HIDALGO: ¿ATERRIZAJE DEL CONOCIMIENTO?

A pesar de su relativa cercanía con el Distrito Federal, el estado de Hidalgo ha tenido, por décadas, dificultades para mejorar de forma significativa sus indicadores sociales y económicos. Junto con Chiapas, Guerrero y Oaxaca han reunido las cifras más desalentadoras del bienestar y del progreso del país; la miseria, los contrastes sociales y el rezago han sido lo más distintivo.

En años más recientes, los grandes proyectos emprendidos en la entidad, como el aeropuerto alterno a la Ciudad de México en el Valle de Tizayuca o la nueva refinería en Tula, no terminan de cristalizar. Sin embargo, la urbanización de la entidad se ha incrementado, lo mismo que su infraestructura de comunicaciones, la industria manufacturera y el crecimiento de los servicios. Ahora, tal parece que la entidad quiere intentar un proyecto más: concentrar planteles de instituciones de educación superior y sumarse a las entidades que dicen llamarse Ciudades del Conocimiento.

El estado de Hidalgo, con sus poco más de 20 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial y sus 2.7 millones de habitantes que se reportaron en el censo más reciente de población, clasifica más bien en el conjunto de entidades pequeñas del país. También su aportación al PIB nacional es relativamente modesta (alrededor del 1.5 por ciento) y la aportación de la industria manufacturera al PIB estatal es la más significativa (aproximadamente una cuarta parte).

La posibilidad de impulsar el crecimiento económico de la entidad se truncó con la cancelación de un nuevo aeropuerto internacional, puesto que se preveía todo un proyecto industrial, de comunicaciones y de infraestructura. En la administración de Vicente Fox el proyecto no prosperó; ni en el Estado de México ni en el Valle de Tizayuca.

La actual administración federal otorgó en el 2007 la autorización para la construcción de un aeropuerto alterno a la Ciudad de México. El llamado proyecto PLATH (Plataforma Logística Hidalgo) incluye, además del aeropuerto en su parte central, la construcción de una base de ferrocarriles de conexión de norte a sur y del golfo al pacífico, y una proyección de actividad industrial. El gobierno estatal tenía disponible el terreno (alrededor de 500 hectáreas en el Valle de Tizayuca) y una empresa presumiblemente española invertiría alrededor de 200 millones de dólares (Milenio Diario 04.07.2009).

Sin embargo, el actual gobernador del estado, Francisco Olvera, quien asumió funciones en abril de este año, ha reconocido que está a la búsqueda de inversionistas para impulsar de nueva cuenta el proyecto, porque los empresarios españoles cancelaron su participación desde el 2009 (Milenio Diario 24.11.2011).

Más o menos ocurre lo mismo con la construcción de la nueva Refinería Bicentenario de Tula, Hidalgo. La entidad resultó seleccionada para construir la refinería en agosto del 2009 y, según los cálculos del gobierno federal, se trata de una obra que costará alrededor 9 mil millones de dólares y requeriría al menos 700 hectáreas. Aunque desde el inicio se dijo que sería un proyecto a mediano plazo, se suponía que en este año debería iniciar la construcción, pero en parte por el clima de incertidumbre financiera y otra tanto por las disputas partidarias y las dificultades legales, no ha sido el caso. El proyecto no camina.

En una escala menor, en agosto pasado, el gobernador de la entidad firmó un convenio con la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante, para la creación de una “Ciudad del Conocimiento en la Zona Metropolitana de Pachuca”. Al parecer, tal proyecto consiste, únicamente, en la instalación de una sede del IPN en la entidad y la posibilidad de atraer a otras instituciones más, como la UNAM.

Hasta ahora, funcionarios estatales solamente han informado que cuentan con alrededor de 210 millones de pesos para iniciar el proyecto. Pero todavía no está claro en dónde, cuándo y qué características tendrá el plan. Lo único que han indicado es que están considerando la posibilidad de “utilizar provisionalmente las instalaciones de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para iniciar en junio del próximo año”.

