LA SECRETARÍA DE CIENCIA EN LAS PLATAFORMAS ELECTORALES

La semana anterior, a propósito de la propuesta de crear una secretaría de ciencia y tecnología, pronunciada por el representante del Movimiento Progresista, comentamos que la idea podría adquirir una importancia creciente. El tema parece avanzar en las plataformas, pero tiene varias aristas.

Hoy todavía estamos en el periodo de precampaña, ese lapso donde los partidos políticos definen quienes serán sus candidatos. El 30 de marzo inician, formalmente, las campañas electorales y se prolongarán hasta el 27 de junio. No solamente habrá elecciones presidenciales, también renovación de las dos Cámaras, siete gobernadores y una docena de presidentes municipales y de diputados locales.

A la fecha ya están definidos los aspirantes a la Presidencia que se enfrentarán en julio próximo e incluso las plataformas y programas de gobierno de dos de los aspirantes. Por tanto, también están relativamente claras las propuestas que presentarán a la ciudadanía. ¿Dicen algo sobre una nueva secretaría de ciencia y tecnología?

La plataforma electoral del Movimiento Progresista (Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano), en una de sus casi 500 propuestas señala: “Transformar el CONACYT en un Consejo de Estado donde estén representados todos los sectores vinculados a la ciencia y a la tecnología, a fin de formular las políticas y lineamientos para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y crear mecanismos para fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior”. Formula la misma propuesta en su programa de gobierno.

La idea que anunció AMLO, el aspirante por parte del Movimiento Progresista, y a la cual nos referimos aquí la semana pasada solamente indicaba: crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología. En la plataforma se anota que será un “Consejo de Estado”. En ambos casos se sigue el mismo principio: elevar el rango de la política sectorial. Sin embargo, no es irrelevante si se modifica la ley de administración pública para dar cabida a una nueva secretaría o si se trata de un decreto de creación de un organismo relativamente similar al ya existente Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia.

Las precisiones podrían ser mayores en el fragor de la campaña electoral del Movimiento Progresista y a la vista de los diferentes grupos. Por ejemplo, ¿el fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior que indica el documento programático incluye la coordinación de ese subsistema? Ya veremos.

Por su parte, la plataforma electoral de la coalición Compromiso por México (integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista e inicialmente por Nueva Alianza), en el documento registrado en noviembre, no refería explícitamente una propuesta de crear un nuevo organismo sectorial para atender los asuntos científicos y tecnológicos.

No obstante, en el apartado de vertientes estratégicas de política pública y particularmente en la dedicada a sociedad del conocimiento anota que: “Convocaremos a las universidades, los centros de investigación y las organizaciones representativas de los sectores privado y social, para el estableci­miento de un Acuerdo Nacional por la Ciencia y la Tecnología”.

Además, en lo concerniente al tema educativo, en el documento se destaca que: “Nos pronunciamos por una revisión de la estruc­tura orgánica y funcionamiento administrativo de la Secretaría de Educación Pública”. El pronunciamiento tiene relevancia por el vínculo entre el sector educativo y el científico y tecnológico.

La plataforma de la coalición Compromiso por México probablemente no se sostenga en todos sus términos. En primer lugar porque uno de los partidos, Nueva Alianza, ya no forma parte del acuerdo. El asunto es más decisivo porque ese partido, encabezado por Elba Esther Gordillo, literalmente, era el principal interesado en el tema educativo.

Resta por conocer la posición de Josefina Vázquez Mota, recientemente electa por el Partido Acción Nacional. En este último caso, se trata de alguien que, como exsecretaria de Educación Pública, conoce la operación, la coexistencia con el sector científico y tecnológico, y el desencuentro sindical. Pronto sabremos que postura adoptará.

Sin embargo, optar por una nueva estructura sectorial es apenas el comienzo de las definiciones en la gobernanza del campo. Volveremos al tema.

(Publicado en Campus Milenio No. 449. Febrero 9, 2012)

LA OFERTA DE UNA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Una vez más la idea de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología ingresa en la agenda de discusión pública. Esta vez como propuesta de uno de los aspirantes a la Presidencia de la República. No es un hecho inminente; tampoco una iniciativa desagregada. Pero podría cobrar fuerza conforme avance la oferta electoral y se aproximen las elecciones de julio próximo. Vale la pena considerar las implicaciones.

