotografió el examen, así que el Tribunal Universitario debe emitir una nueva sanción, acorde, únicamente, a ese comportamiento. En resumidas cuentas, la sanción de las autoridades universitarias sobre el uso de IA para resolver un examen o fotografiar un examen, no estuvo debidamente fundamentada, así que la jueza amparó y protegió a la alumna.

 

El Estatuto General de la UNAM prevé sanciones para los alumnos por fraude académico en los exámenes o en los procesos de titulación, así como en la falsificación de documentos (Título Sexto). Las sanciones pueden ir de una amonestación a una suspensión o expulsión. Sin embargo, no hay una norma específica sobre el uso de teléfonos celulares. Aunque el Tribunal Universitario está facultado para imponer una “sanción que guarde proporcionalidad con la gravedad de la falta”.

 

En fin, una artista es la de los tribunales y sus intrincados procesos legales. El caso reciente mostró que la autoridad universitaria no sustentó de forma adecuada la sanción que impuso, no tanto si la alumna se ayudó de IA para resolver un examen, o peor, si fotografíó el examen que, eventualmente, luego podría ser difundido a otros sustentantes.

 

Otra arista es el uso y efecto de la IA en las aulas universitarias. En este terreno todo está por conocerse, porque se trata de un proceso en marcha que evoluciona rápidamente y va a la par de los avances tecnológicos. Restaría por ver cuál es a respuesta de las instituciones educativas, aunque no se caracterizan por su sagacidad.

 

Las autoridades de la UNAM han creado un Consejo Coordinador de IA y una Coordinación General de ese mismo Consejo; pronto constataremos si se trata de una verdadera iniciativa o si será una estructura administrativa más.

 

Pie de página: Al parecer la semana próxima se resuelve la acción de inconstitucionalidad que pesa desde el 2023 sobre la actual ley general de ciencia y la ponente es la ministra Irene Herrerías Guerra. El proyecto reconocerá la validez, pero… Atentos.

Federalismo: el trabajo en red de las IES

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1131. Marzo 19, 2026, pág. 4)

 

La titular de la Secretaría de Ciencia (Secihti), Rosaura Ruiz, informó que se reunió con directivos de las principales instituciones de educación superior del país para retomar los trabajos de la Red Ecos. Una red, indicó la misma titular, creada en 2019 por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, cuando encabezó el gobierno de la Ciudad de México.

 

En efecto, en el marco de la mencionada red se impulsó la creación de la entonces Universidad Rosario Castellanos en la entidad capitalina, también la Universidad de la Salud, lo mismo que algunas colaboraciones puntuales en proyectos de intervención y programas de estudio.

 

Ahora, como es notorio, persiste la red, aunque el contexto es muy otro y la escala es muy diferente. Lo obvio es que, actualmente, las tareas de gobierno ya no se dirigen solamente a una entidad federativa, ahora incluyen a toda la república; el sector tampoco se circunscribe al perímetro capitalino.

 

Otra diferencia importante es el cambio de regulación de la educación. La gratuidad y obligatoriedad se hicieron extensivas a todos los niveles educativos y, a partir de abril de 2021, entró en operación una nueva ley general para el nivel superior. Aunque, como lo hemos anotado en este mismo lugar, no todo lo previsto en la norma vigente se ha llevado a efecto, como es el caso del fondo para asegurar la gratuidad.

 

Pero, ¿vale la pena extender a nivel nacional lo experimentado a nivel local? Sería lo deseable, sobre todo si la iniciativa ya mostró resultados satisfactorios. Sin embargo, tampoco debe soslayarse que la escala nacional tiene otros desafíos y no es menor el trabajo conjunto entre la federación y las entidades.

 

¿Qué es la Red Ecos? Al inicio, en los convenios marco para la formalización de acciones en 2019, fue una red de coordinación interinstitucional. A través de un documento formal se constituyó la red como un órgano auxiliar del entonces gobierno capitalino y su secretaría de educación. Firmaron media docena de instituciones educativas: la UNAM, el IPN, la UAM, el ColMex, el Tecnológico Nacional de México y el CIDE (Convenio 11.03.2019).