El volumen de recursos financieros previstos para el nuevo proyecto educativo y la posibilidad de que inicie funciones en las instalaciones de otra universidad, confirman el hecho de que se trata de una idea de corto alcance. El rótulo de Ciudad del Conocimiento es solamente un ornamento mediático, como lo es también para la mayoría de las ciudades que así se han declarado en los años anteriores, desde Yucatán hasta Nayarit.

Tal vez se podría repensar el plan y considerar la posibilidad de utilizar parcialmente algunas de las 70 mil hectáreas de los cinco municipios del sur de la entidad que están destinados al proyecto PLATH. Aunque, ciertamente, quién sabe que sea más factible: construir un aeropuerto o edificar un verdadero espacio de conocimiento.

(Publicado en Campus Milenio No. 444. Diciembre 15, 2011)

LAS VOCACIONES DE LOS JÓVENES

En la región iberoamericana, particularmente en la última década y con claras diferencias entre países, la tendencia de la matrícula universitaria se ha desplazado hacia las ciencias sociales. Esa área de conocimiento representa entre el 50 y 56 por ciento del total. Una expresión de las preferencias vocacionales de los jóvenes que parece ir a contracorriente del intento por acercarlos a las áreas de las ciencias naturales, exactas y tecnológicas.

Los jóvenes universitarios mexicanos también se concentran en las ciencias sociales, aunque en la última década, esta área de conocimiento más bien han disminuido su participación relativa (de 50 a 46 por ciento), mientras que las ingenierías y las tecnologías la han incrementado (de 29 a 34 por ciento), lo mismo que educación y humanidades (de 3 a 6 por ciento). Un reflejo parcial de las iniciativas de reorientación de la matrícula que concentró el crecimiento del sistema en las opciones tecnológicas.

También para el caso de México, las áreas de conocimiento que se han mantenido relativamente estables son las agropecuarias (entre 2.6 y 2.4 por ciento), igual que las ciencias naturales y exactas (2 por ciento) y las ciencias de la salud (entre 9 y 10 por ciento). Las tendencias más o menos son las mismas si solamente se considera a los titulados.

En algunos países, especialmente en Estados Unidos y en las llamadas naciones emergentes, el crecimiento se ha verificado tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales y las ingenierías. No obstante, en la mayoría de países existe cierta preocupación por el escaso interés de los jóvenes en las disciplinas que permitirían un mayor desarrollo científico y tecnológico.

La Organización de Estados Iberoamericanos acaba de dar a conocer los resultados de una encuesta regional, la cual busca aportar mayor información sobre las razones del rechazo o desinterés de los jóvenes por las carreras predominantemente científicas (Los estudiantes y la ciencia. Encuesta a jóvenes iberoamericanos. 285 pp. Disponible en su sitio de Internet).

La encuesta fue aplicada entre 2008y 2010 a cerca de nueve mil jóvenes de educación media de siete ciudades de la región iberoamericana: Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevideo y Sao Paulo. El objetivo de la encuesta era precisar la percepción de los estudiantes sobre las profesiones científicas y tecnológicas, su atractivo como opción laboral, y la imagen que proyectan la ciencia y los científicos.

Una de las preguntas de la encuesta a los alumnos de educación media era “¿Qué vas a estudiar?” Las respuestas fueron: como primera opción, las ciencias sociales: 28.4 por ciento; después, las ingenierías y las tecnologías con 19.4 por ciento; y en tercer lugar humanidades con 16.9 por ciento. Como segunda opción, también aparecen: en primer lugar las ciencias sociales con 36.9 por ciento; luego las humanidades con 25.2 por ciento; y las ingenierías y tecnologías con 17 por ciento. Lo notable es que dos de cada diez de los jóvenes encuestados no sabe qué carrera estudiar. Un rasgo que alcanza proporciones diferenciadas en los distintos países.

Tampoco es de sorprender que uno de los principales motivos que expresaron los jóvenes para continuar sus estudios y la selección de la carrera esté relacionado con la cercanía o no de información científica. Obviamente quienes carecen de contacto muestran la mayor vacilación y dificultades.