La propuesta de crear una nueva secretaría fue formulada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), precandidato a la presidencia por la Coalición Movimiento Progresista. El marco fue un foro sobre educación, ciencia y tecnología, de los varios que está realizando, éste efectuado en la Ciudad de Aguascalientes el pasado 25 de enero.

En el foro, AMLO planteó 15 acciones a llevar a efecto en el terreno educativo. En la número 14 señaló que: “Se creará la Secretaria de Ciencia y Tecnología que definirá la política en esta materia e integrará y coordinará el buen funcionamiento del Conacyt y de todos los Institutos y Centros de Investigación”. Además, en la acción 15, y última enunciada, precisó que René Drucker Colin sería el secretario de la misma.

La acción que propone el aspirante del Movimiento Progresista no tiene mayores precisiones sobre sus componentes o rasgos. Tal vez habría que aguardar una mayor definición en el registro de su plataforma electoral.

No obstante, dos elementos están claros: crear una nueva secretaría para encargarse de los asuntos científicos y tecnológicos y el nombre de su titular. La idea de elevar a rango de secretaría los asuntos sectoriales no es novedosa. Lo ha planteado la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la OCDE, la Anuies, los legisladores e incluso funcionarios gubernamentales, entre otros.

En esta misma columna, la ocasión más reciente que abordamos el asunto fue en septiembre del año anterior, a propósito de una iniciativa para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la cual fue presentada por los senadores Francisco Javier Castellón y Carlos Navarrete. Claro, la propuesta de reforma permanece en comisiones.

La idea de una nueva estructura para la administración de la ciencia puede no ser reciente, pero ser el primero en anunciarla en el contexto de una próxima contienda presidencial y nombrar a un eventual responsable, avanza en la definición del tema y asume un compromiso con un sector de interés específico.

Obviamente, la definición pone las cartas abiertas sobre la mesa y dividirá a los que ven con simpatía la acción y a los que francamente les parece una iniciativa poco afortunada y/o no les parece buena opción el nombre del probable titular. Sí, en el juego abierto está su posible acierto y también su mayor riesgo.

¿Es necesaria una nueva estructura de alto rango para atender los asuntos de la ciencia y la tecnología? Existen muy variados modelos y organizaciones relativamente complejas en América latina y en el mundo. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador o Venezuela cuentan con ministerios, instancias de alto nivel. Los países que tienen una estructura similar a la de México son Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia o Perú.

La mayoría de los países de la OCDE han optado por la creación de ministerios. Pero España es un caso emblemático de los vaivenes del sector entre educación y economía. A partir del año 2000 se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero vinculado al departamento de Industria. Después, en el 2004, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, el sector retornó al cobijo del ministerio de Educación y cuatro años después vuelve a aparecer como ministerio individual (Ciencia e Innovación) e incluyó a las instituciones de educación superior.

Una vez más, en diciembre pasado con los ajustes del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, el ministerio de ciencia volvió a desaparecer y fue trasladado al Ministerio de Economía y Competitividad (Real Decreto 1887/2011, 30 de diciembre de 2011).

Tal parece que, como lo ilustra el caso de España, la estructura de goberanza del sector depende de decisiones previas sobre la orientación del sistema y de opciones organizacionales.

En el caso de México, Conacyt también ha estado vinculado a dos diferentes secretarías (la desaparecida de Programación y Presupuesto, y después a Educación). A partir del 2002 se desectorizó. Volveremos para concluir sobre la gobernanza del sistema.

(Publicado en Campus Milenio No. 448. Febrero 2, 2012)

¿UNA UNIVERSIDAD ABIERTA?

Desde el 2009 el gobierno federal anunció la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de educación abierta y a distancia. En agosto de ese año, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, anunciaba que se trataba de un noble proyecto educativo, “de alto impacto y de enorme trascendencia”. Sin embargo, la creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UADM), como tal, se demoró dos años más. Acaba de publicarse el decreto de creación. Ahora, el asunto es cómo se articulará con instituciones similares y quién será su primer rector.