 

Luego, la página electrónica del gobierno de la Cdmx presentó a la Red Ecos como parte de la Ley de Educación de la Ciudad de México, al indicar que es “un órgano de consulta, opinión, asesoría y análisis. Sus actividades se centran en la promoción de una nueva cultura de la colaboración basada en el desarrollo de proyectos conjuntos” (Aquí se puede ver: https://redecos.cdmx.gob.mx/web/).

 

En realidad, la norma local no incluye como tal a la Red Ecos, pero desde 2023 añadieron un artículo para indicar el establecimiento de un “órgano colegiado de consulta, opinión, asesoría y análisis, encargado de fomentar la colaboración interinstitucional e intergubernamental, así como contribuir a la planeación y el mejoramiento de la educación media superior y superior, las ciencias, las humanidades, la tecnología y la innovación” (Artículo29 Quáter).

 

Sin embargo, ahora la propia Secihti, en su página electrónica, indica que la “La Red de Espacio Común de Educación, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación —conocida como Red Ecos Nacional—, se trata de un modelo de colaboración que integra proyectos conjuntos con un enfoque interinstitucional, transdisciplinario y multidisciplinario” (Aquí se puede consultar: t.ly/E___M).

 

Esto es, tal parece que las siglas iniciales que destacaban una “coordinación interinstitucional”, al trasladarse a escala nacional, ya mudaron a indicar la creación de un “espacio común”. Una opción distinta, cuya connotación, a nivel nacional e internacional, se refiere principalmente a un marco compartido entre diferentes sistemas educativos para hacer comparables o compatibles sus estándares, sean de créditos educativos, títulos, programas o desempeños, por ejemplo.

 

La UNAM, desde hace dos décadas, impulsó, junto con la UAM y el IPN, la creación de un “Espacio Común de Educación Superior (ECOES) en México”. Una iniciativa que sumó a otras cinco universidades estatales y luego a casi medio centenar de instituciones de educación superior (Véase: t.ly/RFmkc). Aunque, en realidad, su puesta en marcha se quedó más en el terreno de las intenciones.

 

Todavía más, la nueva ley general faculta al Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior para establecer los lineamientos del espacio común de la educación superior con el fin de “facilitar la libre movilidad de estudiantes y personal académico, redes y alianzas entre las instituciones de educación superior nacionales y extranjeras” (Artículo 53, fracción VI).

 

En suma: el propósito de los esfuerzos conjuntos es y puede ser distinto e incluso el nombre o las siglas son lo de menos, sean similares o distintas o se refieran a una red local o internacional. Pero lo que no se puede soslayar es que, si se trata de una iniciativa del gobierno federal, el horizonte debe ser el territorio de la república, el sistema de educación superior nacional y, por tanto, la inclusión y participación de las entidades federativas.

 

Un trabajo en red de instituciones de educación superior acotado a los límites geográficos de la ciudad capital, no solamente refuerza el centralismo, también las desigualdades.

La Corte: la gratuidad sin fondo de garantía y el deterioro

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio. Número 1130. Marzo 12, 2026)

 

Una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el alcance de la gratuidad de la educación superior. Un alumno impugnó el cobro de un curso de idioma -una de las condiciones para obtener el título de licenciatura- y el máximo tribunal consideró que la gratuidad debe extenderse a ese requisito, así que le concedió el amparo correspondiente.

 

No está mal, nada mal, facilitar el camino para que un mayor número de jóvenes obtengan un título universitario. Y sí, la ley tenía prevista la eliminación progresiva de cobros adicionales en las instituciones públicas de educación superior. Además, la misma norma anticipó el establecimiento de un fondo para asegurar los recursos para la gratuidad y la obligatoriedad del nivel.

 

Sin embargo, el gran problema es que avanza la eliminación de cobros en las instituciones, pero no los fondos que permitan sostener y garantizar la gratuidad. Lo grave es que será inevitable el deterioro de la infraestructura, las fallas en el servicio y, al final, no habrá garantía de gratuidad.

 

Los antecedentes son relativamente conocidos: desde 2019, con la reforma del artículo 3º constitucional, quedó en firme el derecho a la educación en todos sus niveles para todas las personas, tanto como el carácter gratuito y obligatorio. Un cambio relevante y de justicia social.