Otro de los datos relevantes de la encuesta es el interés que manifestaron los estudiantes sobre su horizonte profesional y la posibilidad de trabajar como científicos, ingenieros, médicos o profesores.

Por ejemplo, sólo uno de cada diez de los estudiantes a los que se les aplicó la encuesta, manifestó que le gustaría trabajar como científico. El porcentaje tampoco es mejor para desempeñarse como profesor, puesto que solamente fue seleccionado por un 13 por ciento de los jóvenes.

Los promedios son un poco mejores para la profesión de ingeniero y médico, puesto que alrededor de una cuarta parte de los jóvenes expresaron que les gustaría trabajar en esas posiciones. Sin embargo, otra proporción similar de estudiantes (26 por ciento) manifestó claramente que no le gustaría trabajar en ninguna de las profesiones mencionadas y otro 15 por ciento más expresó no saber si le gustaría dedicarse a alguna de esas actividades.

Según los resultados de la encuesta, la tendencia de respuesta de los dos párrafos anteriores, no muestra variación por género, tampoco si son estudiantes del sector público o privado, laico o religioso, o nivel socioeconómico. Incluso, es la misma apreciación en las diferentes ciudades donde se aplicó la encuesta.

La encuesta incluyó una treintena de preguntas, pero como se podrá advertir no parece sencillo precisar las motivaciones y el horizonte vocacional de los jóvenes.

Posdata

¿Cuál será la respuesta del SNI a la queja interpuesta por Sergio Aguayo? El recurso no podrá ser ignorado para la operación y reforma del Sistema.

(Publicado en Campus Milenio. No. 443. Diciembre 8, 2011)

LA DEFENSA Y LA MARINA AL CONSEJO GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Es probable que los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina se integren al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El máximo órgano de las políticas científicas y tecnológicas. Todavía no es un hecho, apenas se emitió el dictamen correspondiente por comisiones unidas de la Cámara de Diputados, pero la iniciativa ya está en marcha.

La propuesta es del diputado Gerardo del Mazo Morales del Partido Nueva Alianza, el mismo que asumió la titularidad de la curul en octubre del 2009, al renunciar una de las llamadas diputadas “juanitas”, Karla Daniela Villareal, integrante del mismo partido, aunque la diputada fundamentó su renuncia argumentando cuestiones de salud (Milenio Diario 29.10.09).

El diputado Gerardo del Mazo presentó su iniciativa hace un año e incluye reformas y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al decreto de creación de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, así como a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la Ley Orgánica de la Armada de México.

De acuerdo con el proyecto del diputado Del Mazo, tanto la educación militar como la naval incluyen la formación, el adiestramiento, la capacitación, actualización y especialización de recursos humanos. Pero, sobre todo, argumenta el diputado, “tienen el deber, como la educación en general, de estar vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación” (Gaceta Parlamentaria No. 3394-II. 17.11.11).

En general, en la breve argumentación de la propuesta se resalta que en el mundo se registra un importante avance en el terreno científico y tecnológico, lo cual también ha propiciado que, a nivel de las naciones, se le otorgue prioridad a la educación y a la investigación. En estos términos, dice el diputado, “el sistema educativo militar debe estar en el mismo camino”. Es decir, que la educación militar también incluya una importante actividad científica y tecnológica y que sostenga un vínculo con el sector correspondiente.

Aunque el conjunto normativo que se piensa reformar incluye, en cierta medida la mención a la ciencia y la tecnología en la educación militar, las reformas que se proponen sugieren hacerlo explícito en donde no lo está y añadir la palabra “innovación” en todos los casos.

Por ejemplo, en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Área, en su artículo 5, sobre los objetivos de la educación militar, en su fracción III indicaba que uno de ellos era: “Vincular permanentemente la educación y adiestramiento de los militares”. La reforma propone que ahora indiqué que el objetivo es: “Vincular permanentemente la educación, la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación adiestramiento de los militares” (sic).

Es el mismo caso para el artículo 6 y 11 de la misma ley o de la que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Área, en las que se sugiere añadir que se impartirá al personal militar conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación, o que el sistema de educación militar promoverá, organizará y realizará investigación en esos mismos términos.