En el 2009 se puso en marcha Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, no se dijo que era la UADM. Además, se precisó que la inversión inicial había sido de 150 millones de pesos, principalmente para el desarrollo de los programas académicos, la adquisición de tecnología y la instalación de centros de acceso.

La oferta educativa del entonces programa se concentró en una docena de carreras a nivel licenciatura y una más de técnico superior. Todas ellas, se supone, de alta saturación en la modalidad presencial y de alta demanda en el mercado laboral. Por ejemplo, en las ingenierías estaban: logística y transporte; desarrollo de software; tecnológica ambiental; biotecnología; telemática; y energías renovables.

Otras seis licenciaturas fueron: seguridad pública; desarrollo comunitario; matemáticas; gestión y administración de Pymes; mercadotécnica internacional; y administración de empresas turísticas. Sorprende que la profesión de matemáticas sea alta saturación y de alta demanda.

Según los datos oficiales, en el ciclo escolar 2009-2010, se registraron 34 mil aspirantes, pero solamente 12 mil cursaron el propedéutico y se inscribieron. Un aspecto que vale la pena notar es que tenía previsto instalar, al menos 130 puntos de asesoría a los estudiantes (centros de acceso y apoyo universitario) en igual número instituciones, pero solamente 49 fueron instaurados en igual número de universidades tecnológicas.

Los datos más recientes señalan que, en total, están matriculados en el programa de Educación Abierta y a Distancia más de 46 mil estudiantes. Es decir, con la actual tercera generación prácticamente ha cuadruplicado sus números desde que inició funciones.

La matrícula del programa todavía es relativamente modesta, sobre todo frente a los más de 2 millones y medio de jóvenes que están en el sistema de educación superior. No obstante, su crecimiento ha sido exponencial y probablemente representará un componente decisivo en la ampliación de oportunidades educativas.

Prácticamente desde la primera convocatoria del programa se dijo que sería reemplazado por la UADM, pero la institución simplemente no se creaba. La coordinación del programa no ha estado exenta de dificultades. Algunas se han localizado en la articulación con opciones educativas similares y con las instituciones de soporte; también en la falta de presupuesto para operar los centros de acceso y apoyo universitario, así como en las percepciones económicas de los facilitadores de cursos. Otro asunto son las carreras que ofrece y el ordenamiento por competencias.

Quizás frente a las dificultades crecientes en la operación del programa y en la inminente nueva convocatoria de este año, por fin se publicó el decreto de creación de la universidad. En él se establece que la UADM es “un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión” (DOF 19.012012). Esto es, después de más de tres décadas, es la primera universidad que se crea por decreto presidencial.

La norma también establece que la sede central de la nueva universidad será el Distrito Federal y como autoridades señala a su rector, un consejo universitario y un comité académico, entre otras. El rector, dice el decreto, será nombrado y removido por el ejecutivo federal a propuesta del secretario de Educación Pública. Un estatus similar al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Pedagógica Nacional.

La designación del nuevo rector, la integración de sus órganos de gobierno y la asignación presupuestal deberán concluirse en los próximos dos meses. Eso será lo fácil; lo complicado será convertirla en una verdadera y sólida opción educativa.

POSDATA

En el magno congreso de ciencia y humanidades 2012 no tuvo lugar el problema educativo ni la investigación educativa. Porque, dijo, el presidente de la AMC, “hay poca investigación en temas educativos”.

(Publicado en Campus Milenio No. 447. Enero 26, 2011)

LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteó “promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. Tal parece que en el ámbito educativo, el acceso de la mujer en todos los niveles se ha ampliado sistemáticamente en los últimos años y más en el superior. No obstante, en el terreno laboral persiste un trato desigual.

Hace más de una década, bajo los auspicios de Naciones Unidas se formuló la Declaración del Milenio y se plantearon ocho objetivos a cumplir para el año 2015 por la mayor parte de las naciones, principalmente por las que presentaban los rezagos más graves.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), además de la equidad de género, incluyen la erradicación del hambre y la pobreza extrema, la universalización de la enseñanza primaria, la reducción de la mortalidad de los niños menores de cinco años, el combate al VIH/SIDA, mejorar la salud materna o el establecimiento de una alianza mundial para el desarrollo, entre otros. Los avances han sido paulatinos pero sostenidos en la mayoría de los países.