 

Aunque, en el caso de la educación superior, como también lo precisó la Ley General de Educación, la obligatoriedad es y será para el Estado (artículo 48). A su vez, la Ley General de Educación Superior, otra norma secundaria, precisó que se eliminarían progresivamente los cobros por concepto de inscripción, reinscripción y cuotas escolares, tanto para los programas de técnico superior, como de licenciatura y posgrado (artículo 6).

 

La misma norma de educación superior añadió que para compensar la pérdida de ingresos que tendrían las instituciones públicas, se crearía un fondo federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, en artículos transitorios, precisó que la implementación de la gratuidad sería progresiva a partir del ciclo escolar 2022-2023 y que el fondo especial sería instaurado en el ejercicio fiscal 2022.

 

No obstante, ni en el año previsto ni en los siguientes se creó el fondo de la gratuidad; tampoco sucedió en el año actual y lo más probable es que ni siquiera ocurra en los próximos ejercicios fiscales de este sexenio. Sin embargo, sí avanza la eliminación progresiva de costos adicionales.

 

Al final del año pasado, como en este Acelerador de Partículas lo anotamos, la Corte resolvió favorablemente el amparo de una alumna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que impugnó el cobro de inscripción a una maestría en esa institución (Proyecto 305/2025). El razonamiento fue que la progresividad indicada en la ley debía respetarse y que la gratuidad incluye los estudios de posgrado.

 

Ahora, el pleno de la Corte concedió el amparo a un estudiante de la licenciatura en Derecho de la UNAM -en la modalidad del sistema abierto- que impugnó el cobro del "Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación”.  

 

El proyecto de resolución, la ponencia presentada en el pleno de la Corte, fue  responsabilidad del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Uno de los argumentos para otorgar el amparo fue: “sin soslayar que se debe fortalecer el fondo creado para contar con recursos económicos para la operatividad y la gratuidad de la educación superior, debe considerarse que el nivel de licenciatura impartido por instituciones estatales constituye el piso mínimo al analizar este derecho” (Amparo en revisión 527/2025)

 

Lo notable es que el ministro presidente indica que se debe “fortalecer el fondo”, cuando, en realidad, el fondo no existe y primero habría que instaurarlo. La discusión en el pleno no fue sobre la paradoja de una gratuidad sin fondo de garantía, más bien se centró en si la gratuidad debe incluir otras actividades complementarias de los estudios, es decir sobre su alcance, tanto como el tiempo estimado para hacer efectiva la progresividad para eliminar cobros.

 

La ministra María Estela Rios y el ministro Giovanni Figueroa se pronunciaron en contra de otorgar el amparo, precisamente porque, en su opinión, el cobro impugnado se refiere a una actividad extracurricular. Los otros siete ministros, con distintos argumentos, votaron a favor. Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel anotó: “el cobro genera una distinción basada en la capacidad económica del alumnado […] Solo quienes tienen recursos pueden liberar el requisito de titulación, lo cual afecta gravemente el acceso a un plan de vida digno, basado en la educación superior gratuita”.

 

O bien, la ministra Lenia Batres que mencionó el presupuesto total de la UNAM y un gasto estimado por alumno de más de 86 mil pesos y argumentó: “Estos datos no son neutros, evidencian que la institución dispone de recursos públicos suficientes para absorber los costos de los componentes esenciales de la licenciatura, sin necesidad de trasladarlos a las y los estudiantes mediante cobros específicos que condicionen la titulación”. Una argumentación similar anotó la ministra Loreta Ortiz Ahlf.

 

Al final, con siete votos a favor -tres concurrentes- y dos en contra, la Corte se pronunció por otorgar el amparo al quejoso. Queda la jurisprudencia. El fondo de la gratuidad… ¿se creará en algún momento? Tal vez cuando el deterioro sea inocultable y la gratuidad sea cosa del pasado.

 

Pie de página: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Universidad de la Salud firman convenio de colaboración. Veremos. // Cambia de titular la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico de la Secihti. Atentos. // Otro Día Internacional de la Mujer y sigue pendiente la asignatura STEM. Allá vamos.