Los cambios previstos no habilitarán al sistema educativo militar para realizar actividades científicas, tecnológicas y de innovación, porque su marco normativo previo ya se lo permitía con anterioridad y, de hecho, ya las practicaba. En todo caso, las reformas solamente armonizarán los conceptos con leyes que rigen a la educación en general y a la de ciencia y tecnología.

No obstante, el cambio más importante es que propone la integración de los titulares de la de Defensa Nacional y de Marina al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

El Consejo General, instancia creada por la reforma del 2002 y cuya función se localiza en la coordinación de las políticas para el sector, presidido por el ejecutivo federal y en el que participan todos los secretarios de Estado vinculados a las políticas públicas en ciencia y tecnología (actualmente son 9 secretarios). Además, también incluye al director de Conacyt, al coordinador del Foro Consultivo, al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, el secretario general de Anuies y cuatro representantes de la comunidad científica, tecnológica y empresarial.

Un enorme Consejo General, como se podrá apreciar. En otras ocasiones ya nos hemos referido a la inoperancia del Consejo y las contadas sesiones que ha efectuado desde que se creó, principalmente porque el ejecutivo federal no lo convoca y porque no es funcional. Ahora, de aprobarse el proyecto de reforma, el Consejo todavía será más numeroso.

La iniciativa no es inminente. El proyecto todavía no se discute en el pleno, seguramente se modificará y faltaría ver que dice la colegisladora. Pero plantea el inquietante asunto de la integración formal del sistema educativo militar al sistema científico y tecnológico.

(Publicado en Campus Milenio No. 442. Diciembre 1, 2011)

CyT: UN PRESUPUESTO POLÍTICO

Los incrementos específicos al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no se asignan con criterios objetivos y casi nunca con base en indicadores. La afirmación proviene del diputado secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la actual legislatura. No, no es una novedad, pero confirma que se trata de un proceso dominado por la presión política y la improvisación.

Anualmente parece repetirse, con algunas variantes, el mismo acto en la negociación del presupuesto: el gobierno federal envía su propuesta de gasto, los diputados dicen que la analizan durante un par de meses, reciben las peticiones de diferentes sectores y en la fecha límite, al calor de las presiones, aprueban un presupuesto ligeramente diferente al original. Una alza leve aquí y otra allá; nada sorprendente.

Nunca faltan los detalles pintorescos de la negociación presupuestal. El lenguaje florido de legisladores que nadie atiende, los puños crispados de los tribunos, los malentendidos entre diputados que bostezan porque no se enteraron de los acuerdos de sus coordinadores parlamentarios o las alusiones personales que se olvidan con un fuerte abrazo al final del día.

El asunto, como lo reveló el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, secretario de la comisión encargada de elaborar el dictamen del PEF –uno de los doce secretarios-, es que las negociaciones entre las fracciones, permite conservar el nivel de gasto e incluir temas que no se consideran prioritarios, como los asuntos de género o las actividades científicas y tecnológicas.

No obstante, como lo señaló el mismo diputado, “los incrementos específicos no siempre se asignan con criterios objetivos y en general nunca con base en indicadores. En realidad, es el peso en la Cámara de gobiernos estatales y de agencias federales, así como de otro tipo de actores, lo que influye, y mucho, en el proceso” (Enfoque. 20.11.11: 2).

Así es. En el caso del gasto en actividades científicas y tecnológicas, el gobierno federal propuso un volumen de gasto para ciencia y tecnología de 44 mil 765 millones y de ese total 21 mil 236 millones para Conacyt (ramo 38). En ambos rubros sin considerar los ingresos propios, lo cual añadiría poco más de 11 mil millones de pesos.

Los diputados, en la sesión del pasado 15 de noviembre, autorizaron un total de 47 mil 675 millones de pesos y de ellos 21 872 millones de pesos para Conacyt. (también sin considerar recursos propios). Esto es, al gasto global del sector propuesto por el gobierno federal, le sumaron casi tres mil millones de pesos más. ¿Cómo fue que decidieron aplicar el incremento y en qué rubros específicamente?