En lo que concierne a la equidad de género, se planteó como meta: “eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza para el 2015”.

El reporte 2011 de Naciones Unidas sobre el avance en el cumplimiento de metas de los ODM, señala que la población femenina sigue ganando terreno en la educación, aunque el panorama no es homogéneo en las distintas regiones ni tampoco en los diferentes niveles educativos.

Por ejemplo, las cifras del informe destacan que en el 2009 --el año más reciente disponible-- estaban matriculadas en el mundo 96 niñas en primaria y secundaria por cada 100 niños. Una década antes la proporción era de 88 y 91, respectivamente. Es decir, el avance de la población femenina en este nivel educativo fue relativamente rápido en la última década.

El índice de paridad de género (una oscilación de acceso entre los géneros de entre 97 y 103 se considera aceptable) parece haberse alcanzado en la mayor parte de las regiones, con excepción de África septentrional, Oceanía, Asia meridional y occidental, y África Subsahariana.

Las mismas regiones presentan dificultades en ofrecer acceso a las niñas en la educación secundaria. Sin embargo, en América Latina y en Asia meridional, la población femenina en secundaria ha sobrepasado a la población masculina.

Todavía es más notable el caso de la educación superior. El informe señala que en este nivel el índice de paridad de géneros es el más alto en los países en vías de desarrollo, con 97 mujeres por cada 100 hombres. Aunque, dice el reporte, también es donde se observa la mayor disparidad de género por zona (p.21).

En México, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud que presentó Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior, en noviembre del año pasado, indicaban que la cifra de exclusión educativa era mayor en la población femenina: tres cuartas partes de los 7.8 millones de jóvenes entre los 12 y 29 que no estudiaban ni trabajaban eran mujeres.

Los datos censales muestran que la población en rezago educativo suma poco más de 31 millones de personas y de ellas el 55 por ciento son mujeres y el otro 45 por ciento son hombres. Sin embargo, desde comienzos de la década actual las mujeres han superado ligeramente en años de estudio a los hombres. En el 2000 ambos sexos contaban con 8.6 años de estudio y la estimación para el 2011 es que los hombres tienen 9.8 y las mujeres 10.1 (Quinto Informe de Gobierno).

No obstante, el índice de discriminación salarial por género, aunque se ha reducido en la última década, todavía es alto. El índice mide la diferencia de salario por género en el desempeño de igual número de horas de trabajo y con el mismo nivel de calificación. En el año 2000 la diferencia, en detrimento de las percepciones salariales de las mujeres, era de menos 14.4 y actualmente es menos 8.2.

Aunque las diferencias van en descenso, todavía son importantes, pese a que la Secretaría del Trabajo ha desarrollado la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, una reglamentación para certificar a las instituciones públicas o privadas que desarrollan prácticas a favor de la igualdad y la no discriminación.

Como se podrá advertir, el asunto de la equidad de género involucra múltiples aspectos y sus avances son dispares en diferentes ámbitos y regiones. Regresaremos al tema con otros datos.

(Publicado en Campus Milenio No. 446. Enero 19, 2012)

EL ESTANCAMIENTO DE CHIHUAHUA

Chihuahua es uno de los estados fronterizos del norte de la República y con sus poco más de 247 mil kilómetros cuadrados es el de mayor tamaño en el país. También tiene una importante riqueza natural y una relevante zona arqueológica, esta última es la más sobresaliente y extensa de la región norte. La zona de Paquimé, desde hace más de una década, fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

La maquila tiene un peso sustancial en la actividad económica de la entidad, pero el comercio, restaurantes y hoteles son los de mayor aportación al PIB estatal. No obstante, según el reporte de la OCDE que se presentó en esta misma semana (Territorial Reviews. Chihuahua, México 2012), pese a sus potencialidades, es el único estado que ha experimentado un retroceso en su crecimiento en la última década.