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los diputados, solamente señaló que si bien la propuesta del gobierno federal para Conacyt (ramo 38) consideraba un incremento de 16.5 por ciento, en términos reales respecto al presupuesto de este año, el aumento se explicaba por “la creación del Programa para Reducir la Brecha Digital” al cual el gobierno le había asignado casi tres mil millones de pesos (p. 11).

En el mismo dictamen también se destacó que la propuesta del gobierno federal para ciencia y tecnología (todos los sectores) para el 2012 tenía una variación 41.4 por ciento, en términos reales, respecto de lo aprobado para el 2011. Esto es, un incremento de casi 18 mil millones de pesos (p.18). Imposible. Simplemente las cifras del dictamen no cuadran, ni con lo que está aprobado para este año ni con el proyecto que envió el gobierno federal. De hecho, los sectores solicitaban alrededor de 11 mil millones de pesos más ¿Entonces?

Al parecer, la fundamentación del dictamen es lo de menos, lo relevante es dónde se localizan los incrementos y qué tan claros son los anexos que los reportan. Como dice el diputado, Vidal Llerenas, en los aumentos unos actores influyen y otros ni figuran.

El anexo 9 del dictamen, aprobado el pasado 15 de noviembre, contiene las ampliaciones que realizaron los diputados por casi 3 mil millones de pesos más. Del total reasignado: 1 mil 893 fueron para la Dirección General de Educación Superior Universitaria --casi dos terceras partes del aumento--; 636 millones para Conacyt; 160 millones para el Instituto Politécnico Nacional; 150 millones para la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía; 50 millones para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; y 20 millones para el Instituto Nacional de Salud Pública.

Los mayores incrementos fueron para educación y para Conacyt, pero respecto al primero debe advertirse que no se trata de presupuesto educativo (ese está en otro anexo y otro ramo de gasto) sino de gasto para actividades científicas y tecnológicas que realiza ese u otros sectores. Obviamente, el dictamen no justifica ni argumenta la localización de los incrementos, pero como se podrá deducir, expresan más bien la influencia de los actores.

Como dice el diputado Llerenas de sus mismos correligionarios: “Opinamos poco de lo sustancial y lo que reasignamos refleja más intereses y clientelas que prioridades de política”. Sí. Un presupuesto dominado por lo político, más que racional.

(Publicado en Campus Milenio No. 441. Noviembre 24, 2011)

LA CRISIS EUROPEA Y LA INNOVACIÓN

La Unión Europea, probablemente, está en su hora más difícil desde la Segunda Guerra Mundial, dijo recientemente a sus propios correligionarios Ángela Merkel, la canciller alemana. En su opinión, la región puede y debe salir adelante, pero dependerá del alineamiento de fuerzas y los acuerdos que se adopten.

La situación de crisis financiera también fue la preocupación central en la reunión del G20 que se realizó la semana pasada en Francia. La lista de países europeos que se asoman al precipicio de la insolvencia parece extenderse a otros que por ahora no lo están. Lo paradójico es que hace apenas una década, al despuntar el siglo actual, el plan era que por estas fechas ya se habría vuelto la región más competitiva y dinámica del mundo. Al menos eso ero lo que preveía la llamada estrategia de Lisboa, firmada en marzo del año 2000 por el Consejo Europeo, y que buscaba convetir a la región se en una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Hoy, sin duda, la eurozona enfrenta un gran desafío y lo que en ella ocurra tendrá consecuencias no solamente para esa región. Los líderes de las naciones con mayor influencia están buscando salidas políticas a la crisis, severos ajustes en las naciones con las mayores dificutlades y probables esquemas de desarrollo.

En el marco de los problemas actuales y en el seno del G20, el presidente Francés, Nicolás Sarkozy invitó a Bill Gates a plantear un posible curso de acción para superar los obstáculos. El tema de la innovación, como una década antes, apareció de nueva cuenta en la agenda europea y mundial, puesto que el fundador de Microsoft enfocó su presentación y la elaboración de su breve reporte en ese aspecto.

El G20, como su nombre lo indica, es un grupo integrado por 20 naciones. Aunque, inicialmente, cuando se reunió por primera vez a mediados de los años setenta, solamente incluía a los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de siete de los países más industrializados del mundo por ese entonces (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón y el Reino Unido), a los cuales luego se sumó Rusia para ser nombrado el G8.

Sin embargo, ante la imposibilidad de ignorar la creciente influencia de naciones emergentes y de encontrar soluciones para la crisis financiera de fines de los años noventa, a los 8 países iniciales se sumaron once naciones más: Arabia Saudita; Argentina; Australia; Brasil; China; Corea; India; Indonesia; México; Sudáfrica; y Turquía. Además, como bloque, la Unión Europea también tiene un asiento en el grupo para sumar, en total, las 20 naciones. La asistencia de los jefes de gobierno a las reuniones anuales se ha hecho patente desde el 2008.

Al dirigirse a los líderes del G20, Bill Gates destacó que sabía que él no tenía las mismas responsabilidad que ellos, pero que trataba de ser realista sobre los retos a enfrentar y enfatizó su confianza en la capacidad de innovación como “la fuerza más poderosa de cambio en el mundo” y para avanzar en el logro de las grandes metas del milenio, porque “la innovación cambia fundamentalmente la trayectoria del desarrollo” (Innovation With Impact: Financing 21st Century Development. p. 6).

Sin embargo, dijo Gates, a pesar de ejemplos de éxito (en la productividad y en la medicina) y su enorme potencial, la innovación no ha jugado el papel relevante en el desarrollo que podría tener. Por ejemplo, dijo: “Algunas innovaciones toman lugar rápidamente en los paises ricos pero toman décadas en llegar a países pobres. El paso de la innovación especificamente para los países pobres ha sido muy lento”.

En particular, destacó el fundador de Microsoft que sería muy inspirador si los líderes del G20 avanzaran en identificar las prioridades más altas en innovación para el desarrollo e incluso señaló que su propia fundación podría participar en ese proceso. En tales circunstancias, piensa que se podría acelerar la innovación en áreas de desarrollo clave como agricultura, salud, educación, gobernanza e infraestrutura.

Además, Gates opina que prácticamente en todas las áreas de desarrollo sería posible lograr un mayor impacto con los recursos financieros que ya se gastan, sobre todo si se instaura una capacidad de evaluar el gasto en desarrollo. El ejemplo que citó es el de México, con la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus mediciones periódicas que indican el logro o no de objetivos.

En fin, no deja de llamar que Bill Gates fuera el orador ante el G20, el mismo que en el 2004 tuvo que pagar una multa a la Unión Europea de casi 500 millones de euros –la más alta registrada contra una firma-- por prácticas monopólicas de su compañía y que el comisario encargado del expediente haya sido Mario Monti, el recientemente nombrado primer ministro italiano. Tampoco deja de sorprender que el tema de la innovación, como hace una década, vuelva a ser nombrado como eje para lograr un desarrollo económico sustentable.

(Publicado en Campus Milenio No. 440. Noviembre 17, 2011)

CONGRESO Y EJECUTIVO FEDERAL: ¿INTERCAMBIO POR ESCRITO?

¿Qué pregunta se puede formular al ejecutivo federal sobre la conducción de la administración pública? Seguramente, habrá múltiples interrogantes y también podrán ser muchos los tonos y matices. Hoy la ley faculta a los legisladores a realizar tal actividad, aunque no tiene demasiada utilidad ni efecto, como se puede apreciar en el reciente ejercicio del Senado.

La presencia física del ejecutivo federal en el Congreso se volvió un tema complicado desde el 2006. Todavía en el 2007 la ley establecía que el presidente de la República debía asistir al recinto parlamentario y presentar su informe de gobierno por escrito. Al año siguiente, en las vísperas de un siguiente informe, los legisladores reformaron la constitución y suprimieron la obligatoriedad de la presencia del ejecutivo para tal efecto. Ahora, al parecer, no solamente ha perdido brillo la figura presidencial, también ha disminuido el interés por el estado que guarda la administración pública.