El estado cuenta con una regulación incipiente de las actividades científicas y tecnológicas. A pesar de que cuenta con una ley de ciencia y tecnología, apenas fue promulgada en el 2005, y en octubre de 2008 expidió el decreto de creación del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua (Coecytech). También es reciente la elaboración de un programa sectorial, realizado por la actual administración. El Consejo sólo recientemente ha comenzado a funcionar, comandado por una junta directiva presidida por el secretario de educación estatal y en la que también participan otros tres secretarios y representantes del sector productivo y académico. Un esquema relativamente similar a Conacyt.

Si bien en la entidad existen más de un centenar de instituciones de educación superior, cuatro centros públicos de investigación y otra media docena de centros públicos, solamente cinco instituciones cuentan con programas de doctorado (el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados –Cimav-, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los institutos tecnológicos de Ciudad Juárez y de Chihuahua) y también en ellas se concentran las actividades de investigación científica y tecnológica.

En el Cimav y en las universidades de Ciudad Juárez y de Chihuahua se concentran, principalmente, los 41 programas reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. El Cimav, un centro público de investigación fundado en 1994, es una de las instituciones más prestigiadas y dinámicas en la entidad.

Según el primer informe del actual gobernador de la entidad, el total de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) suman 223, aunque la cifra representa alrededor del uno por ciento de los más de 16 mil que existen a nivel nacional y está alejada de los estados más desarrollados, supera a más de un tercio del total de entidades federativas.

Sin embargo, pese a los avances recientes en materia educativa y científica, Chihuahua experimenta un rezago y serios desafíos. De acuerdo al reciente estudio de la OCDE, como lo indicó el propio secretario general de la organización en la presentación del reporte, es la única entidad federativa que, en la última década, experimentó una disminución de su PIB (en términos reales, pasó de alrededor de 207 mil millones de pesos en 1999 a alrededor de 202 mil millones en el 2011). Es decir, su crecimiento económico experimentó un ligero retroceso.

El estudio de la OCDE atribuye el estancamiento económico del estado a su grado de vulnerabilidad a los shocks externos y principalmente a las crisis de Estados Unidos. Por lo que, se indica en el estudio, se deben impulsar y mejorar los niveles de productividad y de infraestructura.

Además, en la entidad también se debe mejorar el nivel de calificación de sus recursos humanos. Según los datos del reporte, solamente el 14.2 por ciento de su fuerza laboral cuenta con estudios universitarios. La cifra no se aleja del promedio nacional (14.7 por ciento), pero contrasta con el 25 por ciento del promedio de la OCDE.

El tema de la inseguridad también es uno de los grandes problemas que se destacan en el reporte de la OCDE, con claros efectos en los niveles de atracción de la inversión privada, en la competitividad y en la emigración de recursos humanos y empresariales.

Igualmente, en el reporte se llama la atención sobre el grave problema de la desigualdad y sus tasas crecientes. Un problema de proporciones preocupantes en el caso de grupos vulnerables como las mujeres y la población indígena. En este último caso, señala que la brecha con respecto a la población en general, es la más amplia de todo el país. También anota que casi la mitad de los trabajadores industriales ganan menos de tres salarios mínimos y es más grave para los trabajadores del campo, los cuales alrededor del 40 por ciento se van sin paga.

Como se puede advertir, no solamente será necesario un mayor esfuerzo para impulsar el nivel educativo y las actividades científicas y tecnológicas en la entidad, el problema es más complejo. Pero difícilmente se podrá avanzar si no se les presta atención.

(Publicado en Campus Milenio No. 445. Enero 12, 2012)

HIDALGO: ¿ATERRIZAJE DEL CONOCIMIENTO?

A pesar de su relativa cercanía con el Distrito Federal, el estado de Hidalgo ha tenido, por décadas, dificultades para mejorar de forma significativa sus indicadores sociales y económicos. Junto con Chiapas, Guerrero y Oaxaca han reunido las cifras más desalentadoras del bienestar y del progreso del país; la miseria, los contrastes sociales y el rezago han sido lo más distintivo.