La reforma constitucional que entró en vigor en agosto del 2008, establece que el ejecutivo solamente entregará su informe por escrito, pero también añadió la posibilidad de que los legisladores le pidan al ejecutivo federal ampliar la información “mediante pregunta por escrito” y soliciten la comparecencia de los secretarios de Estado, el procurador y los directores de las entidades paraestatales (artículo 69).

Además, en la misma reforma se dispuso que los legisladores también podían requerir mayor información, “mediante pregunta por escrito”, a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal (artículo 93).

La formulación de preguntas despertó cierto interés en la primera ocasión, después se perdió en la rutina burocrática de los intercambios. Algunas de las comparecencias son relativamente esperadas, particularmente la de funcionarios que tienen cuentas pendientes con los legisladores o que les gusta alimentar enconos. Pero, sea por escrito o con la presencia de los titulares de las dependencias, tal parece que el examen que guarda la administración pública es lo de menos.

De hecho, en este mismo espacio hemos dado cuenta de las dificultades para reunir a las comisiones cuando se trata de la comparecencia del director de Conacyt para examinar los datos del sector , así como de los intercambios ríspidos entre legisladores y funcionarios públicos.

Recientemente, el Senado publicó las respuestas del gobierno federal a la serie de interrogantes que le formularon por escrito los diferentes grupos parlamentarios, a propósito del quinto informe de gobierno. Suman alrededor de 30 preguntas sobre diferentes aspectos, muchos de ellos sobre temas de seguridad.

Solamente una de las preguntas de los Senadores concierne a las actividades científicas y tecnológicas, corresponde a la formulada por el PRD. Por ejemplo, dice ese grupo parlamentario, en el año 2010 el gasto federal para ciencia y tecnología fue de 0.42 por ciento respecto al PIB y en el 2011 fue de 0.38 por ciento.

En tal circunstancia, los Senadores del PRD cuestionan: ¿Cuáles fueron los principales rubros afectados por la disminución del gasto federal en ciencia y tecnología? ¿A cuánto ascienden los recortes presupuestales? ¿Cómo se afecta la calidad de la educación y de los proyectos de investigación por el recorte presupuestal? ¿Cuál es el monto que se recortó a Conacyt y cuáles son los programas de investigación afectados por los recortes presupuestales, así como los montos de cada uno de ellos? ¿Cuáles son los criterios utilizados para definir los proyectos que fueron afectados?, entre otros cuestionamientos.

La respuesta del gobierno federal es relativamente simple, se limita a precisar que las cifras que señalan los legisladores no son comparables, porque una se refiere al gasto ejercido (2010) y otra al presupuesto autorizado (2011). La precisión es cierta porque esta última, tal y como aparece en el reciente informe de gobierno, es una cifra estimada, la cual para el año siguiente se ajustará al alza.

No obstante, la respuesta gubernamental también acepta que aunque el presupuesto global en el 2011 no fue inferior respecto del año previo, sí hubo algunos sectores que disminuyeron su participación en el gasto científico y otros que la incrementaron. Por ejemplo, entre los primeros está el sector economía que la redujo en 230 millones de pesos o educación en 113 millones pesos. Por el contrario, salud incrementó en 1 mil 556 millones de pesos. También destaca la disminución en los fondos mixtos y en programas como Innovapyme.

El cuestionamiento al ejecutivo federal sobre el estado de la administración pública no era mejor antes, cuando se sucedían los episodios de interpelación, y tampoco lo es hoy. No obstante, valdría la pena hacer un ejercicio más meditado de interrogación y buscar un espacio y medio más apropiado para el intercambio entre poderes y entre éstos y la ciudadanía.

(Publicado en Campus Milenio. No. 439. Noviembre 11, 2011)

LA EXIGENCIA DEL UNO POR CIENTO PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), un órgano de consulta de la política sectorial previsto en la ley, destaca en desplegado público, reproducido en diferentes medios el pasado 28 de octubre: ¡Ya basta! México requiere que se cumpla con lo que establecen sus leyes. Es momento de que el Congreso de la Unión actué responsablemente y en cumplimiento de las leyes que él mismo aprueba.

Dirigiéndose a los principales órganos legislativos --los que básicamente deciden el gasto público de la nación--, el Foro se inconforma con el monto previsto para ciencia y tecnología en el proyecto que envió el ejecutivo federal.

El proyecto, aparte de que probablemente no todo el monto se canalizaría a actividades científicas y tecnológicas, prácticamente no representaba un cambio sustancial respecto de años anteriores como proporción del producto interno bruto (alrededor de 0.39 del PIB). Tal vez por la misma razón, en la reciente demanda pública del Foro, hace un “enérgico y atento” requerimiento a los legisladores para que los recursos para el sector cumplan con el mínimo de uno por ciento del PIB que marca la normatividad.

Sí, las leyes marcan el uno por ciento del PIB, el asunto es que entre las mismas existen inconsistencias. Por ejemplo, la ley general de educación en su artículo 25 dice que el monto anual para educación pública no puede ser menor del 8 por ciento del PIB y de ese total, al menos, el uno por ciento debe ser destinado a la “investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”. Es decir, es gasto público y solamente para instituciones educativas.

Por el contrario, el artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología dice que el monto anual que el Estado destine a “las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al uno por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”. Esto es, a diferencia de la ley anterior, aquí se refiere a gasto nacional (público y privado) y no precisa que deba canalizarse a las actividades sectoriales desarrolladas en instituciones educativas.

Entonces, un primer aspecto que los legisladores debieran atender es la armonía entre las diferentes leyes. Claro, sea una u otra la que prevalezca, llevar la inversión al uno por ciento del PIB, implicaría más o menos duplicar el monto actual del sector. El gasto federal estimado para ciencia y tecnología en el año actual representa alrededor del 0.38 respecto al PIB, mientras que el gasto en investigación y desarrollo experimental es de 0.44 del PIB.

Según adelanta el Foro en su desplegado público, los diputados de la comisión de ciencia y tecnología han elaborado un dictamen sobre la propuesta del gobierno federal y le han aumentado 8 mil 122 millones de pesos. Es decir, de aprobarse, el monto total para el sector representaría 62 mil 586 millones de pesos. Cifra mejor que la original, pero sin aproximarse mínimamente a la meta del uno por ciento respecto al PIB.

El problema es que, por una parte, no existe ninguna garantía de que el dictamen de la comisión de ciencia y tecnología sea tomado en cuenta para la elaboración del dictamen global del presupuesto de egresos de la federación. Todas las comisiones hacen llegar sus respectivos dictámenes a la comisión de presupuesto y cuenta pública y todas tienen exigencias de mayores recursos, pero pocas lograrán hacer efectivas sus consideraciones. Las posibilidades son menores para las comisiones con menor rango en el recinto parlamentario, como sería el caso de la de ciencia y tecnología.

Por otra parte, está la salvedad que establecen las mismas leyes de referencia para alcanzar la meta del uno por ciento. Tanto la ley de educación como la de ciencia y tecnología, en los artículos ya mencionados, precisan que la participación del ejecutivo federal y del gobierno de cada entidad federativa en el financiamiento, será “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables”. Así, difícil, muy difícil.

Tampoco se advierte una preocupación especial de los gobiernos locales ni de los legisladores por las actividades científicas y tecnológicas. Los gobiernos de las entidades federativas, pese a lo que dice la norma, no incrementarán su participación para llevar la inversión en el sector al uno por ciento del PIB; tienen otros asuntos atenazantes que atender y otras responsabilidades. Los legisladores, preocupados como están en los más altos asuntos de la República y en el ya próximo año electoral, menos están para minucias.

Seguramente, como es usual, las fuerzas políticas representadas en el Congreso llevarán al límite (o más allá) los arreglos de último minuto y sesionarán sin descanso durante horas el próximo 15 de noviembre o por ahí. Bueno, sí, algún respiro se tomarán. Pero, al final, aprobarán un presupuesto, con errores, pero ni modo que en tales circunstancias no se justifiquen. Y, exhaustos, esperarán la comprensión y el agradecimiento de sus representados. Así, ni modo de exigirles.

(Publicado en Campus Milenio No. 438. Noviembre 3, 2011)