En años más recientes, los grandes proyectos emprendidos en la entidad, como el aeropuerto alterno a la Ciudad de México en el Valle de Tizayuca o la nueva refinería en Tula, no terminan de cristalizar. Sin embargo, la urbanización de la entidad se ha incrementado, lo mismo que su infraestructura de comunicaciones, la industria manufacturera y el crecimiento de los servicios. Ahora, tal parece que la entidad quiere intentar un proyecto más: concentrar planteles de instituciones de educación superior y sumarse a las entidades que dicen llamarse Ciudades del Conocimiento.

El estado de Hidalgo, con sus poco más de 20 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial y sus 2.7 millones de habitantes que se reportaron en el censo más reciente de población, clasifica más bien en el conjunto de entidades pequeñas del país. También su aportación al PIB nacional es relativamente modesta (alrededor del 1.5 por ciento) y la aportación de la industria manufacturera al PIB estatal es la más significativa (aproximadamente una cuarta parte).

La posibilidad de impulsar el crecimiento económico de la entidad se truncó con la cancelación de un nuevo aeropuerto internacional, puesto que se preveía todo un proyecto industrial, de comunicaciones y de infraestructura. En la administración de Vicente Fox el proyecto no prosperó; ni en el Estado de México ni en el Valle de Tizayuca.

La actual administración federal otorgó en el 2007 la autorización para la construcción de un aeropuerto alterno a la Ciudad de México. El llamado proyecto PLATH (Plataforma Logística Hidalgo) incluye, además del aeropuerto en su parte central, la construcción de una base de ferrocarriles de conexión de norte a sur y del golfo al pacífico, y una proyección de actividad industrial. El gobierno estatal tenía disponible el terreno (alrededor de 500 hectáreas en el Valle de Tizayuca) y una empresa presumiblemente española invertiría alrededor de 200 millones de dólares (Milenio Diario 04.07.2009).

Sin embargo, el actual gobernador del estado, Francisco Olvera, quien asumió funciones en abril de este año, ha reconocido que está a la búsqueda de inversionistas para impulsar de nueva cuenta el proyecto, porque los empresarios españoles cancelaron su participación desde el 2009 (Milenio Diario 24.11.2011).

Más o menos ocurre lo mismo con la construcción de la nueva Refinería Bicentenario de Tula, Hidalgo. La entidad resultó seleccionada para construir la refinería en agosto del 2009 y, según los cálculos del gobierno federal, se trata de una obra que costará alrededor 9 mil millones de dólares y requeriría al menos 700 hectáreas. Aunque desde el inicio se dijo que sería un proyecto a mediano plazo, se suponía que en este año debería iniciar la construcción, pero en parte por el clima de incertidumbre financiera y otra tanto por las disputas partidarias y las dificultades legales, no ha sido el caso. El proyecto no camina.

En una escala menor, en agosto pasado, el gobernador de la entidad firmó un convenio con la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante, para la creación de una “Ciudad del Conocimiento en la Zona Metropolitana de Pachuca”. Al parecer, tal proyecto consiste, únicamente, en la instalación de una sede del IPN en la entidad y la posibilidad de atraer a otras instituciones más, como la UNAM.

Hasta ahora, funcionarios estatales solamente han informado que cuentan con alrededor de 210 millones de pesos para iniciar el proyecto. Pero todavía no está claro en dónde, cuándo y qué características tendrá el plan. Lo único que han indicado es que están considerando la posibilidad de “utilizar provisionalmente las instalaciones de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para iniciar en junio del próximo año”.

El volumen de recursos financieros previstos para el nuevo proyecto educativo y la posibilidad de que inicie funciones en las instalaciones de otra universidad, confirman el hecho de que se trata de una idea de corto alcance. El rótulo de Ciudad del Conocimiento es solamente un ornamento mediático, como lo es también para la mayoría de las ciudades que así se han declarado en los años anteriores, desde Yucatán hasta Nayarit.

Tal vez se podría repensar el plan y considerar la posibilidad de utilizar parcialmente algunas de las 70 mil hectáreas de los cinco municipios del sur de la entidad que están destinados al proyecto PLATH. Aunque, ciertamente, quién sabe que sea más factible: construir un aeropuerto o edificar un verdadero espacio de conocimiento.

(Publicado en Campus Milenio No. 444. Diciembre 15, 2011)